Luego que la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que abrirá una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La decisión se anunció en el marco de la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, al país caribeño. El impacto de esta determinación es aún mayor al tratarse de la primera en la historia de América Latina.

Ya en diciembre del año pasado la ex fiscal Fatou Bensouda había sido contundente en su informe sobre la situación en Venezuela. Bensouda concluyó que luego de una evaluación detallada “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017″.

El examen preliminar de la CPI comenzó el 8 de febrero de 2018 por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del régimen. Esto tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 contra el dictador Maduro; como en algunas cárceles donde permanecen recluidos presos políticos en condiciones inhumanas.

Bensouda dejó su cargo el pasado 15 de junio. En sus últimos días, la abogada gambiana expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen chavista.

Sin embargo, se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso. Por ese motivo, el caso quedó en manos de Khan.

El magistrado británico llegó a la capital venezolana el domingo pasado y en estos tres días mantuvo encuentros con funcionarios del régimen y con el propio Maduro.

Concluyó que el examen preliminar de la situación en Venezuela y determinó que procede abrir una investigación.

El objetivo de la misma fue: “para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.

El informe elaborado por Bensouda detalla los principales crímenes que ahora serán investigados la Corte Penal Internacional:

 “La información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”.

Las denuncias presentadas ante la CPI indican que las fuerzas de seguridad chavistas reprimen, persiguen y asesinan bajo el mando de Maduro y la cúpula del régimen

La CPI es un tribunal de última instancia que sólo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.

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La sentencia máxima es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal- pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua.

A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la Corte Penal Internacional desde su concepción en 1998 mediante el Estatuto de Roma. No obstante, no todos han terminado tras las rejas. 12 criminales se encuentran prófugos, y 2 de ellos murieron antes de ser atrapados.

La pena se puede cumplir en la sede de La Haya, en los Países Bajos, o en otra nación, de acuerdo a los convenios que puedan rubricar la Corte y otros países.

Hasta el momento, la condena más alta emitida por la CPI fue la impuesta al ex jefe guerrillero congoleño Bosco Ntaganda, quien en noviembre de 2019 fue sentenciado a 30 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo.

La mayoría de los procesados, condenados y detenidos por la CPI han sido líderes rebeldes o militares, en gran medida de países africanos.

El caso más reciente es el de Dominic Ongwen, un niño soldado convertido en comandante de la brutal rebelión del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), que opera en el norte de Uganda, que en mayo de este año fue condenado a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de 61 cargos.

Más corta es la lista de jefes de Estado o presidentes investigados. De esta manera, tras la decisión del fiscal Karim Khan, Maduro se suma a esa lista negra que incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda).

Todos ellos han sido procesados por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.

Con información Infobae

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Este jueves el presidente de Colombia, Iván Duque, volvió a señalar al régimen de Nicolás Maduro como perjudicial y «brutal» para Venezuela.

Lo comparó con el mandato autoritario del exmandatario serbio Slobodan Milosevic (1941-2006). Lo hizo en una conversación virtual organizada por el centro de estudios Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

«Es la dictadura más brutal que hemos visto en épocas recientes en América Latina y no he sentido ninguna timidez al tener que decir que Maduro se puede comparar con Slobodan Milosevic en el caso de América Latina», aseguró.

La comparación que hizo representa a los regímenes aseguró el mandatario este jueves en el evento organizado por el centro de estudios Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

«Es el equivalente en América Latina -continuó el jefe de Estado- y ha sido así porque la evidencia demuestra que tiene una actitud continua de violar todas las formas de derechos humanos».

Iván Duque también recordó que las denuncias contra Maduro son constantes y que, por ejemplo, en EE.UU., han sido «bipartidistas» y provenido de ambas cámaras del Congreso.

No es la primera vez que Duque señala y acusa a la administración de Maduro, volvió a reiterar su denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) antes de asumir su gestión y ya en ejercicio, que consideró una obligación ejercer.

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«Toda la presión que se necesita para poner fin a esta dictadura» y calificó de «brutales» los efectos de la crisis humanitaria causada por la administración de Nicolás Maduro.

«Cuando pensamos que la crisis migratoria más importante ha sido Siria, bueno este año nos sorprendería ver Venezuela», afirmó.

«La crisis en Siria -agregó- se basaba en datos en donde teníamos más de cinco millones de migrantes como consecuencia de la crisis; en este caso, para finales de este año estamos hablando de más de seis millones y Colombia ha absorbido dos millones de migrantes, casi dos millones de migrantes en nuestra tierra».

El mandatario colombiano que el apoyo a la migración venezolana en Colombia es contante y continuarán asignandose recursos para apoyar.

Hasta ahora el Gobierno Colombiano ha destinado un presupuesto de casi mil millones de dólares al año para el apoyo a migrantes venezolanos.

«Aun comparado con lo que ha sucedido en Siria, la proporción de ayuda internacional por migrante en el caso de Siria se ha acercado a algo así como 2.000 dólares; en el caso de Venezuela, no llega siquiera a los 200 dólares», sostuvo Duque.

Para Duque, es claro que la solución a la crisis venezolana parte de cuatro puntos importantes:

La propuesta de Duque se fundamenta en el apoyo que el líder opositor y presidente interino, Juan Guaidó, necesita de la comunidad internacional para cambiar la situación de su país.

Aunque al final del evento Iván Duque no emitió una «recomendación» a la Administración de Joe Biden sobre cómo atender la situación en Venezuela, sí consideró «importante» el apoyo bipartidista y bicameral y que se mantengan la presión, las sanciones y los llamados de la comunidad internacional.

Con información de EFE