La combinación de mejores perspectivas para el sector petrolero y el recorte de las sanciones por parte de EE. UU. podría llevar a la economía de Venezuela a crecer incluso encima del 10%, aunque cualquier recuperación reciente debe interpretarse como un rebote desde niveles extremadamente bajos, publicó la agencia Bloomberg.

 “Para 2026, los analistas estamos viendo un crecimiento claramente superior al 10%, porque la actividad petrolera va a crecer por lo menos un 25%”, dijo a Bloomberg Línea el economista venezolano José Guerra, quien ha sido miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas.

“El efecto que eso tiene en sí mismo, en la composición del Producto Interno Bruto, más el efecto arrastre sobre los otros sectores, da un crecimiento que va a estar entre 10 y 12%”, agregó.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento para Venezuela de 4% para 2026 y de 6% para 2027, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es más optimista y estima una expansión de 6,5% en 2026.

Según Guerra, el entorno actual es favorable para la expansión económica, aunque advierte que la inflación seguirá siendo alta. Menciona que el país podría recibir alrededor de US$5.000 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) que el FMI tiene asignado a Venezuela y “que no le entregó en septiembre del 2021 porque el país no estaba reconocido”.

“Ahora que está reconocido por el FMI, por los multilaterales, ese dinero va a entrar y además puede acceder a otras líneas de financiamiento”, afirmó Guerra.

De manera tal que, “cuando conjugas el aumento de la producción petrolera este año, el financiamiento del FMI y otras líneas de crédito del Banco Mundial, claramente te va a dar que el país tiene los recursos para financiar el crecimiento”.

La reciente flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre el futuro económico de Venezuela.

Entre febrero y abril de este año se han autorizado transacciones que previamente estaban bloqueadas.

 Desde la venta de diluyentes y la reanudación de operaciones de grandes empresas petroleras, hasta la posibilidad de realizar transacciones con el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos, así como avances hacia una reconexión con el sistema financiero internacional.

A ello se suma el restablecimiento de contactos entre el Gobierno interino venezolano y organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, luego de varios años sin relaciones formales.

El especialista en asuntos venezolanos y profesor de Macroeconomía de la Universidad del Rosario en Colombia, Roberto Pérez, dice que, tras años de aislamiento financiero y comercial, las nuevas licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permiten reactivar operaciones clave en sectores estratégicos, especialmente en el ámbito petrolero y financiero.

Sin embargo, “aunque estas medidas representan una señal positiva, están lejos de garantizar una recuperación sostenida de la economía venezolana”, dijo Pérez. En el corto plazo, “estas decisiones pueden generar un impulso relevante. La reconexión del sector de hidrocarburos con su principal mercado histórico, Estados Unidos, podría traducirse en un aumento significativo de la producción petrolera”.

Dado el peso estructural del petróleo en la economía venezolana, este repunte podría transmitirse hacia otros sectores, particularmente los servicios, generando un aumento del producto interno bruto (PIB) en 2026 y posiblemente en los años siguientes. Sin embargo, explica que este optimismo debe matizarse con una perspectiva histórica.

“Venezuela ha atravesado uno de los colapsos económicos más profundos registrados en tiempos recientes. Entre 2014 y 2020, la economía perdió más del 70% de su tamaño. Solo entre 2016 y 2019, la contracción promedio anual fue cercana al 18%”, indicó Roberto Pérez.

A ello se suma la ausencia de cifras oficiales completas para algunos años, en los que la pandemia probablemente agudizó la caída.

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Estados Unidos suavizó este mes las sanciones contra el banco central de Venezuela, en un intento de la administración de Donald Trump por reactivar el sector petrolero del país tras la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Bloomberg informó que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite a las instituciones financieras y a otras entidades realizar negocios con el banco central de Venezuela, junto con un pequeño número de otras instituciones del país.

Según declaró Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, antes del anuncio, la flexibilización de las sanciones contra el banco central de Venezuela daría “una verdadera profundidad al mercado cambiario”.

Previamente, la Administración Trump levantó las sanciones a la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y fue retirada de la denominada ‘Lista Clinton’.

“Valoramos la decisión del presidente Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Sobre los sectores que impulsarían la economía venezolana, el economista Guerra señala que el comercio y los servicios crecerían alrededor de 7% en 2026, impulsados por el aumento de las ventas.

También ve potencial en el sector financiero, que podría expandirse aún más si se reduce el encaje bancario porque podría favorecer la dinámica del crédito. Asimismo, prevé un crecimiento de la manufactura, especialmente en áreas vinculadas al petróleo.

“El crecimiento va a ser generalizado, obviamente asimétrico”, dice Guerra, quien considera que “indudablemente” la reducción de las sanciones por parte de EE.UU. va a contribuir a impulsar la economía.

En términos generales, explicó que el levantamiento de sanciones de Estados Unidos ha permitido mayor operatividad financiera -incluyendo transferencias, corresponsalías y acceso a divisas-, lo que ha mejorado el funcionamiento del mercado cambiario.

“Todo este levantamiento de sanciones crea un clima, digamos auspicioso, para el crecimiento económico en este año”, indicó Guerra. Añade que, aunque las sanciones petroleras no se han eliminado completamente, sí se han flexibilizado, facilitando la participación de empresas como Chevron (CVX), el regreso de Repsol y la entrada de nuevos competidores.

“La licencia 56 que emitió OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es prácticamente una eliminación de la sanción. La única diferencia es que Estados Unidos mantiene el control del petróleo (…) el dinero lo maneja el Departamento de Tesoro”, apuntó Guerra.

Guerra describe el contexto actual como uno de “expectativa favorable”, aunque aclara que las inversiones aún no se han materializado plenamente en mejoras para la población.

“El primer trimestre fue malísimo, en términos de devaluación e inflación, que fue del 650% anual en marzo”, expuso.

“Pero la tasa de devaluación de abril hasta el día de hoy es de apenas el 1,6%. Eso quiere decir que es probable que la inflación este abril esté en un dígito apenas, 3 o 4%, que para los estándares nuestros sería una buena cifra”.

Subraya que uno de los principales retos de Venezuela sigue siendo el bajo nivel salarial que, según dice, ronda entre US$100 y US$120 mensuales en promedio (sumando los bonos estatales). “El crecimiento históricamente en Venezuela toma tiempo en reflejarse en la economía.

El efecto derrame no es inmediato. Se estima que ese impacto comenzará a observarse a partir del segundo semestre, cuando la producción gane mayor impulso y sectores como la manufactura y el comercio empiecen a contratar más personal y a pagar mejores salarios”, remató Guerra.

En este contexto, el analista Roberto Pérez argumenta que cualquier recuperación reciente debe interpretarse como un rebote desde niveles extremadamente deprimidos, más que como evidencia de una transformación estructural.

Para el analista, “el verdadero desafío no es simplemente crecer, sino hacerlo de manera sostenida y sobre bases sólidas, como ocurrió durante gran parte del siglo previo a la debacle económica reciente”.

Para ello, considera que es fundamental garantizar la estabilidad macroeconómica, la apertura a la inversión y la consolidación de un entorno político creíble que garantice la propiedad privada. Sin estos elementos, dice Pérez, el actual repunte corre el riesgo de convertirse en un episodio de crecimiento transitorio, más que en el inicio de una nueva trayectoria de desarrollo económico.

En ese sentido, la ausencia de señales políticas claras sigue siendo un obstáculo central. Muestra de esto, añade, es que no hay definiciones sobre el calendario electoral, la independencia de las autoridades electorales, ni la participación de actores clave de la oposición.

En su opinión, tampoco existe aún una hoja de ruta clara para fortalecer instituciones clave como el Banco Central, el Tribunal Supremo de Justicia o la estatal petrolera PDVSA.

“Esta incertidumbre limita la confianza de los inversionistas y dificulta la construcción de expectativas favorables de mediano y largo plazo”, remató Pérez.

Con información de Bloomberg.

 Han pasado poco más de 100 días desde que Delcy Rodríguez es la presidenta encargada. En ese lapso, paso a paso, Estados Unidos ha ido levantando las sanciones, y la más reciente al Banco Central y al sistema financiero venezolano.

 ¿Pero a quién están beneficiando?

 Lo que parece una oportunidad podría estar escondiendo algo más. 

 Aquí te explicamos quién gana y qué viene para Venezuela. 

Esto es Cara a cara con Mildred Manrique.

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Donald Trump ha levantado las sanciones personales de Estados Unidos contra Delcy Rodríguez, una de las figuras centrales  chavismo,  ahora convertida en presidenta encargada e interlocutora directa de la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro.

La decisión, anunciada este miércoles 1 de abril por el Departamento del Tesoro, llega menos de tres meses después de la operación militar estadounidense del 3 de enero que sacó del poder al antiguo dictador venezolano y lo sentó ante un tribunal en Nueva York.

 Desde aquel día, la política de Estados Unidos hacia Caracas ha entrado en una fase distinta, más transaccional, publica el diario ABC.

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Desde los primeros días de enero, la Administración Trump ha ido desmontando, pieza a pieza, el andamiaje de aislamiento que durante años definió su relación con Venezuela, levantando sanciones directas e indirectas. 

Primero llegaron las licencias y exenciones para reactivar el sector petrolero. Después, a lo largo de enero y febrero, comenzaron los contactos abiertos con el nuevo poder en Caracas. Trump ha alabado a Delcy, diciendo que hace un «excelente trabajo».

A Delcy la sanciona Estados Unidos el 25 de septiembre de 2018 dentro de una acción del Tesoro contra el denominado «círculo íntimo» de Maduro y contra los beneficios de la corrupción venezolana en territorio estadounidense. 

La consideraba parte del aparato de poder y de corrupción del régimen. Entrar en la lista de sanciones implicaba, en la práctica, bloqueo de bienes o intereses en bienes bajo jurisdicción de EE.UU. y prohibición general para que ciudadanos o entidades estadounidenses hagan negocios con ella.

Ahora se consolida el reconocimiento práctico de Delcy como figura operativa dentro del aparato de poder venezolano, con el restablecimiento progresivo de relaciones. 

Sin retirar sanciones, cualquier arquitectura de inversión, comercio o gestión de activos quedaba limitada por el propio marco legal estadounidense.

 En febrero se dio una reducción amplia de sanciones para permitir operaciones energéticas y nuevas negociaciones de inversión, y esta semana dio cuenta de la reapertura formal de la embajada estadounidense en Caracas.

Ese castigo personal también complicaba la entrada de Delcy en Estados Unidos y hacía políticamente mucho más difícil una eventual recepción oficial en la Casa Blanca, algo que ella busca como forma de consolidarse en el poder sin verse forzada de inmediato a convocar elecciones.

 Al mismo tiempo, Marco Rubio afirmó esta misma semana que Venezuela necesitará en última instancia una fase de transición y elecciones libres y justas, una señal de que Washington no ha renunciado formalmente a ese horizonte, aunque en la práctica esté reforzando a su actual interlocutora.

Lo que está en juego es el control y la canalización de los recursos venezolanos bajo supervisión de Washington. Estados Unidos busca asegurar flujos energéticos en un contexto internacional y, al mismo tiempo, establecer un modelo en el que los ingresos se gestionen con mecanismos que eviten su captura directa por estructuras opacas del régimen anterior.

Delcy también estuvo bajo la lupa de fiscales federales en Miami. Según publicó Reuters el 3 de marzo, la Fiscalía federal en esa ciudad preparaba un borrador de acusación por corrupción y blanqueo de capitales centrado en su presunto papel en el lavado de fondos de PDVSA entre 2021 y 2025, dentro de una estrategia de presión de Washington sobre el nuevo poder en Caracas. 

El Departamento de Justicia negó públicamente esa información, pero Reuters dijo que mantenía su reportaje.

Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones contra Irán, como parte de su campaña de "máxima presión" antes de la nueva ronda de negociaciones entre ambas partes en Ginebra.

El presidente Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con ataques si no firma un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen como objetivo más de 30 individuos, entidades y buques que, según afirma, facilitan "ventas ilícitas de petróleo iraní", así como la producción de armas en el país.

El Departamento del Tesoro detalla una lista de buques que operan "como parte de la flota en la sombra de Irán, que transporta petróleo y productos petrolíferos iraníes a mercados extranjeros".

"Irán explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, blanquear los ingresos, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y apoyar a sus grupos terroristas", acusó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

El gobierno Trump seguirá aplicando "la máxima presión sobre Irán para dañar las capacidades armamentísticas del régimen y su apoyo al terrorismo", detalló el comunicado.

En su discurso sobre el estado de la Unión el martes por la noche, Trump acusó a Teherán de albergar "siniestras ambiciones nucleares".

Trump ha ordenado un enorme despliegue militar alrededor del Golfo.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha reiterado en cambio que existe una "una perspectiva favorable" sobre esas conversaciones entre ambas partes.

Con información de AFP 

La Unión Europea recordó este viernes que su política de sanciones no es un fin en sí mismo, después de que España haya anunciado que solicitará el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas por la UE a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El portavoz comunitario Anouar El Anouni rehusó comentar durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE) la decisión de España, así como especular sobre los próximos pasos, pero se refirió al funcionamiento de la política de sanciones de la Unión.

 «Las medidas económicas individuales o sectoriales no son un fin en sí mismas», destacó, y enfatizó que la UE está «dispuesta a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela».

Recordó que, por lo que se refiere a Venezuela, actualmente la UE aplica sanciones individuales contra 69 personas a las que considera directamente responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país.

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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional venezolana.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país suramericano.

Sobre esta ley, que Albares definió como «una señal fuerte de que Venezuela camina por el camino adecuado», se mostró confiado en que sea «lo más amplia posible» y que sirva para que «los presos salgan a la calle», a la par que animó a Rodríguez a «seguir dando pasos en esa dirección».

Por este motivo, Albares se mostró partidario de que la Unión Europea «envíe un signo de que se está yendo por el buen camino», retirando las sanciones a la presidenta encargada del país suramericano.

«Es una buena señal que se haya aprobado por unanimidad, con todos los votos, también los de la oposición —subrayó el ministro español— Y nosotros animamos a Delcy Rodríguez a seguir dando pasos en esa dirección, para que se creen las condiciones para que las personas que están fuera de Venezuela, aquellos que quieran, puedan regresar», ha agregado el ministro.

A renglón seguido, Albares ha explicado que, cuando la Unión Europea establece sanciones individuales, «siempre deja fuera a presidentes y ministros de Exteriores para mantener el cauce de diálogo abierto».

 Las sanciones selectivas de la UE implican un veto a entrar en territorio comunitario a personas determinadas y la congelación de los activos que puedan tener en la Unión.

Rodríguez juró como presidenta encargada pocos días después de que Nicolás Maduro fuera apresado en Caracas, el 3 de enero pasado, por fuerzas militares estadounidenses y trasladado a EE. UU., donde está encarcelado provisionalmente junto a su esposa acusado de narcotráfico, entre otros delitos.

Con información de EFE

Finalmente, se concretó lo que hace algunos días dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en relación con que su gobierno “levantaría algunas sanciones” que permitirían el manejo de la industria petrolera, según el acuerdo entre la presidencia encargada y Donald Trump.

No obstante, una vez que se conoció la Licencia 46 emitida por la OFAC, los expertos aclaran que no es “una flexibilización de las sanciones”, sino que las mismas son más estrictas, puesto que EE. UU. asume el control prácticamente en su totalidad de la industria petrolera venezolana, lo que se complementa con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sancionada por la Asamblea Nacional.

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En este sentido, el economista Adrúbal Oliveros explica que “el hecho más significativo es que la Licencia General 46, que autoriza a empresas estadounidenses a producir, levantar, transportar y comercializar crudo y productos petroleros venezolanos, desde una perspectiva estrictamente económica, esta licencia mejora de forma tangible los términos de comercialización del crudo venezolano”.

La misma “reduce los descuentos asociados al riesgo sancionatorio, disminuye costos logísticos y financieros, y mejora el flujo de caja del sector petrolero, incluso en un entorno de precios internacionales relativamente contenidos”.

Sin embargo, Oliveros advierte que “conviene evitar lecturas excesivamente optimistas. La arquitectura financiera de la licencia es tan importante como la autorización operativa. Los ingresos derivados de estas operaciones deberán canalizarse a través de fideicomisos bajo control de Estados Unidos, con restricciones explícitas sobre su uso”.

A su juicio, “este diseño introduce altos niveles de trazabilidad y supervisión, limita la discrecionalidad y reduce el riesgo de monetización indirecta de los recursos. Desde el punto de vista macroeconómico, esto implica que el impacto fiscal y monetario inmediato será acotado, pero positivo para la trayectoria de la tasa de cambio y la inflación, pues con una inyección planificada y menos discrecional, la oferta de divisas será más eficiente para eliminar distorsiones como la brecha cambiaria”.

Agrega que, en paralelo, la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, con modificaciones relevantes respecto a su primera discusión —especialmente en materia tributaria—, envía una señal positiva en términos de incentivos a la inversión privada. No obstante, sus efectos sobre los niveles de producción serán graduales y dependerán de la estabilidad del marco regulatorio, de la seguridad jurídica y de la coherencia con el esquema sancionatorio vigente".

Oliveros añade a su análisis la reapertura del espacio aéreo,  que tiene “impactos positivos sobre conectividad, transporte y turismo, y los avances en el diseño de un nuevo régimen de subastas en el mercado cambiario. Este último elemento es particularmente relevante: si se implementa de forma consistente, puede contribuir a una formación de precios más ordenada y a una reducción de la volatilidad cambiaria, uno de los principales factores de inestabilidad macroeconómica en los últimos años”.

El economista piensa que, en conjunto, lo que emerge es un escenario de transición. Hay avances concretos, pero también restricciones claras. El impacto macroeconómico de estas medidas dependerá de su sostenibilidad en el tiempo, de la coherencia entre la política petrolera, fiscal y cambiaria, y, sobre todo, de su capacidad para generar certidumbre y anclar expectativas. Sin ese anclaje, cualquier mejora en flujos o ingresos corre el riesgo de ser transitoria".

Finalmente, dice que “la economía venezolana no está ante un punto de llegada, sino ante una fase delicada de reconfiguración o reseteo. Leer correctamente esta transición será clave para la toma de decisiones, tanto del sector público como del privado”.

Por su parte, el analista José Vicente Carrasquero aclara que no se trata de un  “levantamiento de sanciones”, porque “no lo es”

Dice que la Licencia 46 “marca más bien otro modelo de sanciones, pues ya no se trata solo de prohibir, sino de regular, vigilar y controlar cada movimiento del petróleo venezolano cuando participa una empresa establecida en EE. UU.”.

Considera que “la clave es que las sanciones siguen vigentes, pero Washington autoriza ciertas operaciones bajo condiciones durísimas: contratos sometidos a ley estadounidense, pagos vigilados que no pueden llegar al régimen, cero operaciones con Rusia, Irán o Cuba, reportes obligatorios cada 90 días y prohibición de pagos en oro o cripto”.

En otras palabras, destaca que “no es un alivio, no es normalización, sino ”supervisión total".

Concluye afirmando que el gobierno de Delcy Rodríguez “no recibe control, no recibe dinero directo y queda atrapado en un sistema donde cada barril legal debe pasar por los ojos de Washington. Este no es el fin de las sanciones: es la versión 2.0, pensada para cortar mafias, controlar flujos y evitar que la opacidad petrolera siga financiando a quienes han destruido al país”.

  Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, dijo a la agencia Reuters que algunas sanciones adicionales de EE. UU. contra Venezuela podrían levantarse tan pronto como la próxima semana para facilitar las ventas de petróleo.

Bessent adelantó que también se reunirá la próxima semana con los jefes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial sobre su reenganche con Venezuela.

Según la agencia, el funcionario expresó que aproximadamente 5 mil millones de dólares en activos monetarios del país en Derechos Especiales de Giro del FMI actualmente congelados podrían ser utilizados para ayudar a reconstruir la economía del país.

“Estamos des-sancionando el petróleo que se va a vender”, manifestó Bessent durante una visita a una instalación de ingeniería de Winnebago Industries. 

El Tesoro estaba examinando cambios que facilitarían la repatriación del producto de las ventas de petróleo almacenado principalmente en barcos de regreso a Venezuela.

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“¿Cómo podemos ayudar a que ese dinero vuelva a Venezuela, para administrar el gobierno, dirigir los servicios de seguridad y hacer que llegue al pueblo venezolano?”, dijo refiriéndose al análisis de sanciones del Tesoro.

Preguntado cuándo podrían eliminarse más sanciones de Venezuela, Bessent dijo: “Podría ser tan pronto como la próxima semana”, aunque no identificó cuáles serían.

Esas medidas forman parte del esfuerzo de la administración de Trump para estabilizar Venezuela y alentar el regreso de los productores de petróleo de EE. UU. al país una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo llevaron a Nueva York para enfrentar cargos de tráfico de drogas.

Las sanciones de EE. UU. han prohibido a bancos internacionales y otros acreedores relacionarse con el gobierno venezolano sin una licencia. 

Las instituciones han citado esto como un obstáculo para una reestructuración de deuda compleja de 150 mil millones de dólares, ampliamente vista como clave para el retorno de capital privado a Venezuela.

El viernes por la noche, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva bloqueando que los tribunales o acreedores embarguen ingresos petroleros venezolanos mantenidos en cuentas del Tesoro de EE. UU., declarando que estos fondos deben salvaguardarse para ayudar a Venezuela a crear “paz, prosperidad y estabilidad”.

Con información de Reuters

Desde las primeras sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela en 2006 hasta la captura el sábado del presidente Nicolás Maduro tras bombardeos en Caracas, recopilamos aquí el historial de tensiones entre ambos países.

Las relaciones entre Washington y Caracas son pésimas desde la llegada al poder en 1999 del presidente Hugo Chávez, figura emblemática de la izquierda radical en América Latina.

En 2006, Estados Unidos, presidido por el republicano George W. Bush, prohibió la venta de armas y material militar de fabricación estadounidense a Venezuela alegando su falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo.

Cuatro años después, en 2010, ambos gobiernos retiraron a sus respectivos embajadores.

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Tras la muerte de Chávez en 2013 y la elección de Maduro, su sucesor, la administración del demócrata Barack Obama impuso sanciones contra varios altos cargos venezolanos.

Las sanciones incluyeron la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de visados.

Washington acusó a estos altos cargos de violar los derechos humanos por su implicación en la represión de las manifestaciones contra la elección de Maduro.

A partir de 2017, durante el primer mandato de Trump, Washington impone sanciones financieras a varios altos cargos venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo, por menoscabar la autoridad del Parlamento, controlado por la oposición desde finales de 2015.

Tras elecciones en las que se decidió la composición de una Asamblea Constituyente ordenada por Maduro, Washington aplica sanciones financieras contra este.

Trump habla de una "posible opción militar" en Venezuela, una amenaza que mencionó a lo largo de su primer mandato.

Washington prohíbe también la compra de bonos emitidos por Caracas y la petrolera estatal PDVSA.

Tras la reelección de Maduro en 2018, "ilegítima" para Washington e irregular para la comunidad internacional, Trump endurece en 2019 las sanciones económicas con el objetivo de asfixiar la economía del país y forzar así la salida del presidente.

Caracas rompió relaciones diplomáticas cuando Estados Unidos, seguido por unos sesenta países, reconoció a Juan Guaidó como "presidente interino". En 2023, se disuelve a su gobierno autoproclamado.

Ese mismo año, Estados Unidos sanciona a PDVSA y al banco central.

El 28 de abril de 2019, Trump aprieta aún más las tuercas con un embargo sobre el petróleo venezolano, y, a continuación, congela los activos del gobierno de Caracas en Estados Unidos.

El embargo petrolero se suaviza temporalmente en 2023 para compensar la pérdida del crudo ruso tras la invasión de Ucrania.

Pero se restablece cuando Washington considera que Maduro no cumple sus compromisos de celebrar elecciones presidenciales justas en 2024, tras prolongar la inelegibilidad de María Corina Machado, líder de la oposición y futura Premio Nobel de la Paz.

Al comienzo de su segundo mandato en 2025, Trump pone fin a las licencias petroleras que permitían a las multinacionales del petróleo y el gas operar en Venezuela a pesar de las sanciones.

Solo la estadounidense Chevron vuelve a recibir en julio autorización para operar, pero sin que se le permita entregar dinero a Venezuela.

Maduro fue acusado en Estados Unidos de "narcoterrorismo", por lo que Washington ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que permitiera detenerlo.

Biden elevó esa suma a 25 millones luego de la investidura de Maduro para un tercer mandato. Y en agosto de 2025, Trump duplicó el monto de esta recompensa, a 50 millones de dólares.

Washington acusa a Maduro de dirigir el "Cártel de los Soles", incluido en su lista de organizaciones "terroristas", aunque no se ha demostrado la existencia de tal banda.

Desde agosto, Estados Unidos lleva a cabo un amplio despliegue militar en el mar Caribe, donde lanza bombardeos desde septiembre contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Al menos 115 personas murieron en 35 de estos ataques.

Washington acusa a Caracas de estar detrás de un tráfico de estupefacientes que inunda Estados Unidos.

El 10 de diciembre, Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela. Caracas, que considera que Washington busca apoderarse de su petróleo, denunció un "acto de piratería internacional".

La Guardia Costera estadounidense incautó un segundo petrolero el 20 de diciembre y persiguió un tercero poco después, en el marco de un bloqueo naval contra buques acusados de transportar petróleo venezolano sujeto a sanciones.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Y este sábado, la capital venezolana amaneció con bombardeos estadounidenses contra una base y un complejo militar. Otras explosiones se registraron en dos regiones vecinas.

Poco después, Trump anunció la "captura" de Maduro y de su esposa, en lo que Caracas llamó una "gravísima agresión militar".

Con información de AFP

 “Venezuela rechaza de manera categórica la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la Unión Europea”, señala un comunicado emitido por la cancillería.

Se refiere la medida anunciada este lunes por la UE, en la cual destaca que se prolongan, por un año más, las sanciones impuestas a decenas de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

 El escrito destaca que estas medida de la UE es “por ser ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

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A continuación el comunicado completo:

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prolongaron este lunes un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones del club comunitario por la crisis en Venezuela, en la reunión que celebran en Bruselas.

La decisión se tomó «a la vista de las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024», indicó el Consejo de la UE, que reúne a los miembros.

 En la actualidad, las sanciones afectan a 69 individuos, que están sujetos a una congelación de activos. También está prohibido suministrarles fondos o recursos económicos directa o indirectamente. Además, no se les permite viajar al territorio de la Unión Europea (UE).

El Consejo recordó que la UE introdujo sanciones sobre Venezuela en noviembre de 2017. Esas medidas incluían un embargo de armas y equipamiento para la represión interna, así como la imposición de prohibiciones de viaje y congelación de activos a los individuos afectados.

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🇪🇺 UE PRORROGA SANCIONES A VENEZUELA POR 1 AÑOEl Consejo de la UE (@EUCouncilPress) extendió hasta el 10 de enero de 2027 las medidas restrictivas. Un total de 69 personas mantienen congelación de activos y prohibición de viaje por violaciones de DD.HH. y deterioro democrático pic.twitter.com/szzAtZaEI8

También apuntó que el objetivo de las sanciones del club comunitario es «apoyar una solución negociada y democrática para la crisis en Venezuela».

«La UE no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o la economía. La responsabilidad para terminar la crisis en Venezuela recae en sus autoridades», comentó en un comunicado.

Igualmente, recalcó que el levantamiento de las sanciones «dependerá del progreso tangible en los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática».

Con información de EFE

A través del departamento del tesoro, el gobierno de Donald Trump anunció un nuevo paquete de  sanciones, entre ellas a  tres sobrinos de Nicolás Maduro, además de un empresario, seis empresas y barcos que transportan petróleo venezolano.

“Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent,.

El funcionario justificó la medida acusando a Maduro de liderar una estructura criminal que inunda a Estados Unidos con drogas.

 “Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la Administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes”, agregó.

Entre los sancionados destacan Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Ambos habían sido condenados en Estados Unidos por narcotráfico en 2016, pero recibieron un indulto del presidente Joe Biden en octubre de 2022 como parte de un canje de prisioneros; ahora, regresan a la lista de Nacionales Especialmente Designados.

Junto a ellos fue reincorporado Carlos Erik Malpica Flores, exfuncionario de alto nivel de PDVSA quien también había sido eliminado de la lista de sanciones durante los acercamientos diplomáticos de la administración anterior, así como el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a la industria petrolera.

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CAMPO FLORES, Efraín Antonio, Caracas, Venezuela; Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1986; Lugar de nacimiento: Valencia, Venezuela; Nacionalidad: Venezuela; Género: Masculino; Cédula: n.º 18330183 (Venezuela); Pasaporte: 081303148 (Venezuela); Fecha de vencimiento: 28 de noviembre de 2018 (persona) [ILLICIT-DRUGS-EO14059].

CARRETERO NAPOLITANO, Ramón, Ciudad de Panamá, Panamá; Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1965; Lugar de nacimiento: Colón, Panamá; Nacionalidad: Panamá; Género: Masculino; Cédula: n.º 388114 (Panamá); Pasaporte: 1874513 (Panamá); Fecha de vencimiento: 28 de marzo de 2017 (persona) [VENEZUELA-EO13850].

FLORES DE FREITAS, Franqui Francisco, Caracas, Venezuela; fecha de nacimiento el 14 de agosto de 1985; Lugar de nacimiento Caracas, Venezuela; nacionalidad venezolana; Género Masculino; Cédula No. 17751244 (Venezuela); Pasaporte 066981222 (Venezuela) vence el 24 de enero de 2018 (individual) [ILICIT-DRUGS-EO14059].

MALPICA FLORES, Carlos Erik, Naguanagua, Carabobo, Venezuela; fecha de nacimiento el 17 de septiembre de 1972; nacionalidad venezolana; Género Masculino; Cédula No. 11810943 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA].

Dermal Repair ComplexJust Add 1 Drop Of This Household Item To Wrinkles & Wait 3 MinsYou won’t believe what this top plastic surgeon suggests for wrinklesLearn moreLas siguientes entidades se han añadido a la Lista SDN de la OFAC:

ARCTIC VOYAGER INCORPORATED (también conocida como ARCTIC VOYAGER INC), Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake 96960, Islas Marshall; Fecha de constitución: 8 de noviembre de 2024; Número de identificación IMO 0109600; Número de registro mercantil: 128742 (Islas Marshall) [VENEZUELA-EO13850].

FULL HAPPY LIMITED, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake 96960, Islas Marshall; Fecha de constitución: 3 de marzo de 2023; Número de identificación IMO 6405624; Número de registro mercantil: 118736 (Islas Marshall) [VENEZUELA-EO13850].

MYRA MARINE LIMITED, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake 96960, Islas Marshall; Fecha de constitución: 24 de septiembre de 2024; Número de identificación IMO 0088934; Número de registro mercantil 128049 (Islas Marshall) [VENEZUELA-EO13850].

POWEROY INVESTMENT LIMITED (también conocida como POWEROY INVESTMENT LTD), Islas Vírgenes Británicas; Número de identificación IMO 6438512 [VENEZUELA-EO13850].

READY GREAT LIMITED, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Isla Ajeltake 96960, Islas Marshall; Fecha de constitución: 6 de julio de 2023; Número de identificación IMO 0017035. Número de Registro Mercantil 120806 (Islas Marshall) [VENEZUELA-EO13850].

SINO MARINE SERVICES LIMITED (también conocida como SINO MARINE SERVICES LTD), 14, Wells View Drive, Bromley, Kent BR2 9UL, Reino Unido; Fecha de Constitución: 1 de enero de 2016; Número de Identificación OMI 5967460; Número de Sociedad 10214578 (Reino Unido) [VENEZUELA-EO13850].

Los siguientes buques han sido añadidos a la Lista SDN de la OFAC:

H. CONSTANCE (3E2177) Buque tanque de petróleo crudo con bandera panameña; Año de construcción: 2002; Número de Registro: OMI 9237773; MMSI 352002009 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: POWEROY INVESTMENT LIMITED).

KIARA M (3E2278) Buque tanque de petróleo crudo con bandera panameña; Año de construcción: 2004; Número de registro: OMI 9285823; MMSI 352002348 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: ARCTIC VOYAGER INCORPORATED).

LATTAFA (3E2298) Buque tanque de petróleo crudo con bandera panameña; Año de construcción: 2003; Número de registro: OMI 9245794 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: READY GREAT LIMITED).

MONIQUE (E5U5122) Buque petrolero de crudo, bandera de las Islas Cook; año de construcción: 2005; matrícula: OMI 9311270; MMSI: 518999141 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FULL HAPPY LIMITED).

TAMIA (VRXC8) Buque petrolero de crudo, bandera de Hong Kong; otra bandera: China; año de construcción: 2006; matrícula: OMI 9315642; MMSI: 477186300 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: SINO MARINE SERVICES LIMITED).

WHITE CRANE (HOA6213) Buque petrolero de crudo, bandera de Panamá; año de construcción: 2007; matrícula: OMI 9323429. MMSI 352003199 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: MYRA MARINE LIMITED).

Con información del Departamento de Estado

El ministro de relaciones Exteriores, Yván Gil, hizo un llamado en las Naciones Unidas a que se ponga fin a las sanciones contra Venezuela y Cuba.

Desde Caracas y por videollamada, Gil intervino en la sesión de la ONU, con motivo de la conmemoración, por primera vez, del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, establecido por la ONU en junio. 

“Este día nos convoca a alzar la voz contra este crimen que afecta a nuestros pueblos y exigir el cese inmediato de medidas coercitivas impuestas por gobiernos que buscan provocar el colapso económico de naciones soberanas”, dijo el canciller en su intervención.

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“Hoy, en particular, demandamos el fin del inhumano bloqueo a Cuba, que ha sido impuesto por EE. UU. durante más de 60 años con total impunidad, a pesar del creciente rechazo internacional que se manifiesta cada año”, expresó.

Remarcó que “Venezuela también ha sido víctima de estas medidas coercitivas por parte de EE. UU. y Europa, lo que ha tenido un profundo impacto en nuestra población, como lo han corroborado expertos de la ONU”, dijo.

Sin embargo, recordó que “bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, hemos demostrado una notable fortaleza al reconstruir nuestra economía y garantizar la protección social de nuestro pueblo”.

“Marcamos un hito al rechazar de manera unánime estas medidas coercitivas unilaterales, que representan crímenes de lesa humanidad y atentan contra los derechos fundamentales de nuestros pueblos”, manifestó.

El Gobierno chino instó este viernes a Estados Unidos a «levantar sus sanciones unilaterales ilegales», en referencia a la reciente designación por parte de Washington del llamado Cártel de los Soles como organización terrorista.

 La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró  en una rueda de prensa que su país «siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales sin fundamento en el derecho internacional ni autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas».

 Mao aseveró que Pekín «se opone a cualquier injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto».

«Pedimos a Estados Unidos que levante sus sanciones unilaterales ilegales y haga más para promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe», agregó la portavoz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes como terrorista a una organización que llama Cártel de los Soles y que vincula con el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

Washington vincula a la organización a la cúpula del Ejército y al Gobierno venezolano, como un grupo terrorista extranjero (FTO).

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Aunque las autoridades estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de este grupo integrado por militares venezolanos —cuyo nombre provendría supuestamente de las insignias en forma de soles que lucen los generales—, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump.

Es entonces cuando el Departamento de Justicia reconoce formalmente la existencia del cartel y señala al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su ministro de Interior, Diosdado Cabello, como sus líderes, una acusación que el Ejecutivo de Trump reiteró en julio pasado.

La designación se produjo mientras la Casa Blanca mantiene un despliegue militar en el Caribe que, afirma, busca combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica, pero que Caracas denuncia como una «amenaza» y un intento de propiciar un cambio de régimen en el país suramericano.

En las últimas semanas, China ha condenado lo que describe como «injerencias en los asuntos internos de Venezuela» y ha declarado su oposición a «cualquier intento de socavar la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe».

Con información de  EFE

Las sanciones económicas contra el presidente colombiano Gustavo Petro y sus allegados debido a la crisis diplomática con Estados Unidos son "negociables", dijo el abogado del mandatario en entrevista con la AFP .

Después de una guerra de palabras de un lado y de otro, el presidente estadounidense Donald Trump decidió incluir a Petro, su esposa, un hijo y al ministro de Interior colombiano en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) con fuertes sanciones económicas.

La medida bloquea sus bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense o con capital de ese país bajo el argumento de que Petro no hace suficiente para frenar el narcotráfico.

Según el abogado estadounidense Daniel Kovalik, los sancionados "ya tienen congeladas" las tarjetas de crédito y sus cuentas bancarias, con dificultades incluso para acceder a su salario como funcionarios públicos.

En los últimos días, una empresa de combustible asociada a Estados Unidos se negó a repostar el avión presidencial en España.

"La mayoría de las veces un caso así se resuelve mediante negociaciones o diplomacia (...) todo es negociable", dijo en inglés Kovalik, también defensor de derechos humanos.

Kovalik planea recurrir a los tribunales estadounidenses y ante el Departamento del Tesoro, encargado de las sanciones, para presentar pruebas de que las acusaciones de Trump son falsas.

Ambos procesos serán "largos y lentos", agregó el letrado en videollamada desde la ciudad estadounidense de Pittsburgh.

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Confía en ganar

El abogado confía en que ganarán este caso porque Petro "es inocente" de las acusaciones de Trump, que lo llamó "líder narcotraficante" sin pruebas. Kovalik también defiende a su esposa, Verónica Alcocer.

El también profesor y activista dice que a Petro "lo están castigando" por sus posturas contrarias a Washington: el rechazo a los mortíferos ataques estadounidenses en el Caribe y Pacífico, su defensa de los palestinos y su oposición a una posible intervención en Venezuela.

Trump tiene total potestad para decidir a quién incluye o excluye de la lista. De no llegar a un acuerdo, Petro seguirá allí después de su mandato y del de Trump.

Además, cualquier empresa internacional o gobierno que colabore con Petro se expone a sanciones, según el abogado, quien advirtió que no cobrará por sus servicios.

Petro está "preocupado" y planean pedir una exención de la sanción para los gastos relacionados con su hija menor.

Abogado y presidente se conocieron en los 2000, uno de los momentos más sangrientos del conflicto colombiano, cuando ambos denunciaban la connivencia entre el Ejército colombiano y los escuadrones paramilitares. "Eso nos unió".

El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró el miércoles su exasperación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, por la falta de avances para poner fin a la guerra en Ucrania y anunció nuevas sanciones contra Moscú.

La Unión Europea (UE) también presentó una nueva ola de sanciones para presionar a Rusia a poner fin a su implacable invasión de tres años y medio a su vecino.

Trump postergó la imposición de sanciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó tras el fracaso de los planes para una nueva cumbre con Putin en Budapest.

Ante la falta de progresos para detener el conflicto, este miércoles anunció sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

"Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado", dijo ante periodistas en el Despacho Oval.

Sin embargo, se mostró esperanzado de que las medidas ayuden a cerrar el conflicto en Ucrania: "Estas son sanciones enormes (...) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva".

Washington dará a conocer el jueves "un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia", dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado.

Casi al tiempo, un portavoz de la presidencia de la UE informó que el bloque había acordado imponer un nuevo paquete de medidas, el decimonoveno desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, destinadas a cortar la financiación de Moscú proveniente del petróleo y el gas.

"La paz solo puede lograrse mediante la fuerza y ejerciendo la máxima presión sobre el agresor utilizando todos los instrumentos internacionales disponibles", declaró la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Olga Stefanishina.

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Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, al tiempo que prohíben a todas las empresas estadounidenses realizar negocios con los dos gigantes petroleros rusos.

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin", dijo Bessent en un comunicado.

El secretario dijo más tarde al programa Kudlow de Fox Business que era "una de las mayores sanciones" que Estados Unidos ha impuesto contra Rusia.

"El presidente Putin no fue ni honesto ni sincero cuando acudió a la mesa" de negociaciones, dijo Bessent, y agregó que Trump estaba "decepcionado con la situación actual de estas conversaciones".

Trump había anunciado el martes que aplazaba un encuentro con el líder ruso en Budapest porque no quería una reunión "desperdiciada".

Sin embargo, el Kremlin aseguró el miércoles que ambas partes siguen con los preparativos de esta cumbre. "Nadie quiere perder el tiempo, ni el presidente Trump ni el presidente Putin", dijo el portavoz del Kremlin.

Más tarde, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo: "Todavía nos gustaría reunirnos con los rusos", sobre Ucrania. "Siempre estaremos interesados en involucrarnos si hay una oportunidad de lograr la paz".

Como parte de las nuevas medidas de la UE, el bloque de 27 naciones adelantó que prohibirá la importación de gas natural licuado desde Rusia a partir de principios de 2027.

También incluyó en la lista negra a más de 100 buques de la llamada "flota fantasma" de antiguos barcos petroleros.

Más allá de los esfuerzos por cortar los ingresos de Moscú, la UE también restringirá los viajes de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.

Se espera que los 27 países adopten el paquete de sanciones el jueves, cuando está previsto que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participe en una reunión de los líderes de la UE en Bruselas.

Con información de AFP

Irán calificó este domingo de "injustificable" el restablecimiento de las sanciones de la ONU por su programa nuclear, después del fracaso de las negociaciones con las potencias occidentales, y llamó a los demás países a no aplicarlas.

Las medidas incluyen un embargo de armas y un congelamiento de activos y actividades bancarias de empresas y particulares vinculados a los programas nuclear y balístico de Irán.

La ONU llama a todos los países miembros a aplicar estas medidas, recogidas en resoluciones previas. Pero la implementación práctica depende de cada país, y no está claro cómo reaccionará China, que compra importantes cantidades de petróleo iraní.

Rusia ya avisó de que no aplicará estas sanciones que, al igual que China, considera ilegales. El viernes, ambas potencias intentaron in extremis retrasar el plazo, sin éxito.

Las restricciones, que volvieron a entrar en vigor el domingo a las 00H00 GMT, obedecen a una cláusula del acuerdo internacional de 2015 para acotar el programa nuclear iraní a fines civiles.

Irán sostiene que sus actividades nucleares no tienen un objetivo militar y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que la reactivación de las sanciones carece de sustento legal y es "injustificable".

Estas sanciones son un duro golpe para la economía iraní, y este domingo la moneda local, el rial, se hundió a un mínimo sin precedentes frente al dólar, según varios sitios web de divisas.

Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de países denominado E3, activaron en agosto este mecanismo denominado "snapback", para restablecer en un plazo de 30 días las sanciones.

La triada europea E3 considera que Teherán no hizo "gestos concretos" para explicar la naturaleza de su programa nuclear.

También habían puesto como condición para evitar las sanciones reanudar las negociaciones con Estados Unidos, dar acceso a los inspectores de la agencia de ONU a instalaciones nucleares e iniciar un proceso para garantizar la seguridad de las reservas de uranio enriquecido.

El programa nuclear iraní crispa desde hace tiempo las relaciones de Teherán con las potencias occidentales, que junto a Israel, acusan a la República Islámica de querer desarrollar armas atómicas.

En junio, durante un conflicto de 12 días, el ejército israelí atacó numerosos objetivos vinculados al programa nuclear y balístico de Irán, una campaña a la que se sumó Estados Unidos, bombardeando el 22 de junio las centrales de Fordo, Natanz e Isfahán.

Esta ofensiva israelí desbarató las negociaciones indirectas que estaban en curso entre Irán y Estados Unidos.

Israel declaró este domingo que el restablecimiento de las sanciones es "un avance importante en respuesta a las continuas violaciones de Irán".

"El objetivo es claro: impedir que Irán se dote de armas nucleares", agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

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- "Inaceptable" -

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo el sábado que "la diplomacia sigue siendo una opción".

Y este domingo, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, insistió en que si bien el bloque de los 27 aplicará las sanciones, esto no implica "el fin de la diplomacia con Irán".

Antes del plazo límite, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, explicó que Estados Unidos le había pedido renunciar a todo su uranio enriquecido a cambio de una moratoria, algo que calificó de totalmente inaceptable".

Por su parte el canciller ruso, Serguéi Lavrov, lamentó esta semana en la ONU "la política de Occidente de sabotear la búsqueda de soluciones constructivas".

Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Rusia y China firmaron en 2015 un acuerdo con Teherán que preveía la supervisión de sus actividades nucleares a cambio del levantamiento progresivo y condicionado de las sanciones.

Estados Unidos, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, se retiró unilateralmente del pacto en 2018 y restableció sus sanciones.

Entonces, Irán comenzó a desligarse progresivamente de sus compromisos, especialmente el respeto de las cotas de enriquecimiento de uranio establecido en 3,67%.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirma que Irán es el único país sin armas nucleares que enriquece uranio a un nivel elevado (60%), cercano al umbral técnico del 90% necesario para fabricar una bomba atómica.

Con información de AFP

 En medio de una avalancha de críticas y una crisis económica galopante, el Gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido una campaña mediática y de movilizaciones, la cual mueve millones de dólares.

Además del gasto millonario, también destaca la falta de transparencia y de rendición de cuentas, puesto que se trata de recursos del Estado.

Y gran pregunta es ¿Hay dinero para esta campaña, en medio de las sanciones?

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"Estados Unidos podría levantar las sanciones contra Venezuela, porque el mundo le está diciendo que ha sido un error bloquear el petróleo venezolano".

Así lo aseguró este viernes, el director de la asociación Latinoamericana de petróleo en Texas, Alejandro Terán, en una entrevista con Globovisión.

“Yo veo cada día más cerca esa posibilidad, y no porque el presidente (Donald) Trump este cambiado su política, sino porque está sintiendo la necesidad, y la gente a veces cambia su esquema por sus necesidades”, argumentó.

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Ratificó que Trump podría revertir las sanciones, porque “el mundo le está diciendo el error que ha sido el bloqueo a las costas y al petróleo venezolano”.

El experto también aseveró que la única manera de nivelar el consumo y la producción petrolera del mundo es que Venezuela produzca 6 millones de barriles.

Asimismo, exhortó a tomar acciones para no perder Citgo al ser fundamental para el equilibrio mundial.

Con información de Globovisión

El canciller, Yván Gil, intervino este lunes en 79° Reunión Plenaria de las Naciones Unidas, donde aseveró las sanciones amenazan la vida y el bienestar de los pueblos, entre ellos Venezuela, donde este año se cumple una década desde la imposición de estas medidas contra el país de parte del Gobierno de Estados Unidos.

Gil aseguró que a pesar de estas medidas, Venezuela no se va a doblegar, sino que, por el contrario, ha salido adelante y su economía está en crecimiento.

Las medidas de este tipo “impiden o interrumpen, entre otras cosas, el acceso a los servicios de atención sanitaria, el acceso y la adquisición de medicamentos, de suministros médicos, de equipos y servicios, así como el desarrollo, la compra y el suministro de vacunas”, dijo el funcionario.

Recalcó que estas acciones impulsadas desde países que se dicen defensores de los derechos humanos, “obstaculizan la cooperación internacional y limitan la capacidad de los Estados afectados para acceder y adquirir inversiones y tecnologías extranjeras”.

De igual forma, manifestó que esta agresión limita la adquisición por parte de los pueblos de los «bienes y servicios necesarios para abordar, entre otros, los problemas en materia de gestión y acción climática».

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?️ SE SOLIDARIZA CON CUBADurante la 79° Reunión Plenaria de la ONU, el canciller venezolano, Yván Gil, pidió el fin inmediato del bloqueo a Cuba y exigió al Gobierno de EE.UU. su exclusión de la “arbitraria lista” de países que patrocinan el terrorismo. pic.twitter.com/9f6djVi7pe

En el caso de Venezuela, el canciller remarcó que son más de mil sanciones impuestas a Venezuela no solo por parte de EE.UU., sino por «los países satélites de Europa. Estas medidas han generado dolor y sufrimiento a más de 30 millones de venezolanos, además de pérdidas económicas que, hasta el año 2022, superan los 642 mil millones de dólares», denunció.

«El objetivo de todas estas acciones, al margen de la ley, es imponer a la fuerza un cambio de gobierno en Venezuela. Pero afortunadamente ha fracasado y seguirá fracasando», enfatizó.

Sin embargo, aseguró que «a pesar de los constantes ataques, asedios, la guerra jurídica y económica que hemos enfrentado, Venezuela se posiciona como uno de los países con una economía en resurgimiento en Latinoamérica. Este avance es resultado directo de las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro».

Remarcó que, «con esfuerzo propio, Venezuela ha resistido y superado las peores etapas del cerco económico y comercial promovido por las sanciones. La política consistente de Venezuela está enfocada en proteger la inversión social».

Hizo un llamado a la comunidad internacional a «no respaldar la implementación de medidas coercitivas unilaterales contra los países soberanos»

“Nuestro llamado es a que se abstengan de reconocer, aplicar, prestar ayuda o asistencia, o de realizar cualquier otro tipo de acto que pueda facilitar la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales”, dijo.

Aprovechó para denunciar que los nuevos aranceles promovidos a nivel internacional, especialmente por Estados Unidos, «no responden a fines comerciales legítimos, sino que constituyen herramientas de presión política».

«En la actualidad, más de 30 naciones al rededor del mundo que pertenecen a esta organización son objeto de medidas coercitivas unilaterales que afectan a la vida cotidianidad de más de un tercio de la humanidad», manifestó.

El canciller, Yván Gil, destacó que la adhesión de Venezuela a la Organización Internacional para la Mediación (OIMed) se debe a que esta iniciativa parte de la defensa de la autodeterminación de los pueblos y de la diplomacia de paz en la resolución de los conflictos.

De igual forma, celebró la iniciativa de China en la creación de la Organización Internacional de Mediación, un organismo intergubernamental conformado por más de 40 países, que incluye a Venezuela como miembro fundador.

Esta organización, basada en el beneficio mutuo, busca rescatar los valores de la Carta de las Naciones Unidas y los principios de la Corte Internacional de Justicia.

Pero, ¿se trata de diplomacia o de una estrategia para esquivar las sanciones?

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Alrededor de 400 representantes de alto nivel de 85 países asistieron este 30 de mayo a la Convención sobre el Establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación (OIMed), instancia internacional donde estuvo presente el embajador de Venezuela en China, Remigio Ceballos Ichaso, quien lideró la delegación venezolana, en la ciudad de Hong Kong.