Para Jacqueline Ritcher, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, no están claras las condiciones en que salieron de la cárcel los seis sindicalistas presos, tras el acuerdo de intercambio de presos entre Estados Unidos y Venezuela.

En entrevista con Correo del Caroní cuestionó la opacidad con respecto a las condiciones en las que fueron liberados.

«Es necesario saber si los detenidos fueron absueltos de la sentencia o salieron por un indulto presidencial», argumentó.

“Yo no tengo ningún tipo de cuestionamiento a las negociaciones que haga el gobierno norteamericano con Venezuela. Me gustaría que, siendo una potencia mundial, negociara un poquito mejor», dijo.

Y agregó que lo mejor habría sido «lograr, en vez de 30, la libertad de los 300 presos políticos. Siempre fueron inocentes, pero quisiera saber con qué medida el Gobierno venezolano los va a liberar. No tengo claro cómo el señor Alex Saab está siendo liberado en Estados Unidos. Quiero saber si se anuló la sentencia de estos compañeros y ellos quedan sin antecedentes penales, o se va a aplicar un indulto presidencial”, alegó Ritcher.

Los excarcelados son: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés.

Ellos fueron condenados a 16 años de prisión por el delito de conspiración.

“Es muy importante saber en qué condiciones están saliendo. Una cosa es que el Gobierno venezolano ordene a sus tribunales anular la sentencia y los declare inocentes, con lo cual quedan sin antecedentes penales, y otra es que opten por la opción del indulto, con lo cual quedan con antecedentes penales», explicó la exopereta.

«Esto sería grave, es ir a buscar un trabajo y que tengas antecedentes. ¿Sabes lo que es tener toda tu vida una sentencia que dije que eres un delincuente? En este momento, ni siquiera sabemos quiénes son las 36 personas que van a liberar. Hay mucha opacidad y falta de información”, puntualizó.

«¡Defender derechos no es terrorismo!», coreaban este jueves manifestantes que exigían la libertad de seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión en Venezuela acusados de «conspiración», así como la de otros activistas encarcelados en este país.

La sentencia del pasado 1 de agosto contra Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín será apelada «próximamente», informó a la prensa Yorbelis Oropeza, esposa de Bracho, durante la manifestación frente a la sede principal del Ministerio Público, en Caracas.

«Solicitamos cesar los procedimientos judiciales» que buscan «coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la justicia militar», expresó Oropeza al leer un documento entregado a la Fiscalía.

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El texto pide «la liberación inmediata de todos los defensores y defensoras de derechos laborales que permanezcan detenidos por ejercer la actividad sindical».

Los seis activistas fueron arrestados en julio de 2022, cuando el país caribeño vivía manifestaciones en exigencia de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales del sector público. Se les enjuició por «conspiración» y «asociación para delinquir».

El salario mínimo en Venezuela equivale a menos de 5 dólares mensuales, complementado por bonos estatales de alrededor de 65 dólares. El costo de la canasta alimentaria, en contraste, sobrepasa los 500 dólares, según estimaciones privadas en un país azotado por la inflación.

El fiscal general, Tarek William Saab, defendió el procedimiento judicial: «¿Por qué ponerle el ropaje de líderes sindicales a personas que fueron detenidas por labores conspirativas?».

Saab vinculó a los condenados con «un militar desertor, prófugo, en Colombia», Angelo Heredia, un capitán de la Guardia Nacional que se fugó en 2019 de una prisión militar, donde estaba detenido desde 2017 por rebelión.

A raíz del caso, expertos de la ONU consideraron que Venezuela hace un «abuso crónico» de leyes antiterroristas «contra quienes defienden los derechos de los trabajadores». El gobierno de Nicolás Maduro, en un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil, tildó de «irresponsables» esas afirmaciones.

El documento difundido este jueves por familiares de los condenados y activistas llama a investigar asesinatos de dirigentes sindicales y amenazas.

Dos sindicalistas fueron asesinados en 2022, de acuerdo con la ONG de derechos humanos PROVEA, que documentó 44 muertes de defensores de derechos laborales entre 2015 y 2020.

A través de una carta, publicada en la página web de Bandera Roja, partido en el que milita, Reinaldo Cortés denuncia las condiciones en que se encuentra y teme por su vida.

Hace un llamado a la comunidad internacional para que se garantice su vida y la de sus compañeros: Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho.

La ONG Provea que también ha difundido la carta, denuncia que los sindicalistas «han sido severamente castigados por un Tribunal venezolano, a pesar de no existir pruebas, ni testigos, que sustentaran las acusaciones de la Fiscalía, ampliamente complaciente con el gobierno de Nicolás Maduro».

Añade que ellos no son los únicos. «Más de 300 trabajadores y sindicalistas han sido detenidos y judicializados durante la gestión de Nicolás Maduro por haber defendido derechos laborales. Otros 3.512 han sido víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad, en el contexto de exigencias laborales».

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A continuación la misiva

Después de un año en prisión, el deterioro físico empieza a manifestarse de forma natural. Es así como hoy día se evidencia un avance en mis discapacidades visuales y alteraciones en la retina ante el daño que tienen mis anteojos.

A esto se le suman dolencias circulatorias; afectaciones respiratorias que han producido una tos perenne que impacta sobre una hernia inguinal que debe ser operada; afecciones en la piel y odontológicas; y, finalmente, he venido presentando espasmos neuromusculares.

En este sentido, exijo públicamente al Estado que me tiene encarcelado injustamente, permita el traslado a los centros, consultas, operaciones, medicamentos, insumos e instrumentos médicos especializados y general para atender mis padecimientos y así garantizar mi integridad física.

De los daños originados, profundizados y permanentes sobre mi salud producto del encarcelamiento, responsabilizo al exjuez José Mascimino Márquez, a los fiscales Elin León y Yaneth Espinoza, autores intelectuales de mi detención arbitraria.

Asímismo, responsabilizo a la jueza Grendy Duque y al fiscal Alirio Mendoza, autores de un juicio y condena que nunca se debió realizar. Finalmente, responsabilizo al fiscal Tarek Wiliam Saab y todo el régimen de Maduro de mi integridad física y mental, así como de la seguridad de mi familia.

Ante la falta de instituciones del Estado que garanticen los derechos humanos en Venezuela, no me queda otro camino que seguir exhortando a la comunidad internacional ONU, OEA, OIT, CSI a ser vigilante y diligenciar en lo correspondiente para garantizar nuestras vidas. Exhorto a todo el movimiento laboral revolucionario, socialdemócrata y socialcristiano nacional e internacional a la movilización y solidaridad.

Exhorto a los trabajadores venezolanos, a la clase obrera, a los campesinos, a mantener la lucha por salarios dignos, a enfrentar el exterminio de los jubilados y pensionados y combatir la neo-esclavitud laboral dirigida por el Régimen de Maduro.

Llamo al restablecimiento de la democracia en Venezuela y a la solidaridad por nuestra libertad y la de todos los trabajadores presos.

Llamo a la constitución de los COMITES POR LA LIBERTAD DE LOS LUCHADORES SOCIALES Y PRESOS POLÍTICOS en todos los Estados del país y en los distintos países del mundo.

Desde los calabozos de la dictadura seguimos firmes moralmente, dispuestos a luchar en esta trinchera con la alegría de reconstruir Venezuela.

Seguimos con los mismos sueños de siempre de construir un mundo mejor. No es poca cosa, pero mientras existamos estaremos allí en la primera línea del combate político.

Alzar las banderas de la libertad hasta conquistar la victoria…