En caso de existir una convocatoria a elecciones presidenciales “libres y justas” gobierno de EE.UU, estaría dispuesto a aliviar las sanciones contra Venezuela, y una muestra de ello lo constituye que funcionarios de la administración Biden estarían trabajando un documento.

La información citada por medios digitales, cuya fuente es Reuters, indica que funcionarios del Gobierno federal en Washington DC “anunciaron que trabajan en un borrador de propuesta para aliviar las sanciones impuestas contra Venezuela”, en caso de elecciones libres y justas, tal como lo ha mantenido la administración de Biden.

El alivio de las sanciones vendría, según Reuters, por la vía de permitir que más empresas puedan comprar petróleo venezolano.

En declaraciones atribuidas a un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, «Si Venezuela toma medidas concretas para restaurar la democracia, que conduzcan a elecciones libres y justas, estamos preparados para aliviar las sanciones correspondientes».

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Como se recordará, las sanciones aplicadas por EE.UU. tienen especial énfasis en la industria petrolera, que representan el grueso de los ingresos de las exportaciones de Venezuela.

Mientras que de Gobierno venezolano cuenta con la ayuda de Rusia y China para colocar barriles en el exterior.

La administración Biden, permitió el año pasado que Chevron regresara a Venezuela, como parte de una estrategia de EE.UU. de proveerse petróleo por los problemas de suministro internacional, por las sanciones occidentales contra Rusia.

Elliott Abrams trabajó a las órdenes de Ronald Reagan, George W. Bush y Donald Trump y tiene en su historial una larga lista de operaciones consideradas estratégicas por Estados Unidos con denuncias, condenas y hasta un indulto. Sin embargo, los años pasan y Abrams siempre es requerido para una nueva misión.

Si alguno de sus detractores llegó a pensar que la derrota de Trump en las elecciones de 2020 lo había dejado al margen de la política, Joe Biden acaba de desmentirlo.

Hace dos semanas, con la mayor discreción posible, el presidente demócrata postuló al republicano Abrams para que integre la comisión asesora bipartidista sobre Diplomacia Pública en el Congreso, un área clave que tiene cuatro lugares vacantes.

El nombramiento del halcón que fue condenado en Estados Unidos por la operación Irán-Contras ingresó en un trámite que, según los especialistas, puede tardar entre tres y cuatro meses en el Senado. Pero ya le devolvió una centralidad importante al ex representante especial para Venezuela que designaron Trump y su ex secretario de Estado Mike Pompeo. Ahora, con 75 años, su voz vuelve a oírse con más fuerza.

Abrams acaba de encender sus alarmas por la inhabilitación para ejercer cargos públicos que ordenó en Venezuela Nicolás Maduro para la candidata antichavista María Corina Machado. El pronóstico de que Maduro no permitirá elecciones libres el año próximo llevó al ex funcionario estadounidense a sentenciar que «la política de Biden en Venezuela está muerta».

Desde Londres, Abrams atendió a La Política Online y aceptó responder una serie de preguntas sobre el tema.

-Machado fue inhabilitada para competir y usted escribió un artículo en el que afirma que Maduro no va a permitir elecciones libres. ¿Por qué considera que Machado es mejor o distinta a Henrique Capriles o Juan Guaidó, los candidatos que antes enfrentaron al chavismo?

-Machado fue declarada «inhabilitada» porque lideraba las encuestas, y esa medida del régimen de Maduro fue otra señal importante de que no permitirá unas elecciones libres. Nunca he manifestado una preferencia a favor o en contra de ella, Capriles o Guaidó, y como extranjero en Venezuela sería inapropiado hacerlo.

-¿Qué representaría para Estados Unidos y el Partido Republicano una victoria de Machado en Venezuela?

-La victoria de cualquier candidato democrático sería una gran victoria para el pueblo de Venezuela y para todas las personas que desean ver allí la democracia y el respeto a los derechos humanos. Estados Unidos y el Partido Republicano no tienen un solo candidato que apoyemos. Lamentablemente, hay muchas razones para anticipar que Maduro impedirá tanto las primarias como una elección libre de cualquier tipo.

-Dijo que la política de Biden en Venezuela «está muerta» y que el presidente alteró la política dura y bipartidista que había heredado en relación a Maduro. ¿Qué responsabilidad tiene el Partido Republicano en el giro que usted advirtió?

-El Partido Republicano no es responsable de la política de Biden. Bajo Trump, no hubo relajación de las sanciones petroleras, ni acuerdos con Chevron, ni visitas de Juan González – director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional- a Caracas, ni abandono de la oposición democrática.

-Afirma que lo primero que hizo Biden fue permitirle a Chevron y a las compañías petroleras estadounidenses extraer petróleo de Venezuela. ¿Considera que Biden y Chevron tienen una alianza económica que define la política demócrata en Venezuela?

-Esto es muy llamativo. Durante décadas, el Partido Demócrata fue el partido alineado con los trabajadores, y los Republicanos fueron el partido de los negocios. Pero la administración republicana rechazó todas las propuestas de Chevron, mientras que los demócratas le dieron lo que querían. ¿Por qué? Usted tendría que preguntarle a la Casa Blanca. Pero parece que la migración fue la explicación: la opinión de que cierta relajación de las sanciones mejoraría la economía venezolana y desaceleraría la migración a los EE.UU.

Aunque Trump aparece como muy claro favorito en las filas republicanas camino a los comicios presidenciales, Abrams afirma que todavía no ha decidido apoyar a ningún de los candidatos de su partido que se anotaron para desafiar a Biden.

Sin embargo, advierte que todos los republicanos que manifestaron su aspiración de llegar a la Casa Blanca adoptaron una línea dura contra el régimen de Maduro y critican la relajación de las sanciones. «Sigo apoyando una política exterior internacionalista en la que Estados Unidos actúe para proteger sus intereses nacionales, sus aliados y la causa de la democracia en el mundo», dice.

Con información La Política Online

El diario The New York Times (NYT) hizo un llamado en su editorial al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a ser más claro y específico sobre las sanciones que se levantarían en Venezuela, especialmente las relacionadas con la empresa estatal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

El editorial destacó que desde que Biden asumió el cargo, ha tomado medidas para modificar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, agregando objetivos específicos y alcanzables.

La administración levantó algunas sanciones petroleras al permitir que Chevron realice trabajos limitados en el país, en respuesta al aumento de los precios del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania, reseña el portal La Patilla.

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Sin embargo, el NYT señaló que la administración de Biden ha prometido un alivio adicional de las sanciones si Nicolás Maduro toma medidas para celebrar elecciones libres y justas el próximo año.

El editorial resaltó que Maduro no ha cumplido hasta ahora, mencionando la prohibición de que otra figura destacada de la oposición ocupe un cargo el 30 de junio.

Aun así, el diario considera que esta política más modesta, que apoya un retorno gradual a la democracia en lugar de un cambio de régimen abrupto, es un enfoque más efectivo.

El NYT instó al Gobierno de Biden a ser más explícito sobre qué sanciones en Venezuela se levantarían y cuándo, especialmente las relacionadas con la empresa petrolera estatal. Consideran que esto haría que las promesas estadounidenses sean más creíbles.

Además, el diario enfatizó que la administración Biden puede hacer mucho más para mostrar que Estados Unidos está cambiando su política de sanciones para hacerla más humana.

Sugirieron que el primer paso sería seguir las recomendaciones de la revisión de 2021 y tener en cuenta formalmente el costo humanitario de cualquier sanción antes de imponerla. El editorial concluyó resaltando la importancia de realizar revisiones sistemáticas de las sanciones existentes y asegurarse de que puedan revertirse si es necesario

La administración de Joe Biden otorgó una licencia a Trinidad y Tobago para desarrollar un campo de gas ubicado en aguas territoriales venezolanas.

La información se conoció a través de la agencia Reuters que cita como fuentes a funcionarios de Estados Unidos y Trinidad.

«Esta licencia marca una mayor relajación de algunas sanciones contra Venezuela», destaca la nota.

La licencia, emitida por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a pedido de Trinidad y con el objetivo de mejorar la seguridad energética regional del Caribe, significa que la nación insular puede hacer negocios con Pdvsa relacionados con el campo de gas Dragón.

El primer ministro Keith Rowley, hablando en una conferencia de prensa en Puerto España, dijo que Trinidad espera obtener acceso a 350 millones de pies cúbicos de gas por día del campo Dragon.

Agregó que solicitó la licencia a mediados de 2022 y obtuvo la aprobación después de discutirla con altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, y al mismo tiempo mantuvo abierto un canal de comunicación con Nicolás Maduro.

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Un alto funcionario estadounidense, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, dijo que «al régimen de Maduro no se le permitirá recibir ningún pago en efectivo de este proyecto» y que todas las sanciones estadounidenses restantes se mantendrán sin cambios y se aplicarán.

La decisión fue el resultado de una amplia diplomacia entre la vicepresidenta Kamala Harris y los líderes del Caribe en un esfuerzo por garantizar la seguridad energética regional y reducir la dependencia de los recursos de otras naciones, incluida Rusia, dijo el funcionario.

PDVSA ha encontrado reservas de 4,2 billones de pies cúbicos (TCF) en Dragón, en el lado venezolano de su frontera marítima con Trinidad. El proyecto se dirigía a la producción hace más de una década, pero se estancó por la falta de capital y socios, así como por las sanciones.

Bajo las sanciones de EE. UU., las empresas y los gobiernos deben obtener autorización del Departamento del Tesoro de EE. UU. para hacer negocios con PDVSA. La administración de Biden ha otorgado solo unas pocas licencias de este tipo desde que asumió el cargo en enero de 2021, en su mayoría de manera muy restringida.

La licencia sigue a una ronda de negociaciones en noviembre entre Maduro y la oposición, con el objetivo de encontrar un camino hacia nuevas elecciones.

Uno de los objetivos clave de Washington parecía ser una respuesta a los socios estadounidenses en el Caribe que pidieron ayuda para hacer frente a los altos precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.

«El vicepresidente le transmitió al primer ministro que el Departamento del Tesoro tomaría medidas para ayudar a satisfacer las necesidades energéticas a largo plazo de la región», dijo un comunicado de la oficina de Harris, refiriéndose a una llamada con Rowley el martes.

La licencia permitirá a PDVSA, Shell (SHEL.L) y Trinidad planificar y desarrollar en conjunto un proyecto de exportación de gas luego de acordar los detalles pendientes en los próximos días. Una parte del gas resultante debe exportarse a Jamaica y República Dominicana, según los términos de la licencia de dos años, dijo Rowley.

Trinidad es el mayor exportador de gas natural licuado (GNL) de América Latina, con una capacidad instalada para procesar 4200 millones de pies cúbicos por día (bcfd) en GNL, petroquímicos y energía. Pero su producción de gas está justo por debajo de los 3 bcfd.

Incluso con la concesión de Washington a la solicitud de Trinidad, podría llevar años de inversión y esfuerzo llevar el gas venezolano a Trinidad e impulsar las exportaciones de GNL, dicen los expertos.

Además, sin pagos autorizados a Venezuela, podría ser difícil para Trinidad llegar a un acuerdo con Caracas.

Se espera que PDVSA, con problemas de liquidez, opere el proyecto Dragon en el lado de Venezuela.

La autorización de EE. UU. podría abrir la puerta para avanzar con otro proyecto de gas con Trinidad, en los campos Loran-Manatee.

En noviembre, Estados Unidos emitió una licencia de seis meses a Chevron (CVX.N), autorizándola a expandir sus operaciones en Venezuela y llevar petróleo a Estados Unidos.

La licencia de Chevron fue uno de los primeros pasos significativos de Washington para aliviar las sanciones como un incentivo para que Caracas trabaje con los líderes de la oposición.

Otras multinacionales del petróleo esperan que les ocurra lo que ha pasado con Chevron en Venezuela: que les extiendan sus licencias, como parte del relajamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos.

A Chevron «le seguirán otras (empresas), producto, precisamente, de una crisis energética», pronosticó el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría.

Esa expectativa, según la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), también recorre los pasillos de empresas como la española Repsol y la italiana Eni.

Las empresas esperan «contar con el visto bueno» y que «se les flexibilice la regulación o la restricción con la que están operando» para poder «reimpulsar» sus operaciones en la nación con las mayores reservas de crudo del mundo, reseñó la agencia Efe.

La producción venezolana de crudo, que cerró noviembre en 693.000 bpd, no supera el millón de barriles desde junio de 2019, de acuerdo con informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro espera que las otras empresas y Chevron puedan incrementar esa producción, «ante la necesidad que tienen Estados Unidos y Europa tras su veto al petróleo ruso por la guerra en Ucrania.

«Tenemos la expectativa de que haya un pronunciamiento que permita que las empresas operadoras europeas puedan acercarse también y reactivar, de una manera más amplia, sus operaciones en Venezuela, incluyendo, por supuesto, lo que tiene que ver con la comercialización de productos», dijo el ingeniero Enrique Novoa, presidente de la CPV.

El pasado 26 de noviembre Chevron recibió el visto bueno para retomar la producción y extracción de petróleo o derivados procedentes de las empresas conjuntas con Pdvsa, como resultado de la reanudación del diálogo entre el oficialismo y la oposición. Esto, según expertos, aumentará la producción en unos 125.000 bpd.

En este sentido, Estados Unidos debe «indicar o establecer algún tipo de autorización o de consentimiento para que las empresas europeas puedan también incorporarse», agregó.

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Víctor Álvarez, economista coincide con Novoa al señalar que, una vez aprobada la licencia a Chevron, «es de esperar que se corrija la sobreaplicación de las sanciones para que otras empresas petroleras que operan en el país, tales como Repsol y ENI, retomen sus operaciones».

El experto recordó que los socios privados de Pdvsa, que se «inhibieron de continuar operando» por las sanciones, ahora «pedirán un trato igualitario: o hay licencia para todos o no hay licencias para nadie».

Repsol tiene participación en la Faja Petrolífera del Orinoco y en una empresa del estado Zulia (oeste), mientras que Eni posee 40 % de las acciones de otras dos empresa mixtas.

El anuncio del alivio de las sanciones petroleras a Venezuela y sus consecuencia es bastante tímido, en primero lugar porque no se conocen, aún, los detalles de la medida asumida por la administración de Joe Biden.

Según el director de Datanálisis, Luis Vicente León, en entrevista para Impacto Venezuela, habría que esperar, precisamente, por esos detalles que todavía no han sido revelados por Estados Unidos.

Pero lo que sí de desprende de la decisión, es que se empujó a la administración de Nicolás Maduro a reanudar el diálogo.

«Hay que esperar los anuncios del gobierno estadounidense para, realmente, entender el alcance global de la decisión», ratificó.

Pero, en términos generales, cree que «el gobierno de Joe Biden ha colocado un primer elemento de flexibilización mu tímido que simplemente está invitando a Maduro para que regrese a la mesa de diálogo en México».

Aclaró que»no hay, en efecto, una flexibilización concreta de licencias ni de capacidad de producción, por ahora. Lo que hay es un derecho o un permiso para que la empresa Chevron y probablemente las europeas, comiencen un proceso de negociación de licencias de producción y exportación, con el gobierno de Maduro, lo que está prohibido por la OFAC, sobre todo en el caso de las americanas», indicó.

No obstante, esas «nuevas licencias», asegura León, «requieren un segundo y tercer paso que se puede dar luego de negociar propiamente las licencias».

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Para el director de Datanálisis, lo que hay detrás de esta medida de Biden es «lograr que se reanude el proceso de México», como «producto de la negociación» Maduro-oposición.

No obstante, agrega que en este caso, «la oposición también tendrá exigencias de carácter político y social».

Entonces, «es un inicio positivo de una alternativa de negociación que trata de mover al gobierno venezolano que ha estado reacio a regresar a México, a que se siente en la mesa, a continuar el debate», dijo.

Según sus palabras, «la zanahoria más importante, aparte de comenzar los proceso de negociación petrolera, tiene que ver con la liberación de sanciones personales».

En este sentido, León mencionó el caso de Erick Malpica Flores. «Ese anuncio de liberar de las sanciones a Malpica Flores, que es un personaje muy importante dentro del gobierno y que además forma parte de la familia presidencial es un mensaje que se quiere enviar».

Sostiene que se trata de «un mensaje de que es posible, en México, a cambio de elementos democrático, de incluso ir a la flexibilización de sanciones personales. Es un elemento de interés para motivar lo que se coloca sobre la mesa».

Sin embargo, Luis Vicente León, también enfatiza es que es «muy temprano para medir el impacto de la medida en la economía y en la sociedad, porque falta pasar a la fase más dura que es la fase propia de negociación en México. Es una buena noticia, pero hay que verla con prudencia».

El presidente Iván Duque se pronunció hoy sobre el anuncio de Estados Unidos de flexibilizar algunas sanciones impuestas a Venezuela, con el objetivo de promover el diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición.

El mandatario colombiano aseguró que el regreso de los diálogos entre el oficialismo y la oposición venezolana, que se han adelantado en México, representa un “triunfo de la resistencia democrática venezolana y, además, es un triunfo del cerco diplomático”.

En ese sentido, el mandatario colombiano aseguró que Maduro no logró su cometido de que se libere a Álex Saab, a pesar de que hizo que el gobierno de Joe Biden flexibilizara las sanciones económicas impuestas.

“Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que liberaran a Saab, y no se lo liberaron; él está extraditado y seguirá procesado. Además, lo llevó la presión internacional (a Maduro) a tener que volverse a sentar con la resistencia democrática para buscar el regreso de la democracia a ese país”, apuntó.

Además, Duque aseguró que la disposición de su homólogo venezolano para dialogar con la oposición representa un triunfo para los Estados Unidos ya que, según él, Maduro está cediendo ante la necesidad de recuperar la economía de su país.

“Hay un triunfo de la presión diplomática de Estados Unidos, por la que prácticamente le toca reconocer todos los ultrajes que se cometieron en el pasado a empresas petroleras de ese país y se tiene que retomar también un encadenamiento de producción”, señaló el presidente.

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En su pronunciamiento volvió a tildar al «régimen venezolano como una dictadura e insistió en que es necesario mantener el “cerco diplomático” que intentó impulsar durante su gobierno, que está al terminar».

“46 % de los venezolanos quiere que se levanten las sanciones, 42 % quiere que se mantengan las sanciones a funcionarios públicos y 52 % quiere que se levanten las sanciones petroleras”.

La afirmación la hizo Oswaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores, en entrevista con Unión Radio.

“Esto demuestra que la mayoría de los venezolanos están de acuerdo con levantar sanciones petroleras, pero mantenerlas a funcionarios”, ratificó, en relación con la polémica que ha dividido a la opinión pública.

El experto destacó que “los venezolanos trazan una diferencia clara entre las sanciones personales y las que afectan a la economía”.

En este sentido, dijo que también se entiende que en un eventual proceso de negociación, es necesario considerar que cada parte tiene que estar dispuesto a dar algo a cambio.“Puedes estar pensando en un proceso de negociación que no puedes dar a priori una flexibilización de sanciones sin una contraprestación”, añadió.

Aprovechó para adelantar que “hay una intención, tanto de la oposición como del Gobierno, de ir a una mesa de negociación”.

Por ello, cree que “no es mera casualidad que EE.UU. haya dicho esta semana que todo pasa por retomar la negociación, tal como quedó en México”.

“EE.UU. gana, en un proceso de negociación en el que Maduro ceda, el sentir que se corta parcialmente ese vínculo hacia Rusia”, acotó.

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Entre tanto, Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, sostiene que “las sanciones son la única arma que tiene la oposición en una mesa de negociación”.Agregó que “el oficialismo necesita mayor margen de maniobra para hacer gestiones y eso buscan en una mesa de negociación”.

Los expertos también evaluaron un proceso de primarias para la oposición, con la mirada puesta en las presidenciales del 2024.

Ramírez Colina insistió en que “unas primarias en estos momentos son inútiles porque no se sabe cuál será el panorama en ese año”.

Dice que lo primero que debe hacer la oposición es volverse visible nuevamente ante los venezolanos.

“Ahora, la oposición necesita reconectar con la población y reconstruir su tejido social, 51% del país dice que no está con ningún bando”, aseguró.

De hecho, la encuestadora Datanálisis también coincide con ORC Consultores y Delphos, en el sentido de que, incluso, mas de 60% de los venezolanos cree que las sanciones han empeorado la crisis.

Dentro de poco están por cumplirse 5 años de las primeras sanciones aplicadas contra Venezuela, por parte de Estados Unidos. Las mismas han dividido a empresarios y sectores opositores. Unos piden que se levanten y otros que se mantengan.

Pero ¿Qué ha cambiado en el país? Su principal propósito era sacar a Nicolás Maduro del poder. No obstante, él sigue «atornillado» y la situación económica del país no ha cambiado, salvo por algunas excepciones.

La polarización sobre este tema es tal que, recientemente, dos grupos de venezolanos enviaron sendas cartas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Unos pedían levantar las sanciones y los otros, todo lo contrario.

La carta de los 25 pedía a Biden que continuara con «negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana». Las mismas «enfocadas al levantamiento de las sanciones, que no lograron su objetivo de sacar del poder a Nicolás Maduro».

La respuesta la dieron otros 68, quienes criticaron a los primeros y pidieron «reforzar las sanciones para evitar que se perpetúe la tiranía».

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En entrevista con la agencia Efe, el economista Víctor Álvarez explicó que las sanciones aplicadas desde 2017 han hecho «un tremendo daño a la economía y a la sociedad». Esto, por sus efectos no solo a las empresas públicas, sino también a las compañías privadas y organizaciones humanitarias.

«A las empresas privadas les han cerrado cuentas en EE.UU., en los bancos y en el sistema financiero de los EE.UU., han perdido líneas de crédito. Los proveedores, que les vendían materias primas, insumos, repuestos, maquinarias (y) equipos, sencillamente no quieren tener negocios con Venezuela», detalló Álvarez.

Señaló que la «crisis de los servicios» se ha agravado debido a que las empresas públicas de electricidad, agua, gas y de telecomunicaciones también perdieron a sus proveedores.

En su opinión, sería «absurdo» argumentar que las condiciones socioeconómicas han mejorado gracias a unas medidas que fueron aplicadas con el objetivo de «ahogar financieramente al régimen y golpear la economía y la sociedad para que el descontento conduzca a un estallido social que tumbe al Gobierno».

Cinco años después de la imposición de las primeras sanciones -explicó- estas aún «no han cumplido el objetivo» de «derrocar» a Maduro, quien «está más atornillado que nunca», mientras la oposición «luce muy dividida y debilitada».

Las sanciones, consideró, también han dado al Gobierno el «pretexto perfecto para construir toda una narrativa de resistencia épica antiimperialista».

Por otro lado, el economista Omar Zambrano, contrario a Álvarez, consideró que existe «una coincidencia temporal entre la vigencia de las sanciones sectoriales y el renacimiento de la actividad económica venezolana, que venía arrastrando casi ocho años de recesión».

Zambrano dijo a Efe que Venezuela ha visto mejorar, en los últimos tres años, el nivel de su actividad económica, produciendo «unos niveles mayores de bienestar», pese a las medidas coercitivas.

Indicó que los ingresos per cápita en dólares desde 2020 se «han recuperado más del 100 %» y que, a partir de 2017, han crecido «los niveles de importación de medicinas y alimentos por la recuperación del sector privado».

«Pasó lo peor de la crisis, y la economía, los sectores y los indicadores socioeconómicos de Venezuela empiezan a recuperarse en un ambiente donde hay sanciones (…) la crisis se formó sin sanciones y con sanciones estamos saliendo de la crisis», aseguró.

El pasado 25 de abril, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que las «más de 502 medidas coercitivas» han violado «masivamente los DD.HH. del pueblo», aunque la mayoría no afectan a la economía pública, sino que pesan sobre los bienes personales de funcionarios y miembros del chavismo, o sobre su capacidad de movilización.

La funcionaria, quien no aclaró esa diferencia entre unas sanciones y otras, detalló que los ingresos del país pasaron de 52.609 millones de dólares en 2013 a «apenas» 743 millones en 2020, lo que significa una caída del 99 % en siete años.

No obstante, sí hubo pérdidas, ya que a consecuencia de las sanciones, la estatal petrolera Pdvsa se vio obligada a aplicar, según Álvarez, «enormes descuentos» en la venta del crudo que antes colocaba en países sancionadores que dejaron de comprar, como el caso de EE.UU.

Según la firma Ecoanalítica, Pdvsa perdió 4.000 millones de dólares en 2021 en descuentos para negociar su crudo.

Ante esta situación, Álvarez plantea la creación de fondos supervisados internacionalmente en los que se depositen los ingresos adicionales que reciba Venezuela tras un levantamiento de las sanciones, para garantizar que sean destinados a atender la «emergencia humanitaria».

Sin embargo, para Zambrano, «el sector público tiene objetivos distintos a resolver los nudos de la crisis humanitaria», lo que se evidenció, en su opinión, en la «venta del 49 % de la refinería de República Dominicana (Refidomsa), dinero que no necesariamente fue a satisfacer necesidades humanitarias».

Para el excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, la oposición liderada por Juan Guaidó ha sido incapaz de articular un plan que permita recuperar la democracia en Venezuela.

En un video difundido a través de sus redes sociales, el dirigente de Primero Justicia asegura que ese hecho ha despolitizado a la población venezolana, a tal punto que no quiere saber nada de partidos.

“Hoy la oposición probablemente vive el peor momento en todos estos años, producto de perder la brújula”, aseveró.

Capriles habló sobre todo acerca de las sanciones de Estados Unidos y la polémica surgida entre quienes piden que se levanten y los que no.

Dijo que los segundos «deben explicar a los venezolanos cómo salir del círculo vicioso, de este callejón sin salida donde nos metimos”.

Y aprovechó para pedir un «verdadero debate» para hacer «oposición realmente», porque es necesario que los venezolanos vuelvan a creer en la dirigencia.

“Tenemos que volver a que la gente se interese en el tema político, en la recuperación democrática. Hay que hacer un plan, no para el 2024, sino por los próximos 20 años”, enfatizó.

En este sentido, señaló a los sectores extremistas, ambos lados, de no querer el cambio “porque están atornillados en el poder”.

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Por otra parte, defendió el levantamiento de las sanciones a la industria petrolera, para lograr esa recuperación económica que necesita el país.

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“No habrá recuperación económica posible si no se recupera el negocio petrolero”, dijo.

Abogó para que se permita volver a comercializar el petróleo venezolano en occidente, donde hasta ahora está prohibido por las sanciones.

«Retomar los mercados petroleros permitirán al país aumentar sus ingresos, lo que se traduciría en una recuperación de los salarios de los ciudadanos», afirmó.

Capriles planteó que hay personas que se están beneficiando de la venta de petróleo en un “mercado oscuro”.

«A ellos les aterraría que Venezuela volviera a los mercados de occidente. Poder comercializar nuestro principal recurso de manera transparente y que las petroleras, incluyendo Pdvsa, pudieran vender de manera transparente nuestro petróleo. Eso va a permitir recuperar el ingreso y empezar el tema de alimentos, porque el país necesita ingresos para recuperar su aparato productivo», insistió.

Afirmó que en la medida que el país tenga recuperación económica, «en esa misma medida van a regresar nuestros hermanos venezolanos que están afuera».

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Chevron Corp se está preparando para tomar el control operativo de sus empresas conjuntas en Venezuela. Esto, si Washington relaja las sanciones a Caracas para aumentar los suministros de crudo luego de prohibir las importaciones de petróleo de Rusia.

La información la dio a conocer la agencia Reuters, que cita «fuentes familiarizadas con la situación».

La petrolera de EE. UU. ha comenzado a reunir un equipo para comercializar petróleo de Venezuela, dijeron las fuentes. «Si se reciben las aprobaciones de EE. UU., Chevron apunta a expandir su papel en las cuatro empresas conjuntas que comparte con Pdvsa», agregaron.

Chevron solicitó al gobierno de EE. UU. una licencia lo suficientemente amplia como para tener una mayor participación en sus empresas conjuntas en Venezuela. «Se trata de un primer paso para recuperar la producción y las exportaciones de crudo. Además, espera controlar a dónde se envía el petróleo», dijeron los informantes.

Desde 2020, Chevron ha delegado la mayor parte de la toma de decisiones en la estatal Pdvsa.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han dejado en claro que cualquier nueva autorización dependerá de si Nicolás Maduro, toma más medidas políticas. Entre estas medidas estarían liberar a más estadounidenses encarcelados y fijar una fecha firme para reanudar las negociaciones con la oposición.

Las medidas propuestas por Chevron podrían revitalizar la producción y las exportaciones de petróleo de Venezuela. Esto, después de años de inversión insuficiente y las sanciones la redujeron alrededor de 755.000 barriles por día.

Las empresas conjuntas de Chevron con Pdvsa habían producido alrededor de 200.000 bpd antes de las sanciones de Estados Unidos. No obstante, la falta de financiación redujo su producción.

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No se ha fijado una fecha para la emisión de la autorización. Pero Chevron ha comenzado los preparativos para que los empleados obtengan visas venezolanas en Aruba. Se alistan para viajar a Caracas si el Tesoro de EE. UU. alivia las restricciones, dijo Reuters.

La semana pasada, el presidente de EE. UU., Joe Biden, prohibió las importaciones estadounidenses de petróleo ruso.

Chevron tiene como objetivo comenzar a mover el petróleo venezolano a las refinerías tan pronto como el próximo mes. La prohibición estadounidense de la semana pasada sobre las importaciones rusas permite que el petróleo bajo los contratos existentes llegue al país hasta el 22 de abril.

“Desde que Estados Unidos impuso las sanciones en 2019, y Colombia y México redujeron exportaciones clave a ese país, los barriles rusos alimentaban las refinerías del Golfo”, dijo.

Chevron redujo enormemente su presencia en Venezuela después de que Washington endureciera las sanciones contra Venezuela en 2020. Durante años, Chevron y otros socios de riesgo de Pdvsa han solicitado una mayor supervisión operativa.

Estados Unidos está redactando una nueva licencia que permitiría a Chevron asumir un papel más activo en Venezuela, agrega la agencia.

Washington está considerando autorizaciones similares de petróleo por deuda para la española Repsol y la italiana Eni SpA. En conjunto, sus empresas conjuntas en Venezuela les deben miles de millones de dólares.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que el gobierno de EE. UU. “no anticipa acciones de sanciones”. Pero agregó: «Hemos dejado en claro que revisaríamos algunas sanciones si las partes venezolanas logran un progreso en las negociaciones en México hacia una solución democrática.»

Este mes, Washington reinició silenciosamente el compromiso diplomático con Venezuela. La semana pasada, Maduro liberó a dos estadounidenses encarcelados. Sin embargo, Washington insiste en que otros también sean liberados.

El asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, dijo a NBC que cualquier alivio de sanciones para Venezuela debe estar vinculado a «pasos concretos» de Maduro.

Chevron ha sostenido conversaciones paralelas con Pdvsa para ampliar la gobernanza de sus empresas conjuntas. Es probable que cualquier acuerdo sea temporal. Esto, a menos que Venezuela promulgue reformas profundas de su legislación petrolera.

Si bien el presidente de Pdvsa, Asdrúbal Chávez, apoya una función operativa ampliada para Chevron, algunos altos funcionarios se resisten al cambio.

Venezuela tiene alrededor de 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, las más grandes del mundo. Pero no ha podido alcanzar sus objetivos de producción debido a la falta de inversión, el mantenimiento deficiente, la falta de suministros y las sanciones.

La tecnología para ocultar la ubicación de un barco anteriormente solo estaba disponible para los ejércitos del mundo. Ahora, su uso se está extendiendo rápidamente a través de la industria marítima mundial. Esto, pasa, sobre todo, en el caso de los gobiernos de los países aliados de Venezuela, como Irán o China, para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Según reportaje de la agencia AP, se trata de una especie de alianza entre compañías navieras deshonestas y esos gobiernos, para transportar sus productos derivados del petróleo, entre otros.

La agencia destaca como EE.UU. ha acudido a Windward, una empresa de inteligencia marítima cuyos datos los utiliza para investigar las violaciones a las sanciones impuestas a varios países.

Desde enero de 2020, la empresa ha detectado más de 200 embarcaciones involucradas en más de 350 incidentes en los que parecen haber manipulado electrónicamente su ubicación GPS.

“Esto está fuera de control en este momento”, dijo en una entrevista Matan Peled, cofundador de Windward y ex oficial naval israelí. “No está impulsado por países o superpotencias. Son empresas ordinarias que utilizan esta técnica. La escala es asombrosa”, destacó.

Peled dijo que las autoridades estadounidenses han tardado en darse cuenta de la difusión de la tecnología que ha sido parte del arsenal de guerra electrónica durante décadas. Pero, recién ahora está surgiendo en el transporte marítimo comercial. Esto tiene graves implicaciones para la seguridad nacional, ambiental y marítima.

Windward pudo identificar barcos sospechosos utilizando tecnología que detecta huellas digitales que no corresponden a movimientos reales. Esto es algo así como giros cerrados a una velocidad vertiginosa o deriva en forma de círculos de cultivos perfectos.

William Fallon, un almirante retirado y exjefe del Comando del Pacífico de EE. UU., dijo que las autoridades de EE. UU. están conscientes de la amenaza de la manipulación electrónica. Lo toman como un creciente desafío a la seguridad nacional en una «zona gris» que atraviesa las líneas militares, comerciales y económicas tradicionales.

“Cada vez que puedes engañar a alguien para que crea que estás en un lugar donde no estás es preocupante”, dijo Fallon.

“Ilustra hasta qué punto las personas que no tienen escrúpulos están dispuestas a llegar para lograr sus objetivos y la facilidad con la que pueden hacerlo”.

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La reciente implementación de una dura ley de privacidad de datos ha reducido a casi la mitad la cantidad de datos terrestres sobre la actividad marítima en aguas chinas.

Esto dificulta el seguimiento de todo, desde la actividad en los puertos concurridos, clave para las cadenas de suministro globales, hasta los movimientos de los buques distantes más grandes del mundo.

Los investigadores de Global Fishing Watch, han hecho hallazgos similares a los de Windward. Ha identificado 30 barcos cuyas ubicaciones.

Entre los barcos capturados sospechosos de falsificar sus huellas digitales estaba el Tulip, un petrolero con bandera panameña.

Durante casi seis meses el año pasado, transmitió su posición a lo largo de la costa oeste de África. Pero el satélite que debería haber captado los movimientos del barco a menudo estaba a miles de millas de distancia. Esto sugiere que el barco probablemente estaba en Venezuela.

The Associated Press obtuvo documentos internos de Pdvsa que indican que el Tulip cargó 450.000 barriles de fueloil durante los primeros 15 días de septiembre.

Al igual que varios otros de los buques sospechosos, el crudo lo compró una empresa fantasma. Se trata de M and Y Trading Co., registrada en Hong Kong en noviembre de 2020, según los documentos.

El Tulip es propiedad de otra empresa ficticia registrada en Hong Kong, Victory Marine Ltd.

Bjorn Bergman, analista de datos de Global Fishing Watch y Sky Truth, dijo que los intentos de ocultar la posición de un barco se pueden detectar fácilmente.

“Si bien debemos permanecer atentos, los operadores de embarcaciones que elijan manipular sus datos terminarán destacando sus actividades”, dijo.

De las 200 embarcaciones identificadas por Windward con patrones similares de engaño, la gran mayoría no exhibió ninguna otra señal de alerta. Desactivan los sistemas de seguimiento en el barco, falsifican el estado de la bandera de una embarcación o cambian constantemente de propiedad de una empresa ficticia a otra.

Estas prácticas de envío se han convertido en indicaciones claras de una posible participación en la evasión de sanciones. Las mismas se describen como tales en un aviso de 2020 de los departamentos de Estado y del Tesoro de EE. UU. y la Guardia Costera de EE. UU.

Pero el aviso, no menciona el último truco de GPS para ocultar el comercio ilícito de petróleo, mariscos y otros productos. Como resultado, la práctica ha estallado en lo que Windward ha llamado un «gratis para todos» sin un final inmediato a la vista.

“La gran mayoría de estos buques fueron elegidos meticulosamente para estas misiones porque, por lo demás, se comportan bien”, dijo Dror Salzman, gerente de productos de riesgo en Windward.

“Si caminas hacia un banco con un pasamontañas puesto, todos saben lo que estás haciendo. Pero aquí es como si estuvieran trabajando desde adentro con el cajero. Nadie puede verlos».

El hecho de que dos cargamentos de metanol, procedentes de Venezuela, hayan llegado a los puertos de Houston en Estados Unidos, es una señal de que hay una forma de retomar el mercado petrolero en ese país y evadir las sanciones.

Así lo manifestó el economista Francisco Rodríguez. Lo hizo en referencia a la información publicada por la agencia Reuters, acerca de ese arribo, pese a las sanciones de EE.UU. contra las exportaciones petroleras de Venezuela.

Para Rodríguez, lo importante es que ese metanol llegó a EE.UU. a través de una empresa mixta.

«Venezuela exporta productos petroquímicos a EEUU por primera vez desde la imposición de sanciones petroleras. ¿Cómo lo logró hacer a pesar de las sanciones? A través de Metor, una empresa mixta con Mitsubishi en la que Pequiven es socio minoritario», dijo por Twitter.

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«Dado el efecto adverso que las sanciones petroleras han tenido sobre la economía y lo poco probable que luce su levantamiento, la opción de recuperar acceso a través de empresas mixtas, donde PDVSA sea socio minoritario merece ser estudiada con detenimiento», destacó Rodríguez.

Explicó que la transacción se permite porque, «de acuerdo con las reglas de OFAC, una empresa es sancionada solo si su dueño mayoritario es sancionado. Pequiven y uno de sus holdings controlan únicamente 47,5% de la empresa».

«Esto no se había hecho desde 2019 porque las empresas temían que el gobierno estadounidense los acusase de asistir materialmente al régimen de Maduro ayudándole a generar flujo de caja. Por lo tanto, lo más probable es que esta operación haya contado con el aval de OFAC», aclaró Rodríguez.

«Este hecho abre una puerta interesante a la flexibilización de sanciones. Venezuela puede recuperar el acceso al mercado petrolero estadounidense mediante la conformación de empresas mixtas en las cuales el Estado tenga una participación minoritaria», remarcó.

Los petroquímicos venezolanos producidos por empresas conjuntas entre Pequiven y socios extranjeros llegaron a Estados Unidos. Esto, a pesar de los esfuerzos de Washington por limitar el comercio con Venezuela.

Al menos dos cargamentos de metanol se han descargado en los puertos del área de Houston desde octubre, reseñó Reuters.

Se trata de un producto industrial ampliamente utilizado, cuyos precios se han disparado este año. La llegada del producto ocurre en medio de una rápida expansión de las ventas globales de petroquímicos y subproductos del petróleo del país.

Según Reuters, que cita datos aduaneros, los envíos representan un esfuerzo nuevo y no reportado de Venezuela para aumentar los ingresos. Todo, a pesar de las sanciones de Estados Unidos a su industria petrolera que redujeron las exportaciones de crudo vital al nivel más bajo en 77 años.

Mitsubishi Corp (8058.T) reanudó las exportaciones de metanol a Estados Unidos en 2021 desde su empresa conjunta venezolana Metor. Lo hizo después de una suspensión de un par de años, dijo a Reuters un portavoz de Mitsubishi. Los accionistas de Metor incluyen Petroquímica de Venezuela o Pequiven.

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El principal puerto petrolero de Venezuela, Jose, figuraba como el punto de origen en los registros de aduanas de Estados Unidos de uno de los dos envíos de metanol. Pero ambos navegaron directamente desde Venezuela, según mostraron los datos de seguimiento de Refinitiv Eikon.

Los nombres de los compradores y vendedores de los dos cargamentos de metanol que llegaron a Houston fueron redactados en los datos de aduanas de Estados Unidos, que fueron proporcionados a Reuters por la consultora IHSMarkit.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. Y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Se negaron a comentar sobre los envíos.

Pequiven, que no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters, dijo en Twitter en julio que Metor estaba exportando metanol a Europa, América del Sur y Asia.

Estados Unidos amenazó este lunes con imponer nuevas sanciones a Nicaragua después de que el presidente Daniel Ortega fuera declarado vencedor de unas elecciones «no democráticas».

«Continuaremos usando la diplomacia, las acciones coordinadas con nuestros aliados y socios regionales, las sanciones y las restricciones de visado» para que «los cómplices en el apoyo a los actos no democráticos del gobierno de Ortega-Murillo rindan cuentas», afirmó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken, refiriéndose al presidente y su esposa, Rosario Murillo.

Las autoridades nicaragüenses han detenido a siete posibles candidatos presidenciales desde junio, lo cual garantizaba un cuarto mandato consecutivo de Ortega.

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«Aunque Ortega y Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, las elecciones no democráticas de Nicaragua no les proporcionan ni pueden proporcionarles un mandato democrático para gobernar», dijo Blinken.

El secretario de Estado afirmó que trabajará con otras democracias, incluso a través de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se celebra esta semana, para «presionar por una vuelta a la democracia a través de elecciones libres y justas y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua».

«Esto debe comenzar con la liberación inmediata e incondicional de los encarcelados injustamente», dijo Blinken.

Estados Unidos ya impuso sanciones a Ortega, Murillo y personas de su entorno en el período preelectoral.

Ortega, quien el jueves cumplirá 76 años, fue reelegido el domingo con el 75% de los votos, según resultados parciales.

El exguerrillero sandinista asumirá otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), junto a Murillo, de 70, que será vicepresidenta por segunda vez.

Nicolás Maduro sigue en el poder, pese a que las sanciones de Estados Unidos contra su administración y varios de sus funcionarios y, principalmente, contra Pdvsa, llevan años de vigencia.

Expertos en materia de relaciones entre EE.UU. y Venezuela señalan que esas sanciones no desaparecerán. Pero sí serán flexibilizadas, debido a la presión de los empresarios de ambos países.

Los especialistas también señalan que las sanciones solamente han repercutido en la calidad de vida de los venezolanos. Esto porque Maduro, no solo sigue en el poder, sino que hace negocios con sus aliados chinos, rusos, turcos e iraníes.

Las «medidas restrictivas», como las llama el chavismo, afectan la economía venezolana y ya se aproximan a los cinco años de vigencia. Pero, desde el 2018 empujaron a la industria petrolera a reducir su producción a sus niveles mínimos en más de 70 años, recuerda el diario Tal Cual.

Con tanto tiempo de restricciones, las empresas estadounidenses que mantenían relaciones con Venezuela han recibido el impacto. Y esto pasa incluso aunque no tienen un nexo con el chavismo.

Sus negocios se han visto afectados y empiezan a presionar para un cambio en las políticas que se implementan desde la Casa Blanca para tratar con Venezuela.

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Así lo demuestra la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés). La institución solicitó una revisión de la política sancionatoria contra Venezuela. Lo hace bajo la justificación de que no han cumplido el objetivo planteado inicialmente de generar un cambio de Gobierno.

El vicepresidente de la USCC, Neil Harrington, argumentó que las transnacionales que operan en Venezuela han resultado perjudicadas por las políticas de Washington. Todo, al punto de que se han visto obligadas a retirar sus inversiones del país. Lo hacen especialmente en la industria petrolera, la más perjudicada por las medidas de Estados Unidos.

Este es el caso de las energéticas Total y Equinor, provenientes de Francia y Noruega, respectivamente. Ambas compañías decidieron transferir sus participaciones en el proyecto Petrocedeño a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP).

El chavismo celebró con efusividad la adquisición del 100% de la participación accionaria del proyecto. «¿Por qué tan felices? Porque la pérdida de 1.400 millones de dólares de Total se convirtieron inmediatamente en ganancia para un Maduro con problemas de liquidez», argumentó Harrington.

Más allá del sector petrolero, las empresas de Estados Unidos y de sus países aliados en Venezuela han tenido que salir del país. Son compañías que abarcan los sectores automotor, agropecuario y financiero.

Esta situación repercute directamente en los venezolanos y sus familias, que se ven desprovistos de empresas que les ofrezcan empleo. Además ven cómo progresivamente se contrae aún más la producción del país.

Por estas razones, la USCC insta a la administración de Biden a reorientar la política de sanciones que ha provocado «innumerables consecuencias negativas indeseadas».

La administración de Biden ha sido cauta y pragmática en lo que a Venezuela respecta.

De acuerdo con el analista político y económico Tomás Socías López, la administración de Biden asoma que Estados Unidos no pronostica ningún hecho que interrumpa el gobierno chavista. Descarta cualquier escenario que implique una rebelión militar o una ruptura interna del chavismo.

En este sentido, ante la presión que han ejercido también empresas importantes en el país, el mandatario habría tomado la decisión de retomar las conversaciones con Maduro. Lo haría para intentar apuntar hacia una normalización, pero de manera discreta.

Socías López afirma que en los últimos meses se produjo una reunión con enviados especiales, tanto de Biden como de Maduro, en México. En este intercambio, Estados Unidos habría dejado clara su postura de flexibilizar progresivamente las sanciones.

Todo, a cambio de mayores libertades políticas y económicas en Venezuela. Semanas después, se confirmaría la mesa de diálogo entre chavismo y oposición en suelo mexicano que se extiende hasta la actualidad.

«Biden dice que quiere más libertades políticas y económicas en Venezuela. Quisiera abrir una embajada o tener algún tipo de representación sin condiciones inflexibles. Los acuerdos no son para mañana y las conversaciones van a continuar por meses», aseveró.

Socías López afirma que, en conversaciones con funcionarios de la administración de Biden, le asomaron el cambio de postura frente al chavismo

A pesar de la postura más flexible de Estados Unidos, las presiones se mantendrán, tanto en la economía, como mediante el apoyo –aunque reducido– a Juan Guaidó.

Con una política de «ahorcar, pero no asfixiar», Washington espera también disminuir la dependencia que el chavismo empieza a desarrollar hacia sus aliados geopolíticos, todos rivales del gigante norteamericano.

«Uno de los focos de la revisión tiene que ver con evitar que Venezuela se mantenga en las manos de potencias rivales de Estados Unidos. Es un país petrolero con una economía potencialmente fuerte muy cerca de Estados Unidos. Es importante impedir que se abrace al comercio internacional con las potencias no aliadas», apuntó Socías López.

Aunque Biden pretende flexibilizar las medidas contra estos dos sectores, el panorama político estadounidense podría complicar las decisiones en este contexto.

Socías López destaca que las prohibiciones contra la adquisición de diésel por parte de Pdvsa se mantienen porque el Partido Republicano está en contra de otorgar una licencia y Biden quiere evitar conflictos con esta coalición para sortear cualquier confrontación con el Senado.

Sin embargo, se espera que entre finales de 2021 e inicios de 2022 esta política se someta a algún cambio. Algo similar ocurre con el sector financiero, cuya reactivación es esperada por empresas venezolanas y estadounidenses, pero reduciría el aislamiento con el que Washington intentó someter al chavismo.

Venezuela acordó un contrato para intercambiar petróleo pesado por crudos livianos o condensados iraníes. De esta forma puede utilizarlos para mejorar la calidad de su producción de petróleo mezclado, lo único que exporta Pdvsa.

Según la agencia Reuters, los primeros cargamentos del crudo liviano llegarán en los próximos días.

Según las fuentes citadas por la agencia, el acuerdo entre Pdvsa y NIOC «profundiza la cooperación» entre los dos países, en desafío a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Reuters señala que el acuerdo de intercambio está planeado para seis meses en su primera fase. Pero podría extenderse.

Asimismo, podría constituir una violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a ambas naciones, según un correo electrónico del Departamento del Tesoro enviado a Reuters. El mismo citaba las órdenes del gobierno estadounidense que establecen las medidas punitivas.

Los programas de sanciones de Estados Unidos no solo prohíben a los estadounidenses hacer negocios con los sectores petroleros de Irán y Venezuela. También amenazan con imponer «sanciones secundarias» a cualquier persona o entidad no estadounidense que realice transacciones con las compañías petroleras de ambos países.

Las sanciones secundarias pueden acarrear una serie de penalizaciones contra los afectados. Estas pueden ser el corte del acceso al sistema financiero estadounidense, multas o la congelación de los activos de Estados Unidos.

Cualquier «transacción con NIOC por parte de personas no estadounidenses está generalmente sujeta a sanciones secundarias», dijo el Departamento del Tesoro en respuesta a una pregunta sobre el acuerdo.

También dijo que «mantiene la autoridad para imponer sanciones a cualquier persona que se determine que opera en el sector petrolero de la economía venezolana». Pero no abordó específicamente si el acuerdo actual es una violación de las sanciones.

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Las sanciones de Estados Unidos suelen aplicarse a discreción de la administración de turno. El gobierno del expresidente Donald Trump incautó el año pasado cargamentos de combustible iraní en el mar con destino a Venezuela. Lo hizo por presunto incumplimiento de sanciones, pero su sucesor Joe Biden no ha hecho ninguna medida similar.

En Washington, una fuente dijo que el acuerdo de intercambio entre Venezuela e Irán ha estado en el radar de Estados Unidos. Quieren ver hasta dónde llegará en términos prácticos.

A los funcionarios estadounidenses les preocupa, según la fuente, que los envíos de diluyente iraní puedan ayudar a proporcionar a Nicolás Maduro más de un salvavidas financiero. Esto, mientras negocia con la oposición en México.

Las sanciones impuestas a ambas naciones han reducido sus ventas de petróleo en los últimos años. Esto ha impulsado a la NIOC a apoyar a Venezuela.

En una reunión en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, los cancilleres de Venezuela e Irán declararon públicamente su compromiso de fortalecer el comercio bilateral.

El endurecimiento de las sanciones de Trump contribuyó el año pasado a una caída de 38% en las exportaciones de petróleo de Venezuela. También redujo las fuentes de importación de combustible, empeorando la escasez de gasolina.

Un portavoz del Tesoro de Estados Unidos dijo que el departamento estaba «preocupado» por los acuerdos petroleros entre Venezuela e Irán.

«Seguiremos aplicando nuestras sanciones relacionadas con Irán y Venezuela», dijo el portavoz. El Tesoro «ha demostrado su voluntad» de incluir en la «lista negra» a las entidades que apoyan los intentos iraníes de evadir las sanciones», añadió el funcionario.

El contrato de intercambio proporcionaría a Pdvsa un suministro constante de condensado, que necesita para diluir la producción de petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco. El crudo bituminoso requiere ser mezclado antes de ser transportado y exportado.

A cambio, Irán recibirá cargamentos de petróleo pesado venezolano que podrá comercializar en Asia.

Pdvsa ha impulsado los canjes de petróleo. Lo hace para minimizar los pagos en efectivo desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó en 2019 a la compañía el uso de dólares estadounidenses. Washington también ha sancionado a empresas extranjeras por recibir o enviar petróleo venezolano.

Desde el año pasado, la petrolera estatal venezolana ha importado dos cargamentos de condensados iraníes. Se trata de acuerdos de intercambio únicos para satisfacer necesidades específicas de diluyentes. También ha intercambiado combustible para aviones venezolanos por gasolina iraní.

El nuevo contrato ayudaría a Pdvsa a asegurar una fuente de diluyentes, estabilizando las exportaciones de las mezclas de crudo provenientes de la Faja del Orinoco. A la vez permitiría refinar su propio petróleo más ligero en Venezuela para producir gasoil.

El primer cargamento de 1,9 millones de barriles de crudo pesado Merey de Venezuela en el marco del nuevo canje zarpó a principios de esta semana del puerto de Jose. Lo hizo en un buque de transporte de crudo muy grande. Se trata del Felicity, propiedad de National Iranian Tanker Co (NITC).

El buque no se incluyó en la programación portuaria mensual de Pdvsa para septiembre, que enumera las importaciones y exportaciones previstas. Sin embargo, TankerTrackers.com lo identificó mientras estaba en Jose este mes.

El envío de crudo venezolano es un pago parcial por un cargamento de 2 millones de barriles de condensado iraní que llegó a Venezuela el jueves.

El año pasado, la anterior administración de Trump incautó más de 1 millón de barriles de combustible iraní con destino a Venezuela. Puso en la lista negra a cinco capitanes de petroleros, como parte de una estrategia de «máxima presión». Pero Estados Unidos no ha interceptado los recientes suministros iraníes a Venezuela.

Los nuevos clientes y los canjes de Pdvsa le han permitido mantener estables las exportaciones en torno a los 650.000 barriles por día.

Sin embargo, un empeoramiento de la escasez de diluyentes ha limitado recientemente las exportaciones de petróleo. Por ello, la producción de la Faja del Orinoco está en «emergencia», según documentos de Pdvsa revisados por Reuters.

Si no hace esfuerzos para restaurar la democracia, Estados Unidos no aliviará las sanciones a Venezuela.

Así de tajante es la administración del presidente de los Estados Unidos Joe Biden a la reiterada petición de Nicolás Maduro de aliviar las sanciones que pesan contra el país.

En una entrevista que realizó  Bloomberg la semana pasada a Nicolás Maduro, exigió el levantamiento de las sanciones “para normalizar las relaciones  y poner fin a la “demonización de Venezuela”.

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Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., contestó a la petición del líder del Psuv y aseguró que un cambio de política estadounidense requeriría cambios importantes por parte del presidente venezolano.

Estas políticas deben incluir, según Bloomberg, “un compromiso con el líder de la oposición Juan Guaidó para resolver la crisis política del país y allanar el camino para elecciones libres y justas”

Además, “restaurar las libertades económicas y políticas en Venezuela”.

Mientras continúen las “prácticas de represión y corrupción” de Maduro y sus partidarios, Estados Unidos trabajará con sus socios y aliados para mantener la presión.

“En la presión están incluidas las sanciones contra quienes socavan la democracia”, dijo el portavoz por correo electrónico.

La postura de Estados Unidos sobre la falta de legitimidad de Maduro no ha cambiado desde que Biden asumió el cargo.

Esto lo aclaró el portavoz del Departamento de Estado, quien respondió a la pregunta bajo condición de anonimato.

“Estados Unidos no acepta a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y, en cambio, reconoce a Guaidó, como presidente interino”, según el portavoz.

Alega Maduro que esa política implementada por Donald Trump y que ha continuado Joe Biden, “está evitando que Venezuela pague y reestructura su deuda externa”.

Dijo que “tengo el plan” para pagar a los tenedores de bonos, una afirmación rechazada por el portavoz del Departamento de Estado.

Este culpó a la mala gestión económica de Maduro y dijo que su afirmación de tener un plan de pago no es creíble.

Estados Unidos permitió el jueves ciertas transacciones que realice Venezuela, pero exclusivamente para tratar el tema de la pandemia por COVID-19.

Sin levantar las sanciones, el gobierno de Joe Biden emitió licencias que autorizan la entrega de mascarillas, ventiladores y tanques de oxígeno.

Así como vacunas, pruebas de detección y otro tipo de material hospitalario para atender la crisis sanitaria.

El Departamento del Tesoro dijo que la decisión responde a un memorando emitido por Biden al asumir en enero.

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El cual dispuso la revisión de todas las sanciones que pudieran estar «obstaculizando indebidamente» el combate a la pandemia.

«Estas nuevas autorizaciones apoyarán aún más el crucial trabajo de los gobiernos, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los actores del sector privado para brindar asistencia relacionada con covid-19», señaló el Tesoro en un comunicado.

Washington, incrementó las sanciones económicas y la presión en enero de 2019, cuando Nicolás Maduro asumió un segundo mandato. 

Las medidas tomadas por la pasada administración de Donald Trump incluyen un embargo de facto al crudo venezolano.

Maduro denuncia las sanciones estadounidenses como un «crimen de lesa humanidad».

La semana pasada, Delcy Rodríguez, dijo que 10 millones de dólares destinados al sistema global Covax para acceder a vacunas anticovid habían sido «bloqueados».

Aseguró que el bloqueo lo hizo un banco suizo, retrasando el proceso de compra.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló el miércoles que se aguarda la cancelación de la deuda para disponer el entrega.

Venezuela, con unos 30 millones de habitantes, vive una virulenta ola de la pandemia que ha desbordado los centros de salud.

El Tesoro de Estados Unidos especificó que las autorizaciones emitidas el jueves no permiten la exportación de ningún bien, tecnología o servicio a militares.

Tampoco agentes del orden ni personal de inteligencia de Venezuela.

Ni siquiera tienen luz verde las transacciones que involucren a la estatal petrolera PDVSA, como tampoco al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) o al Bandes Uruguay, o a entidades que éstos posean, dijo.

Las sanciones del Tesoro prohíben el acceso al sistema financiero estadounidense.

Bloquean todos los eventuales activos que los implicados tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. volvió a prorrogar, esta vez hasta el 1 de diciembre de 2021, las operaciones de Chevron en Venezuela. Con esta nueva decisión del Tesoro se permite que cinco empresas estadounidenses puedan seguir activas en el país, a pesar de las sanciones a Pdvsa.

La licencia previa otorgada bajo la presidencia de Donald Trump expiraba el 3 de junio.

De este modo, el presidente Joe Biden, mantiene la política excepcional respecto Pdvsa de su predecesor, recordó la agencia Efe.

Las otras cuatro compañías, todas del sector energético, son Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International.

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Chevron, la segunda petrolera de Estados Unidos y la séptima del mundo, es la última gran compañía estadounidense que aún opera en el sector del crudo en Venezuela, donde está activa desde hace décadas y cuenta con unos 8.000 empleados.

En abril de 2020, Estados Unidos ordenó a Chevron «cesar gradualmente» sus actividades petroleras en Venezuela. Le dijo que redujera sus operaciones en el país a un simple «mantenimiento» de sus activos.

Durante su administración, Trump impuso numerosas rondas de sanciones económicas contra Nicolás Maduro. De momento, Biden ha mantenido las sanciones.

A mediados de mayo, Juan González, asesor para Latinoamérica del presidente Biden, remarcó que no ve una solución «mágica o sencilla» a la crisis en Venezuela. Defendió un enfoque multilateral que amplíe el consenso en favor de un proceso que lleve a elecciones libres y justas en el país.