Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación ciudadana electoral de la asociación civil Súmate, obtuvo la libertad plena a través de la Ley de  Amnistía

A través de sus redes sociales, La ONG informó que la medida fue aprobada por parte del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo.

La sentencia fue emitida el 31 de marzo, cuando se dijo que se otorgó el “sobreseimiento por extinción de la acción penal en su contra en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”.

Nélida Sánchez fue excarcelada el pasado 10 de febrero, “luego de permanecer injustamente detenida un año y más de cinco meses en la prisión de El Helicoide, en Caracas, acusada por la presunta comisión de cinco delitos (Terrorismo, Asociación para delinquir, Conspiración, Traición a la Patria e Incitación al odio)”, publicó la ONG.

Agrega que “desde este lunes 6 de abril, fecha en la que recibe la notificación, goza de libertad plena, de acuerdo con la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva sobreseimiento por extinción de la causa penal” del Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo”..

Vale resaltar que la Ley de Amnistía, aprobada el pasado 19 de febrero de este año, fue presentada como un mecanismo para promover el reencuentro, la reconciliación nacional y la convivencia democrática, por lo cual exhortamos a los tribunales competentes continuar dando respuesta a las solicitudes de amnistía introducidas en el marco de esta legislación, con lo cual estarán contribuyendo en gran medida a la materialización del proceso de reconciliación nacional que el propio Estado venezolano propicia en el momento actual.

Con información de Súmate

La asociación civil Súmate anunció que su activista, Nélida Sánchez, fue excarcelada la noche de este martes tras permanecer más de 17 meses detenida arbitrariamente en El Helicoide.

“Informamos que en la noche de hoy martes #10Febrero nuestra compañera Nélida Sánchez fue excarcelada, luego de casi un año y medio de estar recluida en la prisión de El Helicoide”, publicó Súmate en sus redes sociales.

Informó que Sánchez “se encuentra en su casa con buen estado de salud, acobijada por sus familiares más cercanos, entre ellos sus padres e hijas”.

La ONG agradeció “a todas las personas y organizaciones que alzaron su voz solicitando su liberación y que siempre se mantuvieron atentos y solidarios con la situación a la cual fue sometida nuestra compañera Nélida Sánchez”.

Igualmente, la organización  pidió “al Estado venezolano en este momento histórico que vive el país, en el que se convoca a todos los sectores del país a contribuir a la reconciliación y el reencuentro de todos los venezolanos, a libertar a todos los presos por razones políticas”.

Sánchez fue detenida el 26 de agosto de 2024 por funcionarios del SEBIN  sin orden judicial. 

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 Súmate denunció que el Estado venezolano era responsable de los daños graves ocasionados a su salud física y mental, agravados por patologías crónicas como hipertensión, insuficiencia venosa profunda, fibromialgia, taquicardia y asma.

 Asimismo, se le diagnosticó  estrés postraumático y depresión, realizado por el propio personal médico del SEBIN.

🚨 EXCARCELAN A NÉLIDA SÁNCHEZLa ONG @Sumate informó que su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, fue excarcelada tras casi 1 año y medio detenida en El Helicoide. "Ya se encuentra en su casa con buen estado de salud, acobijada por sus familiares más cercanos" pic.twitter.com/yKWNYe2GtF

El tribunal encargado de su caso admitió cinco delitos —instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo— basados en dos mensajes de redes sociales que nunca emitió y que tenían fecha posterior a su detención. A pesar de ello, el Tribunal Tercero de Control ordenó su enjuiciamiento en noviembre de 2024.

 Con información de Súmate

La organización no gubernamental venezolana Súmate, dedicada a temas electorales, denunció este domingo retrasos en el inicio del juicio contra su coordinadora de Formación, Nélida Sánchez, acusada de cinco delitos, entre ellos terrorismo y traición a la patria.

La ONG explicó a través de su cuenta en la red social X que el pasado 6 de noviembre el juez Ángel Betancourt, titular del Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo, ordenó el “pase a juicio” de Sánchez, pero dijo que hasta la fecha, la corte a cargo de la jueza Rosa Trompetero, “no ha indicado la fecha de inicio del mismo“.

“Sus familiares consideran que esta irregularidad es una violación más al debido proceso como a sus otros derechos humanos“, agregó Súmate.

Asimismo, indicó que la familia de Sánchez informó al fiscal general, Tarek William Saab, del “retardo procesal” a través de una carta recibida por la institución el pasado 17 de febrero.

Nélida Sánchez, nuestra Coordinadora Nacional de Formación Ciudadana Electoral y defensora de los Derechos Humanos, hoy domingo #09Marzo cumple 196 días privada de su libertad personal, de estar y disfrutar su familia y amigos, y dedicarse a tus actividades cotidianas. Sus… pic.twitter.com/c0OYB5Z0IS

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El martes, la organización alertó sobre las “múltiples enfermedades” que, asegura, tiene Sánchez, quien permanece detenida en el Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), recuerda EFE.

Súmate pidió a la Justicia venezolana otorgar “medidas especiales de privación de libertad” para que Sánchez continúe con el tratamiento “adecuado y oportuno” para atender sus “crisis de hipertensión, trastornos de ansiedad, insomnio, infección urinaria y otros eventos traumáticos que amenazan su integridad física y mental“.

Además, Súmate pidió que se declare nulo el proceso judicial contra su coordinadora, acusada de los presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir, a quien la ONG considera inocente.

La detención de Sánchez se produjo en el contexto de la crisis política que se desató en el país tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, un periodo en el que la mayor coalición opositora, que denuncia “fraude” electoral, ha alertado sobre el aumento de la “persecución” y “represión” por parte del chavismo.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, al considerar que se encuentra en “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos“.

Con información de EFE

La ONG Súmate denunció este sábado que el juez de un tribunal antiterrorismo ordenó el juicio contra Nélida Sánchez, coordinadora nacional de Formación de la organización no gubernamental, detenida el pasado 26 de agosto.

A través de sus redes sociales, la ONG denunció que este proceso se ordenó sobre la base de un “acta policial forjada”.

«El juez violó los derechos constitucionales a la defensa por sus abogados y al debido proceso” de la activista, al decidir “su pase a juicio, manteniendo los cinco delitos imputados en la audiencia de presentación” con “fundamento en el acta policial» que «incurre en el vicio de falso supuesto”, publicó.

Sánchez fue detenida por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y se le acusa de terrorismo, incitación al odio, conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir.

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Súmate cuestionó que el juez “haya desestimado, sin justificación, los argumentos” de la defensa pública sobre el documento policial, que señala hechos que “no se corresponden con la verdad”, entre ellos los relacionados con la fecha y el lugar de detención, así como con una supuesta prueba presentada de que fue “forjada”.

Por tanto, rechazó y repudió esta “nueva decisión judicial” basada en un “acta policial ausente de hechos veraces”, lo que -advirtió- “incrementa el desasosiego, la angustia y dolor” de Sánchez y su familia y “oscurece aún más la imagen de la administración de justicia”.

Dijo que el juez debió “declarar nula la prueba presentada, así como todos los actos procesales que tengan fundamento en el acta policial”.

La detención de Nélida Sánchez se produjo luego de las presidenciales del 28 de julio.

A Nélida Sánchez, Coordinadora Nacional de Formación Ciudadana Electoral de @Sumate, que hoy #09Nov cumple 76 días detenida, el Juez del Tribunal Tercero de Control con competencia en Terrorismo en la audiencia preliminar el#6Nov le ha violado su derecho al debido proceso,… pic.twitter.com/4A60luE2BA

La Asociación Civil Súmate insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que emita la información cuanto antes sobre la fecha de las elecciones presidenciales.

A través de una comunicación por su cuenta de la red social X, Súmate recuerda que estos comicios se deben realizar a más tardar en diciembre de este año 2024, porque el período de seis años de quien ejerce la Presidencia de la República culmina el 10 de enero de 2025, según los artículos 230 y 231 de la Constitución.

El @cneesvzla debe informar cuanto antes la fecha de las elecciones Presidenciales, que debe realizar a más tardar en diciembre de este año 2024, porque el período de 6 años de quien ejerce la Presidencia de la República culmina el #10Enero2025: Arts. 230 y 231 de la Constitución pic.twitter.com/918NjhBq2H

Esto mismo se ratificó en el acuerdo de Barbados, resultado de las negociaciones entre las delegaciones del Gobierno y la oposición venezolanos: el compromiso de realizar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.

Súmate agrega que el CNE debe convocar elecciones a más tardar en junio para realizarlas en diciembre de este año.

A la fecha #10Enero2024 falta un año para finalizar el período constitucional de 6 años de quien ejerce la Presidencia de la República, ya que asumió el cargo el #10Enero2019. El @cneesvzla debe convocar elecciones a más tardar en junio para realizarlas en diciembre de este año. pic.twitter.com/KEkPahYaey

En ese sentido, la oposición lleva adelante su cronograma electoral y el 22 de octubre del año pasado cumplió el importante paso de realizar sus primarias internas, de cara a iniciar la campaña en este 2024.

De esta, salió como candidata presidencial y abanderada de la oposición María Corina Machada, pese a que hasta ahora está inhabilitada políticamente.

Según acuerdo Gobierno-oposición, la candidata Machado presentó su caso de inhabilitación política ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 15 de diciembre y está a la espera de sentencia.

De ser negativa, deberá procederse a apelar o definitivamente cambiar de opción candidatural.

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Por otro lado, se presume que el abanderado oficial definitivamente el actual presidente de la república, Nicolás Machado, aunque no se descarta una decisión contraria de última hora.

Alfredo Romero, dirigente de la organización no gubernamental, Foro Penal, ha denunciado que la conocida «puerta giratoria» aplicada por la administración de Nicolás Maduro, no ha cesado, poniendo como ejemplo el caso del directivo de Súmate, Roberto Abdul.

Roberto Abdul ha sido detenido la semana pasada y los familiares no han tenido acceso a él.

En una entrevista con la cadena VPI, Romero recordó que la detención de Abdul se produjo la semana pasada y que se celebró una audiencia preliminar en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), mejor conocido como El Helicoide.

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Explica que desde el jueves el defensor privado de Abdul, así como el Foro Penal, acompañaron a la esposa del detenido en el Palacio de Justicia de la ciudad de Caracas, a la espera de la audiencia preliminar.

Fueron informados de que no habría audiencia, sin embargo, casi de manera paralela, en la sede de El Helicoide el tribunal cuarto de Terrorismo, que tiene su sede en el Palacio de Justicia de Caracas, celebró dicha audiencia y nombró un Defensor Público.

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Explica Romero que fue a través del propio Defensor Público que se enteraron de la celebración de la audiencia, así como su centro de reclusión, ya que no han recibido información alguna de las autoridades, las que incluso negaron tener conocimiento sobre su paradero.

Dice Romero que la puerta giratoria no ha parado en Venezuela.

Este término ha sido acuñado por diversas organizaciones de Derechos Humanos, quienes consideran que la administración de Nicolás Maduro ha dejado en libertad a varios presos políticos, para luego abrir procesos penales en contra de otras personas, que piensen y difieran de la doctrina chavista.

Recordó que hubo recientemente una liberación, pero casi de inmediato se llevaron a cabo otros procedimientos y se ordenaron nuevas detenciones.

La Asociación Civil Súmate pidió este jueves la libertad de su presidente, Roberto Abdul, detenido la noche de este miércoles 6 de noviembre, aun cuando la orden de captura se conoció de posteriormente, denuncian.

A través de un comunicado resaltan seis puntos donde exponen la posición de la institución y su expresa solicitud.

Piden que se respeten los derechos de Abdul al debido proceso, así como el derecho de que sus familiares y abogados tengan información oficial sobre su lugar de reclusión y acceso a la información del caso para actuar en su legítima defensa y demostrar su inocencia.

A continuación el texto del comunicado:

Ante la detención del presidente del Comité Ejecutivo de nuestra Asociación Civil Súmate, Roberto Abdul, realizada el día de ayer miércoles 06 de noviembre, y cuya orden de captura fue informada posterior a la detención por el Fiscal General de la República en rueda de prensa, queremos hacer del conocimiento público lo siguiente:

Desde nuestra Asociación Civil Súmate siempre hemos respetado la Constitución de la República y el marco legal. Solicitamos que se respeten los derechos que Roberto tiene al “debido proceso”, así como el derecho de que sus familiares y abogados tengan información oficial sobre su lugar de reclusión y acceso a la información del caso para actuar en su legítima defensa y demostrar su inocencia.

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Recordamos que el fiscal Tarek William Saab anunció el orden de aprehensión para 13 opositores “por traición a la patria y conspiración” contra Venezuela, e inmediatamente se procedió a la detención de algunos de ellos que permanecían en el territorio nacional.

La Asociación Civil Súmate exhorta a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) a cumplir con sus funciones, entre ellas “verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para ser rectora o rector electoral”, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).

Este llamado toma más valor ahora que se prorrogó el lapso de las postulaciones de los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta el 27 de julio.

Hasta esa fecha podrán postularse los aspirantes a a los cinco cargos de rectores y 10 suplentes del CNE.

Súmate considera que el CPE tiene el deber de asegurar que los ciudadanos postulados a rectores del CNE cumplan con todos y cada uno de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 9 de la LOPE, resaltando entre ellos el de “no estar vinculada o vinculado a organizaciones con fines políticos”.

Agrega que el CPE también debe cumplir con las disposiciones de la Constitución y la LOPE que precisan como requisitos adicionales que los candidatos a rectores del CNE deben ser postulados por cualquiera de los tres entes que deben integrar el directorio del Poder Electoral, como son la Sociedad Civil, a la cual le corresponde tener tres rectores y seis suplentes; las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales y el Poder Ciudadano (Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo), que deben tener un rector y dos suplentes, respectivamente.

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Por último, la ONG señala que luego de evaluar los requisitos de elegibilidad de los candidatos postulados a rectores del CNE, se debe cumplir con la obligación legal de publicar sus nombres y el origen de su postulación, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 26, numeral sexto, de la LOPE; para permitir en un lapso de seis días continuos que cualquier ciudadano pueda objetar a los postulados que considere no cumplan con uno o varios de los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 296 de la Constitución y 9 de la LOPE.

“El ente rector del Poder Electoral tiene el deber constitucional y legal de facilitar la inscripción y actualización de datos en el RE a más de 25 millones 700 mil venezolanos que tendrán la edad para votar en las elecciones presidenciales de diciembre de 2024, y a la fecha solo están habilitados 20 millones 866 mil 385 venezolanos dentro y fuera del país, según informó en el último corte del RE”.

La advertencias la hizo la ONG Súmate, a través de un comunicado, en el que alerta, además, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publica el estatus del Registro Electoral (RE) el pasado 30 de septiembre de 2022.

«Si el CNE no habilita más puntos de actualización e inscripción ante el RE, más de 10 millones de los 25 millones 700 mil en edad para votar en 2024, al menos 4 de cada 10, podrían verse impedidos de ejercer este derecho en las presidenciales”, insiste la asociación civil.

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Agrega que, de esta manera, el Consejo “vulnera el derecho que tiene toda persona de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma consten en registros oficiales o privados, establecido en el artículo 28 de la Constitución”.

“También incumple con sus deberes legales como ente rector del Poder Electoral de garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral, en forma permanente e ininterrumpida, prevista en el artículo 33, numeral 18, de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope)”, añade la ONG.

Sostiene que «a ausencia de información actualizada del Registro Electoral impide a los ciudadanos conocer si han sido procesados y aprobados en este lapso de más de siete meses los trámites realizados de inscripción o actualización de su nueva residencia y centro votación, las solicitudes de corrección de información de datos personales y los reclamos para el levantamiento de cualquiera de las objeciones que podría haberle impuesto el CNE».

Y no solamente se afecta a los electores con derecho a voto, sino a los partidos, puesto que no les permite promover “el derecho de participar libremente en los asuntos públicos a la planificación oportuna de acciones con el fin de movilizar a los ciudadanos a inscribirse o actualizar sus datos en los Centros del Registro Electoral».

Nélida Sánchez, coordinadora de Contraloría Electoral de la ONG Súmate, alertó que en el país hay cuatro alcaldías vacantes, por la ausencia absoluta de los alcaldes, por lo tanto el Consejo nacional electoral (CNE) ha debido llamar a la repetición de los comicios en esas municipalidades.

En entrevista con el portal Tal Cual, ONG recordó que desde enero de 2022 hay tres alcaldes del PSUV que están detenidos. Uno de ellos es Pedro Hernández, alcalde Las Tejerías, preso por su vinculación con la banda de «El Conejo».

Además de él, está tras las rejas Keyrineth Fernández, quien fuera alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación. Y Carlos Rafael Vidal, alcalde del municipio Independencia en Anzoátegui, por una trama de corrupción en estaciones de servicio.

La ONG destaca lo que dice el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el caso de los alcaldes de Semprún e Independencia, porque se trata de una falta absoluta, señaló Sánchez.

La norma señala que cuando suceda la ausencia absoluta del alcalde antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el Consejo Nacional Electoral (CNE).

«¿Qué es lo más delicado de esta situación? Que en ambos casos quienes están ejerciendo el cargo de alcalde encargado no son las personas que establece el artículo 87 de la ley. Por ejemplo, en el municipio zuliano es quien fue candidato de otro partido, ni siquiera es una persona del equipo del alcalde», expresó Sánchez, en relación con Wuhysmans González, nombrado por la Cámara Municipal como alcalde encargado.

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En el caso de Anzoátegui, el 21 de febrero de 2022, la Cámara Municipal de Independencia juramentó a Hernán Rodríguez Viña como alcalde. El funcionario venía de ser Secretario de Gobierno de la entidad.

«Con estos nombramiento se está violando el derecho de los electores que, habiendo elegido a un candidato, les impusieron a otra persona», señala.

«Tienen derecho (los residentes de la localidad) a elegir a su alcalde. Si quisieran solicitar un referendo revocatorio, porque se vence la mitad del período, ¿a quién van a revocar?, ¿al titular o al encargado?», sostuvo.

En cuanto a Pedro Hernández, exalcalde de Las Tejerías, a la fecha se trata de una falta temporal, puesto que han transcurrido 23 días de su ausencia.

Como alcalde encargado fue designado el presidente del consejo legislativo de Aragua, José Arias. Según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal «si la falta temporal se prolonga por más de 90 consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta».

Súmate recordó que también han fallecido dos alcaldes en este año: Argenis Arcaya Romero (Psuv), alcalde del municipio Federación del estado Falcón, quien murió el 11 de febrero, y Raúl Carballo, alcalde de Las Mercedes del Llano (municipio Juan José Rondón del estado Guárico), cuyo deceso fue el 22 de febrero.

En el caso de falta absoluta por fallecimiento, «el procedimiento de convocatoria a elecciones debe ser inmediato», expone la ley.

En Falcón, nombraron a la concejal Nayrobis Osteicochea como alcaldesa encargada. Pero en la localidad de Guárico aún nadie gobierna.

La organización Súmate denunció este domingo el descenso en el número de votantes en el Registro Electoral en el CNE, justo en momentos en los cuales los negociadores del oficialismo y la oposición estarían por discutir el tema de las condiciones electorales en el diálogo en México.

A través de su cuenta en Twitter, Súmate informó que en el último corte del RE, correspondiente al 31 de agosto, hay 1.129.519 votantes, 28.497 menos que en el reportado por el Consejo Nacional Electoral hasta el 31 de julio de este año.

Aseguró que, al comparar ambos cortes, se observa «que el número de electores sigue en descenso, cuando hay más 3.5 millones de venezolanos no inscritos».

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El CNE publicó que el RE «alcanza una cantidad de 21.129.519 electoras y electores, de los cuales 20.900.919 son venezolanas y venezolanos, y 228.600 extranjeras y extranjeros».

A mediados del año, la ONG había alertado acerca de que el CNE «no cumplió con las principales funciones y competencias» que le correspondía ejecutar durante el primer semestre del año, entre las que destaca la «actualización eficaz, oportuna y correcta del registro electoral».

Indicó, en ese entonces, que más de 10 millones de venezolanos requerirían inscribirse o actualizar sus datos de residencia y centro de votación dentro y fuera del país.

Súmate alerta que estas «omisiones» del Poder Electoral «afectan directa o indirectamente el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido».

Desde hace tiempo la ONG y otros sectores del país vienen alertando acerca de que los venezolanos están perdiendo la confianza en el voto y llaman a los partidos a estimular esta forma de expresión democrática.

El @cneesvzla aprobó Corte del Registro Electoral al #31Agosto (Resolución N° 221124-0129). Hay un total de 21.129.519 electores: – 20.793.027 son venezolanos en el país y – 107.892 en el exterior, y – 228.600 extranjeros.Observamos que número de electores sigue en descenso pic.twitter.com/OcaOwdwqdX

Hoy #04Dic el @cneesvzla publica Gaceta Electoral N° 1020 con fecha #24Nov. Resaltan Resoluciones N° 221124-0129 Corte del Registro Electoral al # 31Agosto y N° 221124-0138 Estructura Financiera Ejecución del Presupuesto de Gastos ejercicio económico 2023: https://t.co/h437lJtMnX pic.twitter.com/EDASOHCFh9

La Asociación Civil Súmate fijó posición sobre un eventual adelanto de las elecciones presidenciales que están previstas, constitucionalmente, para el 2024 y que recientemente el chavismo ha insistido en que podrían hacerse en el 2023.

A través de un comunicado, la ONG exige que el Consejo Nacional electoral (CNE) actúe en consecuencia, puesto que es el ente rector de los comicios en el país.

Por ello, pide al Consejo fijar el cronograma con las fechas de las distintas elecciones por venir. «Así como lo hizo el antecesor cuerpo directivo del Poder Electoral, el 20 de septiembre de 2011, cuando proporcionó el calendario electoral 2012 – 2013, fijando las fechas para las elecciones presidenciales, regionales y municipales, respectivamente».

Para Súmate, es necesario evitar «la intromisión y usurpación de su competencia constitucional y legal de fijar la fecha y realizar la convocatoria de estos comicios».

Agrega que también se debe «evitar que se impongan los cálculos de una parcialidad política como el Psuv, perturbando la transparencia de este proceso electoral».

Lo que busca la ONG es que se garantice «a los otros actores políticos y a los electores certezas sobre la fecha en las que deben realizarse estas elecciones».

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La organización insiste en que no deben adelantar ni retrasar las fechas establecidas para la elección de los cargos.

«Alertamos que el CNE no debe realizar elecciones en fechas que no corresponden, adelantando o atrasando los comicios, a pesar de las presiones por parte de altos funcionarios públicos, entre ellos el que ejerce la Presidencia de la República, quien ya ha manifestado su intención de ser el próximo candidato a las Elecciones Presidenciales de 2024 por el PSUV», enfatiza.

Igualmente, ratifica que «se debe evitar que se perciba el anuncio de la fecha y la convocatoria como una decisión arbitraria y discrecional, a favor de los intereses de alguna parcialidad política».

Cualquier proceso electoral que vaya a haber en Venezuela no está muy cerca que se diga, pero, ya hay denuncias contra el Consejo Nacional Electoral, en relación con anomalías en el Registro de votantes.

Así lo hizo la ONG Súmate, a través de una carta pública difundida a través de sus redes sociales, donde llama la atención acerca de la cantidad de reubicaciones irregulares de votantes, entre otras anomalías.

“En la mayoría de los estados, la cantidad de reubicaciones y fallecimientos en promedio mensual superaron a los nuevos inscritos en el registro electoral”, denuncia Súmate en el escrito.

Explica que luego de revisar el corte del registro electoral entre julio 2021 y enero 2022, solo en el ámbito nacional, las reubicaciones son 161% mayores que las inscripciones o incorporaciones.

Mientras, en un segundo corte del RE entre enero de 2022 y abril de 2022, estas reubicaciones se impusieron sobre las incorporaciones, en 213%.

Se trata de «una abrupta disminución en los movimientos de exclusión, por depuración por fallecidos, por corrección de fecha de nacimiento y colocación de objeción; inclusión, por nuevos inscritos, incorporación por fecha de nacimiento y levantamiento de objeción; y reubicación», destaca.

La organización solicitó explicaciones al CNE, acerca de estos hechos, precisamente para «evitar sospechas».

«Solicitamos a directorio del @cneesvzla explicaciones por comportamiento «anómalo» del Registro Electoral y presentamos resultados de Contraloría a Puntos del RE en 24 ORE, con propuesta de acciones correctivas para garantizar derecho al voto», dice la ONG en un tuit.

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Por otra parte, Súmate alerta que el número de electores dentro y fuera del país disminuye en el registro electoral. Esto, mientras crece el rezago de nuevos ciudadanos que requieren su inscripción a fin de ejercer su derecho al sufragio en las elecciones presidenciales de 2024.

«Pese a que el número de electores disminuye en el Registro Electoral, sus proyecciones basadas en cifras de fuentes oficiales indican que existen unos 3.5 millones de venezolanos entre 18 y 45 años que no están inscritos en el RE, de los cuales más de 2 millones están en el país y un millón en el exterior», destaca.

Especifica que dentro del país otros 2 millones 600 mil electores pretenden actualizar sus datos, mientras que a otros 4 millones 800 mil ciudadanos en el extranjero en edad para ejercer el voto, hay que facilitarles el derecho a inscribirse o actualizar sus datos en el RE.

«Se debe garantizar la oportuna y correcta actualización del Registro Electoral, en forma permanente e ininterrumpida», indicó la organización.

La petición de la ONG se une a la que han hecho varios sectores de la oposición acerca de que, no solo se debe respetar el derecho al voto de los venezolanos, sino que el CNE sea claro al decir si estos ciudadanos van a votar en proceso como el de las primarias.

Solicitamos a directorio del @cneesvzla explicaciones por comportamiento "anómalo" del Registro Electoral y presentamos resultados de Contraloría a Puntos del RE en 24 ORE, con propuesta de acciones correctivas para garantizar derecho al votoVer carta: https://t.co/QeJDcgTDvy pic.twitter.com/9IAhc85ts5

La ONG Súmate denunció que 52,94 % de los ministerios han usado recursos públicos para promocionar el proceso de selección de autoridades y líderes del Psuv, en el ámbito local, regional y nacional

«Hoy, 26 de agosto, 18 de 34 ministerios (52,94 %) utilizaron recursos públicos a favor de una parcialidad política, prohibido por artículos 14 y 75 de nueva Ley contra la Corrupción, al promover por sus (cuentas) Twitter del PSUV para renovar estructura de bases de jefe de comunidad», publicó Súmate, por Twitter.

También especificó que 3 de las 25 alcaldías principales (12 %) de Venezuela, promovieron por sus páginas web o redes sociales este evento.

En 5 gobernaciones de 19, además de Caracas, también han hecho campaña para estas elecciones internas.

Los portales web y redes sociales de los medios estatales Venezolana de Televisión (VTV), Radio Nacional de Venezuela (RNV) y YVKE Mundial, también fueron utilizados a favor de una parcialidad política, según la evaluación de Súmate.

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Ya el año pasado, la ONG había presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una denuncia, pero, por hechos similares registrados en el 2021, relacionados con las elecciones regionales.

Y pidió sanciones contra los responsables del oficialismo, «por el uso inconstitucional e ilegal de los recursos y bienes del Estado por parte de quien ejerce el Poder Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro Moros».

Le acusa de «haber encadenado a los medios de comunicación social del Estado para la transmisión de 16 alocuciones a favor de la parcialidad política Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el lapso del 25 de enero al 14 de agosto de 2021, previo a la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales del 21 de noviembre, las cuales fueron entregadas como pruebas en formato DVD, y que también están disponibles en su sitio Web (sumate.org)».

Para la Asociación Civil SÚMATE, tanto las cámaras municipales de Independencia (Anzoátegui) y Jesús María Semprún (Zulia), así como el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), se encuentran en mora, ya que han transcurrido 90 días después de que fuesen detenidos los alcaldes de ambos municipios y no se ha declarado la «ausencia absoluta».

A través de las redes sociales la ONG manifiesta que según la Ley del Poder Público Municipal, en el artículo 87, indica que una vez cumplido el lapso de 90 días, se debe declarar la «ausencia absoluta» y por ende, llamar a nuevas elecciones.

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El artículo 87 reza lo siguiente: «Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta».

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«Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa, antes de tomar posesión del caro o antes de cumplir la mitad de su periodo legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente», expresa el artículo 87 de la Ley del Poder Público Municipal.

Para entrar un poco en contexto sobre la posición de SÚMATE, el pasado 27 de enero de este año, en un operativo antidrogas en el estado Falcón, fue detenida la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, del estado Zulia, Keyrineth Fernández, militante del PSUV.

Al día siguiente se anuncia la detención de Carlos Vidal Bolívar, alcalde chavista del municipio Independencia del estado Anzoátegui. La aprehensión del burgomaestre obedece a su participación en una banda dedicada al desvío, contrabando y venta ilegal de combustible.

Un alerta ha lanzado a la opinión pública la Asociación Civil SUMATE, al advertir al Consejo Nacional Electoral (CNE) que para las venideras elecciones presidenciales del 2024, unos diez millones de venezolanos podrían no participar en dichos comicios.

El motivo es que en los últimos meses, según las estadísticas que maneja SUMATE, hay una serie de situaciones adversas de orden social y económico, que obligan a estos venezolanos a movilizarse de sus sitios de vivienda y esto se convierte en una piedra de tranca para el momento de querer ejercer su derecho al voto.

Por otra parte, las normativas y la falta de acceso al CNE para que las personas puedan hacer la actualización de sus datos, impide que gran parte de estos venezolanos puedan de manera voluntaria ponerse al día con el padrón electoral.

Para hacer dicha aseveración, SUMATE trabaja con estadísticas del propio CNE, del Instituto Nacional de estadística (INE) y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.

Según SUMATE, hay 3 millones 17 mil 37 venezolanos que están en edad para convertirse en nuevos votantes y los mismos, hasta la fecha, no están inscritos en el Registro Electoral, por lo que debe llevarse a cabo un operativo especial para poder inscribirlos.

Hay un millón de ciudadanos no inscritos en el exterior, que son menores de los 45 años.

En Venezuela son dos millones 17 mil 37 ciudadanos que no están inscritos en el Registro Electoral y son menores de 45 años.

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Un millón 396 mil 356 jóvenes que cumplirán los 18 años entre el 18 de abril y diciembre del 2024.

En el exterior son 256 mil 371 jóvenes.

Un millón 139 mil 985 jóvenes en Venezuela.

Con respecto a los venezolanos mayores de 18 años que residen fuera del país, la estadística indica que son 3 millones 299 mil 663 que quieren actualizar sus datos y centros de votación en el exterior.

El desafío que tiene el directorio del @cneesvzla con miras a la Elección Presidencial de 2024 de inscribir y actualizar a más de 10 millones de venezolanos dentro y fuera del país, requiere una convocatoria de todos sectores de la sociedad Comunicado: https://t.co/5LydRkAfLT pic.twitter.com/YybxxbRzOf

Dentro de Venezuela se encuentran 2 millones 574 mil 831 ciudadanos que necesitan actualizar sus datos y centros de votación y no han podido.

Entre agosto del 2019 y abril del 2020, a 1 millón 574 mil 831 votantes les cambiaron de manera inconsulta, les cambiaron sus centros de votación.

En las zonas fronterizas, la crisis económica, la situación con los servicios básicos, la acción de grupos subversivos y delincuenciales, así como la falta de fuentes de trabajo, ha obligado a un millón de votantes amoverse a las grandes ciudades. Por ende, deben hacer la actualización de su registro. No lo han podido hacer, según SUMATE, por la deficiencia de operativos en estas ciudades.

A pesar de que el propio órgano comicial expresa en sus redes sociales que han realizado operativos especiales de actualización del padrón electoral, la organización civil considera que los mismos han sido insuficientes.

Por otra parte, los partidos políticos también deberían estudiar estas estadísticas, ya que la cantidad de personas que pueden quedar fuera de las elecciones presidenciales representan un número considerable a la hora de una decisión tan trascendental para el país.

Sobre todo con las estadísticas de votantes fuera del país, así como con los nuevos electores.

Se espera que para el próximo año ya el ente comicial comience con los operativos especiales acostumbrados en un lapso previo a las elecciones presidenciales del 2024, decisión tan importante para la nación.

La asociación civil Súmate denunció que la administración de Nicolás Maduro, gobernadores y alcaldes han utilizado recursos del Estado para promover candidatos del Psuv, de cara a las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre.

«Para el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), esta realidad no existe y solo anuncia que comenzará a discutir el Reglamento Especial de Campaña Electoral», agregó la asociación en su cuenta de Twitter.

Súmate señaló que el CNE no ha respondido a una denuncia que hicieron, el pasado 20 de agosto, contra Nicolás Maduro. Lo denunciaron por haber utilizado los medios de comunicación estatales para la transmisión de 16 alocuciones a favor del Psuv entre el 25 de enero y el 14 de agosto de este año.

La organización dijo que el CNE tiene la potestad y la obligación de aplicar el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. La misma prohíbe adelantar la campaña electoral y reglamentarla, «al igual que normar las transmisiones presidenciales por la plataforma pública de medios de comunicación social».

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El próximo 21 de noviembre, Venezuela celebrará las elecciones regionales y locales. Los ciudadanos elegirán a los gobernadores de 23 estados y a los alcaldes de 335 municipios, así como a los representantes de los consejos legislativos.

El CNE estipuló en el cronograma electoral que la campaña será entre el 28 de octubre y el 18 de noviembre.

El lunes, la rectora del organismo Tania D’Amelio informó que comenzó el periodo de modificaciones y sustituciones de candidatos inicialmente postulados.

«El lapso para que las modificaciones y sustituciones de candidatos se reflejen en la boleta electoral». Así lo escribió D’Amelio en su cuenta en Twitter.