“Desde el año 2014, Venezuela ha sido testigo de un patrón sistemático de represión donde la cárcel no solo funciona como un espacio de aislamiento, sino como un mecanismo de aniquilación. Con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, la cifra de presos políticos fallecidos bajo custodia asciende a 27”, denunció la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

“Estos decesos no son hechos aislados, sino que constituyen una modalidad de ejecución que se oculta tras la desidia burocrática y la opacidad institucional”, dice la organización en un comunicado en su página web.

Agrega que “la muerte de un preso político bajo custodia del Estado no es un evento fortuito ni una fatalidad administrativa; es la expresión más extrema de la persecución política”.

“En un sistema donde el Estado asume el control total sobre la vida de un individuo al privarlo de su libertad, cualquier deceso en prisión se presume, bajo los estándares internacionales de derechos humanos, como una responsabilidad estatal directa”, afirma.

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La muerte en custodia de un preso político suele ser el resultado de una tríada de violaciones deliberadas:

La tortura y los tratos crueles: El daño físico infligido durante los interrogatorios o como castigo disciplinario debilita la integridad vital del detenido.

La negación de atención médica: La desatención médica como forma de castigo físico y emocional. Negar el traslado a un centro asistencial o el acceso a medicamentos y atención médica es, en la práctica, una ejecución en cámara lenta.

La omisión de medidas humanitarias: El sistema judicial ignora sistemáticamente las solicitudes de medidas alternativas a la privación de libertad, incluso cuando el deterioro de la salud es evidente e irreversible, contraviniendo el principio de humanidad.

El fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas representa uno de los capítulos más oscuros y desconcertantes de esta cronología. Su caso trasciende la negligencia para entrar en el terreno de la perversión institucional:

Desaparición forzada y peregrinaje: Durante 16 meses, su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años y sin recursos, recorrió cada eslabón de la estructura estatal —cárceles, tribunales, el CICPC, el Ministerio Público y el Ministerio de Servicio Penitenciario— recibiendo solo silencio o información falsa. Mientras los tribunales afirmaban que estaba en el Rodeo I, los funcionarios del penal lo negaban.

La contradicción cronológica: Es inadmisible que el Estado notifique hoy una muerte ocurrida, según sus propios registros, hace casi un año (24 de julio de 2025). Resulta una burla al derecho a la verdad que, en octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo replicara información del Ministerio Público – sin verificar – en cuanto a que Quero permanecía recluido, cuando para esa fecha ya habría fallecido.

La destrucción de la evidencia: En el comunicado emitido el día de hoy, el Ministerio Público añade un agravante: alegan no tener registros de familiares de Quero Navas durante su reclusión y que, bajo ese pretexto, procedieron a la inhumación del cuerpo. Esta acción no es un protocolo administrativo; es, en la práctica, la eliminación de la evidencia física y el último acto de violencia contra una madre que nunca dejó de buscarlo. Al inhumarlo sin presencia familiar, el Estado ha intentado borrar el rastro de lo que ocurrió dentro de esas paredes.

La ironía de la amnistía denegada: El hecho de que se emitiera una decisión negando su amnistía apenas días antes de confirmar su muerte —ocurrida meses atrás— revela que el sistema judicial ni siquiera tiene control sobre la existencia física de las personas que procesa. Se juzgó y se negó la amnistía a un hombre que ya era cenizas.

Ante la muerte de Quero Navas, la «investigación» no puede quedar en manos de las mismas instituciones que lo custodiaron, lo incomunicaron, ocultaron su deceso y las circunstancias en las que se dio. Exigimos la aplicación del Protocolo de Minnesota (2016) para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

Una investigación independiente es la única vía para determinar la responsabilidad de los funcionarios que, por acción (tortura) u omisión (negación de información y auxilio), permitieron este desenlace. La autopsia y las experticias médico-forenses deben ser practicadas por especialistas externos que garanticen que la verdad no sea enterrada junto con la víctima.

Víctor Hugo Quero Navas no es una cifra, es el cierre de una lista de 27 ciudadanos presos por razones políticas que el Estado no protegió bajo su custodia y que hoy ya no están. A continuación, recordamos a quienes le precedieron en esta cronología de desprotección, cuyas muertes en centros de reclusión o sedes de inteligencia siguen siendo una deuda de justicia pendiente:

Rodolfo Pedro González (murió el 12/03/2015 en El Helicoide)Carlos Andrés García (murió el 17/09/2017 en El Helicoide)Rafael Arreaza (murió el 30/11/2017 en Ramo Verde)Fernando Albán (murió el 8/10/2018 en el SEBIN)Modesto Díaz  (Murió el 4/11/2018 en el SEBIN)Nelson Martínez (murió el 12/12/2018 en la DGCIM )Virgilio Jiménez Urbina (murió el 5/02/2019 en la cárcel de Uribana – Lara )Ángel Javier Sequera Romero (murió 9/03/2019 en los calabozos del CICPC – Bolívar )Elwin Mendoza (murió el 24/03/2019 en el Destacamento 113 de la GNB-Zulia)Rafael Acosta Arévalo (murió el 19/06/2019 en la DGCIM)Wilfredo José Heredia Rodríguez (murió el 9/02/2020 en la DGCIM)Luis Armando Monsalve Estaba (murió el 31/05/2020 en la DGCIM)Pedro Pablo Santana (murió el 14/08/2020 tenía arresto domiciliario).Salvador Franco (murió el 03/01/2021 en el Internado Judicial Rodeo II)Gabriel Andrés Medina Díaz (murió el 29/08/2021 en el Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela de La Pica – Monagas)Raúl Isaías Baduel (murió el 12/10/2021 en El Helicoide)Armando Flores Piñango (murió el 23/08/2022 en Ramo Verde).Nelson Adan Girón Giménez (murió el 31/10/2024 en el Hospital Pablo Acosta Ortiz) .Asdrubal Santana  (murió el 8/11/2024 durante su traslado al Seguro Social del municipio Biruaca)Jesús Manuel Martínez Medina (murió el 14/11/2024 en el Hospital Luis Razetti de Barcelona – Anzoátegui – estaba bajo custodia de la PNB)Jesús Rafael Álvarez (murió el 12/12/2024 en el Internado Judicial de Tocuyito – Carabobo).Oswal Alexander Gonzalez Pérez (murió el 16/12/2024 en el Internado Judicial de Tocuyito – Carabobo )Reinaldo Araujo (murió el 24/02/2025 en los calabozos de la Policía de Trujillo )Lindomar Jesús Amaro Bustamante (murió 03/05/2025 en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón)Alfredo Javier Díaz Figueroa (murió el 06/12/2025 en El Helicoide)Edison José Torres Fernández (murió el 10/01/2026 recluido en Zona 7, Caracas)⁠Víctor Hugo Quero Navas  

Los 27 presos políticos que han perdido la vida bajo custodia del Estado —desde Rodolfo González y Fernando Albán hasta Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero— son el testimonio de un sistema en el que la muerte fue el desenlace de la persecución política.

No aceptamos la notificación tardía como un acto de justicia; la consideramos una confesión de culpabilidad. La lucha de madres como Carmen Navas no es solo por la recuperación de un cuerpo o de un acta de defunción, es la demanda de una nación que exige que nunca más la custodia estatal sea sinónimo de desaparición y muerte. La justicia verdadera solo llegará cuando se establezcan las responsabilidades individuales y estructurales de quienes transformaron las cárceles en recintos de impunidad mortal.

Este jueves, tras un masivo pedido de clemencia; redujeron a 10 años de cárcel, la condena de más de un siglo de cárcel a un inmigrante cubano por un letal accidente de tránsito en 2019.

«Después de enterarme de la atípica alta e injusta sentencia en tu caso, estoy conmutando tu sentencia a diez años; y permitiendo que puedas aplicar por libertad condicional el 30 de diciembre de 2026», escribió el gobernador Jared Polis en una carta dirigida a Rogel Aguilera-Mederos, publicó la agencia AFP.

El inmigrante cubano de 26 años manejaba un camión con madera en abril de 2019 en una carretera del montañoso estado; cuando perdió el control del vehículo causando un aparatoso accidente que dejó cuatro muertos y seis heridos. El conductor argumentó que los frenos no respondieron. 

En octubre lo declararon culpable por varios cargos; entre ellos conducción imprudente causando muerte. Hace dos semanas recibió la sentencia de 110 años; el mínimo posible de acuerdo con lo que estipulan las leyes locales para los cargos que se le adjudicaron.

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Más de 4,6 millones de personas firmaron una petición pidiendo clemencia, e incluso la estrella Kim Kardashian, que se está preparando para ser abogada, se unió al clamor público.

«Rogel Lazaro Aguilera-Mederos tiene un reporte de tránsito limpio y no tiene nada en su ficha criminal», afirma la solicitud destinada al gobernador de Colorado, Jared Polis, y al poder judicial.

«Creo que mereces clemencia por varias razones», escribió Polis. «Aunque no estás libre de culpa, tu sentencia es desproporcional comparada con otras personas en el sistema criminal de justicia que han cometido crímenes violentos, premeditados o intencionales».

El gobernador señaló que el caso ilustra la necesidad de discutir el marco legal regional que establece penas mínimas obligatorias para algunos crímenes. 

«Estoy suplicando por perdón», dijo el chofer en lágrimas ante el tribunal hace dos semanas.

En el accidente murieron cuatro personas de 24 a 69 años.

La fiscalía había solicitado una nueva audiencia para reconsiderar la extensión de la pena.

La justicia colombiana condenó a una pena de 16 años y 6 meses de cárcel a dos venezolanos.  Se trata de Jheison José Rodríguez y Anyerbert Josué González, de 21 y 18 años respectivamente.

Medios colombianos reseñan que ellos mataron a Juan Daniel Mora, de 18 años. Era aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). El joven era técnico en mantenimiento de equipos de computación.

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El 17 de marzo de este año, lo hicieron gravemente con un arma blanca al resistirse al robo de su teléfono celular. El hecho ocurrió el barrio Las Palmeras del municipio de Tame en el Arauca.

La condena se logró luego de un preacuerdo avalado por un juez, en el que aceptaron ser responsables del homicidio.

Los  condenados permanecen recluidos en los calabozos de la Estación de Policía de Tame a la espera de ser trasladados a una cárcel.

Primero Justicia rechazó la arremetida del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro en su contra y ratificó que se mantendrá en la unidad, luchando en las calles hasta lograr la libertad del país.

Mediante su cuenta en la red social Twitter aseguró que el cambio para Venezuela no puede esperar más. “A ese país que ha depositado su confianza en nosotros queremos decirle: nuestro partido está unido con la moral intacta y bajo el único propósito de lograr la libertad”.

La tolda aurinegra resaltó que intentan robar las siglas del partido, “prolongando la práctica de la usurpación, creyendo que por decreto se puede engañar”.

“No han podido lograr que se reconozca como legítimo a su régimen criminal, tampoco podrán por decreto engañar a la dirigencia, militancia y, especialmente, a los millones de venezolanos que nos han recibido en su casa durante años”, aseguró.

Más temprano, el TSJ de Maduro emitió la sentencia 0072, con la cual pretende quitarle las competencias a la actual junta directiva del partido, encabezada por Julio Borges y Henrique Capriles y entregársela al diputado José Brito.

Anteriormente, habían hecho lo mismo en contra de Acción Democrática. Se trata de un acto calificado como una usurpación contra los principales partidos políticos de la oposición del país.

La dictadura de Nicolás Maduro le ha quitado la paz a los venezolanos, mata de hambre a nuestros compatriotas y ha empujado a millones a cruzar nuestras fronteras , se empeña en imponer con violencia su dictadura. #SoyPrimeroJusticia pic.twitter.com/dtVcl4VnYp

El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, rechazó la arremetida por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra del partido político Primero Justicia, mediante la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En su cuenta en la red social Twitter aseguró que el “tribunal psuvista que no sirve para un cebillo” haya entregado el partido, “a unas basurillas corruptas”.

Capriles, insistió que el Poder Judicial al servicio del régimen que lidera Nicolás Maduro, se ocupa de “la enferma ambición del poder”. Sin embargo, aseguró que la tolda aurinegra “es y será de su gente”.

Más temprano el TSJ emitió la sentencia 0072 en la que le quita las competencial de Primero Justicia a la actual directiva que encabeza el comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores, Julio Borges y el dirigente político, Henrique Capriles.

Pretenden entregarle al partido y designar como Coordinador Nacional a José Brito, quien desde finales del 2019 es investigado por una presunta trama de corrupción.  

Esta misma arremetida ocurrió en la noche del 15 de junio contra la directiva de Acción Democrática.

El Tribunal psuvista que no sirve para un cebillo, que sólo se ocupa de la enferma ambición de poder de Maduro, ahora decide entregarle a unas basurillas corruptas nuestro partido @Pr1meroJusticia ! Basura es basura, con o sin sentencia! @Pr1meroJusticia es y será de su gente!

El partido político, Acción Democrática, rechazó de forma contundente la nueva arremetida por parte del Tribunal Supremo de Justicia en su contra, al querer despojar a la actual directiva de sus competencias.

Mediante su cuenta en la red social Twitter destacó que durante los 78 años de ejercicio se han dedicado a dar el ejemplo como organización.

“Ninguna sentencia proveniente del bufete privado del régimen podrá reemplazar la maquinaria adeca que se esparce por toda Venezuela”, expresó Acción Democrática..

Reitero que ante “sentencias ilegales” del TSJ complaciente del régimen, responden con más unidad y más fortaleza. “AD es su gente y su gente no se rinde. Seguimos adelante con firmeza”.

Más temprano la Sala Constitucional del TSJ publicó la sentencia de 0071 en la que suspendía la directiva de AD y colocaba en sustitución de Henry Ramos Allup a Bernabé Gutiérrez.

Los 78 años de historia de nuestro partido son el digno ejemplo de que #ADesDeLosVenezolanos y ninguna sentencia proveniente del bufete privado del régimen podrá reemplazar la maquinaria adeca que se esparce por toda Vzla.

Ante sentencias ilegales de un TSJ que no es reconocido por nadie, respondemos con más unidad y más fortaleza que nunca porqué #ADesDeLosVenezolanos. AD es su gente y su gente no se rinde. Seguimos ADelante con firmeza.

El periodista Federico Black alertó que este lunes el TSJ del régimen de Nicolás Maduro publicó una sentencia sobre el caso de DirecTv en la que entre otras cosas, “prohíbe la importación y comercialización de equipos”.

Las declaraciones las hizo el periodista en sus redes sociales, donde escribió que la sentencia a la que tuvo acceso tiene fecha del 26 de mayo.

“Se prohíbe la importación y comercialización de equipos tecnológicos y de cualquier índole relacionados con DIRECTV, sin  previa autorización de la Junta Administradora ad hoc de la empresa GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A, (DIREC TV VENEZUELA)”, reza textualmente la sentencia.

Además, ordena “oficiar al Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a los fines que se proceda a retener dichos equipos tecnológicos y de cualquier índole e inicie los procedimientos administrativos sancionatorios que correspondan, a tal efecto debe informar a esta Sala”.

Acá el Link de la sentencia. https://t.co/fAPlRJasBO