Las órdenes de detención en contra de Tamara Suju, Sebastiana Barraéz, Iván Carratú Molina, entre otros, por su presunta conspiración en contra del presidente de Nicolás Maduro, buscan amedrentar y atemorizar a la población.

Los analistas políticos coinciden en afirmar que se trata de una nueva estrategia del gobierno para golpear la moral de la población.

Por su parte, una de las implicadas, Tamara Suju aseguró que el fiscal continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH.

“Tarek William Saab me acusa de traición, terrorismo por denunciar la desaparición de Anyelo Heredia, que admitieron tenerlo hoy”, dijo.

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Sebastiana Barráez le respondió al Fiscal Tarek William Saad, y lo acusó de mentir para amedrentar y perseguir.

Barráez desmontó cada uno de los argumentos de Tarek William y para rematar dijo que en diciembre ni siquiera estaba en Táchira, y que se encontraba de viaje, en París.

En varias oportunidades ratificó que es amante de la vida, y ya por ese simple hecho es incapaz de participar en acciones conspirativas.

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Por su parte, el politólogo Walter Molina, destaca que los anuncios hechos por la fiscalía «buscan desarticular a la ciudadanía organizada para derrotar al Gobierno en las venideras elecciones presidenciales», cita Alberto News.

El politólogo menciona que además de las órdenes de captura, avanza el proyecto de ley para regular las ONG, lo que ve como una suma de acciones «todo esto busca atemorizar y desarticular a una población que ya demostró estar decidida a un cambio. Y eso va a acompañado de la narrativa que vende desesperanza. El 2024 será duro, pero no podemos dejar que ganen».

Mientras que Antonio Ledezma aseguró que «los que hacen apología a los intentos golpistas fallidos del 4F y 27N de 1992, ahora dicen que los que pedimos elecciones libres somos como ellos».

El mundo al revés: Los golpistas convictos y confesos, los que hacen apología a los intentos golpistas fallidos del 4F y 27N de 1992, ahora dicen que los que pedimos elecciones libres somos como ellos. Es con votos, con la movilización masiva y cívica del pueblo dispuesto a… https://t.co/3fiUv2VuHl

Por su parte, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa rechazó la acusación que hizo el fiscal general, Tarek William Saab, contra la periodista Sebastiana Barráez.

#22Ene ?️ "UNA MEDIDA PARA GENERAR CENSURA"El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (@sntpvenezuela) rechazó la acusación que hizo el fiscal general, Tarek William Saab, contra la periodista Sebastiana Barráez ?: X pic.twitter.com/bnWXq5wZLO

Para causar terror, zozobra, malestar y miedo en Venezuela, hubo cinco conspiraciones durante el 2023, las cuales fueron desmanteladas por los organismos de seguridad del Estado.

Así lo revelo este lunes, el fiscal general Tarek William Saab, quien en una rueda de prensa, indicó que hay más de 20 detenidos.

Entre los acusados por estos hechos se encuentran la activista por los DD. HH. Tamara Suju y la periodista Sebastiana Barráez. A ellos se unen José Antonio Colina, Mario Iván Carratú Molina, el presentador y Norbey Marín. Cabe resaltar que estas personas se encuentran en el exterior.

Los delitos por los cuales se les está investigando son: «traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación».

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«La primera de ellas fue desactivada en el mes de mayo de 2023. En este caso fue aprehendido al ciudadano Uaiparu Guerere López, Manuel Gedler; José Ignacio Moreno; Willians Caña; Sarkis Sako; Nelson Villasmil; Ricardo Marcano; Wilmer Soto; Rafael Dum; Luis Alvarado y Franklin Alvarado», indicó.

Los delitos imputados a estas personas son: «resistencia a la autoridad, lesiones personales graves, daños a la propiedad, conspiración, traición a la patria, revelación de secretos militares, tráfico ilícito de armas y municiones».

En este caso hay además 3 personas con orden de aprehensión que no han sido capturadas.

La segunda conspiración develada se denomina: «Caso espionaje Guasdualito

«Mediante tareas de inteligencia se determinó que un grupo de civiles y policías estaban operando en coordinación con miembros de una Organización de Inteligencia Extranjera», dijo el fiscal.

«Estos conspiradores operaban en reuniones a los fines de captar miembros de organismos de seguridad, para acceder a información confidencial relacionada con la seguridad presidencial, de unidades militares y actos políticos, con la finalidad de atentar contra el primer mandatario nacional, dirigentes políticos, sistemas de armas de la FANB, y causar terror en la población general», agregó.

Dijo que «esta organización extranjera opera y realiza reuniones clandestinas en la ciudad de Bogotá para la captación de miembros de organismos de seguridad del Estado venezolano».

Por esta trama se encuentran «tres ciudadanos privados de libertad que ya han sido acusados: Douglas Ruiz; Jesús Rodríguez y Rolando Rojas, por los delitos por los cuales fueron acusados son terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjero, revelación de secretos militares y asociación».

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Asimismo, habló de la tercera conspiración. Se trata de «un tercer caso igual de terrible, lo hemos llamado caso La Viñeta. En este caso se pudo desactivar a un grupo terrorista que tenía como objetivo atentar contra la vida del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, y contra el del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López».

Saab dijo que entre los detenidos por este caso están: José Gregorio Montiel; José Daniel Mendoza; José Antonio Moreno; Audelino Bermúdez y Jonathan Abache, a quienes les imputan los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.

Posteriormente, el titular del MP mencionó una cuarta conspiración.

«En esta secuela que hemos llamado conspiración continuada 2023-2024» y «hay un cuarto caso que hemos llamado caso Fortunato», dijo.

Por este caso fue aprehendido José Fortunato Guerrero Rojas, en el municipio José María Semprún del estado Zulia.

«Este detenido ingresaba de forma irregular al país para realizar presuntas actividades de espionaje y terrorismo, buscaba información como nombres de pilotos y del personal militar para remitirla a una agencia de inteligencia extranjera (CIA)», relató Saab.

A Guerrero Rojas se unen otras 5 personas privadas de libertad: «José Fortunato Guerrero Rojas; Daniel Rivas; Jholmar Cárdenas; Jesús Alberto García y Jesús Alberto García y Edgar Carrillo, acusados por «terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobiernos extranjeros y asociación».

Por este motivo, «este ciudadano fue presentado el 17 de enero en el Tribunal Militar de Control en Táchira, en virtud de la orden de aprehensión que tiene por la Jurisdicción Militar», explicó.

«Al realizar el órgano aprehensor un vaciado de contenido de su teléfono, se descubrió que este exoficial estaba participando en un plan para atacar la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano, situado en Táchira, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo castrense, y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal», añadió el funcionario.

En este sentido, Tarek William Saan informó que «han sido detenidos, además de Ángelo Julio Heredia Gervacio, los siguientes involucrados Guillermo Enrique César Siero; Tomás Martínez Macías y Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desirée Victoria Justo».

Saab enfatizó en que «todos (están) hasta las metras metidos en un plan que para algunos que son incrédulos y dicen que todo es mentira. Con pruebas, declaraciones y elementos de convicción se han dado todas estas detenciones».

» La advertencia es que no habrá contemplaciones jurídicas contra los aquellos que tienen una soberbia de poder que los ha enloquecido. Les digo es que no habrá ninguna contemplación con estos sujetos por su soberbia de poder», aseguró el Fiscal.

A continuación el reportaje publicado por la periodista especializada en temas militares y de la guerrilla colombiana.

“La nueva compañía”, así se llama la nueva organización que integran Tupamaros, Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) a cuyos integrantes en la frontera llaman “boliches” y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que el diputado regional Anyelo Mendoza busca aglutinar para “legalizarlos” en el partido Tupamaro y desarrollar acciones conjuntas en la zona, incluyendo el robo de ganado, la invasión de fincas, la captación de jóvenes para entrenarlos y que sean los fusileros de la organización, le dijeron a Infobae vecinos de la zona.

El sábado 22 de julio de 2023 el diputado del Consejo Legislativo del estado Táchira (CLET), Anyelo José Mendoza Labrador (PSUV), hizo presencia en la parroquia San Joaquín de Navay, municipio Libertador del estado Táchira, en compañía del ex concejal Argenis Márquez (PSUV); las alarmas se prendieron, porque el individuo que se identifica como “revolucionario, antiimperialista, humanista, chavista, feminista, estudiante, proletario, obrero”, se reúne clandestinamente con integrantes de la guerrilla colombiana y venezolana.

En la reunión que hizo en la zona el parlamentario prometió sacar a los integrantes de la banda que están presos, ofreció tierras.

Los dos colectivos, Tupamaros y Tupac Amaru, han creado una relación para actuar en esa zona, clave por su ubicación cercana a la línea fronteriza desde Táchira, Apure y Barinas.

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El diputado Anyelo Mendoza ha negado públicamente tener relación con las actividades de los Tupac Amaru en el municipio Libertador y mucho menos con San Joaquín de Navay, pero habitantes dan cuenta de su presencia de manera recurrente a dirigir reuniones con La Banda de Los Morrocos, que cuenta con más de 30 hombres armados, identificados con credenciales y prendas del Colectivo Armado Tupac Amaru, ahora reforzados con FBL/FPLN y disidencias de las FARC.

El diputado Mendoza, quien recibe apoyo del más alto nivel del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), está relacionado y es influyente en La Nueva Compañía, con individuos que “se mueven en horas de la noche y madrugada, en motos de alta cilindrada tipo KLR, camionetas sin placas y encapuchados.

Desde que esos delincuentes aparecieron en la parroquia, desde hace unos 5 años, se incrementó notablemente los robos y desapariciones de ganado en fincas de la zona”, dicen habitantes de la zona.

“El diputado Anyelo y David Rivero Pulido son el soporte de esa banda armada en San Joaquín de Navay, que se dedica a la extorsión, hurto de ganado, en una finca que invadieron, con apoyo gubernamental, y de la que han sacado muchísimo ganado. Ellos se sienten seguros y apoyados, porque el diputado es amigo del gobernador Freddy Bernal y del diputado Diosdado Cabello. Por eso es que a los hombres que dirige Anyelo no les importa sacar, a plena luz del día, la carne en canal y camiones con ganado de una finca que invadieron”.

Lo que narran los habitantes de la zona se corresponde con lo que justamente, el 26 de mayo de 2022, hizo Jesús Tamani Bernal, hijo del gobernador del Táchira, al asaltar la finca El Porvenir, precisamente a unos kilómetros de San Joaquín de Navay, lugar al que llegó con más de 15 hombres del Grupo de Respuestas e Investigaciones Silenciosas (GRIS) perteneciente a la Gobernación del Táchira y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), organismo controlado por Diosdado Cabello a través del general Gustavo González López.

El grupo del hijo el Gobernador se llevó todas las reses de El Porvenir, amenazaron a los trabajadores, se llevaron maquinaria para así proceder posteriormente a denunciar el abandono de la finca, conjuntamente con funcionarios agrarios del Táchira.

El diputado Anyelo y su grupo ejerce acciones similares porque se sienten poderosos y apoyados en los cargos y en las armas. Varios miembros de la banda están detenidos; no es la primera vez que organizaciones así se conforman, atentan contra la población, crean terror y se lucran con la extorsión. Algunos se salen de control.

En las reuniones que hace el diputado Anyelo Mendoza y David Rivero Pulido, llegan de manera clandestina a la zona. “Nos obligan a guardar los teléfonos celulares y nos amenazan de muerte si alguno cuenta que ellos están en la zona. No les importa que en la comunidad los veamos, solo les interesa que afuera no se sepa y por eso amenazan con tomar represalias contra nosotros”.

Ante la guerra que desde hace años se libra entre las FBL/FPLN y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la agrupación venezolana ha sido disminuida y muy golpeada por el grupo colombiano que cuenta con el apoyo de militares venezolanos. Los Boliches han ido perdiendo control de gran parte del territorio donde funcionaban y prefieren unirse a La Nueva Compañía.

Es por ello que el interés de Pulido, Los Medina y el diputado Mendoza es tomar control de toda la zona, considerando atractivas las áreas montañosas y la vía Los Monos que conecta Táchira y Barinas, sin pasar por el Punto de Control del Destacamento 215 de la GNB en La Pedrera, estado Táchira, además del Punto de Control de GNB en Punta de Piedras, estado Barinas, con lo que tienen una ruta que les facilita el transporte de estupefacientes y ganado robado sin ser detectados por los cuerpos de seguridad.

Un grupo de militares convocó a una reunión en el estacionamiento del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa), en Caracas, ante la desesperada situación de los funcionarios castrenses en reserva activa,

Aunque habían sido autorizados, cuando se iban acercando al lugar, no les permitieron entrar y la zona estaba rodeada de policías armados y perros antidrogas; la reunión terminó debajo de un árbol, en el paseo Los Próceres, reseña la periodista Sebastiana Barráez, en su blog.

Cuenta que allí «entregaron una misiva con las exigencia, destacando que“da la impresión que a los jefes conductores y líderes de la FAN, no les importa el bienestar de su tropa, ni el de la familia militar. Menos les interesa, el bienestar de los militares en situación de retiro, viudas y sobrevivientes, que somos parte del pueblo que sufre”.

Muchos de los militares asistentes, algunos con graves dolencias físicas, se fueron del lugar ante el temor de ser violentados por los funcionarios y los perros, un así 150 se movieron hasta una plaza, frente al IPSFA, donde se llevó a cabo la reunión.

El objetivo final de la convocatoria a la reunión era entregar una misiva, porque es alarmante la situación de la inmensa mayoría de los militares en reserva activa, a quienes no solo les han prohibido la entrada a los cuarteles, les han negado beneficios de Ley, les han disminuido los que tenían tradicionalmente antes de la llegada de la revolución bolivariana e incluso algunos se encuentran en estado de indigencia.

Lo que queda de lo que una vez fue la gran familia castrense es la solidaridad de militares que se apoyan para no dejar morir al compañero de armas cuando requiere alimentos, medicinas, asistencia médico hospitalaria o incluso recibir sepultura en condiciones dignas.

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En la comunicación entregada piden “que alguien nos explique ¿cómo un comandante de tropa, puede mantener elevada la moral de sus hombres, con ellos y su familia pasando hambre? Actualmente, 2023, los trabajadores peor pagados en Latinoamérica y quizás en el mundo, son los venezolanos quienes reciben en los actuales momentos, un salario mínimo de 5,37 $ mensuales, mientras que la Cesta Básica llegó a 500 $ mensuales”.

“El sueldo de un militar honesto es de indigencia, el salario básico aproximado más alto de un General es de 40 $. El de un coronel 34 $ y el de un Sargento de 24 $ al mes. Los beneficios socio-económicos parecen haberse extinguido”.

“Un general al pasar a retiro, podrá recibir 1.000 US$, de prestaciones sociales acumuladas, después de 33 años de servicio a la Patria. Los Generales de las promociones, que pasaron a retiro en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 recibieron un promedio de 480 US$, menos del costo de la canasta básica hoy”.

“El salario mínimo y las pensiones de jubilación en Venezuela, siguen siendo de 130 Bs (5,4 US$), inexistente, de explotación o esclavitud brutal, el más bajo del mundo, después de Cuba, que paga 15 $ mensuales a sus trabajadores”.

“El salario es la unidad elemental del trabajo. La riqueza y la propiedad privada son producto social generado por el trabajo, así lo dice la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución vigente de 1999. El artículo 89 (CR), dice: «ninguna ley puede alterar la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales».

Este Decreto de bonificación emitido por Maduro, viola la Constitución. Nosotros en otrora gozábamos de un sistema de bienestar social justo, el cual han exterminado en beneficio de un grupo”.

“El sueldo base de un coronel para mantener a su familia, es de aproximadamente, 40 US$ mensuales. Está por debajo del ingreso mínimo de sobrevivencia de una persona, que es de 1,60 US $ diarios, según estudios de la FAO. En Colombia, Ecuador y Perú un coronel recibe un sueldo mensual de más de 3.500 US$. El bono llega hasta los 8.800 Bs (350 US$), el cual es discrecional, no tiene consistencia y no incide sobre las prestaciones sociales, cuando los militares pasen a retiro. ¿Será acaso, porque no tenemos acceso a las armas para defendernos, o porque no somos corresponsables de la depredadora corrupción, que inescrupulosamente arruinó al país más rico del mundo?”

La carta dirigida al Ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López y al Alto Mando Militar, con atención al presidente del IPSFA, identifica a los firmantes de la misiva reconociendo que es “compleja la crisis económica para nuestro gremio”.

Citan el artículo 328 de la Constitución: la Fuerza Armada es una organización “esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la de la Nación…con un régimen de seguridad social integral propio”.

Agregan que “esa norma Constitucional y el artículo 74 de la Ley de Seguridad Social de la FANB, establecen la autonomía del manejo de los fondos de nuestras pensiones. La competencia es exclusiva del IPSFA, no de la ONAPRE (Oficina Nacional de Presupuesto), como se hizo arbitrariamente quitándole la competencia IPSFA”.

Armas, funcionarios policiales involucrados y hermético silencio de los organismos no parece una simple coincidencia. Tres funcionarios del CICPC en Amazonas, fueron detenidos por llevar ocultos, en un transporte público, armas y chalecos antibalas.

La periodista Sebastiana Barraéz informó el su blog que se trata del «comisario general Alexander Gil Vásquez, jefe de la subdelegación del Cicpc del municipio Atures, la comisaria Judith Beatriz Barrios de Sánchez, delegada de Inspectoría en el mismo organismo y el funcionario Deivis Eulices Mirabal Corniel, quien presenta prontuario de varios ilícitos.

Un defensor de derechos humanos le dijo a la reportera que “el comisario general Alexander Gil está involucrado en hechos graves de torturas y asesinatos, pero nunca ha sido procesado”.

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El 16 de febrero 2023 en la madrugada varios usuarios de la carretera de los llanos, en el estado Guárico, se encontraron con la interrupción del tráfico por una eventualidad con un autobús Sitssa de la ruta Amazonas.

En esa unidad habían detectado a tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) que trasladaban armas y chalecos sin que mediara autorización oficial para ello.

Eso ocurrió en una alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); los funcionarios militares llamaron a sus superiores, quienes a su vez se comunicaron con los jefes de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), cuyo comandante se puso en contacto con la jefa estadal del CICPC.

Ninguno de los jefes policiales o militares tenía conocimiento de ese transporte de armas, deduciendo que es tráfico ilegal, por lo que detienen a los tres Cicpc.

Pasajeros de la unidad destacaron que se vieron obligados a permanecer cuatro horas estacionados en el lugar mientras se desarrolló el procedimiento. “El conductor desconocía que en ese equipaje iban armas. Los funcionarios fueron lo que informaron del contenido”.

Amazonas es un estado fronterizo con presencia activa y poder de grupos irregulares, principalmente de la guerrilla colombiana, que incluso han asesinado militares e indígenas para mantener el control del territorio.

Tanto el Ejército Nacional de Liberación Nacional (ELN) como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otro apéndice de esa organización como es la Segunda Marquetalia ejerce funciones de extorsión a la población, contrabando de combustible, explotación del oro y el contrabando de armas.

El poder económico de esas organizaciones es muy grande y por eso los asesinatos a tiros de indígenas como Virgilio Trujillo Arana, del pueblo indígena Hüotüja, o la desaparición del líder indígena Wilberto Ángel Camico Menare, no han sido resueltos.

Organizaciones como Kapé Kapé, Fundaredes o SOS Orinoco, han denunciado gran cantidad de hechos irregulares de los grupos armados contra indígenas y población fronteriza, pero las autoridades poco responden a esas peticiones de justicia.

La Constitución de Venezuela establece, en el artículo 324, que “sólo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o se introduzcan en el país pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. La Fuerza Armada Nacional será la institución competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos”.

Si bien es cierto que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cinetíficas Penales y Criminalísticas están habilitados para portar armas de reglamento, no lo están para llevar un lote de armas, además de manera tan irregular, en una unidad de transporte público.

Días después de lo sucedido en Guárico con los comisarios y las armas en el autobús, llegó a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, una comisión enviada desde Caracas para abrir una investigación a los dos comisarios, pero la información de lo ocurrido se ha mantenido de manera muy hermética.

Uno a uno la administración de Nicolás Maduro le arrebata, de las manos de los líderes políticos, el control de los partidos que han dirigido. Primero fue con los de oposición, AD, Copei, VP, PJ, otros, luego siguió con partidos de la revolución bolivariana, PPT, UPV, Tupamaro; el único contra quien no ejecutó medidas extremas fue el Partido Comunista de Venezuela (PCV), por la raíz común con los otros partidos comunistas del mundo.

Eso cambió. Cuando Diosdado Cabello desata un ataque puntual, como lo hace con el PCV, es porque en la alta cúpula del Gobierno ya está decidido ir por los comunistas aplicando la misma estrategia anterior, usando al Tribunal Supremo para imponer una directiva afecta al gobierno de Nicolás Maduro.

La advertencia la hizo la periodista Sebastiana Barráez, en su blog, donde recordó que desde hace unas semanas, el el PCV vienen alertando que, por ejemplo, han «disfrazado» a militantes del Psuv para hacerlos pasar como afectos al partido del gallo rojo.

El Comité Regional del PCV en el estado Miranda, denuncia como una “desesperada maniobra de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para hacer creer que existe una ficticia división en las filas del PCV y así fabricar una justificación para acometer la inconstitucional y antidemocrática intervención judicial del Partido de la clase obrera venezolana”.

Dicen que Carlos Figueroa, residente en Ocumare del Tuy, se declaró recientemente, en un programa de radio, como “coordinador político” del PCV en Miranda. Llama la atención de los comunistas que lo hiciera en la emisora propiedad del exalcalde César Marcano (PSUV).

Consideran que es un acto de provocación “bajo control del PSUV”, advirtiendo que “nadie se adueña del Partido Comunista de Venezuela y estamos dispuestos a dar la lucha en cualquiera de los escenarios que se presenten”, dijeron por el PCV Miranda, los secretarios: Político, Juan Piedra; de Organización, Argimiro Rivero: Obrero y Sindical, Arturo Morgado; Trabajo Comunitario, María Brito; y Agrario, Francisco Estrada.

En Venezuela, la cada vez más frágil institucionalidad, ha permitido la violación de la Constitución y las leyes, con máscaras de “legalidad”.

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La dirigencia política tampoco apreció la importancia que para la democracia y la justicia tiene la fortaleza de las instituciones. Ninguno de los partidos de la revolución se pronunció cuando el TSJ allanó a los partidos de oposición, incluso lo vieron con beneplácito.

Ni siquiera entre unos partidos de la Oposición hubo solidaridad con los otros que caían. Y así el TSJ fue imponiendo las directivas a cada uno de los partidos. Ya consolidada esa parte de la estrategia, siguieron con los partidos que le habían servido incondicionalmente a la revolución.

En las elecciones para alcaldes, del 10 de diciembre 2017, el chavismo fue dividido; en estados muy importantes como Miranda, tanto el PCV como Patria para Todos (PPT) llevaron candidatos propios; es así como de los 49 candidatos de la revolución en Miranda, 29 fueron del PPT y PCV. Algo similar hizo Tupamaro en los municipios Brión y Zamora.

Para las cuestionadas elecciones presidenciales, del 20 de mayo 2018, convocadas por la ilegal de origen Asamblea Constituyente, los partidos con independencia del Gran Polo Patriótico (GPP), fueron convencidos por Jorge Rodríguez Gómez, actual presidente de la Asamblea Nacional, para que acompañaran la candidatura de Nicolás Maduro, con promesas de que habría cambio en la política económica del país y que la dirigencia de dichos partidos sería considerada para la propuesta de políticas pública. Nada se cumplió.

La frustración de los dirigentes de esos partidos de izquierda los llevó a que para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, el 6 de diciembre 2020, habían constituido la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) que aglutina a los partidos PPT, PCV, Izquierda Unida, Tupamaro, Somos Lina, entre otros. El único al que no le habían arrebatado la tarjeta era el PCV, que logró obtener un diputado, Oscar Ramón Figuera González, un dirigente con varias décadas en el PCV.

La historia de los partidos en Venezuela lleva a la conclusión de que ninguno, a excepto del oficialista PSUV, está a salvo, de que sus directivas sean declaradas ilegales por el Tribunal Supremo de Justicia, aunque eso aun no parecen entenderlo chavistas ni opositores.

Diosdado Cabello Rondón es el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y ha sido el hombre fuerte del control de la maquinaria electoral, pero no logró mantener la unidad del Gran Polo Patriótico, que hoy solo cuenta con el PSUV y con tarjetas de directivas impuestas por el TSJ.

No es casual la campaña de Cabello contra el Partido Comunista, la cual ha arreciado recientemente y que tiene como objetivo central a Oscar Figuera González. “Las cúpulas que dirigen al PCV están alineados con el discurso de los gringos”, asegura en su embestida contra el partido rojo, mencionando de inmediato que “son aquellos que se opusieron al comandante Chávez históricamente, (manifestando) que Chávez era un peligro para los movimientos populares porque podía convertirse en un caudillo; era lo que decían ellos”.

Cabello ironizó por el comunicado del Partido Comunista de Inglaterra solidarizándose con el PCV y que no dijeron nada “del oro que nos robaron”, a la vez que alentó la convocatoria “de las bases del PCV que se reúnen para discutir el futuro de ese partido” en Monagas.

Por otro lado, pero con un mensaje similar, Griseldys Beatriz Herrera Romero, quien es miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE) en comisión de servicio como consultora jurídica de la Gobernación de Monagas y esposa de un dirigente regional del PSUV, dijo que la actual dirigencia del PCV ha secuestrado las siglas del partido, colocándolas “del lado incorrecto de la Historia, al lado de nuestros enemigos históricos, enemigos históricos del pueblo, de la patria”.

Acusa a Figuera de haber “secuestrado el partido”, a la vez que asegura que “las bases no están de acuerdo con las decisiones y la línea política que actualmente sigue el PCV” y se refiere a las bases de dicho partido aseverando que “no fueron consultadas y se les ha negado la participación”.

Del Partido Comunista de Venezuela, que siempre ha sido un partido de cuadros y no un partido de masas, expresa que es “internacionalmente conocido como de izquierda, por lo que es una aberración ideológica, política e histórica, es una vergüenza verlo ahora del lado contrario, al lado del imperialismo, del fascismo”, dijo asegurando que “hoy se inicia el rescate del PCV”, finalizó diciendo Herrera Romero.

Si algo caracteriza al Partido Comunista, y los diferencia de muchos otros, es que no parecen dispuestos a entregarse y han desplegado la defensa del status quo de esa organización.

Del Comité Regional Jesús Rafael Zambrano, “dirección política colectiva del PCV en el estado Monagas” no se hizo esperar la respuesta, claramente dirigida a los señalamiento de Herrera pero principalmente a Cabello, justificando que se dirigían a la opinión pública “ante el Develado Plan de Sectores del PSUV, gobierno nacional, regional y mercenarios políticos a sueldo”, de estos últimos resaltando que salieron públicamente con los símbolos del PCV”.

Enfatizan que así se inicia una nueva fase del plan que pretende el “asalto e intervención del Partido Comunista de Venezuela. Recordaron la Historia de Venezuela y gobernantes como Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, “como gobiernos anticomunistas que ilegalizaron al PCV, eso sí, sin resquicio alguno de verticalidad y dar la cara por su conducta anti obrera, anticomunista, anti PCV”.

Aseguran que ‘montan monólogos, usan la falacia como método y pagan por el montaje de algo que se parezca a sus opiniones. Tienen todo el poder político institucional, pueden intervenir, pagar mercenarios políticos, pero no podrán borrar sus rostros de la Historia ante el pueblo venezolano, los trabajadores y el Movimiento Obrero y Comunista Internacional, mucho menos vencer al PCV, piedra angular de la democracia y los derechos políticos en Venezuela”.

Recordaron la denuncia que hicieron por el uso de los símbolos del PCV en la marcha del 4F; “en vista de que no han podido doblegar la unidad interna de nuestra organización, se vieron en la penosa necesidad de disfrazar a un grupo de individuos con una indumentaria que simulaba los símbolos del glorioso PCV; los presentaron en la movilización y hasta saludos recibieron por parte de voceros de la cúpula del PSUV”, haciendo alusión a Diosdado Cabello.

Ante la frustración de no poder disolver la pacífica, pero firme manifestación, que numerosos maestros y otras personas llevaba a cabo en el paseo Libertador de San Fernando de Apure, el comandante de la Policía, teniente coronel (GNB) Frank Freites, amenazó con enviar a los “colectivos” si los docentes no despejaban la calle donde se realizaba un pancartazo.

La información la dio a conocer la periodista Sebastiana Barráez en su blog, donde reseña que los docentes protestaban con gritos de consignas como “los maestros arre… reclaman sus derechos”, “somos docentes, no somos delincuentes”.

Los mal llamados “colectivos”, grupos de choque, armados, casi siempre muy violentos, aparecieron en las calles de la capital apureña escoltando a los funcionarios policiales.

El Teniente Coronel (GNB) Frank Alejandro Freites Domínguez, quien ocupó el lugar 98, de 127 graduandos, de la II Promoción Batalla de Maturín, egresada el 5 de julio 2001, es el actual Comandante de la Policía del fronterizo estado Apure.

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En un video se observa cómo el militar exige que “se abra la calle”, lo que repite una y otra vez. Se para frente a los manifestantes, quienes visten con ropas humildes, hablan correctamente y portan pancartas o letreros, mientras gritan consignas, hacen sonar silbatos y agitan banderas.

Los policías, uniformados de azul, tratan de desviar el paso de los pocos vehículos que se aproximan.

El teniente coronel Freites muestra impotencia y frustración, mientras va de un lado a otro con una radio de transmisión en la mano, un gran casco de motorizado, revisa el teléfono, vuelve frente a la pancarta donde se lee adaptada la famosa oración de la canción chilena que Sergio Ortega escribió con el grupo Quilapayún: “El magisterio unido, jamás será vencido”.

Freites regresa hacia la concentración, ordena despejar la vía y un grupo de educadores lo increpa, le exige “respete, respete”.

El oficial habla por el teléfono móvil, termina la llamada cerrando con fuerza sobre la pantalla. Se aleja un poco de la concentración y le dice a una educadora “está bien, vamos a hacer una cosa, me abren la calle”. La respuesta de la mujer es: “la calle se está abriendo, es un pancartazo”; dos femeninas de la policía le cierran el acceso hacia Freites, quien se aleja más.

La educadora, quien porta en su camiseta las siglas FVM (Federación Venezolana de Maestros), lo sigue, mientras se eleva el tono de los manifestantes diciendo “el pueblo arr…..”.

De repente el oficial Freites Domínguez se vuelve hacia la docente y le advierte “le vamos a mandar los colectivos” y le da la espalda para irse. Ella le pregunta molesta “¿Nos vas a mandar los colectivos?”.

Freites se voltea a responderle, pero se da cuenta que lo están grabando, mira con nerviosismo y mirando la cámara hace énfasis: “no, no”, mientras niega con el dedo. La maestra le insiste “dijiste que nos vas a mandar los colectivos”.

El oficial opta por subirse en la moto, que conduce un efectivo de la Guardia Nacional, y se aleja del lugar.

En toda Venezuela, la revolución bolivariana ha organizado y financiado a grupos de choque, a quienes la gente llama “colectivos”, y que reciben moto, arma de fuego, beneficios como alimentos e integran alguna nómina gubernamental.

Esas bandas armadas son una degeneración de los llamados Círculos Bolivarianos que fueron mutando hasta convertirse, un número importante de ellos, en bandas armadas, protegidas por militares y que responden a algún jefe político en particular, principalmente al Gobernador si pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o a algún diputado o jefe de partido regional.

El hecho de que los “colectivos” salieran a dar una demostración de fuerza, en evidente amenaza a la protesta de los educadores en Apure, debe tener la orden o la aceptación del gobernador Eduardo Piñate Rodríguez, más aún cuando aparecieron en las calles de San Fernando de Apure con policías uniformados, que están al mando del teniente coronel Fran Freites.

En los videos se observa cómo aparece un pequeño grupo de motorizados de la Policía de Apure encabezando un recorrido, mientras son seguidos por gran cantidad de “colectivos” en moto, con un claro mensaje silencioso para los manifestantes.

Si algo es relevante en esta protesta es porque el estado Apure es uno de los dos estados donde la revolución bolivariana siempre ha obtenido el triunfo de sus candidatos en las alcaldías, el Consejo Legislativo, las concejalías, la Asamblea Nacional y la Gobernación. El gobierno había encontrado en los apureños un voto duro, casi sumiso a pesar de la gravísima crisis que afecta a ese estado, ubicado en la frontera con Colombia.

Apure ha soportado estoicamente la arremetida de la delincuencia, la pobreza a niveles extremos, la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, la guerra por el botín entre altos funcionarios militares.

Es un pueblo que en época de lluvia enfrenta las inundaciones, con sectores bajo las aguas, mientras que la revolución no muestra interés alguno en sacarlo de la adversidad, de la pobreza, lo que se enfrenta a poderosos y millonarios intereses de hacendados con miles de hectáreas, pistas de aterrizaje, miles de cabezas de ganado, jerarcas de la revolución en maridaje con los comandantes guerrilleros.

La protesta es muy relevante en ese estado llanero y fronterizo, de quien el insigne escritor Rómulo Gallegos dijo en “Doña Bárbara”: El llano asusta; pero el miedo del llano no enfría el corazón: es caliente como el gran viento de su soleada inmensidad, como fiebre de sus esteros”.

Y más simbólico aún es que sean los docentes quienes hagan la protesta, cuando el Gobernador del estado Apure es el exministro de educación, Germán Eduardo Piñate Rodríguez, quien sale del Ministerio para aspirar a la Gobernación, que ocupa desde el 24 de noviembre 2021.

El Día del Maestro, que se celebró el pasado domingo 15 de enero, Piñate fue el orador de orden en la sesión especial que el Consejo Legislativo de Apure hizo para celebrar la fecha.

En el discurso que llamó “A propósito del Día del Maestro y la revolución bolivariana” resaltó la importancia de la labor educativa, los desafíos para el desarrollo de las fuerzas productivas y la responsabilidad de los educadores en la formación del ciudadano. Tres días después les envía a los “colectivos” para amedrentar a los maestros que reclaman mejoras salariales.

Los “colectivos” son bandas armadas, usadas por el gobierno de turno y por funcionarios militares, que ante la falta de tropa recurre a civiles armados para amedrentar a quienes han salido a protestar. Un hecho muy peligroso, ya conocido en el pasado, y que causó centenares de muertos.

ATENCIÓN :Así fue como un mayor de la GNB les advirtió a los maestros que les enviaría los colectivos si no disolvian las protestas en el estado Apure, minutos después efectivamente llegaron los malandros en moto Sembrando terror. pic.twitter.com/7ivvFLnqP1

La situación en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es alarmante, mientras por un lado se represan las solicitudes de baja que militares de diverso rango hacen, por otra la cantidad de desertores se cuentan por miles y las listas de expulsados de la institución castrense se multiplican.

Así lo dio a conocer la periodista experta en la fuente militar, Sebastiana Barráez, en su blog, donde indicó que «el 10 de noviembre fueron separados de la Fuerza Armada, específicamente de la Guardia nacional Bolivariana (GNB), 48 oficiales, desde mayor a teniente por ‘medidas disciplinarias’, pues a la mayoría se les imputa abandonar la unidad militar sin justificación».

Según la lista suscrita por el Director de Persona de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), General de División Agustín Orfélix Herrera Luna, la medida se sustenta en el Artículo 154 numeral 2 de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya causa sería “medida disciplinaria”.

El memorándum que suscribe el Jefe de Personal, con fecha 21 de noviembre de 2022, también está firmado por la Mayor Melina Durán Méndez, jefe de la División de Disciplina y Justicia Militar de la Dirección de Personal de ese componente militar.

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La lista de los militares expulsados de la Fuerza Armada, la encabeza el oficial de más alto rango, el mayor Eduardo Alfonso Núñez Martínez.

Le siguen cuatro capitanes: Víctor Alejandro Pimienta Salazar, operador logístico de la Operación Gedeón y preso en El Helicoide; David José Bravo Vicuña; Aníbal Daniel Yánez Velásquez, este oficial aparece como viviendo en Estados Unidos desde abril de 2020.

El 17 de marzo de 2021 la jefe de Recursos Humanos del Hospital Militar “Carlos Arvelo” de Caracas, la teniente coronel María Teresa García Panquev, publica cartel de notificación donde anuncia que la investigación contra Yánez, quien era plaza de ese hospital, continua por “permanencia no autorizada y sin justificación fuera de la unidad militar”.

El último de los capitanes que aparecen expulsados de la GNB es Nelson Ramón Villasmil Toro, a quien José Antonio Colina, presidente de la organización Veppex (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio) señaló, el 4 de mayo 2021, de que “habría entrado por la frontera y estaría en Florida. Era un efectivo muy revolucionario en Venezuela, con comportamiento característico a los esbirros”, dice Colina.

1-Gabriel Luis Corro Soto

2-Anderson Eduardo Rivas Granadillo

3-Moisés David Aguirre Matheis

4-Wai-Ming Manuel David NG Sánchez

5-Augusto Alejandro Vílchez Lacruz

6-Kelvin Yoel Carvajal Molero

7-Andrea Rossana Sánchez Cegarra

8-José Bernanrdo González Meza

9-José Weiner Beltrán Beltrán Parra

10-Nixon Edgardo Ramírez Guerrero

11-Israel Antonio Yépez Manzanilla

12-Roimer Jesús Rodríguez Ardila

13-Pedro Miguel Infante Martínez

14-Anderson José Mogollón Ramos

15-Kelvin Alexander Rondón Sánchez

16-Gino Mazzeo Camacho

17-Jordan Alfonso Mogollón Gómez

18-José Alejandro Colmenares González

19-Olwins Eduardo Bobb Cardozo

20-José Antonio Rodríguez Vásquez

21-Yiximar del Valle Martínez Figueroa

22-Edmundo Luis Berti García

Para los detenidos y sus familiares han transcurrido largos 4 años, desde aquel 4 de agosto del 2018, cuando ocurrió un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, mejor conocido como el caso de los drones.

Según la periodista Sebastiana Barráez, en los tribunales de la causa se ordenó «acelerar» el juicio y por ello habrían cambiado los delitos de traición a la patria por conspiración.

«Ha sido un juicio plagado de vicios, torturas, violaciones al debido proceso, entre muchas irregularidades más», recordó la comunicadora, en su blog.

Recordó que, últimamente, se habían realizado audiencias en las que se evacuaban algunas pruebas documentales, hasta que el lunes pasado hubo un cambio inesperado y acelerado para terminar el juicio».

Dijo que esto «podría deberse a que el jueves próximo se celebra el 85 aniversario de la GNB y se cumplen cuatro años del fallido atentado», agregó.

Alertó que, según sus fuentes, «la sentencia debe estar lista el lunes 01 de agosto», es lo que le habrían dicho a los involucrados en el juicio.

“La orden vino de arriba y este juicio hay que finiquitarlo el lunes”, agregó la fuente de Barráez.

Se recuerda que este caso lo lleva el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, a cargo de la Jueza Hennit Carolina López Mesa y de los fiscales Farik Karín Mora Salcedo y Dinora Bustamante Puerta.

Este caso afecta a las 17 personas que aparecen en el expediente.

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Barráez sostiene que «hasta ahora el Tribunal había evacuado las pruebas muy lentamente·.

De hecho, hace una semana, «advierte que habrá para los militares un cambio de calificación en lo imputado de Traición a la Patria para Conspiración, por lo que según el Código Penal venezolano, se debió suspender el juicio para permitirle a los militares que se defiendan, declaren y se suministren las pruebas».

“Vayan, vayan a hablar con ellos” dijo la juez y le abrieron la puerta de la DGCIM y Ramo Verde para que los abogados se entrevistaran con los implicados en el caso.

Los defensores llamaron a los militares para declarar y el jueves 28 de julio pasado, estando en el juicio, la juez López Mesa negó la suspensión del juicio, alegando que eso se había hecho desde el lunes 25 al jueves 28.

«De manera que en realidad negó lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal cuando se trata del cambio de calificación jurídica, cerró el debate a pruebas y le dio la palabra al Ministerio Público para que diera sus conclusiones», publicó Sebastiana Barráez.

“Todo fue a tropezones, sin permitir realmente que los militares detenidos tengan derecho real a defenderse de lo que ahora dice que cometieron. No han encontrado pruebas y se inventan a última hora lo de la Conspiración, luego de cuatro años de tenerlos presos; ahí queda claramente demostrado que no hay pruebas y por eso no les permiten defenderse apropiadamente”, dijo a la comunicadora el familiar de uno de los detenidos.

Como consecuencia de la medida, «de un plumazo y en tiempo récord los abogados defensores deben presentar mañana lunes (01 de agosto) sus conclusiones y el Tribunal anunciará su sentencia».

Barráez recuerda que «el caso de los drones es uno de los más escandalosos en lo que a la violación del debido proceso se refiere. Todas las detenciones y allanamientos se hicieron sin orden judicial, a los detenidos se les negó muchísimas veces las reuniones con sus abogados, las incomunicaciones, torturas físicas y psicológicas no se procesaron». Además que que hubo «experticias sin solicitudes al Tribunal y parcialidad».

Los militares implicadas en el caso son: El general de división Alejandro Pérez Gámez, quien era Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional y a quien la Fiscalía señala como responsable de haber filtrado información a los autores del hecho.

Se incluye al general de Brigada Héctor Hernández Da Costa, al teniente coronel Pedro Javier Zambrano Hernández y al sargento retirado Juan Carlos Monasterio Vanegas.

Y los civiles presuntamente involucrados son: Alberto José Bracho Rozquez, Angela Lisbeth Espósito Carrillo, Argenis Gabriel Valera Ruiz, Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, Emirlendris Carolina Benítez Rosales, Hennyberth Emmanuel Rivas Vivas, José Eloy Rivas Díaz, José Miguel Estrada González, Juan Carlos Requesens Martínez, Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, Wilder Anderson Vásquez Velásquez, Yanin Fabiana Pernía Coronel y Yolmer José Escalona Torrealba.

Integrantes de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República (DPR) y del Frente Institucional Militar (FIM), pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que enjuicie a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La información la dio a conocer la periodista Sebastiana Barráez, en su blog, donde cita el comunicado emitido por las oenegés, donde solicitan que el fiscal Karim Khan, presente “con carácter de urgencia, como es su obligación y responsabilidad jurídica y moral, el informe ante la Sala de Cuestiones Preliminares (Sala 1)” del caso Venezuela.

Piden que Khan “se inhiba en la Situación Venezuela 1, de no tener intención o interés de enjuiciar a los presuntos delincuentes de lesa humanidad del país”.

Los abogados de ambas ONG, quienes firman la carta, insisten en una respuesta al caso «Situación Venezuela 1″, porque “han transcurrido cuatro años, desde el inicio del proceso, y más de un año que el nuevo Fiscal Karim Khan, asumió el cargo».

Argumentan que la CPI tiene «estructurado el expediente, con bases razonables que determinan qué funcionarios de alto nivel en Venezuela, han cometido crímenes de lesa humanidad y aún estamos en espera de la anunciada celeridad procesal”.

Barráez dice que las organizaciones apelan «a la celeridad del caso, para que conforme al artículo 15 del Estatuto de Roma (ER) de la CPI, se abra definitivamente el juicio a los altos criminales responsables de estos crímenes. Igualmente, de ser procedente, se solicite su detención o comparecencia ente esa instancia internacional, para que se inicie el respectivo enjuiciamiento de los imputados”.

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La Situación Venezuela 1, se abrió conforme al artículo 14 del Estatuto de Roma(ER), a solicitud de seis países latinoamericanos, el 24 de septiembre de 2018, recuerda Barráez.

“No hemos recibido respuesta aún”, dicen los firmantes de la Carta Denuncia N.º 6, fechada el 14 de enero 2022 y enviada al presidente de la CPI, Peter Kovács, y demás magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte. La nueva Carta Denuncia la fecharon el 14 de julio 2022.

“Las víctimas esperamos que Karim Khan, ahora no esté prestado a la diplomacia en Venezuela. Su función es de acusador, por lo que deberá ejercer la acción penal ante esa Corte solicitando la apertura del juicio. (Art.15 y 42 del Estatuto de Roma). Las mazmorras del Régimen siguen abarrotadas de presos políticos; se calculan actualmente, más de 110 presos políticos militares. Las ejecuciones extrajudiciales y el ataque a los medios de comunicación continúan”, agrega el escrito.

En la carta enviada a la CPI advierten que “existen países oprimidos por tiranos, que secuestran el poder a través del engaño y la fuerza de las armas, cometiendo los más atroces crímenes de lesa humanidad, para perpetuarse en el poder, conduciendo a los pueblos a crisis inimaginables como es el caso de Venezuela”.

“No obstante, a la Comunicación enviada por el Fiscal de la CPI, a la Sala de Cuestiones Preliminares, signada con el N.º ICC-02/18, del 20 abril 2022, mediante la cual la RBV, confirma: “Está investigando o ha investigado a sus nacionales…en relación con actos punibles que vulneran los derechos humanos”.

Acotan que el 16 de abril 2022, “se venció la prórroga dada por el Fiscal a la RBV, para definir lo de la complementariedad, sin que el Régimen de señales de querer o poder enjuiciar a las líneas de mando, que son las mismas autoridades del Régimen que entrevistó el Fiscal de la CPI y poder cumplir con el Memorándum de Entendimiento, firmado entre las partes”.

“¿Qué espera el Fiscal, para hacer la petición de autorización de apertura del juicio, ante esa Sala de Cuestiones Preliminares (Sala1) como lo contempla el artículo 15 y 17 del Estatuto de Roma? Preocupa a las víctimas y a sus representantes, después de 3 meses vencido la prórroga, que aún no se conozcan las resultas, ni se ha abierto el juicio formal”, destaca la periodista en su blog.

Tanto a la DPR como al FIM les preocupa que “el Fiscal manifestó trabajar para fortalecer alianzas, para el enjuiciamiento de los presuntos delitos. Agradece a Maduro presunto imputado, su cooperación. El 9 de diciembre 2021, en la Asamblea Anual de la CPI, el Fiscal de la CPI manifestó que “seguirá criterios objetivos”. Su trabajo se basará en evidencias concretas, sólidas y que no estén contaminadas o construidas por agentes particulares”.

“Consideramos pertinente comunicarle al Sr. Fiscal que las pruebas de tantos crímenes, con testimonios de las víctimas y sus representantes, están completas, son más de 1.000 folios, en informes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, Comisión de las NU para los Refugiados y los informes de la OEA, al igual que las innumerables denuncias de las ONG que representan a las víctimas”, destacan las ONG.

Quienes suscriben la comunicación dicen que las víctimas se preguntan si para el Fiscal Khan no es creíble “las deportaciones y traslados forzosos por hambre y expatriaciones de venezolanos a otros países, que ya pasa de los 5 millones de personas, evidenciadas en informes de ACNUR, cientos de ellas han muerto en las peripecias de cruzar las fronteras”.

“El exterminio de miles de ancianos jubilados y pensionados, trabajadores y sus hijos, quienes percibieron sueldos de menos de un (1) dólar mensual, por largos períodos de tiempo. Hoy sus ingresos no llegan a 23 dólares al mes”, señala la misiva.

“Asesinatos, (más de 160 personas, en protestas populares legítimas desde 2.014 al 2.017), torturas, encarcelamientos arbitrarios, abusos sexuales, desapariciones forzosas, persecuciones por razones políticas (resalta el asesinato del concejal Fernando Albán y las últimas agresiones a Juan Guaidó y su equipo en los Estados Zulia y Cojedes)”.

Afirman que «han continuado los crímenes de lesa humanidad en Venezuela; entre otros, las ejecuciones extrajudiciales, como lo ratifica la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en su último Informe, sin que se abran, la investigación o juicio formal en contra de los delincuentes de alto nivel gubernamental en esa Sala de Cuestiones Preliminares. En este sentido entre los venezolanos se crean las dudas sobre la eficiencia o probable negligencia de la Fiscalía de la Corte”, alertan las ONG citadas por Barráez.

Nicolás Maduro Moros mueve estratégicamente y, por segunda vez, el avance de una promoción cercana a Diosdado Cabello, a quien trata de frenar en su ascenso hacia el Alto Mando Militar.

La afirmación la hizo la periodista Sebastiana Barráez, en su blog, donde destacó que, en cambio, «ha delegado el control de la afectada Fuerza Armada en el general en jefe Vladímir Padrino López», quien «debió salir de la FANB hace ocho años».

A juicio de la experta, de esta forma «se genera un tapón que impide la renovación en el Alto Mando Militar. Aunado a eso no hay dónde colocar a tanto general de división».

Barráez relató que en el 2020 Maduro pasó a retiro a toda la promoción 1987, a la que pertenece Diosdado Cabello, pero ahora trata de frenar a la promoción de los que compartieron con José David Cabello, hermano de Diosdado, en la Academia Militar.

Destaca el hecho de no haber pasado a retiro al Mayor General (Ej) Iván Rafael Hernández Dala, quien es el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Guardia de Honor Presidencial, es decir, quizá su hombre es el de mayor confianza en el mundo militar.

Mantiene activo al General en Jefe (Ej) Domingo Antonio Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb). Los dos Hernández cumplieron los 33 años de servicio activo el año pasado por pertenecer a la promoción 1988 “General de Brigada Manuel Manrique”.

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Maduro, a la vez que mantiene a Padrino López como ministro de la Defensa, también lo hace con el Comandante Estratégico Operacional y los comandantes del Ejército y la Guardia Nacional.

En el caso de la Aviación es importante destacar que se saltó la promoción 1990, de manera que ninguno de sus integrantes podría ocupar el cargo de Comandante General de la Aviación.

Un oficial dijo a Barráez que “es un caos lo que ha armado el Ministro de la Defensa con el tema de los ascensos y con la acumulación, especialmente, de generales de división, lo que sucede por haber ascendido a los mayores generales».

Agrega que «no puede dar de baja a un MG antes del tiempo de servicio, por lo que de no encontrarles lugar donde colocarlos, tendrán que mandar a algunos para sus casas. Tienen la estructura anarquizada con esa cantidad de generales de brigada, de división y de mayores generales. Esos que ascendieron ahora no sé en qué cargos los van a colocar”, expresó la fuente.

Maduro Moros introdujo tres cambios en el Alto Mando Militar, sin tocar las principales cabezas de poder en esa estructura.

Ratifica a Padrino en el Ministerio, al MG Félix Ramón Osorio Guzmán en el Ejército, al MG Juvenal Fernández López en la Guardia Nacional Bolivariana.

Las caras nuevas son las del comandante de la Armada Bolivariana, almirante Aníbal José Brito Hernández, también hubo relevo en la jefatura del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional, cargo para el que fue nombrado el General José Santiago Moreno Martínez, quien estaba en la Región de Defensa Integral (REDI) Los Andes y antes en la REDI Occidente.

El segundo jefe del Ceofanb es oriundo de Monagas y se graduó de No. 52 en la promoción “Gral de División José Trinidad Morán”, año 1990.

Anteriormente, ocupó la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) tanto en Lara como en Barinas, además de haber sido en el 2016 el comandante de la 22 Brigada de Infantería de Mérida. Es posible que el general Moreno pueda ocuparse de la función esencial del Ceofanb mientras Hernández Lárez sigue en la campaña de propaganda Tancol.

El otro cambio relevante fue el del comandante de la Aviación Militar Bolivariana, para el cual designó al Mayor General Santiago Alejandro Infante Itriago, quien es piloto y egresó de la Escuela de Aviación Militar (EAM) en la promoción “Subteniente Eduardo Antonio Rivas Gruber” 1991, en el orden de mérito Nr. 2 de 35 graduandos.

El primero de esa lista fue dado de baja siendo Subteniente por lo que Infante ocupó el No 1 de su promoción. Es piloto de combate y voló los entonces modernos aviones F-16 entre otras aeronaves.

Ha sido Director de la EAM, director de la Redi Los Llanos y Comandante de la Base Aérea Libertador (BAEL), cargo en el que prohibió la entrada de los oficiales retirados a la mencionada base. No pertenece a los militares que participaron en la intentona golpista del 27N en 1992.

Nicolás Maduro estuvo a solo unos pasos del paseo Los Próceres y desde el palacio de Miraflores se dirigió de manera virtual a los presentes en el evento, pero eso importa mucho en la Fuerza Armada, más aún en un desfile con gran significado simbólico donde lo que hizo presencia fue un muñeco de plástico de Superbigote, lo que causó burla en unos y disgusto en otros.

Aunque muchos oficiales trataban de justificar la ausencia, en realidad estaba claro que su comandante en Jefe no se atreve a exhibirse en un evento donde podría repetirse lo sucedido el 4 de agosto de 2018 cuando hubo el intento de magnicidio en su contra. Además, no tiene la confianza que tanto pregona en los hombres de armas.

La ausencia de Maduro fue contradictoria con su discurso televisado, donde aseguró que “este 5 de julio estamos aquí los hijos de la Independencia, en perfecta unión cívico-militar dispuestos siglos después a seguir pariendo patria independiente. ¡Que viva la valentía de los padres fundadores! ¡Que viva el 5 de julio de 1811!”. En realidad, lo que demostró es que no tenía confianza en los hombres y mujeres que deberían defenderlo y que tienen las armas de la República en sus manos.

La presencia de otras autoridades en la Tribuna no transmite poder para los militares que desfilaban. Y aunque Maduro estuviera en la pantalla, allí en el terreno quien estuvo fue Padrino López, quien disfrutó a sus anchas ser la máxima figura militar, que ni siquiera el comandante estratégico, que también tiene el rango de General en Jefe, logró opacar.

¿Acaso el Ministro de la Defensa va a desperdiciar la oportunidad de demostrar que tiene poder, aunque ya no tenga el liderazgo de hace unos años? Claro que no, la tentación es mucha y por ello deja intacto a su equipo, evidenciando que son los de confianza aunque ello signifique negarle el ascenso a otros que pululan por subir en la escalera castrense.

Nicolás Maduro anunció, el 22 de abril, que había ordenado al Ceofanb nuevas medidas “por el contrabando de ganado hacia Colombia”.

El jefe de la ZODI Apure, general Bello Ortega dijo después en una reunión que se prohibía la circulación de ganado por la línea fronteriza con Colombia.El funcionario castrense amenazó con cárcel a quien incumpla la orden, informó la periodista Sebastiana Barráez.

Recuerda la comunicadora que, paralelamente, Fedenaga «exigió que los dejen trabajar» y denunció que «los grupos irregulares mantienen en terror a los productores, mientras las autoridades fabrican casos colocando al productor como colaborador de esos grupos».

Según Barráez, «la fuerte pugna se origina por el control del estado que libran fuerzas internas militares y del chavismo. Así como el interés del Estado de exportar ganado, a través de un grupo relacionado con Cilia Flores de Maduro».

Relata que «la medida tomó por sorpresa a ganaderos, dueños de fincas, carnicerías, mataderos y contrabandistas. Pero algo parece irse develando a medida que han transcurrido los días y es que desde el gobierno se desató el frenesí por la compra de ganado en los estados fronterizos venezolanos, para enviarlo de exportación», afirmó.

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Barráez resalta que el sector ganadero se queja porque una de las consecuencias de este problema con el ganado es que repercutirá en los precios.

“La repercusión es que hay un importante aumento de los precios del ganado en el estado Apure. También en la ganadería en pie que va al matadero y por supuesto a la que va al final de la cadena de comercialización, carnicerías y consumidor final», dijo la fuente citada por la periodista.

«La carne en Apure está en $ 5.5 el kilogramo y el lomito se está cotizando en 7 u 8 dólares, lo que es un exabrupto”, agregó.

“Ahora están formalmente prohibiendo las guías a la frontera, pero de hecho ya estaban prohibidas y solamente se podía movilizar ganado entre municipios fronterizos. Los grupos irregulares, FARC y ELN, sacan demasiado ganado de contrabando hacia Colombia, pero ahora el gobierno quiere sacarlo de exportación, lo que genera complicación entre ellos, por los intereses», subraya la fuente.

Barráez sostiene que «una medida evidente de la nueva política de Estado es el fuerte control en la zona de Guáchara, municipio Rómulo Gallegos, porque por ahí se va muchísimo ganado arriado, atravesando el río y ya están en Colombia, desde lo embarcan».

Cuando el diputado Pedro Carreño dijo que en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “se habla de que no tiene 32 magistrados sino 34. Que hay una magistrada 33 que toma las decisiones”, enfilaba sus críticas contra el poder del alto tribunal. Lo hacía a través de su presidente Maikel José Moreno Pérez. Pero en realidad es otro capítulo de la lucha de poder entre Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello Rondón.

El anterior es un párrafo de un trabajo publicado por la periodista experta en temas militares y políticos, Sebastiana Barráez, en su blog.

Cuenta que los problemas que actualmente tiene el madurismo en el TSJ, los cuales se reflejan en la dificultad para escoger a los magistrados, son producto de esa eterna lucha de poder entre ambos personajes.

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Hasta la muerte, en diciembre 2020, del político José Vicente Rangel Vale, era él quien había manejado los hilos del poder judicial con mayor habilidad.

Lo hizo en el Ministerio Público, en diversos tribunales y en el TSJ. En muchos casos imponía jueces, decidía la asignación de fiscales y las sentencias más importantes desde el punto de vista económico y político.

Todo ello lo logró Rangel gracias a su incondicionalidad con el chavismo y su disfrute del poder junto al entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Él lo nombró ministro de la Defensa, siendo el único civil en ese cargo durante la revolución bolivariana y también vicepresidente de la República.

Después de la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías, en el 2013, Nicolás Maduro, pero principalmente Cilia Flores, trataron de tomar el control de la administración de justicia. Pero Cabello influyó, y Rangel Vale fue determinante, para que la Fiscal General fuera Luisa Marvelia Ortega Díaz. No la comadre de Cilia, Miriam del Valle Morandy Mijares.

Para el 2017, Ortega Díaz enfrentó decisiones del Ejecutivo, denunció lo que estaba ocurriendo con las OLP, las desapariciones y asesinatos que ejecutaban. Por ello se apartó de la revolución bolivariana y de Cabello.

Otra vez aparece el diputado Pedro Carreño, quien también en el canal del Gobierno VTV, como lo hace ahora, denunció a Ortega Díaz de padecer insania mental.

Sugería al TSJ conformar una junta médica que evaluara si la Fiscal podía continuar o no en el cargo. La entonces Fiscal General denunció irregularidades en la designación de los magistrados. Carreño solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra Ortega Díaz para proceder a su destitución. Además de la prohibición de salida del país y el congelamiento de sus bienes.

Diosdado se mantuvo muy cerca de José Vicente Rangel Vale y así logró tener influencia en algunos magistrados y fiscales del país.

Pero el avanzado estado de vejez de Rangel y sus frecuentes recaídas de salud, le permitieron a Flores de Maduro tener mayor control del poder judicial. Esto, lo había iniciado desde que estuvo como presidente de la Asamblea Nacional.

En esa época se acercó al grupo la «Trujillanidad», logrando que unos parlamentarios migraran hacia el TSJ. Entre ellos el entonces diputado y su amigo cercano, el magistrado Juan José Mendoza Jover.

Carreño Escobar es uno de los más incondicionales subalternos de Cabello Rondón. Como segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tenía una guerra silente con el presidente del TSJ.

Un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) relata cuál fue el momento más álgido entre los dos. Era cuando el SEBIN, controlado por Cabello a través del general Gustavo Enrique González López, prohibió la injerencia de Moreno Pérez en los asuntos de ese organismo.

“Lo que se nos dijo en el SEBIN es que Maikel Moreno arreglaba sentencias con los jueces, a cambio de importantes sumas de dinero, como lo hacen muchos magistrados. Pero en su caso él influía para que se emitieran las órdenes de excarcelación sin considerar si procedían o no», dice ese funcionario.

«A partir de ahí, cada vez que llegaba una boleta de excarcelación detrás de la cual estaba la mano de Moreno, no se excarcelaba al detenido. ¿Recuerda que empezaron a haber muchas denuncias de gente alegando que aun con boleta de excarcelación no se les permitía salir?”, agrega.

“Las llamadas y mensajes de Moreno empezaban a llegar presionando. Eso siguió así hasta que el presidente del TSJ recibió el mensaje directo y preciso del SEBIN, que le advertía de las consecuencias de que siguiera esa presión. No fue con palabras tan decentes, pero el mensaje le llegó”, relata el funcionario de Inteligencia.

Si analizamos en ese contexto lo dicho por Carreño en el programa de televisión, cuando dijo que el TSJ «era el Titanic. El barco hundiéndose y puro aplauso, puros logros, puras conquistas. ¡Y la corrupción que pulula allí, todo lo que está pasando dentro del sistema de Justicia! ¿Dios mío, no van a hacer una rectificación? Ni la magistrada (Marjorie Calderón) ni el presidente (Maikel Moreno), eso era puro logro. El Titanic hundiéndose y la orquesta sonando”.

En todos los estados del país el deterioro y corrupción del poder judicial, que se hizo dramática durante la revolución bolivariana. Esto va de la mano con las decisiones que se toman desde el poder político para usar a la justicia como el comodín de sus intereses.

Es así como en el momento en que Luisa Ortega Díaz se enfrenta a Nicolás Maduro, de inmediato, cientos de los casos de civiles, muchos de ellos jóvenes detenidos en las protestas públicas, los mandaron a los tribunales militares. Allí, los jueces y fiscales violentaron los derechos y principios universales de las personas que procesaron.

Casos como el de la Juez María Lourdes Afiuni Mora comprometen la independencia del poder judicial.

El fin de semana pasado la diputada Luisa Rodríguez Tabares estuvo en el estado Apure presidiendo la Comisión de la “Revolución Judicial”, que preside Diosdado Cabello Rondón. El domingo 3 de abril, antes de la medianoche, concluyó la tercera reunión de la comisión con el abogado Guillén Rosales y el Juez Jaimes Gómez. La diputada dijo que ella no podía tomar la decisión de liberarlos porque no le dieron la orden de hacerlo, pero que era mejor que no denunciaran.

Hace tiempo la praxis de liberar presos para desocupar las cárceles se dio con la Operación Cayapa que dirigió la entonces Ministra de Asuntos Penitenciario, María Iris Varela Rangel. Ella decidía arbitrariamente, sin decisión del Tribunal, liberar gran cantidad de presos, muchos de ellos delincuentes de alta peligrosidad.

Ahora la comisión que dirige Cabello Rondón decide algo similar a la Operación Cayapa. Así es como la diputada Rodríguez Tabares, a través del presidente del Circuito Edwin Manuel Blanco Lima, liberó a más de 80 personas. Varios están involucrados en narcotráfico, aun cuando ese delito no tiene beneficio de Ley.

La magistrada 33, como la llama Pedro Carreño, sería la abogada y exjuez Solchy Delgado Paredes, asistente de la Presidencia de la Sala de Casación Penal. Ella aparece como la persona que llama y ordena las decisiones en muchos casos.

Así ocurrió en el del juez Carlos Jaimes y del abogado Guillén. “Solchy es la que manda y Edwin Manuel Blanco Lima y la juez de drogas Rosa Amelia Mota obedecen las órdenes de ella”.

En Táchira jubilaron a la presidenta del Circuito y juez rectora, Ledy Yorley Pérez, pero no ha entregado el cargo aun. Nombraron jueza de la corte a Odomaira Paredes, prima de Solchy Delgado Paredes y es la que hasta que Pedro Carreño mencionó lo de la magistrada 33, estuvo en Caracas buscando que la nombren. «Los tentáculos de Solchy, llegan hasta el Táchira, porque son de Coloncito, municipio Panamericano”.

El abogado y exparlamentario Carlos Fredy Casanova Leal dijo, en un artículo, sobre la denuncia de Pedro Carreño, que “la investigación debe ser amplia. No solo a los abogados que operan desde afuera en el propósito de voltear el contenido de las sentencias. Debe alcanzar a los magistrados y la colaboración del personal interno de las salas”.

Anunció que tiene “una prueba que se origina en San Cristóbal, y que encontró como epicentro el TSJ” y que está dispuesto a entregarla. Solo “si se establecen mecanismos ciertos para ventilarlos con la responsabilidad debida o si forma parte del acervo probatorio que se decida acumular».

Mencionó la “injerencia externa a las salas del TSJ para cambiar o voltear las sentencias previas de los juzgados superiores de los estados”. Además de «la violación a la imparcialidad debida y el daño económico a quien ganó los juicios y se ve perdidoso por imperio de la manipulación de sentencias en el TSJ».

Considera que debe realizarse “una suerte de auditoría a las últimas sentencias emitidas por las salas para determinar circunstancias anómalas que hagan presumir un interés en el resultado de las decisiones”.

“Al nuevo TSJ, en la Sala Civil, presentaré las pruebas sobre cómo se voltearon el Derecho y la ley para favorecer un caso, en perjuicio de los demás venezolanos, quienes se verán terriblemente afectados por la aplicación de esta jurisprudencia”, dijo Casanova Leal.

Nicolás Maduro no se atrevió a ir al desfile del 24 de junio, que además era Día del Ejército y el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Tampoco asistió a la celebración de la firma del acta de la Independencia el 5 de Julio. Pero, menos lo iba a hacer el 4 de agosto, día de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En un acto similar, precisamente hace tres años, ocurrió el intento de magnicidio con los drones en la avenida Bolívar de Caracas. Desde entonces, Maduro no ha podido vencer el temor a ser objeto de un atentado.

El recordatorio lo hizo la periodista Sebastiana Barráez, en su blog, donde destacó que en lugar de ir, «Maduro grabó un video para saludar a la GNB».

“La Guardia Nacional Bolivariana es hoy por hoy profundamente bolivariana, profundamente revolucionaria y más que nunca antiimperialista». Esto dijo Maduro en el breve discurso que grabó en un video difundido en ese acto.

Pero, según Barráez, la GNB «en realidad es el componente del cual tiene menos motivos para confiar. No es casual que sea el componente con más militares presos por conspiración».

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El acto estuvo presidido por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Él autorizó al GB Francisco Luis Moreno, subdirector de la Academia Militar, para dar inicio al desfile.

“Presentes ante usted y ante el pueblo de Venezuela, mil 200 aguerridos centinelas de la patria», dijo. Ellos representan «a los integrantes de nuestra noble institución castrense. Todos bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca radicalmente chavistas”, dijo el general Moreno.

Era un discurso recurrente a citas, frases y lugares comunes. El oficial se refirió al Método Táctico de Resistencia Revolucionaria y a la perfecta unión cívico militar. No podía faltar en su discurso la referencia al “bloqueo genocida y criminal». Y al respecto dijo que lo imponen «quienes pretenden aplicar un modelo político, económico, militar, a través de la dominación”.

Al darle autorización para iniciar el acto, Padrino López recalcó “hemos defendido el honor no solo militar sino nacional. Con ese espíritu y con la presencia inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez, vamos a dar inicio con el saludo de nuestro Comandante en Jefe”.

Seguidamente se transmitió el video donde se ve a un solitario Nicolás Maduro. Este dijo que la GNB es una institución que ha cumplido a cabalidad su misión.

También se refirió a los ataques imperialistas y se desplegó en halagos para la Guardia Nacional. Se percibió aún más la soledad cuando finalizó el video con las consignas que nadie respondió. Y minutos después transmitieron un antiguo mensaje de Hugo Chávez en pleno patio de la Academia.

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El Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Juvenal Fernández López, dijo que esta «es una era convulsa, donde una pandemia letal de la COVID-19 ha puesto de rodillas la miseria del globalismo financiero».

Aseveró que «Venezuela se erige digna, consolidando sus instituciones en el marco Bicentenario de su gesta libertaria”.

Hizo algunas referencias históricas y aseguró que el objetivo principal de la Guardia Nacional es la defensa de las instituciones democráticas. “Nuestro Comandante eterno, Hugo Chávez Frías, promovió encarecidamente la unión cívico militar. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, convirtió esa relación binaria en una tríada perfecta agregándole el factor policial”.

Aseguró que el componente GNB enfrenta “nuevos retos en el marco de la consolidación de la Revolución Bolivariana». Habló sus sus «enemigos» están «plenamente identificados». Y asegueró que «son más sofisticados y perniciosos en el juego geopolítico que se escenifica actualmente en el mundo”.

Prometió desplegar “el inmenso poder que tiene la GNB para liberar nuestro territorio de grupos delincuenciales, mafias, terrorismo y paramilitarismo colombiano».

Maduro puede tener razones más que justificadas para no asistir a esos actos y sospechar de cualquier movimiento. Pero los oficiales en la Fuerza Armada lo perciben como un desplante hacia la institución.

“Nuevamente Maduro Moros Nicolás Alejandro no asiste a un acto aniversario de una Fuerza. ¿No dice que es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada?”, se queja un general, citado por Barráez.

“El parte del General de Brigada Comandante de la parada militar del acto  conmemorativo al 84 aniversario de la Guardia Nacional nuevamente es convertido en una arenga política”.

A su juicio, Maduro “no asiste para que se perciba como víctima de sus presuntos enemigos. Da un saludo en un video, vestido con casaca militar y la gorra con las insignias de GNB,. Repite las mismas letanías de las protestas de la oposición democrática y por supuesto el presunto magnicidio hace tres años”.

“Es una bofetada y desprecio para la institución que celebra su aniversario, que no asista. Reforzar las presuntas denuncias de sabotaje, magnicidio y escenarios de violencia. ¿Cómo es que alega que confía en la lealtad de la Fuerza Armada controlada por Vladimir Padrino López? Otras hipótesis se podrían sumar al análisis de esta ruptura de la tradición militar venezolana”. así finaliza el alto oficial.

Un año después que Maduro llegó al poder, las conspiraciones han brotado a borbotones. Se cuentan por lo menos 20 operaciones, que en realidad no son más que el nombre que le dan a los grupos de críticas e intentos de rebelión dentro de la FAN.

El 2018 representó el año de su pesadilla. Lo acompaña hasta hoy y le impide asistir a los eventos militares, así sean los más importantes.

En el 2014 fue la Operación Jericó, en 2015 el Golpe Azul y Golpe Fénix. En 2017 hubo otros cinco intentos de rebelión..

Arranca el año 2018 y en enero nuevamente encarcelan al general Raúl Baduel y un grupo de oficiales relacionados con él.

Dos meses después denuncia el caso Copei – Escudo Zamorano. En esos días también se da la aprehensión de los militares del Movimiento Espada de Dios. En julio hay detenidos por la causa del Fuerte Paramaconi y Operación Victoria. Y en agosto la Operación David, la del asalto al Fuerte Paramacay.

El 2018 se inicia con el asesinato de Oscar Pérez y su grupo en la llamada Masacre del Junquito, Siguió marzo con oficiales detenidos en la causa de los comandantes del Movimiento Transición a la Dignidad del Pueblo.

Diez días después es detenido el MG y exministro Miguel Rodríguez Torres. A mayo pertenece el caso Paramacay II. En ese mismo mes ocurre la orden de aprehensión de 32 personas, de las cuales finalmente quedaron detenidos 12 oficiales por la Operación Armagedón. Y el 4 de agosto ocurrió el caso de los Drones, cuando ocurre el intento de magnicidio con Nicolás Maduro.

En el 2019 enero entra con el Caso Cotiza, con 24 militares de la GNB detenidos. En ese mismo mes detienen a un grupo de militares por la llamada Operación Constitución. 

El 30 de abril es la fecha de la Operación Libertad. En junio se da la detención de un grupo de militares de la Operación Vuelvan Caras, entre ellos la de un capitán de corbeta que fue torturado y asesinado. También se da en ese mes de junio el llamado Caso Gobernadora de Monagas.

En el 2020: ya en la época en que la pandemia en Venezuela apenas estaba siendo una pesadilla, ocurre el caso Puerta Morocha del Comando de Zona 441. Y el 3 de mayo la infiltrada Operación Gedeón II.

El 30 de junio de 2021, Javier Tarazona, director de FundaRedes, acudió ante la Fiscalía General, en Caracas. Lo hizo para solicitar que se investigue “la relación de altos funcionarios que han ejercido el poder en Venezuela, tanto militares como civiles”, con altos mandos de la guerrilla.

Tarazona mostó una gráfica en la cual estaba, entre estos funcionarios, el exgobernador de Guárico y exministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín.

Para la periodista Sebastiana Barráez, esto «desató la furia del alto gobierno en Venezuela». Y explica que esto ocurre porque «hay gran cantidad de líderes de la revolución bolivariana con trato personal, económico y sentimental con los grupos irregulares». 

Destaca que «después, Tarazona junto a dos activistas de la ONG fueron detenidos por el Sebin». Y finalmente, este sábado, «un tribunal de terrorismo los imputó por instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”.

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La comunicadore relata que «los cuerpos de inteligencia sustentan un expediente contra el coordinador de Fundaredes desde hace meses».

Dice que «lo seguían, lo grababan, monitoreaban a los miembros de la organización y a los familiares de Tarazona».

Pero «no encontraban nada, porque él actuaba públicamente. Incluso fue a la Fiscalía de San Cristóbal hace unos días para averiguar sobre las denuncias hechas y que ahí fingían procesar».

Asimismo, «diariamente asistía a la oficina de Fundaredes y con frecuencia iba a tomar café a varias panaderías».

Sin embargo, «la denuncia contra uno de los hombres más poderosos en la sombra del chavismo hizo estallar la furia y ordenaron detenerlo, lo que hicieron junto a su hermano y dos activistas».

Barráez cita al portal de propaganda chavista, La Tabla. Allí explicaron las razones de la detención de Tarazona.

“La aprehensión del propagandista de la derecha uribista colombiana, Javier Tarazona, que actúa en Venezuela a través de entidad paraestatal Fundaredes, fue consecuencia de una investigación penal de la fiscalía 94°, con competencia nacional, por el delito de instigación al odio”, dice la publicación.

El portal agrega: “Tarazona, quien reside en Táchira, había permanecido los últimos meses en el Norte de Santander. Pero el miércoles, tras el anuncio de la visita a Bogotá del director de la CIA, William Burns, retornó a territorio venezolano. Esto alertó a los servicios de inteligencia local”.

Según la periodista, «esa versión retorcida del medio LaTabla busca relacionar al defensor de derechos humanos con pagos de agencias de inteligencia norteamericana».

También «con el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y otros funcionarios. Miente el medio, porque es notorio, público y comunicacional que Tarazona sostuvo reuniones casi a diario en San Cristóbal, capital del Táchira, con diversas organizaciones».

“Él dejó de ir a Colombia porque desde hace tiempo solo se puede pasar la frontera a través de las trochas, que están controladas por el ELN. Imagínate el peligro que eso significa. Es falso, él estuvo todo el tiempo aquí”, le dijo a Barráez un miembro de FundaRedes en Táchira. 

«¿Por qué esa denuncia es particularmente sensible?», pregunta la comunicadora, en referencia a la foto mostrada por Tarazona, donde aparece Rodríguez Chacín.

«Porque fue una denuncia directa contra uno de los hombres más poderosos que ha tenido la revolución bolivariana. El silencioso capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín», respondio.

En la fotografía, describe Barráez, «aparecen sentados alrededor de una mesa, que preside Rodríguez Chacín y junto a él su esposa Carola. También los jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)».

Allí está «Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, quien hasta hace unos días fue el máximo jefe e integrante del Comando Central del ELN (COCE-ELN). Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, máximo jefe de la organización guerrillera». Y aparece «Israel Ramírez Pineda alias Pablo Beltrán, miembro del Comando Central del ELN». 

La detención de Javier Tarazona, «es una respuesta feroz contra la organización». Lo es «por develar una prueba determinante, no solo de la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano». Pero, además «se convierte en un acto ejemplarizante contra quienes se atrevan a señalar la presencia de los grupos guerrilleros en territorio venezolano», resalta la comunicadora.

Cuando Tarazona hizo la denuncia y mostró la foto, no solo pidió investigar «la relación de Ramón Rodríguez Chacín y su esposa Carola de Rodríguez, con los cabecillas del COCE-ELN». También «solicitó que se investigue la participación de los esposos Rodríguez Chacín en las casas de resguardo de la guerrilla».

«Discreto y peligroso». Así describe a Rodríguez Chacín un hombre que también fue parte del Gobierno de Hugo Chávez y que habló con Barráez. “El presidente Chávez decía que Ramón era como ‘un perro leal’ y así se comportó con él», señala la fuente de Barraéz.

Añade que Chacín «es profundamente desconfiado, no vacila si se siente en peligro y eso lo hace muy peligroso. Así también te digo que se restea con los amigos, eso se lo ha facilitado que no tiene compromiso ideológico. Ayer era el más feroz antiguerrillero y hoy es amigo de la guerrilla. No sé si eso explica cómo es él. Se ve a sí mismo como un rambo. ¿Su debilidad? Aunque sé que te parecerá raro, pero su debilidad no son sus hijos, es su esposa Carola Martínez de Rodríguez”, remarca el entrevistado de Barráez.

Nicolás Maduro «no da puntada sin dedal». Esta última frase se puede aplicar al anuncio que hizo acerca de la eliminación de la figura de los protectorados, a partir del 21 de nociembre.

Para la periodista Sebastiana Barráez, el anuncio no es de gratis. Lo hace «porque ya tiene listo otro instrumento de control del poder, en este caso, la Ley de Ciudades Comunales».

De esta forma, agrega, «violenta otra vez la Constitución en lo que al Estado federal descentralizado se refiere. Así desecha el poder regional y local de las gobernaciones y alcaldías. Lo único que da es un paso adelante en los planes para centralizar el poder con la excusa de que manda el pueblo, cuando en realidad lo maneja solo un puñado de personas», aseveró.

Nicolás Maduro impuso a los “protectores”, en los cargos por elección popular donde ha perdido el chavismo, desde el 2013.

“A partir de estas elecciones  creo que lo mejor es gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio y en lo que a mi corresponde vamos a eliminar eso que se llama el protectorado, vamos a eliminar el protectorado por estado y por municipio”, anunció en un acto del Día del Periodista.

Al respecto, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, expresó: «Maduro admite, con la mayor desfachatez, que aplica figura siniestra del protectorado. En Caracas los derrotamos dos veces, y luego saquearon y eliminaron la Alcaldía Metropolitana. La defendimos hasta con huelga de hambre. Es una tiranía”.

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El abogado Juan Manuel Raffalli, señala que “el protectorado estadal es una figura inconstitucional que defraudó la voluntad electoral. Atenta contra la autonomía de los estados y la descentralización. Hoy Nicolás Maduro lo deja en evidencia. Deben cesar en sus funciones de inmediato, no después de las elecciones regionales”, afirmó.

De su lado, el analista político y periodista,  Eugenio Martínez, alertó que “Maduro promete eliminar la figura de los protectores. En esencia, si aprueba y ejecuta la Ley de Ciudades Comunales, más las cinco leyes del Poder Popular, engavetadas desde 2010, no necesita de protectores, tampoco de gobernadores, ni alcaldes”,

“Aunque eliminar los protectorados es una condición indispensable para poder reconstruir la gobernabilidad del país; eliminar los protectorados, pero aprobar la Ley de Ciudades Comunales, en esencia no cambiará mucho la dinámica local, regional”, consideró.

Al hacer su análisis, Barraez, recuerda que «durante doce años la revolución bolivariana ha burlado sus fracasos electorales». Uno de los primeros ejemplos es lo que pasó en el 2009, cuando Antonio Ledezma ganó las elecciones de la Alcaldía Mayor de Caracas.

El entonces presidente Hugo Chávez Frías, «usando a la Asamblea Nacional que controlaba, ideó la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital. Se inventó lo que representa el primer protector, a quien le dio el nombre de Jefe de Gobierno del Distrito Capital. La única intención fue quitarle el control de las funciones esenciales de la importante Alcaldía al dirigente opositor».

Y así lo copió Nicolás Maduro en el 2013, cuando Henrique Capriles Radonski ganó la gobernación del estado Miranda. En ese entonces nombró protector a Elías Jaua Milano para usurpar las funciones del gobierno regional.

En el caso del estratégico municipio Sucre, impuso como Protector al cantante y exbeisbolista  Antonio Álvarez Cisneros, conocido como El Potro Álvarez. Así le quitó funciones al alcalde, Carlos Ocariz Guerra.

Luego lo repite, en el 2015, en cuatro de los cinco estados cuyas gobernaciones fueron ganadas por la oposición. En Táchira ganó Laidy Gómez y nombra protector a Freddy Bernal. En Mérida, al ganar Ramón Guevara impone a Jehyson Guzmán de protector.

Lo mismo hizo en Nueva Esparta, donde ganó Alfredo Díaz, pero Maduro impuso a Carlos Mata Figueroa y luego a Dante Rivas. Y finalmente en Anzoátegui , donde impuso a Aristóbulo Istúriz y ahora a Luis José Marcano, sobre quien ganó, Antonio Barreto Sira.

En el caso del Zulia le arrebataron la Gobernación al dirigente Juan Pablo Guanipa y Maduro le impuso como protector al exgobernador y militar, Francisco Arias Cárdenas.

“A mí también me dijeron que había salido en la lista de los desaparecidos y que según la guerrilla los tiene de rehenes. Ojalá negocien con la guerrilla y aparezca mi Joseito y yo pueda llorar de alegría. Ya quiero que mi hijo esté con nosotros nuevamente y que cuando salga se venga conmigo. Ya no quiero que mi hijo esté más por allá, no quiero. Me duele mucho esta zozobra”.

Estas palabras forman parte del relato de la madre del teniente de fragata José Emilio Torres Pérez. Él es uno de los miembros de la FAN desaparecidos durante los combates con la disidencia de las FARC en Apure.

La periodista Sebastiana Barráez hizo la entrevista la señora. “Tanto preguntar y preguntar, pero nadie me da respuesta de mi hijo”, repite la madre del oficial.

Ella como tantos otros no ha obtenido información alguna de la escuela Comandos del Mar, ni de la Brigada Comandos del Mar (Bricomar). Tampoco del componente Armada Bolivariana (ARB) y mucho menos de la Fuerza Armada Nacional (FANB)

Refiriéndose al Dia de la Madre, dijo “lo único que hice fue llorar y llorar por mi muchacho. En un día como ayer, todos los años, me mandaba: ‘feliz día de la madre, mami. Doy gracias a Dios por la madre que me ha tocado’ . Y ayer no recibí nada de él, ni siquiera noticias de él, nada”

“¡Dios mío! yo solo tengo poquitas fuerzas para abrazar a mi hijo cuando llegue. Yo sé que mi Dios me lo va a traer sano y salvo. Sé que mi hijo va a salir de esta, sé que lo vamos a tener con nosotros nuevamente”, finaliza.

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Barráez señala que los más bochornoso es que en ministerio de Defensa se han negado a dar información. No solo a la opinión pública nacional, sino a los familiares de los militares desaparecidos. «Incluso es chucuta la que aportan a los militares asesinados», dijo.

Desde lo ocurrido el 23-24 de marzo  varios voceros no oficiales de la revolución bolivariana han servido de intermediarios. Lo hacen para facilitar intercambio de información entre las FARC con funcionarios militares. En varias reuniones se ha discutido lo que podría ser una salida.

El obstáculo mayor es la negativa, por parte de algunos funcionarios a llegar a un acuerdo con la guerrilla. El argumento es que “no podemos aceptar chantaje de grupos guerrilleros ni paramilitares”. asumen que los militares secuestrados deben ser liberados en el marco de una operación militar de rescate.

Mientras, el comandante Estratégico Operacional, almirante Remigio Ceballos Ichaso, guarda silencio ante el secuestro de militares

En un comunicado que de las disidencias de las FARC de la fracción de  Gentil Duarte, dieron a conocer que tienen con ellos a ocho militares.

Las FARC aceptó entregar a los ocho que reconocen tienen secuestrados. Por ello la comunicación se la envía a la Cruz Roja Internacional.

Agregan que desde el 21 de marzo “del año en curso se desplegaron acciones militares ofensivas, en nuestra contra». Denuncian que las acciones han escalonado en la región del Apure.

Luego las FARC reconocen que “fueron capturados como prisioneros de guerra” los ocho militares. “De tal forma apelamos a sus buenos oficios para establecer los protocolos y mecanismos necesarios para que sean entregados», finaliza.

El documento refleja la gravísima situación que se ha generado por la presencia de la guerrilla en Venezuela. Por una parte, no es cierto como suscriben al final de comunicado que estén en montañas o sabanas del oriente colombiano. Están en territorio venezolano.

Además, las FARC se cree con el derecho de librar una guerra en territorio venezolano. Es en territorio del estado Apure que capturaron a los militares venezolanos. Lo que realmente las FARC está peleando no es una guerra política o ideológica contra el Estado colombiano, es una lucha por las rutas del narcotráfico. 

Las FARC pretenden, y queda reflejado en el comunicado que difundieron, que se les reconozca beligerancia. Por ello citan la intermediación de varias organizaciones internacionales, y que el gobierno venezolano también participe junto con el grupo armado.

La situación se ha complicado para la Fuerza Armada venezolana, porque si cede a las condiciones de las FARC entraría en una fase irreversible y lo lógico es que debe tratar a los grupos irregulares, guerrilla y paramilitares, como grupos hostiles que violan el territorio y la soberanía.

Mientras la madre del TF Torres Pérez clama porque su hijo aparezca sano y salvo, el Ministro de la Defensa publicó un comunicado en el Día de la Madre: “hoy, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expreso mis más fervientes felicitaciones y sincero reconocimiento a las heroicas, hermosas e inteligentes madres venezolanas, especialmente a aquellas que, impregnadas de un insondable amor por sus vástagos, consagran su existencia a la defensa de esta Patria, hogar sagrado que los ve nacer y crecer”.

Has pasado 20 años desde que a Linda Loaiza López le cambiaron su vida para siempre. El monstruo de Los Palos Grandes, como se conoce a su victimario, Luis Carrera Almoina está libre, pese a que durante 112 días la violó, mutiló y convirtió en esclava sexual.

Desde aquel mes de junio de 2001 hasta el momento han pasado dos décadas, durante las cuales la ahora abogada y activista por los Derechos Humanos no ha dejado de luchar. Lucha contra la impunidad y la injusticia, porque Carrera Almoina solo pagó seis años de cárcel y no por violación.

En entrevista con la periodista Sebastiana Barráez, para infobae, Linda Loaíza revela que tiene muchas cicatrices. Pero la herida de la justicia aun sangra.

«Ningún agresor, ningún torturador, ningún violador, merece perdón ni olvido. Lo que ellos merecen es sanciones, ser condenados, ser apresados, ser privados de libertad para evitar que otras mujeres, otras niñas, otras adolescentes, corran peligro», dijo.

Al hacerse públicas las denuncias de abuso y acoso sexual por parte de personas famosas de la cultura y la música, volvió a pedir justicia. Lo hizo directamente al fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, porque él aseguró que se haría justicia para esas víctimas.

Ella reconoció ese anuncio, pero le recordó a Saab que el Estado venezolano tiene una deuda con ella y con las otras víctimas de violación de Carrera Almoina.

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Desde que la rescatan hasta que la llevan a prestarle atención médica pasaron cinco horas. “Lo había perdido todo, mi familia estaba desmoronada. Yo en cualquier momento podía fallecer, aparte de todo el tiempo que estuve en cautiverio, mi vida estuvo en peligro. Tengo 15 operaciones muy comprometedoras, dos del páncreas, son de gran envergadura para una persona, yo tenía 18 años”, señala.

“Desde el momento en que mi hermana me rescató, no ocurre nada. Las instituciones del Estado no dictaron las medidas de protección que debían, desde allí comienza la falla”, agrega.

El apellido de quien la secuestró, violó y torturó, Luis Antonio Carrera Almoina, no es cualquiera. Es parte de una familia reconocida en el mundo académico venezolano.

Su padre es el destacado escritor, miembro de la Academia Venezolana de Letras y exrector de la Universidad Nacional Abierta, doctor Gustavo Luis Carrera Damas. Y sus tíos son el historiador Germán Carrera Damas, colaborador de la Unesco, Jerónimo Carrera Damas.

Para que se realizara el juicio Linda Loaiza, a secas, como todos la llaman, tuvo que hacer una huelga de hambre durante 13 días. “Eso me llevó unas 6 o 7 semanas de un proceso de juicio, audiencias, ofensas, atropellos, donde no se valoró mi testimonio”.

En octubre del 2004 la juez Rosa Cádiz absolvió a Carrera Almoina de todos los cargos. Él dijo que la joven había llegado golpeada a su casa y que no denunció porque ella no quería implicar a personas allegadas. En un nuevo juicio el individuo fue sentenciado por lesiones gravísimas y privación de libertad, por lo que estuvo preso durante seis años. Siguen pendientes los delitos de violación e intento de homicidio.

Por su parte, hoy en día, Linda Loaiza subraya que recibe mucha solidaridad a través de mensajes, “Algunas personas piden perdón por no haber actuado efectiva ni activamente desde el año 2001 hasta ahora”. 

Para Linda Loaiza la impunidad en su caso es un aliciente para que los depredadores sexuales, los violadores, sientan que en Venezuela pueden cometer este tipo de delitos y no pagar por ellos.

«Si hace 20 años atrás, el Estado, las instituciones, el sistema de justicia hubieran dado un mensaje diferente a los agresores, a los violadores, pero al no brindarme justicia, al no emitir una sentencia de justicia ejemplarizante en favor de las mujeres, el mensaje que le sigue brindando el Estado a la sociedad es que a los hombres que cometen delitos, no los vamos a sancionar. Ese es el mensaje que le ha enviado la Justicia a la sociedad venezolana desde hace 20 años. Ellos tienen la oportunidad de reconocer, rectificar y sancionar a cualquier hombre que comete estos delitos», dijo.

«Cuando se trata de delitos contra la mujer, básicamente no nos creen. Mi hermana fue varias veces a denunciar mi desaparición y no le tomaron la denuncia, hasta que ella recibió amenazas por parte de la persona que me tenía en cautiverio a mí. ¿Puedes imaginar la incredulidad?», agregó.

Linda Loaiza reitera, “yo continúo buscando justicia para mí y por supuesto, para todas las mujeres a nivel nacional e internacional, sobre todo en la cultura de las nuevas generaciones, porque es muy importante la formación de personas con valores, con equidad, con justicia. Por eso continúo”.

«Fue una sobrevivencia en todos los sentidos, desde varios ángulos y frentes: luchar por la parte médica, mi recuperación, luchar para mantenerme socialmente, intentar la parte legal. Fue una lucha bárbara por resistir, por buscar justicia; creo en mí misma y en la lucha que he dado. Desde el momento de mi rescate, el 19 de julio de 2001, atravieso por un sinfín de atropellos, incluso durante el traslado en ambulancia hasta el hospital».

«Para sobrevivientes de delitos relacionados con la sexualidad, como la violación, es muy difícil relacionarse y enfrentar la sociedad, es un gran reto. Durante estos 20 años he estado acompañada por terapeutas, tanto psicológica como psiquiatra y en algunas oportunidades he estado medicada, cuando ha sido necesario; he contado con el apoyo de mis padres y de mis hermanas y hermanos, he buscado especialistas en el tema. He hecho un esfuerzo, he mantenido la perseverancia, la constancia para alcanzar la justicia, con disciplina. Las víctimas y sobrevivientes requieren, para su desarrollo en la sociedad, lograr justicia».

«Ante cualquier delito de violencia, deben denunciar. Es importante informar a las autoridades y buscar ayuda de cualquier institución, organización, de cualquier profesional, a fin de protegerse, hay que formalizar las denuncias, acudir a las instituciones correspondientes, al Ministerio Público, obviamente, y denunciar cualquier delito que pudiera estar sufriendo una mujer, una adolescente, también perseverar y buscar justicia. Es un camino largo, duro».

En mi experiencia, pienso que esto no se supera, este sufrimiento, esta afectación. Este tipo de delito no se supera, se aprende a convivir con ese dolor, y es allí donde alcanzar la justicia se vuelve una necesidad para la sobreviviente. Eso es indispensable para cualquier sobreviviente, al menos para continuar la vida, para cerrar un capítulo y seguir.

La guerrilla colombiana con varios frentes que hacen vida en Apure y otros estados de Venezuela, apoyados por Maduro.

Alias Jesús Santrich y Alias Gentil Duarte se enfrentan en territorio venezolano.

Pero, en medio de una información difusa y confusa, incluso para las Fuerzas Militares, aún no se sabe qué pasa en la frontera.

«El comandante estratégico operacional no está cumpliendo su papel, asegura Sebastiana Barraéz.

Quien también asegura que resulta «imprudente mandar a militares a un territorio que no controla la fuerza armada».

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La experiencia de la periodista cubriendo la fuente militar le da la autoridad para asegurar que «la frontera colombo-venezolana, está ocupada por guerrilleros, paramilitares, bandas criminales, y en Apure, donde hace vida las FARC, no es de ahora».

Incluso, dice, esa guerrilla tiene una relación de dependencia con la población civil de la zona.

Pero, ¿Por qué el silencio de la fuerza armada ante la masacre de sus efectivos en Apure? ¿Por qué anulan el suceso con el silencia? ¿Qué pasó en la relación de Nicolás Maduro con la guerrilla de las FARC?

¿Venezuela está siendo víctima del enfrentamiento interno de las FARC en Venezuela? ¿Qué viene?

¿Cuél es la responsabilidad de las fuerzas armadas de defender territorio y por qué se debe denunciar?

Sebastiana Barraéz y Karla Salcedo Flores en Mesa de Análisis de Impacto Venezuela.

Livia Coromoto Millán apenas puede con su dolor. Se confunde, repite, cierra los ojos tratando de encontrar las palabras apropiadas. Parece una mujer a quien le ha tocado duro en la vida. Pero su cuerpo es frágil, no hace falta verla llorar para saber que el peso de la tristeza amenaza con apagarle la voz por momentos. 

Esta es la historia de esta mujer entrevistada por la periodista Sebastiana Barráez. Ella denuncia que durante los primeros enfrentamientos en Apure, las Faes se llevaron a su hijo.

Julio César Jiménez Millán, desapareció. Luego, lo encontraron muerto, tirado en la sabana, sin zapatos, sin camisa y con un pantalón de los que usan los guerrilleros en la zona. Y no contentos con eso, después se negaron a entregarle el cuerpo.

Se niega a aceptar que este hecho atroz quede en silencio. La señora Millán quiere saber dónde sepultaron a su hijo, quiere tener un lugar digno dónde llorarlo y llevarle flores.

“Se presentó ese conflicto ahí en La Victoria. Las FAES arremetió contra las personas de ese lugar. Mi hijo se encontraba en su cuarto, descansando de su trabajo. Se metió las FAES, un cuerpo asesino, que lo que hace es matar a la gente sin compasión. De ese lugar lo sacaron con vida. A mí me avisan, de la panadería donde él trabajaba, que se lo habían llevado detenido”, explica Livia Coromoto.

Describe cómo llamaba para La Victoria esperando alguna respuesta de su hijo. “La única respuesta que recibí es que él no aparecía, que lo fueron a buscar en los cuerpos policiales y no aparecía detenido. Tomé la decisión de moverme hasta allá, con todo el esfuerzo”.

Cuando llega a Apure el dinero que llevaba se había agotado. “Ahí en la esquina del Teatro le pedí ayuda a unas personas de ese sector para poder quedarme en el porche, pero esa gente, en su cariño, nos ofrecieron su hogar, nos dieron alimentos, nos ayudaron económicamente, me ayudaron a caminar para encontrar a mi hijo. En el Teatro pedí que me dieran información sobre mi hijo, pero no aparecía en el sistema de ahí, tampoco en el de DGCIM, me enviaron a la PTJ (CICPC) para que formulara la denuncia”. 

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En el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) le preguntaron cuál era el nombre del muchacho. “Él se llama Julio César Jiménez Millán, tengo cédula de él, también cargo fotos de él”, les dice a los policías, que toman las fotos y se van a una oficina, desde donde poco después la llaman y le preguntan que si puede reconocer a su hijo en una foto. 

“La foto se la muestran primero a mi hijo Eduardo José y luego me la muestran a mí. No esperaba encontrarme a mi hijo muerto. Fueron tres semanas en el que nadie sabía darme razón de él. Cuando veo esa foto de él muerto, para mí fue muy impresionante porque no me lo esperaba, porque mi hijo siempre fue de buena conducta y lo que siempre me dijeron es que se lo habían llevado con vida”.

“Fue la FAES que lo mató, porque a él se lo lleva la FAES. Luego bajan una foto donde lo tienen vestido de guerrillero, estaba torturado, matado a puro golpe, porque no estaba baleado y dicen que fue un enfrentamiento entre guerrilleros. Si se fijan bien en la foto, vean cómo tiene las muñecas maltratadas, las manos, torturado, sus costillas partidas, sus pies descalzos, vestido de guerrillero; tengo pruebas, tengo testimonios de que mi hijo no era de esos”, dijo.

Enfatiza qué quiere, “que se haga justicia, que se diga la verdad, que se aclare que Julio César Jiménez no era ningún guerrillero, ningún matón. Yo sé que con esto no voy a revivir a mi hijo, sé que con esto no voy a superar este dolor tan grande, pero sí quiero que se limpie su nombre, que él no era ningún guerrillero. Yo voy a hacer que, en el nombre del Señor, se aclare todo; somos cristianos evangélicos para la gloria del Señor y sé que para el hombre escapará muchas cosas, pero para Dios no”, aseveró.