La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como «guerra contra las drogas», y ordenó la apertura de un juicio en su contra.

La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares, concluye que existen «motivos fundados» para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato, en el marco de un ataque «generalizado y sistemático» contra la población civil en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

 Los jueces consideran que los crímenes se habrían cometido como parte de la política de lucha contra las drogas impulsada por Duterte, una campaña criticada por organizaciones internacionales por el alto número de «ejecuciones extrajudiciales».

La Sala basó su decisión en las pruebas y argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa durante la audiencia de confirmación de cargos, celebrada entre el 23 y el 27 de febrero pasado, así como en los documentos y observaciones de las partes y de las víctimas que participan en el proceso.

Con esta decisión, el caso será transferido a una Sala de Primera Instancia, que determinará los próximos pasos del procedimiento, incluido el calendario del juicio.

La CPI subrayó que el proceso respetará las garantías de un juicio «justo e imparcial», otorgando a la defensa «tiempo suficiente» para preparar su caso y asegurando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.

El exmandatario filipino fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo del año pasado, tras la emisión de una orden de arresto inicialmente secreta.

Su primera y única comparecencia ante la Corte tuvo lugar el 14 de marzo del año pasado.

La audiencia de confirmación de cargos, sobre la que se pronunció hoy el tribunal, se celebró este febrero sin la presencia del acusado, quien renunció a su derecho a asistir personalmente a la sala o a intervenir por videoconferencia, alegando una salud deteriorada, edad avanzada y falta de jurisdicción de la CPI.

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Sin embargo, un panel médico independiente había concluido unos días antes que Duterte estaba en condiciones de participar en esa fase preliminar del procedimiento, aunque ahora que el caso va a juicio su defensa podría pedir nuevas pruebas médicas si así lo quiere.

 Durante esa sesión de febrero, la Fiscalía situó a Duterte, de 80 años, «en el corazón» de un plan de asesinatos como alcalde de Davao y después como presidente de Filipinas, y la defensa denunció persecución política por parte del actual dirigente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

En una audiencia pública ayer miércoles, la Sala de Apelaciones de la CPI ya confirmó su jurisdicción en el caso contra Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad «inmediata e incondicional».

Con información de EFE

Un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) acusó este lunes al expresidente filipino Rodrigo Duterte de haber autorizado "asesinatos" y seleccionado a algunas de las víctimas de su "guerra contra las drogas", en el comienzo de las audiencias para decidir si debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Es el primero de cuatro días de audiencias, conocidas como "confirmación de cargos", que permitirán determinar a este tribunal con sede en La Haya si Duterte debe ser juzgado en un proceso formal.

Duterte enfrenta tres cargos de crímenes de lesa humanidad. Los fiscales le acusan de estar implicado en al menos 76 muertes entre 2013 y 2018.

Según el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niangm, el exmandatario (2016-2022) desempeñó un papel "fundamental" en los asesinatos extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores de drogas.

Rodrigo Duterte "autorizó asesinatos y seleccionó personalmente a algunas de las víctimas", afirmó Niang al inicio de las audiencias.

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Los asesinatos imputados en este procedimiento judicial representan "solo una fracción" del número real de víctimas mortales, añadió.

Los grupos de derechos humanos calculan que la campaña antidrogas de Duterte dejó decenas de miles de muertos, en su mayoría personas pobres abatidas por policías o grupos de autodefensa, muchas veces sin pruebas de que estuvieran vinculadas al narcotráfico.

El exmandatario niega los cargos, declaró a la prensa su abogado, Nicholas Kaufman, antes de la audiencia.

Una vez concluidas las audiencias, los jueces dispondrán de 60 días para emitir por escrito su decisión sobre si Duterte debe enfrentarse a un juicio completo.

Grupos de manifestantes rivales acamparon frente al tribunal desde primeras horas del lunes.

Patricia Enriquez, investigadora de 36 años, lo considera un "momento histórico" para las víctimas de los presuntos crímenes de Duterte.

"Espero que todos los filipinos y todas las personas del mundo estén con nosotros, con la verdad, con la justicia y con la rendición de cuentas", dijo a la AFP.

Aldo Villarta, un chef de 35 años, afirmó en cambio que era una "bofetada" para Filipinas que un tribunal internacional juzgara al antiguo líder del país.

"Ya hemos sufrido demasiado por la colonización", dijo Villarta, quien también argumentó que los derechos humanos de Duterte estaban siendo vulnerados por su encarcelamiento.

Duterte fue detenido en Manila en marzo del año pasado y trasladado a La Haya. Desde entonces permanece recluido en la unidad de detención de la CPI en la prisión de Scheveningen.

En Manila, unas 60 familias de víctimas de la represión antidrogas siguieron la audiencia desde un centro comunitario.

El grupo, compuesto en su mayoría por mujeres cuyos maridos o hijos fueron abatidos en operaciones policiales, dijo a la AFP que estaba profundamente decepcionado de que no se hubiera obligado a Duterte a comparecer.

"Quizá no quiere asumir sus pecados", afirmó Gloria Sarmiento, cuyo novio apareció muerto en las últimas semanas de la presidencia de Duterte.

Con información de AFP

Anticipar en estos momentos el rumbo de las políticas del presidente de EE.UU., Donald Trump hacia Venezuela, resulta una tarea arriesgada.

Sin embargo, hay escenarios que apuntan a una posible negociación con Nicolás Maduro.

Al contexto internacional actual se le suma la extradición a La Haya del expresidente filipino, Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad, lo que ratifica que los procesos tienen sus tiempos, y que la justicia llega.

Esto es Cara a Cara con la periodista Mildred Manrique y el excomisario Iván Simonovis.

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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este jueves que el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue admitido en el Centro de Detención del tribunal, en la ciudad neerlandesa de La Haya, tras haber pasado “todos los controles médicos”.

Después de numerosas preguntas desde anoche sobre el paradero de Duterte, un portavoz del tribunal confirmó a la prensa que el exdirigente filipino no ingresó hasta la tarde de este jueves en las dependencias del Centro de Detención de la CPI.

Duterte aterrizó el miércoles en Países Bajos, extraditado por Manila por una orden de detención por el crimen de lesa humanidad de asesinato.

“Fue admitido hoy tras haberse realizado todos los controles médicos. Cuando un sospechoso llega bajo custodia de la CPI, el tribunal, como práctica estándar, toma medidas para proteger la salud y el bienestar del sospechoso”, señaló el portavoz, declinando informar dónde pasó la noche el expresidente filipino tras quedar bajo custodia de la Corte.

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El avión privado que traslada al expresidente filipino Rodrigo Duterte aterrizó en el Aeropuerto de Rotterdam-La Haya, en Países Bajos. Minutos después, el exmandatario fue trasladado al Centro de Detención de la Corte Penal Internacional (CPI), que emitió una orden de arresto contra él por el crimen de lesa humanidad de asesinato en Filipinas.

El avión que trasladó al exdirigente desde Manila hasta Países Bajos hizo una larga parada en Dubái, donde Duterte recibió un chequeo médico rutinario y se gestionaron documentos necesarios para todas las personas que se encontraban en el vuelo, y aterrizó en el aeródromo neerlandés la tarde del miércoles.

Sobre el expresidente pesaba una orden de detención por presuntos crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante su “campaña contra las drogas” entre 2011 y 2019.

Al lugar se trasladaron una ambulancia y agentes de la Policía neerlandesa, así como dos autobuses, que fueron colocados delante de la puerta de desembarque, interrumpiendo la visibilidad a los medios de comunicación que esperaban la llegada del exdirigente filipino.

Minutos después, la CPI confirmó que el exmandatario fue entregado al organismo y ahora estará en el Centro de Detención donde pasará por una especie de primera entrevista sobre necesidades, situación médica y temas legales protocolarios.

Después, la CPI programará una audiencia de comparecencia inicial para confirmar la identidad e informarle de sus derechos.

El Centro de Detención está dentro de un complejo penitenciario neerlandés en el barrio costero de La Haya, Scheveningen. No es una prisión, su función es garantizar una custodia segura, protegida y humana de los detenidos bajo autoridad de la CPI mientras se celebra el juicio.

Una vez se dicta sentencia, se traslada al preso a una cárcel de un país socio de la Corte para cumplir su pena.

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La CPI hizo pública la orden de arresto, que se emitió de forma secreta el 7 de marzo. Los jueces indicaron que “existen motivos razonables” para creer que se cometieron numerosos asesinatos a manos de los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden”, al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

Dada la posición y funciones de Duterte, primero como alcalde de Dávao y luego presidente del país, y su liderazgo en el DDS (su fundador y líder), la CPI considera que “tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones” y es “coautor indirecto” del crimen de asesinato.

Por temor a la rendición de cuentas ante la CPI, Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma, su tratado fundacional del tribunal, en marzo de 2019, pero esa decisión no afecta a la jurisdicción que tiene la Corte sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.

Con información de EFE

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, fue arrestado el martes al llegar al aeropuerto internacional de Manila en virtud de una orden de la Corte Penal Internacional (CPI) por su mortífera guerra contra el narcotráfico, dijo el palacio presidencial del archipiélago asiático.

«Temprano por la mañana, Interpol Manila recibió la copia oficial de la orden de arresto de la CPI», señaló un comunicado presidencial. «Actualmente, [Rodrigo Duterte] está bajo custodia de las autoridades», agregó.

El exgobernante de 79 años enfrenta un cargo de la CPI de «crimen contra la humanidad por asesinato» por la política antidrogas que según grupos de derechos humanos, cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.

El comunicado de Manila agrega que «el expresidente y su grupo están con buena salud y están siendo evaluados por médicos del gobierno».

Duterte exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija menor, Verónica.

«¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí», declaró en el video.

«Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (…) Tienen que responder por la privación de libertad», agregó.

No se reveló el lugar donde se grabó el video, aunque su partido divulgó una foto que indica que estaba detenido en la Base Aérea Villamor, contigua al aeropuerto de Manila.

Duterte fue detenido en el aeropuerto capitalino después de un breve viaje a Hong Kong.

Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como «hijos de puta», aunque dijo que «aceptaría» la detención.

Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad sureña de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.

Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a «ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero».

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La investigación formal fue iniciada en septiembre de 2021, pero la suspendió dos meses después, luego de que Manila afirmara que estaba revaluando cientos de casos de operativos antidrogas que resultaron en muertes a manos de policías, vigilantes y sicarios.

El caso se reanudó en julio de 2023 después de que un panel de cinco jueces rechazó la objeción filipina por la falta de jurisdicción del tribunal.

Desde entonces, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos ha dicho que no cooperará con la investigación.

Pero la subsecretaria de la Oficina de Comunicación Presidencial, Claire Castro, afirmó el domingo que si Interpol «pide asistencia necesaria del gobierno, estaría obligado a cumplir».

Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política.

Actualmente está postulado para volver a ser alcalde de su bastión de Davao en los comicios de mayo.

Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un «narcoestado».

En la apertura de una investigación del Senado filipino en octubre sobre la guerra contra las drogas, Duterte declaró que no daría «disculpas o pretextos» por sus acciones.

«Hice lo que debía hacer y, lo crean o no, lo hice por mi país», expresó.

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