A propósito del  Día Mundial de la Libertad de Prensa, este el 3 de mayo, el panorama en las Américas obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, urgente, porque este derecho, pilar esencial de toda democracia, enfrenta hoy un deterioro sostenido que ya no se manifiesta únicamente en hechos aislados, sino en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa.

 La afirmación la hizo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un comunicado.

“El hemisferio atraviesa una etapa crítica en la que el ejercicio del periodismo se ve asediado por múltiples frentes, desde el poder político hasta estructuras criminales, el creciente hostigamiento judicial, pasando por dinámicas digitales que amplifican la desinformación y el descrédito”,  señalaron en el escrito el presidente de la SIP, Pierre Manigault, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, y el primer vicepresidente, Carlos Jornet.

El documento alerta que “la violencia contra periodistas no solo persiste, sino que se diversifica. A los asesinatos, amenazas y agresiones físicas se suman mecanismos más sofisticados y, en muchos casos, igual de eficaces para silenciar: campañas de estigmatización, acoso judicial, uso arbitrario de la legislación penal y presiones económicas que asfixian la sostenibilidad de los medios. Esta convergencia de factores configura un ecosistema hostil en el que informar implica, cada vez más, asumir riesgos extraordinarios”.

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Uno de los aspectos más inquietantes señalados por la SIP es precisamente esa “normalización” de la agresión.

“Lo que antes generaba condena generalizada hoy, en demasiadas ocasiones, pasa inadvertido o es minimizado. Este cambio cultural erosiona las bases mismas de la convivencia democrática, al debilitar la capacidad de la sociedad para reconocer y rechazar los abusos contra la prensa”, señala.

En este contexto, agrega que “la narrativa autoritaria avanza con renovada fuerza. Gobiernos de distintos signos ideológicos recurren a estrategias similares: desacreditar a los medios independientes, erosionar la confianza pública en el periodismo y concentrar el control sobre la información. La consecuencia es un progresivo cierre del espacio cívico, donde la crítica se castiga y la transparencia se convierte en excepción”.

Como afirmó el presidente de la SIP, “es necesario reconocer un hecho sin precedentes: Estados Unidos enfrenta hoy presiones sistémicas sobre la libertad de prensa que reflejan patrones históricamente observados en otras partes del continente. La escalada de la retórica hostil, el uso de herramientas legales y regulatorias, las restricciones de acceso y el aumento de incidentes de violencia contra periodistas marcan un punto de inflexión que no puede ser ignorado”.

Advierte que “esto tiene implicaciones profundas para todo el hemisferio. Cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, se envía una señal que puede ser interpretada por otros gobiernos como una validación para replicar prácticas restrictivas. Pero también abre una oportunidad: la experiencia, resiliencia y aprendizaje acumulado por periodistas en América Latina pueden hoy servir como referencia, apoyo y guía en un contexto que exige mayor cooperación regional”.

Asimismo, dijo que “enfrentamos crecientes restricciones al acceso a la información pública. Gobiernos que limitan datos, manipulan sistemas de transparencia, restringen acreditaciones o condicionan el acceso a fuentes oficiales no solo debilitan el trabajo periodístico, sino que vulneran el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada”.

Incluso, “en algunos casos, estas prácticas se traducen en decisiones concretas que restringen el acceso de periodistas a sedes gubernamentales o conferencias oficiales, afectando directamente la cobertura informativa”.

Sin embargo, el diagnóstico no se limita a la denuncia. Las conclusiones de la SIP también subrayan la necesidad de una respuesta articulada y decidida. Defender la libertad de prensa hoy exige fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, combatir la impunidad en los crímenes en su contra y promover marcos regulatorios que garanticen un entorno digital más transparente y equitativo. Implica, además, reafirmar el valor del periodismo de interés público, esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Frente a este escenario, la SIP reafirma la importancia de la incidencia como herramienta de cambio. Nuestras misiones, el diálogo con autoridades y la promoción de estándares internacionales siguen siendo mecanismos fundamentales para generar compromisos concretos y promover la rendición de cuentas.

No obstante, si hay un desafío que exige atención prioritaria, es la impunidad. La gran mayoría de los crímenes contra periodistas en las Américas permanece sin resolución. Esta realidad constituye una falla estructural que debilita el Estado de derecho y pone en riesgo la libertad de expresión.

Por ello, la SIP intensificará sus esfuerzos para combatir la impunidad mediante mecanismos de investigación, acompañamiento legal y visibilización internacional. La reactivación de iniciativas orientadas a esclarecer casos emblemáticos y apoyar a las víctimas y sus familias es un paso necesario para avanzar hacia la justicia. La impunidad no es inevitable: es el resultado de la inacción. Y puede revertirse mediante compromiso, coordinación y presión sostenida.

El desafío es colectivo. No recae únicamente en los medios o en los periodistas, sino en toda la sociedad. Porque cuando se debilita la libertad de prensa, lo que está en juego no es solo el derecho a informar, sino el derecho de todos a estar informados.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la SIP convoca a renovar el compromiso con estos principios fundamentales. No se trata solo de resistir las amenazas, sino de reconstruir las condiciones que permitan al periodismo cumplir su función sin miedo ni restricciones indebidas.

En tiempos en que la verdad es disputada y el silencio se impone por distintas vías, informar sigue siendo —más que nunca— un acto de valentía. Y defender ese derecho, una responsabilidad impostergable.

Con información de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó el martes de un deterioro "de alcance dramático" de la libertad de expresión y prensa en América en el último año, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias y exilios en varios países, según barómetro regional.

El Índice Chapultepec destaca que, entre los 23 países analizados, dos no tienen libertad de expresión -Venezuela y Nicaragua-, y ocho presentan altas restricciones para ese derecho: Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

República Dominicana ocupa el primer lugar del índice y es el único país del continente con plena libertad de expresión, según el estudio elaborado por la SIP con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, en Venezuela.

Le siguen Chile, Canadá, Brasil, Uruguay, Jamaica y Panamá, países con bajas restricciones durante el periodo analizado, del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

Para los autores del informe, "se trata de uno de los peores años para el periodismo en la región" debido a la violencia ejercida y la impunidad agravada en "México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela".

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El deterioro no discrimina entre ideologías y "las libertades de prensa y expresión no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política" que caracterizan a la región en los últimos años, según el informe.

Los países peor evaluados tienen "presidencialismos autoritarios" y, en ellos, el entorno contrario a esas libertades suele estar vinculado al poder ejecutivo, aseguran los autores del trabajo.

Identifican asimismo patrones comunes en los métodos para silenciar al periodismo independiente: criminalización desde los poderes del Estado; estigmatización pública de periodistas, acompañada a veces de agresiones de grupos de choque; presión financiera sobre medios críticos; leyes que penalizan a quienes critican a los jerarcas, y ausencia de mecanismos eficaces de protección frente a la violencia de grupos criminales.

El índice señala el caso de Estados Unidos, donde la libertad de expresión y de prensa "experimentaron un deterioro significativo" tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El país cayó del cuarto puesto de la edición anterior -en la categoría con "baja restricción" a esos derechos— al 11.º puesto ("con restricción", como Argentina), en un año marcado por "una estigmatización de los espacios de periodismo crítico, por parte del propio presidente Trump y voceros importantes de su administración".

El despido de más de 500 empleados de la Voz de América, el servicio internacional de radiodifusión financiado por el gobierno estadounidense, y las 170 agresiones sufridas por periodistas durante coberturas, son ejemplos de ese deterioro para la SIP.

Con información de AFP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció   que en Venezuela persiste “una política sistemática de censura”, con al menos   80 portales de noticias bloqueados, incluyendo medios internacionales.

El informe, presentado al cierre de la 81ª Asamblea General de la organización en Punta Cana, República Dominicana, advierte que las restricciones se ejecutan por orden de Conatel y a través de empresas de telecomunicaciones que trabajan en el país.

“El bloqueo se ejecuta a través de las compañías de teléfono, como Telefónica, a través de su filial Movistar que tiene más de 50 % de participación en el mercado de Internet”, precisa el informe.

"Una compañía europea no debería participar en la vulneración de derechos humanos fuera de su ámbito jurisdiccional”, agrega.

 Según el informe, la radio y la televisión están sometidas al control del Estado a través de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), calificada como un instrumento punitivo y discrecional que genera autocensura generalizada entre los medios y comunicadores.

"No existen medios impresos verdaderamente independientes; solo algunos periódicos alineados con el gobierno continúan circulando”, añade el documento.

La SIP documentó 18 detenciones de periodistas y trabajadores de medios durante el último año, en el marco de lo que considera una “grave represión contra la prensa independiente”.

Entre los casos más recientes, el informe destaca la privación de libertad de la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, Gianni González, acusados de instigación al odio tras publicar un reportaje sobre inseguridad en Caracas. 

La SIP denunció además el traslado a un lugar desconocido del periodista Roland Carreño, detenido desde agosto de 2024 y recluido en la sede del Sebin, El Helicoide. Su familia ha denunciado que no ha podido comunicarse con él ni visitarlo desde hace semanas.

El informe también advierte sobre el riesgo de un aumento de la represión tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de decretar el estado de conmoción exterior en respuesta a la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.  

La destaca que la situación actual refleja “el deterioro más profundo de la libertad de prensa en la región” y llama a la comunidad internacional a exigir el restablecimiento de garantías fundamentales para el ejercicio del periodismo en el país.

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 En Cuba, el periodismo es víctima del genocidio silencioso

Según la SIP, el periodismo independiente en Cuba “es testigo y víctima del genocidio silencioso que vive el pueblo cubano”, una expresión que resume la devastadora crisis bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel: salarios miserables, hambre generalizada, un colapso casi total de los servicios básicos y un férreo control estatal sobre la información que sofoca cualquier forma de disidencia o libertad de expresión.

 De acuerdo con el informe, “en Cuba existen leyes sobre el acceso a la información, de comunicación, de asociaciones y de libertad de expresión, pero el periodismo no está protegido, sino amenazado o prohibido”. Las leyes sobre protección de datos y delitos informáticos se aplican contra quienes critican al régimen o investigan la realidad local.

La persecución a periodistas independientes en Cuba incluye hipervigilancia, amenazas a familiares y detenciones arbitrarias. 

Henry Constantín, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, permaneció bajo arresto durante cuatro días por la Seguridad del Estado para impedir su participación en un acto diplomático. José Gabriel Barrenechea enfrenta una condena fiscal de seis años tras ser acusado de “desórdenes públicos” por manifestarse contra los cortes de energía. 

El informe remarca que “el Estado no ha dado un solo paso visible orientado a prevenir amenazas, ataques o agresiones a periodistas y medios”.

Nicaragua: cierre de medios, exilio y vigilancia estatal

Respecto a Nicaragua, el informe detalla la consolidación de una estructura de control informativo impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, marcada por agresiones, estigmatización, cierre de medios y restricciones migratorias.

 La SIP y la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) contabilizan al menos cuarenta violaciones a la libertad de prensa solo hasta junio, cifras agravadas por el asesinato del ex militar Roberto Samcam en Costa Rica, un hecho que elevó el riesgo y la autocensura entre periodistas exiliados.

El texto puntualiza que “el periodismo nicaragüense se mantiene atrapado entre la vigilancia estatal, la hostilidad del discurso oficial y la precariedad de las condiciones de exilio”.

Otros países: riesgos, violencia y ataques judiciales

La organización también alertó que “el acceso a la información pública, fuentes oficiales y eventos gubernamentales se mantiene prohibido para la prensa independiente” en varios países, sumando obstáculos como la criminalización judicial, restricciones a la financiación y limitaciones tecnológicas. 

En el caso concreto de Honduras, la SIP subrayó la preocupación por campañas de difamación, intimidación y hostigamiento, muchas de ellas promovidas o amplificadas por las propias Fuerzas Armadas.

En los capítulos de México, Paraguay y Chile, la SIP registró un aumento en el acoso judicial, la utilización discrecional de la publicidad oficial y proyectos de ley que, a su juicio, ponen en riesgo el ejercicio del periodismo y la transparencia. El reporte también consideró el asesinato de periodistas y comunicadores como un grave indicador del contexto adverso que atraviesa la libertad de prensa continental.

Canadá: señales de retroceso

La SIP sumó a Canadá entre los países bajo observación por el descenso en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Aunque no se reportaron incidentes graves, el informe resalta “algunos proyectos que pueden afectar la libertad de prensa y el apoyo financiero del gobierno a medios afines”.

Diversos medios denunciaron discriminación en el acceso a eventos oficiales y restricciones a preguntas en actos políticos. El documento también advierte sobre la falta de transparencia y un proyecto de ley sobre “Perjuicio en Línea”, rechazado por activistas de la libertad de expresión.

Uruguay: libertad de prensa sin obstáculos

El único matiz positivo proviene de Uruguay, donde la SIP reconoció que “en este período no se han constatado hechos graves ni de singular relevancia que afectaran la libertad de prensa”.

 El informe subrayó que los medios, periodistas y usuarios de redes sociales operan sin obstáculos tras la asunción presidencial de Yamandú Orsi, aunque mencionó desafíos pendientes por el acceso limitado a la información pública y la tramitación judicial contra publicaciones periodísticas.

“Desde marzo, los periodistas y medios uruguayos han podido desarrollar sus actividades sin ningún tipo de obstáculos ni trabas”, destaca el texto.

Exige garantías

La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami y compuesta por más de 1.300 publicaciones, volvió a advertir en Punta Cana sobre un “deterioro generalizado” de las libertades informativas y llamó a gobiernos y organismos internacionales a garantizar la protección efectiva del periodismo en la región.

“El uso de operadores digitales para amplificar el discurso oficial y atacar voces críticas es una práctica reportada en varios países. En Colombia, el gobierno contrata influencers bajo la figura de prestación de servicios que funcionan como operadores digitales de propaganda. En Argentina y Costa Rica, el acoso digital es amplificado por cuentas asociadas al oficialismo o por altos funcionarios que han admitido usar troles”, comentó Ramos.

La directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM) advirtió que el uso del aparato jurídico como arma de ataque y censura previa requiere atención especial, y la defensa legal de periodistas y medios exige nuevas estrategias.

“El efecto cascada que producen las descalificaciones y ataques desde el poder ponen en riesgo el ejercicio diario de nuestros periodistas y de medios de comunicación”, sostuvo Ramos. Y agregó: “En este semestre notamos que, en proporción la violencia contra comunicadores ha crecido más en Perú, en tanto que El Salvador ha obligado al desplazamiento forzado de decenas periodistas, fenómeno que en su momento vimos en Nicaragua, Venezuela y Cuba”.

Con información de SIP, EFE e Infobae

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condena enérgicamente la desaparición forzada y posterior detención arbitraria de los periodistas venezolanos Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos y su esposo, el camarógrafo Gianni González, quienes fueron privados de libertad por ejercer su labor informativa en un contexto de creciente represión contra la prensa independiente en Venezuela.

Nakary Mena Ramos fue detenida el 8 de abril de 2025 junto con su esposo, el camarógrafo Gianni González, tras publicar un reportaje sobre criminalidad en Caracas, según informó la organización de derechos humanos Espacio Público.

Permanecieron desaparecidos más de 48 horas. Luego fueron imputados por “instigación al odio” y “publicación de información falsa’”.

Mena fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y su esposo a El Rodeo II.

El reportaje de Mena contenía testimonios de ciudadanos que relataban un aumento de la inseguridad en zonas populares de Caracas, que contrasta con la narrativa oficial.

Tras la difusión del reportaje, el portal Impacto Venezuela lo eliminó de sus plataformas, lo que despertó aún más preocupación sobre posibles presiones directas o indirectas por parte del Estado.

Diversas organizaciones, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), han destacado que los delitos imputados a Mena y su esposo carecen de sustento legal y buscan criminalizar el trabajo informativo.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que las figuras penales empleadas en este caso no cumplen con estándares internacionales y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

En el caso de Marcano, de 30 años, fue acusado públicamente por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz Diosdado Cabello durante su programa televisivo “Con el mazo dando”, donde lo vinculó con un supuesto plan para generar violencia durante las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo.

En dicho programa, Cabello mostró una fotografía del comunicador y lo señaló sin que mediara una acusación formal ni un proceso judicial previo.

Carlos Marcano, periodista, profesor universitario y colaborador de organizaciones civiles, fue detenido el 23 de mayo de 2025 tras un allanamiento sin orden judicial en su residencia en Caracas, según informes de prensa.Su paradero fue desconocido durante 13 días.

Aunque se conoció posteriormente que fue trasladado al penal de Tocuyito, sus familiares denunciaron el 7 de junio que continúa desaparecido.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y otras organizaciones nacionales e internacionales han denunciado su detención como una grave violación de derechos humanos.

“La criminalización del periodismo crítico y el uso de figuras penales ambiguas como la instigación al odio son parte de un patrón sistemático de persecución contra quienes informan con independencia”, afirmó el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica.

“Exigimos la liberación inmediata de Carlos Marcano, Nakary Mena Ramos y Gianni González, y que se respeten sus derechos fundamentales”, dijo.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó: “Estos casos reflejan cómo se utiliza la justicia como instrumento de censura. Venezuela debe cesar estas prácticas represivas y cumplir con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y debido proceso”.

El Colegio de Periodistas de Venezuela registra 16 periodistas y reporteros detenidos desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó en Venezuela “un desempeño amplio en arbitrariedades estatales en contra de la expresión ciudadana, y un funcionamiento de la prensa limitado por cierres, medidas administrativas y periodistas detenidos por razones políticas”.

El país se ubicó en el puesto 21 de 22 países analizados en el estudio sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció dos nuevos hitos en su programa Acelerador de Ingresos Digitales, apoyado por Google News Initiative, para fortalecer la sostenibilidad de los medios en Hispanoamérica: entrega de recursos para proyectos en Centroamérica y la apertura de un nuevo cohorte en Sudamérica.

El Acelerador de Ingresos Digitales, que cuenta con el respaldo técnico de Marktube Group, tiene como objetivo optimizar las estrategias digitales de ingresos de los medios participantes, quienes reciben capacitaciones especializadas y acompañamiento personalizado para descubrir áreas de oportunidad en la gestión de inventario y entrega de anuncios, diversificar sus fuentes de ingresos y utilizar datos para mejorar su desempeño.

El primer cohorte del programa ingresa ahora en su fase de ejecución, donde los participantes implementan estrategias diseñadas para diversificar ingresos y expandir capacidades. Entre los seleccionados para recibir apoyo financiero se encuentran destacados medios como: 100% Noticias (Costa Rica), Diario El Heraldo (Honduras), El Diario de Hoy (El Salvador), El Nuevo Diario (República Dominicana), La Prensa Gráfica (El Salvador), La Prensa (Nicaragua), Listín Diario (República Dominicana), Prensa Libre (Guatemala), Redacción Regional (El Salvador) y Revista Estrategia & Negocios (Honduras).

“Estamos comprometidos a apoyar el periodismo de calidad en América Latina. Nuestra colaboración con la SIP en el Acelerador de Ingresos Digitales es una muestra de ese compromiso, y estamos entusiasmados por ver los resultados positivos que este programa está generando para los medios de la región”, indicó Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google.

Por su parte, el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, dijo que “la transformación digital de los medios es una prioridad para garantizar el acceso a información de calidad”. “Agradecemos el apoyo continuo de Google, cuyo compromiso con esta causa refuerza nuestra capacidad de impulsar proyectos que fortalezcan la sostenibilidad y resiliencia de los medios en la región«, agregó Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.

El programa se expande con la incorporación de un nuevo grupo de medios seleccionados tras un riguroso proceso, con lo que se abarca a organizaciones de 11 países en total. Este cohorte trabajará en el diseño e implementación de estrategias digitales innovadoras, incluyendo a:

2001 (Venezuela), ABC (Paraguay), Brújula Digital (Bolivia), Búsqueda (Uruguay), Ciencia del Sur (Paraguay), El Carabobeño (Venezuela), El Deber S.A. (Bolivia), El Diario (Bolivia), El Diario Ediasa S.A. (Ecuador), El Nacional (Paraguay), El Nacional (Venezuela), El Observador (Uruguay), El País (Uruguay), El Regional de Zulia (Venezuela), El Universo (Ecuador), Extra (Ecuador), Impacto (Venezuela), La Hora (Ecuador), Revista Digital Plan V (Ecuador) y Revista Nómadas (Bolivia).

Nuestro sitio, impactove.com es uno de los seleccionados para participar en este programa con el que esperamos dar un paso adelante en 2025 y así mantener a nuestra audiencia mejor informada.

Ezequiel Arbusti, CEO y fundador de Marktube Group, concluyó: «La innovación en los modelos de negocio es esencial para que los medios respondan a las necesidades de sus audiencias en un entorno digital en constante evolución. Este programa es un ejemplo de cómo podemos construir un futuro más sólido para el periodismo«.

El Acelerador de Ingresos Digitales es la segunda fase del programa Enhanced Fundamentals Lab que viene desarrollando la SIP, con apoyo de GNI y respaldo técnico de Marktube desde 2023, beneficiando a 80 medios de Hispanoamérica.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el «recrudecimiento» de las «violaciones a la libertad de expresión» en Venezuela. También condenó el «bloqueo a medios digitales» y «uso ilegal de datos personales para acosar a periodistas».

La SIP la cargó contra el bloqueo que sufre el acceso a tres medios digitales: Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV Miami, este último con sede en esa ciudad de Florida.

La acción la ejecutan CANTV (estatal) y las privadas Movistar, Digitel, Supercable e Inter que son operadoras de servicios móviles y de internet. Según la SIP, el bloqueo «habría respondido a órdenes de la oficialista (venezolana) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)».

«Nicolás Maduro demuestra una vez más su fijación por amordazar al periodismo independiente», dijo Jorge Canahuati, presidente de la SIP, reseña Efe.

Canahuati subrayó que la «comunidad internacional no puede quedarse callada ante un régimen de terror que vive atropellando el derecho a la libertad de expresión de sus ciudadanos».

Según la organización de monitoreo VE Sin Filtro, la administración de Nicolás maduro no solo bloquea los sitios web de medios no afiliados al Gobierno. En los últimos años, también bloqueó plataformas de multimedia, «streaming» y redes sociales.

Estas denuncias también confirman las conclusiones de un reciente informe de la organización Espacio Público, Privacidad y datos personales en Venezuela. En el documento se denuncia cómo el Estado venezolano usa esta estrategia del bloque para atentar contra la libertad de expresión e información.

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Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP agregó que el bloqueo de medios digitales es un alerta. «Nos impone a reiterar nuestro compromiso, apoyo y solidaridad para con los periodistas y medios independientes». Ellos, «desde hace más de veinte años vienen padeciendo persecución y represalias gubernamentales por su labor».

La Declaración de Salta de 2018 sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital establece en su punto 7 que «las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos».

Y el punto 5 de la Declaración recuerda que «el bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos».

Entre otras prácticas arbitrarias ejercidas desde el poder, Espacio Público señala la vigilancia y el robo de información a través de la clonación de sitios web y páginas de redes sociales, además del «phishing» (suplantación de identidad).

La última resolución de la SIP sobre Venezuela enfatiza que «la implacable persecución contra medios de comunicación y periodistas. Así como el bloqueo a los pocos medios que aún publican en internet, ha casi completado el plan de hegemonía comunicacional del régimen, similar al modelo cubano».

Venezuela, además de Cuba y Nicaragua, son los países peor evaluados en materia de libertades individuales y sociales según el Índice Chapultepec 2021. Este es un barómetro con el que la SIP que mide niveles de libertad de prensa y expresión en 22 naciones del hemisferio.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró un ataque a la libertad de prensa un proyecto de ley en Colombia que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos.

La organización con sede en Miami pidió su eliminación. Considera que representa un «peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas».

El Congreso colombiano tratará este lunes un proyecto de ley anticorrupción. En el mismo se incluyó un artículo que propone penas de cinco a 10 años de prisión y multa millonaria contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos.

También contempla la cancelación de la personaría jurídica de las instituciones de donde proviniere la crítica que se considere injuria o calumnia.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para «erradicar las leyes de desacato». También las llaman «leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa».

Canahuati, director ejecutivo del grupo Opsa de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido. «Es una herramienta para callar a medios y periodistas».

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El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que se trata de «un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos,. Esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas».

Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: «nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción». Lo es cuando «justamente lo que se busca es que haya transparencia».

Tras largas campañas realizadas por la SIP y otras organizaciones de protección de la libertad de prensa, muy pocos países latinoamericanos mantienen leyes que blindan y protegen a los funcionarios de la crítica a través de penas de cárcel y multas, entre ellos Cuba y Venezuela.

Canahuati y Jornet expresaron que la ley en Colombia es una nueva ley mordaza, según la agencia Efe.

«Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente», agregaron.

«Esperamos que el Congreso colombiano, institución que ha sabido defender la libertad de prensa y de expresión de todos los ciudadanos, actué en consecuencia y elimine estas protecciones especiales», concluyeron.

La SIP es una entidad dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes que «las fuerzas represivas» de Venezuela «están a la caza de periodistas que cubren las noticias». Esto, especialmente con las relacionadas con protestas, información sobre la COVID-19 y los servicios.

A esos periodistas, «los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares», señala un informe preliminar. El mismo lo presentaron en la 77 Asamblea General de la SIP.

Señala que, en Venezuela, «operan muchos medios» en línea que son independientes. Pero, «regularmente», los bloquean por instrucciones del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas.

«A estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus periodistas», añade.

La SIP cita un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que señala que desde que Nicolás Maduro llegó al poder «desaparecieron 115 medios de comunicación».

En este sentido, subrayan que más del 60 % de la población «se entera de alguna noticia a través del canal oficial» del Estado. Esto ocurre porque «no hay medios independientes ni de televisión ni de radio».

«Los que existen son oficiales o están autocensurados. Los periódicos y las revistas no tienen acceso a poder imprimir libremente, ante la falta de acceso al papel», agregan.

Sobre internet, advierten que «pasa por bloqueos discrecionales» o existe un «acceso muy limitado». La situación llevó a Venezuela a ocupar «el último lugar» en calidad de conexión a internet en América Latina, destaca la agencia Efe.

«La situación de los medios es catastrófica, casi cumpliéndose la promesa del Plan de la Patria de la hegemonía comunicacional (del Gobierno), similar al modelo cubano», apostillan.

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A lo largo de este año, consideran que «el evento más destacado fue la toma de las instalaciones» del diario El Nacional.

«Con base en el juicio de difamación contra El Nacional introducido por Diosdado Cabello, el TSJ condenó al periódico a pagarle 13 millones de dólares» por la difusión de una noticia, recuerdan.

La noticia, «que involucra a Cabello con actividades ilícitas», fue publicada inicialmente «en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal». Pero posteriormente «fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales».

«En virtud de esa sentencia y sin ningún tipo de procedimiento legal, el Ejército tomó el edificio del diario sacando a quienes estaban en el lugar, incluyendo a quienes tenían espacios alquilados. Desde entonces, el Ejército ocupa las instalaciones sin ninguna orden judicial que lo respalde», sostienen.

Entre las «principales agresiones contra periodistas y medios», destacan los casos de Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno.

El 28 de mayo, el periodista Martí Hurtado «estuvo desaparecido por más de 12 horas, luego de que un cuerpo policial sin identificación allanara su casa».

Ese mismo mes, en Lara, tres periodistas de El Informador, «fueron amedrentados por presuntos funcionarios» de las FAES.

También a principios de octubre, «sujetos que vestían uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, y a bordo de motos, asaltaron y le dispararon al reportero gráfico Ronald Enrique Peña, del portal El Pitazo, en Caracas. No resultó herido, pero le robaron su moto, documentos y el teléfono»

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes «la violencia sistemática de Nicolás Maduro con las libertades de expresión y de prensa». También los ataques a periodistas y en especial al diario El Nacional, tras la reciente sentencia que le obliga a pagar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello.

Venezuela es, junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Brasil, uno de los países a los que la SIP dedicó una resolución individual. lo hizo al término de su reunión semestral para analizar el estado de la libertad de prensa en el continente americano.

La organización resolvió «exigir el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios. Así como la criminalización de la actividad periodística independiente» en Venezuela.

Sobre la reciente resolución del TSJ de Maduro sobre El Nacional, dijo que «es un grave atropello contra la libertad de prensa». Agrega que es «una expoliación usando la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación». Busca» cercenar el derecho de acceso a la información del pueblo venezolano», subraya.

En Venezuela, dice la SIP, «no existe independencia institucional. El Poder Judicial está sometido al poder político. El régimen continúa con su campaña sistemática para acabar con la prensa independiente», publicó Efe.

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Afirmar que en los últimos seis meses «Maduro intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas y el periodismo independiente». Subraya que «cerró ocho emisoras y los medios escritos que debieron migrar al espacio digital». Los mismos «sufren bloqueos discrecionales y puntuales a través de las empresas que ofrecen el servicio de internet».

Además, agrega, a muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales. «La finalidad de silenciarlos e intimidarlos».

Para concluir, la SIP recuerda que «no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo».

 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que en Venezuela hay «una dictadura implacable que considera al periodismo independiente como un enemigo permanente». El organismo llegó a esta conclusión en un informe presentado en su reunión de medio año.

«La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente», destaca el escrito.

En el mismo, subrayan que, «al menos», ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en toda Venezuela. Destacan que el uso de la Ley Resorte «regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva». Esto convierte la norma en un «instrumento para silenciar la radio», reseñó Efe.

«Por lo pronto, las estaciones de radio que todavía existen están autocensuradas por el terror que genera esta ley Resorte», añaden.

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El documento recuerda documentos de la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Los mismos destacan que desde septiembre de 2020, hay una «reducción del espacio cívico».

En ese lapso, hubo «al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas. Además de medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios».

«Tan sólo en el mes de enero, se ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones», reza el informe reseñado por la SIP.

«Bachelet también hizo referencia de, al menos, 15 casos de intimidación y acoso contra periodistas en las elecciones (legislativas) del 6 de diciembre», añaden.

En este contexto, el informe de la SIP considera que «la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet». Esto pese a que Maduro, «a través de las compañías telefónicas», bloquea las páginas. Todo «de acuerdo a lo que consideran noticias perniciosas para la Revolución».

Esos bloqueos tienen carácter discrecional, puntual y temporal, según la entidad.

Además, consideran que a «muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales.Todas ordenadas por jerarcas del de Maduro con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos».

«En la calle, la intimidación a los periodistas es una constante permanente. Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, minisecuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el Gobierno», agrega el texto.

Por otra parte, la SIP asegura que «los personeros del Gobierno utilizan los medios audiovisuales para generar odio contra los periodistas».

Como parte de ese uso, señalan que el pasado 10 de febrero el diputado y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, «sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo».

Cabello «amenazó al medio por informar sobre el reportaje publicado por la revista Semana de Colombia, acerca de la presencia» de líderes de un grupo disidente de las FARC en territorio venezolano.

También denuncian que «sigue la persecución contra corresponsales extranjeros» y citan como ejemplo la detención de los reporteros Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, de NTN24.

Los periodistas fueron arrestados durante 24 horas el pasado 31 de marzo, mientras cubrían los enfrentamientos entre militares y disidentes de las FARC en el estado fronterizo de Apure.

Finalmente, recuerdan que el Parlamento «anunció que redactará una ley para regular las redes sociales y definir penalmente lo que entienden por traición a la patria».

Frente a este panorama, la SIP exigió «el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente».

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concedió este viernes el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020. Los galardonados fueron más de 100 periodistas y trabajadores de prensa de las Américas que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión a causa de la COVID-19.

«Este es un momento muy duro para el periodismo porque la pandemia ha cobrado también la vida de muchos integrantes de nuestra familia periodística». Según dijo el presidente de la SIP, el jamaiquino Christopher Barnes, al anunciar el premio.

«En todos los países hay ejemplos de dedicación y abnegación mostrado por trabajadores de medios que han entregado hasta sus propias vidas por cumplir de manera firme la misión de mantener al público informado». Agregó.

El presidente de la SIP destacó la admiración y el respeto de la organización hacia estas víctimas de la COVID-19. Y expresó sus condolencias a las familias. En la web de la organización está publicada la lista de los fallecidos y sus fotografías.

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«Estoy seguro de que sus muertes no fueron en vano. Y tengo la esperanza de que el trabajo de todos estos periodistas y personal de medios ha ayudado a otras personas a enfrentar la pandemia con una prevención adecuada que resulte en un impacto de menor riesgo». Afirmó Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, de Kingston (Jamaica).

El presidente de la SIP indicó que «esta pandemia está lejos de haber terminado». Y llamó a los periodistas y trabajadores de medios y, en especial, a los medios de comunicación, «a fortalecer los protocolos de sanidad y seguridad para reducir el impacto en la profesión».

Barnes agradeció a todas las organizaciones de prensa del continente y a los socios de la SIP. Aquellos que han colaborado proveyendo información sobre las víctimas y expresó que la organización continuará recopilando datos.

En la lista de premiados figuran periodistas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. México, Peru y Brasil son los países con más periodistas muertos por COVId-19, de acuerdo con esa relación.

Hoy mismo la SIP anunciará la lista de profesionales de la comunicación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y El Salvador. Además de Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela galardonados en el concurso anual a la excelencia periodística.

Dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, la SIP está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami.