Un grupo de insurgentes se dio a la tarea de requisar de manera ilegal ilegalmente a personas presentes en un billar y activaron unas alcabalas fantasmas para someter a los pobladores.

Por otra parte, la prensa local reseña que desde el jueves han sido asesinados cinco miembros de la fuerza pública en Antioquia y Norte de Santander.

De acuerdo con Infobae los uniformados habrían sido ultimados, al parecer, en retaliación a los golpes que les han dado al Clan del Golfo y a las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc en esos departamentos del occidente y del oriente colombiano

“Entre el jueves y el viernes, tres soldados y dos policías fueron asesinados en Norte de Santander y en Antioquia, al parecer, como retaliación por los golpes que se les han dado al Clan del Golfo y las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, según la información de la propia fuerza pública”, reseñó el portal informativo.

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El Ejército Nacional de Colombia informó que en el municipio de Tibú (Norte de Santander), en la conflictiva región del Catatumbo, el jueves resultó muerto el soldado Michael Ramírez Jiménez.

Destaca que Ramírez  Jiménez  a pesar de haber sido atendido por personal médico, murió por la gravedad de sus heridas tras un ataque con explosivos que habría sido perpetrado por el denominado Frente 33 de las extintas Farc.

A través de un comunicado de la Fuerza de Tarea Vulcano, que forma parte de la Segunda División del Ejército, el militar estaba adscrito al Batallón de Ingenieros N.° 30 que se encontraba con un dispositivo de seguridad en el cantón de la mencionada población, cuando ocurrió la incursión terrorista.

“Con este hecho queda demostrado una vez más que este grupo armado organizado residual continúa atentando de manera indiscriminada en contra de la fuerza pública y la población civil en la región del Catatumbo”, informaron.

El hecho ocurrió en sector conocido como La Invasión y se le atribuyó a la Estructura 33, una de las disidencias de las Farc cuyo jefe criminal es Javier Alonso, alias Jhon Mechas.

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Por otro lado, la Policía colombiana informó que el patrullero Henry Castillo fue asesinado en una estación de Policía de Banco de Arena, una zona rural próxima a Cúcuta, la capital del departamento.

Los hechos ocurrieron sobre las 6:30 de la mañana del jueves, según informó el comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad, el brigadier general Óscar Antonio Moreno, quien detalló que la muerte fue ocasionada por acciones de francotiradores.

Mientras que el viernes, ya en el occidente colombiano, específicamente en Turbo (Antioquia), fallecieron los soldados Iván David Díaz Rodríguez y José Felipe Bohórquez Alian, que estaban prestando labores de vigilancia para proteger a la población de las acciones armadas por parte del Clan del Golfo, cuyo máximo jefe criminal, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, fue extraditado en el primer semestre del 2022.

El otro homicidio que ocurrió en ese municipio antioqueño fue el del patrullero Fabio Enrique Martínez quien estaba adscrito a la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Antioquia. El uniformado fue ultimado por hombres armados en el barrio Santa Fe la Playa, cuando regresaba a su casa para su día de descanso y se presume que los responsables serían integrantes del Clan del Golfo.

En el periódico El Tiempo consultaron también con coronel Alex Gerardo Suárez Cruz, comandante (e) del Departamento de Policía Urabá, quien indicó que Martínez había tenido una destacada labor dentro de esa institución.

“El patrullero laboraba en la Institución desde hacía 13 años y en su trayectoria institucional logró obtener 47 felicitaciones y siete condecoraciones”, informó el oficial.

Finalmente, en San Pues (Sucre) atentaron contra otro policía que fue identificado como el patrullero Jorge Andrés Almanza Tovar. En versiones preliminares de lo ocurrido, que recogieron en el periódico El Universal de Cartagena, indicaron que el uniformado recibió un disparo en el pecho cuando esperaba por su motocicleta en un lavadero de vehículos.

Por fortuna, un ciudadano que estaba en el lugar, y que resultó con algunas lesiones sin gravedad, evitó que los homicidas remataran al policía, que no vestía su uniforme, y le salvó la vida. En el diario cartagenero agregaron que este es el octavo atentado contra miembros de la fuerza pública en Sucre en la última semana.

Con información Infobae

La vida le jugó una mala pasada a una familia venezolana. Es el caso de una madre y su joven hijo  radicados en Tibú. Desde el viernes comenzó la pesadilla, luego que en un gesto noble el pequeño intento rescatar a dos menores.

Todo comenzó el pasado viernes cuando la madre de Yorman Antonio Ramírez González la invadió una sensación de angustia, preocupación y dolor; al enterarse por una llamada que su hijo de 16 años, estaba desaparecido.

La última vez que lo vieron fue en el río Sardinata que atraviesa el corregimiento de Campo Dos, en Tibú.

La venezolana, quien trabaja como cocinera de un restaurante en ese corregimiento, luego de oír las malas noticias, se trasladó a su hogar; para hablar con las últimas personas que tuvieron contacto con su hijo.

Según le relataron los testigos Yorman en una heroica labor, salvó a dos amigos que lo acompañaban al río, antes de desaparecer entre las caudalosas aguas.

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Reseña la prensa local que el adolescente venezolano acompañado de otros dos muchachos, de 12 y 9 años de edad; salieron a buscar limones en una de las casas cercanas al río.

Lamentablemente al encontrarse con un panal de abejas muy cerca de donde estaban, decidieron correr al rio.

Aún están por determinar las razones por las cuales las abejas estaban tan agresivas en ese momento. Sin embargo, el miedo a ser picado por los insectos fue tal, que ambos jóvenes menores que Yorman Antonio, se lanzaron al río como medida de protección a las picaduras, pero ese día el río estaba más crecido que de costumbre.

“De por sí con estas olas invernales, el río ya está bastante peligroso para meterse, y ese trágico viernes, estaba peor porque había llovido los días anteriores, por eso el chico al ver el riesgo al que estaban expuestos sus amigos se lanzó sin pensarlo dos veces”, explicó una allegada a la madre.

La noble y valiente acción de Yorman lo llevó a rescatar  del afluente a ambos  menores que él, pero para infortunio de sus familiares, la incesante corriente del río fue más fuerte que el joven, quien desapareció en las aguas.

De acuerdo con La Opinión la madre desesperada por comenzar la búsqueda, llamó tanto a la Defensa Civil como a los bomberos de inmediato; para que conocieran el caso y se reaccionara rápidamente a la situación.

Según una testigo que la acompañó durante la dramática experiencia de los últimos días; no hubo una respuesta solidaria por parte de las entidades rescatistas que acompañaron la búsqueda.

Destacó que  gran parte de la colaboración de la comunidad se la deben a un periodista de la zona que publicó la noticia en redes sociales.

 “La verdad, nos tocó llamar a personas voluntarias que nos ayudaran a buscar;y entre la madre y varias compañeras de trabajo que la estamos acompañando, reunir dinero para encargarnos de los refrigerios, la gasolina y el agua de quienes nos ayudaron a buscar, ambos días fueron así”, comentó.

Aun así, luego de dos largos días de búsqueda, la tarde del domingo finalmente el cuerpo del joven apareció en un sector conocido como Tres Bocas, en Tibú, a más de 20 kilómetros de distancia desde donde fue visto por última vez.

La fuente citada por La Opinión señaló que debido a la nacionalidad venezolana tanto de la madre como del joven; los procesos para entregar el cuerpo y hacer la correspondiente sepultura, han sido muy demorados, afectando en especial a la fortaleza de la madre, quien no ha podido tener paz desde ese trágico viernes.

“Es que como la madre del joven solo tienen la partida de nacimiento venezolana; ese documento no es válido para ser reconocida en este país con ese parentesco, y usan otras formas que tardan más”, concluyó la fuente.

«Son muy jovencitos, no queremos verlos mañana tirados en la orilla de la carretera». Eso se le oye decir en un video a un comerciante del municipio de Tibú, en el nororiente colombiano, en la frontera con Venezuela.

Él y sus vecinos de la zona tienen a dos presuntos ladrones de origen venezolano retenidos, acorralados, con las manos atadas. Los graban antes de entregarlos a las autoridades, reseña un trabajo de la BBC.

«Bajo nuestra responsabilidad están», añade el mismo comerciante en el video.

La policía, le dijo uno de los testigos a BBC Mundo, «no contestó el teléfono en 12 veces que los llamamos».

Y en vez de los agentes, llegaron dos hombres armados que forcejearon con los comerciantes, encañonaron a los dos muchachos, los montaron en sus motos y se los llevaron.

Horas después, a los dos jóvenes los encontraron muertos, con disparos en la cabeza. Estaban tirados en una carretera, con cartones colgados que decían «ladrones».

El caso generó conmoción en ambos países. El gobierno de Bogotá pidió contundencia a las autoridades en «la guerra contra el narcoterrorismo». Mientras, desde Caracas anunciaron denuncias contra Colombia en cortes internacionales. Tanto la ONU como organizaciones de derechos humanos condenaron lo sucedido.

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Pero esta no es la primera vez que alguien es brutalmente asesinado, incluso con un letrero que busca justificar el homicidio, en esta caótica frontera de 2.200 kilómetros. De hecho, este jueves se reportó un caso prácticamente igual.

La diferencia en el homicidio de los dos jóvenes venezolanos es que sus rostros se hicieron virales en videos donde parecían inofensivos, cándidos, ajenos a la guerra de mafias que se vive cada día en esta frontera.

Casi una semana después del suceso, a pesar de que se informó que los menores tenían 12 y 15 años, las autoridades colombianas y los medios locales esclarecieron que los fallecidos eran Jackson Enrique Arriaga, de 23 años, y un joven de 15 años cuya identidad se ha protegido.

Los pillaron robando unos pantalones en un comercio de Tibú. Luego se convirtieron en una historia más de violencia que indigna al país.

El diario La Opinión de Cúcuta, la principal ciudad de la zona fronteriza, a unos 120 kilómetros de Tibú, reportó que la familia del menor de edad, de origen indígena wayuu, recogió su cuerpo el martes y lo llevó a Maracaibo.

«Yo no puedo hablar nada de lo que pasó, pues mi sobrino se vino para Colombia a buscar una mejor calidad de vida y mire lo que le pasó», le dijo la tía del joven al diario cucuteño.

«Mi sobrino estudiaba allá en Venezuela, era un niño muy juicioso, pero como la mamá estaba enferma, lo dejó todo y se vino a buscar trabajo», dijo la mujer, cuyo viaje a Colombia incluyó 10 horas en moto por la porosa frontera.

Según las autoridades, el menor llevaba dos años en Colombia, trabajaba como recolector en un cultivo de hoja de coca y durante el último mes se había juntado con otro joven para realizar pequeños robos como el que originó su muerte.

De Jackson Enrique Arriaga, el otro venezolano asesinado, los medios cucuteños y venezolanos solo han reportado que era oriundo de la ciudad de Mérida, es padre de una niña y su familia no ha logrado reclamar el cuerpo.

El comerciante que habló con BBC Mundo, y pidió no revelar su identidad para proteger su seguridad, explicó que el objetivo de la comunidad no era linchar a los jóvenes, sino entregarlos a las autoridades.

Antes, sin embargo, «querían darles una vuelta por las calles para que pasaran vergüenza, cosa que ya se hizo anteriormente, solo que esta vez no llegaron a entregarlos».

Jhon Jairo Jácome, uno de los periodistas que mejor conoce la zona fronteriza, explica que el escarmiento público es una práctica usual. «Los desnudan, los golpean, les hacen la famosa ‘paloterapia’. Los pasean por el pueblo para se haga lo que mucha gente cree que es la única justicia posible».

En Tibú, la puerta de entrada a una región neurálgica del narcotráfico conocida como el Catatumbo, confluyen decenas de grupos armados. Hay colombianos y extranjeros, que luchan entre ellos por el territorio y ser reconocidos como la autoridad.

Además, hay cultivos ilegales de palma, contrabando, una profunda inestabilidad política e institucional y ahora se añadió el reclutamiento de jóvenes venezolanos en bandas armadas.

La policía atribuyó el doble homicidio a las llamadas disidencias de las FARC. Son reductos de la guerrilla desmovilizada, pero expertos en conflicto han descrito el caso como una acción típica del paramilitarismo.

La policía anunció una investigación interna por negligencia de los oficiales a cargo de la comisaría. Pero tanto Jácome como el comerciante explicaron que en Tibú tampoco es mucho lo que las autoridades pueden hacer.

«La policía no puede salir de su estación, viven escondidos, porque o hay francotiradores que les pueden disparar o las denuncian son en realidad señuelos para atacarlos; entonces ellos no salen, viven como presos, viven como parias», explica el periodista.

El comerciante añade: «Para nadie es un secreto que la policía y el ejército tienen miedo».

La historia de los dos migrantes asesinados en Tibú, Norte de Santander en Colombia, pica y se extiende. El menor de 15 años pertenecía a la etnia wayú que está en el estado Zulia.

Su hermano y una tía viajaron a la ciudad de Cúcuta para reclamar su cadáver.

“No queremos hablar, sabemos muy poco del caso, solo lo que dicen los medios y la gente”, indicó un familiar, reseñó El Nacional.  

Se conoció que el menor estaba tirado bocabajo con una mochila roja e identificado por autoridades venezolanas como Alexander José Fernández Rodríguez.

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Sus familiares indicaron que el joven había migrado meses atrás hasta la vereda Versalles, zona rural de Tibú, para trabajar en la recolección de los cultivos ilícitos.

Pero desde hace unas semanas se había radicado en el casco urbano de Tibú, tras entablar una amistad con el otro joven que también fue asesinado.

Uno de los testigos del hecho aseguró que a ninguno de los jóvenes se les había visto en el pueblo y “el viernes cuando los agarraron no llegó ningún conocido de ellos, los niños casi no hablaron, tenían miedo”.

Ambos cuerpos los trasladaron desde la morgue de Tibú a las instalaciones de Medicina Legal en Cúcuta.

El pasado viernes, lo jóvenes los agarró la comunidad de Tibú y los golpearon por haber presuntamente robado un comercio.

Minutos más tarde, unos motorizados se los llevaron y aparecieron en una zona boscosa con varios tiros en el cuerpo.

Autoridades en Colombia presumen que disidentes de las FARC que opera en esa zona cometieron el atroz crimen.  

Para la comunidad colombiana la justicia y el poder en Tibú los tienen los grupos armados ilegales. Una muestra de ello fue el doble homicidio de los venezolanos un menor de edad y de otro hombre, que presuntamente robaban una tienda.

La comunidad de esta población del Catatumbo, los sorprendió robando en un local de venta de ropa, según la prensa local.

Las imágenes del hecho quedaron registradas en los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento comercial.

Estas imágenes circularon ayer, con las que la comunidad tibuyana argumentó el presunto robo que cometieron.

En otro video que circuló rápidamente en Tibú, también se puede ver a un grupo de personas rodeando a los dos jóvenes, quienes tenían las manos amarradas.

En el material audiovisual afirmaban que los entregarían a las autoridades para que se encargaran del proceso judicial correspondiente.

“Vamos a entregar a estos muchachos a las autoridades, para que se hagan cargo de los individuos estos. Lamentablemente son muy jovencitos, no queremos verlos mañana tirados en la orilla de la carretera, bajo nuestra responsabilidad están”, dijo uno de los hombres mientras grababa las caras de los presuntos ladrones.

Sin embargo, la intención se desvaneció cuando, minutos después, hombres armados que se movilizaban en motocicletas, llegaron al lugar y se llevaron con rumbo desconocido a los dos muchachos.

Minutos más tarde, los jóvenes fueron encontrados asesinados, con disparos en la cabeza, en Barrio Largo, en la vía que conduce a El Tarra, informó La Opinión.

El video que está en poder de las autoridades y de la Fiscalía es la prueba de la retención y del posterior asesinato de las víctimas, pues fueron encontradas con la misma ropa que tenían en la grabación.

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El coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía de Norte de Santander, ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos, por la información que conlleve a la ubicación de las personas que “privaron de la libertad, amarraron, golpearon y condujeron hasta el sitio que asesinaron a las víctimas”.

El oficial resaltó que la Policía no tuvo ningún reporte por parte de la comunidad sobre el hecho que estaba ocurriendo con las dos víctimas.

Martínez insistió en que no se debe tomar justicia por cuenta propia, pues esta labor es de las autoridades correspondientes.

El alto mando también aseguró que todo indica que, presuntos miembros de la disidencia de las FARC cometieron el doble crimen.

Entre tanto, Cristian Andrés Llanos Cardona, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, rechazó el hecho. Aseguró que se debe tener una cultura de paz, que permita brindar garantías a los ciudadanos.

Taíz del Pilar Ortega Torres, secretaria de Gobierno del departamento, también se unió al rechazo y calificó como “inaceptable”, cualquier tipo de violencia contra niños y adolescentes en la región.

“Nadie será sometido a desaparición forzada, tortura o tratos crueles y degradantes”, dijo la funcionaria.

Por su parte, Jaime Marthey, defensor regional del Pueblo, igualmente rechazó el hecho de violencia y expresó un acompañamiento a los familiares de las víctimas. Exigió “celeridad en las investigaciones por la muerte de los jóvenes, uno de ellos menor de edad”.

El funcionario hizo un llamado a la comunidad para que no se tome la justicia por cuenta propia, reseñó La Opinión.

“Son las autoridades las que tienen el deber de realizar cualquier investigación y posterior judicialización”, agregó.

El movimiento comunal del Catatumbo también rechazó el hecho y aseguró que las grabaciones que les hicieron a los presuntos implicados en el robo “son una violación a la dignidad humana que revive el horror psicológico y mental que padecieron los pobladores del Catatumbo en la época de violencia”.

Asimismo, instó a combatir las causas de la extrema pobreza en la región, porque esto posiblemente indujo a los jóvenes a cometer el delito.

Los soldados patrullaban por el municipio de Tibú, zona del catatumbo colombiano, cuando un evento imprevisto, los sorprendió en su marcha.

Ante ello, los más afectados fueron cuatro integrantes del comando militar que cumplía con su deber este sábado en las inmediaciones del municipio.

Fue así como un soldado murió y tres más resultaron heridos con el ataque, el cual se produjo con artefactos explosivos improvisados.

Por lo pronto las autoridades sindican del atentado contra los militares colombianos a las disidencias del frente 33 de las FARC que opera en la zona del Catatumbo.

Los uniformados afectados son el soldado Andrés Felipe Martínez Barahona, quien falleció luego de la emboscada.

Otros tres uniformados resultaron heridos en el ataque y reciben atención médica en la Clínica Medical Duarte de Cúcuta.

“Nos encontramos en el municipio de Tibú adelantando operaciones ofensivas para dar con el paradero de los narcoterroristas del GAO residual 33”, aseguró el general Fabio Caro, comandante de la Brigada 30 del Ejército.

Quien además agregó que dicha acción se ejecutó en “una acción contra la integridad de la fuerza pública que protegía a la población civil”, confirmó.

Por su parte, defensores de derechos humanos se pronunciaron sobre el suceso en Tibú, cuestionando la labor del Estado.

“Se cree que se resuelve el problema con consejos de seguridad, que son saludos a la bandera”, enfatiza Enrique Pertuz, defensor de derechos humanos en Norte de Santander.

Asimismo las autoridades reforzaron la seguridad en la zona en donde ya se han presentado alteraciones de orden público en los últimos días.

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El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, fue una oportunidad histórica la violencia en Colombia.

Sin embargo, la falta de control pleno y efectivo por parte del gobierno en algunas áreas que dominaban las FARC ha contribuido a que continúen esa violencia y abusos contra civiles.

Ante la ausencia de Estado, otros grupos armados han ocupado incursionado y se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas.

Por ejemplo, en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, el ELN y el EPL, enfrentados desde principios de 2018 en una lucha brutal por el territorio.

También operan en la zona exmiembros de las FARC, como el frente 33 de las disidencias, que cometieron el ataque este sábado en Tibú.

Esa si como los grupos armados delincuenciales han cometido numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado.

“También han plantado minas antipersonales e intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos”, asegura informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

Además, muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a estos abusos.

En una situación que ocurren en el contexto del conflicto armado y evidencia que este persiste en Colombia.

Para 2019 unos 25.000 venezolanos vivían en el Catatumbo, según la OCHA.