Cientos de exsoldados colombianos fueron arrastrados a la sangrienta guerra civil de Sudán con promesas de atractivos salarios emiratíes. Pero muchos hallaron la muerte en ese lejano campo de batalla y quienes sobrevivieron están implicados en graves crímenes.

Esta investigación revela cómo mercenarios colombianos terminaron al otro lado del mundo en una red de guerra, lucro y silencio que se extiende desde los Andes hasta los campos de exterminio en la región sudanesa de Darfur.

"Hasta la fecha no han repatriado su cuerpo", dijo a la AFP la viuda de un exsoldado colombiano que murió en Sudán, que pidió no dar su nombre ni el de su esposo por temor a represalias.

Este exsoldado de 33 años viajó a Sudán a mediados de 2024. Integraba un grupo enviado por empresarios sancionados por Estados Unidos a este brutal conflicto que deja decenas de miles de muertos y millones de desplazados en riesgo de hambruna.

A partir de testimonios, registros corporativos y verificaciones de imágenes en los campos de batalla, la AFP revela cómo colombianos refuerzan las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar acusado de genocidio.

Estos son los principales hallazgos:

* Reclutados por internet, la mayoría fueron trasladados a Sudán vía Emiratos Árabes Unidos, donde recibieron breves entrenamientos.

* Usaron al menos dos rutas para llegar a Sudán: por el este de Libia, leal a Emiratos, o a través de una base aérea en Bosaso, Somalia, que alberga a militares emiratíes.

* Imágenes verificadas de mercenarios y testigos los sitúan en cruentos combates en Darfur.

* Un excoronel colombiano, sancionado por Estados Unidos, es señalado por un antiguo socio como el cerebro tras la operación para enviar 2.500 mercenarios a combatir con los paramilitares de las FAR en Sudán.

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Sudán se desangra en una guerra entre las FAR y el ejército controlado por el gobierno de facto desde 2023, alimentada por intereses de Emiratos, Egipto, Arabia Saudita e Irán, entre otros.

Mercenarios extranjeros, principalmente de países africanos como Eritrea y Chad, aparecieron en ambos bandos.

Pero la operación más sofisticada es la de los colombianos, codiciados por su experiencia con drones y artillería.

Reciben entre 2.500 y 4.000 dólares mensuales, unas seis veces su pensión en el ejército, según un exmilitar.

En diciembre, el gobierno estadounidense sancionó a cuatro colombianos y sus empresas que integran esta red, sin mencionar el nodo emiratí: la compañía Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi.

Emiratos niega señalamientos de Sudán y organismos internacionales sobre un supuesto apoyo a los paramilitares. Esto es parte de un "patrón de desinformación" para "distraer del trabajo vital de terminar esta guerra brutal", dijo un alto funcionario de ese gobierno.

Familiares de los mercenarios sufren en silencio.

El marido de la viuda colombiana murió tres meses después de su despliegue en Sudán a mediados de 2024, mientras la campaña paramilitar para apoderarse del oeste de Darfur tambaleaba. Durante meses los combatientes sitiaron El Fasher, último bastión del ejército.

Aunque informes señalan que los rebeldes son decenas de miles, tienen poca experiencia y equipamiento. Son hábiles en brutales incursiones, no en operaciones de largo alcance como los colombianos.

Con apoyo de los sudamericanos, según Estados Unidos, la milicia tomó El Fasher en octubre en medio de reportes de ejecuciones masivas, secuestros y violaciones.

Videos geolocalizados por la AFP muestran a colombianos dentro y alrededor de la ciudad antes de la toma.

En un vehículo blindado, atraviesan las ruinas ennegrecidas del campamento de refugiados de Zamzam mientras escuchan reguetón. "Está destruida", dice uno con acento colombiano.

El campamento fue invadido en abril por los milicianos. Más de 400.000 habitantes huyeron y hasta mil fueron asesinados en lo que sobrevivientes califican de masacres étnicas.

Otras imágenes muestran al hombre con acento colombiano posando junto a niños con fusiles de asalto. En otras sus compañeros enseñan a un combatiente a disparar un lanzacohetes.

Fotografías posteriores muestran el cadáver ensangrentado del hombre, señalado como "comandante" e identificable por sus rasgos faciales y aparato dental.

El gobierno sudanés afirma que hasta 80 colombianos se unieron al asedio desde agosto y que al menos 43 fueron abatidos.

Según la cancillería colombiana, varios fueron "engañados" por "redes de trata de personas".

A un año de su retiro, un suboficial colombiano especialista en drones recibió un inusual mensaje en WhatsApp: "¿Algún veterano interesado en trabajar? Buscamos reservistas de cualquier fuerza".

El exmilitar de 37 años, que contó su historia a la AFP bajo anonimato, dijo que solicitó información. Alguien que se identificó como excoronel de la fuerza aérea le dijo que la oferta era en Dubái, por un sueldo mensual de 4.200 dólares.

Cada año, miles de soldados colombianos se jubilan jóvenes y con pensiones bajas. Algunos encuentran oportunidades en la boyante industria de seguridad privada del Golfo.

El exmilitar aceptó. Pero en una llamada posterior le dijeron que Dubái solo sería una escala de dos meses para "entrenamiento". Luego sería enviado a "África" para misiones de reconocimiento con drones.

Como sospechaba, contactó a un amigo en una compañía de seguridad en Emiratos. Este le advirtió que probablemente terminaría en Sudán.

Resolvió retractarse. No quiso "hacerle daño a personas que están del lado de la ley", dijo.

Pero muchos compatriotas aceptaron y emprendieron viajes que parecen diseñados para ser secretos, aunque algunos combatientes son más cuidadosos que otros.

Uno de ellos, el exmilitar Christian Lombana, documentó en redes sociales su viaje hasta Sudán vía Francia y Abu Dabi.

Bellingcat, un grupo de investigadores que usa datos públicos disponibles en internet, señala fotografías que lo sitúan en el sureste de Libia, en una zona controlada por el comandante Jalifa Haftar, que tomó el poder con apoyo emiratí.

Desde que empezó la guerra en Sudán, su territorio ha sido un corredor vital para los paramilitares de las FAR, vía el suministro de armas, combustible y combatientes.

Días después de su posteo en TikTok, el convoy de Lombana fue emboscado en el desierto de Darfur.

Un video compartido por un combatiente rival que se tornó viral muestra los documentos de Lombana esparcidos por la arena junto a fotos de familiares. En su pasaporte aparecen sellos de entrada a Emiratos y a Libia.

El gobierno colombiano nunca confirmó la muerte de Lombana.

Otros mercenarios, aún vivos e identificados por la AFP, publicaron recientemente fotos en Dubái, Abu Dabi y varias ciudades europeas.

Uno subió a TikTok videos con uniforme militar en el desierto. Otro se define como "mercenario" en Instagram.

Documentos y testimonios apuntan al excoronel colombiano Álvaro Quijano como coordinador del negocio.

Según un antiguo socio que habló con la AFP, el mayor retirado Omar Rodríguez, Quijano "suspendió" la operación tras reveses militares en 2024. Luego la reanudó con modificaciones.

Recientemente, los mercenarios comenzaron a transitar por Bosaso, en Somalia, cuyo aeropuerto alberga una base militar gestionada por Emiratos.

Residentes de la zona dijeron a la AFP que han visto pelotones de extranjeros uniformados allí.

Bosaso está en Puntland, una región semiautónoma de Somalia donde Abu Dabi ha entrenado, armado y financiado a una fuerza marítima de la autoridad local desde 2010, según expertos de la ONU.

Fuentes de seguridad afirman que militares emiratíes están estacionados en una zona acordonada del aeropuerto.

En noviembre surgieron informes sobre una filtración en el sistema de visas somalí que expuso datos personales de unas 35.000 personas, incluidos algunos colombianos que viajaron a Sudán.

"Tenemos que investigar y estamos en ello", dijo a la AFP el asesor de seguridad nacional de Somalia, Awes Hagi Yusuf. Destacó la necesidad de evidencias firmes y de mantener buenas relaciones con los Emiratos.

El ministro de Defensa somalí declaró ante el Parlamento que aviones han volado desde Bosaso "hacia Chad y Níger, con rumbo al oeste de Sudán".

Un habitante que frecuenta el aeropuerto por trabajo dijo haber visto, entre marzo y julio, a grupos de hombres extranjeros de piel clara "de entre 30 y 40 años, con complexión militar, alineados y transportados en aviones de carga".

Indicó que a menudo eran escoltados hacia una sección del aeropuerto que aloja a militares emiratíes.

Ali Jama, otro residente local, dijo que vio en abril cómo extranjeros con equipo táctico abordaban una aeronave de carga.

Imágenes satelitales y rastreadores de vuelos muestran constante actividad de aviones Ilyushin IL-76D en esa pista, iguales a otros identificados por la AFP en bases aéreas en Emiratos y Libia.

Varias familias colombianas de mercenarios muertos en Sudán luchan para cobrar un supuesto seguro de vida. Esa remota esperanza las ahuyenta de dar declaraciones.

La semana pasada, Estados Unidos sancionó al excoronel Quijano y a su esposa Claudia Oliveros por ser figuras clave de una "red transnacional" que recluta colombianos "para luchar junto al grupo paramilitar sudanés".

"Desde septiembre de 2024, cientos de exmilitares colombianos han viajado a Sudán para luchar junto a las FAR", dijo el Departamento del Tesoro. Precisó que algunos han entrenado a menores de edad para el combate.

El exmayor Omar Rodríguez fundó A4SI como una agencia de empleo en 2017. Buscó asociarse con el excoronel Quijano pues, según él, tenía mejores conexiones emiratíes.

En 2022, ahogado en deudas, Rodríguez vendió sus acciones a la esposa de Quijano, actual propietaria de la agencia.

El exmayor habló con la AFP en un intento de limpiar su nombre de una operación "ilegal" de "trata" de personas que pretende "colocar 2.500 hombres" en Sudán.

La AFP obtuvo 26 documentos firmados por colombianos en Libia, en los que autorizan a la firma emiratí GSSG a pagar sus salarios a través de una empresa registrada en Panamá por Oliveros.

Un contrato como "guardia de seguridad" advierte sobre consecuencias "civiles y penales" en Emiratos en caso de romper la confidencialidad.

Registros corporativos emiratíes de 2018 muestran al empresario Mohamed Hamdan Alzaabi como propietario de la compañía GSSG, descrita en su sitio web como "el único proveedor de servicios de seguridad privada armada para el gobierno emiratí".

GSSG sacó recientemente de su sitio web una sección que enumeraba a tres de sus clientes: el ministerio del Interior emiratí, la cancillería y el ministerio de Asuntos Presidenciales.

Ni GSSG ni sus redes asociadas en Latinoamérica como A4SI accedieron a hablar con la AFP.

Emiratos niega su participación en la guerra a través del apoyo a los paramilitares, pese a informes de expertos de la ONU, legisladores estadounidenses y organizaciones internacionales que señalan lo contrario.

"Emiratos Árabes Unidos rechaza categóricamente (...) cualquier acusación de haber suministrado, financiado, transportado o facilitado" recursos para alimentar el conflicto "a través de cualquier canal y corredor", respondió un funcionario emiratí consultado sobre esta investigación.

Según diplomáticos y analistas, el reino tiene intereses en los yacimientos de oro, las fértiles tierras agrícolas y la posición estratégica de Sudán, con una extensa costa sobre el Mar Rojo.

El Congreso de Colombia aprobó recientemente una ley que prohíbe el reclutamiento de mercenarios, tras décadas de reportes sobre exmilitares que participan en conflictos como los de Haití, Afganistán y Ucrania.

Pero llega tarde para un joven de 25 años caído en combate en Sudán a finales de 2024.

"Ya las cenizas llegaron a Colombia", dijo a la AFP una mujer que se identificó como su prima.

Con información de AFP

Al menos 40 personas murieron en una semana en Darfur, en el oeste de Sudán, en el peor brote de cólera registrado en años en este país africano, devastado por la guerra, alertó el jueves Médicos Sin Fronteras (MSF).

Según la organización, la región occidental de Darfur, azotada por la guerra entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), es la más afectada por el brote en el último año.

"Además de una guerra total, la población de Sudán está sufriendo ahora el peor brote de cólera que ha vivido el país en años", afirmó la organización médica en un comunicado.

"Solo en la región de Darfur, los equipos de MSF atendieron a más de 2.300 pacientes y registraron 40 muertes en la última semana", agregó.

Desde julio de 2024, se han detectado cerca de 100.000 casos de cólera en todo Sudán, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó que la dolencia se está propagando "por todos los estados sudaneses".

La organización de la ONU para la infancia, Unicef, indicó que desde agosto de 2024 se han registrado más de 2.408 muertes en 17 de los 18 estados de Sudán.

Agregó que más de 640.000 niños de menos de cinco años están amenazados por la enfermedad en Darfur del Norte, escenario de intensos combates.

La temporada de lluvias, que se intensifica en agosto, podría agravar la crisis sanitaria.

El cólera es una infección intestinal aguda que se propaga a través de alimentos y agua contaminados con bacterias, a menudo provenientes de materia fecal. Provoca diarrea grave, vómitos y calambres musculares.

Esta enfermedad puede ser mortal en pocas horas si no se trata, pero puede curarse con una simple rehidratación oral y con el uso de antibióticos en casos más graves.

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A nivel global, ha habido un incremento en los casos de cólera, que desde 2021 se ha extendido geográficamente.

Según MSF, en Sudán, el desplazamiento masivo de civiles provocado por la guerra agravó el brote al dejar a muchas personas sin acceso a agua limpia para su higiene básica.

"La situación más extrema es en Tawila, en el estado de Darfur del Norte, donde 380.000 personas han llegado huyendo de los combates alrededor de la ciudad de El Fasher, según Naciones Unidas", indicó MSF.

"En Tawila, la gente sobrevive con un promedio de tres litros de agua por día, menos de la mitad del umbral mínimo de emergencia, de 7,5 litros por día por persona para beber, cocinar e higiene", agregó.

"No tenemos baños, los niños hacen sus necesidades al aire libre", contó a principios de semana a la AFP Mona Ibrahim, una mujer desplazada en Tawila desde hace dos meses.

Según la ONU, desde abril se han registrado unos 300 niños afectados por el cólera en esta ciudad.

"En los campos de desplazados, las familias a menudo no tienen más opción que beber agua contaminada", declaró Sylvain Penicaud, coordinador del MSF en Tawila.

"Hace dos semanas se encontró un cadáver en un pozo. Fue retirado pero dos días después, la gente se vio obligada a beber de esa agua nuevamente", aseguró.

La organización médica alertó que las fuertes lluvias agravan la crisis al contaminar el agua y dañar los sistemas de alcantarillado, al tiempo que el éxodo de civiles en busca de refugio propaga la enfermedad.

Al entrar en su tercer año, la guerra en Sudán, que ha matado a decenas de miles de personas y desplazado a millones, ha provocado lo que Naciones Unidas describe como "la peor crisis humanitaria del mundo".

Con información de AFP

Más de 100 personas murieron en un bombardeo del ejército sudanés el lunes en un mercado de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán, informó el martes un grupo de abogados prodemocracia de este país azotado por una guerra desde hace casi dos años.

Sudán está sumido en una cruenta guerra civil desde abril de 2023, un conflicto que ya ha dejado decenas de miles de muertos, según la ONU. 

El conflicto opone al ejército, dirigido por el general Abdel Fatah al Burhan, y a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) de su exadjunto, el general Mohamed Hamdan Daglo.

El bombardeo del lunes se produjo en Kabkabiya, a unos 180 km al oeste de El Fasher, la capital del estado de Darfur del Norte, sitiado por las FAR desde mayo.

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«El ataque aéreo tuvo lugar el día del mercado semanal en la ciudad, donde los habitantes de los pueblos vecinos acuden para hacer sus compras», dijo la organización Emergency Lawyers, que documenta las atrocidades cometidas en el país desde le inicio de la guerra, hace 20 meses.

En el bombardeo murieron más de 100 personas y cientos quedaron heridas, incluyendo mujeres y niños, afirmó el grupo. 

La organización describió «una matanza horrenda cometida por los bombardeos del ejército».

El ejército sudanés negó haber llevado a cabo el ataque y denunció las «mentiras» difundidas por los partidos políticos que apoyan a las FAR. Los militares afirmaron en el comunicado que seguirían «ejerciendo su derecho de defender el país».

En Omdurman, en las afueras de Jartum, la capital, un bombardeo efectuado por las fuerzas paramilitares contra un autobús mató este martes al menos a 15 personas, según fuentes médicas. 

El ejército regular, dirigido por Al Burhan, y las fuerzas de las FAR, han sido acusados de crímenes de guerra, en especial de bombardeos indiscriminados en zonas habitadas.

Estos ataques forman parte de «una campaña de escalada constante, que contradice las informaciones según las cuales los bombardeos se efectúan únicamente contra objetivos militares», alertó Emergency Lawyers. «Los ataque se concentran de forma deliberada contra zonas residenciales densamente pobladas», reiteró.

Desde que estalló el conflicto, han muerto decenas de miles de personas y más de 11 millones de sudaneses se han visto forzados a desplazarse, según la ONU.

La ONU y las organizaciones humanitarias temen que la guerra degenere en una nueva violencia étnica, sobre todo en Darfur, que ya fue devastada hace más de 20 años por la política de tierra quemada aplicada por los Janjaweed, milicianos árabes que desde entonces se han unido a la FAR. 

Unas 893.000 personas resultaron afectadas y más de 241.000 desplazadas en Sudán del Sur por las inundaciones, anunció el jueves la oficina de Asuntos humanitarios de la ONU (Ocha).

«Las inundaciones siguen afectando y desplazando a la población en todo el país», indicó. 

«Las fuertes precipitaciones e inundaciones dañaron las 15 principales carreteras, limitando el acceso físico» a los habitantes de ese país, entre los más pobres del mundo.

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Según la Ocha, unas 893.000 personas fueron afectadas por las inundaciones en 42 condados y en la región administrativa de Abyei, una zona que reivindican Sudán y Sudán del Sur.

Más del 40% de las personas afectadas viven en Estados del norte, según la misma fuente.

Las más de 241.000 personas desplazadas «para hallar refugio en partes más altas» provienen de 16 condados y de la región de Abyei, precisó la Ocha.

Luego del ataque de las fuerzas paramilitares sudanesas que mató a más de 150 personas en un pueblo, el gobierno de Estados Unidos instó a la rendición de cuentas y a la reanudación de las conversaciones de alto el fuego.

La prensa local y autoridades estiman que al menos 150 personas, entre ellas 35 niños, hayan muerto en una matanza perpetrada en un pueblo del centro de Sudán.

Se trata de un ataque atribuido a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), el grupo paramilitar que lucha contra el ejército, una situación de violencia entre grupos armados rivales que llevan más de 13 meses disputándose el control del país.

Sin embargo, las RSF no ha comentado sobre las acusaciones, pero el jueves se jactaron de haber atacado dos posiciones del ejército, indica BBC.

En las redes socia circularon imágenes en donde se mostraban decenas de cadáveres envueltos en sudarios blancos preparados para ser enterrados en Wad al-Nourah, en el estado de Gezira.

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El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que «Estados Unidos condena los horribles ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR) contra civiles desarmados».

Cabe recordar que el ataque a Wad Al Nura, un pueblo en el estado de Al Jaziram, se produjo hace dos días causando conmoción.

En poco más de un año, la guerra se ha cobrado decenas de miles de vidas y ha sumido a Sudán en una grave crisis humanitaria. Las FSR atacan con frecuencia pueblos de todo el país, especialmente en el estado de Al Jazira. 

Con información AFP- BBC

Ibrahim Mohammed descubrió el sábado que su vecino de sala en el hospital había muerto. Tres días después, asfixiado por el olor del cuerpo putrefacto, se vio obligado a irse entre las balas que silbaban a su alrededor.

En Jartum, la guerra entre los dos generales que se disputan el poder acabó con un sistema de salud ya quebrantado en un país golpeado desde hace décadas por guerras y sanciones internacionales.

Tras más de una semana de guerra abierta en el centro de la capital de más de cinco millones de habitantes, pacientes y médicos describen un horror absoluto.

Mohammed Ibrahim, de 62 años, visitaba regularmente a su hijo Ibrahim, de 25 años, en el hospital donde recibía tratamiento por leucemia.

El sábado 15 de abril, su calvario tomó un nuevo giro cuando murió el joven que compartía la sala.

Murió «pero dejaron el cuerpo allí debido a los combates», declaró a la AFP el padre.

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Para el médico Attiya Abdalah, secretario general del sindicato médico, escenas como esa no son raras en Sudán en pleno caos.

«Los cadáveres en descomposición quedan en las salas de hospital» a falta de capacidad para trasladarlos.

«Las morgues están repletas, los cadáveres cubren las calles, incluso los hospitales que atienden a los heridos pueden verse obligados a detener todo en cualquier momento», declara exhausto.

El fuego cruzado en toda la ciudad no perdona ni a los médicos, ni a los pacientes ni a los hospitales.

«O nos quedábamos en medio del olor putrefacto o salíamos y nos pegaban un tiro», cuenta Mohammed Ibrahim.

Finalmente, la dirección del hospital resolvió el dilema de Ibrahim.

«Nos dijeron que nos fuéramos porque había combates y estaban disparando contra el hospital», dijo el padre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el domingo que registró «ocho muertos y dos heridos» entre el personal médico.

En total, según el sindicato médico, 13 hospitales fueron bombardeados y otros 19 forzados a cerrar por falta de material o porque lo tomaron los combatientes.

«Nos vemos obligados a hacer salir a los pacientes porque se exponen a que les disparen y mueran», dice el doctor Abdalah.

Mohammed Ibrahim debió llevar a su hijo enfermo en brazos, «a pie, bajo el fuego y en medio de los combates», durante cinco horas para volver a su casa.

Ibrahm deberá permanece en su casa porque tres cuartas partes de los hospitales están fuera de servicio, dice el médico Abdalah.

Con todo racionado en los hospitales de Jartum y otras regiones inmersas en combates, «nos faltan equipos médicos y quirúrgicos, combustible para los generadores, ambulancias, bolsas de sangre», relata el médico Abdalah.

«En algunos hospitales, es el mismo personal médico el que trabaja desde el 15 de abril sin descanso. En algunas instituciones solo hay un cirujano, a veces solo quedan dos médicos para todo el hospital», prosigue.

Y todos los llamamientos a una tregua humanitaria o a abrir corredores seguros no han cambiado nada hasta ahora.

El personal médico es agredido regularmente, denuncia la ONU, y los hospitales ya no son santuarios respetados por combatientes lanzados a una lucha a muerte.

En redes sociales, los habitantes intentan organizarse para encontrar medicamentos para sus allegados con enfermedades crónicas.

Pero las existencias disminuyen y Unicef advierte de que los combates y los cortes de electricidad podrían acabar con un suministro de 40 millones de dólares de insulina y vacunas en el país.

El viernes, al incumplirse otro alto el fuego prometido, el sindicato médico explicó en Facebook cómo manipular, trasladar y enterrar un cadáver en descomposición.

Los combates han ocasionado cientos d emuertos y heridos, por lo que varios países han comenzado a evacuar a sus ciudadanos y diplomáticos.

Estados Unidos, Francia, Alemania, y el Reino Unido entre otros empezaron a evacuar este domingo a sus ciudadanos o a su personal diplomático de Sudán, donde los combates entre el ejército y los paramilitares entraron en su segunda semana.

La violencia en este país del noreste de África, de unos 45 millones de habitantes, se desató el 15 de abril entre el ejército del general Abdel Fatah al Burhan, gobernante de facto de Sudán desde el golpe de 2021, y su rival, el general Mohamed Hamdane Daglo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Los enfrentamientos tienen lugar esencialmente en Jartum, la capital, y en la región de Darfur, en el oeste del país, reseña la AFP.

Los presos han sido liberados de al menos una prisión, dijeron los abogados, mientras que otras fuentes informan, sin que haya verificación independiente, de ataques contra otras dos prisiones, principalmente la de Kober, que alberga a todos los presos políticos, incluido el dictador depuesto Omar al- Bashir.

Más de 420 personas murieron y 3.700 resultaron heridos hasta ahora, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El papa Francisco pidió que ambos bandos en disputa retomasen el diálogo ante la «grave» situación que vive el país. Dos treguas acordadas previamente en la semana no lograron detener los choques.

La violencia ha desplazado a decenas de miles de personas hacia otras zonas de Sudán, y a los vecinos Chad y Egipto.

Videos grabados por AFP mostraban a decenas de vehículos de Naciones Unidas saliendo de la capital hacia Puerto Sudán, a orillas del mar Rojo, de donde salieron el sábado 150 personas.

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Francia lanzó una «operación de evacuación rápida», anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores el domingo. La operación incluye a ciudadanos europeos y de países aliados y un primer vuelo transportço n centenar de personas.

También Italia indicó que trataba de sacar a sus ciudadanos atrapados en el país, al igual que Turquía, que se vio obligado a interrumpir su operación ante una explosión cerca del lugar de encuentro en el barrio de Kafuri, en el norte de Jartum.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, informó que el ejército de su país procedió a una «evacuación compleja y rápida» de los diplomáticos británicos y sus familias.

En una publicación en Twitter, Sunak subrayó que la evacuación se llevó a cabo en un «contexto de escalada de violencia y de amenazas en contra del personal de la embajada».

Estados Unidos también evacuó a su personal gubernamental de Jartum con helicópteros, señaló horas antes el presidente Joe Biden en un comunicado. Washington suspendió además temporalmente las operaciones de su embajada.

Los encarnizados combates entre las fuerzas de los dos generales en el poder no dan tregua.

Los tiroteos se intensifican en la capital y sus alrededores. Aviones de combate sobrevuelan la zona mientras van avanzando los blindados paramilitares.

Los ataques ya destruyeron u obligaron a cerrar un «72% de los hospitales» en las zonas de combate, alertó el sindicato de médicos.

En las calles, los enfrentamientos dejan sus marcas. Algunas farolas yacían el domingo sobre el suelo, mientras algunas tiendas incendiadas seguían sacando columnas de humo.

Para el investigador Hamid Jalafallah, «pedir corredores seguros para evacuar a los extranjeros sin pedir al mismo tiempo el fin de la guerra sería terrible».

«Los actores internacionales tendrán menos peso cuando hayan abandonado el país: hagan lo que puedan para irse con seguridad, pero no dejen a los sudaneses atrás sin protección», pidió.

Los combates que estallaron hace casi una semana en Sudán dejan ya más de 400 muertos y 3.500 heridos, anunció el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un total de «413 personas murieron y 3.551 resultaron heridas», declaró Margaret Harris, portavoz de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra. 

James Elder, portavoz de Unicef, señaló que «al menos 9 niños murieron en los combates y más de 50 resultaron heridos».

«Por desgracia, sabemos que mientras los combates continúen, los niños seguirán pagando el precio», añadió.

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También señaló que la atención vital que se prestaba antes de los enfrentamientos a unos 50.000 niños gravemente desnutridos «se interrumpió». «La vida de estos niños está amenazada», subrayó. 

Debido a los combates, muchas familias han quedado atrapadas, con poco o ningún acceso a electricidad, agua, alimentos y medicinas. 

Sudán tiene una de las tasas de desnutrición infantil más altas del mundo, con más de 600.000 niños con desnutrición aguda grave antes de los recientes enfrentamientos, según Unicef.

Este viernes continuaron los enfrentamientos entre el ejército regular y los paramilitares, a pesar de los reiterados llamamientos al cese del fuego con motivo de la fiesta del fin del Ramadán.

Con información AFP

Más de 185 personas murieron y al menos 1.800 resultaron heridas en Sudán por intensos combates que desde hace tres días enfrentan al ejército y a un poderoso grupo paramilitar, informó Naciones Unidas este lunes.

En el cielo de Jartum, los aviones del general Abdel Fatah al Burhan, líder de facto del país desde un golpe de 2021, intentan imponerse al fuego de los blindados de los paramilitares dirigidos por su número dos, el general Mohamed Hamdan Daglo, conocido como «Hemedti».

Numerosas oenegés y agencias de la ONU suspendieron sus actividades ante los saqueos y las «graves vulneraciones» ocurridas contra su personal. El lunes, la Unión Europea denunció que su embajador «fue atacado en su propia residencia», aunque se encuentra bien.

Al menos dos hospitales de la capital fueron evacuados «mientras los cohetes y las balas acribillaban sus paredes», alertaron los médicos, que afirman haberse quedado sin bolsas de sangre y sin material sanitario.

Un olor a pólvora se desprende desde el sábado en la ciudad, en la que se elevan columnas de humo negro. Los habitantes siguen atrincherados en sus casas, la mayoría sin agua corriente ni electricidad. 

Más de 185 personas murieron y 1.800 resultaron heridas desde que empezaron los choques, señaló el jefe de la misión de la ONU en el país, Volker Perthes.

«La situación es muy cambiante. Es difícil evaluar en qué sentido evoluciona el equilibrio», declaró Perthes a la prensa desde Jartum.

Ninguno de las dos partes ha comunicado sus pérdidas.

El sindicato oficial de médicos había contabilizado previamente al menos 97 civiles muertos, cerca de la mitad en Jartum, y «decenas» de combatientes fallecidos. También cifró en 942 los heridos. 

Estados Unidos y el Reino Unido pidieron el lunes el «fin inmediato» de la violencia, como ya hicieron la Liga Árabe y la Unión Africana.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los dos generales a cesar «inmediatamente las hostilidades», que podrían ser «devastadoras para el país y toda la región».

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Where is African Union, where is Arab League, where is United Nation.What's happening in Sudan? I pray for all Muslims of Sudan and may Allah protect our brothers and sisters of Sudan. Aameen #Khartoum #Sudan #SudanClashes #SudaneseArmy pic.twitter.com/Fi8TNrn3C8

El conflicto enfrenta al general Burhan, jefe del ejército, y al general Daglo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que en octubre de 2021 dieron juntos un golpe de Estado contra el poder civil.

Desde el sábado no han cesado los tiroteos y la aviación apunta, en pleno centro de Jartum, al cuartel general de las RSF, un grupo de exmilicianos que participó en la guerra de la región de Darfur y luego se convirtió en refuerzos oficiales del ejército.

«Burhan está bombardeando a civiles desde el aire, le perseguiremos y le llevaremos ante la justicia», declaró en inglés el general Daglo en Twitter.

Por su parte el ejército afirmó en Facebook que se está «acercando el momento de la victoria final».

El lunes seguía siendo imposible saber quién controlaba qué. Las RSF aseguraron haber tomado el aeropuerto y entrado en el palacio presidencial, lo que el ejército negó. 

Las fuerzas armadas dicen tener en sus manos el cuartel general de su Estado Mayor, uno de los principales complejos de poder de Jartum.

La televisión estatal emite imágenes y declaraciones del ejército, que afirma haber recuperado terreno en muchos lugares. 

Médicos y organizaciones humanitarias advirtieron que en algunas zonas de Jartum la electricidad y el agua están cortadas y que hay cortes de energía en los quirófanos. 

Los pacientes, algunos de ellos niños, y sus familias «no tienen comida ni agua», declaró una red de médicos prodemocrática.

La ONU, que había propuesto el domingo una tregua humanitaria de unas horas, se declaró «extremadamente decepcionada» por el hecho de que los beligerantes no la hubieran respetado, y denunció el lunes la «intensificación de los combates».

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) suspendió el domingo la ayuda tras la muerte de tres miembros de su personal en los combates de la provincia de Darfur (oeste), a pesar de que más de un tercio de los 45 millones de sudaneses necesitan asistencia humanitaria.

«Es la primera vez en la historia de Sudán desde su independencia [en 1956] que hay tal nivel de violencia en el centro, en Jartum», dijo a la AFP Kholood Khair, fundador del centro de investigación Confluence Advisory en Jartum.

La capital «siempre ha sido el lugar más seguro de Sudán» pero ahora «hay combates por todas partes, incluso en zonas densamente pobladas, porque los beligerantes creen que un elevado número de muertos civiles disuadirá al otro bando», añadió.

La Organización de las Naciones Unidas ha lanzando un alerta ante lo que muchos consideran una «guerra civil» librada en Sudán, donde la escalada de violencia le ha quitado la vida a por lo menos 90 personas.

Desde el fin de semana hay reportes de enfrentamientos entre militares y un grupo de paramilitares identificado como Fuerza de Apoyo Rápido (FAR), en donde se han producido hasta bombardeos y ataques aéreos, dejando un número considerable de muertos en ambos bandos.

El secretario general de la ONU, Antonio Guteres, ha solicitado este lunes #17Abr un cese «inmediato de las hostilidades» en Sudán.

«Condeno fuertemente los enfrentamientos e insto a los líderes de las Fuerzas Armadas sudanesas y a las Fuerzas de Apoyo Rápido al cese inmediato de las hostilidades, que se restaure la calma y el inicio de un diálogo para resolver la crisis», dijo Guterres.

Las ansias de poder han llevado a enfrentarse al jefe del Ejército y líder de facto del país, el general Abdel Fatah al Bur, con quien otrora fuese su segundo al mando y mano derecha, el general rebelde Mohamed Hamdan Daglo, conocido como «Hemedti», comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por sus siglas en ingles).

Ambos militares saltan a la palestra pública en el 2021, cuando encabezaron un Golpe de Estado, donde lograron la expulsión de los civiles que se encontraban en el poder de manera democrática.

Una escalada del conflicto podría ser «devastadora para el país y la región», recordó el jefe de la ONU, que lamentó que la «situación humanitaria era ya precaria y ahora es catastrófica», dice la agencia de noticias AFP. 

Tras la muerte de tres miembros del Programa Mundial de Alimentos (PMA) el domingo en la provincia de Darfur, Guterres instó a que se garantice la seguridad del personal de la ONU y los trabajadores humanitarios.

«La ONU está con el pueblo sudanés (…) con total apoyo a sus esfuerzos para restaurar la transición democrática y construir un futuro en paz y seguro», dijo Guterres, quien mantuvo el fin de semana contactos con los dos líderes sudaneses y organizaciones regionales como la Unión Africana y la Liga Árabe, así como con mandatarios de la región.

Con información de AFP

«Un total de 52 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas debido a las lluvias torrenciales y las inundaciones desde el comienzo de la temporada de otoño», informó la agencia sudanesa SUNA, citando a Abdel Jalil Abdelreheem, portavoz del Consejo Nacional de Defensa Civil de Sudán.

En total, 5.345 casas quedaron destruidas y 2.862 dañadas en todo Sudán, mientras que instalaciones públicas, tiendas y tierras agrícolas también sufrieron daños, según la misma fuente.

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La época de fuertes precipitaciones en Sudán tiene lugar entre mayo y octubre. El país sufre todos los años graves inundaciones que destruyen propiedades, infraestructura y cultivos.

Los estados de Kordofán del Norte y del Sur, el estado del río Nilo y Darfur del Sur se encuentran entre los más afectados en todo Sudán, señaló el responsable a SUNA.

En un informe del lunes, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estimó que alrededor de 38.000 personas en todo Sudán se han visto afectadas por las lluvias e inundaciones desde el comienzo de la temporada.

Miles de sudaneses protestaron este sábado en las calles para pedir un retorno a la vía democrática tras el golpe de Estado llevado a cabo el lunes por el general golpista Abdel Fattah al Burhan.

Las manifestaciones dejaron tres personas muertas y más de 100 heridas, reseño la agencia AFP.

Con estos decesos, ya hay 12 fallecidos desde el lunes, cuando comenzaron las manifestaciones contra la decisión del general Burhan de disolver las instituciones de este país pobre, marcado por décadas de crisis económica y de conflictos.

A los fallecidos se suman unos 300 heridos.

La ONU y Estados Unidos ya habían alertado contra el uso de la violencia en estas manifestaciones, que consideraron una prueba para ver exactamente cuáles son las intenciones de los militares.

En la capital, Jartum, y en el este del país, miles de personas dijeron «no al régimen militar» y recalcaron que «no hay marcha atrás posible» en este país que emergió en 2019 de 30 años de dictadura de Omar al Bashir, derrocado por el ejército, presionado a su vez por los ciudadanos.

Pero terminar con su gobierno tuvo un alto precio: seis meses de movilización y más de 250 muertos.

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Otros manifestantes ondeaban este sábado fotografías del primer ministro depuesto y en arresto domiciliario, Abdallah Hamdok.

En la ciudad de Omdurmán, situada frente a la capital, Jartum, tres manifestantes murieron tiroteados por las fuerzas de seguridad y un centenar resultó herido, anunció en Twitter un sindicato de médicos prodemocracia.

Al caer la tarde en Jartum, las fuerzas de seguridad intentaban dispersar a la multitud con gases lacrimógenos, comprobó un periodista de la AFP.

En un país dirigido casi sin interrupción por los militares en sus 65 años de independencia, la calle decidió levantarse contra el general Burhan.

Desde el lunes, muchos sudaneses declararon «desobediencia civil» y se protegen tras las barricadas de las balas reales o de goma y los gases lacrimógenos de las fuerzas de seguridad.

«Queremos un régimen civil y no aceptaremos la repartición de poder con los militares, tiene que ser 100% civil», dijo a la AFP Hashem al-Tayeb, un manifestante en el sur de Jartum.

«El país ha tenido demasiados regímenes militares», corroboraba Hajar Yusef, otra manifestante.

Tras dos años de delicada transición, el entendimiento entre el ejército y los civiles se hizo añicos en las últimas semanas y terminó con el golpe y el arresto de la mayoría de los dirigentes civiles.

Hace nueve días, decenas de miles de sudaneses habían protestado en las calles al grito de «Burhan, deja el poder», una manifestación que probablemente precipitó la maniobra del ejército.

El general golpista asegura que no ha dado un golpe sino que ha actuado para «evitar una guerra civil» y para «rectificar el rumbo de la transición sudanesa».

«Los militares no nos dirigirán, aquí dejamos nuestro mensaje», dijo este sábado la militante prodemocracia Tahani Abbas. Para ella y muchos de los presentes, esta protesta, llamada «manifestación del millón» de personas, no es más que «un primer paso».

Tras el golpe, Estados Unidos y el Banco Mundial frenaron su ayuda, vital para un país sumido en una inflación galopante y una pobreza endémica.

La Unión Africana suspendió a Sudán y el Consejo de Seguridad de la ONU exige el regreso de los civiles al poder.

Esta vez «los dirigentes militares no deben equivocarse: el mundo los mira y no tolerará más sangre», avisó Amnistía Internacional.

El sábado, nuevamente, el emisario británico Robert Fairweather exhortó a las fuerzas de seguridad sudanesas a «respetar la libertad y el derecho de expresión».

El secretario general de la ONU Antonio Guterres instó «a los militares a hacer gala de moderación y a no causar más víctimas».

Los sudaneses seguían manifestando este martes contra el golpe de Estado que derrocó al gobierno de transición, a pesar de la represión militar que dejó cuatro muertos y decenas de heridos.

Mientras crece la condena internacional. «No hay vuelta atrás posible», gritaban los manifestantes desafiando a los militares liderados por el general Abdel Fattah al Burhan.

Burhan, que disolvió las autoridades de transición, detuvo a la mayoría de sus líderes civiles gobernantes y declaró el estado de emergencia.

Tiene previsto dar una conferencia de prensa a mitad de la jornada para anunciar lo que vendrá en lo que la comunidad internacional denuncia ya como un «golpe de Estado militar».

Para la troika de países (Estados Unidos, Gran Bretaña y Noruega) que estuvieron involucrados anteriormente en mediaciones en conflictos sudaneses, «las acciones de los militares traicionan la revolución y la transición» iniciada hace más de dos años.

Para añadir presión a los golpistas, Estados Unidos anunció «suspender» una ayuda de 700 millones de dólares destinada a la transición que debía conducir este país del este de África.

Sudán es uno de los más pobres del mundo, a sus primeras elecciones libres tras tres décadas de dictadura de Omar al Bashir.

El Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse por la tarde para abordar la cuestión, reseñó AFP.

Mientras manifestantes y expertos consideran que un retorno al poder absoluto de los militares es cada vez más factible.

Hasta ahora, las recientes misiones diplomáticas a Jartum y los pedidos del lunes por la mañana no surtieron efecto.

El primer ministro Abdala Hamdok, su esposa y el resto de ministros y miembros del Consejo Soberano (la autoridad de la transición) arrestados siguen en paradero desconocido.

Solo Moscú se desmarcó de las críticas y atribuyó el golpe a «una política equivocada» y a «la injerencia extranjera» en este país, donde rusos, turcos, estadounidenses y sauditas se disputan la influencia atraídos por sus estratégicos puertos en el mar Rojo.

De su lado, activistas prodemocracia declararon una «huelga general» y la «desobediencia civil» contra el golpe del general Burhan, que prometió formar un gobierno «competente» pronto y seguir con la transición hacia las elecciones libres.

Bajo un mar de banderas nacionales, miles de sudaneses tomaron las calles de Jartum, a las que salieron el lunes por la mañana preguntándose qué estaba ocurriendo al no haber internet ni servicio telefónico.

Para los manifestantes, se trata de «salvar» la «revolución» que tumbó a Bashir en 2019, tras una represión que mató a 200 personas.

El lunes, al menos cuatro manifestantes murieron por las balas «disparadas por las fuerzas armadas» y más 80 fueron heridos, indicó un sindicato de médicos prodemocracia.

«El pueblo eligió un Estado civil» y «no un poder militar», declararon durante la víspera algunos manifestantes en Jartum, donde barricadas con neumáticos incendiados y piedras cortaban las calles cerca del cuartel general del ejército.

Este proceso, motivo de orgullo para muchos sudaneses ante el desenlace decepcionante de otras revueltas prodemocracia en el mundo árabe, se tambaleaba desde hace tiempo.

En abril de 2019, militares y civiles acordaron expulsar a Bashir del poder y formar el Consejo Soberano, compuesto equitativamente de miembros de ambos bandos para organizar las primeras elecciones libres a finales de 2023.

El golpe frena la transición y expone con toda claridad la creciente fractura entre quienes pedían un gobierno exclusivamente civil y quienes reclamaban un ejecutivo de generales que sacaran a Sudán del marasmo político y económico.

Según Jonas Horner, investigador en el International Crisis Group, «este es un momento existencial para ambos bandos», civil y militar.

«Este tipo de intervención […] reintroduce la dictadura como opción», dijo.

Temiéndose lo peor, la oficina del primer ministro Hamdok advirtió a las autoridades militares que sobre ellas recaía «toda la responsabilidad de su vida» o su muerte, en un país donde ya hubo una intentona golpista hace un mes.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, afirmó que temía que se produjera un «desastre» si «Sudán retrocede […] tras décadas de dictadura» y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, exigió respeto a la «carta constitucional».

Ese texto, firmado por todos los responsables anti-Bashir en 2019, prevé elecciones a finales de 2023 y una transición civil, con la que el general Burhan afirmó seguir comprometido en cuanto se nombre un nuevo gobierno y un nuevo Consejo Soberano.

Ante las críticas, el general Burhan dijo que las nuevas autoridades respetarían los acuerdos internacionales firmados por Sudán, uno de los cuatro países árabes que normalizó recientemente relaciones con Israel.

El general sudanés Abdel Fattah al Burhan disolvió este lunes las autoridades de transición del país, cuyos miembros civiles fueron mayoritariamente detenidos.

Asimismo, decretó el estado de emergencia, mientras que, en las calles, ya hubo dos muertos y decenas de heridos entre los manifestantes prodemocracia.

?Golpe de Estado en Sudán.Miles de personas salen a protestar a las calles de Sudán en contra del Golpe de Estado, donde militares habrían arrestado al primer ministro Abdalla Hamdok y varios de los miembros del gobierno de transición.Vía @SYaguare ? pic.twitter.com/K9eMeIjbX6

Desde la mañana, el «golpe de Estado» denunciado por la comunidad internacional se está llevando a cabo por etapas.

El primer ministro, su esposa, varios ministros y todos los miembros civiles del Consejo Soberano –mayor autoridad de la transición– fueron detenidos.

El movimiento sacó a decenas de personas a las calles de Jartum en protestas prodemocracia, en las que, de momento, murieron al menos dos personas y más de 80 resultaron heridas, según un sindicato de médicos.

«Dos personas murieron en un tiroteo de las fuerzas del consejo del golpe militar», indicó el Comité Central de Médicos de Sudán, un sindicato independiente, que precisó que el personal sanitario contó «más de 80 heridos».

La televisión estatal está en poder de los militares y, a media jornada, el general Abdel Fattah al Burhan hizo una declaración.

Aunque no deja de repetir que quiere «una transición civil y elecciones libres en 2023», tras 30 años de dictadura de Omar al Bashir, el general cesó de sus funciones a todos los dirigentes.

El gobierno está disuelto, incluso el Consejo Soberano, dijo. Los prefectos y ministros están destituidos y el estado de emergencia rige en todo el país, añadió.

Rápidamente después de los anuncios del jefe del ejército, los diferentes sindicatos, grupos activistas de la revuelta de 2019 y otros movimientos prodemocracia instaron a la población a adherirse a una movilización de «desobediencia civil» y de «huelga general», en la línea del llamado a «manifestarse» contra el «golpe de Estado» lanzado por la oficina de Hamdok.

Temiendo por la vida de Hamdok, retenido «en un lugar no identificado», su oficina advirtió a las autoridades militares que sobre ellas recaía «toda la responsabilidad de su vida» o su muerte, en un país donde ya hubo una intentona golpista hace un mes.

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El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el «golpe de Estado militar» y exigió la «liberación inmediata del primer ministro Abdallah Hamdok y de todos los otros dirigentes» detenidos, y que se respete la «carta constitucional».

Ese texto, firmado por todos los responsables anti-Bashir en 2019, prevé elecciones a finales de 2023 y una transición civil, con la que el general Burhan afirmó seguir comprometido en cuanto se nombre un nuevo gobierno y un nuevo Consejo Soberano.

Estados Unidos, cuyo emisario Jeffrey Feltman estuvo la víspera misma en la oficina de Hamdok, advirtió que «cualquier cambio del gobierno de transición pone en peligro la ayuda estadounidense».

Por su parte, el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell instó a la comunidad internacional a «volver a encarrilar la transición sudanesa».

La Liga Árabe también manifestó su «profunda preocupación» y llamó a «todas las partes a respetar» el acuerdo de reparto de poder.

Frente a estos llamados, el general Burhan dijo que el país respetaría los acuerdos internacionales firmados. Sudán es uno de los cuatro países árabes que normalizó recientemente las relaciones con Israel.

En las calles de Jartum, donde las telecomunicaciones son cada vez más aleatorias, muchos sudaneses protestaban.

Además, abucheaban al general Burhan, constataron periodistas de la AFP.

«No aceptaremos un régimen militar. Estamos dispuestos a dar nuestras vidas por la transición democrática», aseguró a la AFP uno de ellos, Haitham Mohamed.

«No abandonaremos las calles antes del regreso del gobierno civil», afirmó Sawsan Bachir, también entre banderas sudanesas.

Sudán enfrenta una inestable transición política, marcada por divisiones y luchas de poder desde el derrocamiento de Bashir en abril de 2019.

Desde agosto de ese año, Sudán está bajo el mando de una administración cívico-militar.

Es la encargada de llevar al país a una plena transición democrática bajo mando civil, con el objetivo final de organizar a fines de 2023 las primeras elecciones libres en 30 años.

Pero en los últimos días, la tensión entre los dos campos aumentó.

El 21 de octubre, decenas de miles de sudaneses marcharon en varias ciudades para respaldar la plena transición de poder a los civiles.

Igualmente, contrarrestar a una sentada iniciada días antes frente al palacio presidencial de Jartum para exigir la vuelta al mando militar.