Pedro Martínez trabaja de noche como camillero en un hospital de Caracas y de día vende galletas en un bulevar de Caracas. Es uno de los tantos trabajadores públicos que, a sus 56 años, tiene que salir a la calle a vender lo que sea.

Su salario de 29 dólares como empleado público no le alcanza, como a millones de trabajadores venezolanos, reseña Efe.

Sentado en una silla de plástico en el dinámico y popular bulevar, Martínez ofrece también otros productos como caramelos, condimentos, jabón y máquinas de afeitar. Con estas ventas puede llegar a hacer hasta 30 dólares en una semana, el salario mínimo que paga el Estado en un mes.

«Desde hace cinco años para acá, he tenido que salir a la calle a trabajar en la buhonería. El el sueldo que ganamos, el salario, como lo quieran llamar, no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades diarias. Menos semanales o mensuales», dijo a Efe Martínez.

Empezó, a trabajar en la calle en 2017, cuando Venezuela entró en una hiperinflación que se prolongó por cuatro años.

La misma dio paso a una dolarización no oficial de la economía, que produjo una migración de trabajadores a la informalidad que buscan mejores ingresos y en divisas.

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La más reciente Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi), muestra que la proporción de trabajadores por cuenta propia creció de 30,6 % a 49,4 %. Esto entre 2014 y 2021, mientras que la cantidad de empleados u obreros del sector público bajó de 35,8 % a 21,8 % en ese mismo periodo.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, dijo a Efe que actualmente más de 50 % de los trabajadores públicos buscan en el sector informal un complemento de su salario «para la sobrevivencia».

El líder sindical aseguró que la crisis socioeconómica que vive el país «obliga a todos los sectores de trabajadores a buscar ingresos adicionales. No solamente a los obreros, sino a los profesionales y técnicos. Especialmente los empleados públicos, que son más atropellados en cuanto al salario».

«Conseguimos hoy a trabajadores de los diferentes sectores, educadores inclusive, no solamente vendiendo verdura. También en actividades paralelas para tratar ellos de subsistir, porque es un problema aquí de sobrevivencia», señaló.

En su casa en una zona popular del centro de Caracas, Carlos Betancourt, repara, en su tiempo libre, equipos de línea blanca. Él es empleado del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y tiene 55 años,

Entre el sueldo base, un bono de alimentación y la prima de antigüedad, devenga en el ente público 210 bolívares. Al cambio oficial son casi 47 dólares al mes.

Pero, este ingreso que no alcanza la cifra de 1,90 dólares al día que fija el Banco Mundial para considerar la salida de la situación de pobreza extrema por rango de ingresos.

«Eso no me da para poder sobrellevar la vida diaria de aquí de la familia, mi esposa, mi hijo, mi sobrina, mi hermana. Por eso me he dedicado a hacer reparaciones de línea blanca», contó a Efe Betancourt.

Precisó que puede hacer alrededor de 200 dólares semanales reparando unos cinco equipos.

Recordó que antes, hasta 2008, podía vivir solo de su salario en el Inces, donde lleva 20 años,.

Incluso podía comprar un vehículo usado o dar la inicial de un apartamento en una zona popular si hacía horas extras en el instituto. Solo tenía que reunir el bono vacacional, los pagos por guardias nocturnas y los aguinaldos.

Pese a la desmejora de su situación laboral en el Inces, donde tampoco cuenta con seguro médico, no ha querido renunciar. Dice que tiene un compromiso tanto con el instituto como con la lucha como dirigente sindical por la defensa de los trabajadores.

Betancourt vio como «un gran logro» la visita de una comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país.

Se busca el apoyo técnico de un foro de diálogo social que se celebró del 25 al 28 de abril, debido a que -a su juicio- crea la esperanza de que se pueda retomar el diálogo tripartito.

Este proceso implica discutir temas como los salarios y el respeto a los derechos laborales y sindicales.

El Gobierno de Nicolás Maduro insiste en que la culpa de los bajos ingresos de los trabajadores es de las «más de 502 medidas coercitivas (sanciones) impuestas» por EE.UU.

Las oficinas de impuestos venezolanas están desiertas, las facturas de servicios públicos no se cobran y faltan maestros. Los bajos salarios de los trabajadores públicos en Venezuela generan ausentismo crónico y renuncias de cientos de miles.

En medio de una larga crisis económica y tras dos años de una reforma emprendida por Nicolás Maduro, en muchas instituciones estatales se labora a una fracción de su capacidad. ¿La razón? Los trabajadores con ingresos que apenas alimentan buscan otras formas de sobrevivir.

Ante el menor personal, ahora las empresas públicas reparan un mínimo de averías. No exigen ni vigilan el pago de facturas de servicios públicos, entre otras consecuencia. Los entes que supervisan precios y tributos fiscalizan a pocas grandes empresas. Mientras que los docentes, aún activos no laboran, más de 20 horas a la semana. Así lo informó la agencia Reuters que cita decenas de sindicalistas y trabajadores consultados.

La Cantv, expropiada en el 2007 por Hugo Chávez, era la mayor telefónica del país. Los sueldos, que se pagan en bolívares y rondan los 6 dólares con bonos semanales que autoriza la empresa. “¿Ese salario, para qué sirve? Por eso muchos tienen trabajos por fuera”, dijo Igor Lira, trabajador de la compañía.

La estrategia ayuda a rendir los ingresos del Estado. Pero desfavorece a la masa trabajadora y debilita la capacidad de funcionamiento del Estado para regular como antes la economía. En última instancia, presiona más al desempleo y las deficiencias crónicas de los servicios públicos.

“Por los bajos sueldos más que renuncias, hay deserciones, empleados que piden vacaciones y no regresan”. Así lo dijo un empleado retirado tras 30 años de servicio en el transporte subterráneo.

Asegura que los trabajadores reciben unos 10 dólares al mes en la compañía en la en que Maduro trabajó como conductor: el Metro de Caracas. Eso explica la ausencia de empleados y el funcionamiento irregular de las estaciones.

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Detrás del desgano general en las filas del gobierno está la decisión de pagar en bolívares y por debajo del ritmo de la hiperinflación. Los trabajadores estatales dicen que la apatía se volvió particularmente aguda este año. Esto se debe a que muchos más comercios cobran dólares, bajo una crisis que agudizó la pandemia del coronavirus.

Un gerente de la compañía eléctrica de Caracas, también expropiada en 2007, dijo que trabaja como taxista o repartidor. Asiste solo una vez por semana a la oficina estatal donde gana 4 dólares al mes. Él cobra esto por uno o dos viajes al día.

La mayoría de los trabajadores jóvenes del sector eléctrico ha preferido ausentarse. Los que van “a veces costean los repuestos de las unidades que se usan para resolver las fallas”, señaló Ángel Navas. Él es sindicalista de la compañía eléctrica.

Esa apatía de la “clase obrera” se evidenció en el poco apoyo a la campaña electoral. Luego en los comicios legislativos de este mes. En los centros de votación hubo baja afluencia. Aunque el partido gobernante logró el control de Parlamento, recibió menos votos que en anteriores procesos electorales.

Rómulo Muñoz, un trabajador que lleva 15 años en Venalum, por primera vez faltó a unas elecciones. “No fui a votar para acelerar los procesos y que venga un nuevo gobierno”, dijo Muñoz. Está descontento con un salario equivalente a unos 10 dólares por mes. “Cuando eso pase, los trabajadores tendremos beneficios y no necesitaremos de ninguna cajita CLAP para sobrevivir”, dijo.

En hiperinflación y durante la pandemia, los 2,8 millones de empleados públicos que quedan en nómina reciben un promedio de 13 dólares. Esta cantidad es la mitad de lo que pagan en el sector privado. Por esa razón, consultoras de empleos calculan al menos 500.000 funcionarios han dimitido en el último año.

Una cuarta parte de los 2,8 millones de los obreros, técnicos o profesionales que laboran para el Estado reciben salario mínimo. Y esto equivale a un dólar a la tasa oficial.

“El salario ha sido golpeado y herido. Es una herida abierta, supurante, que vamos a curar, sanar”, dijo Maduro a periodistas. Lo hizo recientemente cuando le preguntaron porqué permitía en comercios cobrar en dólares, si sus empleados ganan en bolívares. “Venezuela es una economía de resistencia”, dijo y culpó a las sanciones de Estados Unidos.

El rezago salarial no es una medida de última hora. El régimen gobierno lleva tres años autorizando pagos que no cubren el alza de los precios. En noviembre, tras seis meses sin revisión, subió 40% el sueldo de empleados públicos. Ese mes la inflación mensual se ubicó en 65,70%.

Medir el éxodo general es difícil, porque muchos dejan de trabajar sin renunciar . En pocas oficinas estatales reclaman el ausentismo, según relatan las fuentes.

Previo a la cuarentena, en las oficinas públicas los empleados ya no iban todos los días. Luego del confinamiento se fijaron labores por grupos y turnos semanales, pero igual algunos empleados no van.

En las nóminas del Estado, los mejores sueldos los reciben los militares. Ganan unos 17 dólares mensuales en promedio, dijo una fuente cercana al sector militar. Ninfa Barón tiene la remuneración más alta en la tabla de salarios de una universidad pública y recibe unos 10 dólares al mes a tasa oficial, pero subsiste con un trabajo vía remota para una empresa en Paraguay.

El deterioro de los salarios “tiene consecuencias, la gente abandona el sector público aceleradamente”, dijo Omar Zambrano economista y director de la consultora Anova.

Desesperados, en medio de la cuarentena, maestros, enfermeras y otros trabajadores públicos han protestado contra un gobierno que prometió defenderlos. Solo en octubre hubo 544 manifestaciones laborales en el país, según el no gubernamental Observatorio de Conflictividad Social.

La crisis evidencia que “el sector público se desmantela”, señaló Asdrúbal Oliveros, economista y director de Ecoanalítica.

El Seniat pagaba a sus fiscales bonificaciones especiales de casi 30 salarios al año y muchos trabajaban en operativos sorpresa para supervisar el pago de tributos de empresas y comercios con frecuencia. Ahora tiene menos de la mitad de los funcionarios que en 2012 y la mayoría gana unos 13 dólares al mes, sin recibir ningún bono extra.

“Las instalaciones del Seniat están desiertas. Si antes había 20 funcionarios en una oficina, ahora van dos”, dijo bajo anonimato uno de los fiscales con décadas de servicio. Aseguró que muchos ocupan sus horas asesorando a empresas privadas y la poca supervisión complica el cobro de una renta vital tras el desplome de los ingresos petroleros.

Otros huyen del país o improvisan como María Boyer. Ella dejó su empleo en la estatal de correos y subsiste de cocinar dulces hechos con coco por los que cobra un dólar y llevarlos a clientes en transporte público. “Cuando un día estaba almorzando en la oficina pasta sola, sin queso, renuncié”, dijo Boyer en medio de una de las entregas. “Así no podía vivir”.