Revelaron que los ex jueces penales Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García interpusieron sendos documentos ante el Tribunal Especial 2° en casos vinculados al terrorismo y corrupción para defenderse de una acusación consignada por el Ministerio Público.

En ese documento de acusación, al que el medio Últimas Noticias tuvo acceso, los fiscales Farid Karin Mora y Eddy Rodríguez Bencomo solicitan al Tribunal Especial ordenar un juicio contra Cornieles y Márquez porque presuntamente “vendieron” en dólares una medida de libertad para Oswaldo José Cheremos Carrasquel, catalogado como integrante del Tren del Llano, según expedientes MP-55865-2023 y 02CT-S-044-2023.

Esa medida fue otorgada por Márquez cuando Cornieles era presidente del Circuito Judicial Penal Caracas, refiere el periodista Eligio Rojas.

Al respecto, Cornieles respondió que Mario Aquino, quien era uno de sus asistentes, fue quien instruyó “a sus espaldas” al juez Márquez para que este acordara un juicio en libertad a Cheremos Carrasquel. Luego, este sujeto, procesado por tráfico ilegal de armas y terrorismo, entre otros, salió en libertad el 9 de enero pasado.

«Lejos de sus funciones, dicho ciudadano actuó de manera individual y según sus intereses, vale decir, a espaldas de la presidencia del Circuito”, dice la defensa de Cornieles.

En el escrito de defensa se rechaza que Cornieles haya recibido dinero para favorecer la libertad de Cheremos Carrasquel, tal como lo asegura el Ministerio Público.

 “¿Cómo se puede afirmar que el imputado Cristóbal Cornieles recibió una suma de dinero? ¿Por qué el Ministerio Público no consiguió trazas de dinero en dólares? ¿Puede Cristóbal Cornieles otorgar alguna medida cautelar?”, pregunta la defensa del ex jefe del Circuito Judicial Penal de Caracas.

A su vez, el ex juez Márquez García estampó en el documento de defensa lo que él considera irregularidades en el expediente abierto por el Ministerio Público que “cercenó el principio constitucional del debido proceso, derecho a la defensa, con lo cual da pie a una investigación ilegal e írrita”.

La defensa asignada a Márquez García refirió que entre éste y Cornieles no existía esa tal “concertación” que alude el Ministerio Público para favorecer a Cheremos Carrasquel.

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Refiere el documento que en noviembre de 2022, Cornieles sostuvo una reunión con todos los jueces en el Palacio de Justicia de Caracas, donde presentó como sus asistentes a Mario Aquino, Cristian Vivas y Alejandro Pino. 

“En esa reunión Cornieles indicó que toda consulta, duda e instrucciones iban a ser tramitadas solo a través de ellos, delegando así sus funciones directas a los ciudadanos antes mencionados”, dice la defensa de Márquez García.

Luego, durante el mes de diciembre de 2022, Aquino indicó a Márquez García reiteradamente “que por instrucciones del presidente del Circuito Cristóbal Cornieles y de la Comisión de la Revolución Judicial de la Asamblea Nacional, debía otorgar al ciudadano Cheremos Carrasquel una medida cautelar sustitutiva de libertad bajo presentación ante la sede del Tribunal”.

Similar comportamiento mantuvo Loreanny Mejías, quien visitó varias veces a Márquez para interceder por Cheremos Carrasquel y se identificó “como secretaria de la Comisión de la Revolución Judicial”.

Finalmente. Cheremos Carrasquel le confesó a Márquez que le había entregado a Loreanny Mejías 120.000 dólares y dos camionetas, lo cual hacía un total de 240.000 dólares, según el escrito de defensa.

Con información de Últimas Noticias

El Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior de Venezuela de la administración de Nicolás Maduro, evaluaron la coordinación de un trabajo conjunto con el fin de mejorar el sistema de justicia. Así lo informó este sábado el máximo tribunal del país.

La presidenta del TSJ de Maduro, Gladys Gutiérrez, y el ministro del Interior, Remigio Ceballos, sostuvieron un encuentro para compartir el trabajo que vienen realizando.

Por su parte, Gutiérrez indicó, que trabaja en «diversas tareas» para avanzar en un «completo proceso de reestructuración» del Poder Judicial. Esto con una reorganización y reimpulso para optimizar «de manera continua la administración de justicia en el país».

Un comunicado de prensa, reseñó que el TSJ de Maduro trabaja en “garantizar el debido proceso”.

«Con un sistema penal y un régimen penitenciario que trabajen en consonancia con los principios de Estado democrático y social de derecho», dijo Gladys Gutiérrez.

Por su parte, Remigio Ceballos, ratificó su disposición a seguir trabajando de manera conjunta para contribuir al «fortalecimiento de la institucionalidad democrática» y la «protección integral del pueblo».

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A principios de mayo, Ceballos sostuvo una reunión con autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Con el propósito de una revisión de las estrategias con esta policía que asiste a la labor de la Fiscalía.

Entre los temas abordados en esa reunión estuvieron la capacitación de los funcionarios en materia de derechos humanos y la elaboración de una ruta para el fortalecimiento de la acción penal en el país. Aunque no ofreció detalles al respecto.

Ceballos, en declaraciones al canal estatal VTV, recordó que el Cicpc cuenta con una oficina para la revisión del desvío en la actuación policial. Y otra para la supervisión disciplinaria de los funcionarios, con lo que esperan mantener a raya las malas prácticas de los agentes.

Como ya advirtió a finales del 2021, Nicolás Maduro insistió que en este 2022 habrá grandes cambios en el sistema de justicia venezolano.

Mediante una alocución televisiva, este jueves, aseguró que la Asamblea Nacional de mayoría chavista, se centrará en aprobar leyes en el marco del sistema de justicia venezolano.

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«Habrá una refundación necesaria y profunda de todo el sistema de justicia venezolano, que demuestra desde el punto de vista doctrinario y constitucional que la revolución está viva», dijo Maduro.

Asimismo, indicó que la írrita Asamblea Nacional aprobó 38 leyes en su primer periodo de 2021.

«Se aprobaron 38 leyes, y 16 resultaron aprobadas en primera discusión para ser llevada a cabo este año, como las de sistema de justicia. Para que el MP y el TSJ actúen para que haya justicia. La justicia tiene que ser as tiempo, objetivo, verificable”.

Recordemos que el 30 del 2021, la AN chavista sesionó de manera extraordinaria; para aprobar en primera discusión la ley para reducir el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la administración de Nicolás Maduro.

Los jueces y fiscales de Venezuela han tenido un «papel muy importante» en graves violaciones de derechos humanos contra los opositores de Nicolás Maduro. Así lo establece el informe de una misión de la ONU difundido este jueves. El mismo da cuenta de una «profunda erosión» de la independencia judicial en el país.

«Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela».

La afirmación la hizo Marta Valiñas, jefe de la misión de Determinación de Hechos, en un comunicado.

El informe será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se denuncian prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura. También la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar arrestos ilegales.

«Los ataques que hemos documentado están dirigidos a oponentes políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil. También contra todos aquellos considerados como amenazas al gobierno», agregó Valiñas.

La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay «motivos razonables» para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.

«Hemos concluido que en lugar de dar protección a las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia se usa para amedrentarlos», dijo la funcionaria.

«Nuestra investigación revela un sistema de justicia comprometido y que ha violado el debido proceso por motivaciones políticas», sostiene.

«Hemos documentado acoso e intimidación contra las familias de las personas detenidas. Además, de los 90 casos documentados en el informe anterior, solo 3 han tenido avances», indicó.

Alertó que «la mayoría de los jueces de los casos documentados son provisionales. Sus asignaciones son contrarias a lo establecido en las leyes venezolanas y aplican procedimientos y decisiones contrarias a la ley».

En la noche de este lunes, Nicolás Maduro, anunció la creación de una comisión especial para reformar el sistema de justicia, la cual la presidirá, Diosdado Cabello.

Durante una alocución televisiva, detalló que como vicepresidenta estará Cilia Flores, mientras que la secretaria será la magistrada Lourdes Suárez Anderson.

Asimismo, Maduro aseguró que en Venezuela hace “falta una revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional”.

“Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacude, que transforme todo el sistema de justicia del país”, apuntó.

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«Le doy un plazo de 60 días a esta comisión para que solucione de manera profunda el hacinamiento en los centros de detención preventiva del país”.

También quiere que la comisión regularice todo el personal juzgado.

Maduro aseguró que su administración evalúa los aspectos que se denunciaron desde la Asamblea Nacional chavista.

Sobretodo los que tienen que ver con el retardo procesal, el hacinamiento en los centros de detención preventivos.

También los problemas en el funcionamiento sistema penitenciario y en todo el sistema de justicia.

Maduro destacó “la necesidad de readecuar todas las leyes que tienen que ver con el sistema de justicia.

“ Para que haya una justicia a tiempo, justa, y que Venezuela tenga un Estado robusto que le responda a los ciudadanos”.

La comisión tendrá la potestad de presentar, en breve lapso, un plan especial para cambios estructurales en el sistema de justicia.

A través de reformas, nuevas leyes, entre otros; en ello es importante el papel de la asamblea chavista, así lo detalló.