La página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) publicó en su página web una imagen en la que se reseña que   el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Tareck El Aissami y el empresario Samark López están “capturados".

Sin embargo, no se trata de que EE.UU. los capturó, puesto que estos personajes están detenidos en Venezuela, pero llama la atención que el organismo los reseñe de esa manera.

El Aissami, de 45 años, era considerado uno de los hombres fuertes del Gobierno de Nicolás Maduro, hasta que el 9 de abril del 2024 fue mostrado por las autoridades en calidad de detenido y esposado, implicado en un caso de corrupción.

Pero, desde esa época, no se supo más acerca del exfuncionario, más allá de que se le privó de libertad por cargos de traición a la patria y apropiación del patrimonio público.

El ICE publica en su sitio web que, en febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a El Aissami como narcotraficante especialmente designado (SDNT, por sus siglas en inglés), en aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, al considerar que desempeñó un papel significativo en el tráfico internacional de drogas.

Para el ICE, el "capturado" fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017. Él sirvió previamente como gobernador del estado de Aragua en Venezuela desde 2012 hasta 2017, como también como ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela comenzando en 2008. Él facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela. En sus antiguas posiciones, él supervisó o fue dueño parcial de cargamentos de narcóticos de más de 1,000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos con México y los Estados Unidos como destinos finales".

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Asimismo, el ICE también publica en su web que Samark López, empresario conocido como "el testaferro" de El Aissami, también ha sido “capturado”.

“Samark José López, un ciudadano venezolano de 45 años, ha sido el sujeto de una persecución de meses tras la desarticulación de una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos”, dice el ICE.

“En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a López y su co-conspirador, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional”, agrega.

Asegura que “López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de, y actuando por o en nombre de, Maddah. Por más de dos años, López y otros defraudaron al Gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas”.

Samark López también fue detenido el mismo 9 de abril del 2024 e imputado por el mismo caso y los mismos cargos.

El secretario de Estados de los Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por el empresario venezolano Samark López Bello.

Ofrece el dinero a quien tenga información sobre este hombre vinculado con el régimen de Nicolás Maduro, por «crimen organizado transnacional». El objetivo es llevarlo ante la justicia.

Mike Pompeo, anunció en su cuenta en Twitter que el Gobierno de EE.UU. trabajará con el Departamento de Justicia para proteger a los estadounidenses del régimen socialista. Esto, mientras ayuda a los venezolanos a restaurar su democracia.

El 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Tareck el Aissami y a Samark José López Bello como narcotraficantes.

EE.UU. considera que ambos tienen un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes. A López Bello se le involucra en el lavado de dinero.

En mayo de 2017, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional inició una investigación dirigida contra López y otros por lavado de dinero y evasión de las sanciones de la OFAC, que culminó con la presentación de un acta de acusación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 1 de marzo de 2019.

La investigación posterior culminó con una acusación formal sustitutiva contra el empresario venezolano.

En julio de este año, el gobierno federal de Estados Unidos vendió por 12 millones de dólares una mansión del empresario, en Florida. La propiedad la habría adquirido en el 2016, a través de negocios con el narcotráfico.

Los tres contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC en 2003 serán indemnizados con dinero del empresario Samark López. Según determinó este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos, que dejó en firme la sentencia de una corte de apelaciones.

Los fondos para pagar la compensación saldrán de los activos de López, empresario venezolano de estrechos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. El sujeto había sido incluido en la Lista Clinton en 2017.

En principio la indemnización autorizada por la corte de apelaciones es de US $ 53 millones. Pero podría alcanzar más de US $ 300 millones si los estadounidenses vuelven a demanda al empresario. Según reseñó el diario El Tiempo de Colombia.

El caso se remonta al 2012 cuando un juez de la Florida ordenó pagarle a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howe US $ 318 millones de dólares como compensación por los 5 años de cautiverio en Colombia a manos de las Farc.

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Al principio de la demanda, se dictaminó que los fondos debían provenir de esta organización guerrillera, que también está incluida en la Lista Clinton. Pero dado que las Farc no tiene activos en EE. UU. -o no pudieron ser detectados-, los contratistas no tenían de dónde recolectar la indemnización.

Pero, esto cambió en el 2018 tras la aprobación de la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite a las víctimas de grupos terroristas reclamar fondos previamente incautados por el gobierno de EE. UU. a estas organizaciones y sus colaboradores.

Lo que permitió a los estadounidenses ir tras la fortuna de López, que incluye una cuenta congelada con más de US $ 269 millones, dos yates, un avión y propiedades en Miami.

La teoría de sus abogados es que López tenía relación con las Farc a través de Tareck El Aissami, exvicepresidente de Venezuela, actualmente ministro del Petróleo.

El Aissami, que también ingresó a la lista de sancionados en el 2017, es considerado por las autoridades de EE. UU. un ‘capo del narcotráfico’. Por supuestamente lavar ingresos del narcotráfico que mueven las Farc en territorio venezolano.

La defensa de López siempre alegó que el único nexo que tenía con las Farc era su amistad con Al Aissami. Aún así, un juez federal y luego una corte de apelaciones (la del onceavo circuito) determinó que su vinculación con el narcotráfico venezolano era suficiente para hacerlo parte de la red y, por lo tanto, sujeto a que sus fondos se usaran para pagar a los afectados.

López impugnó el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Pero el magistrado encargado, el juez supremo Clarence Thomas, se negó a revisar la apelación. Lo que en la práctica deja en vigor el fallo de la corte inferior que ordenaba el pago.

Su defensa planteó un último recurso de emergencia ante la también alta magistrada Sonia Sotomayor. Este lunes, como Thomas hace un mes, Sotomayor negó el recurso y abrió la puerta para el pago de la indemnización.

El proceso de este caso ante las cortes de EE. UU. es importante porque crea un precedente para que otras víctimas de las Farc o el Eln pueden buscar indemnizaciones en EE. UU. procedentes de fondos incautadas al régimen de Maduro y-o sus colaboradores.