El próximo 1 de mayo marcharán “todos los trabajadores unidos”, porque “es una fecha propicia para reclamar mejores sueldos y condiciones laborales”, anunció este jueves el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Dick Guanique.

“Tenemos previsto marchar desde la plaza Morelos hasta la plaza O'Leary, eso sería una opción, pero también hay la posibilidad de que, si no nos lo permiten (…) haremos una gran concentración unitaria”, dijo, en entrevista con Unión Radio.

Destacó que esa marcha no es la única acción de protesta de los trabajadores, puesto que el sector docente anunció  realizar un “paro de 24 horas para exigir respuestas porque no es posible que un profesor universitario o un maestro gane dos dólares o tres dólares” al mes.

Afirmó que las instituciones y empleadores deben tomar en consideración que, para tener una mano de obra calificada, efectiva y avanzar en la reactivación del aparato productivo, tienen que tener salarios apropiados".

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Acerca de las aspiraciones de aumento salarial de los trabajadores, el dirigente sindical recordó que “el techo debe ser lo establecido en el artículo 91 de la Constitución” que habla de un salario digno y acorde.

“Los trabajadores no podemos renunciar a nuestros derechos”, dijo, aunque aclaró que  están dispuestos a buscar acuerdos".

Por otro lado, rechazó la idea de cambiar las leyes. “No estamos de acuerdo con cambiar la Ley del Trabajo”, dijo, en relación a la idea de que la norma se modifique para eliminar la retroactividad de las prestaciones.

“Los pasivos laborales, es verdad que si lo tomas globalmente, es un momento alto, pero no es en un día que se van a pagar todos los pasivos laborales”, aclaró.

 Asimismo, destacó que han entregado en las diferentes instituciones un pliego de peticiones para que las autoridades puedan atender y mejorar las condiciones de los trabajadores.

Con información de Unión Radio.

La informalidad laboral en Venezuela alcanza a 85 % de la población, si se mide con el estándar de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que define bajo esta categoría a la población laboral que está excluida de la seguridad social y no sujeta a relaciones laborales reguladas por la Ley.

El dato fue proporcionado por el economista Demetrio Marotta, profesor e investigador de la Universidad Católica «Andrés Bello» (UCAB), citado por el portal Banca y Finanzas.

“Para el año 2022, teníamos una cifra que rondaba el 85 % de la población; pero es una cifra que hay que tener cuidado al observarla porque incluso, los que trabajan en el sector formal no están cubiertos por la legislación y la seguridad social”, explicó Marotta en Unión Radio.

Marotta aclaró que cuando la estadística se refiere al tamaño del sector informal de la economía venezolana, la proporción de trabajadores que trabajan en este segmento llega a entre 50 % y 60 % del empleo total que se genera en el país.

Para el experto, la informalidad es un fenómeno «complejo y estructural».

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Para el economista Demetrio Marotta la informalidad tiene efectos nocivos para todos los sectores, y destaca que el primero es que el Estado deja de percibir los ingresos que necesita para invertir en servicios, salud, educación y prevención social.

Por otra parte, los trabajadores son condenados a tener empleos precarios, no regulados, que conducen a bajos niveles de productividad y, por ende, a salarios insuficientes. «No son empleos estables que, cuando desaparecen, conducen a las personas a la absoluta desprotección», dice Marotta.

La informalidad definida como desregulación del mercado laboral se ha extendido ampliamente en Venezuela. En este sentido, Marotta sostiene que «se observan casos en los cuales los ingresos informales, como los que se obtienen a  través del teletrabajo, que desde la pandemia han impulsado los contratos a distancia, son mayores a los de cualquier empleo formal en la economía venezolana, sobre todo en el caso de los profesionales».

Y puntualiza: «La mayoría de los trabajadores venezolanos, frente a un salario promedio de entre 100 y 200 dólares, lo que hacen es rebuscarse con múltiples empleos. Esta se ha convertido en una característica del mercado laboral», citado en una entrevista de Unión Radio.

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El economista Demetrio Marotta es claro al señalar que prácticamente no hay incentivos para montar negocios formales en Venezuela. La primera traba es la «voracidad fiscal» que obstaculiza la viabilidad financiera de negocios nuevos y, mucho más, la de emprendimientos.

Existen demasiados «pasos, trámites, requisitos para formalizar una empresa. La carga fiscal que va más allá de los impuestos nacionales, y llega a los municipales es demasiado pesada. Hay muchas complejidad regulatoria», dice Marotta.

«Eso limita, por otra parte, salir a buscar un crédito y los créditos bancarios permiten que las empresas puedan crecer», concluye el experto.

La cifra habla por sí sola, la pandemia por Covid-19 no impidió que la conflictividad y el descontento de los trabajadores llegara a las calles.

El confinamiento ni el distanciamiento físico recomendados por las autoridades, como medidas de protección para evitar el contagio, frenaron las manifestaciones públicas, informa El Aragüeño.

Solo en diciembre se dieron 80 protestas, las cuales totalizaron 1.141 desde el inicio de la cuarentena, a mediados de marzo.

La mayoría de los reclamos en el año estuvieron relacionados a la necesidad de hacer mejoras tanto en el salario (83%) como en las condiciones de trabajo.

Entre estas, el cumplimiento de las convenciones colectivas (48%),

“Estas demandas fueron acompañadas de la exigencia de un cambio de gobierno, ya que los trabajadores consideran que de esta forma se pueden propiciar políticas para la generación de empleo productivo”.

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El sector educación concentró los reclamos de diciembre con 21%, seguido de industrias básicas (16%), y salud (15%).

El mayor número de conflictos no solo del último mes del año, sino de todo 2020 lo registraron los sectores de educación y salud, con una participación de 32% y21%.

Las entidades donde se presentaron más conflictos en el último mes del año fueron: Distrito Capital (21%), Bolívar (15%) y Lara (14%).

Mientras que los trabajadores del sector público estuvieron al frente de 79% de los reclamos, y hubo presencia sindical en 35% de los casos.

También reclamaron las precarias condiciones en las que se labora en Venezuela en el sector público de la salud (escasos o inexistentes insumos e infraestructura que se cae a pedazos).

Otro dato importante es que ONG Médicos Unidos de Venezuela da cuenta de 295 trabajadores sanitarios fallecidos hasta el 30 de diciembre, como consecuencia de la Covid-19.

La situación es tan extrema que en la maternidad del Hospital Central Universitario «Antonio María Pineda» (Barquisimeto-Lara), una sola enfermera puede atender hasta 80 pacientes, entre madres e hijos.

La migración a otros países o a clínicas dentro de Venezuela es notable. Sueldos que apenas llegan a 10 dólares no permiten a sus trabajadores cubrir las necesidades básicos.

La Canasta Alimentaria de los Trabajadores del Centro de Documentación y Análisis para los trabajadores (Cenda), se ubicó en noviembre en 188,31 dólares.

Según El Aragüeño “el personal de las empresas básicas de Guayana (Bolívar) rechazó -con manifestaciones- la deplorable situación en la que se encuentran”.

Destaca la publicación que este personal tiene “un salario casi inexistente y un sinnúmero de trabajadores muertos por falta de atención médica, insumos y equipos”.

Mientras el Estado mantiene deudas incalculables con las clínicas, centraron los conflictos del sector.

Por su parte, la lucha por la reivindicación social de los docentes no se detuvo en 2020, año que fue crítico por la falta de condiciones para poder enseñar a distancia.

Mientras que en el sector petrolero no cesaron los pronunciamientos para que se respeten los derechos de los trabajadores.

Un centenar de jubilados de Pdvsa protestó en Monagas, en demanda de los intereses y el reintegro en dólares de los haberes en el fondo de pensión.

Según El Aragüeño, recursos que fueron desviados durante la gestión de Rafael Ramírez al frente de la estatal petrolera.