El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, destacó la reanudación de las relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional.

"La administración de Trump ha estado cumpliendo rápidamente con la promesa  de ayudar a estabilizar y restaurar la economía de Venezuela para beneficiar tanto a los estadounidenses como a los venezolanos", publicó el funcionario en su cuenta en X.

“El reconocimiento por parte de Estados Unidos a la presidenta interina Delcy Rodríguez ha allanado el camino para que @IMFNews se reenganche con Venezuela”, agregó.

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The Trump administration has been rapidly delivering on @POTUS’ promise to help stabilize and restore Venezuela’s economy to benefit both Americans and Venezuelans. The United States’ recognition of interim President Delcy Rodríguez has led the way for @IMFNews to reengage with… https://t.co/lwbpLtGFtl

Por ello, Bessent dio “la bienvenida a esta decisión de los Estados miembros del FMI como un paso importante en la estabilización y recuperación económica de Venezuela”.

Finalizó afirmando que el Departamento del Tesoro  “espera con interés que Venezuela trabaje con el FMI en políticas que beneficien a todos los venezolanos, y continuaremos asociándonos con Venezuela mientras avanza por este camino”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves nuevas licencias generales relacionadas con Venezuela que permiten ciertas transacciones vinculadas a minerales críticos.

 Bajo el liderazgo de @POTUS , durante los últimos dos meses el Departamento del Tesoro ha estado trabajando a toda velocidad para reactivar la economía venezolana y reorientar la inversión en beneficio tanto de estadounidenses como de venezolanos. Como continuación de este trabajo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió hoy licencias generales que autorizan ciertas actividades relacionadas con minerales de origen venezolano.

 La Licencia General No. 51A , con fecha de vigencia 27 de marzo de 2026, autoriza a las entidades estadounidenses establecidas (constituidas bajo las leyes de EE. UU. o cualquier jurisdicción estadounidense) a realizar transacciones que estaban prohibidas por las sanciones a Venezuela (31 CFR parte 591). 

Permite la exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, compra, entrega o transporte de minerales de origen venezolano, incluido el oro, siempre que se cumplan unas condiciones.

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Under @POTUS’ leadership, over the past two months Treasury has been working at lightspeed to bring the Venezuelan economy back online and reorient investment to benefit Americans and Venezuelans. Continuing that work, today the Treasury Department’s Office of Foreign Assets…

•  Transacciones comerciales con el Gobierno de Venezuela, Minerven o entidades controladas o con un mínimo de acciones.•  Procesamiento y refinación de los minerales; excepto en países prohibidos.•  Servicios logísticos, seguros marítimos, fletes, seguridad y servicios portuarios (incluso con autoridades venezolanas).•  Realizar debida diligencia comercial, legal, técnica, de seguridad y ambiental.

1.  Los contratos deben regirse por la ley de Estados Unidos y cualquier disputa resolverse en EE. UU.2.  Cualquier pago monetario a una persona bloqueada (excepto impuestos locales, permisos o tasas) debe depositarse en el Fondo de Depósitos de Gobiernos Extranjeros según la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026.3.  Reporte detallado obligatorio a Sanctions_inbox@state.gov y ofac_intake@doi.gov dentro de los 10 días de la primera transacción y cada 30 días.

•  Pagos no comercialmente razonables, trueques de deuda o pagos en criptomonedas.•  Cualquier transacción con personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o sus joint ventures.•  Transacciones con entidades venezolanas o estadounidenses controladas por personas de China.•  Procesamiento o refinación de los minerales en cualquiera de esos países.•  Desbloqueo de bienes bloqueados.•  Transacciones con buques bloqueados.•  Exploración, minería, extracción o creación de joint ventures en Venezuela para estas actividades.

La Licencia General n.º 54 autoriza el suministro de ciertos bienes y servicios para operaciones mineras en Venezuela (relacionadas con minerales, incluyendo oro).

•  Lo que permite:


Todas las transacciones prohibidas por las sanciones que sean ordinariamente incidentales y necesarias para la exploración, desarrollo, minería, extracción, procesamiento, refinación o producción de minerales en Venezuela. Esto incluye el suministro de bienes, tecnología, software y servicios desde EE. UU. o por personas estadounidenses.
 También cubre pagos, logística, envío, seguros marítimos, servicios portuarios y mantenimiento de operaciones mineras.

•  Los contratos deben regirse por la ley de EE. UU. y resolver disputas en EE. UU.•  Los pagos a personas bloqueadas (excepto impuestos locales) deben depositarse en fondos específicos indicados por el Tesoro (Foreign Government Deposit Funds, según OE 14373 de enero 2026).•  Se deben presentar reportes detallados al gobierno de EE. UU.  La Licencia General n.º 55 autoriza negociaciones y entrada en contratos contingentes para inversión en el sector de minerales en Venezuela (incluyendo el sector del oro).


Negociar y firmar contratos contingentes (no vinculantes aún) para nueva inversión en exploración, desarrollo, minería, extracción, procesamiento, refinación o producción de minerales.
 Incluye pasos preliminares como due diligence comercial, legal, técnico, de seguridad y ambiental, y la formación de joint ventures o nuevas entidades relacionadas con estas actividades (siempre que la ejecución dependa de una autorización de la OFAC).


El contrato debe ser “contingente” (su cumplimiento depende de una futura autorización específica de OFAC). Se aplican las mismas prohibiciones que en la Licencia 54 respecto a países como Rusia, Irán, etc.

Las mismas restricciones que la Licencia 54 (pagos no razonables, transacciones con países sancionados, desbloqueo de bienes, buques bloqueados, etc.).

El Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de la Ofac, emitió la Licencia General No. 53 este 24 de marzo.

Firmada por Bradley T. Smith, director de la OFAC, la licencia autoriza operaciones y labores del personal diplomático venezolano en ese país.

Esta licencia se aprueba justo cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez anunció que esta semana viaja a EE.UU. la delegación de diplomáticos desde Venezuela, para la reanudación de relaciones.

Se trata de ciertas transacciones que de otro modo estarían prohibidas por las Regulaciones de Sanciones, específicamente relacionadas con las misiones oficiales del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos.

La licencia autoriza la provisión de bienes o servicios a las misiones oficiales y todas las transacciones prohibidas por las sanciones que involucren la provisión de bienes o servicios en EE.UU. a:

•  Misiones oficiales del Gobierno de Venezuela en EE.UU.•  Misiones permanentes de Venezuela ante organizaciones internacionales en EE.UU.

Condiciones

1.  Los bienes o servicios deben destinarse al funcionamiento oficial de la misión, o al uso personal de los empleados de la misión (o sus familiares/dependientes que compartan vivienda), y no para reventa.

2.  La transacción no puede involucrar compra, venta, financiamiento o refinanciamiento de bienes raíces.

3.  La transacción no debe estar prohibida por otras leyes.

También implica provisión de bienes o servicios a empleados y sus familias.

Con esta licencia las instituciones financieras estadounidenses pueden:•  Operar cuentas•  Extender crédito•  Procesar transferencias de fondos en nombre de las misiones y sus empleados.

Esta licencia es una medida técnica y humanitaria, diplomática estándar que permite que representaciones diplomáticas de Venezuela en EE.UU. funcionen con normalidad básica, con funciones como el  pago de alquiler de oficinas, servicios públicos, suministros, salarios de personal, compras personales de empleados, sin violar las sanciones generales que bloquean la mayoría de las transacciones con el Gobierno de Venezuela.

La norma no autoriza:

•  Actividades comerciales generales.•  Operaciones con PDVSA u otras entidades bloqueadas más allá de las misiones diplomáticas.•  Compra/venta de propiedades.•  Nada que vaya más allá del uso oficial o personal estrictamente definido.

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza ampliamente a entidades estadounidenses establecidas a realizar diversos tipos de transacciones con la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), y sus subsidiarias”.

Así lo afirmó el Departamento del Tesoro de EE. UU. por sus redes sociales, donde señala que la licencia se emite “bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos” que “colabora con el Gobierno de Venezuela para reabrir y revitalizar su sector energético”. 

Explica que “esta licencia beneficiará tanto a Estados Unidos como a Venezuela, al tiempo que impulsará el mercado energético mundial al aumentar la oferta de petróleo disponible. Asimismo, contribuirá a incentivar nuevas inversiones en el sector energético venezolano”.

🇺🇸 AUTORIZAN OPERACIONES CON PDVSA Y BUSCAN RESTAURAR EL SECTOR ENERGÉTICO@USTreasury emitió una licencia que permite a entidades estadounidenses hacer transacciones con PDVSA para reabrir y fortalecer el sector energético, aumentar el suministro de petróleo y atraer inversión pic.twitter.com/lR41XvJNzl

 Se trata de la Licencia General No. 52 (GL52) donde se autorizan ciertas transacciones prohibidas previamente por las sanciones a Venezuela, específicamente aquellas relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) y entidades en las que PdVSA posee o indirectamente, con interés del 50% o mayor.

Serían las entidades estadounidenses establecidas, organizadas bajo las leyes de EE. UU. o cualquier jurisdicción estadounidense antes del 29 de enero de 2025. 

Se autorizan todas las transacciones prohibidas por las Órdenes Ejecutivas 13884 o 13850 que involucren a PdVSA o PdVSA Entities, siempre que cumplan con condiciones específicas:

•  Los contratos deben especificar que se rigen por las leyes de EE. UU. y que cualquier resolución de disputas ocurra en territorio estadounidense.•  Cualquier pago monetario a una persona bloqueada (excluyendo impuestos locales, permisos o tasas) debe depositarse en los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero (Foreign Government Deposit Funds), según lo establecido en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, o en otra cuenta indicada por el Tesoro de EE. UU.

 Se autorizan aquellas necesarias para apoyar las actividades permitidas en el párrafo anterior (relacionadas con PDVSA), con la misma condición de depositar pagos en los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero (excepto pagos locales).

 •  Transacciones prohibidas por otras regulaciones, como las relacionadas con bonos o deudas específicas del Gobierno de Venezuela o PdVSA (E.O. 13808, E.O. 13835).•  Acuerdos de liquidación, ejecución de gravámenes, juicios o procesos judiciales que afecten propiedades bloqueadas.•  Transacciones con personas o entidades en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), excluyendo PDVSA.•  Pagos no razonables comercialmente, en oro, o en criptomonedas/digitales emitidas por el Gobierno (incluyendo el petro).•  Transacciones con personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, o joint ventures con ellos.•  Transacciones con entidades venezolanas o estadounidenses controladas por o en joint venture con personas de China.•  Desbloqueo de propiedades bloqueadas o transacciones con buques bloqueados.Requisitos de reporte:•  Cualquier exportación, reexportación, venta o suministro de petróleo o productos petroquímicos de origen venezolano a países distintos de EE. UU.

    Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dos figuras destacadas del polo inglés han sido acusadas de utilizar sus cargos en un banco suizo ya desaparecido para blanquear el producto de la venta ilegal de millones de barriles de petróleo pertenecientes a la petrolera nacional de Venezuela, publicó Financial Times.

Un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro a principios de este mes sobre las actividades del banco mercantil MBaer, ​​con sede en Zúrich, vinculó tanto a Siri Evjemo-Nysveen, ex vicepresidenta del banco, como a su marido, Alessandro Bazzoni, un empresario italiano, con acusaciones de blanqueo de dinero.

Ambos son figuras destacadas en el mundo del polo inglés: Bazzoni es el mecenas del equipo Monterosso, mientras que Evjemo-Nysveen lo fue del equipo Vikings. Los mecenas son jugadores adinerados que financian un equipo y juegan junto a profesionales contratados.

En 2022, Bazzoni participó en un torneo benéfico de polo contra el príncipe Guillermo , príncipe de Gales, mientras figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos por comerciar con Venezuela. Desde entonces, ha sido retirado de dicha lista.

Su equipo, Monterosso, desempeñó un papel activo en la temporada de polo inglesa del verano pasado.

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El 2 de marzo, la Red de Control de Delitos Financieros (FCEN, por sus siglas en inglés), una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, publicó un aviso en el que proponía que MBaer fuera designada como una "institución... de principal preocupación en materia de lavado de dinero".

El comunicado afirmaba que, durante años, el banco había "facilitado, directa o indirectamente, el blanqueo de dinero para o en nombre de agentes ilícitos", incluidos rusos e iraníes.

Añadió que los orígenes del banco estaban "arraigados en la corrupción venezolana".

MBaer fue fundada en 2018 por Michael Bär, bisnieto del fundador del banco privado suizo Julius Baer, ​​según una página de su sitio web que desde entonces ha sido eliminada.

Según el Registro de la Propiedad del Reino Unido, Evjemo-Nysveen es propietaria de una casa de ocho habitaciones con establos y campos cerca de Windsor que compró por 8 millones de libras esterlinas en 2021.

El comunicado de la FCEN indicaba que informes de prensa habían acusado a Evjemo-Nysveen de utilizar el banco para blanquear las ganancias de una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que supervisa el régimen de sanciones de Estados Unidos, impuso sanciones a PDVSA en enero de 2019 por su papel en el fortalecimiento del régimen del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El aviso de la FCEN indicaba que PDVSA supuestamente había "vendido en secreto millones de barriles de petróleo crudo venezolano eludiendo las sanciones estadounidenses" y malversado las ganancias "de una manera que privó al público venezolano de los beneficios" de las "ventas ilegales".

El comunicado decía: “Siri Evjemo-Nysveen, vicepresidenta de MBaer desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2023 y miembro de la junta directiva desde 2019 hasta 2023, presuntamente utilizó su cargo para facilitar pagos a través de MBaer relacionados con un plan de corrupción de PDVSA”.

Añadió: «Según se informa, lo hizo en nombre de su marido, Alessandro Bazzoni, accionista minoritario de MBaer en aquel momento, quien fue sancionado por la OFAC en enero de 2021 por prestar apoyo material a PDVSA en su papel de facilitador principal de la red de evasión de sanciones».

El comunicado afirmaba que las actividades de Evjemo-Nysveen tuvieron lugar mientras Bazzoni aún figuraba en la lista de sanciones de Estados Unidos, aunque reconocía que posteriormente fue retirado de ella.

En respuesta a la notificación, Bazzoni, Evjemo-Nysveen y sus abogados afirmaron que las referencias a Bazzoni en la notificación del Tesoro se referían a "fuentes no corroboradas o desacreditadas".

Declararon: “El Sr. Bazzoni ya fue reivindicado anteriormente gracias a la exitosa eliminación de la lista de sanciones por parte de una rama del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y espera ser reivindicado una vez más con esta segunda rama del mismo departamento”.

Añadieron: «Las autoridades estadounidenses (y suizas) nunca han emprendido ninguna acción, de investigación o de otro tipo, contra la Sra. Evjemo-Nysveen en el contexto de las acusaciones a las que se hace referencia en el artículo desacreditado, las cuales son negadas».

El comunicado del Tesoro también alegaba que MBaer mantenía una cuenta a nombre de José Luis Chávez Calva, a quien calificaba de "figura clave implicada en el blanqueo de miles de millones de dólares obtenidos mediante la corrupción de PDVSA a través de bancos europeos".

Según el comunicado, se alegaba que Calva era un facilitador financiero que manejaba "fondos derivados de la corrupción" en nombre tanto de Bazzoni como de Alex Saab, un colaborador cercano de Bazzoni.

Calva declaró al FT que no tenía antecedentes penales en ninguna jurisdicción del mundo y que cualquier cuenta que hubiera tenido en el banco se había mantenido con fines personales y profesionales legítimos.

Declaró: “Niego categóricamente cualquier implicación en blanqueo de dinero o en actuar como facilitador financiero”.

Ningún organismo policial británico ha reconocido públicamente estar investigando o tomando medidas contra Bazzoni o Evjemo-Nysveen. En respuesta a una consulta del Financial Times el viernes, la Agencia Nacional contra el Crimen declaró que habitualmente se niega a confirmar o desmentir la existencia de investigaciones.

Con información de Financial Times 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina contra el blanqueo de capitales, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identifica en un documento oficial una transferencia realizada por la aerolínea española Plus Ultra dentro de una red financiera vinculada a la corrupción en Venezuela y que habría servido para el lavado de dinero, publica el diario español ABC.

Según ese documento, la aerolínea envió en 2021 más de 519.000 dólares a una cuenta bancaria controlada por un inversor suizo investigado ahora por blanqueo de capitales.

FinCEN explica en un registro oficial en el boletín federal de EE.UU. facilitado a ABC que esa cuenta bancaria era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que actuaba como facilitador de operaciones vinculadas al desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. 

El documento señala que ese intermediario manejaba dinero procedente de la corrupción petrolera venezolana y que lo hacía para varios beneficiarios, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, a quien las autoridades estadounidenses han identificado durante años como uno de los principales operadores financieros del chavismo.

El caso Plus Ultra sacude al Gobierno español por el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021 a través del fondo de empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda se aprobó en plena pandemia con el argumento de preservar rutas con Iberoamérica, pero desde entonces ha estado rodeada de polémica política y judicial.

La investigación se centra ahora en un posible esquema de blanqueo de dinero procedente de Venezuela. 

Fiscalías en Francia y en Suiza pidieron en 2024 colaboración a España para seguir el rastro de fondos vinculados a negocios del chavismo, como el comercio de oro o programas de alimentos del régimen. 

El caso dio un giro en diciembre de 2025 con la detención de varios directivos de la aerolínea y de un empresario vinculado a la compañía. Los investigadores sospechan que varios préstamos concedidos a Plus Ultra antes del rescate pudieron devolverse después con el dinero público recibido del Estado.

El empresario detenido tenía relación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a través de una consultora que le pagó cientos de miles de euros por trabajos de asesoría. 

El asunto ha obligado al expresidente del Gobierno a comparecer en el Senado y ha reactivado las críticas sobre la decisión del Gobierno de rescatar a la aerolínea. Ahora queda vinculado a pagos por bancos suizos investigados por EE. UU. en lavado de dinero.

Por su parte, el empresario colombiano Saab podría ser extraditado nuevamente a Estados Unidos. Así lo revela el diario 'The Miami Herald', que señala que su entrega forma parte de las negociaciones entre Washington y el gobierno interino venezolano encabezado por Delcy Rodríguez. 

Saab fue acusado por fiscales estadounidenses de dirigir un esquema de lavado de dinero de unos 350 millones de dólares vinculado a contratos con el gobierno venezolano y podría aportar información clave sobre las redes financieras del régimen de Nicolás Maduro.

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde cuando su avión hizo escala durante un vuelo entre Caracas y Teherán. La detención se produjo a petición de EE.UU., que lo buscaba por un presunto esquema de corrupción y blanqueo de dinero vinculado a contratos con el régimen venezolano.

 Su defensa internacional estuvo encabezada por el exjuez español Baltasar Garzón. Tras más de un año de batalla judicial, Saab fue extraditado a EE.UU. en octubre de 2021 y compareció ante un tribunal federal en Miami acusado de lavar unos 350 millones de dólares procedentes de negocios con el Gobierno venezolano. El proceso judicial, sin embargo, no llegó a celebrarse. 

En diciembre de 2023 el expresidente Joe Biden le concedió un indulto dentro de un intercambio de prisioneros con el régimen de Maduro, en el marco de las negociaciones impulsadas por Washington para favorecer elecciones libres en Venezuela. Esas elecciones, celebradas en 2024, acabaron siendo un nuevo fraude del chavismo.

ABC ya adelantó que Saab vuelve a ser requerido por Estados Unidos y que su extradición podría producirse de forma inminente, junto con la de otros nueve jerarcas del chavismo. Ahora, en ese mismo documento del Tesoro -una propuesta formal para aplicar sanciones contra un banco extranjero— se vuelve a mencionar a Saab al describir la red financiera para la que trabajaba ese intermediario cuyo salario se pagaba desde la cuenta que recibió la transferencia procedente de Plus Ultra.

La referencia sitúa así ese movimiento de dinero dentro de una estructura utilizada para canalizar fondos vinculados a la corrupción de PDVSA. El documento forma parte de un procedimiento con el que FinCEN propone declarar al banco suizo MBaer Merchant Bank AG como institución de «preocupación primaria por blanqueo de capitales», una categoría reservada a entidades financieras consideradas de alto riesgo para el lavado de dinero.

Para justificar esa medida, el Tesoro describe varias redes internacionales que, según su análisis, utilizaron ese banco para mover dinero procedente de corrupción, evasión de sanciones y otras actividades ilícitas. Entre ellas aparece la trama vinculada a la petrolera estatal venezolana, donde durante años se desviaron miles de millones de dólares mediante sobornos, empresas pantalla y transferencias a través del sistema bancario internacional.

Dentro de esa descripción aparece la transferencia de Plus Ultra. Según FinCEN, la cuenta que recibió esos más de 519.000 dólares también pagaba salarios a un intermediario identificado posteriormente como facilitador de una red que movía dinero procedente de la corrupción en PDVSA.

El documento añade que ese intermediario manejaba fondos derivados de esa corrupción petrolera en nombre de varias personas, entre ellas Alex Saab. FinCEN lo describe como un colaborador cercano de los operadores de esas redes financieras y recuerda que fue sancionado por Estados Unidos por su papel en operaciones de lavado de dinero vinculadas al régimen venezolano.

La nota no constituye una acusación judicial ni una imputación penal contra Plus Ultra. Su objetivo principal es justificar por qué el Departamento del Tesoro propone restringir el acceso del banco suizo MBaer al sistema financiero estadounidense. Sin embargo, el documento se basa en información procedente de investigaciones financieras, informes de inteligencia y análisis de operaciones sospechosas recopiladas por las autoridades estadounidenses.

Aunque el texto no formula cargos penales contra la aerolínea ni contra Saab, sí sitúa esa transferencia dentro de un entramado que las autoridades estadounidenses consideran asociado al lavado de fondos procedentes de la corrupción en PDVSA. El hecho de que aparezca en un documento oficial del Tesoro indica que ese movimiento forma parte de la información financiera que Estados Unidos maneja en sus investigaciones sobre redes internacionales de corrupción vinculadas al chavismo.

El informe también cita investigaciones periodísticas. En varias notas al pie, el Departamento del Tesoro remite a artículos del medio español 'Vozpópuli' sobre la estructura financiera de Plus Ultra y sus vínculos con acreedores investigados en Suiza. Estas referencias aparecen como fuentes abiertas utilizadas por FinCEN junto a otros datos financieros y análisis de inteligencia para contextualizar las operaciones que describe el documento.

Con información de ABC

La mañana de este viernes, el Departamento del Tesoro de  Estados Unidos, a través de la OFAC,  emitió dos licencias generales que permiten a las compañías energéticas globales reanudar operaciones de petróleo y gas en Venezuela.

Se trata de las licencias generales 49 y 50 que permiten a Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudar su presencia en el país.

Las licencias se emiten bajo varias condiciones, entre ellas que las operaciones se lleven a cabo ahora bajo los términos dictados por las leyes de Estados Unidos, con transparencia y supervisión constante.

La Licencia General 49 “autoriza las negociaciones y la celebración de contratos contingentes para ciertas inversiones en Venezuela”.

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Mientras que la Licencia General 50 “autoriza las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela de ciertas entidades”.

 La tarde de este martes se conoció que el Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, emitió dos nuevas licencias relacionadas con la industria petrolera de Venezuela y el manejo de los puertos y aeropuertos.

Se trata de la  Licencia GL-48 que autoriza el suministro de ciertos bienes, tecnología, software y servicios a Venezuela, específicamente relacionados con la exploración, desarrollo, producción y mantenimiento de petróleo y gas. 

Y también de la   Licencia General 30B para autorizar transacciones necesarias para operaciones en puertos y aeropuertos en Venezuela.

La medida permite actividades “ordinariamente incidentales y necesarias” con el Gobierno de Venezuela e INEA para el uso y operación de puertos y aeropuertos.

Esta licencia es clave para el sector petrolero venezolano porque facilita el uso normal de puertos (como Puerto La Cruz, Jose, El Palito, etc.) y aeropuertos, que son esenciales para:•  Carga y descarga de crudo y productos petroleros.•  Llegada de buques tanqueros (chartering, seguros marinos, servicios portuarios).•  Logística de importación de diluyentes, equipos o personal relacionado con operaciones petroleras.

Esto representa una ampliación significativa de las flexibilizaciones recientes en las sanciones a Venezuela, pero con controles estrictos para evitar abusos y mantener supervisión estadounidense.

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Todos los negocios prohibidos por las Regulaciones de Sanciones a Venezuela (31 CFR part 591) que involucren al Gobierno de Venezuela, @PDVSA o entidades en las que tenga 50% de interés “PdVSA Entities”,  siempre que sean ordinariamente incidentales y necesarios para proveer bienes, tecnología, software o servicios desde EE.UU.

 Específicamente, la licencia es la promover: •  Exploración, desarrollo o producción de petróleo/gas.•  Mantenimiento de operaciones (incluyendo reparación, refurbishment de equipos usados en estas actividades).Incluye explícitamente:•  Procesamiento de pagos.•  Arreglos de envío y logística (charter de buques, seguros marinos, P&I coverage).•  Servicios de puertos y terminales (incluso con autoridades gubernamentales venezolanas).

1.  Los contratos con el Gobierno, PDVSA o PdVSA Entities deben especificar que se rigen por leyes de EE.UU. (o de alguna jurisdicción estadounidense) y que cualquier resolución de disputas ocurra en EE.UU.2.  Cualquier pago monetario a una persona bloqueada (excluyendo impuestos locales, permisos o fees) debe depositarse en los Foreign Government Deposit Funds (fondos creados por el Executive Order 14373 del 9 de enero de 2026) o en otra cuenta indicada por el Tesoro de EE.UU. Esto asegura que los fondos no vayan directamente a manos del gobierno venezolano sin control estadounidense.

•  Términos de pago no comercialmente razonables, debt swaps, pagos en oro, o en criptomonedas/digitales emitidas por el Gobierno venezolano (incluye el petro).•  Cualquier transacción que involucre a personas o entidades de: Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, China (o joint ventures con ellos).•  Desbloqueo de propiedades bloqueadas.•  Transacciones con buques bloqueados.•  Formación de nuevos joint ventures o entidades en Venezuela para explorar/producir petróleo/gas.•  Exportación o reexportación de diluyentes (diluents) a Venezuela (esto se maneja en otra licencia, como la GL 47).

 Cualquier persona que exporte, reexporte, venda, revenda o suministre bienes/tecnología/servicios bajo esta licencia debe reportar detalladamente a:•  Sanctions_inbox@state.gov•  VZReporting@doe.gov

La licencia GL 48 complementa otras licencias recientes, como la GL 46 para comercio/exportación de crudo venezolano por entidades estadounidenses establecidas y la GL 47 para diluyentes de origen en EE.UU.

Las licencias forman parte de una estrategia del gobierno de EE.UU. para:•  Permitir la recuperación y aumento de la producción petrolera venezolana (ayudando a estabilizar el sector y atraer inversión).•  Mantener control estricto sobre pagos y flujos financieros (vía fondos en custodia del Tesoro).•  Excluir influencia de adversarios geopolíticos (Rusia, China, Irán, etc.).•  Asegurar transparencia y supervisión.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos contratará los servicios de auditores externos para supervisar el flujo de fondos petroleros dirigidos a Venezuela, informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una comparecencia ante el Congreso.

Según la agencia   Reuters, Bessent indicó al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que desconocía la existencia de un acuerdo para garantizar la presencia de dichos auditores, pero que coordinaría con el secretario de Estado, Marco Rubio, para informar al comité sobre cualquier acuerdo al respecto.

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Ciertamente, esta declaración de Bessent confirma reportes que señalaban la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos extremara los mecanismos de control sobre los flujos de recursos a Venezuela, con el objetivo de asegurar que se utilicen de acuerdo con las prioridades establecidas por la administración Trump.

En concreto, estas prioridades son servicios públicos, salud y alimentación. Una prioridad particular es la rehabilitación de la red eléctrica, ya que las empresas petroleras que operen en territorio venezolano necesitarán garantías de un servicio eléctrico constante.

Con información de Reuters

El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió este jueves la licencia 46, mediante la cual se autorizan  operaciones petroleras para Venezuela, suavizando las sanciones, pero estableciendo normas estrictas como prohibir negociaciones con  Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba.

La licencia general  autoriza transacciones con el gobierno de Venezuela y con la empresa petrolera estatal PDVSA que son “normalmente accesorias y necesarias para la elevación, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de dicho petróleo, por una entidad estadounidense establecida”.

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Esta nueva licencia permite a entidades estadounidenses establecidas “established U.S. entities”, definidas como aquellas organizadas bajo las leyes de EE.UU. antes del 29 de enero de 2025, realizar transacciones que de otro modo estarían prohibidas por las sanciones, o aquellas “ordinariamente incidentales y necesarias” para:•  Levantar (lifting),•  Exportar,•  Reexportar,•  Vender,•  Revender,•  Almacenar,•  Suministrar,•  Comercializar,•  Comprar,•  Entregar,•  Transportar,•  O refinar petróleo de origen venezolano.Esto incluye servicios logísticos como fletar buques, obtener seguros marítimos, cobertura de indemnidad (P&I) y arreglos con puertos o terminales, incluso si son del Gobierno de Venezuela.

También autoriza los pagos comercialmente razonables en forma de swaps de crudo, diluyentes o productos refinados.

1.  Cualquier contrato con el Gobierno de Venezuela, PdVSA o entidades controladas por PdVSA (50% o más) debe especificar que:•  Se rige por las leyes de EE.UU. o una jurisdicción estadounidense.•  Cualquier resolución de disputas ocurre en EE.UU.2.  Cualquier pago monetario a una persona bloqueada debe depositarse en los Foreign Government Deposit Funds (creados por el Executive Order 14373 del 9 de enero de 2026) u otra cuenta indicada por el Tesoro de EE.UU.

•  Términos de pago no comercialmente razonables, como swaps de deuda, pagos en oro, o denominados en monedas digitales, criptoactivos o tokens emitidos por o en nombre del Gobierno de Venezuela.•  Transacciones con entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, o joint ventures con ellos.•  Transacciones con entidades venezolanas o estadounidenses controladas por joint ventures con la República Popular China.•  Desbloqueo de propiedad bloqueada bajo las VSR.•  Transacciones con buques bloqueados.•  Cualquier actividad que involucre a personas o entidades de esos países sancionados.

Cualquier persona que exporte, reexporte, venda, revenda o suministre petróleo venezolano a países distintos de EE.UU. debe presentar un reporte detallado cada 90 días (y el primero a los 10 días de la primera transacción) 

Este 30 de diciembre,  la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos está apuntando a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, incluida una empresa venezolana que ha contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (drones). 

“El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo”, declaró  el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.   “Seguiremos actuando con rapidez para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense”, dijo.

Esta medida se basa en las designaciones de no proliferación emitidas por el Departamento del Tesoro en  octubre y noviembre, en apoyo a la reimposición de las sanciones y otras restricciones de las Naciones Unidas a Irán el 27 de septiembre de 2025. 

Los programas iraníes de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y misiles amenazan al personal estadounidense y sus aliados en Oriente Medio y desestabilizan la navegación comercial en el mar Rojo. 

Además, el continuo suministro de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, incluido el territorio nacional, y Estados Unidos utilizará todas las medidas a su alcance para impedir este comercio.  

Esta medida se toma en cumplimiento del  Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional n.° 2 , que ordena al gobierno estadounidense restringir el programa de misiles balísticos de Irán, contrarrestar el desarrollo iraní de otras capacidades de armas asimétricas y convencionales, negarle a Irán un arma nuclear y negarle al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) el acceso a los activos y recursos que sustentan sus actividades desestabilizadoras. 

La OFAC toma esta medida en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13382, dirigida a los proliferadores de armas de destrucción masiva (ADM) y a quienes los apoyan, y la OE 13949, dirigida a los bienes de ciertas personas en relación con las actividades de armas convencionales de Irán. 

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🚨 NUEVAS SANCIONESOFAC emitió nuevas sanciones contra 10 personas y entidades vinculadas al tráfico de armas entre Irán y Venezuela. “El continuo suministro de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza para los intereses estadounidenses”. pic.twitter.com/7x4TGYA8qm

Desde 2006, Irán y Venezuela han coordinado el suministro iraní de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la serie Mohajer de Qods Aviation Industries (QAI) a Venezuela, que en Venezuela se han rebautizado como UAV de la serie ANSU. 

En octubre de 2023, la OFAC designó a QAI, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13949, por ser propiedad o estar bajo el control del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL), o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de este, directa o indirectamente.

 En septiembre de 2020, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a MODAFL, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13949, por participar en actividades que contribuyen materialmente al suministro, la venta o la transferencia, directa o indirectamente, hacia o desde Irán, o para el uso en o en beneficio de Irán, de armas o material relacionado, incluidas las piezas de repuesto.

La Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), con sede en Venezuela, mantiene y supervisa el ensamblaje de los UAV de la serie Mohajer de QAI en Venezuela y ha negociado directamente con QAI, contribuyendo a la venta de UAV Mohajer-6 por valor de millones de dólares a Venezuela.

El Mohajer-6, un UAV de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, es fabricado por QAI. EANSA también participó en el ensamblaje de aeronaves que QAI vendió a Venezuela.

EANSA mantiene vehículos aéreos no tripulados operados por las Fuerzas Armadas de Venezuela, incluyendo el iraní Mohajer-2, conocido localmente como Arpia o ANSU-100. 

El ANSU-100 es una versión actualizada y armada del Arpia-001, derivado directo del Mohajer-2 de QAI y el primer vehículo aéreo no tripulado producido en Venezuela. El ANSU-100 es capaz de lanzar bombas aire-tierra guiadas Qaem de diseño iraní.  

EANSA está presidida por José Jesús Urdaneta González (Urdaneta) , residente en Venezuela .

 Urdaneta, en representación de EANSA, ha coordinado con miembros y representantes de las fuerzas armadas venezolanas e iraníes la producción de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Venezuela.

EANSA ha sido designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13949 por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a QAI o en apoyo de esta. 

Urdaneta ha sido designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13949 por ser propiedad de EANSA, estar bajo su control o haber actuado o pretendido actuar en su nombre, directa o indirectamente, para EANSA.

Este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que renovó la licencia que autoriza algunas operaciones relacionadas con el manejo de la pandemia de COVID-19, por parte de la administración de Nicolás Maduro.

Se trata de la licencia 39, emitida el 17 de junio de 2021 y que estaba vigente hasta el 17 de junio de este año. Ahora, la providencia se identifica como la 39A, donde se extiende la autorización hasta junio de 2023.

El escrito, publicado en la página web del Departamento del Tesoro, especifica las exenciones, excepciones y autorizaciones humanitarias para cubrir transacciones y actividades adicionales relacionadas con la COVID-19.

Esto implica la entrega de insumos para la lucha contra el virus, como mascarillas, ventiladores y tanques de oxígeno, vacunas y la producción de vacunas. Además de pruebas anticovid, sistemas de filtración de aire y hospitales de campaña para la atención de la enfermedad.

A través de la autorización, los bancos estatales del país pueden hacer transacciones para atender la pandemia.

En el escrito se menciona a entidades como el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario del Pueblo.

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Sin embargo, esta nueva licencia aclara que no están autorizadas las transacciones o las actividades que involucren a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) o al Banco Bandes Uruguay S.A. (Bandes Uruguay).

Se trata de la segunda licencia que el Tesoro de EE.UU. extiende para Venezuela, además de la Chevron.

No obstante, no significa un mayor levantamiento de sanciones desde la administración de Joe Biden.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia de funcionamiento para Chevron en Venezuela, hasta el 1 de junio de 2022.

A través de la agencia Reuters se conoció que esta autorización se extiende a las transacciones con Pdvsa, necesarias para el mantenimiento o la liquidación de operaciones.

La licencia también aplica para las empresas Halliburton, Schlumberger Limited, GE Baker Hughes y Weatherford International.

Asimismo, a través del portal Petrofinanzas, se conoció que «la autorización H emitida a principios de junio la reemplazaron por la Licencia General I. De esta manera Chevron y las otras cuatro compañías norteamericanas recibieron de la OFAC la octava prórroga, desde el 2019.

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Este nuevo permiso mantiene las limitaciones vigentes desde enero de 2019, cuando el gobierno de Donald Trump emitió una orden ejecutiva que impuso sanciones comerciales contra Pdvsa.

En este sentido, la administración de Joe Biden ha mantenido las mismas restricciones a Chevron. Esta es la única operadora estadounidense con presencia en Venezuela en cuatro empresas mixtas en sociedad con Pdvsa. Son dos en la faja del Orinoco (Petropiar y Petroindependencia) y las dos restantes en la cuenca del lago de Maracaibo (Provocan y Petroindependiente).

También tiene dos licencias de gas natural en la plataforma deltana aunque no concretaron avances para la producción.

“Esta licencia general no autoriza la perforación, elevación o procesamiento, compra o venta. Tampoco transporte o envío de cualquier petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano. Asimismo, cualquier transacción o trato relacionado con la exportación o reexportación de diluyentes directa o indirectamente”, señala la resolución de la OFAC.

No permite la contratación de personal o servicios adicionales, excepto cuando se requiera por razones de seguridad. Tampoco el pago de cualquier dividendo, incluso en especie, a Pdvsa. Y prohíbe todo financiamiento a la estatal venezolana o a las empresas mixtas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos denegó una solicitud de la minera de oro canadiense Crystallex. Esta solicitaba acciones de la refinería estadounidense de propiedad venezolana, Citgo Petroleum Corp. Estas acciones se piden como parte de un pago parcial de la deuda de la petrolera con la minera.

La información la dio a conocer la agencia Reuters que cita documentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

La Ofac le dijo a Crystallex que el Departamento de Estado determinó que tal venta sería inconsistente con los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Agregó que Washington reevaluaría estas consideraciones durante la primera mitad de 2022.

Citgo está controlada por Juan Guaidó desde 2019, porque EE.UU. le reconoce como «líder de Venezuela». Ese año sancionó a Pdvsa que es la casa matriz de Citgo.

Un juez aprobó la venta de acciones de Citgo, a principios de este año, para satisfacer una sentencia a favor de Crystallex. La misma exige $ 1.4 mil millones por la expropiación de sus activos en Venezuela.

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Pero las sanciones de EE. UU. significaron que la compañía necesitaba una licencia específica de la OFAC. Estas se necesitaban para que se lleve a cabo la venta.

«Dado que la acción de la OFAC se tomó ‘sin prejuicios’ y de acuerdo con la sugerencia de la carta, le pediremos al gobierno de los Estados Unidos que reevalúe nuestra solicitud de licencia durante la primera mitad de 2022», dijo el presidente ejecutivo y director ejecutivo de Crystallex, Robert Fung, a Reuters.

El comunicado señaló que la carta de la OFAC pospone cualquier decisión final sobre la solicitud de licencia. También señala que «anticipan una decisión favorable».

En su carta de denegación a Crystallex, sin embargo, la OFAC señaló que el mandato de la Asamblea Nacional del 2015, que preside Guaidó, finaliza en enero de 2022.

«Estados Unidos reevaluará si la venta de las acciones es consistente con la política exterior de Estados Unidos, a medida que evolucione la situación en Venezuela», dice la carta.

«Estados Unidos prevé hacerlo durante la primera mitad de 2022, según lo justifique el cambio de circunstancias», finaliza la misiva.

Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la exclusión de varias empresas. Se trata de las corporaciones de Alessandro Bazzoni, de origen italiano, vinculadas con Alex Saab.

Las empresas liberadas por la institución son:

– AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C. (a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C.; a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italy; V.A.T. Number IT02483560237 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].

– AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C. (a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C.; a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italy; V.A.T. Number IT02483560237 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].

– AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C. (a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C.; a.k.a. AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italy; V.A.T. Number IT02483560237 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].

– SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO, Via Amsicora 46, Porto Torres 07046, Italy; V.A.T. Number 02732450909 (Italy) [VENEZUELA-EO13850].

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Según la nota de el Tesoro de EE.UU. estas empresas del grupo Bazzoni estaban «castigadas» por la evasión de sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela.

Las empresas estaban incluidas en la lista de la OFAC desde el 19 de enero, un día antes de que Donald Trump entregara la presidencia de Estados Unidos.

Las compañías, registradas en Verona en Italia, pertenecen a Alessandro Bazzoni. Este empresario está señalado por ayudar a Alex Saab a movilizar petróleo venezolano. Lo hacía a través de un departamento de comercialización paralelo en Pdvsa, según el portal de investigación Armando.Info.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha incorporado nombres y compañías a su lista de sancionados por terrorismo.

Este lunes se conoció que entre los nuevos sancionados está: Talib Ahmed Luqman. El hombre es un ciudadano australiano, que tiene pasaporte venezolano, numerado con el #137492291 y cuyo vencimiento es en 2021.

TALIB Ahmed es sancionado por ser facilitador financiero y logístico de la organización terrorista Al QA'IDA.

Adicionalmente ha trascendido que Talib Ahmed es sancionado por ser facilitador financiero y logístico de la organización terrorista Al QA’IDA. Según publicó el abogado Federico Black a través de Twitter.

Al respecto, EE.UU. asegura que es un facilitador financiero del grupo terrorista por medio de «Talib and Sons PTY LTD», una empresa de piedras preciosas ubicada en Australia.

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Luqman Talib es señalado “por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero o material para bienes o servicios en apoyo de, Al Qaeda”, informa un despacho del Departamento de Estado. Publicó por su parte Voz de América (VOA).

El comunicado detalla que EE.UU. continúa bloqueando las redes financieras y logísticas que apoyan las operaciones de Al Qaeda (AQ), tanto en Oriente Medio como en el mundo.

La designación de Ahmed Luqman Talib se enmarca dentro de la Ley de Inmigración y Nacionalidad contra Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).