El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela) reportó 481 casos de restricciones y agresiones a trabajadores de la prensa en todo el país.

En un estudio que publicó en su página web y que denominan “Bitácora de Riesgos”, presentaron la situación de violencia que viven los trabajadores de la prensa.

Entre ellos, periodistas, camarógrafos, técnicos y personal en general de la prensa entre los años 2019 y marzo de 2021.

De acuerdo IPYS, el Área Metropolitana de Caracas destacó como la zona donde se registraron más números rojos.

El total de casos en el Área Metropolitana es de 165 casos 229 violaciones.

Le siguen los estados Táchira, Lara, Zulia y Carabobo, reseñó el diario Tal Cual.

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La intimidación, las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas se ubicaron como los actos violentos más comunes sufridas por los trabajadores de la prensa. Ipys en su informe categorizó 17 tipos.

Asimismo, destacó que entre los efectos de la violencia están la censura, la autocensura, el desplazamiento forzado y la interrupción temporal de la práctica periodística.

«La violencia contra el ejercicio del periodismo en Venezuela se ha consolidado en las últimas décadas como una política de Estado», asegura el informe.

Esto, «tanto por omisión como por acción», sostienen.

Indica Ipys que todas estas violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas en organismos internacionales.

IPYS detalló que las detenciones arbitrarias son el segundo tipo de violación a la libertad periodística más recurrente, después de la intimidación.

El impacto de esta forma de violencia se considera alto en ocho entidades de Venezuela.

Destaca que de algunas de las detenciones arbitrarias, al menos 5 de las 99 registradas entre 2019 y marzo de 2021 en el Mapa de Riesgos, han consistido en desapariciones forzadas.

Se trata de aquellas desapariciones que ocurren con autorización o conocimiento de los cuerpos de seguridad del Estado.

Esto sin que reconozcan la detención ni respondan sobre el paradero del detenido.

Entre los meses de octubre y noviembre se han contabilizado al menos cuatro agresiones a periodistas y trabajadores de la prensa por parte de los funcionarios que laboran en la morgue de Bello Monte, en Caracas.

El caso más reciente se registró este lunes, cuando un trabajador del Departamento de Oficialía agredió verbalmente a la reportera de sucesos Lysaura Fuentes.

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Fuentes, realizaba una entrevista en la parte externa de la sede de medicina legal.

Según el relato de la periodista, el hombre le gritó y le exigió que saliera de ese lugar sin ninguna justificación valida.

A pesar de que la periodista indicó que estaba haciendo su trabajo y que no estaba infringiendo ninguna normativa fue obligada a salir del sitio.

Los trabajadores de la prensa que cubren la fuente de sucesos denunciaron que cada vez se vuelven más cotidianas este tipo de actuaciones por parte del personal que labora en la morgue.

Los seis primeros meses del 2020, se registraron 162 ataques contra los periodistas y trabajadores de la prensa, perpetrados por funcionarios de seguridad y colectivos.

La información fue suministrada por la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas en un informe que presentó Humberto Prado.

Según el informe, de los 162 ataques, 85 ocurrieron tras el decreto del estado de alarma por la llegada del Covid-19.

El documento detalla que se realizaron 13 entrevistas a varios periodistas víctimas de ataques y las actuaciones ilegales de funcionarios y civiles armados.

Los periodistas y trabajadores de la prensa en los últimos meses han sido amedrentados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas.

El Estado, según el comisionado Prado, está incurriendo en serias violaciones a los derechos fundamentales, principalmente contra el derecho a la libertad de expresión.

“Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existe en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes”, expresó Prado.

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Dijo que los líderes del régimen usurpador hacen uso de las instituciones y medios de comunicación para fomentar la persecución contra la libertad de prensa.

“Considerando el aumento de la política represiva del régimen contra los comunicadores, la Comisión no descarta que el número de afectados sea mayor”, resalta.

La Comisión para DDHH considera conveniente que los organismos internacionales de DDHH y quienes hacen parte del régimen usurpador, aboguen por el cumplimiento de las medidas que garanticen el derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, que se respete el derecho a la manifestación pacífica y que se respeten los parámetros establecidos en la Constitución Nacional.

Un punto de honor para Prado es insistir en la anulación de la Ley contra el Odio por impedir el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión e información.

Además, se prohíba todo tipo de actos discriminatorios contra medios y periodistas y se realicen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las agresiones.