Roger Piñate, venezolano-estadounidense fundador de la empresa de máquinas de votación Smartmatic, se entregó a las autoridades y compareció ante un tribunal federal de Miami este lunes para enfrentar cargos por corrupción y lavado de dinero tras presuntamente sobornar a funcionarios electorales a fin de obtener contratos en Filipinas.

Piñate fue liberado tras pagar una fianza de 8.5 millones de dólares, pero no presentó su declaración formal sobre si es inocente o culpable de los cargos debido a que su abogado defensor, Curt Miner, aún no se ha convertido en su abogado permanente. No fue posible contactar al empresario venezolano-estadounidense para que se pronunciara sobre la acusación, señaló el medio El Nuevo Herald.

Piñate, un residente de Boca Ratón, Florida, de 49 años, se desempeña como presidente de la compañía. Las autoridades también acusaron en el caso al vicepresidente de desarrollo de la empresa, Jorge Miguel Vásquez, de 62 años, quien reside en Davie, Florida.

Vásquez también se entregó el lunes y fue liberado luego que el juez impusiera una fianza de 1 millón de dólares, tras declararse inocente de los cargos de corrupción extranjera y de lavado de dinero presentados por la fiscalía.

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Su abogado defensor, Frank Rubino, dijo que era prematuro hacer comentarios sobre la acusación formal, que fue emitida por un gran jurado federal el jueves.

“Es muy temprano en el caso”, dijo Rubino al Miami Herald. “Pero hemos estado al tanto de esta investigación desde el 2019”.

Con información de El Nuevo Herald

La empresa especializada en procesos electorales Smartmatic no estaba muerta y menos de parranda. Este martes reapareció y con una demanda contra la administración de Nicolás Maduro, por fraude.

La información se conoció a través del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), donde la multinacional proveedora de sistemas de voto electrónico reclama unos 1.500 millones de dólares a Venezuela por «un fraude» que data del 2017 y es por la expropiación de activos,

La demanda de arbitraje se produce por las votaciones del 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente, órgano que tomó las atribuciones del Parlamento cuando estaba controlado por la oposición.

La compañía Smartmatic, que suministró la tecnología para llevar a cabo esos comicios, acusó a las autoridades electorales venezolanas de «manipular» los resultados. Lo hizo «para inflar la participación en medio de alta abstención».

«La multinacional británica SGO Corporation Limited, de la que forma parte Smartmatic, ha presentado una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela (…) en relación con un fraude electoral» y «activos expropiados a la empresa», se lee en la nota publicada por el CIAR.

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Según la solicitud, «en el proceso electoral a la Asamblea Constituyente de 2017, el Gobierno venezolano decidió no utilizar varias de las medidas de seguridad electoral que habían sido usadas en otros procesos», señala el escrito.

«Al final de la consulta reportó unos resultados distintos a los reflejados en el sistema electrónico de Smartmatic. Además, se anunciaron resultados de participación muy por encima el número de los reportados en el sistema de la empresa», agrega.

Tras las elecciones de la ANC, Smartmatic dijo que el reporte oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 8,1 millones de votantes, sobre 19,4 millones convocados, fue manipulado, provocando una variación que podría superar el millón de votos».

Recuerda que «en julio de 2020, Smartmatic hizo un comunicado público aclarando que desde 2017, se encuentra en un proceso de querella contra el gobierno de Nicolás Maduro por el fraude de reporte cometido en la elección a la ANC y los activos expropiados a la empresa ese mismo año”.

La empresa remarcó que no tuvo “trato alguno con el CNE ni con sus proveedores, ni con ExClé, la empresa integradora argentino-venezolana que provee el soporte al ente electoral en Venezuela desde el 2017”.

El CIAR sostiene que la petición de arbitraje establece «la violación al Tratado que tiene su origen en la represalia directa de Venezuela a la negativa de Smartmatic de guardar silencio ante ese fraude electoral ejecutado por las autoridades electorales».

A esto se suman «las denuncias de los ejecutivos de Smartmatic sobre las irregularidades detectadas en los resultados reportados por dichas autoridades electorales».

Campaña contra Smartmatic

En consecuencia, SGO denuncia que Venezuela desató «una campaña de persecución contra Smartmatic», que incluye:

(a) Hostigamiento y las amenazas contra la seguridad, vida e integridad de sus empleados y bienes, para forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos.

(b) Extorsión, asedio y retaliación mediante la falta de cumplimiento deliberada y arbitraria de una serie de pagos contractuales que hoy en día Venezuela todavía le debe a Smartmatic, pagos que se generaron por los servicios que Smartmatic efectivamente prestó a Venezuela.

(c) Expropiación indirecta de la inversión de Smartmatic en Venezuela, al obligarla a realizar actos de disposición de sus propios activos tangibles e intangibles para beneficiar a otra empresa extranjera que se lucra y beneficia a sus expensas.

La empresa tecnológica Smartmatic aclaró este viernes que no ha mantenido comunicación alguna con las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral impuestas por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Así como tampoco se han comunicado con sus proveedores ni con ExClé, la empresa integradora argentino-venezolana que provee el soporte al ente electoral en Venezuela desde el 2017.

“El software de Smartmatic no puede ser utilizado por el CNE, por lo que el software a utilizar en la elección de 2020 con las nuevas máquinas compradas a otro proveedor no es el nuestro”, aseveró.

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Smartmatic alertó que tampoco ha suministrado máquinas de votación, ni licencias para el uso de su software, ni servicios electorales de ningún tipo al CNE, tampoco ha participado en ningún proceso de auditoría, desde que denunció que el CNE había publicado resultados diferentes a los procesados por la plataforma automatizada en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente realizadas el 30 de julio de 2017.

En ese sentido, la empresa ratificó que se encuentra en un proceso de querella en contra del régimen de Nicolás Maduro por el “fraude de reporte cometido en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y los activos expropiados a la empresa ese mismo año”, aseguró.

Smartmatic ofreció su plataforma auditable y segura de votación en Venezuela desde el año 2004 hasta 2015. Con esta misma plataforma, candidatos de todos los sectores políticos resultaron ganadores y perdedores, incluyendo las elecciones parlamentarias de 2015 cuando la oposición obtuvo la mayoría calificada.