Radiografía del sistema de salud venezolano: hospitales colapsados, ayuda desaparecida y pacientes en abandono

En este reportaje especial de más de 8 minutos analizamos la verdadera situación de la salud pública en Venezuela junto al doctor Pedro Fernández, médico venezolano y autor del libro Pronóstico Reservado.

Hospitales sin insumos, quirófanos paralizados, fallas eléctricas, escasez de agua, médicos mal pagados, fuga de especialistas y familias obligadas a comprar desde una gasa hasta tratamientos completos. Esta es la realidad que viven millones de venezolanos cada día al buscar atención médica.

Además, abordamos la denuncia de la Federación Médica Venezolana, que asegura que el cargamento de ayuda humanitaria enviado por Estados Unidos no ha llegado a los centros de salud, tras un monitoreo en 18 estados del país.

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Nicolás Maduro volvió a proponer que se hagan las tareas necesarias para construir un sistema de salud pública sólido en Venezuela.

Durante una alocución televisiva, luego de una graduación de médicos pidió a las autoridades de su administración en materia de salud construir un plan para mejorar el sistema público.

«Nosotros tenemos que construir el mejor sistema de salud pública gratuita. Hay que demostrar que la Venezuela socialista, sancionada, si puede avanzar», insistió Maduro.

En ese sentido, ordenó a la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, «asignar los cargos fijos en el Sistema Público de Salud a los nuevos profesionales egresados el día de hoy».

«Multiplicar los cupos para el estudio de todas las profesiones vinculadas a las ciencias de la salud, para garantizar de manera autónoma e independiente el funcionamiento de todo el Sistema Público de Salud», puntualizó.

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Por otra parte, Maduro, anunció que en tres meses, espera entregar la nueva seda para tener la capacidad de mil estudiantes de La Escuela Latinoamericana de Medicina».

«Estoy esperando dos o tres meses para entregar nueva sede para tener capacidad de mil estudiantes de La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)», precisó desde el acto de graduación de nuevos especialistas de la salud.

Igualmente, detalló, «Escuela Latinoamericana de Medicina «Salvador Allende» estrenará sede próximamente con todas las condiciones científicas y tecnológicas y albergará a más de 1000 estudiantes presenciales de América Latina y El Caribe».

En 2020, la pandemia generada por la COVID-19 aceleró aún más el deterioro extremo en el que ya se encontraba el derecho a la salud en Venezuela. Esta es la conclusión de un informe publicado por la ONG Provea. «El sistema de salud público era el único con la mayor capacidad instalada de establecimientos, personal y camas en el país», señala el escrito.

No obstante, la crisis en que se encontraba y aún persiste en el sector, demostró que «el sistema público de salud perdió 80% de su capacidad operativa en medio de la pandemia».

Antes de 2014, el sistema mostraba una crisis generalizada por décadas de desfinanciamiento, desestructuración y deterioro de las capacidades sanitarias. Son constantes las malas condiciones de la infraestructura, el desabastecimiento de insumos, la pérdida de personal y la interrupción de servicios, señala el documento.

Entre 2015 y 2016, la crisis se agudizó por la falta de servicios básicos (agua y electricidad). En 2019, las deficiencias acumuladas y la reducción de personal ocasionaron un colapso estructural. Esto, sumado al desmantelamiento operativo de 70% de los servicios de salud. 

«En 2020, al concentrar los servicios de salud existentes en la atención de la pandemia, se estima que el sistema sanitario público en general sufrió una reducción operativa de 80%», destaca el informe.

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Con los primeros casos notificados de COVID-19, en marzo 2020 la administración de Nicolás Maduro declaró la emergencia sanitaria en el marco de un Estado de Alarma Nacional.

Concentró el manejo de la pandemia en una Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de Coronavirus. La misma excluyó a la comunidad académica y científica del país. También formuló planes sin ninguna transparencia, y gestionó apoyos limitados con organismos internacionales instalados en el país. Lo hizo principalmente con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Solo 46 de los 292 hospitales públicos disponibles en los 24 estados del país, fueron seleccionados como centros centinelas para la atención de casos graves de COVID-1. Pero ninguno de estos hospitales ni su personal contaba con las condiciones mínimas de preparación para el tratamiento de los casos.

El apoyo internacional, en buena parte destinado al suministro de equipos e insumos para la protección del personal de salud y paliar las fallas de agua, higiene y saneamiento en los hospitales, resultó insuficiente por la política estatal de acceso restringido, los problemas logísticos del país y la politización de la respuesta humanitaria.

Las pruebas de diagnóstico (PCR-RT y Pruebas Rápidas de Antígeno, las primeras de mayor precisión que las segundas) se centralizaron en dos instituciones de Caracas. Esto causó excesivos retrasos en la entrega de resultados en los distintos estados del país. Su aplicación ha sido altamente deficiente para la detección de casos confirmados y sospechosos.

Venezuela recibió en octubre 2020, con apoyo de OPS, más de 300 mil pruebas de antígeno y 35 equipos lectores para realizar entre tres mil y cuatro mil pruebas diarias. Pero tras cinco meses solo se hicieron 21.583 pruebas, por falta de personal y dificultades logísticas.

Con una insuficiente cobertura de las PCR-RT y una debilitada capacidad de vigilancia en el país, las academias nacionales y otros institutos internacionales han llegado a estimar que en Venezuela los casos positivos y las muertes por Covid serían respectivamente seis y cinco veces mayores a las cifras reportadas oficialmente.

Entre marzo y diciembre de 2020, Venezuela notificó un acumulado de 113.562 casos y 1.028 personas fallecidas por COVID-19. Las tasas de transmisión y letalidad bastanteerab bajas en comparación con otros países del mundo y de América Latina y el Caribe.

Las entidades federales con mayor población afectada fueron Distrito Capital, Miranda, Zulia, Táchira y La Guaira.

Este comportamiento favorable en un contexto de alta fragilidad sanitaria, se atribuyó a tres factores.

A). La lentitud de la transmisión por las cuarentenas obligatorias. También la suspensión de actividades que implican una alta movilización de personas, como las educativas, y el cierre de fronteras.

B). Los altos niveles de contracción económica y las severas restricciones a la movilidad por la parálisis de la mayoría de las unidades de transporte público . A esto se une la falta de gasolina durante 6 años previos de emergencia humanitaria compleja.

C). Las disminuidas capacidades de vigilancia y diagnóstico, las pruebas rápidas y poco precisas en más de 90% de las realizadas. Todo sumado a los grandes retrasos en la entrega de resultados por su centralización.

Bajo estas circunstancias, las academias nacionales y la comunidad científica nacional e internacional alertaron que la pandemia en Venezuela tenía un retraso en su evolución epidemiológica. Por lo tanto, alertaron una curva cada vez más creciente en su expansión. Sobre todo por la insostenibilidad de las cuarentenas en un contexto de emergencia humanitaria, con millones de personas sin medios de vida y con severas dificultades para acceder a los alimentos.

Además, advirtieron que las cifras oficiales presentaban un considerable sub-registro de casos positivos y muertes por COVID-19. Estimaron que esto pasó hasta en 60%, debido a la escasa aplicación de pruebas diagnósticas precisas.

Entre junio y diciembre de 2020, Médicos Unidos de Venezuela (MUV) registro un total de 295 muertes del personal de salud por COVID. La mayoría no estaba contabilizada en las cifras oficiales de la pandemia.

Del total de personal de salud fallecido, 217 era del personal médico (73%), 52 personal de enfermería (18%) y 26 otros trabajadores del área salud (9%), entre los que se incluían Médicos Integrales Comunitarios (MIC).

Las vulneraciones del derecho a la salud que registró Provea en su base de datos durante 2020 se redujeron levemente un 23,5%, en comparación con las registradas en 2019, pasando de 5.884 a 4.500 denuncias. 

Estos niveles de vulneración han sido los más altos recogidos en el monitoreo constante que realiza Provea a la situación del derecho a la salud en los últimos años.

El volumen de denuncias en 2020 revela que menos personas acudieron a los hospitales. Esto pasó porque, pese a la leve reducción general, aumentaron las referidas a la falta de personal médico y de enfermería en 53% y 71% respectivamente.

Los obstáculos en el manejo de la pandemia tuvieron severas repercusiones en el sistema sanitario público. Particularmente aumentaron la ausencia y/o la pérdida de personal de salud capacitado. La sitiación empeoró porque sobre ellos recayeron las mayores exigencias para afrontar la pandemia. Todo por las condiciones de trabajo extremadamente precarias y riesgosas.

Las medidas de cuarentena, la falta de personal de salud y la escasez de gasolina en 2020 disminuyeron aún más el acceso de las personas con problemas de salud al sistema sanitario. También a tratamientos, insumos y medicinas esenciales.

En consecuencia, aumentó la prevalencia de enfermedades crónicas no diagnosticadas ni adecuadamente tratadas. Por ello también incremetó el riesgo de contraer enfermedades transmisibles por drásticas caídas en las coberturas de vacunación.

La ausencia de boletines epidemiológicos y de estadísticas de defunciones no se publican desde 2016. Esto impidió nuevamente saber con mayor exactitud los niveles de impacto que tuvo la vulneración del derecho a la salud en la población. Y esto no termitió determinar el íondoce de mortalidad evitable.

En 2020 «más de 9 millones de personas con alguna condición de salud grave no tuvo acceso a una atención de salud oportuna ni adecuada».

Los expertos continuaron reportando en 2020 un mayor sufrimiento humano y muertes tempranas. Esto por la suspensión de los trasplantes, la paralización o cierre de unidades de tratamiento y la carencia de medicinas.

El sistema de salud venezolano ha colapsado. En los hospitales no hay insumos para la atención de pacientes y los médicos deben improvisar.

Desde la llegada de la pandemia, el gremio de la salud ha liderado 2.400 protestas exigiendo los elementos indispensables para protegerse de la COVID-19.

De la administración de Nicolás Maduro ni de ninguna institución del país reciben respuestas.

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Se caen a pedazos las infraestructuras de los hospitales. No hay agua, no hay alcohol, no hay algodón, ni siquiera productos de limpieza para mantener la higiene en los centros de salud.

La periodista Rosalí Hernández en un reportaje para Testigo Directo entró a uno de los centros más importantes del país, el Hospital Universitario de Caracas.

Nos muestra la cruda realidad de cómo el personal trabaja con las uñas y en las peores condiciones para atender a miles de pacientes y salvar vidas.

“Luego de la operación lo trasladaron a un cuarto sin ventilación, me dijeron haz que lo saquen de allí porque es el cuarto de los moribundos. Allí llevan a los quemados para que se mueran”, comentó a Impacto Venezuela Alejandra, familiar de un paciente sometido a las calamidades del sistema de salud público del país.

Las mal llamadas “palancas” y “contactos” se apoderan de los hospitales del país y depositan en el olvido a aquellos que no tienen conocidos dentro de los centros de salud públicos de Venezuela.

Lamentablemente si no tienes conocidos en los hospitales las emergencias médicas puedan transformarse en una tragedia.

“Lo operaron ocho días después de que llegó al hospital, no lo querían intervenir. Un equipo decía que había que llevarlo a quirófano y un médico decía que no”, relató.

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En los hospitales se ve la indolencia en carne viva, no contar con un sistema óptimo de salud deriva un infierno el cual le toca vivir a los más vulnerables.

Venezuela sufre la peor crisis de toda su historia, en la que se enfrenta un sistema de salud público deteriorado con un personal indolente.

El venezolano común sufre las secuelas de un país maltratado producto del mal empleo de políticas públicas al no poder gozar de una calidad de vida.

Falta de insumos, deterioro de las instalaciones, escasez de servicios básicos, ausencia de profesionales de salud e indiferencia de los trabajadores que también viven los embates de la crisis.

Al no funcionar las instituciones correctamente van maltratando y afectando cada uno de los peldaños hasta que el ciudadano de a pie termina siendo víctima de un modelo poco efectivo.

La corrupción de los altos mandos impide el correcto funcionamiento de los hospitales, los pocos insumos que circulan obligan a “priorizarlos” en ciertos pacientes, en combinación con salarios de hambres que reciben los trabajadores públicos.

A un lado quedó el juramento hipocrático. Tener el estómago vacío los obligó a sacar su lado más despiadado: dejar morir a los enfermos.

Desde negar una inyectadora, hasta el oxígeno. El nivel de inhumanidad que se vive en Venezuela traspasó niveles inimaginables.

“Las pruebas según el médico no arrojaba un diagnóstico claro, pero su equipo decía que había que ir a cirugía, nosotros como familiares autorizamos que lo ingresaran a quirófano, pero insistía en tener un examen específico, pero en los hospitales no había cómo hacérselo y en privado cuesta 300 dólares”.  

El estado crítico del paciente empeoró ante la negativa del personal médico, es por ello, que nace la interrogante, será que antes de graduarse de verdad hicieron el juramento de “No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos”.

No apegarse a los pacientes se transformó en indolencia pura, pero eso sucede porque algunos médicos perdieron su humanidad y evitan ayudar a los pacientes que más lo necesitan.

Pero la gran interrogante es por qué el valor de la vida se perdió, por qué no hay solidaridad por el otro y Venezuela se convirtió en una sobrevivencia del más fuerte y el más poderoso.

Los médicos son sometidos a largas jornadas de guardias en hospitales en los que muchas veces deben trabajar con las uñas.

La precariedad en los hospitales les impide cumplir sus labores. Este calvario lo viven desde hace más de siete años cuando la crisis humanitaria se apoderó de Venezuela.

Sin guantes, trajes quirúrgicos, sin zapatos, sin servicios básicos como: agua, energía eléctrica. Ese es el día a día de un trabajador de la salud del sector público en Venezuela.

Aunado a ello, obtienen salarios de hambre, ni siquiera dos dólares mensuales obtiene un trabajador de la salud.

Quienes están en primera línea son sometidos a penurias, mientras ejercen su profesión, por eso, lamentablemente en Venezuela se vive el efecto dominó.

Desde la cadena más alta se van emitiendo órdenes que finalmente termina sufriendo el ciudadano común.

Por ello, las muertes de “mengua” se han acrecentado en el país, y la “selectividad” de priorizar a conocidos reina en los hospitales de Venezuela.

Desde el 2014 el deterioro de las instalaciones de los centros de salud sufrió un incremento extremo, incluso la red de Médicos por la salud monitoreó 130 hospitales en el país y determinó que el 44% de los quirófanos no estaban operativos.

Entre otros detalles que establecieron en la encuesta determinaron que también el 94% de los laboratorios tienen fallas en el funcionamiento o falta de reactivos, en los hospitales hay escasez del 60% de insumos y medicamentos.

Siete años después la realidad no ha tenido muchas diferencias. Ahora se suma la escasez de agua y la ausencia del servicio eléctrico.

A la crisis generalizada se le vincula la pandemia por COVID-19 que ha cobrado millones de vidas en el mundo y cientos de vidas en Venezuela.

La incertidumbre reina en el país porque no confían en los datos oficiales que ofrece la administración de Nicolás Maduro sobre la mortalidad y los contagios en Venezuela.

“En el hospital sacan muertos y muertos, según por covid-19, esto es horrible”.

A principios de la pandemia CEPAZ, informó que el deterioro del sector salud en la pandemia hacía mella e incrementaba los riesgos de contagio.

Para el 20 de septiembre de 2020 se reportaba un 67% de centros de salud con fallas o escasez de jabón, un 60% de guantes, 40% de tapabocas, y un 68% sin gel desinfectante.

El familiar de Alejandra se recupera de las negligencias que sufrió y combate una infección producto de lo tardía que fue su operación.

Están a la espera que continúen suministrando el tratamiento para que pronto regrese a su casa.

Venezuela tiene 21 años en un régimen que causó deterioro social y económico, dejando el país sumergido en la miseria y en el egoísmo.

Sin embargo como venezolanos no podemos permitir que sea la precariedad y la inhumanidad la que nos defina.

Ante las circunstancias más álgidas tenderle la mano al que más la necesita debe ser una constante, por eso abogamos porque el personal médico recupere su vocación y pueda ayudar sin mirar a quien.

Que Venezuela se maneje más por el deseo de colaborar y no por la desidia y el resentimiento que mueve a la mayoría, creado por el mal llamado socialismo del siglo XXI.