Sindicatos convocaron este lunes a una marcha hacia la embajada de Estados Unidos en Venezuela el jueves para exigir el llamado a elecciones, así como transparencia en el manejo de los ingresos petroleros bajo custodia del gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos capturó el 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo sospecha de narcotráfico, durante una incursión militar en Caracas.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de manera transitoria y gobierna bajo presión de Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

"Marchemos juntos hacia la embajada norteamericana a entregar un documento para exigir que se acelere el proceso de transición en Venezuela, porque con esta gente que hoy en día está dirigiendo el país no vamos a conseguir ninguna transición favorable para la población", dijo a la prensa Jorge López, representante sindical.

"¡Este 16 a la calle otra vez!", coreaba un grupo de trabajadores reunidos a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas.

La oposición venezolana exige a Rodríguez convocar elecciones ante la "ausencia absoluta" de Maduro, quien se enfrenta a un juicio en Nueva York por narcotráfico, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución.

"Es necesario que se llame a unas elecciones libres para que sea el pueblo el que elija sus autoridades para garantizar una transición hacia la democracia, la libertad y la expresión civil de todo el pueblo venezolano", agregó López.

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Rodríguez ha reformado las leyes petroleras y mineras para dar cabida a empresas privadas nacionales e internacionales, tras décadas de control estatal.

Washington ha informado que unos 500 millones de dólares en ingresos petroleros se han transferido a Venezuela. Del total, asegura Caracas, unos 300 millones se han destinado para financiar salarios.

"El gobierno americano está comercializando el petróleo, pero nosotros los ciudadanos seguimos igualitos", se quejó el sindicalista Jesús Jaramillo.

"Le exigimos al señor Donald Trump y (al secretario de Estado) Marco Rubio que le dé una respuesta a este pueblo que se está muriendo de hambre", dijo.

Rodríguez prometió para el 1 de mayo un "incremento responsable" de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.

Con información de AFP

La mañana de este lunes, los decanos de las facultades de derecho de diversas universidades del país acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir una demanda contra el Poder Ejecutivo, por la omisión del ajuste salarial.

Los abogados fueron apoyados por estudiantes, gremios profesionales , ONG y sindicatos, en reclamo de un aumento de salario digno.

“Los acompañamos en su exigencia de revisar el salario mínimo. La población trabajadora de Venezuela tiene derecho a un salario digno”, destacó Provea en su cuenta en X.

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En sus declaraciones, los afectados reclamaron que el Gobierno no aumenta los sueldos desde el 2022.

 Una comisión de los asistentes ingresó al TSJ, encabezada por el profesor y secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure.

Igualmente, estuvo presente el activista por los DD. HH., Nictmer Evans.

“La población trabajadora de Venezuela tiene derecho a un salario digno”, dijeron desde Provea.

Juan Carlos Apitz, de la UCV, informó que introdujeron una demanda de omisión legislativa por la falta de ajustes salariales anuales.

“Estamos exigiendo a la Sala Constitucional que le ordene al Presidente de la República que cumpla con la Constitución, es decir, que decrete el aumento salarial para todos los trabajadores”, declaró.

“Si es verdad que hay un ánimo de rectificación en el Gobierno y sus instituciones, esta es la mejor manera de rectificar. Todos los trabajadores tienen derecho, merecen un salario justo, un salario digno”, agregó.

Destacó que el TSJ tiene 30 días para decidir, sobre la materia, puesto que los trabajadores están “urgidos” para recibir este aumento.

#AlMomento | Ingresan al TSJ comision encabezada por los decanos de la UCV @justiciapitz, ULA y LUZ en compañía del secretario de la UC, Prof @pabloaure y demás gremios para demandar al estado venezolano por omisión constitucional ante ajuste salarial desde 2023 pic.twitter.com/QmBDvPDoCW

Diversos sindicatos venezolanos denunciaron este viernes la "detención ilegal" y "desaparición forzada" de 160 trabajadores y 20 dirigentes sindicales en los últimos años, entre ellos, la del secretario general de la mayor central obrera del país, José Elías Torres.

Defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias" en Venezuela. Según cifras de la oenegé Foro Penal, hay 889 "presos políticos", mientras que una misión de expertos de la ONU advirtió en septiembre que en los últimos meses se intensificó la persecución por motivos políticos en el país.

Los representantes de 33 gremios sindicales acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para solicitar protección de sus derechos, señalaron en una conferencia de prensa.

Torres, líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), fue detenido el 29 de noviembre por la Policía Nacional Bolivariana en su casa en Caracas y desde entonces se desconoce su lugar de reclusión, según los sindicalistas.

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"El encarcelamiento de José Elías Torres no es un hecho aislado, es parte de una ofensiva que mantiene tras las rejas a dirigentes sindicales y trabajadores bajo procesos judiciales", dijo el dirigente sindical Pedro Eusse.

La persecución "busca desarticular al movimiento sindical, sembrar miedo y quebrar a la organización democrática de los trabajadores", agregó.

La OIT publicó en 2019 un informe sobre la violación de convenios firmados por Venezuela, uno de ellos relacionado con restricciones a la libertad sindical.

Las 33 organizaciones sindicales acordaron luchar "por la defensa de la autonomía sindical y la libertad plena para todos los presos del movimiento sindical", y convocaron a una protesta nacional el 15 de enero.

Con información de AFP

Por segundo año consecutivo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubicó a Venezuela en el nivel 5 del Índice Global de Derechos (IGD) 2025. 

Esta categoría, la más baja de la lista, incluye a los países donde “los derechos no están garantizados”. 

La clasificación ratifica que el país continúa inmerso en un patrón de represión sindical, criminalización del disenso laboral y ausencia de instituciones que protejan efectivamente los derechos de las y los trabajadores.

En su anterior informe, correspondiente a 2024, la CSI había reclasificado a Venezuela del nivel 4 (violaciones sistemáticas de los derechos) al nivel 5.

Allí afirmaba   que “las autoridades han seguido persiguiendo a los sindicalistas mediante detenciones arbitrarias y condenas por cargos falsos, mientras que la organización sindical y los derechos se han seguido obstaculizando”, y que Venezuela estaba entre los países donde “las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales”. 

En ese mismo informe se advirtió que, en Venezuela, junto a Guinea-Bissau, Kirguistán, Nigeria, Tanzania y Yemen, los cuerpos de seguridad del Estado realizaron allanamientos en sedes sindicales, con la intención de sustituir a sus dirigentes por personas cercanas al Gobierno.

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El informe 2025

Según el IGD 2025, Venezuela permanece entre los países donde “las detenciones arbitrarias y los procesamientos de sindicalistas, con el objetivo de silenciar al movimiento sindical independiente, han sido prácticas habituales”. 

El informe también advierte que las autoridades han seguido utilizando el sistema judicial para perseguir a trabajadores organizados mediante acusaciones falsas, detenciones sin debido proceso y sentencias sin garantías. 

Venezuela fue incluida junto a Belarús, Camboya y Myanmar como uno de los países donde estas prácticas se han vuelto sistemáticas y sin control institucional.

El nivel 5 en el Índice Global de Derechos implica la ausencia total de garantías para el ejercicio de derechos laborales. 

Esta categoría se confirma en Venezuela no solo por la criminalización del sindicalismo, sino también por el colapso de condiciones laborales mínimas. 

Según el Informe Provea 2024, el 98% de los contratos colectivos del sector público están vencidos, y la mayoría de los trabajadores no perciben un ingreso suficiente para cubrir necesidades básicas.

 Las instituciones encargadas de fiscalizar el cumplimiento de derechos laborales están desmanteladas o cooptadas, y no existen mecanismos efectivos para la negociación colectiva ni la protección frente a despidos arbitrarios. Esta precarización estructural, combinada con la represión sindical, configura un entorno en el que los derechos laborales no son reconocidos ni protegidos en la práctica.

Un patrón de persecución

El Informe Anual Provea 2024 documenta que, durante el año, se mantuvo un patrón sistemático de criminalización contra el sindicalismo. En un contexto marcado por las elecciones presidenciales del 28 de julio, se intensificaron las detenciones, hostigamiento, imputaciones penales sin pruebas, y despidos arbitrarios de trabajadores vinculados a sectores opositores o a organizaciones gremiales independientes.

Entre los casos registrados se encuentra el de Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenatev) en Barinas, detenido en enero de 2024 por presunta conspiración.

 También fue detenido Régulo Reina, dirigente sindical del estado Monagas, vinculado a una candidatura presidencial de oposición. Ambos casos fueron denunciados como represalias por su participación en el debate político y gremial.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el uso del aparato penal se intensificó. Provea registró que más de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto poselectoral, muchas de ellas sin presentación judicial inmediata. 

Aunque no todas eran dirigentes sindicales, se reportaron casos de trabajadores detenidos o despedidos por manifestar descontento con los resultados o por participar en protestas laborales.

El informe denuncia una caída del 74% en las protestas laborales, que pasaron de 4.100 en 2023 a unas 1.075 en 2024. 

Esta reducción no responde a mejoras en las condiciones laborales, sino al efecto inhibidor del miedo, la vigilancia, la criminalización y la censura. El sector educativo, históricamente movilizado, protagonizó solo 430 protestas en todo el año, una reducción del 84% respecto al año anterior.

Uso del sistema penal y hostigamiento institucional

Durante 2024, el uso de figuras penales como terrorismo, incitación al odio o conspiración fue recurrente en contra de trabajadores que manifestaron o lideraron reclamos gremiales. Provea documentó que estas imputaciones se realizaron en contextos de baja transparencia judicial, sin debido proceso y en muchos casos sin que se permitiera el acceso oportuno a la defensa.

El informe también señala que, aunque no se documentaron asesinatos de dirigentes sindicales durante 2024, persiste un entorno de riesgo: entre 2015 y 2020 se registraron al menos 44 sindicalistas muertos en Venezuela. Esa cifra, aunque no se actualizó en 2024, sigue siendo un grave indicador del nivel de exposición al que están sometidos quienes defienden derechos y ejercen liderazgo laboral.

Varias organizaciones sindicales continúan enfrentando trabas administrativas y políticas para su funcionamiento legal. Entre los obstáculos señalados se encuentra la negativa de las autoridades a tramitar elecciones internas, reconocer a nuevas organizaciones o permitir el registro de sindicatos independientes.

En paralelo, se mantienen las denuncias sobre despidos arbitrarios por razones políticas. Provea registró ceses injustificados de trabajadores en entes como PDVSA, la Misión Piar en el estado Bolívar, y gobiernos locales, motivados por expresiones políticas contrarias al oficialismo o participación en actividades gremiales. Estas acciones violan los artículos 89 y 95 de la Constitución venezolana, que protegen el derecho al trabajo y a la libertad sindical sin discriminación.

La CSI también reiteró que Venezuela carece de instituciones efectivas para proteger los derechos laborales. La falta de independencia judicial, la desarticulación de las inspectorías del trabajo, y el uso del Ministerio del Trabajo como ente de control político, han dejado a los trabajadores sin vías efectivas de defensa.

Una actividad de alto riesgo

Las libertades de asociación, protesta, negociación colectiva y expresión sindical están severamente restringidas, y su ejercicio puede derivar en detención, despido o procesamiento penal.

Una situación que vulnera el artículo 95 de la Constitución, que establece el derecho a constituir sindicatos sin autorización previa, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Venezuela.

El país ha sido denunciado en 42 ocasiones ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT entre 2000 y 2024, sin que se hayan adoptado medidas estructurales para corregir estas violaciones. Actualmente, Venezuela se encuentra bajo una Comisión de Encuesta de dicho Comité, un mecanismo de seguimiento excepcional que se activa ante situaciones persistentes y graves. La represión contra el sindicalismo no es un fenómeno aislado, sino un patrón sostenido que busca silenciar la organización desde los espacios de trabajo.

El informe puede ser consultado en este enlace: Índice Global de Derechos (IGD) 2025

Con información de prensa Provea.

Sindicatos de trabajadores públicos, jubilados y pensionados aseguran que, a pesar del cierre de operaciones de la Chevron en Venezuela, la administración de Nicolás Maduro podrá pagarle el sueldo y las bonificaciones que hoy reciben, porque, afirman, «todo seguirá igual».

Sostienen que el Gobierno nunca ha atendido las exigencias salariales y actualmente un trabajador público solo recibe 130 bolívares de sueldo, además de una bonificación de alimentación de 40 dólares y un bono de guerra económica que alcanza los 90 dólares, sin incidencia en las prestaciones sociales.

? Sindicatos descartan que sanciones impidan el pago de salarios y bonificaciones: “Todo seguirá igual”Gremios sindicales, jubilados y pensionados afirman que el gobierno no atiende sus reiterados llamados para mejorar el salario.? Stefani García pic.twitter.com/AYBj169V3n

«El señor Nicolás Maduro dice que, visto el problema con la Chevron, entonces se van a eliminar el bono de guerra, no se van a poder aumentar las pensiones», expresó un vocero, el cual dice que no comen amenazas.

Señala a Maduro que, si durante sus doce en la Presidencia no le han bastado más de 700 mil millones de dólares, nunca le alcanzará ningún recurso para atender a los trabajadores.

«¿Cuál es la excusa, por qué si se ha recibido esa cantidad de dinero el pueblo venezolano, y sobre todo las madres de este país, andan en condiciones de indigencia, porque no tienen un salario, porque no tienen un sueldo, porque no tienen una pensión digna?», interpeló.

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Si embargo, dijeron también que no están de acuerdo con las sanciones porque esas medidas ejercen poca presión al Estado y no benefician a la población.

Los sindicalistas colombianos están divididos entre quienes respaldan su gestión y los que prefieren ser más cautos con su apoyo.

Según un comunicado, se conformó la Convergencia Sindical y Social Independiente, colectivo del que ahora hacen parte dirigentes de la CUT y la CGT, entre otras organizaciones sindicales con tradición en el país.

“Nuestro criterio no significa una oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, en consecuencia, rechazamos todo intento de señalarnos como aliados de sectores de extrema derecha o cualquier otra expresión extrema, solo por el hecho de defender que el sindicalismo y los sectores sociales deben actuar con sentido crítico, autónomo e independiente”, se lee en uno de los pronunciamientos.

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También dejan claro que no comparten declaraciones atribuidas a las centrales obreras y que muestran un apoyo irrestricto a la administración del actual Jefe de Estado.

“Es totalmente incoherente que las consignas de lucha esgrimidas anteriormente para las movilizaciones y defensa de los trabajadores y la población en general tengan que abandonarse como lo han manifestado abiertamente reconocidos dirigentes de las centrales obreras con la teoría del respaldo incondicional a este gobierno y renunciando incluso a la movilización frente a las medidas contrarias a nuestros intereses”, se agrega en esa comunicación que, entre otros dirigentes, firman Diógenes Orjuela, Laura Munévar y Jorge Díez, reconocidos líderes sindicales.

Los sindicalistas enfatizan que no apoyan las marchas de este 15 de noviembre en respaldo a Petro y a su vicepresidenta, Francia Márquez, y que –por el contrario– deben ser rechazadas porque sería una forma de darle validez a temas como la reforma tributaria, que consideran una medida regresiva que golpea a la clase media.

En otro pronunciamiento dicen que “La Central General de Trabajadores CGT está manipulada en sus decisiones por un grupo que hace parte de la conducción nacional, quienes, por quedar bien con funcionarios del gobierno, se han convertido en correa de transmisión, sometiendo a la organización a la pérdida de su autonomía e independencia, la cual debe prevalecer frente a cualquier gobierno en particular”.

Paradójico que este primer gobierno de izquierda en Colombia– no tenga el apoyo total del sindicalismo.

Tras la llegada de una comisión de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó las elecciones internas en gremios y sindicatos, las cuales estaban paralizadas desde hace años.

para distintos dirigente gremiales sindicales, el hecho es positivo, pero recalcaron que el mérito no es del CNE, sino de la presión que ejerció la OIT.

Uno de ello es Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas e integrante de Monitor Salud.

«Tras la presión de la OIT se van a realizar estas elecciones. Es importante la renovación de los sindicatos del país para que los trabajadores manifiesten su voluntad», dijo, en entrevista con Unión Radio.

Lamentó que por las trabas del oficialismo, «hay sindicatos que llevan más de 20 años sin poder hacer elecciones».

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Por su parte, Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, aseguró que «la alternabilidad electoral es sinónimo de democracia».

Recordó que lleva 14 años en el cargo por el impedimento que tienen las universidades de hacer elecciones.

«Hay una decisión del TSJ que obligaba a las autoridades a mantenerse en su sitio hasta que se revisaran las elecciones», destacó.

Explicó que «todas las autoridades universitarias y sindicales del país están en la misma situación».

Igualmente, lamentó que, a pesar de que «hay un reglamento para evitar que las autoridades se sigan perpetrando en el poder, esto ha sido imposible por los mandatos del CNE».

«Me he mantenido al frente como todos los rectores de AVERU, no por querer perpetrarme en el poder, sino por cumplir con la universidad», recalcó.

De su lado, la Federación Médica Venezolana (FMV) presentó al CNE un cronograma de elecciones internas, tras más de 20 años, sin renovar sus autoridades.

Douglas León Natera, presidente de la FMV y otros directivos de la misma se reunieron con el vicepresidente del CNE, Enrique Márquez.

“Esta es la vigésima séptima vez que la FMV solicita al poder electoral el apoyo para elegir a nuestras autoridades gremiales, a nivel nacional y estatal, que a la fecha el CNE mantiene bloqueado”, declaró León Natera, quien espera que el organismos les responda.

El dirigente gremial recordó que el levantamiento de las restricciones a los derechos laborales fue uno de los acuerdos alcanzados durante las reuniones entre la OIT, las principales centrales sindicales del país, Fedecámaras y Nicolás Maduro.

Durante el mandato de Hugo Chávez Frías, su discurso siempre fue en el marco de empoderar las áreas sindicales del país, todo lo contrario a lo que sucede en la actualidad.

Con más de 150 detenciones y decenas de denuncias de amenazas y agresiones, los representantes sindicales de Venezuela ven hoy su sector como el más golpeado del país.

Por ello, extendieron sus críticas a la administración de Nicolás Maduro quien asegura ser uno de ellos al calificarse un “presidente obrero”.

La coalición sindical denuncia que su situación es compleja,. Incluso asegurar que sufren persecución por parte de la administración de Maduro.

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Aclaran que la persecución y hostigamiento hacia ellos es mayor si militan en partidos de oposición.

«La persecución ahorita es súper fuerte, nunca en la historia democrática venezolana (…) se había perseguido tanto al trabajador como se persigue ahora», sostuvo el coordinador del sector judicial de la coalición, el abogado Emilio Negrín, en una entrevista con Efe.

Negrín indicó que en este 2021 se registran 11 detenciones de dirigentes sindicales y en 10 años, hay 151 líderes apresados.

“Son 151 trabajadores que están en un limbo jurídico puesto que no se ha cumplido con ninguno de los procedimientos”, alertó.

Denunció que hay detenidos que tienen un año sin audiencia preliminar.

«Aquí todas las personas que se enfrentan al gobierno son procesadas por instigación al odio, asociación para delinquir y terrorismo», resaltó.

Negrín afirmó que la persecución y agresión no distingue profesión.

“Es contra todos los trabajadores que están al frente de demandas por mejoras laborales”, señaló.

Y es que la persecución mayormente se evidencia en líderes gremiales que expresan su descontento hacia la administración de Nicolás Maduro.

Afirman que estos incidentes se ven mayormente en el interior del país.

Tanto en el occidente, como en el oriente, los fallos por luz, agua, gas, gasolina y otros servicios públicos son constantes.

La crisis social repercute directamente en los trabajadores que, además de quejarse de estas situaciones, demandan mejoras laborales.

Una de sus principales quejas es que la administración de Maduro se alejó de los empleados o de la «clase obrera», como la denomina Maduro.

Con unos salarios que, con suerte, pueden ir desde los 3,5 a los 30 dólares mensuales en la administración pública, dependiendo de la profesión.

Los gremios sindicales ven cada vez más mermadas sus condiciones laborales, por ello manifiestan su descontento.

Rodney Álvarez, un sindicalista de la Ferrominera del Orinoco tiene diez años preso acusado de asesinar a otro trabajador durante un acto.

Aunque el imputado niega haber cometido ese delito.

Su caso se convirtió en una bandera entre los sindicalistas, ya que aseguran que su compañero no cometió el delito.

Afuirmasn que las personas que asistieron a una asamblea de trabajadores son testigos de ello.

Según señalan, las «únicas» pruebas son testimonios «falsos» presentados por la Fiscalía.

La coalición sindical, además, se queja de que Álvarez lleva diez años preso en un proceso que fue «dilatorio».

Recientemente lo condenaron a 14 años de cárcel y las autoridades se niegan a contabilizar todo el tiempo que lleva en prisión como parte de la pena.

Los líderes de cada sector laboral reconocen que sienten miedo cada vez que realizan denuncias.

Pero señalan que aún bajo ese escenario seguirán haciéndolo.

«En estos momentos es bastante difícil (ser sindicalista) tomando en cuenta que los valores o las luchas de los gremios de los sindicatos tradicionales”, sostiene el líder y médico Rafael Arreaza.

Aseguró que históricamente, luchan por la mejora salarial, por las mejoras de las condiciones del trabajo, por la mejora de la seguridad social y son cosas que en estos momentos no existen en Venezuela

Arreaza, quien también fue presidente del Instituto de Seguridad Social hace 20 años, señaló que varios médicos y enfermeros han sido detenidos en medio de protestas en diferentes estados del país.

Recordó como a finales de junio intentaron detener en Anzoátegui (oriente) al líder sindical del hospital Luis Razzetti, Edinson Hernández.

Por denunciar «la carencia absoluta» de insumos en el centro de salud.

Y aún cuando el sector salud es uno de los presentes en denuncias por la carencia en los hospitales, Arreaza coincide en que «todos los trabajadores han sido tremendamente golpeados en todas sus condiciones y medioambiente de trabajo (…) los trabajadores lo han perdido todo».