Las órdenes de detención en contra de Tamara Suju, Sebastiana Barraéz, Iván Carratú Molina, entre otros, por su presunta conspiración en contra del presidente de Nicolás Maduro, buscan amedrentar y atemorizar a la población.

Los analistas políticos coinciden en afirmar que se trata de una nueva estrategia del gobierno para golpear la moral de la población.

Por su parte, una de las implicadas, Tamara Suju aseguró que el fiscal continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH.

“Tarek William Saab me acusa de traición, terrorismo por denunciar la desaparición de Anyelo Heredia, que admitieron tenerlo hoy”, dijo.

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A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Sebastiana Barráez le respondió al Fiscal Tarek William Saad, y lo acusó de mentir para amedrentar y perseguir.

Barráez desmontó cada uno de los argumentos de Tarek William y para rematar dijo que en diciembre ni siquiera estaba en Táchira, y que se encontraba de viaje, en París.

En varias oportunidades ratificó que es amante de la vida, y ya por ese simple hecho es incapaz de participar en acciones conspirativas.

Una publicación compartida de Sebastiana Barráez (@sebastianabarraez)

Por su parte, el politólogo Walter Molina, destaca que los anuncios hechos por la fiscalía «buscan desarticular a la ciudadanía organizada para derrotar al Gobierno en las venideras elecciones presidenciales», cita Alberto News.

El politólogo menciona que además de las órdenes de captura, avanza el proyecto de ley para regular las ONG, lo que ve como una suma de acciones «todo esto busca atemorizar y desarticular a una población que ya demostró estar decidida a un cambio. Y eso va a acompañado de la narrativa que vende desesperanza. El 2024 será duro, pero no podemos dejar que ganen».

Mientras que Antonio Ledezma aseguró que «los que hacen apología a los intentos golpistas fallidos del 4F y 27N de 1992, ahora dicen que los que pedimos elecciones libres somos como ellos».

El mundo al revés: Los golpistas convictos y confesos, los que hacen apología a los intentos golpistas fallidos del 4F y 27N de 1992, ahora dicen que los que pedimos elecciones libres somos como ellos. Es con votos, con la movilización masiva y cívica del pueblo dispuesto a… https://t.co/3fiUv2VuHl

Por su parte, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa rechazó la acusación que hizo el fiscal general, Tarek William Saab, contra la periodista Sebastiana Barráez.

#22Ene ?️ "UNA MEDIDA PARA GENERAR CENSURA"El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (@sntpvenezuela) rechazó la acusación que hizo el fiscal general, Tarek William Saab, contra la periodista Sebastiana Barráez ?: X pic.twitter.com/bnWXq5wZLO

A través de su cuenta en Twitter, la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju, denunció que Nicolás Maduro ascendió a varios militares acusados por crímenes de lesa humanidad, en altos cargos dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

«Nuevos cargos en la DGCIM muestran los «premios» para aquellos funcionarios leales acusados por sus víctimas y compañeros de cometer Crímenes de Lesa Humanidad», publicó Suju, junto a la copia de un documento oficial del ministerio de la Defensa, con fecha 29 de agosto del 2022.

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La activista hace un llamado a la Corte Penal Internacional y a su fiscal, Karim Khan, a que pongan atención en este asunto, en vista de la investigación que hay contra Venezuela, precisamente contra miembros de este y otros organismos.

Entre los ascendidos, según el documento publicado por Suju, se encuentran: «el teniente coronel Alexander Granko, jefe de la Dirección de Despacho de la DGCIM».

Por otro, la abogada destaca el nombre de: «Nestor Blanco Hurtado, Jefe de la Zona de Inteligencia Militar en Barinas y a Abel Angola García, jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar, en Carabobo».

Desde el 2020, la CPI tiene en su mira a la administración de Nicolás Maduro, por violaciones a los DD.HH., que caben en la calificación de crímenes de lesa humanidad, por parte de funcionarios de varios organismos de seguridad.

Entre los cuerpos de seguridad a los que señalaba de cometer esos delitos están: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB».

En noviembre del 2021, cuando el fiscal Khan vino a Venezuela, anunció que «La Fiscalía ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», acerca de esos crímenes, denunciados desde el 2017.

Dirección Gral del DGCIM -Nestor Blanco Hurtado, Jefe de la Zona de Inteligencia Militar (ZOCIM) BARINAs-Abel Angola Garcia: Jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar (ZOCIM) Carabobo. pic.twitter.com/5xvC22ip8P

Uno de los ciudadanos estadounidenses detenidos a principios de 2022, intentó quitarse la vida en una de las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La denuncia la hizo la defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, en su cuenta en Twitter, donde indicó que se trata de Jerrel Lloyd Kenemore, de 52 años de edad, quien fue detenido por presunto cruce ilegal a Venezuela y otros delitos no especificados.

Ha sido víctima de Torturas Piscologicas y Tratos Crueles, incomunicación prolongada en celda oscura, y está detenido como parte del Plan Criminal del Regimen para intercambio, solo por ser Estadounidenses. @POTUS @StateDept @usembassyve

Según explicó Suju, Kenemore había sido víctima de “torturas psicológicas y tratos crueles, incomunicación prolongada en celda oscura y está siendo detenido como parte del plan criminal del régimen para intercambio, solo por ser estadounidense”.

La directora del Casla Institute detalló que Kenemore utilizó una sábana en su celda, en la casa de los sueños de la Dgcim, el fin de semana para quitarse la vida.

A principios de 2022, cuerpos de seguridad detuvieron al abogado Eyvin Hernández, de 44 años de edad, y al programador informático Jerrel Kenemore, de 52 años, en incidentes separados en el estado Táchira.

Según indica el diario El Nacional, hay un tercer estadounidense del cual no se ha publicado su nombre por petición de su familia.

Con estos tres estadounidenses ya son 8 encarcelados por Nicolás Maduro, de los cuales cinco son exejecutivos de Citgo.

Fue a mediados de julio que el Departamento de Estado confirmó la encarcelación silenciosa por parte del gobierno de Nicolás Maduro de tres estadounidenses por supuesta entrada ilegal al país.

Tamara Suju, quien recibe información desde el exilio sobre la situación de estos presos políticos, también había denunciado el pasado 20 de junio del intento de suicidio del estadounidense Matthew Heath, un exmarine que permanece en prisión desde septiembre de 2020.

A Matthew, según la activista, lo trasladaron a la emergencia del Hospital Militar “luego de un intento de suicidio”.

Asegura que la decisión del ex marine es por las mismas razones de Kenemore, son víctimas de “tortura física, psicológica y continúa recibiendo torturas blancas y psicológicas”.

Cuando estuvo la delegación del gobierno de Joe Biden en Venezuela para la liberación de Heath, no lograron el objetivo ¿La razón? Una fotografía de James Story con el opositor Juan Guaidó.

Mientras se publicaba la foto, Roger Carstens se reunía con Jorge Rodríguez, presidente de la AN de Maduro, para constatar la salud de Heath. Ese detalle detuvo el proceso de liberación del estadounidense que estaba muy avanzado.

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Fue el periodista estadounidense John Sweeney, especializado en geopolítica y seguridad, quien escribió un hilo en Twitter describiendo lo que pasó en la capital venezolana.

En su publicación, detalla que “mientras Carstens se reunía con los voceros del régimen de Maduro, Story se reunía por separado con Juan Guaidó”. Fue este encuentro el que causó la discordia.

“Story se reunió con Guaidó como un gesto de reafirmación del apoyo de Estados Unidos a la presidencia interina”, aseguró el periodista.

“Se tomaron fotos oficiales de Story con Guaidó porque las fotos transmiten legitimidad (sarcástico, pero cierto). Cuando Maduro se enteró de la reunión de Story con Guaidó y de las fotos tuvo una rabieta y anuló el acuerdo”, escribió Sweeney.

Según las investigaciones que realizó el reportero, son más de ocho los presos estadounidenses en cárceles venezolanas.  

Destaca que la administración de Maduro, supuestamente lleva a cabo operaciones de secuestro “romántico” en el exterior para hacerse de más rehenes estadounidenses.

Para Sweeney “el gobierno de Maduro está apuntando deliberadamente a los ciudadanos estadounidenses en varios países de América Latina con trampas de miel para atraerlos a Venezuela, donde son encarcelados (secuestrados) y mantenidos como rehenes políticos”.

Asegura que hay “entre 20 y 30 ciudadanos estadounidenses están encarcelados en Venezuela”, según su cuenta en Twitter, reseñó El Nacional.

Dijo que los otros estadounidenses presos en su “mayoría fueron atrapados por agentes del gobierno venezolano en Colombia, Panamá y otros países cercanos”.

“Puede que este no sea el caso de Matthew Heath, pero conozco personalmente dos casos de jóvenes estadounidenses atraídos a Venezuela por mujeres venezolanas… que son enviadas a países cercanos para encontrar y seducir a ciudadanos estadounidenses varones que posteriormente son ‘invitados’ a acompañar a las mujeres de vuelta a Venezuela para más ‘romance’. Cuando cruzan la frontera son detenidos inmediatamente y entregados a la Dgcim”, escribió el periodista.

La activista venezolana Tamara Suju se negó a llegar a un acuerdo con Nicolás Maduro Guerra. Esto, en el acto de conciliación que se celebró este viernes después de que el hijo de Nicolás Maduro emprendiera acciones legales contra ella por afectar su «honor».

«No voy a conciliar con una tiranía. No tengo nada que conciliar con quienes han hecho que Venezuela sufra la peor crisis humanitaria que ha tenido el continente americano en toda su historia. Con quienes han asesinado, detenido, torturado y violado a venezolanos. Con quienes se aprovechan de las riquezas de Venezuela para enriquecerse, corromper y financiar partidos en el exterior», dijo en declaraciones a Europa Press.

Suju, de nacionalidad española, estaba citada a las 10:00 am en los juzgados de primera instancia de Madrid. Todo, por una demanda de conciliación que Nicolás Ernesto Maduro Guerra presentó en mayo del 2020. Lo hizo por un mensaje de Twitter publicado por la defensora de los Derechos Humanos, el 21 de enero de 2021.

En el tuit, escribió que Maduro estaba haciendo ajustes en su «banda mafiosa para no perder el control por las pugnas internas que hay en la banda criminal que él mismo encabeza y seguir negociando lo que queda en el BCV, el oro, las riquezas, el petróleo».

La cuestión es que Suju acompañó el texto con un montaje fotográfico donde se puede ver tanto a Maduro como a su hijo. También a dirigentes chavistas Delcy y Jorge Rodríguez y a hasta a Alex Saab.

Con la demanda de conciliación, Maduro Guerra pretendía que la opositora reconociera que ese tuit había lesionado su honor. Pero, es algo a lo que ella se ha negado. Ahora se abre el plazo de un año para que el hijo de Maduro decida si formaliza una demanda o una querella por injurias y calumnias.

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Suju no solo no se ha retractado sino que se ha ratificado en sus pronunciamientos. Afirma que la administración de Maduro es un conglomerado criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad.

Así, ha enmarcado este movimiento judicial en una ofensiva de las autoridades venezolanas contra sus detractores. Apunta que en su caso el principal motivo es la denuncia presentada contra Maduro en el Tribunal Penal Internacional.

La activista es una de las personas que ha nutrido la denuncia formulada en septiembre de 2018 por seis países americanos en el TPI contra Maduro por los crímenes de lesa humanidad.

La Fiscalía de La Haya abrió entonces un examen preliminar que el pasado noviembre avanzó a una investigación oficial.

«Ellos en este momento necesitan, ya que en Venezuela están como están, ir contra aquellos que denuncian con pruebas y, además, en el caso mío… mi denuncia es una de las mas importantes en la Corte Penal Internacional», señaló.

Si han dado este paso, ha indicado, es porque hasta ahora han sabido esquivar las sanciones internacionales por violaciones de los Derechos Humanos pero no controlan la denuncia penal internacional. Eso es lo que les angustia, ha subrayado.

Suju ha advertido de que con estas acciones legales están tratando de victimizarse. «De una dictadura se puede esperar cualquier cosa», ha comentado, para añadir que ni Maduro ni su hijo pueden ser considerados víctimas, y avanzar que seguirá adelante con la denuncia en el TPI.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, recurrió a la justicia española para demandar a la activista por los derechos humanos, Tamara Suju. Nicolasito interpuso una demanda contra Suju, por «difamación» y presuntamente, por atentar contra su honor, reseña el diario El Mundo.

Pero, Maduro Guerra hace eso casi un año después de que la abogada publicara en Twitter que él pertenecía a una banda u organización criminal mafiosa. Concretamente, esta activista publicó que: «Nicolás Maduro ajusta su banda mafiosa, luego de la captura de Alex Saab».

Suju añadió que Maduro recurrió al aludido «reajuste» para «no perder el control por las pugnas internas que hay en la banda criminal que él mismo encabeza y seguir negociando lo que queda en el Banco Central de Venezuela, el oro, riquezas, petróleo, etc.».

A continuación publicaba una fotografía de Nicolás Maduro Jr. junto a las de Saab y Delcy Rodríguez.

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El hijo de Maduro sostiene en su denuncia que «dichas manifestaciones constituyen un atentado contra su honor». Señala que las mismas son «falsas y constituyen en sí mismo afirmaciones de extrema gravedad».

Por ello exige además a Suju, asistida por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, que «se retracte de las manifestaciones sin perjuicio de la acción que esta parte se reserva para exigir la responsabilidad civil derivada del daño».

«Se adelanta», añade la demanda, que piensa acudir a la «vía penal y civil para solicitar una indemnización».

Por su parte, Suju anunció que este viernes acudirá a un acto de conciliación instado por Maduro Jr. en un juzgado de primera instancia de Madrid, aunque va a rechazar la acusación contra ella.

#España Parece q no solo nos veremos en #LaHaya Nicolás.Mañana estaré acompañada d mi representante legal del bufete @JavierCremadesAntonio Valverde. Nicolacito me denunció en Justicia Española ?? @elmundoes@eurreiztieta https://t.co/NRClAh6y5C

Y es que la visita de Fiscal es muy esperada por todos los sectores. En tal sentido, la abogada y defensora de DDHH, Tamara Súju, denunció una suerte de puesta en escena en Ramo Verde de la administración de Nicolás Maduro para quedar bien.

Asegura que Comisión de la AN de Maduro, visitó la cárcel de Ramo Verde para hacer algunos ajustes.

Entre ellos destaca que “van a Uniformar a todos” los presos. Asimismo, indicó que “los pusieron a dormir en triliteras para que no ninguno diga que estaba durmiendo en el suelo”.

Además “les botaron cosas «viejas». Las acciones las dirigió el general Octavio Gómez, director de  Dipemil.

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Afirmó que “esta madrugada pusieron a los custodios de Ramo Verde a Pintar las paredes externas del penal y cortar la Grama. Le quitaron a los detenidos los potes de almacén de agua”.

La abogada consideró esto como un teatro al tiempo que calificó el hecho como mera “latonería y pintura en víspera de la visita del Fiscal”.

La CPI confirmó este lunes que entre 25 de octubre y el 3 de noviembre de 2021 el Fiscal Karim  Khan, realizará una misión de diez días a América Latina, que incluirá visitas oficiales a Colombia y Venezuela.

La gira a la región parte de las reuniones productivas que el Fiscal ya ha celebrado, tanto en persona como virtualmente, con diversos interesados en relación con las dos situaciones.

Se estima que celebre reuniones con distintos interesados, en particular reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial y representantes del cuerpo diplomático. Así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales.

#Venezuela. Así van la latoneria y pintura en víspera de la visita del Fiscal @KarimKhanQC . Esta madrugada pusieron a los Custodios de Ramo Verde a Pintar las paredes externas del penal y cortar la Grama. Le quitaron a los detenidos los potes d almacén de agua y este Jueves, con

Las reacciones de los defensores de los Derechos Humanos sobre la última decisión de la Corte Penal Internacional (CPI), en cuanto a Venezuela, no se hicieron esperar. Tamara Suju, Delsa Solórzano y Luis Ortega Díaz consideran que se trata de un avance.

La fiscal de la CPI Fatou Bensouda, anunció existen «fundamentos razonables para creer» que en Venezuela ocurren crímenes de lesa humanidad.

La activista Tamara Suju sostiene que «hemos avanzado a fase III, porque ellos consiguieron fundamentos para creer que en Venezuela han ocurrido crímenes con competencia de esa corte. es decir, crímenes de lesa humanidad».

Pidió no olvidar que la CPI está analizando los siguiente: «asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violencia sexual cometidos por el régimen».

Explicó que «la fase III es cuando la CPI indaga si el sistema de justicia venezolano ha juzgado o investigado de forma imparcial a los culpables de estos crímenes».

Dijo que los venezolanos debemos «estar contentos de este avance, porque la justicia internacional avanza de forma lenta, pero segura. Las víctimas y quienes hemos luchado para hacer estas denuncias deben estar contentas. Venezuela va a tener justicia y los criminales van a ser juzgados», aseveró en un video publicado en Twitter.

Por su parte, la diputada Solorzano, destacó la importancia del anuncio de la CPI. Y aseguró que «el fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza». Esto en referencia a que la fiscal de la CPI hizo en anuncio en su cara.

Entre tanto, la fiscal en el exilio, Luis Ortega Díaz, aseguró que las pruebas presentadas por su despacho ante la Corte «son contundentes». «El pronunciamiento de la fiscal Bensouda lo demuestra. No descansaré hasta lograr que Maduro y su grupo paguen todos sus crímenes. Los venezolanos tendrán justicia!», expresó.

#Venezuela. Mi mensaje para todos los venezolanos con motivo del avance del Examen Preliminar en la @IntlCrimCourt en contra del régimen de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/9HPeNJzS0N

Los invito a ver esta importante noticia sobre @IntlCrimCourt . El fiscal de la dictadura salió con las tablas en la cabeza. ? 1https://t.co/hN0u3YTiXe

Las pruebas entregadas por el Ministerio Público legítimo de Venezuela a la CPI @IntlCrimCourt son contundentes. Pronunciamiento de la fiscal Bensouda lo demuestra. No descansaré hasta lograr que Maduro y su grupo paguen todos sus crímenes. Los venezolanos tendrán justicia! https://t.co/ZGjOp5tmwD

La activista de DD.HH. Tamara Suju, denunció que en cada estado del país, el régimen construye túneles. La idea es el resguardo de altos funcionarios, militares o de equipos en «caso de un conflicto bélico».

El «Alto Mando construyó túneles en todo el país para ocultarse en un conflicto bélico, con asesoría cubana», escribió Sujo en su redes sociales, junto con un video y varias fotografías de las estructuras.

Uno de esos túneles estaría ubicado en la 14 Brigada de Infantería Mecanizada en Barquisimeto, estado Lara. «Mide 157 mts de largo y a 8mts bajo tierra», publicó.

Explicó que «son construidos para albergar a los jefes del alto mando de cada estado, Zodi, Redi hasta TCnel». Además, por allí podrían sacar «material y equipos bélicos. Fueron construidos por ingeniería del Comando Estratégico Operacional (CEO)».

Incluso, Suju publicó la foto de un supuesto «coronel cubano Álvarez», mientras «realizaba la inspección».

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#15Oct ¡Indignante! La abogada defensora de #DDHH @TAMARA_SUJU alertó que el "Alto Mando construyó túneles en todo el país para ocultarse en un conflicto bélico, con asesoría cubana". Cortesía @ImpactoVE ? pic.twitter.com/x5SgNe5t4C

La abogada destaca que, según sus fuentes, «hay otros túneles, por ejemplo en Fuerte Tiuna, en la Comandancia General del Ejército, en el Batallón Caracas».

También , «en la urbanización Villa Alba, donde se alojan los cubanos y debajo del Cuerpo de Infantería. Por cierto, hay algunos sin terminar en otros estados porque los generales revendieron el cemento y las cabillas».

La abogada Tamara Suju aseguró que “los crímenes de lesa humanidad pueden activar la justicia internacional”. Esto en referencia al informe de la ONU sobre Venezuela que prueba que esos crímenes los cometió el régimen.

La defensora de DD.HH. señaló que la ONU le dijo al mundo que Nicolás Maduro y sus funcionarios cometieron esos delitos.

La abogada hizo estas consideraciones durante un programa con María Corina Machado.

Suju aclara que la vicepresidencia del régimen también es responsable por la tortura, humillación y maltrato hacia las víctimas. «El Sebin y la Dgcim responden a la vicepresidencia y no al Ministerio de la Defensa ni al Ministerio de Justicia», recordó.

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Tamara Suju remarcó que el régimen envía “funcionarios de la Dgcim a entrenarse a Cuba. Mientras que Cuba manda funcionarios cada 2 o 3 meses a Venezuela. Ellos deben visitar las diferentes divisiones de la Dgcim”.

Por su parte, Machado destacó el comunicado de la OEA respecto al informe de la ONU. Recalcó que esta misiva ratifica las denuncias contra el régimen y sus funcionarios.

«La conclusión de la ONU es que Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol son responsables de que se hayan cometido estos delitos de lesa humanidad”, dijo Machado.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados en cualquier momento, según el Estatuto de Roma.

Hermelinda Daza, madre de Luis Martínez Daza, suplica ayuda para su hijo quien es un preso político del régimen de Nicolás Maduro y necesita ser atendido con urgencia, ya que padece cáncer de colon.

La mujer pide ayuda a través de un vídeo. Su hijo, sufre de dolores terribles en los riñones e inflamación en sus genitales.

La defensora de derechos humanos, Támara Suju, informó que Martínez orina color negro. “Temen por su vida, esto es tortura”, denunció.

#Venezuela. Hermelinda Daza, madre del preso político Luis Martinez Daza, pide medida Humanitaria para su hijo, q tiene Cancer de Colon Nivel 3, esta orinando negro, dolor d riñones e hinchazón. LUIS debe recibir atención URGENTE d un Especialista! Temen x su vida.Esto es Tortura pic.twitter.com/EX5lVnR6aG

Martínez Daza, fue aprehendido el 30 de julio de 2019 por el mismo caso del capitán Rafael Acosta Arévalo. Los uniformados se lo llevaron detenido porque buscaban a su hermano.

Hay que recordar que el 28 de julio del 2019, Acosta Arévalo fue llevado a tribunales y presentaba graves signos de tortura que horas después lo llevaron a la muerte.