Manuel Alejandro Bohórquez, sobreviviente de un cáncer poco común (sarcoma epitelioide), tiene más de 1 año detenido arbitrariamente tras ser vinculado sin pruebas a planes conspirativos.

 Actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), su estado de salud es crítico: padece afecciones crónicas en la piel y atrofia en la columna, sin recibir la atención médica especializada que requiere su historial oncológico. 

Su madre, Amadilis Colina, denuncia desde el exilio la falta de condiciones mínimas de salubridad y el aislamiento que sufren tanto Manuel como su familia.

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La administración Trump está intensificando los esfuerzos para acabar con las bandas que transportan drogas ilícitas a Estados Unidos, con ataques militares mortales en el mar y medidas para endurecer las fronteras como temas centrales.

Pero mientras Estados Unidos redobla sus intervenciones abiertas, los expertos advierten que los responsables políticos pueden estar pasando por alto un campo de batalla clave: las cárceles de toda la región.

Varias de las organizaciones criminales más poderosas de Latinoamérica no se forjaron en zonas fronterizas, calles ni escondites selváticos, sino en las cárceles de la región.

Superpobladas, con escasos recursos y a menudo prácticamente autogobernadas, estas instalaciones han servido durante mucho tiempo como incubadoras donde los grupos armados reclutan, se reorganizan y expanden su influencia.

En toda la región, al menos diez organizaciones se crearon o se fortalecieron tras las rejas.

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Ese es el caso del Tren de Aragua, citado por la administración Trump como el objetivo de recientes ataques a presuntos barcos con drogas que intensificaron las tensiones con el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque no hubo evidencia sólida de una conexión entre los barcos y el grupo criminal.

Fundado dentro de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, a principios de la década de 2010, el grupo buscó inicialmente imponer orden interno para asegurar mejores condiciones de vida, según un informe de Transparencia Venezuela.

“Había una frustración social subyacente: resentimiento por el trato que el Estado daba a los presos”, declaró a CNN Ronna Rísquez, periodista venezolana y autora de “El Tren de Aragua”. “Las condiciones inhumanas y la falta de apoyo estatal contribuyeron directamente al auge de los pranes”.

 Los pranes —acrónimo de Preso Rematado Asesino Nato— eventualmente se convirtieron en los gobernantes de facto de muchas cárceles venezolanas.

“Tenían control total. La Guardia Nacional y los directores de prisiones obedecían sus órdenes”, afirmó Rísquez. Cobraban impuestos a los reclusos, controlaban el contrabando e incluso dirigían operaciones externas de extorsión y secuestro.

El Gobierno allanó la prisión de Tocorón en 2023 y afirma que el grupo criminal fue desmantelado, aunque sus líderes, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y Johan Petric, siguen prófugos.

Esta misma dinámica se ha observado en toda la región. En Brasil, grupos del crimen organizado como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) surgieron en las cárceles a finales de los años setenta y noventa, cuando los reclusos se rebelaron contra el hacinamiento, los abusos y las precarias condiciones de vida.

Gregório Fernandes de Andrade, abogado penalista que pasó 16 años en el sistema por homicidios, declaró que las celdas estaban tan abarrotadas que los reclusos a menudo se amontonaban en hamacas improvisadas colgadas del techo por falta de espacio. “A menudo me encontraba en una celda de 4x4 metros con 40 reclusos”, comentó. “Teníamos que turnarnos para dormir”.

Según datos federales, las cárceles de Brasil operan con una ocupación del 140 %, con más de 700.000 reclusos en instalaciones construidas para menos de 500.000, una realidad común en los países latinoamericanos.

La demanda se convirtió en un negocio para los miembros de grupos organizados, que venden a los reclusos desde artículos de higiene hasta alimentos, seguridad física y ayuda legal.

Andrade, quien compartió celda con Roni Peixoto, uno de los líderes del Comando Vermelho, y reclusos vinculados al PCC, afirma que unirse rara vez se hace bajo coerción.

“No hay una pistola en la cabeza”, indicó. “La gente lucha por unirse por necesidad. Estas facciones te dan la bienvenida, más que el estado”.

A mediados de la década de 2000, el PCC dominaba las cárceles de São Paulo. “Está presente en aproximadamente el 90 % de las unidades estatales, y los homicidios son prácticamente nulos.

El sistema ha sido ‘pacificado’ por el PCC durante casi 20 años”, afirmó Camila Caldeira Nunes Dias, socióloga y profesora de la Universidad Federal del ABC.

El PCC también dirige una de las redes de exportación de cocaína más poderosas de Sudamérica, abasteciendo los mercados europeos a través de los puertos brasileños, mientras que el CV domina los corredores de tráfico desde Perú a través de la Amazonía, según InSight Crime, un grupo que estudia el crimen organizado en las Américas.

Los expertos afirman que el trabajo realizado dentro de las cárceles fue crucial para el establecimiento de las pandillas en el mundo exterior.

Los líderes de pandillas ordenan la compra de drogas, la expansión territorial y los asesinatos desde la cárcel. “Llamamos a las cárceles las trastiendas del negocio”, declaró a CNN Elizabeth Dickinson, analista sénior de International Crisis Group. “Muchos líderes prefieren operar desde adentro porque allí están más seguros”.

Pero las disputas para lograr ese control de las celdas y de los reclusos que las albergan pueden ser mortales, especialmente en instalaciones donde coexisten múltiples facciones.

En toda Latinoamérica, las masacres carcelarias por el control territorial se han convertido en una realidad recurrente.

En la cárcel venezolana de Uribana, una disputa entre jefes de pandillas en 2013 provocó la muerte de al menos 61 personas. En Brasil, una pelea similar desencadenó la infame masacre de la cárcel de Carandiru en São Paulo en 1992, donde murieron 111 reclusos y contribuyó al auge del PCC.

En Ecuador, esa dinámica se ha vuelto aún más explosiva. Debido a su papel estratégico en las exportaciones mundiales de cocaína, zonas como Guayaquil permitieron que actores extranjeros —carteles mexicanos, disidentes colombianos— se integraran en las pandillas locales. Cuando sus líderes fueron encarcelados, la lucha por el control se trasladó directamente a las penitenciarías.

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de Ecuador, afirma que las cárceles ecuatorianas a menudo están estructuradas en pabellones controlados por diferentes grupos, lo que incita al conflicto.

“Cada cuadra tenía su propia economía y liderazgo. Todo estaba privatizado y controlado por la pandilla”, explica. “Si tengo una disputa con un líder criminal, voy tras su cuadra, lo mato y me hago cargo de su estructura criminal”.

Esa realidad quedó crudamente expuesta tras el asesinato en 2020 de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, veterano líder de Los Choneros. Su muerte quebró el equilibrio que mantenía entre facciones rivales.

Los Lobos, Los Tiguerones y otros grupos se fragmentaron y comenzaron a luchar por el dominio, desencadenando masacres que mataron a más de 400 reclusos en varias provincias en menos de tres años, según InSight Crime.

Para los líderes de las pandillas, el derramamiento de sangre se justifica por las ganancias. Los mercados penitenciarios de Ecuador ahora valen más de US$ 200 millones anuales, más del doble del presupuesto operativo federal del SNAI, el organismo que supervisa el sistema penitenciario, que fue de aproximadamente US$ 99 millones en 2021.

Las cárceles se han convertido en puntos clave de la cadena global de cocaína, ofreciendo almacenamiento, logística y protección a los traficantes que transportan cargamentos a través de los puertos de Guayaquil.

En toda América Latina, las campañas de “mano dura” se han convertido en un punto focal político, con políticos que hacen campaña con promesas de sentencias más severas, arrestos masivos y roles militares ampliados.

En 2024, los votantes ecuatorianos aprobaron la participación militar en la policía y la ampliación de las penas tras una ola de asesinatos y masacres carcelarias.

El 18 de noviembre, los legisladores brasileños votaron a favor de aprobar una ley que tipifica a grupos como el PCC y el CV como organizaciones terroristas, con el objetivo de extender significativamente las penas de prisión para los condenados bajo este estatuto.

Sin embargo, el poder ejecutivo brasileño ha rechazado la idea de clasificar al PCC y al CV como grupos terroristas.

Durante un diálogo de seguridad de alto nivel en Washington en marzo de 2024, representantes brasileños informaron a sus homólogos estadounidenses que el PCC y el CV son organizaciones criminales con fines de lucro, no grupos ideológicos, y por lo tanto no cumplen con los criterios legales de Brasil para ser considerados terroristas.

 En ese sentido, el “modelo Bukele” de El Salvador —basado en detenciones masivas y la apertura del CECOT, una megaprisión con capacidad para 40.000 reclusos que la sitúa entre las más grandes del mundo— se ha convertido en el referente político, especialmente para los líderes de derecha en América Latina.

Desde el ecuatoriano Daniel Noboa hasta el paraguayo Santiago Peña y el argentino Javier Milei todos se han comprometido a replicar el modelo salvadoreño.

Varios países de la región están invirtiendo de forma similar en una nueva ola de construcción de cárceles.

En Ecuador, el Gobierno inició la operación de El Encuentro, un centro de máxima seguridad de US$ 52 millones en Santa Elena, construido para albergar a unos 800 reclusos de alto riesgo y equipado con controles biométricos, inhibidores de señal y sistemas de vigilancia reforzados. Sin embargo, la violencia persiste.

En 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la construcción de una megacárcel con capacidad para 20.000 personas, como parte de una ofensiva más amplia contra las pandillas, que incluye un aumento de las detenciones, la tipificación de las actividades pandilleras como terrorismo y la ampliación del papel de las fuerzas militares y policiales.

Una línea de frente oculta

Grupos de derechos humanos y analistas de seguridad advierten que el enfoque de encarcelamiento masivo del presidente Nayib Bukele en El Salvador no es fácilmente transferible, especialmente en países con mercados criminales fragmentados e instituciones estatales más débiles.

“Cuando hay una prisión sobrepoblada, desorden y falta de recursos, se crea una oportunidad para que los grupos criminales gestionen la situación”, apuntó Dickinson, de Crisis Group. “Lo que termina sucediendo es que muchas personas, especialmente los delincuentes de bajo nivel, se convierten en víctimas de esta economía extractiva. Muchos terminan aliándose con una facción solo para sobrevivir”.

Andrade, que tenía 22 años cuando fue arrestado, sostiene que la respuesta está en romper el ciclo.

“Tuve muchas más oportunidades de involucrarme en el crimen que de ganarme la vida honestamente”, sostuvo. “Es más fácil para un niño conseguir una bolsa de drogas y un arma que un libro y un bolígrafo”.

“Hay gente buena e inteligente ahí dentro que ni siquiera imagina una segunda oportunidad en la sociedad porque nunca tuvieron la primera”, denunció Andrade, quien con el tiempo obtuvo una maestría y se convirtió en abogado penalista. “Si seguimos maltratando a la gente dentro, con el tiempo se convertirán en los soldados del crimen de afuera”.

Con información de CNN

La ONG Comité por la libertad de los presos Políticos (ClippVe), alertó este viernes que los “tratos crueles e injusticia en Tocorón” estaría empujando a los detenidos a atentar contra sus vidas.

A continuación, reproducimos textualmente el mensaje del CippVe difundido en su cuenta en X, donde relatan un hecho “grave”, ocurrido en la cárcel de Tocorón, donde, asegura, aumenta la represión contra los detenidos y sus familiares.

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De acuerdo con testimonios de familiares y allegados de detenidos por motivos políticos, el pasado 17 de noviembre habría ocurrido un hecho profundamente grave dentro del Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón. Durante un apagón total, cada vez más frecuentes, Juan David Gutiérrez, quien padece síndrome de Asperger y TDAH, intentó suicidarse por ahorcamiento dentro de su celda. Habrían sido sus propios compañeros quienes lograron bajarlo y trasladarlo a la enfermería, mientras en el resto del área reinó una angustia generalizada ante la falta de información sobre su estado.

Cuando los detenidos exigieron saber si Juan David seguía con vida, varios custodios habrían respondido con intimidación y amenazas de golpes, ordenándoles guardar silencio y someterse sin cuestionamientos. En medio de esta situación, su compañero de celda, Jhoandri José García, entró en una crisis nerviosa y de ansiedad, y en lugar de recibir atención, fue maltratado, segun relatan familiares.

La tensión se agravó cuando otro custodio armado habría ingresado al área apuntando contra los detenidos, mientras múltiples funcionarios se desplegaban para reprimir cualquier intento de exigir información. Lejos de calmar la situación, el director de la cárcel, Juan Carlos Quezada, habría llevado a golpes y empujones al tigrito a Jhoandri José García, mientras amenazaba al resto con nuevas agresiones si continuaban exigiendo respuestas o solicitando un protocolo mínimo para los apagones recurrentes que ponen en riesgo sus vidas.

Dos detenidos llevados a las celdas de castigo conocidas como “tigritos”, tras este hecho, al día de hoy permanecerían allí, sometidos a aislamiento, castigo e intimidación constante. El resto de los detenidos por motivos políticos sigue bajo vigilancia represiva, temiendo nuevas agresiones.

Los familiares también reporta que han sido víctimas de intimidación directa. El director ha amenazado con suspender las visitas y con solicitar detenciones arbitrarias al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) si continúan denunciando los abusos y el sufrimiento que padecen sus seres queridos. Esto afecta profundamente a madres y familiares que viven en pobreza extrema, sin recursos para costear pasaje ni llevar la poca paquetería permitida, pues ni siquiera cuentan con una alimentación adecuada en sus propios hogares, y aun así enfrentan el riesgo de ser perseguidos por denunciar una prisión que es injusta.

Estos hechos constituyen un patrón de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que pone en riesgo extremo a los detenidos por motivos políticos y a sus familias.

Por lo anterior exigimos al Estado venezolano, @MinpublicoVEN   y  @Defensoria_Vzla:

   • Proteger de manera inmediata la vida e integridad de Juan David Gutiérrez, Jhoandri José García y todos los detenidos afectados.

   • Poner fin al uso de castigos, represalias y a las celdas de aislamiento conocidas como “tigritos”.

   • Investigar de forma urgente las agresiones, amenazas y abusos de poder cometidos dentro del penal, incluyendo la actuación del director Juan Carlos Quezada.

   • Garantizar atención médica y psicológica adecuada para las personas en crisis y para quienes han sido víctimas de violencia.

   • Permitir que los familiares denuncien sin ser amenazados con suspensión de visitas o detenciones arbitrarias.

   • Adoptar medidas de protección y apoyo para familiares en pobreza extrema que no pueden costear traslados ni paquetería.

Los hechos aquí documentados constituyen delitos internacionales, incluyendo tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y están siendo registrados con los nombres de los presuntos responsables. Estos patrones forman parte de la investigación en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales, incluidos los mecanismos especiales de la ONU y la CIDH, a activar instrumentos inmediatos de protección para los presos políticos de esta cárcel y sus familiares.

Y hacemos un llamado al país a manifestarse, denunciar y no guardar silencio ante esta atrocidad. Lo que ocurre en Tocorón es una realidad inhumana que debe parar en Venezuela.

🚨 DENUNCIAN TRATOS CRUELES EN TOCORÓNEl @clippve reporta que detenidos por motivos políticos en el penal de Tocorón enfrentan abus0s, maltr@t0s y cast1g0s que incluso habrían llevado a intentos de su1c1d10. Exigen protección, atención médica y respeto a los familiares. pic.twitter.com/aJFO2beScB

Madres y familiares de los presos políticos denunciaron la muerte de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, de 27 años, ocurrida este sábado 3 de mayo en la cárcel de Tocorón, estado Aragua.

A través de la cuenta en X del Comité por los presos Políticos (ClippVe), se recordó que Lindomar fue detenido en el contexto poselectoral por funcionarios de la PNB en Cojedes, mientras se dirigía a su vivienda en moto.

La causa reportada habría sido «ahorcamiento dentro de su celda» dice el ClippVe.

Entre tanto, este lunes, la ONG comenzó la jornada de protesta en Caracas, haciendo un recorrido por varias embajadas en Caracas, comenzando por la de Colombia, donde los familiares pidieron al presidente Gustavo Petro que sea mediador.

A continuación esta y otras noticias que te invitamos a ver en nuestro canal de YouTube.

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Asimismo, en ClippVe denunciaron que otro detenido, Jhoandri Joel Silva Lara, también detenido en el mismo contexto, también intentó quitarse la vida.

Silva, dice la ONG, es «trabajador de 26 años, sostén de hogar, fue arrestado por la DIE cerca de una farmacia donde buscaba un anticonvulsivo para su hija. Recientemente, fue dado de alta del Hospital Militar de Maracay, tras una crisis nerviosa provocada por el encierro, el maltrato y la angustia por su hija menor».

«Según familiares, Lindomar ya había atentado contra su vida, y aunque lo advirtieron, no recibió atención médica ni protección. Esta omisión agrava la responsabilidad del Estado por una muerte evitable», denuncia la organización.

Ambos jóvenes estuvieron recluidos al menos 15 días en las llamadas “celdas de castigo” o “el tigrito, utilizadas por custodios del penal para presuntamente aplicar tortura psicológica y tratos crueles».

Según testimonios, «eran amenazados con frases como ‘se van a pudrir en prisión pagando’, por presuntamente haber participado en protestas tras los resultados del 28J.

ClippVe denuncia que «con la muerte de Lindomar, ya son al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025».

Amigos de Lindomar, quienes lo acompañaron durante su encierro, habrían recibido su cuerpo la mañana de este domingo 4 de mayo para trasladarlo a Cojedes, su estado natal, donde fue enterrado de manera exprés esta misma tarde.

Su familia, de escasos recursos, no pudo visitarlo durante los nueve meses de reclusión por no contar con los medios para trasladarse. Esta tragedia expone con crudeza la injusticia y la desigualdad que enfrentan las víctimas más vulnerables.

«Hacemos un llamado a las distintas instancias de las Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Relator sobre la Tortura y a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, para que promuevan una investigación internacional e independiente, de oficio, que lleve a juicio a los responsables de estas graves violaciones», señala el ClippVe.

? Madres y familiares denunciaron la muerte de Lindomar Jesús Amaro Bustamante (27A) ocurrida este sábado 3May en la cárcel de Tocorón.Lindomar fue detenido en Cojedes en el contexto postelectoral mientras se dirigía a su vivienda en moto.La causa reportada fue ahorcamiento. pic.twitter.com/xHjnDGKflD

? Jhoandri Joel Silva Lara (26A) también detenido tras el 28Jul24, intentó quitarse la vida durante el mismo hecho.Recientemente fue dado de alta del Hospital Militar de Maracay, tras una crisis nerviosa provocada por el encierro y la angustia por su hija.? Vía @clippve pic.twitter.com/8OvhLmWiVA

Este domingo se conoció que unos 90 presos políticos en el contexto electoral y que estaban en penal de Tocorón, estado Aragua, habrían sido excarcelados.

La información la difundió el analista y politólogo, Nícmer Evans, que cita a fuentes vinculadas con familiares de los presos.

La misma información fue publicada también por el portal Punto de Corte, donde los familiares habrían confirmado la noticia.

Al parecer, a los 90 excarclados los dejaron en el terminal de Maracay.

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Se supo que podrían excarcelar a más personas en las próximas horas.

Gran parte de los excarcelados están imputados por terrorismo.

Antes de las excarcelaciones, la ONG Foro Penal informó que en el país hay 1060 presos políticos.

Estas excarcelaciones se estrían dando luego de que el Comité por los Presos Políticos y familiares de los detenidos culminaron una jornada de cinco días, llamada «Ruta por la Justicia y la Libertad», en la cual acudieron a las instituciones relacionadas con la administración de justicia en el país.

Madres y familiares confirman excarcelaciones de presos políticos poselectorales, desde la noche de este 16 de enero, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe).

«Unos 88 acusados de terrorismo e incitación al odio habrían obtenido medidas cautelares. Entre ellos se encuentran Emmanuel Padilla, Antony Quijada y José Gregorio Pérez, presos políticos cuyos familiares se han convertido en destacados activistas y defensores de los derechos humanos», publico el Comité en sus redes sociales.

Indicó que, «con estas últimas liberaciones, más de 400 presos políticos poselectorales aún esperan las boletas de excarcelación en Tocorón».

ClippVe indicó que «no se reportan excarcelaciones en Tocuyito, donde más 150 presos políticos poselectorales esperan su libertad, ni de detenidos que permanecen en los comandos de los organismos de seguridad del país».

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Tampoco se han registrado liberaciones en otras cárceles políticas como El Helicoide, El Rodeo I, Ramo Verde y Yare III.

El comité celebra «junto a las familias el regreso a casa de estos venezolanos que nunca debieron estar apartados de sus hogares ni confinados en prisión por crímenes que no cometieron».

Agrega que «estas liberaciones son el fruto de la incansable lucha de madres, familiares, amigos, activistas, organizaciones y defensores de los derechos humanos que siguen exigiendo respeto a las garantías fundamentales».

El ministerio Público ha asegurado que desde diciembre, más de 1500 personas detenidas en el contexto electoral han sido excarceladas.

Mientras que, el Foro Penal contabilizó un total de 1.687 detenidos por razones políticas, en su último balance.

La noche de este viernes 17 de enero se registró la excarcelación de un nuevo grupo de presos políticos que se encontraban detenidos en la cárcel de Tocorón, confirmó el Foro Penal.

La noticia la dio a conocer Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental, a través de su cuenta en la red social X.

Señaló que estas liberaciones corresponden a personas detenidas durante las protestas postelectorales que se llevaron a cabo en rechazo a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

#17Ene Hoy se han producido nuevas excarcelaciones de presos políticos postelectorales en la cárcel de Tocorón.

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En su mensaje, Romero utilizó la etiqueta #17Ene para informar sobre el avance en los casos de estos presos. Sin embargo, no precisó la cantidad de personas liberadas.

Antes la misma ONG había informado en su último balance que permanecían 1.687 presos políticos en los penales de Venezuela.

A Junior José Jiménez Álvarez, de 27 años, alias El Junior, le duró poco la sensación de libertad, tras haberse fugado del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, clausurado el año pasado.

Al sujeto lo mataron en un enfrentamiento armado con funcionarios del Cicpc, adscritos a la coordinación de Delitos Contra las Personas de la Delegación municipal Villa de Cura, en el estado Aragua, informó el director del cuerpo, Douglas Rico.

El Junior se resistió a su captura cuando los policías llegaron al sector Valle Verde, de Villa de Cura, ubicada en el municipio Ezequiel Zamora de la misma entidad.

Rico relató, en su cuenta en Instagram que los funcionarios peinaban la zona, tras recibir información acerca de la presencia de El Junior y de otro delincuente apodado El Foreman, ambos integrantes de la banda de El Vigía que se «dedica a cometer múltiples homicidios, secuestros y robos».

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Ellos, al notar la presencia del Cicpc, comenzaron la balacera donde resultó herido El Junior. Lo llevaron al hospital de la localidad y murió a los pocos minutos de su ingreso.

Durante la intervención legal, se incautó un arma de fuego; de igual manera, se conoció que alias El Foreman tenía cuatro registros por homicidio agravado, ultraje al funcionario, droga y fuga de detenido.

Asimismo, el comisario informó que en la calle 2 del mismo sector, fue detenida Y.C.L.A., de 33 años, quien era pareja sentimental del occiso.

Esta mujer tenía un registro policial por trato cruel o maltrato a niño, niña o adolescente.

A tres meses y medio del desalojo de la cárcel de Tocorón y otros seis centros penitenciarios, el Estado venezolano no ha dado respuesta del paradero del pran Héctor Guerrero, alias «El Niño Guerrero», líder de la megabanda del crimen El Tren de Aragua, cuyo accionar se ha extendido a Colombia, Chile y Perú.

Así lo recuerda el diario El Tiempo de Colombia, uno de los países donde es más activamente buscado, y que se dice pudiese ser uno de los más probables destinos.

Guerrero cuenta con una circular roja de Interpol en 194 países, y se ha especulado que huyó a Colombia y luego posiblemente se estableció en Estados Unidos.

Sin embargo, no hay rastro y todo son especulaciones. “Eso lo debe responder el ministro del Interior, Remigio Ceballos”, dice Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) al ser consultado por dicho medio.

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Aunque el problema es que no es solo «El Niño Guerrero», son al menos ocho los jefes de bandas que operan desde las cárceles de quienes, después de la intervención del Estado, se desconoce su paradero.

Tras el desalojo de Tocorón, El Tren de Aragua sigue campeando.

La «razzia» a los penales venezolanos se inició precisamente con la intervención del centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, el 20 de septiembre de 2023, a lo que le siguieron otros seis penales del país.

Desde afuera se preguntan que si Tocorón era la cuna y el centro de operaciones del Tren de Aragua, ¿cómo es posible que no se halló armamento pesado o en grandes cantidades?

Misterio que sigue sin respuesta.

Efectivos adscritos a la Coordinación de Búsqueda y Captura de Organizaciones Criminales Estado Carabobo, capturaron un hombre que había escapado del Centro Penitenciario Tocorón.

El sujeto, identificado como A.G.S.L de 26 años, fue detenido en la urbanización Las Aguitas, parroquia y municipio Los Guayos, estado Carabobo, cuando se realizaba un proceso de investigación, según informó el director del CICOC, Douglas Rico.

El sujeto intentó burlas la justicia portando una cédula falsa bajo el nombre de Veliz González, Cesar David.

Tras las investigaciones, los efectivos lograron determinar que el documento de identidad era falso y al indagar sobre su identidad real y verificarlo en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), corroboraron sus antecedentes penales.

Según la data del el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), el sujeto se encontraba solicitado por homicidio por el tribunal 10º del estado Aragua; encontrándose evadido del Centro Penitenciario Tocorón, estado Aragua.

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El centro Penitenciario de Tocorón, ubicado en Aragua,  era uno de los más peligrosos del país de acuerdo con las autoridades venezolanas, el punto que el día de su intervención, el 20 de septiembre, se desplegó un operativo de al menos 11.000 funcionarios.

En este procedimiento hubo varios reclusos que se fugaron, entre ellos “Niño Guerrero”, líder de la Banda Criminal Tren de Aragua.

El desmantelamiento de las estructuras criminales en la cárcel de Tocorón, quedaron al descubierto las formas cómo operaba el Tren de Aragua, desde el centro penitenciario y también la forma de vida a lo interno.

En esta entrega de Venezuela sin Filtro, se presenta un análisis de la toma de la cárcel de Tocorón y muestra los momentos claves del operativo Gran Cacique Guaicaipuro.

Analistas cuestionan que el Niño Guerrero se empoderó durante 10 años desde Tocorón.

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Uno de los aspectos que destacan de esta intervención tienen que ver con Niño Guerrero, cuyo paradero es un acertijo, que mostró al mundo los lujos y el poder del que disfrutaba en Tocorón.

Tras la toma del penal se conocieron videos y fotografías donde se evidencian los lujos que había en el lugar, como una famosa discoteca llamada Tokyo, máquinas de bitcoin para minar dinero y hasta un zoológico con flamingos.

Los analistas consultados por Venezuela sin Filtro, entre ellos la investigadora Ronna Risquez aseguran que todos estos lujos no eran nuevo, pues en una visita que realizó la periodista observó lo que acaparó grandes titulares tras la actuación del gobierno.

Imágenes de piscinas, estadio de béisbol, canchas deportivas, restaurantes, tascas, discotecas, motocicletas, comercios y zoológico corroboraron lo que fue una denuncia de la periodista, mucho antes del desmantelamiento de las estructuras criminales en Tocorón.

Por su parte, familiares de los internos denuncian que no todos forman parte del Tren de Aragua y que fueron trasladados sin respuestas claras.  Además, denuncian que los cuerpos policiales hurtaron pertenencias de lo que allí se encontraba en Tocorón. “Los carros del gobierno salían cargados con todo lo que tenían ahí las cocinas, todos se lo llevaron.  Se robaron todo lo que las pertenencias de cada privado de libertad”, denunció.

Para ver Venezuela sin filtro, ingrese al canal de Youtube

Siguen capturando a delincuentes e integrantes de la mega banda Tren de Aragua, un mes y medio después de la toma del penal de Tocorón por parte de las autoridades de la administración de Nicolás Maduro.

Esta vez, la aprehensión la realizaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en una alcabala ubicada en La Cascada, municipio Monseñor José Vicente de Unda (Portuguesa).

El periodista Eligio Rojas informó que se trata de Freddy Ramón Acosta Blanco, alias El Joseito, quien es integrante del Tren de Aragua.

Este delincuente operaba desde la cárcel de Tocorón, y al momento de su captura se trasladaba en un vehículo de transporte público, según informe del Destacamento 312 de la Guardia Nacional Bolivariana.

Acosta Blanco estaba solicitado por el Juzgado Especial Nº 2 con competencia en Terrorismo.

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Hace más de un mes, efectivos y funcionarios policiales y militares venezolanos comenzaron una operación de liberación de penales de Venezuela que comenzó en Tocorón en el estado Aragua.

En ese momento, trasladaron a varios presos a otros penales, pero lo que más llamó la atención e la opinión pública fue la cantidad de fugados que se reportó en ese momento, incluida la del pran de ese recinto penitenciario, Héctor Guerrero, alias El Niño Guerrero, quien hasta el momento está desaparecido.

Hace más de una semana se reanudó estas intervenciones, primero fue el penal de Tocuyito y recientemente hicieron lo mismo en Puente Ayala.

La toma de ambos penales tuvo un punto en común con Tocorón, los considerados pranes de estos centros penitenciarios estaban en el sitio cuando comenzó la toma, por lo que muchos aseguran que fue una intervención negociada entre las autoridades y los líderes negativos de estas cárceles.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), ha orientado todas sus averiguaciones hacia un posible ajuste de cuentas, en el asesinato de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dentro de su casa, en la población de Tocorón, en el estado Aragua.

La policía científica abrió la averiguación después de conocer el fallecimiento de Alí Eduardo Olaizola Bolívar, quien la noche del sábado se encontraba franco de servicio en su hogar, el cual queda en la vía principal, casa número 21, justo al frente de una comisaria de la Policía del Estado Aragua.

El informe policial indica que pasadas las diez de la noche, tres sujetos habrían ingresado al hogar del funcionario policial y le efectuaron tres disparos, para luego huir del lugar.

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Vecinos y familiares ayudaron al agente policial y lo trasladaron hasta el Hospital central de Maracay, donde falleció este domingo.

Al parecer, existen suficientes indicios que indican que los asesinos entraron directamente a matar al funcionario policial.

De manera extraoficial, trascendió que en el hogar aparentemente no habría signos de violencia para ingresar a la casa.

El CICPC ha entrevistado a familiares, amigos y compañeros de la víctima, para tratar de saber si el funcionario policial había sido amenazado, si tenía algún tipo de problema.

Por otra parte, evalúan el entorno de su vivienda, ya que en Tocorón hay una especie de control ilegal por grupos de la delincuencia organizada como el Tren de Aragua.

Para la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, las administraciones de los últimos 20 años mejoraron el sistema carcelario del país, al punto de que, según su punto de vista, cuando ella dejó el despacho, casi 100% de las cárceles estaban pacificadas.

«No podemos nosotros desconocer lo que ha hecho el gobierno revolucionario en materia penitenciaria, aquí se creó un ministerio (…), no hay otro país en el mundo donde haya un ministerio que atienda a la población penitenciaria como lo hay aquí en Venezuela», dijo en una entrevista en Venevisión.

Aunque le preguntaron sobre lo que se encontró tras la toma de la cárcel de Tocorón, nunca respondió como es que en el recinto había desde discotecas hasta parque de diversiones.

«Tomar una cárcel no es sencillo, porque son seres humanos los que están allí. Eso tiene su tiempo, su método (…). Si alguien puede saber lo complicado que es tomar una cárcel, es la persona que le está hablando (…) tuve la responsabilidad de organizar el ministerio, tuve la responsabilidad de implementar un nuevo régimen penitenciario», sostuvo.

«Cuando yo llego, cuando el comandante Chávez me nombra ministra, bueno todas las cárceles eran de ese estilo pues, todos los informes de la toma una por una. Yo dejé 95 % de control penitenciario, de pacificación de las cárceles, todo eso se hizo, lo ha hecho el gobierno revolucionario (…) Yo creo que aquí hay más de uno que lo que apostaba era que allí se generara una masacre, pues no tuvieron la masacre, fue impecable en cuanto al respeto a la población penitenciaria, la forma cómo se organizó la toma», agregó.

Es más, asegura que «hay que felicitar al gobierno revolucionario, por haber derribado uno de los mitos que había aquí, con ese centro penitenciario en particular (…)».

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Igualmente, la interrogaron acerca de Niño Guerrero, el Tren de Aragua y las ramificaciones de esta megabanda por América Latina. Pero, Varela lo niega.

«Están tratando de hacer creer como que Venezuela ahora está exportando delincuencia y entonces hablan de que si esta banda criminal, que si el tren del llano, que si el tren de Aragua», explicó.

Argumenta que «cada país latinoamericano tiene bandas de delincuencia organizada (…) y tiene sus políticas criminales para hacer frente a eso; que vengan a cometer delitos en Colombia, o que vengan a cometer delitos en Perú, o que vengan a cometer delitos en Brasil, averígüese; porque ahí hay gobernantes, hay gobiernos en esos territorios. ¿Todo lo que pasa en esos países es culpa de Venezuela?, ¿es por una tal exportación de criminales de aquí? No, en lo absoluto», aseveró.

La exministra niega la exportación de delincuentes desde Venezuela y agrega una interrogante: «¿o es que esos gobiernos de esos países son incapaces de contener y ofrecer seguridad ciudadana a sus connacionales?».

Aquí cada uno tiene que buscar la manera de brindarle la seguridad a sus ciudadanos, cada gobierno, cada presidente, cada institución dedicada a eso, debe tener sus mecanismos, sus métodos para poder garantizarle la seguridad a sus ciudadanos (…). Venezuela pasó de ser el país que nunca la gente ni por aquí pensaba emigrar, a después tener una supuesta migración; pero esa migración es muy extraña, la migración venezolana, porque eso lo utilizaron políticamente para afectar al país (…)», enfatizó.

La intervención de la prisión de Tocorón por orden del gobierno de Nicolás Maduro dejó desmantelada la base de operaciones del Tren de Aragua, uno de los grupos criminales más temidos de Venezuela y América Latina.

El impacto aún se siente en los alrededores del penal. Ya no se ven decenas de mujeres cargadas de paquetes con alimentos y ropa para sus familiares presos. Tampoco niños que apuran a sus madres para llegar rápido a la piscina. Las ventas de cerveza y la mayoría de los comercios en el pueblo de Tocorón, en el estado Aragua, están cerrados.

Los kioscos y puestos de ladrillos frente a la cárcel, donde cobraban US$1 a los visitantes por guardarles los teléfonos móviles, se ven abandonados. Entretanto, continúa la demolición de las construcciones que estaban dentro de la cárcel.

Cuando el gobierno anunció la toma de la prisión de Tocorón no lo podía creer. Hace menos de un año había estado allí, porque quería conocer cómo era la prisión que servía de búnker al Tren de Aragua para completar el libro que estaba escribiendo sobre este grupo de crimen organizado cuyo poder se ha extendido en todo el continente.

Esto es lo que vi cuando entré a la casa del Niño Guerrero, líder de la banda y ahora uno de los hombres más buscados en América Latina.

“¿Es la primera vez que viene?», me preguntó Julio, el preso que me recibió aquel domingo y me mostró las instalaciones del emblemático Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón, o como le decían los presos: la Casa Grande.

Esta cárcel se construyó en 1982 en el pueblo de Tocorón, ubicado a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas. En principio,su superficie de 2,25 kilómetros cuadrados tenía capacidad para 750 presos, pero llegó a albergar más de 7.000 reclusos justo en los años del fortalecimiento y la expansión del Tren de Aragua, entre 2015 y 2018.

«¿Le hago el tour?”, insistió Julio, como si hacer el recorrido por las instalaciones de la prisión fuera una atracción imperdible. No tenía idea de lo que estaba por ver.

Mientras recorría el lugar llegué a dudar de lo que veía. Tocorón no era una cárcel cualquiera, era un parque temático. Algo similar a ese que recreaba el lejano oeste en Westworld, la teleserie distópica de HBO.

Piscinas, zoológico, canchas deportivas, pequeñas viviendas con techos de zinc, restaurantes, el estadio de béisbol, la gallera para las peleas, locales de expendio de drogas, motocicletas y armas de fuego… Todas las imágenes que circularon por redes el día de la toma hace unos días eran reales.

“Guerrero –dijo Julio, referiéndose a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, el pran o líder de Tocorón y del Tren de Aragua– siempre dice que no va a descansar hasta convertir esta cárcel en la urbanización Tocorón”, aseguró durante nuestra conversación en un espacio acondicionado para las visitas, con un televisor, sillas y mesas de madera.

En Venezuela, se le conoce como urbanización a las zonas residenciales, donde viven las clases medias y los ricos. Pero Tocorón más que una urbanización, estaba más cerca de ser una pequeña ciudad.

El penal contaba con una planta eléctrica gigante para contrarrestar las fallas en el suministro de energía que son comunes en Venezuela. Incluso disponía de su propia cuadrilla de técnicos (presos), uniformados con jeans y camisetas de color, que se encargaban del mantenimiento y la supervisión del sistema de electricidad de la cárcel.

“Los técnicos de aquí son tan buenos que de afuera los mandan a buscar y los llevan a hacer reparaciones cuando hay fallas de luz en los pueblos cercanos”, comentó Julio.

Esa obsesión de Guerrero por convertir Tocorón en una urbanización podría explicar la cantidad de construcciones e instalaciones recreativas que había en la prisión, así como el afán por el orden y la seguridad.

Todos los espacios de la prisión estaban custodiados por hombres armados con fusiles AR-15, AK-103, pistolas calibre 9 milímetros y escopetas. Estos vigilantes también eran presos y en el argot carcelario se les conoce como “gariteros”.

El zoológico, que daba hacia una gran montaña con mucha vegetación, era resguardado por dos gariteros para cuidar a los animales. Se decía que una serpiente de mucho valor para Guerrero se perdió y, desde entonces, el pran, como se donomina en Venezuela a los líderes carcelarios, se aseguró de que no volviera a pasar.

Las aves, los monos, las avestruces, los felinos, las gallinas, los caballos, los cerdos y el ganado, todos estaban en jaulas o espacios perfectamente adaptados para cada especie. Incluso tenían pequeños carteles o fichas que describían las características de cada uno.

En esa misma área estaba también la gallera, una impresionante construcción de concreto donde se organizaban peleas de gallos con apuestas. Al lado, un estadio de béisbol con grama artificial que había sido remodelado por el pran.

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Mi visita estuvo vigilada por dos hombres armados, con pistola y escopeta, desde un punto de control improvisado a tres metros de nosotros. Durante aquel recorrido me topé con hombres armados cada 100 metros, además de otros que se desplazaban en motocicletas de alta cilindrada.

Me encontré con locales para hacer apuestas en las carreras de caballo, y lo más llamativo fueron los comercios destinados exclusivamente a la venta de drogas: desde marihuana cripy pasando por cocaína hasta sustancias sintéticas.

A cada paso iba identificando lugares que desde 2016 había visto en fotos o video filtrados, o recreado con base en testimonios de personas conocidas. “Ahí está. Es la discoteca Tokio”, me dije cuando pasamos cerca del popular local, escenario de las famosas fiestas de Tocorón.

Logré identificarla con dificultad, porque la fachada estaba cubierta con una lona negra. Al salir de la prisión, un exmiembro de la organización me explicó que a mediados de 2022 los pranes habían recibido la orden del gobierno (sin precisar de dónde o de quién) de cerrar la discoteca al público. Era un tema de discreción, de no seguir llamando la atención, porque adentro las fiestas seguían.

Esta medida pudo ser quizás un indicador del comienzo del fin de Tocorón.

En ese momento, Guerrero también ordenó a sus aliados suspender las estafas en las ventas de vehículos que se hacían desde varias prisiones, a través de la página de Facebook Marketplace. El escándalo había escalado a distintos sectores de la sociedad y afectado incluso a varios funcionarios.

La conversación informal con Julio se produjo entre bocado y bocado de un pan tipo baguette que le llevé. No siempre tenía la posibilidad de comer pan y beber una gaseosa. Pocas veces recibía visitas.

Sin embargo, me contó que en Tocorón había presos en peores condiciones.

Los llamaban “varones”, “manchados” y “ovejas». Estaban en la última escala de los estratos sociales en la cárcel. Reclusos que no tienen familia o que rompieron alguna de las reglas impuestas por el pran.

Estaban confinados a ciertas áreas, de las cuales no pueden salir, y sin acceso a la piscinas, los restaurantes o la discoteca. Para ser identificados debían vestir con camisas de manga larga con estampados de cuadros o rayas y usar corbata. Muchos de estos hombres se veían famélicos y se desplazan como zombies.

“Esto es para millonarios. Esta cárcel es para millonarios. Aquí todo es plata», advirtió Julio, con un gesto de resignación. «Todos tenemos que pagar US$15 de causa (importe que la población penal cancela al pran para permanecer en la prisión sin recibir castigos corporales) a la semana”.

Los presos también debían pagar por las llamadas telefónicas. Las tarifas eran variadas: US$20 por el alquiler de un espacio individual para dormir de 2×2 metros, US$30 para que sus parejas pudieran quedarse el fin de semana, entre otras.

Me llamó la atención que dentro de la cárcel existían comercios con calcomanías de Balenciaga, Gucci o Nike en sus vidrieras. Lo que daba idea de la cantidad de dinero que se movía dentro del penal.

Lo que no pude ver en la prisión fueron las viviendas de los pranes, porque estaban en un área a la que solo podían ingresar las personas del entorno de los jefes del Tren de Aragua. Supe que allí también había piscinas y asadores de carne construidos para los líderes.

Aquel mundo ha quedado desmantalado tras la intervención del gobierno, en la que participaron 11.000 agentes.

“Hemos descubierto una gran cantidad de espacios inadecuados para el funcionamiento de este tipo de instalación”, afirmó el ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, el almirante Remigio Ceballos, quien comandó la toma militar de la cárcel.

Hoy el destino de Julio es desconocido, al igual que el de decenas de presos de Tocorón y el del pran, el Niño Guerrero, que está en búsqueda y captura.

La toma de la prisión constituyó un duro golpe a la organización criminal. Pero no está claro si es el fin de la megabanda que desde esta cárcel de Venezuela expandió sus actividades delictivas a Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, y posiblemente Estados Unidos.

Tomado de BBC Mundo / Autora: Ronna Rísquez

Uno de los luceros que se fugaron del Centro Penitenciario de Tocorón, identificado como Rainier Pastor Rodríguez Bravo, fue abatido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC).

A través de las redes sociales, el director general del CICPC, Douglas Rico, informó que luego de labores de investigación, los efectivos, en un procedimiento realizado en El triángulo, La Bandera, neutralizaron a Rainier Rodríguez Bravo.

#3Oct ? ¡ABATIDO EL SEGUNDO AL MANDO EN TOCORÓN!Rainer Pastor Rodríguez Bravo, considerado el segundo hombre en la jerarquía delictiva de Tocorón, murió hace pocos momentos en un enfrentamiento armado con funcionarios del CICPC en un sector de La Bandera?: @S_GutierrezVV pic.twitter.com/yjlfsHpple

Se trata de la caída del segundo hombre de importancia delictiva en Tocorón, de acuerdo a la información que maneja nuestro compañero Santiago Gutiérrez.

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Según explica Rico, la caída de Rodríguez Bravo se produjo luego “este al notar la presencia policial optó por resistirse a su captura y a dar inicio un intercambio de disparos en el que resultó lesionado».

Posteriormente, fue trasladado al hospital periférico de Coche, donde falleció.

Cabe destacar que Rodríguez Bravo era uno de los luceros de Tocorón, y tenía un amplio prontuario policial. Luego de la toma del penal de Tocorón este sujeto se fugó

Tras la toma y destrucción de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, los delincuentes fugados del penal, principalmente Héctor «Niño» Guerrero y Santanita, son los más buscados, sobre todo en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Por ello, las autoridades de ambas naciones mantienen encendidas las alarmas ante este hecho e incluso, han capturado a sujetos pertenecientes al Tren de Aragua, en la zona.

El gobernador del Táchira, Freddy Bernal asegura que «el operativo de recaptura» de la mayoría de los fugados «ha sido eficiente».

Para conocer más sobre esta y otras informaciones te invitamos ver nuestro canal de YouTube.

Tres mujeres que pertenecían a una organización criminal denominada Wilmer Guayabal, fueron detenidas con todo un arsenal de guerra, en el municipio Zamora del estado Aragua.

El procedimiento lo llevó a cabo la Guardia Nacional Bolivariana, después de que se recibiera una denuncia en donde indicaban que en la zona boscosa del municipio Zamora agricultores de la zona vieron a grupos de hombres deambulando por el sector, después que se conociera la noticia de la fuga de reos de la cárcel de Tocorón.

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La GNB realizó un operativo especial en horas de la noche del martes, cuando durante la razzia dieron con las tres mujeres identificadas como: Oralis Yoeri Llovera Monteverde, Kimberly Karina García y Yurani Victoría Herrera.

A las mujeres les incautaron varias libras de explosivo C-4, más de 150 municiones 7.65 mm para Fusil Automático Liviano (FAL). Unas 60 municiones de 5.56 mm para fusil AR-15, chalecos antibalas, equipos de comunicaciones y cargadores de fusiles.

A una semana exacta de que ocurrió el desmantelamiento en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, son muchos los testimonios y relatos de familiares de reclusos, periodistas y hasta mujeres que hacían una vida dentro de ese recinto.

Parece surreal, que las personas prefieran vivir en una prisión a disfrutar de la libertad plena, pero esta era la vida que escogieron muchos de los familiares de presos que cumplían condena dentro de este recinto que era comandado por pranes, entre ellos Héctor Guerrero alias “El niño Guerrero”, cabecilla del Tren de Aragua.

Pero es que como no, si este centro penitenciario, que era comandado por presos, en vez de por autoridades, contaba con una serie de excentricidades que le permitía a estas personas “disfrutar de lo mejor” en un mismo lugar.

Entre lo que resalta es un restaurante que tiene rotulado en las paredes: “Steak House. Enjoy». Queda al lado de la piscina, una doble pileta circular cruzada por un pequeño puente, desde allí se aprecia un parque infantil, en donde se presuma, los niños de los reclusos disfrutaban, mientras compartían a la vez con sus padres privados de libertad.

«La vida era más agradable y segura en la prisión que en la calle», dijo a la agencia de noticias AFP bajo condición de anonimato la esposa de un exrecluso, ahora trasladado a otro centro penal. 

Las autoridades llevaron a cabo el sábado una visita al lugar guiada para la prensa, muy supervisada y muy parcial.

Sin embargo, los periodistas no tuvieron acceso a los túneles por donde se fugaron varios reclusos, ni tampoco al zoológico, en donde había flamencos rosas, sin dudarlo, una de las áreas que más impresionó a quienes siguieron la noticia desde redes sociales.

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Rubeles Mejías, de 25 años y pareja de un recluso condenado a 13 años de prisión por homicidio, vivió 7 meses en la prisión. Sólo la dejó cuando su hija de 4 años tuvo que ir a la escuela.

Su «hombre», con quien se casaría dentro de 15 días, es uno de los «bautizados». En la prisión, estos cristianos que vestían de blanco formaban una casta aparte a la que los «malandros» -hampones- no molestaban.

«Había tranquilidad, había una piscina, un zoológico», explicó esta joven peluquera el miércoles pasado a las puertas del penal y contó que el reo trabajaba en una pequeña tienda allí y le enviaba dinero para sortear la dura crisis venezolana. «Él es quien me ayuda».

No obstante, no todos eran testimonios de tranquilidad. Luego de esta operación, reinó la incertidumbre para muchas de las familias que tenían a sus parientes cumpliendo condena en Tocorón.

Claribel Rojas llora. Busca a su hermano, reseñó AFP. Mientras que Nesbelis Mavares intenta encontrar a su pareja, condenado por feminicidio. 

«El último mensaje que recibí fue una nota de voz el miércoles que decía: ‘Te amo. Dios te bendiga'», relata. «Son presos, pero no animales. Un guardia nos dijo ‘busquen en la morgue o busquen un muerto en los cerros'».

Este miércoles, se conoció que atraparon a dos delincuentes, considerados cabecillas de la banda criminal AK-47, aliada del Tren de Aragua en Colombia.

De acuerdo con información del periodista Eligio Rojas, los sujetos atrapados identificados como Jhoswar Saul (el «Saúl» ó «s») Hernández Sanabria (26a) y de Luis Felipe Colmenares Mujica, alias Pipe (24a), aparecen en la lista de los 10 más buscados en Cúcuta, Colombia.

El periodista detalló en su cuenta de X, antiguamente Twitter que ambos estaban resguardados en el penal de Tocorón, estado Aragua, y huyeron previo a que comenzara la “operación” de los funcionarios policiales y militares para liberar el centro penitenciario.

#Tocorón Atención: Junto a El Saúl, también detuvieron a su lugarteniente Luis Felipe Colmenares Mojica (Pipe); ambos aparecen en la lista de los 10 más buscados en Cúcuta, Colombia. Estaban resguardados en Tocorón y huyeron el martes pasado por los túneles de esa cárcel pic.twitter.com/tmzxkhT61d

Por su parte, el periodista Román Camacho, detalló que estos sujetos tenían alerta azul de Interpol desde septiembre de 2022, por los delitos de Tráfico y fabricación de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, porte de arma de fuego y homicidios.

Justo a estos supuestos criminales también detuvieron a José Manuel Pérez Vargas (29A), Eusanis Crisbelis Cedeño Bolivar (23A). Todos se estaban resguardando en el sector Garriobal del estado Carabobo.

“Se les incautó un arma de fuego tipo pistola, varias municiones de diferentes calibres, cinco Panelas de marihuana, dos teléfonos celulares y un vehículo tipo carro con el que se desplazaban”, detalló Camacho, también en su cuenta en X.

Además, aseveró que estos delincuentes se resguardaban en el penal de Aragua, luego de que huyeran de Colombia tras presuntamente cometer más de 30 sicariatos en Colombia.

Informó, que presuntamente, alias “La S”, estuvo involucrado en la masacre de los músicos en Pueblo Nuevo, Cúcuta (frontera con Táchira) en agosto de 2022. También, se le acusa de tener responsabilidad en la granada que se lanzó a las oficinas de la empresa radiotaxi El Conde, en Cundinamarca, en marzo de este año.

En otro de los terribles criminales que también se le atribuyen fue, la explosión en una peluquería en el barrio El Callejón, en Cúcuta, también en marzo de este año, otra explosión en abril, en el parque Mercedes, en la misma entidad, entre otros atentados sanguinarios.