La declaración de Samark López ante el tribunal terminó convertida en una denuncia frontal contra todo el proceso que lo mantiene preso desde 2024. 

Aseguró que se trata de un caso políticamente motivado, construido sin pruebas, y que hasta hoy no se ha presentado un solo elemento probatorio que demuestre las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y repetidas por Nicolás Maduro en cadena nacional.

López afirmó que los dos únicos elementos incluidos en el expediente son dos operaciones que no guardan relación alguna con las acusaciones grandilocuentes que le atribuyó el fiscal general. Subrayó que no se le vinculó con ningún monto específico, que no existe demostración de beneficio personal, y que no hay experticia financiera, auditoría, estados de cuenta ni recibos de pago que lo relacionen con una supuesta trama de criptodivisas. Según su versión, jamás ha recibido pagos bancarios ni bonos, y que en cuatro años solo percibió 15 millones de dólares por obras ejecutadas para PDVSA, una fracción mínima de la deuda que —asegura— el Estado mantiene con él.

También insistió en que no tiene relación alguna con Bancamiga, que no consta en el expediente ningún vínculo con esa entidad, y que no le fueron confiscados activos financieros, dinero en efectivo, cuentas, instrumentos bancarios ni criptomonedas, porque —dijo— nunca ha usado criptoactivos ni wallets.

Aseguró que todo el caso se originó en lo que llamó “vigilancia cibernética”, es decir, publicaciones de redes sociales, y que la acusación descansa en comentarios o conversaciones extraídas de su teléfono, sin sustento técnico ni financiero.

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Uno de los señalamientos más graves fue su afirmación de que Tarek William Saab intentó obligarlo a declarar que Diosdado Cabello encabezaba una conspiración contra Maduro y que él formaba parte de ella. Según López, el fiscal le ofreció un trato: si aceptaba cooperar, paraban las torturas, lo enviaban a su casa en 24 horas, dejaban en paz a su esposa y le devolvían la vivienda a sus hijos.

Relató que Saab lo visitó varias veces en reclusión, lo golpeó en el pecho, le mostró videos de su casa vacía y de las camas de sus hijos, y lo presionó para incriminar a otras figuras políticas. Dijo que lo llamaron “traidor” y que le construyeron una narrativa sobre una supuesta conspiración con Tareck El Aissami y Cabello, sin que nunca se precisaran modo, tiempo ni lugar de los hechos.

López denunció que su esposa fue citada durante 14 días consecutivos al DGCIM, desde las 7:00 am hasta las 10:00 pm, para ser interrogada. Aseguró que a él le enviaban videos de esos interrogatorios para hacerle creer que ella también estaba detenida. Dijo que en una ocasión la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a abrir una caja fuerte.

Afirmó que el día de su detención, su hija mayor, de 12 años, permaneció sola durante 10 horas en la vivienda, custodiada por hombres armados y encapuchados. También denunció el saqueo de su casa, oficina, vehículos, documentos, equipos y una finca de búfalos, y que una de sus propiedades hoy funciona como posada de un tercero.

La audiencia del 22 de mayo de 2026 comenzó con varias incidencias planteadas por la defensa. Uno de los abogados denunció el despojo de la vivienda de una niña de dos años, mostró fotos de una cuna vacía y pidió investigar el vaciamiento del hogar. Otra representación legal advirtió sobre el desacato del SENAMECF, la falta de copias certificadas del expediente y el riesgo para la vida de su defendido. La presencia de la esposa de López reforzó el tono humano de la jornada.

López relató que el 19 de abril de 2026 los reclusos fueron avisados de noche, obligados a asearse y separados del resto. Al día siguiente fueron encapuchados, esposados y trasladados en autobús a la sede judicial. Dijo que no sabía que ese día comenzaría el juicio, que su defensa no fue notificada, y que se enteró al ver las insignias del TSJ tras subir unos 130 escalones.

Aseguró que el proceso arrancó sin garantías mínimas, con una exposición pública que ya había sido televisada.

López insistió en que su vínculo con la industria petrolera es previo a cualquier acusación. Dijo ser economista de la UCV, haber trabajado en la Oficina Central de Información, en la reforma constitucional de 1999, en la Gobernación de Mérida y luego en proyectos privados y petroleros. Afirmó que desde 2009 ejecutó obras con PDVSA, instaló kilómetros de tuberías, generó miles de empleos y que el Estado mantiene con él una deuda millonaria por trabajos entregados. Aseguró que en 2023 produjo 84 millones de barriles de petróleo y que parte de la deuda fue renegociada en 2022 sin que se le pagara lo correspondiente.

Al cerrar su declaración, López reiteró que no existe una pericia financiera seria que lo vincule con legitimación de capitales. Dijo que la acusación no demuestra qué dinero habría legitimado, que el expediente es una “arqueología de redes sociales”, y que el caso carece de sustento técnico, documental y probatorio.

Pidió libertad inmediata, nulidad absoluta del proceso y respeto pleno a su derecho a la defensa.

Con información de  nota de prensa

En cada audiencia que se produce en los tribunales por el caso de PDVSA-CRIPTO, se van conociendo más cosas relacionadas no solo con esa trama de corrupción, sino que los implicados han hecho acusaciones contra el exfiscal Tarek William Saab y otros funcionarios del Gobierno.

Según el abogado e integrante del Ministerio Público, Zair Mndaray, en la audiencia de este lunes, fue el empresario  Samark López quien hizo nuevos señalamientos contra Saab.

López dijo que el exfiscal “lo presionó para que grabara vídeos en los que debía inculpar a varias personas de estar conspirando junto a él para darle un golpe a (Nicolás) Maduro. La sala de audiencia quedó en silencio ante la revelación de que debía inculpar de primero a Diosdado Cabello de querer tumbar a Maduro y que para eso recababan dinero y compraban voluntades”.

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Además de Cabello, “Saab insistió en que debía meter en esa conspiración a Julio Borges, Leopoldo López y a un grupo importante de periodistas, los cuales no mencionó”, agregó Mundaray.

Sostuvo que Samark López explicó que  Tarek William Saab “quería tener señalamientos contra muchas personas, algunos para quitarlos del medio en caso de ser obstáculos en su sostenimiento en el poder y en otros casos para extorsionarlos”.

📝REVELAN NUEVAS ACUSACIONES EN AUDIENCIA DEL CASO PDVSA-CRIPTOEl exfiscal @MundarayZair dijo que el empresario Samark López denunciaría que sería presionado por el exfiscal Tarek William Saab para grabar videos en los que debía implicar a dirigentes en conspiraciones pic.twitter.com/rDGb4XwxgF

La página del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) publicó en su página web una imagen en la que se reseña que   el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Tareck El Aissami y el empresario Samark López están “capturados".

Sin embargo, no se trata de que EE.UU. los capturó, puesto que estos personajes están detenidos en Venezuela, pero llama la atención que el organismo los reseñe de esa manera.

El Aissami, de 45 años, era considerado uno de los hombres fuertes del Gobierno de Nicolás Maduro, hasta que el 9 de abril del 2024 fue mostrado por las autoridades en calidad de detenido y esposado, implicado en un caso de corrupción.

Pero, desde esa época, no se supo más acerca del exfuncionario, más allá de que se le privó de libertad por cargos de traición a la patria y apropiación del patrimonio público.

El ICE publica en su sitio web que, en febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a El Aissami como narcotraficante especialmente designado (SDNT, por sus siglas en inglés), en aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, al considerar que desempeñó un papel significativo en el tráfico internacional de drogas.

Para el ICE, el "capturado" fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017. Él sirvió previamente como gobernador del estado de Aragua en Venezuela desde 2012 hasta 2017, como también como ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela comenzando en 2008. Él facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela. En sus antiguas posiciones, él supervisó o fue dueño parcial de cargamentos de narcóticos de más de 1,000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos con México y los Estados Unidos como destinos finales".

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Asimismo, el ICE también publica en su web que Samark López, empresario conocido como "el testaferro" de El Aissami, también ha sido “capturado”.

“Samark José López, un ciudadano venezolano de 45 años, ha sido el sujeto de una persecución de meses tras la desarticulación de una compleja operación internacional de evasión de sanciones y lavado de activos”, dice el ICE.

“En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a López y su co-conspirador, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional”, agrega.

Asegura que “López proporcionó apoyo financiero y asistencia material en apoyo de las actividades de narcotráfico internacional de, y actuando por o en nombre de, Maddah. Por más de dos años, López y otros defraudaron al Gobierno estadounidense al participar en transacciones prohibidas por la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero y regulaciones relacionadas, además de evadir sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley de Cabecillas y regulaciones relacionadas”.

Samark López también fue detenido el mismo 9 de abril del 2024 e imputado por el mismo caso y los mismos cargos.

El secretario de Estados de los Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por el empresario venezolano Samark López Bello.

Ofrece el dinero a quien tenga información sobre este hombre vinculado con el régimen de Nicolás Maduro, por «crimen organizado transnacional». El objetivo es llevarlo ante la justicia.

Mike Pompeo, anunció en su cuenta en Twitter que el Gobierno de EE.UU. trabajará con el Departamento de Justicia para proteger a los estadounidenses del régimen socialista. Esto, mientras ayuda a los venezolanos a restaurar su democracia.

El 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Tareck el Aissami y a Samark José López Bello como narcotraficantes.

EE.UU. considera que ambos tienen un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes. A López Bello se le involucra en el lavado de dinero.

En mayo de 2017, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional inició una investigación dirigida contra López y otros por lavado de dinero y evasión de las sanciones de la OFAC, que culminó con la presentación de un acta de acusación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 1 de marzo de 2019.

La investigación posterior culminó con una acusación formal sustitutiva contra el empresario venezolano.

En julio de este año, el gobierno federal de Estados Unidos vendió por 12 millones de dólares una mansión del empresario, en Florida. La propiedad la habría adquirido en el 2016, a través de negocios con el narcotráfico.

Los tres contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC en 2003 serán indemnizados con dinero del empresario Samark López. Según determinó este lunes la Corte Suprema de Estados Unidos, que dejó en firme la sentencia de una corte de apelaciones.

Los fondos para pagar la compensación saldrán de los activos de López, empresario venezolano de estrechos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. El sujeto había sido incluido en la Lista Clinton en 2017.

En principio la indemnización autorizada por la corte de apelaciones es de US $ 53 millones. Pero podría alcanzar más de US $ 300 millones si los estadounidenses vuelven a demanda al empresario. Según reseñó el diario El Tiempo de Colombia.

El caso se remonta al 2012 cuando un juez de la Florida ordenó pagarle a Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howe US $ 318 millones de dólares como compensación por los 5 años de cautiverio en Colombia a manos de las Farc.

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Al principio de la demanda, se dictaminó que los fondos debían provenir de esta organización guerrillera, que también está incluida en la Lista Clinton. Pero dado que las Farc no tiene activos en EE. UU. -o no pudieron ser detectados-, los contratistas no tenían de dónde recolectar la indemnización.

Pero, esto cambió en el 2018 tras la aprobación de la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite a las víctimas de grupos terroristas reclamar fondos previamente incautados por el gobierno de EE. UU. a estas organizaciones y sus colaboradores.

Lo que permitió a los estadounidenses ir tras la fortuna de López, que incluye una cuenta congelada con más de US $ 269 millones, dos yates, un avión y propiedades en Miami.

La teoría de sus abogados es que López tenía relación con las Farc a través de Tareck El Aissami, exvicepresidente de Venezuela, actualmente ministro del Petróleo.

El Aissami, que también ingresó a la lista de sancionados en el 2017, es considerado por las autoridades de EE. UU. un ‘capo del narcotráfico’. Por supuestamente lavar ingresos del narcotráfico que mueven las Farc en territorio venezolano.

La defensa de López siempre alegó que el único nexo que tenía con las Farc era su amistad con Al Aissami. Aún así, un juez federal y luego una corte de apelaciones (la del onceavo circuito) determinó que su vinculación con el narcotráfico venezolano era suficiente para hacerlo parte de la red y, por lo tanto, sujeto a que sus fondos se usaran para pagar a los afectados.

López impugnó el caso ante la Corte Suprema de Justicia. Pero el magistrado encargado, el juez supremo Clarence Thomas, se negó a revisar la apelación. Lo que en la práctica deja en vigor el fallo de la corte inferior que ordenaba el pago.

Su defensa planteó un último recurso de emergencia ante la también alta magistrada Sonia Sotomayor. Este lunes, como Thomas hace un mes, Sotomayor negó el recurso y abrió la puerta para el pago de la indemnización.

El proceso de este caso ante las cortes de EE. UU. es importante porque crea un precedente para que otras víctimas de las Farc o el Eln pueden buscar indemnizaciones en EE. UU. procedentes de fondos incautadas al régimen de Maduro y-o sus colaboradores.