José Mauricio Gómez es un hondureño que lleva más de 15 años viviendo indocumentado en el sur de la Florida. Confiesa que nunca había tenido miedo por no tener papeles, pero ahora está pensando muy seriamente en abandonar el estado del Sol debido a la ley SB 1718, que entrará en vigor el sábado 1 de julio.

“Hay mucho miedo porque la gente ahora no quiere salir de su casa y, a veces, ni al trabajo quieren ir por motivos de la ley”, dice este hondureño ante la Voz de América.

La medida contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten indocumentados al estado de Florida. La pena máxima es para los que lleven a menores de edad y se establecen castigos de 5 años si en el vehículo hay mayores de 18 años.

También obliga a las empresas con más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify, impulsado por el gobierno federal, para verificar el estatus legal de todos los trabajadores. En caso de tener gente contratada sin papeles, se establecen multas de 1.000 dólares diarios.

Además, se invalidan las tarjetas de identificación comunitarias y de otros estados que, como Nueva York, otorgan a los indocumentados. Lo mismo pasa con las licencias de manejar, la única válida será la de Florida.

Otro punto que ha causado gran indignación entre la comunidad migrante es el que obliga a los hospitales a reportar trimestralmente al estado sobre los pacientes indocumentados a los que atienden.

María Bilbao, coordinadora de campaña de American Friends Service Committee, una organización de apoyo a la comunidad migrante, ha estado llevando en las últimas semanas varias sesiones informativas para dar a conocer los puntos más relevantes de esta ley y explicar de qué manera puede afectar a los indocumentados.

“Hemos estado informando sobre la SB 1718, aunque me gusta decir que es la ley anti-inmigrante de DeSantis porque la gente la conoce mejor. Hay mucha desinformación y mucha de ella viene de parte de los mismos representantes y senadores que la votaron”, explica Bilbao.

Y es que es una ley tan dura, hay muchas dudas sobre cómo se aplicará esta legislación en el estado. En una reciente reunión con miembros de líderes religiosos, varios legisladores republicanos admitieron públicamente que la ley pretendía “causar temor” para evitar que los migrantes lleguen a Florida, sin detallar de qué manera se podría aplicar este tipo de legislación.

“Es más un proyecto de ley político más que una política”, dijo el representante Rick Roth al tiempo que admitía que los “trabajadores están comenzando a mudarse a Georgia y otros estados” como consecuencia de esta ley.

“Esta ley pretende, al 100 %, crear temor”, agregó Roth al respecto.

Ya en una reunión el legislador republicano, que es granjero y cultiva entre otros vegetales, caña de azúcar, arroz, maíz y apio, hizo un llamado para que los líderes religiosos difundieran el siguiente mensaje: “Es urgente que hablen con su gente para convencerles de que tienen recursos, representantes estatales y otras personas que les pueden explicar el proyecto de ley”.

Ni siquiera los expertos legales saben de qué manera las autoridades podrán aplicar la ley SB 1718. “No sabemos, al final del día, qué tan estrictos van a ser los policías y que tan estrictos van a salir a aplicar esta ley”, comenta Claudia Cañizares, una abogada de inmigración que lleva varios años dedicándose a la asesoría legal en materia migratoria.

Dijo que lo más preocupante es que esta ley ofrezca “total discreción” a los agentes de policía para preguntar a cualquiera por su estatus legal sin motivo alguno. “Me preocupa que me detengan o detengan a un ciudadano normal y que quieran abusar de sus derechos preguntándole cuál es el estatus migratorio de los pasajeros o cuál es tu estatus migratorio, lo cual viola la quinta enmienda”. La abogada además aclara que ese punto señala que “tú no tienes que responder a ninguna pregunta que te pueda incriminar”.

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Sin embargo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dice que estas medidas solo pretender luchar contra el tráfico humano y minimizar los efectos que, según él, han causado las políticas en la frontera sur con México.

«Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida. Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de derecho», dijo DeSantis hace unas semanas.

Funcionarios del gobierno de Joe Biden se han mostrado contrarios a éstas políticas migratorias. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, argumentó que el gobernador DeSantis “no está tratando de solucionar el problema, realmente está creando un problema”.

En esa línea, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Alejandro Mayorkas, defendió los políticas que ha llevado a cabo la administración estadounidense y puso de ejemplo los logros alcanzados por el programa de parole humanitario para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, que es objeto de una demanda presentada por una veintena de estados, entre ellos la Florida.

“Este es el modelo que hemos construido y seguiremos construyendo para que nuestro principio de ayuda humanitaria sea alcanzable de forma segura y ordenada. Así las personas no tienen que arriesgar sus vidas en manos de quienes solo buscan explotarlas con fines lucrativos”, dijo Mayorkas hace unos meses.

Mientras tanto, los grupos pro-inmigrantes de Florida se están movilizando para organizar una gran marcha este sábado 1 de julio en Homestead, la ciudad de Florida que alberga una gran población de indocumentados que trabajan, principalmente, en el sector del campo y la construcción.

Los portavoces de estas organizaciones advierten que se van a interponer demandas ante la corte para que sea la justicia de Estados Unidos quien decida si esta ley puede aplicarse o no. Eso sí, no se puede presentar una denuncia hasta que la ley entre en vigor y haya perjudicado a alguien.

Con información Voz de América

El precandidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis prometió poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, completar la construcción del muro fronterizo y enviar fuerzas estadounidenses a México para combatir los cárteles de la droga.

Durante un evento en una ciudad fronteriza de Texas, hizo el anuncio sin abundar en detalles.

Una parte de las propuestas de DeSantis requerirían la revocación de precedentes legales, la aprobación de otros países e incluso una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

A pesar de las dificultades, DeSantis declaró que «durante décadas, los líderes de ambos partidos han hecho promesas vacías sobre la seguridad fronteriza, y ahora es el momento de actuar para detener la invasión de una vez por todas”, reseña El Diario de Las Américas.

“Como presidente, declararé una emergencia nacional el día uno y no descansaremos hasta que construyamos el muro, cerremos la entrada ilegal y ganemos la guerra contra los cárteles de la droga. No hay excusas. Lo haremos», indicó.

La campaña de DeSantis también se comprometió a publicar en las próximas semanas detalles más precisos sobre las políticas anunciadas.

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A pesar de no mencionar a Trump directamente, DeSantis se refirió al “muro fronterizo inacabado”, lo que ha sido interpretado como una indirecta al expresidente y su rival en las primarias republicanas.

Como presidente, Trump intentó construir un muro a lo largo de las 1,950 millas de la frontera entre Estados Unidos y México, pero el proyecto quedó truncado por no ser reelegido cuando los votantes se inclinaron por Joe Biden, hoy presidente de EEUU.

De igual forma, el programa migratorio de DeSantis incluye poner fin a la política que actualmente permite la liberación de inmigrantes ilegales en el país hasta la fecha de la corte.

Además, busca restablecer la política conocida como «Permanecer en México», que requeriría la aprobación de México y permitiría que los solicitantes de asilo esperen en México para sus audiencias en las cortes de inmigración de Estados Unidos.

El tema de la inmigración, como lo fue en las campañas recientes, es un factor importante entre los precandidatos a la Casa Blanca, tanto republicanos como demócratas.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, visitó la zona fronteriza de Arizona con México, donde se reunió con alguaciles de diferentes estados de EE.UU. y anunció una «coalición nacional contra la migración ilegal».

Además, propuso «presionar más a México» para que controle el paso de los migrantes por su territorio, principalmente de venezolanos y otros países de Centro América.

Medios locales y agencias de noticias reseñaron que el mandatario encabezó una mesa redonda en la ciudad de Sierra Vista (Arizona), donde abordó los efectos de la migración irregular en las comunidades junto a alguaciles de Arizona, Nuevo México, Texas, Idaho y otros estados, quienes le expresaron la urgencia de «asegurar la frontera».

DeSantis destacó las «acciones exitosas de su estado para combatir la migración ilegal» y mencionó nuevos métodos para combatir el contrabando de personas y el tráfico de drogas por las fronteras.

También se refirió a «la reubicación de extranjeros ilegales que desean ser transportados a los llamados estados y ciudades santuario y al respecto dijo: «Joe Biden está abandonando el desempeño de sus funciones y se niega a defender las fronteras de nuestra nación».

DeSantis justificó dichos vuelos al culpar a las políticas de California de incentivar el flujo de migrantes hacia EE.UU. «Estas jurisdicciones santuario son parte de la razón por la que tenemos este problema», dijo el gobernador.

«Cuando tienen que lidiar con algunos de los frutos de eso, de repente les resulta muy, muy, molesto eso», añadió, según reseñó CNN.

La visita también llega tras el fin de la implementación del Título 42, una restricción fronteriza que se impuso al principio de la pandemia de covid-19 y cuya suspensión llevó a que los conservadores pronosticaran altas cifras de cruces irregulares a EE.UU., los cuales aún no se materializan.

Durante su intervención, DeSantis sugirió que muchas de las personas que llegan a la frontera sur no tienen solicitudes legítimas de asilo, el cual dijo que solo es legal en «circunstancias relativamente inusuales».

El gobernador también dijo que Estados Unidos debería «presionar más a México para que se ocupe de las personas que viajan a través de sus fronteras desde Sudamérica y Centroamérica».

«Tenemos una tremenda cantidad de influencia sobre México. Tenemos diferentes ventajas que podemos usar y eso para mí es una obviedad», señaló.

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DeSantis también destacó que los estados «tienen que ser más agresivos en algunas de las cosas que están haciendo», insistió.

«En Florida estamos dando un paso al frente incluso cuando el gobierno federal fracasa en el trabajo. Promulgamos una legislación sólida para combatir la inmigración ilegal, enviamos equipos y agentes del orden público a la frontera y tenemos recursos dedicados para desviar a los migrantes a jurisdicciones santuario», destacó.

“Florida está liderando la carga para detener el caos en la frontera suroeste y obligar a Biden a seguir las leyes de inmigración de seguridad pública”, dijo por su parte la procuradora general del estado, Ashley Moody.

La gobernación de Florida no confirmó ni desmintió por ahora que tenga algo que ver con el viaje desde la frontera con México hasta California de 16 inmigrantes colombianos y venezolanos que fueron dejados el viernes frente a una iglesia católica en Sacramento, y al que le ha seguido un segundo vuelo este lunes, según informan medios locales.

El fiscal general californiano, Rob Bonta, dijo en una declaración de la que se hacen eco los medios de Florida este lunes que el caso está bajo investigación, reseña EFE.

Informó que pudieron confirmar que los 16 inmigrantes tenían documentación que parece relacionarlos con la administración del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Este mismo lunes, Tara Gallegos, portavoz de la oficina del fiscal estatal, dio cuenta de un segundo vuelo que llegó a Sacramento, la capital estatal, en esta ocasión con una veintena de indocumentados cuyas nacionalidades no han trascendido por el momento, tal como reporta la cadena NBC.

DeSantis no se ha pronunciado hasta ahora ni en sus redes sociales ni por medio de un comunicado o declaración de sus portavoces.

Quien sí lo ha hecho ha sido la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, quien señaló hoy que este “cruel e inhumano” traslado de inmigrantes a California constituye “otro ejemplo más de las políticas de inmigración draconianas de Ron” DeSantis y que “bajo ninguna circunstancia los floridanos deberían pagar la factura de esto”.

“Estos vuelos de migrantes están en el límite del tráfico de personas, y todos los involucrados deberían avergonzarse de sí mismos. Las personas vulnerables están siendo coaccionadas y engañadas para participar en estos programas sin saber que no hay un plan sobre cómo cuidarlas”, manifestó Fried.

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Si llegara a confirmarse alguno de los dos traslados, se trataría de un caso similar al de medio centenar de inmigrantes, venezolanos en su mayoría, llevados desde Texas a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en septiembre pasado en virtud de un programa de la gobernación de Florida para la reubicación de indocumentados.

Ese caso es objeto de una demanda judicial contra DeSantis presentada en nombre de los afectados por Abogados por los Derechos Civiles (LCR), organización que ya envió a Sacramento un equipo para investigar si el gobernador “ha vuelto a atacar”, según un mensaje enviado a EFE.

Aparentemente, estos 16 migrantes de Colombia y Venezuela volaron a Sacramento en vuelos que parecen haber sido financiados por el Estado de Florida, dice LCR.

Como fue el caso en Martha’s Vineyard, no se avisó con antelación a ninguna agencia de servicios sociales del viaje. Los migrantes simplemente fueron abandonados afuera de una iglesia en Sacramento, agrega la organización de derechos civiles.

“Estamos investigando este último incidente para determinar si, al igual que nuestros clientes de Martha’s Vineyard, se mintió y engañó a estos inmigrantes más recientes para inducirlos a viajar”, dijo LCR.

Además, LCR está ofreciendo asistencia legal a los que están ayudando a los migrantes.

La alcaldía de Sacramento y la gobernación de California, según un comunicado del gobernador californiano, Gavon Newson, están trabajando juntas para “asegurarse de que las personas que han llegado sean tratadas con respeto y dignidad”.

DeSantis, que competirá en las primarias republicanas con vistas a las elecciones presidenciales de 2024, ha hecho de la “mano dura” contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral, y antes promovió una ley que entrará en vigor en julio próximo que castiga severamente a los indocumentados y a quienes les den trabajo o los presten ayuda.

Desde hace más de un año, gobernadores de estados republicanos como Texas o Florida han estado transportando en autobuses e incluso aviones, en algunas instancias, a migrantes hacia ciudades como Nueva York, Chicago y Washington, a modo de protesta por las políticas migratorias del Gobierno del demócrata Joe Biden.

El pasado 11 de mayo una treintena de migrantes, enviados por Texas, llegó a la residencia en Washington de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves a los hispanos residentes en Estados Unidos no votar por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien busca la candidatura republicana para las elecciones presidenciales.

López Obrador rechazó la promesa hecha por el gobernador de que cerrará la frontera con México en caso de que gane la presidencia en noviembre de 2024.

«Ojalá los hispanos de Florida despierten y no le den ni un voto, que no se vote por los que persiguen a migrantes, por los que no respetan a los migrantes, porque el migrante, como se dice en la Biblia, merece respeto», dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa.

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DeSantis, que se perfila como el principal rival del expresidente Donald Trump para la investidura republicana, ha ganado terreno en la derecha con políticas muy conservadoras en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración.

En la presentación de su candidatura en Twitter, propuso «cerrar la frontera» con México, de casi 3.200 km.

El presidente demócrata Joe «Biden abrió la frontera sur y permitió que cantidades masivas de drogas ingresaran al país. Cerraremos la frontera, construiremos un muro fronterizo y responsabilizaremos a los cárteles de la droga», afirmó DeSantis.

López Obrador, cuyo mandato concluirá a finales de 2024, sostuvo que políticos como el gobernador de Florida pueden ser tan «hipócritas» que persiguen a los migrantes y al mismo los tienen trabajando.

«En una de esas, como son muy hipócritas, puede ser que tenga migrantes trabajando a su servicio», manifestó el presidente, quien mantuvo una estrecha relación con Trump cuando éste ocupó la presidencia.

El gobernante llamó en el pasado a los hispanos en Estados Unidos a no apoyar a republicanos o demócratas que aspiren al Congreso y promuevan un discurso antimigrante. Se estima que en Estados Unidos viven unos 35 millones de personas de origen mexicano.

Benjamín Pérez se gana la vida limpiando viviendas en Miami. Trabaja sin permiso legal, como otros miles de extranjeros que forman una mano de obra primordial para el estado de Florida. El futuro de todos ellos pende ahora de un hilo por una ley migratoria recién aprobada.

La iniciativa impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis busca, entre otras cosas, impedir la contratación de personas indocumentadas, reseña AFP.

A partir del 1 de julio, las compañías de más de 25 empleados deberán comprobar en una base de datos federal el estatus legal de las personas a las que deseen emplear. Ignorar esa obligación y contratar a un extranjero en situación irregular conllevará multas cuantiosas.

Pérez, de 40 años, lleva dos décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, pero teme no poder seguir haciéndolo. Como muchos, abandonó su país natal, México, buscando una mejor situación económica. Fue albañil hasta que una lesión lo obligó a cambiar de sector.

Ahora vive en un apartamento del centro de Miami con su esposa nicaragüense y un sobrino de ella, Joel Altamirano. Los tres trabajan. Ninguno tiene permiso para hacerlo.

«Para los que venimos sin ningún documento, más que con las ganas de trabajar, se nos hacen más estrechos los caminos para encontrar un empleo», lamenta Pérez, que pide usar un seudónimo por temor a los servicios migratorios.

«El sueño americano no es nada más que eso, un sueño», añade. «El gobierno nos acorrala cada día más. Esta vez el trato es sin misericordia. Prácticamente, ya no valemos nada».

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En Florida, un estado de unos 22,2 millones de habitantes, viven 772.000 migrantes indocumentados, según una estimación del laboratorio de ideas Migration Policy Institute.

Muchos de ellos trabajan en sectores esenciales para la economía estatal como la agricultura, la construcción y la hostelería. 

Impedir que lo sigan haciendo tendrá graves consecuencias económicas, advierte Samuel Vilchez, director para Florida de la American Business Immigration Coalition, una asociación empresarial que aboga por una mejor integración de los migrantes en la economía.

«Ataca a nuestras empresas y les impide crear nuevos puestos de trabajo, generar ingresos y prestar los servicios que pretenden ofrecer», advierte Vilchez. «Va en contra de lo que sabemos que es bueno para la economía y tendrá efectos devastadores para Florida».

Según la oenegé Florida Policy Institute, la nueva ley podría generar pérdidas anuales de 12.600 millones de dólares para la economía del estado al reducir la mano de obra, los gastos de los migrantes indocumentados y los impuestos que pagan.

La incertidumbre creada por el cambio legal ya tiene consecuencias en los lugares de trabajo, a pesar de que aún no ha entrado en vigor y de que no obliga a denunciar la presencia de extranjeros en situación irregular.

«En la compañía donde yo trabajo muchas personas se han ido, se han movido de estado. Hay mucho temor por la ley», dice Altamirano (otro seudónimo), un obrero de la construcción de 38 años.

El gobernador DeSantis, que parece listo para desafiar al expresidente Donald Trump en las primarias republicanas de 2024, se ha convertido en una figura de la derecha estadounidense por impulsar una agenda muy conservadora en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración ilegal.

La semana pasada, acusó al gobierno del demócrata Joe Biden de desatender la frontera sur de Estados Unidos y defendió la nueva ley como una medida necesaria para reducir la delincuencia y el narcotráfico vinculados, según él, a la llegada de migrantes indocumentados.

Pérez y Altamirano deploran que las autoridades los asimilen a delincuentes y se sienten víctimas de las ambiciones personales de DeSantis.

«Todos los políticos quieren su parte del pastel y nosotros pagamos los platos rotos», dice el mexicano. «Vinimos para trabajar, enviar dinero a nuestras familias, gastarlo aquí y pagar impuestos. Esto es injusto».

Si la ley les impide ganarse la vida, tendrán que abandonar Florida y empezar de cero en otro lugar de Estados Unidos. Adaptarse una vez más.

De momento no piensan regresar a sus países. Varios familiares dependen de sus remesas y, en el caso de Altamirano, está el temor de volver a vivir bajo el gobierno autoritario de Daniel Ortega en Nicaragua.

Pérez quisiera que el país en el que tantas horas ha trabajado reconociera, algún día, su presencia.

«Para Estados Unidos nosotros no existimos», dice, pero este país «fue construido por gente de todas partes y yo soy uno de ellos».

Las elecciones intermedias en EE.UU. comenzaron a arrojar algunos resultados la noche de este #8Nov, como el caso del estado de La Florida, donde el republicano Ron De Santis resultó reelecto.

Según los colegios electorales, DeSantis habría alcanzado el triunfo con un amplio margen sobre el candidato demócrata Charilie Crist a quien supuestamente supera por unos 15 puntos, (57 % sobre 42 %).

Con este triunfo, según comentan algunos especialistas, Ron DeSantis se convierte en un virtual precandidato republicano para las elecciones presidenciales del 2024.

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Otro de los triunfadores de la noche ha sido el senador republicano Marco Rubio, quien se mantiene en el Senado por segundo periodo, después de imponerse con una diferencia a la candidata demócrata Val Demings con 15%.

Wess Moore, candidato demócrata a la gobernación de Maryland, logró alcanzar la silla de la gobernación regional, convirtiéndose en el tercer gobernador afrodescendiente en la historia de los Estados Unidos.

Da Cox era su acérrimo contrincante del partido republicano y quien estaba catalogado como uno de los seguidores de vieja data de Donald Trump.

En esta jornada electoral se están eligiendo 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado de 100 miembros. Los mandatos serán de seis años.

Para el momento del cierre de esta edición, los republicanos llevaban 117 escaños en la Cámara de Representantes, contra 67 del partido demócrata.

Con respecto al Senado, llevaban igual número de cargos alcanzados (40)

El gobernador estatal, Ron DeSantis, deberá responder ante la Justicia por el envío de cerca de medio centenar de migrantes venezolanos desde Texas a Massachusetts en vuelos.

Así lo instruyó el juez Lee Marsh por considerar que los vuelos «excedieron la autoridad legislativa».

La información  fue dada a conocer por Héctor Roos, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Libertario de Florida y candidato a gobernador de ese estado-

Roos emitió un comunicado, citado por EFE, ofreciendo detalles de la decisión del juez Lee Marsh sobre el envío de migrantes ordenado por el gobernador republicano.

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El traslado de los migrantes venezolanos entró en el juego electoral, luego que varios personeros y autoridades de EE.UU lo calificaran como un acto cruel e inhumano.

El  hecho es que los migrantes, en su mayoría venezolanos, estaban en San Antonio (Texas), cuando DeSantis organizó su traslado a Martha’s Vineyard, en el estado de Massachusetts, en la costa noreste de EE.UU.

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Roos indicó a través del comunicado que, tras la decisión judicial, DeSantis tendrá que responder ante las acusaciones de que los vuelos que ordenó excedieron la autoridad legislativa.

Además, se considera que el gobernador “se aprovechó de la posición que ostenta para crear publicidad en beneficio de su campaña electoral”.

La ley que alude Ross es del pasado 14 de octubre y significa que el caso, presentado originalmente por el candidato libertario en la Corte Suprema de Florida, antes de ser transferido a la Corte del Segundo Circuito Judicial en el condado de Leon, «procederá», según indica EFE.

Por ser considerados «víctimas de un crimen» los 49 migrantes,  enviados a Massachusetts en el polémico viaje ordenado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis,  podrán obtener una visa y quedarse en Estados Unidos.

El alguacil de Bexar, Javier Salazar, señaló este jueves en un comunicado que «sobre la base de los testimonios de los migrantes transportados bajo promesas falsas, se investiga el caso como posible arresto ilegal», cita EFE.

Por su parte, Rachel Self, una abogada que ayuda a los migrantes en Massachusetts, dijo a la radioemisora WGBH de Boston, que la decisión de Salazar es parte de las solicitudes para que estos migrantes reciban visas tipo «U».

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Estas visas están reservadas para víctimas de crímenes o testigos de crímenes y Salazar señaló que su oficina ha hecho la presentación ante los tribunales federales «para asegurar que los migrantes estén disponibles como testigos durante la investigación».

La directora de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Massachusetts, Carol Rose, explicó que «esta certificación (hecha por Salazar) es un reconocimiento del daño hecho a nuestros clientes y un paso crucial para ayudarles a que se abran camino».

«Los inmigrantes son seres humanos no fichas políticas», agregó. «Estamos orgullosas porque Massachusetts recibió a estos inmigrantes con compasión y seguiremos trabajando con ellos cuando empiezan sus vidas en nuestra comunidad».

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Los migrantes, en su mayoría venezolanos, estaban en San Antonio (Texas), cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, organizó su traslado a Martha’s Vineyard, en Massachusetts.

Además de la investigación en Texas, el traslado ordenado por DeSantis enfrenta varias demandas en cortes y además, el Departamento del Tesoro investiga si el republicano utilizó de manera inapropiada fondos de ayuda para la pandemia de la covid-19 para pagar por los vuelos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobará una declaración de zona de desastre sobre los territorios de Florida afectados por el huracán Ian.

La información la suministró el gobernador Ron DeSantis, quien aseguró que esa declaración del mandatario estadounidense permitirá aumentar la ayuda federal para paliar los efectos de este fenómeno.

La Casa Blanca informó de una llamada que Biden hizo a DeSantis para hablar de los pasos a dar en respuesta a los daños que está causando el huracán, reseñó la agencia EFE.

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Entre dichos pasos anunció la declaración de desastre, y también explicó que la responsable de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell, volverá a viajar mañana a Florida para supervisar la respuesta que se está dando y estudiar la ayuda adicional que sea necesaria.

Tanto Biden como DeSantis, según la Casa Blanca, se comprometieron a seguir manteniendo el contacto y mantener la coordinación para dar respuesta a este desastre.

El gobernador de Florida afirmó hoy que el impacto de Ian en el suroeste del estado fue «histórico» y los daños causados también, e informó de dos muertes, de las que todavía falta saber si están vinculadas directamente al ciclón.

«Hemos tenido dos muertes no confirmadas, en el sentido de que no sabemos si están relacionadas con la tormenta. Nuestra suposición es que probablemente lo estén», dijo DeSantis en una rueda de prensa ofrecida en Tallahassee, la capital del estado.

Zonas como Cape Coral y Fort Myers en Florida quedaron devastadas tras el paso del huracán Ian, degradado a tormenta tropical, según informó el gobernador Ron DeSantis

«Cape Coral, la ciudad de Fort Myers, quedaron inundadas y devastadas» por el huracán Ian, dijo Ron DeSantis.

Las autoridades en Estados Unidos evalúan los daños considerados como «históricos» y verifican si dos personas muertas se deben al paso de este poderoso huracán.

«Tenemos dos muertes que aún no están confirmadas, pues no sabemos si están relacionadas con la tormenta (…) aunque es probable», precisó Ron DeSantis.

«Nunca habíamos visto inundaciones como éstas», dijo DeSantis, reseñó AFP.

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Uno de los fallecidos es un hombre de 72 años a quien encontraron la madrugada del jueves en el agua en un canal detrás de su casa en Deltona, cerca de Daytona Beach, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia en un comunicado.

Según el portal Local 10, el septuagenario parecía estar usando una manguera para drenar su piscina en el amplio canal y cayó por una pendiente que era “extremadamente suave y resbaladiza debido a la fuerte lluvia”.

El sheriff del condado de Lee, Carmine Marceno, dijo a una televisora local que su oficina estaba recibiendo miles de llamadas al 911 de personas que necesitaban rescate en el condado que incluye Fort Myers, pero las carreteras aún estaban intransitables y los puentes están comprometidos.

“Fue devastador”, dijo Marceno. “Todavía no podemos acceder a muchas de las personas que lo necesitan”.

Hacia el sur de Florida, se han confirmado tornados en el condado de Broward y Delray Beach y las cuadrillas están trabajando para eliminar y abrir paso.

Algunas señales de tráfico también fueron dañadas y se está trabajando en ellas. Los conductores deben recordar que las intersecciones con luces rojas intermitentes o sin luces deben tratarse como una parada de cuatro vías.

Hasta el jueves por la mañana, 7,610 clientes de FPL estaban sin electricidad en el condado de Miami-Dade y 4,950 en Broward.

La situación está encendida en los Estados Unidos con el envío de migrantes, en su mayoría venezolanos, a Washington y otras ciudades donde sus gobernadores son demócratas.

Ante esta situación, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, solicitó este jueves al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar el envío de migrantes en autobuses y aviones por todo el país por parte de sus homólogos republicanos de Florida, Ron DeSantis, y Texas, Greg Abbott.

What @GovRonDeSantis and @GregAbbott_TX are doing isn’t clever, it’s cruel.I’m formally requesting the DOJ begin an immediate investigation into these inhumane efforts to use kids as political pawns. pic.twitter.com/x2sBa06nSw

En una carta que publicó en su cuenta de Twitter, Newsom solicitó formalmente al Departamento de Justicia iniciar una investigación sobre estos esfuerzos de los gobernadores republicanos, a los que calificó de “inhumanos”.

La solicitud de Newsom se da después de que DeSantis y Abbott enviaran grupos de migrantes a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, y a las inmediaciones de la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, respectivamente.

DeSantis explicó que envió indocumentados a bordo de dos aviones a la exclusiva isla de Massachusetts, para protestar por la inacción del gobierno del presidente Joe Biden, quien según dijo “no mueve un dedo” para hacer segura la frontera de Estados Unidos con México.

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Por su parte Abbott envió dos autobuses con un centenar de migrantes a las cercanías de la residencia de Harris, reseñó EFE.

En un mensaje de Twitter, Abbott dijo que continuará enviando migrantes a ciudades santuario como la capital estadounidense hasta que “Biden y Harris hagan su trabajo para asegurar la frontera”.

Newsom aseguró en la carta estar “horrorizado por las imágenes de migrantes que son enviados en autobuses y aviones por todo el país para ser utilizados como estrategia política”.

Exigió que se investigue si con los envíos los gobernadores violan la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (Ley RICO), o incluso puedan enfrentar cargos de secuestro.

Newsom terminó la misiva diciendo que espera “continuar trabajando con la Administración (federal) para proteger los derechos humanos”.