El Senado de Estados Unidos está muy activo en los últimos días, ¿será porque los parlamentarios se van de vacaciones? Además de activar la Ley Bolívar contra Maduro y sus aliados, aprobó otra legislación muy polémica y que traerá cola.

La cámara alta del Parlamento aprobó este jueves 15 de diciembre prohibir la aplicación TikTok en los teléfonos oficiales de empleados federales.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE, esta nueva medida del Senado impedirá que TikTok se pueda descargar en los dispositivos que usan los empleados del gobierno federal con fines laborales.

Sin embargo, la Cámara de Representantes tendrá que confirmar la medida para convertirse en ley.

Ya son varios los estados, como Texas, Alabama, Tennessee y Dakota del Norte, que prohíben a sus funcionarios tener TikTok en sus teléfonos oficiales. Igualmente, en otras entidades hay casos semejantes sobre supuesto espionaje chino por la aplicación.

Ahora que el Senado aprobó por consenso la prohibición de TikTok, la medida podría pasar a todos los empleados federales. Igualmente, la Cámara Baja, controlada por mayoría demócrata, tendrá que dar luz verde.

Quizás sea una disposición de seguridad, pero tiene visos de paranoia. Incluso tiene su parecido a leyes conservadoras como las que impiden a las féminas asistir a los entes públicos enfundadas en minifaldas o con escotes pronunciados.

Imagínate entonces a una alta funcionaria pública bailando TikTok en las instalaciones del Senado. O peor, haciendo «propuestas políticas» en OnlyFans.

Lea también: ¡SE LA PUSO CHIQUITICA! Senado de EE.UU. aprueba «Ley Bolívar» para impedir negocios con administración de Maduro

La decisión del Senado llegó días después de que varios congresistas anunciaran un proyecto de ley para prohibir TikTok en Estados Unidos. El senador republicano Marco Rubio presentó la propuesta y señaló directamente a China.

“TikTok ofrece al Partido Comunista chino una capacidad única para monitorear a más de un millardo de usuarios en todo el mundo, incluidos casi dos tercios de los adolescentes estadounidenses”, apuntó.

En ese sentido, el senador sostuvo que TikTok representa un “peligro para la seguridad” de Estados Unidos. “Allanará el camino para un panorama tecnológico con influencia china aquí”, agregó.

Rubio: TikTok allows the Chinese Communist Party to access your private data. I want to ban it. pic.twitter.com/g9ehOv3sfj

TikTok rechazó la propuesta de ley de Rubio. “Es preocupante que, en lugar de alentar a la Administración a concluir su revisión de seguridad nacional de TikTok, algunos miembros del Congreso hayan decidido impulsar una prohibición por motivos políticos”, expuso un portavoz.

La red social china fue creada en 2016 y actualmente cuenta con más de mil millones de usuarios activos de manera mensual. Incluso, estudios pronostican que TikTok podría duplicar su alcance en tan solo dos años.

Se espera que el Congreso de Estados Unidos apruebe este viernes un proyecto de ley para frenar la violencia con armas de fuego, un día después de que la Corte Suprema reafirmara el derecho al porte de armas en público.

El Senado aprobó la noche del jueves la iniciativa, que busca frenar la violencia con armas de fuego con medidas restrictivas y el aporte de miles de millones de dólares en fondos para la salud mental y la seguridad escolar.

La luz verde de la Cámara alta, en la que la exigua mayoría demócrata consiguió el apoyo de algunos republicanos, fue un espaldarazo para los activistas por el control de las armas, horas después de la consternación que les causó el fallo de la Corte Suprema, que estableció el derecho portar armas de fuego en público.

Lea también: CONVULSIÓN EN EE.UU.: Corte Suprema amplía derecho a llevar armas en la calle en el estado de Nueva York

Esa sentencia anuló una ley neoyorquina de más de un siglo que establecía que quien quisiera un permiso para llevar un arma de fuego fuera del hogar debía demostrar que la necesitaba.

La votación de este texto de 80 páginas por la Cámara de Representantes tendría lugar alrededor del mediodía local, reseñó AFP.

Los demócratas disponen de una mayoría de 220-210 y podrían darse el lujo de perder hasta cuatro votos si se enfrentan a una oposición unida.

En realidad, se espera que un puñado de republicanos desafíe a su líder Kevin McCarthy y respalden.

Si bien el proyecto de ley no satisface las demandas de los opositores a las armas y del presidente Joe Biden, es considerado un avance tras casi 30 años de infructuosos esfuerzos en el Congreso.

«Esta ley bipartidista ayudará a proteger a los estadounidenses», dijo Biden en un comunicado poco después de la votación del Senado. «Niños en las escuelas y comunidades estarán más seguras gracias a ella».

La ley, respaldada por los 50 senadores demócratas y 15 republicanos, incluye la mejora de la comprobación de los antecedentes de los compradores menores de 21 años, 11.000 millones de dólares de financiación para la salud mental y 2.000 millones de dólares para programas de seguridad escolar.

También destina fondos para incentivar a los estados a aplicar leyes de «alerta» para retirar las armas de fuego a personas consideradas amenazantes.

Cierra asimismo el llamado agujero del «novio», por el cual los maltratadores domésticos podían evitar la prohibición de comprar armas de fuego si no estaban casados o no vivían con su víctima.

«El Senado de Estados Unidos está haciendo esta noche algo que muchos creían imposible hasta hace unas semanas: estamos aprobando el primer proyecto de ley de seguridad de armas significativo en casi 30 años», dijo el líder de la mayoría demócrata de la cámara alta, Chuck Schumer.

«El proyecto de ley de seguridad de las armas que estamos aprobando esta noche puede describirse con tres adjetivos: bipartidista, de sentido común, salvador de vidas», dijo.

El senador republicano Mitch McConnell consideró que la ley tornará a Estados Unidos más seguro «sin hacerlo menos libre».

«Este es un paquete (de normas) de sentido común. Sus disposiciones son muy, muy populares. Contiene cero nuevas restricciones, cero nuevos periodos de espera, cero mandatos y cero prohibiciones de ningún tipo para los propietarios de armas respetuosos con la ley», añadió.

La poderosa Asociación Nacional del Rifle y muchos republicanos de ambas cámaras del Congreso se oponen, pero la iniciativa cuenta con el respaldo de grupos que trabajan en temas policiales, violencia doméstica y enfermedades mentales.

El texto es obra de un grupo de senadores demócratas y republicanos que pasó semanas concertando detalles y resolviendo disputas.

Los legisladores procuraron terminar las negociaciones rápidamente para aprovechar el impulso generado por el asesinato de 19 niños en Uvalde (Texas) y de 10 personas negras en un supermercado de Buffalo, al norte del estado de Nueva York, ambos el mes pasado.

Es un «día histórico», celebró el senador Chris Murphy, que lideró las negociaciones por los demócratas.

«Esta se convertirá en la ley más significativa contra la violencia armada que el Congreso ha aprobado en tres décadas», dijo en el pleno del Senado.

La última legislación federal importante de control de armas, de 1994, crea un sistema nacional de comprobación de antecedentes y prohíbe la fabricación para uso civil de rifles de asalto y cargadores de munición de gran capacidad.

Pero esa ley expiró una década después y desde entonces no hubo ningún movimiento serio de reforma pese al aumento de la violencia con armas de fuego.

Biden había impulsado iniciativas más ambiciosas, como el restablecimiento de la prohibición de los rifles de asalto -que se utilizaron en los tiroteos de Texas y Nueva York- y de los cargadores de alta capacidad.

Es un desafío político legislar en un Senado dividido entre 50 demócratas y otros tantos republicanos, ya que la mayoría de los proyectos de ley requieren 60 votos para ser aprobados.

La organización Alianza for Progress inició este miércoles una campaña de recogida de firmas en apoyo de una petición al Comité de Ética del Senado para pedir que se investigue si el senador Marco Rubio tiene algo que ver con un polémico contrato de un excongresista republicano con PDVSA.Alianza for Progress, una organización que agrupa a puertorriqueños e hispanos en general en Florida, publicó este miércoles un anuncio en las redes sociales en el que plantea la pregunta de por qué el régimen de Nicolás Maduro firmó un contrato por 50 millones de dólares con David Rivera, a quien identifica como un «amigo íntimo y ex compañero de cuarto» de Rubio.Del vínculo del excongresista por Florida David Rivera con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se supo a mediados de mayo debido a que una subsidiaria de la petrolera le demandó en un tribunal de Manhattan (Nueva York) por incumplimiento de contrato, reseño la agencia EFE.Según la demanda, Rivera se comprometió en 2017 a prestar a la compañía «servicios de consultoría estratégicos» por valor de 50 millones de dólares con el fin de mejorar la reputación de PDVSA entre los legisladores estadounidenses.«No creemos que es coincidencia que Rivera sea cercano a Rubio, el nuevo director del comité de inteligencia del Senado, y que haya recibido este contrato lucrativo», dijo este miércoles Marcos Vilar, director ejecutivo de Alianza for Progress.«Donde hay humo, hay fuego», agregó en un comunicado.

Petición de firmas

Los anuncios publicados este miércoles hacen un llamado a los ciudadanos para que firmen una petición que exhorta al Comité de Ética del Senado de EE.UU. a realizar una investigación inmediata sobre este «sombrío» contrato.Consultada por EFE, Cristina Robinson, portavoz de Alianza for Progress, dijo que cuando hayan recabado 500 firmas enviarán la petición al Comité de Ética del Senado.La petición señala que recientemente se descubrió que «el dictador venezolano Nicolás Maduro acordó darle al republicano de Florida un contrato de asesoría de 50.000.000 dólares».«David Rivera tiene lazos estrechos con el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Marco Rubio, que además dirige el Subcomité de Asuntos Latinoamericanos. Parecería que es por su relación con Rubio por lo que obtuvo ese lucrativo contrato».Alianza for Progress destaca que «los dirigentes de Florida no deberían hacer tratos con el corrupto régimen de Maduro» y pide «respuestas» al Comité de Ética.La noticia de que Rivera, de origen cubano como Rubio, firmó un contrato con PDVSA llamó inmediatamente la atención ya que era conocido por su postura y declaraciones contrarias a los Gobiernos de Cuba y Venezuela.Rivera reaccionó diciendo que lo hizo para ayudar a la oposición venezolana, pero según una investigación del diario Miami Herald presuntamente compró varias propiedades en Florida después de la firma del contrato.Según alega en su demanda la subsidiaria de PDVSA, le pagaron 15 millones de dólares a la consultora de Rivera, Interamerican Consulting, y a cambio recibieron sólo dos informes que sumaban cinco páginas en total.Esa empresa, dice el documento judicial, «no llevó a cabo ningún servicio de relevancia bajo el acuerdo, y desde luego no desarrolló el nivel de servicios que razonablemente podrían esperarse de unas tasas aproximadas de 17 millones de dólares al mes».Dirigentes demócratas de Florida han acusado al Partido Republicano de «hipocresía» en su postura hacia Cuba y Venezuela a raíz del caso de Rivera.«Si yo fuera Marco Rubio estaría pidiendo una investigación inmediata, dijo este miércoles el representante estatal de Florida Javier Fernández.«Creo que es absolutamente esencial debido a la magnitud del contrato. La cantidad de dinero por un trabajo de tan corta duración es exorbitante y amerita una investigación», subrayó.En unas declaraciones al diario Miami Herald cuando se presentó la demanda contra él, Rivera afirmó que el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad sabían de su contrato con la subsidiaria de PDVSA y que en realidad se trataba de una estratagema para ayudar a la oposición al régimen de Nicolás Maduro.En 2012 Rivera perdió su puesto en la Cámara de Representantes al ser derrotado por el demócrata Joe García, y en 2014 se retiró de las primarias para volver a ser el candidato republicano del Distrito 26 de Florida.Por entonces, Rivera era investigado por el FBI y la Policía de Miami-Dade por la supuesta financiación secreta de la campaña de Justin Lamar Sternad en 2012 como candidato demócrata para enfrentar y debilitar a Joe García.