Lo negaron durante años, hasta que comenzaron las excarcelaciones masivas de presos políticos y, en las últimas horas,, han comenzado a aflorar los testimonios de las torturas que se cometen en los centros de reclusión en Venezuela, principalmente en la sede del Sebin, en El Helicoide, que, según Delcy Rodríguez, será cerrado.

Extraoficialmente, se supo que una de las instrucciones que trae la jefa de misiones del presidente Donald Trump, Laura Dogu, es precisamente el desmontaje de ese mecanismo de violación de los DD. HH. y la aceleración de las excarcelaciones.

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Diversos actores de la oposición venezolana, así como organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos y otras personalidades, han reaccionado ante la detención de Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano.

Una de las primeras en reaccionar fue la candidata presidencial por la oposición, María Corina Machado, quien ha catalogado la acción de la administración de Nicolás Maduro, como una «arremetida represiva».

#11Feb? Amnistía Internacional pide "la libertad inmediata e incondicional" de Rocío San MiguelEl movimiento global se une "a los llamados para el respeto a sus derechos, a la medida cautelar de la CIDH, así como acceso a abogados y familiares".https://t.co/05Td0xf6v1

«Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa. Fue detenida Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano. Llamamos a la solidaridad nacional e internacional con ella y con todos los presos y perseguidos políticos en Venezuela», dijo en su cuenta en la red social X Machado.

La ONG PROVEA denunció de manera directa la detención de Rocío San Miguel, mientras que otras organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, se anexaron a la denuncia y comenzaron con acciones para tratar de dar con el paradero de la activista de Derechos Humanos.

Alertamos al mundo que la arremetida represiva del régimen de Maduro continúa. Fue detenida Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano.Llamamos a la solidaridad nacional e internacional con ella y con todos los presos y… https://t.co/FUhANaqxWT

Vale destacar que sobre Rocío San Miguel hay una medida cautelar de protección emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La abogado de profesión, es también experta en temas de seguridad nacional y militar.

Diversas fuentes confirman la detención de la defensora de DDHH y Pdte de la ONH Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Fue presuntamente apresada el día viernes 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía donde se encontraba con su hija. A esta hora, se desconoce su paradero, lo… pic.twitter.com/8Dl39WTbbf

San Miguel ha sido una dura crítica del chavismo.

Confirmada la detención de la activista y defensora de #DDHH Rocío San Miguel. Consecuentes con nuestro mandato exigimos su inmediata libertad y denunciamos que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos

Algunos medios indican que la detención de la activista podría estar relacionada a las recientes denuncias de magnicidio y desestabilización que hiciera Nicolás Maduro.

Se desconoce el paradero actual de la abogado, después de que fuese detenida supuestamente la noche del viernes, en el aeropuerto internacional de Maiquetía.

#11Feb 9:30A.M. Aún no se conoce el paradero de la defensora de DDHH @rociosanmiguel, detenida el pasado viernes 9 de febrero cuando se disponía a salir del país. Las autoridades están obligadas a permitirle comunicarse con su familia y abogados y a informar dónde se encuentra.

Según PROVEA, San Miguel iba a abordar un vuelo junto a su hija, cuando fue detenida.

Algunos medios han manifestado que la detenida estaría en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y habría sido trasladada a la sede de la policía política en Plaza Venezuela.

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Otros han indicado que sería la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), la encargada de la detención y habría sido llevada a su sede en Boleita, también en Caracas.

Lo cierto es que hasta los momentos la administración de Nicolás Maduro no se ha pronunciado al respecto.

Una macabra forma de tortura fue revelada por la Policía Metropolitana de Bogotá, por parte de una banda denominada Los Lobos y que estaba al servicio del terrible «Satanás».

Caracol dio a conocer, en exclusiva, que las autoridades siguieron a Los Lobos durante dos meses. hasta que descubrieron una vivienda en el sur de Bogotá donde sometían a sus víctimas de extorsión.

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“En esta casa generaban las acciones, los negocios para perfilar estas acciones y le daban tareas a cada uno de ellos. Uno llegaba a torturar, el que amenazaba con armas de fuego, pero también les generaban unas torturas con un bate”, reveló el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, declaraciones hechas publicas por Caracol.

Los bates estaban cubiertos de puntillas y alambre de púas para generar “con esto una violencia extrema contra las personas”.

Los criminales al servicio de Satanás “graban y les muestran el video a las futuras empresas o personas que vayan a extorsionar para generar el terrorismo y miedo, y se sientan obligados a pagar”.

Videos que buscan sensibilizar acerca de la tortura a los presos políticos en Venezuela serán expuestos en las pantallas de Times Square, en Nueva York, la próxima semana mientras en la ciudad se desarrolle una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas.

Abajo de esas pantallas, en la calle por donde a diario circulan cientos de miles de personas de todas las nacionalidades, manifestantes venezolanos tendrán disponibles, para quienes quieran usarlos por cinco minutos, unos 15 cascos de realidad virtual con una experiencia inmersiva en El Helicoide, uno de los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

?️ EN EL TIME SQUARE: proyectarán torturas a presos políticos en VenezuelaEste #19Sep mostrarán las imágenes en las pantallas de Nueva York para sensibilizar a quienes hacen vida en la ciudad sobre las denuncias contra la administración de Nicolás Maduro.?: @HelicoidReality pic.twitter.com/bvCjfz42n3

Esa experiencia de realidad virtual, denominada «Realidad Helicoide«, elaborada por la organización Voces de la Memoria, ha sido presentada tanto en foros de Estados Unidos como en Europa, recuerda el portal Infobae.

La acción en Times Square se realizará el próximo martes 19, a las 18.00 hora local. Los manifestantes se congregarán en la 1570 Broadway Nueva York, con la consigna de exigir el cierre de los centros de tortura y la liberación de los presos políticos en Venezuela y en toda la región. También habrá manifestantes nicaragüenses y cubanos que piden que también se termine con la tortura en sus países, según explicaron los organizadores.

“Decidimos escoger como escenario Nueva York y Times Square porque es de los lugares de mayor trafico de todo Estados Unidos y en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se reúnen mandatarios de todo el mundo a discutir asuntos de interés global”, dijo a Infobae Génesis Dávila, presidenta de Defiende Venezuela, una organización dedicada a presentar casos de violaciones de los Derechos Humanos ocurridos en Venezuela ante organismos internacionales y que es una de los movimientos que convoca a esta manifestación.

La organización Voces de la Memoria, liderada por el periodista y expreso político Víctor Navarro, creó esta experiencia de realidad virtual para poder mostrar a los usuarios al menos una pequeña parte de lo que les tocó vivir y sentir a los presos políticos que han sido torturados en El Helicoide.

Navarro fue detenido el 24 de enero de 2018 por el Sebin. 

Este recorrido virtual ha sido llevado a 17 países, incluso a personalidades que integran la Corte Penal Internacional.

Con información de Infobae y AFP

Dirigentes sindicales y sociales convocaron a una movilización nacional en las fiscalías de Venezuela para el próximo 13 de septiembre. La movilización, bajo el lema “No más tortura. Justicia y libertad”, busca exigir investigaciones sobre denuncias de torturas contra el estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) anunció en su cuenta de X que se concentrarán con este motivo el miércoles, a las 10:00 de la mañana, frente a la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, en el centro de Caracas.

John Álvarez fue víctima de desaparición forzada, detención arbitraria y víctima de torturas, recuerdan.

El vocero de la invitación fue el periodista y activista Carlos Julio Rojas.

Instaron a que la Comisión Nacional de la Tortura y el fiscal general Tarek William Saab investiguen los hechos. 

«Ya no nos calamos más, que nos tomen fotos, que nos persigan, que torturen y las detenciones arbitrarias. ¡Basta ya!», expresó.

“No más tortura. Justicia y libertad”Dirigentes sindicales y sociales convocan a movilización nacional en las Fiscalías de Venezuela.Exigiendo investigaciones contra denuncias de torturas del estudiante de la UCV de 24 años, John Álvarez.Caracas Miércoles #13Sep 10AMSede… pic.twitter.com/D3rghWAblS

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El estudiante fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 30 de agosto de 2023, sin orden judicial, y presentado ante el Tribunal 13º de Terrorismo, acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

A Álvarez se le vincula con los seis sindicalistas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) detenidos previamente y condenados a 16 años de prisión por conspiración.

Familiares y compañeros estudiantes han realizado una serie de protestas exigiendo la liberación inmediata y el resguardo de su integridad, ya que temen por su salud y vida en el centro donde está recluido.

Wendelin Peña, madre del estudiante John Álvarez, acudió a la Defensoría del Pueblo para denunciar las presuntas torturas en contra de su hijo.

«Estoy acá en la Defensoría del Pueblo para entregarle este documento al Defensor del Pueblo y pedirle que ejerza su poder», manifestó. 

Contó que en su primera visita John le contó sobre los maltratos a los que lo habían sometido. «Me confesó la primera vez que logré verlo, fuera del sitio donde lo tenían, que si lo habían torturado. Le propinaron golpes muy inteligentes y le colocaron electricidad«, indicó.

Además alertó que su hijo tiene condiciones de salud delicadas. “En años anteriores mi hijo perdió un testículo y tuvo una operación”, recordó.

«Si él está acá es para respaldar que no haya tortura y hoy habló en nombre de John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela», declaró a la prensa.

#6Sep ?️ LE CONFESÓ QUE FUE TORTURADOLa madre de John Álvarez, estudiante de la UCV detenido y torturado a manos de presuntos funcionarios de la PNB, consigna un documento ante la Defensoría del Pueblo y alerta que su hijo tiene condiciones de salud delicadas“En años… pic.twitter.com/n5iUpBovuI

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El abogado, Joel García, quien acompañó a la denunciante, detalló que Álvarez tenía una presunta orden de aprehensión desde 2022 y durante la audiencia lo vincularon con delitos de conspiración y por estar supuestamente relacionado con los seis sindicalistas condenados a 16 años.

El estudiante fue privado de libertad la noche del lunes. Funcionarios de organismos de seguridad del Estado lo detuvieron por estar presuntamente relacionado con los seis sindicalistas sentenciados recientemente a más de 16 años de cárcel, por conspiración.

La información la dio a conocer el abogado Joel García.

Recientemente, el director del Cuerpo De Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, anunció que detuvieron a José Alberto Pinto (39) alias “El Barquilla” en Guárico por robos en fincas y torturas a sus dueños.

El hecho ocurrió, específicamente en el municipio Zaraza de la entidad, luego de que una comisión policial efectuó las investigaciones de campo, experticias y entrevistas a víctimas de este delincuente.

Asimismo, determinaron que alias “El Barquilla”, en compañía de otro antisocial apodado “El Diablo”, quien actualmente está en fuga.

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Una publicación compartida de Douglas Rico (@douglasricovzla)

De acuerdo con el reporte de Rico, los funcionarios ingresaron violentamente a las propiedades del Caserío Las Bocas, donde amedrentaban a los propietarios, a quienes torturaban con un martillo y una tenaza, amenazándolos de muerte si se resistían al robo; logrando apoderarse de objetos de valor, los cuales comercializaban a terceras personas para su beneficio económico.

Por este hecho se recuperó una moto sierra y se colectaron como evidencias un martillo y una tenaza. Quedando el caso a disposición de la Fiscalía 11° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico.

En la ciudad de Caracas habría por lo menos dos centros clandestinos, en donde médicos forenses se dedican a hacer autopsias clandestinas, en donde no se reflejan las torturas a las que son sometidos ciudadanos detenidos por la administración de Nicolás Maduro.

Así lo dieron a conocer en rueda de prensa los miembros de la Organización No Gubernamental, Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, organización que indica que en 100% de los casos, los forenses no emiten informes veraces, que reflejen la verdadera situación de salud de quienes denuncian haber sido torturados.

¿Autopsias clandestinas? Según información que obtuvo la @Coalicion_ddhh en Caracas habría un par de centros clandestinos dónde se realizarían autopsias, para presuntamente no reflejar en los informes las #Torturas que sufrió determinada persona.@ImpactoVE? pic.twitter.com/406jK8MS5t

Ana Leonor Acosta, directora de la ONG, manifiesta que la Comisión Nacional Contra la Tortura en Venezuela, debe hacer una evaluación minuciosa en torno a estos hechos, que quedaron plasmados en el reciente informe de dicha ONG.

Kelvi Zambrano, miembro de la coalición, indica que a los familiares de las víctimas se les han colocado obstáculos para poder denunciar los casos de torturas. «Esto ha traído como consecuencia que en muchas oportunidades los familiares no puedan denunciar, porque los funcionarios encargados de recibir las denuncias, o no las reciben, o desconocen la legislación en esta materia», dice Zambrano.

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«Pudimos apreciar y evidenciar, que existe un gran desconocimiento por parte de los funcionarios en relación a la ley especial que regula la aprehensión en cuanto a la tortura y desconocen también la normativa internacional», explica Zambrano.

«Del 100% de los casos denunciados, solamente el 30% ha sido contestado. Y la respuesta que nos han dado fundamentalmente es pidiéndonos información para poder ampliar las denuncias. Hemos insistido en casos que venimos denunciando desde el año 2019», según Zambrano, hasta este 27Jun no han recibido respuesta de parte de la administración de Nicolás Maduro.

Varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos denunciaron la persistencia de la tortura en los centros de detención donde hay presos políticos.

«En 2021, registramos 241 denuncias de torturas. Eso fue un aumento de 148,4 % respecto al número de víctimas reportadas en 2020», recordó en Twitter la ONG Provea.

Las ONG recordaron así el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

En 44,3% del total de casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes registrados en 2021 los afectados denunciaron haber sido expuestos a desnudez colectiva como mecanismo de intimidación, mientras que otros dijeron haber recibido amenazas de violación por parte de los agentes de la fuerza pública.

El aumento de las técnicas de abuso basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación, señala la ONG.

Asimismo, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia publicó varios mensajes para remarcar la prohibición, vigente en el país, para establecer «penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».

«Seguimos alzando la voz por cada preso político torturado y por aquellos que murieron estando bajo la custodia del Estado», apuntó la ONG.

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Según Provea, el CICPC, fue señalado como responsable en 155 casos de tortura –con igual número de víctimas– para alcanzar 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.

En 2019, el CICPC fue señalado como responsable de torturar a 259 personas; es decir, 45% del total de víctimas registradas ese año.

El CICPC también encabezó el listado de denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes con 216 víctimas (44,17%), 200 de ellas personas privadas de libertad en la sede del organismo ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda.

Estas personas habrían sido sometidas a fuertes golpizas y obligadas a desnudarse, luego que realizaran una protesta reclamando alimentos.

En Miranda se registró la mayor cantidad de víctimas de torturas, concentradas en su mayoría en la sede de la División Nacional contra la Extorsión y el Secuestro del CICPC, ubicada en El Hatillo, y en la sede principal de la DGCIM, en Boleíta.

En estos dos recintos –el primero de carácter policial civil y el segundo, militar– se han denunciado al menos 441 casos de tortura entre enero de 2018 y diciembre de 2021, un alarmante 43,19% del total de casos registrados a nivel nacional durante ese período.

Por su parte, los partidos políticos La Causa R y Voluntad Popular (VP) emitieron breves pronunciamientos para condenar que este flagelo siga vigente.

Recordaron que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió formalmente una investigación al país en 2021 por crímenes de lesa humanidad, entre los cuales se destaca la tortura.

«En Venezuela está evidenciada, en numerosos informes, la práctica de la tortura contra detenidos. Consta en los recaudos de la comisión de DDHH de la ONU y en denuncias interpuestas ante la CPI (…) seguiremos alzando la voz para que los crímenes del régimen no queden impunes», señaló VP.

La Defensoría del Pueblo celebró esta semana una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, pero no dio detalles sobre casos relacionados con este delito en el país.

La CPI publicó un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad de Venezuela, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.

#26Jun Día Internacional contra la Tortura En 2021, registramos 241 denuncias de torturas. Eso fue un aumento de 148,4% respecto al número de víctimas reportadas en 2020.Es la segunda cifra más alta que hemos registrado en los últimos 33 años https://t.co/yMTJJGGCx3

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció recientemente que no se presentará a un nuevo mandato, que asumió en 2018 y que concluirá en breve.

Por lo tanto, Michelle Bachelet deberá abandonar en septiembre el cargo que desempeña desde hace cuatro años.

Pero ya tiene listo un nuevo informe sobre Venezuela que será presentado por la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, donde se recoge que en el país se registraron nuevos casos de tortura.

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El nuevo documento recoge que desde 1 de mayo de 2021hasta el 30 de abril de 2022 siguen los casos de torturas y detenciones arbitrarias aunque asegura que existe una disminución en las ejecuciones extrajudiciales

Asimismo registran la detención de al menos 13 personas, incluidas dos mujeres durante operaciones de seguridad en Caracas, Táchira y Apure.

También están documentados 35 casos de violaciones de derechos a la libertad y que al menos 22 personas seguían con medidas coercitivas.

Asimismo, reiteran su preocupación por las condiciones de detención en el Sebin y la Dgcim.

El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo miércoles 29 de junio.

La salida de Bachelet de su puesto como Alta Comisionada obliga al secretario general de la ONU, António Guterres, a proponer a una persona como sustituta.

El nombramiento requiere del visto bueno de la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembro de Naciones Unidas.

La oficina, que echó a andar a mediados de los noventa, se rige por un criterio de reparto geográfico, y, al contrario que otros cargos de la ONU, ha tenido a lo largo de su historia más mujeres que hombres -cuatro frente a tres-.

Antes que Bachelet ejercieron como altos comisionados el jordano Zeid Raad al Hussein, la sudafricana Navy Pillay y la canadiense Louise Arbor, entre otros.

Las medidas adoptadas por Nicolás Maduro, en el marco de la pandemia acentuaron los mecanismos de control territorial y dominación poblacional. La ONG Provea denunció que, además de esto, durante la permanencia de Maduro en el poder, desde el 2013, los organismos de seguridad del Estado han ocasionado la muerte de 76 personas, a causa de la tortura.

En un informe publicado por la ONG, se hace un resumen de lo ocurrido en el país, a consecuencia de las medidas aplicadas por Maduro, desde que llegó la COVID-19 a Venezuela.

«Ninguna de las decisiones dictadas por el Ejecutivo en 2020, incorporó una visión civilista y científica respecto a la pandemia. Por el contrario, la lógica empleada por las autoridades respondió a la tradicional mirada militarista. La misma se basa en la agotada doctrina de seguridad nacional», destaca el escrito.

«Entre enero y diciembre de 2020, Provea registró 285 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal, con un saldo de 2.727 víctimas», agrega.

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Por ello, «las graves violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo, obligan a los órganos internacionales a afianzar el monitoreo e investigación en el país».

Es así como, en el 2020, «por primera vez, una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU se instaló en Venezuela. Por primera vez, la Corte Penal Internacional dijo que podría pasar a fase de juicio a funcionarios» de Maduro «por la comisión de crímenes contra la humanidad».

Destaca el documento que «la Oficina de la Alta Comisionado para los DD.HH. de la ONU insistió en la existencia de un patrón generalizado y sistemático dirigido a aplastar la disidencia y el descontento social».

Para esa instancia, «las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado». La misma está «dirigida a promover, tolerar y encubrir los abusos mediante prácticas para causar terror en la población».

Recuerda que «a comienzos de año, diversos mecanismos de la ONU advirtieron sobre los peligros de exacerbar las medidas de control de Estado». Se refería a las medidas de los gobernantes «para mitigar los efectos de la pandemia».

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En 2020 las violaciones al derecho a la integridad personal tuvieron dos focos. Uno es el aumento de las amenazas y el otro, los tratos crueles contra personas privadas de libertad.  

La directiva de Sidor encabezó la lista de violaciones a la integridad personal, con 1.000 amenazas y hostigamiento contra sus trabajadores. Esto representan 36,6% del total registrado en 2020. «Los mandos de la acería mostraron su consonancia con la política oficial: amenazar y hostigar para evitar los reclamos laborales», dice el informe.

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios (MPPAP) ocupó el segundo lugar con 308 víctimas. «A todas esas personas, las autoridades las obligaron a padecer hambre, a sufrimientos derivados de enfermedades. Esto, sin contar con atención médica, y a condiciones de insalubridad que constituyen tratos crueles».

Provea indica que 858 personas fueron víctimas de tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante el año 2020. «Este es el segundo registro más alto de víctimas por este sub-patrón en los ocho años de mandato de Nicolás Maduro. Solo los superan las 970 personas afectadas durante el año 2018».

Asimismo, hubo «59 denuncias involucran a 14 corporaciones de seguridad. Además de cuatro entes de la administración pública central y descentralizada. Y tambien a agrupaciones paramilitares están implicadas en el delito contra la integridad personal».

En este caso, el ministerio para Asuntos Penitenciarios, bajo el mando de Iris Varela, encabezó el listado de casos con 308 víctimas (35,8%).

«Todos los afectados son personas privadas de libertad que se encontraban recluidas en centros penitenciarios. Las sometieron a recurrentes episodios de negación de alimentos y falta de atención médica. Tuvieron precarias condiciones de detención que lesionaron sus derechos a la vida y a la integridad personal», destaca.

Alerta que «la situación de abandono de la población reclusa en Venezuela constituye una práctica de trato cruel, inhumano y degradante. La misma está ocasionando muertes en los recintos carcelarios».

Y añade que «a la cotidiana exposición a la violencia física de miles de jóvenes pobres venezolanos en las cárceles del país, se suma la revictimización. La misma se genera por el sometimiento al hambre y la ausencia de servicios y tratamientos de salud».

Aclara Provea que la Corte IDH señala que el concepto de tortura y tratos o penas crueles no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica. Uncluye también las condiciones de detención que no respetan la dignidad humana. Y esto es consecuencia del «hacinamiento, malas condiciones de reclusión, sanciones disciplinarias abusivas y falta de atención médica».

Lamenta que «durante 2020, las frágiles condiciones de vida de las personas privadas de libertad y bajo custodia del Estado, se resintieron, aún más. Los acostumbrados obstáculos para acceder a las atenciones básicas, «se exacerbaron por las medidas oficiales para contener el avance del virus».

Pore ello, en el 2020 » 97 personas murieron en las cárceles venezolanas a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes».

Asimismo, «otras tres personas murieron en similares condiciones, por hambre y enfermedades. Esto pasó «en los calabozos del CICPC y de la Policía del estado Zulia. Otras 57 personas murieron a consecuencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes en 2019. Para el 2020, se registró un aumento de 70,17%.

Desde que asumió el poder en 2013, Maduro acumula 36.842 víctimas de violaciones a la integridad personal, 85,8% más que el total de víctimas registradas por Provea entre los años 1990 y 2012.

El sargento de la GNB retirado, Yesim Linárez, se quitó la vida en la celda del Destacamento 121 de Barquisimeto, estado Lara, donde permanecía preso luego de ser denunciado por tortura y maltrato.

#29Jul ATENCIÓN ?A las 8pm encontraron muerto a Yesim Linarez, el sargento de la GNB retirado que torturó salvajemente a un joven. Ocurrió en los calabozos del destacamento 121 de la GN en Barquisimeto El reporte policial indica que se ahorcó con una sabana en la celda ? pic.twitter.com/hR2aAvi6mw

Según el parte policial, pasada las 8:00 de la noche de este jueves, a Linárez lo encontraron colgado de los barrotes del techo con una sábana que amarró a su cuello.

El sargento retirado estaba denunciado por el joven Hernis Rivero, a quien golpeó, torturó y grabó el hecho que publicó en las redes sociales.

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«Me monté en el vehículo, le pregunté para dónde íbamos y él me dice que para allí, me monté confiado porque él nos despacha mercancía», explicó Rivero.

El ex sargento llevó a Hernis al Barrio Cruz Alta, lo metió en una vivienda y lo golpeó y torturó, alegando que estaba metido en un robo y él era un sospecho.

El hecho ocurrió el pasado 22 de julio en Siquisique, municipio Urdaneta, según reseñó La Prensa de Lara.

La esposa de Linárez, Luz Celeste Carrera permanece detenida por averiguaciones y complicidad.

El pasado miércoles en la noche, el fiscal de Nicolás Maduro Tarek William Saab, detalló que a la pareja se le imputaban los delitos de: tortura, privación ilegítima de libertad.

Además, uso de niño para delinquir, apología al delito y agavillamiento.

El director para las Américas de la ONG Human Right Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que en Venezuela se están protegiendo los intereses de Iván Márquez e inventando teorías conspirativas para desviar la atención.

En una entrevista para Caracol Radio resaltó la violación de los derechos humanos que se están presentando en Apure.

Aseveró que desde hace más de un mes se registran ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.

Vivanco advirtió que ante esta situación, la administración de Nicolás Maduro promueve una intervención en Venezuela.

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«Esta es la muletilla de siempre en Venezuela, inventar teorías conspirativas, anunciar el apocalipsis, echarle la culpa del sufrimiento en Venezuela a otros menos al mismo gobierno», manifestó.

El director aseguró que en Venezuela se están protegiendo los intereses de Maduro e Iván Marquez.

Por lo que afirmó que por esa situación «el ELN camina por sus anchas en Apure».

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, aseguró que funcionarios de la FANB en su ofensiva ejecutó a campesinos y civiles.

También denunció que durante estos enfrentamientos se cometieron torturas contra personas acusadas de colaborar con grupos armados.

«Los matan porque primero es algo que saben hacer, cuando llegan a Apure disparan a diestra y siniestra», aseguró.

Este martes, falleció José Humberto Hernández Rodríguez (67) por falta de atención médica en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, quien tenía medidas cautelares por parte de la CIDH.

Hernández Rodríguez obtuvo medidas cautelares por partes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a principios de año.

Sin embargo, esta resolución a favor del recluso no fueron suficientes para respetar sus derechos e igualmente falleció ante la indiferencia del personal penitenciario.

Fue privado de libertad hace cinco años y actualmente se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix del estado Lara, publicó OVP.

Este hombre se enfrentó a un sinfín de adversidades, sufrió por hambre y falta de atención médica, hasta que su cuerpo sucumbió y falleció.

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Sus familiares tuvieron que ver con mucha angustia cómo se apagaba su vida ante la flagrante y constante violación de sus derechos humanos.

El  28 de enero de 2021, a través de la Resolución 8/2021, favorecieron a José Humberto con medidas cautelares de la CIDH.

Esto luego de que la ONG Defiende Venezuela, las solicitara, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

A pesar de que la administración de Maduro estuvo advertida sobre su delicado estado de salud, no lo atendieron oportunamente.

En varias ocasiones le negaron el traslado a un centro asistencial y la excusa siempre era la misma desde los tribunales o el Ministerio de Servicios Penitenciarios:

No hay gasolina, no hay transporte, falta un permiso, etc, señala parte de la nota de prensa.

Desde el primer día de su detención José Humberto fue víctima de tortura.

Comenzó a padecer los estragos de vida tras las rejas en Venezuela, sufrió ataques de pánico, lo diagnosticaron con dos hernias en la zona pélvica.

Nunca lo atendieron y posteriormente presentó un crecimiento prostático grado III muy doloroso.

Su salud se iba desmejorando conforme pasaba el tiempo y no lo atendían.

La última evaluación médica fue a principios del mes de enero del 2021, cuando les diagnosticaron un derrame pleural y neumonía.

Ante esto, el médico alertó que necesitaba atención médica inmediata.

Según pudo conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la hija del recluso se trasladaba con frecuencia hasta la cárcel de Fénix pero las autoridades del penal hacían caso omiso a su preocupación por la salud de su padre.

En tanto, la esposa de José Humberto había notado que respiraba con dificultad.

Además su alimentación no era la adecuada, por lo que se dirigieron con mayor insistencia hacia los tribunales larenses.

“A mí nadie me dice cómo debo hacer mi trabajo”, fueron las palabras del presidente del Circuito Judicial a los familiares.

A quienes además les preguntó si se trataba de la persona que tenía medidas cautelares de la CIDH.

En vista de lo sucedido durante las primeras semanas de marzo con el presidente del Circuito Judicial, desde la organización Defiende Venezuela dirigieron un escrito a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para solicitar atención inmediata para el recluso enfermo.

Finalmente, el sábado 20 de marzo y tras una intensa lucha su hija Norka Hernández logró internarlo.

Los médicos del Hospital Central solicitaron una tomografía del tórax para descartar cáncer en los pulmones, la cual tiene un costo de 150 dólares.

Una vez más, los familiares se vieron atados de manos por no tener los recursos económicos para cubrir el estudio y acudieron a las redes sociales para pedir ayuda.

De la misma forma se conoció que aunque José Humberto tenía dificultad para respirar no le fue proporcionado el oxígeno de la forma adecuada en el Hospital Central.

José Humberto Hernández lo imputaron como cómplice no necesario en los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y asociación para delinquir.

Tras quedar detenido junto a once personas más por un cargamento de droga que salió del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto en el año 2016.

El preso se desempeñaba como vigilante en el Aeroclub y, según declaró su hija, su único delito fue haber trabajado esa noche.

Pues donde él laboraba no tenía acceso a los hangares del aeropuerto.

“Moriré tras las rejas siendo inocente”, eran las palabras del preso, quien lloraba con frecuencia en los rincones de su celda en Fénix Lara.

Aunque había pasado a fase de juicio, José Humberto ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse.

En el año 2018 fue atendido en un Plan Cayapa y la Viceministra del Ministerio de Servicios Penitenciarios le prometió una medida humanitaria debido a su condición de salud.

Sin embargo, no fue otorgada porque su expediente penitenciario estaba perdido.

La muerte de José Humberto no es más que el reflejo de la destrucción del sistema penitenciario en manos del Estado venezolano y sus precarias instituciones.

El hambre, el hacinamiento y la falta de atención médica están acabando con la vida de los presos venezolanos.

Incluso hasta de aquellos como José Humberto que fueron vistos de cerca por organismos internacionales y aún así nadie se hace responsable por su trágica muerte.

Sin tener intenciones de parar, la administración de Nicolás Maduro comete violaciones a los derechos humanos, posteriormente visibilizadas por organismos internacionales.

En un contundente reportaje realizado por ABC exponen como una vez más salen a la luz pública nuevas torturas en contra de uno de los hijos de Raúl Isaías Baduel

 El militar es conocido por darle la espalda a Hugo Chávez. Conducta que parece ser la excusa para arremeter contra su hijo Josnar Adolfo Baduel.

De acuerdo con el artículo de ABC, ha sufrido tratos crueles por funcionarios del servicio de inteligencia de Maduro.

Para esto, contactaron a Andreína Baduel, hermana de Josnar, quien denunció que desde hace días no tiene información de su familiar.

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La semana pasada pudo verlo, pero «toda la visita la grabaron, fotografiaron y con la presencia de un funcionario del Sebin».

A cambio de ver a Josnar Baduel, el Sebin pidió a la familia que cesaran las denuncias «porque de lo contrario las condiciones de él iban a empeorar», dijo

Relató que su hermano no pudo comunicarse con ellos, pus está amenazado.

Informó a ABC que su hermano ha bajado de peso, tras perder 26 kilos desde su detención en mayo del 2020.

Josnar Baduel es acusado de estar involucrado en la Operación Gedeón una aparente incursión militar para derrocar a Maduro.

«Él tiene una lesión en un hombro luego de haber estado colgado para hacerle descargas eléctricas no solo en sus testículos, sino en distintas partes del cuerpo”, explicó.

Desde el momento de su detención, Josnar Baduel está en la sede de El Helicoide en el oeste de Caracas.

Se conoce por los activistas de derechos humanos y familiares de los presos políticos que allí se practican varias torturas en contra de los privados de libertad.

Su familia, ha denunciado el caso del joven y el de su padre Raúl Isaías Baduel, de 65 años, quien ha estado desde 2009 en prisión por convertirse en crítico de Chávez y tras manifestar estar en contra de la reforma constitucional en 2007. 

Sobre su padre, Andreína dijo que sigue «enterrado vivo en el Sebin de Plaza Venezuela

El 2 de abril cumplirá dos años de privación ilegítima de libertad, sometido a un limbo jurídico, a torturas psicológicas y a un aislamiento de hasta ocho meses».

Por su parte, Margaret Baduel, otra de las hermanas denunció en su cuenta en Twitter, que «el régimen cobarde y sus esbirros, pretenden silenciarnos, amenazando con empeorar sus condiciones».

Destacó que han pedido a las autoridades permitir que a su hermano lo atienda un médico de confianza pero no lo permiten.

Por ello responsabilizó a la administración de Nicolás Maduro de lo que le pase a su hermano.

El Instituto Casla presentó este jueves el informe: Venezuela, crímenes de lesa humanidad, represión sistemática y tortura. El escrito, elaborado por esta institución, corresponde al 2020 y habla de las «nuevas formas» de tortura y tratos crueles que se usan en los centros de reclusión de Nicolás Maduro.

«En las nuevas incidencias, pudimos detectar nuevos patrones de torturas o modificaciones a algunos de los métodos ya denunciados», señala el documento.

Afirma que en esas cárceles «causaron daño físico y psicológico permanente a las víctimas. La violencia en su aplicación, laintención de dejar marcas, la prolongación del dolor en largas e intensas sesiones donde diferentes métodos se aplican una y otra vez».

Agrega que usan «objetos extraños para intensificar o facilitar el daño y dolor que se quiere causar».

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El informe destaca que «en enero (de 2020), estrenaron las nuevas celdas de tortura a la que llaman “La Casa de losSueños I”. Está ubicada en la sede del DGCIM en Boleíta Norte, Caracas. Las celdas están «ubicadas en el sótano 3, lugar donde anteriormente funcionaban los dormitorios de los funcionarios. Fue totalmente remodelado para albergar 16 celdas de 2 x 2 metros cuadrados».

Las colocaron «en dos hileras, una frente a la otra, sin luz ni ventilación natural ni aire acondicionado. Cada celda tiene una puerta de acero a la que llaman puertas Bachelet».

Solo tienen «una ventanilla en el medio por la que los funcionarios pasan el plato de comida a los detenidos. También tienen unaletrina. Los presos políticos en este lugar han pasado largos periodos de confinamiento, donde hasta 5 personas han estado en la misma celda, hacinados, sin ventilación e incluso, sin poder asearse».

El Instituto CASLA documentó y envió a la Corte Penal Internacional «25 nuevas incidencias o momentos históricos, donde al menos 141 personas fueron víctimas de Detención Arbitraria, Tortura, Desaparición Forzada Temporal y Violación o alguna forma de violencia sexual».

Varias incidencias contenían «detenciones masivas de manifestantes donde por lo menos una víctima describió lo sucedido.

Señala el informe que «en los casos presentados e individualizados, 57 eran hombres y 15 eran mujeres, 38 civiles y 34 militares. En 14 de las 25 incidencias presentadas hubo el crimen de violación y otras formas de violencia sexual».

A 38 víctimas directas las desnudaron, 4 sufrieron actos lascivos, 2 sufrieron intento de violación y a 3 las violaron».

Se documentaron «casos de torturas donde las víctimas perdieron uñas de las manos y de los pies a golpes. Por lo menos 25 personas fueron colgadas de una polea o columna horizontal esposados, para asfixiarlos y darles descargaseléctricas».

Asimismo, «varias víctimas fueron objeto de ahogamientos como el método de “Waterboarding”, otras fueron torturadas con el método de la “Falanga” cuyas consecuencias posteriores son terriblemente dolorosas. Conocimos nuevos casos donde las víctimas son obligadas a manipular sus propios excrementos sobre su cuerpo o son asfixiados con ellos. Otra recibió alimentos con vidrios molidos, y a varias les metieron agujas entre las uñas de las manos, aplicando lo que los torturadores llaman “Manicure”.

Presentado hoy en la OEA nuevo informe Casla sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el evento participó el SG de la OEA, Luis Almagro, la VP del Parlamento Europeo, Dita Charanzova y la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju. Ver: https://t.co/3Gq8ONehoR

http://caslainstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Instituto-Casla-2020.pdf

La defensa del empresario Colombia, Alex Saab, denunció este lunes que golpean al acusado en la celda en Cobo Verde.

Mediante un comunicado, el equipo de Alex Saab, aseguró que funcionarios de EE.UU. entran a su celda para golpearlo y obligarlo a aceptar la extradición.

El Nuevo Herald relató que los abogados señalaron que el presunto testaferro de Nicolás Maduro es “víctima” de atropellos y acusaciones.

“Son una maniobra política por parte de la administración Trump”, aseguraron, a su juicio.

Alex Saab está acusado de formar parte de los negocios del régimen que lidera Nicolás Maduro en Venezuela.

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 “El volumen de vulneraciones a las normas más elementales que deberían regir este proceso ya es alarmante”, alertó.

La defensa no brindó más detalles sobre las presuntas agresiones, pero en un artículo publicado en septiembre por el diario español El Mundo basado en una carta remitida desde su celda, Saab denunciaba que Estados Unidos “tiene a cuatro empleados nativos de Cabo Verde” que por las noches entraban encapuchados a su celda para golpearle.

“Me muelen a golpes y el propósito de estos delincuentes es que firme la extradición voluntaria a Estados Unidos”, dice el texto.

La carta establece que presuntamente, presionan a Saab para que emita  declaraciones falsas contra Nicolás Maduro y su familia.

“Ni con sangre firmo esas mentiras y calumnias contra un presidente que lucha por salvar a su pueblo en medio de un bloqueo inhumano”, publicó ese diario.

Hay que recordar que detuvieron a Alex Saab en Cabo Verde luego de que el avión en el que se trasladaba hiciera escala para surtir gasolina.

Saab tenía una alerta azul por parte de la Interpol, lo acusan de operar junto a su socio Álvaro Pulido un sistema de corrupción y lavado.

Este negocio, presuntamente, les permitió sacar $350 millones de Venezuela a cuentas en el extranjero.

De ser hallados culpables, podrían ser sentenciados a hasta 20 años de prisión, pero el empresario también es investigado en Estados Unidos.

Está bajo la sospecha de ser el arquitecto de un entramado financiero que ha permitido al régimen de Maduro evadir las sanciones.

Sospechas que es la persona enviada para negociar el oro y el petróleo que Caracas exporta por debajo de la mesa.

El empresario también está en la lista negra del Departamento del Tesoro por supuestamente participar en un esquema de corrupción en sociedad con la familia de Maduro.

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Tras el informe de la Comisión de Verificación de Hechos sobre Venezuela quedó probado que en el país se cometen delitos de lesa humanidad, entre ellos, las torturas.

El especialista en Derecho Penal y Derechos Humanos, Alonso Medina Roa crítico que desde el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo existe un «silencio cómplice» sobre el aumento de las torturas en Venezuela.

Lamenta que se trate de una política de Estado que deja profundas heridas sociales en las víctimas, sus familias y el país. Esto es Cara a cara con Esteninf Olivares.

El Observatorio Venezolano de Presiones (OVP) alertó este domingo sobre los maltratos y torturas que sufre los reclusos en el CICPC de El Vigía.

Entre las denuncias recibidas están gritos «espeluznantes» que provienen de las celdas de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de El Vigía.

Alegó que son presuntas torturas a las que son sometidos los presos que se encuentran recluidos en esos calabozos.

Los vecinos de la zona confirman que escuchan estos gritos, los describen como escalofriantes.

Hasta se les eriza la piel cuando los presos comienzan a suplicar para que no los golpeen.

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Los familiares de los privados de libertad manifestaron al equipo del OVP que esta irregularidad se está haciendo costumbre en esos calabozos.

Asimismo, aseguraron que los funcionarios del CICPC utilizan tubos y tablas para golpearlos.

Conocieron de lo sucedido porque los mismos presos buscaron la forma de comunicárselo a sus familiares.

“Hacemos responsables a los funcionarios de las posibles lesiones que presentan nuestros familiares detenidos en dicho cuerpo policial”, dijo un familiar.

Carolina Girón, directora del OVP, rechazó este tipo de comportamientos por parte de los funcionarios y exigió que estos hechos sean investigados.

De igual manera, informó que las condiciones en las que conviven los privados de libertad de este centro de detención son deplorables.

No tienen acceso a un baño, por lo que deben hacer sus necesidades en una bolsa plástica.

Otra de las situaciones que están padeciendo estos presos es el hacinamiento, aseguran que tienen poco espacio para convivir.

Familiares claman por una mejor atención para los presos del CICPC El Vigía y por su parte OVP exige el cese de los maltratos y mejores condiciones de reclusión en las que se encuentran estas personas que aunque están privados de libertad no han perdido sus derechos.

Nota de prensa

De los 233 casos analizados de presos políticos por la Misión Independiente de Determinación de la ONU, 17 casos son descritos los métodos de torturas y malos tratos en el informe que se presentó el pasado 16 de septiembre.

Según un reportaje de la Prensa de Lara, alguno de los mecanismos de torturas utilizadas por el régimen, van desde los golpes fuertes dejando marcas visibles hasta la asfixia con sustancias tóxicas y posiciones de estrés como crucifixiones. 

«La tortura es una política que el Estado aplica dándole órdenes a los cuerpos de seguridad que actúan con odio y alevosía», explicó Rafael Narváez, abogado y defensor de DD.HH.

Enfatiza Narváez que ni en gobiernos dictatoriales como los de Juan Vicente Gómez o Marcos Pérez Jiménez se habían registrado actos tan crueles contra detenidos.

El informe destaca dos muertes ocurridas bajo la custodia de funcionarios de la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Sebin.

Los casos son la del exconcejal de Caracas, Fernando Albán el 8 de octubre de 2018, y del capitán Rafael Acosta Arévalo, el 29 de junio de 2019 y responsabiliza a la cadena de mando que encabeza Nicolás Maduro.

«Si nos referimos al caso del capitán Acosta Arévalo, prácticamente fue un homicidio cometido por el Estado, porque él llegó a la audiencia muerto en vida. Cuando la juez se dio cuenta y lo mandó al hospital, murió”, recordó Narváez.

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Acosta Arévalo, “tenía hematomas, costillas rotas, laceraciones, intentaron ocultar esa realidad, pero de la morgue mandaron la información de cómo estaba reventado por dentro”.

En el caso de Fernando Albán, «tanto el Ministro de Interior, Néstor Reverol como el Fiscal Tarek William Saab, se contradijeron al informar su muerte”.

Albán “fue detenido en Maiquetía y 10 días después informaron a la familia que estaba en el Sebin».

«La pena para un funcionario que desaparezca a una persona es de 18 a 25 años, según el Código Penal Venezolano, y sin embargo el Poder Judicial hizo caso omiso».

Por su parte, Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, informó que el gobierno de Maduro violó tratados internacionales sobre el tema de tortura como el Estatuto de Roma.

Esa es la razón por la cual el informe de la ONU califica a Venezuela como “una nación donde el Estado ha cometido crímenes de lesa humanidad”.

«Se activa la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), son crímenes que se caracterizan por la no prescripción”, aseguró Álvarez.

Explica que los funcionarios “no puedan oponer obediencia de vida, y los principales responsables son las cabezas políticas. Por eso la responsabilidad directa de Maduro y altos funcionarios militares y policiales».

Según la ONU, el régimen utiliza “golpes fuertes dejando marcas visibles; huesos rotos y órganos dañados; esposas excesivamente apretadas; asfixia con sustancias tóxicas y en agua”.

Asimismo,  “posiciones de estrés como crucifixiones; sometimiento a luz artificial las 24 horas del día; aislamientos en celdas con poca ventilación y ojos vendados”.

Además, “mutilaciones; choques eléctricos en genitales; violaciones sexuales, privación de alimentos, consumo de excremento obligado y amenazas de muerte”.