Abrumado por el récord de muertes por sobredosis, Estados Unidos refuerza su arsenal contra el narcotráfico apuntando a 25 blancos en Colombia, China, Brasil, México, ahora que las cadenas de mando se han vuelto difusas y los opioides sintéticos causan estragos.

Ante los más de 100.000 estadounidenses muertos por culpa de las drogas (hasta abril de este año) el presidente Joe Biden “toma medidas decisivas para detectar, desbaratar y reducir el poder de las organizaciones criminales transnacionales y proteger al pueblo estadounidense“, según un documento dado a conocer por la Casa Blanca.

Lo hace a través de dos decretos. Uno de ellos establece un nuevo organismo, el Consejo de Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional (USCTOC, por sus siglas en inglés), que estará integrado por representantes de distintos organismos gubernamentales.

El otro impone un régimen de sanciones más amplias contra los actores internacionales del narcotráfico, a los que se les podrá congelar activos en Estados Unidos, impedirles entrar al país y hacer determinadas transacciones.

Entre los sancionados se incluyen personas que trafican con fentanilo y los precursores químicos necesarios para elaborarlo, con metanfetaminas, cocaína y heroína, así como organizaciones que Washington considera una amenaza.

En virtud de este nuevo régimen de sanciones, el Departamento del Tesoro anunció este miércoles 25 objetivos (10 personas y 15 grupos) entre los que figuran el colombiano Clan del Golfo y Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel», capturado en Colombia y quien está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.

El nuevo régimen de Estados Unidos también incluye como objetivos algunos nuevos, como la organización brasileña Primeiro Comando Da Capital, y los mexicanos Los Rojos y Guerreros Unidos, así como cuatro sociedades y un narcotraficante chino.

Además, incluye a 17 personas y entidades previamente sancionadas.

El Primeiro Comando Da Capital (PCC), es uno de los grupos de crimen organizado más poderosos, negocia sobre todo con droga, pero también está involucrado en el lavado de dinero, la extorsión y los asesinatos a sueldo.

Opera en Sudamérica y sus redes alcanzan Estados Unidos, Europa, África y Asia, afirma Washington.

Estados Unidos acusa a Los Rojos, un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (BLO), de cometer actos violentos y enviar droga al país.

Guerreros Unidos (GU), otro grupo escindido de BLO, colabora con la organización mexicana el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con la que comparte redes y modo de transporte para hacer llegar la droga a Estados Unidos y repatriar las ganancias, explica.

Washington también apunta al chino Chuen Fat Yip, acusado de dirigir el tráfico de drogas sintéticas entre el país asiático y Estados Unidos, y a cuatro empresas: Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, Shanghai Fast-Fine Chemicals, Hebei Huanhao Biotechnology y Hebei Atun Trading.

Entre los 17 ya sancionados desde 1995 y 1999, a los que también se les aplicará el nuevo régimen figuran en México el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa, la Organización Beltrán Leyva, el Cartel del Golfo, el Cartel de Juárez, Los Zetas, La Familia Michoacana (LFM).

Además, Nemesio Oseguera Cervantes (alias ‘el Mencho’), Ismael Zambada García (‘el Mayo’), Fausto Isidro Meza Flores (‘Chapito Isidro’), Miguel Treviño Morales, Ómar Treviño Morales y cabecillas de la facción del Cartel de Sinaloa, como los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar (‘Chapito’) y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (‘el Alfredillo’) y su hermanastro Ovidio Guzmán López (‘el Ratón’).

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Washington presta una atención particular al tráfico de opioides sintéticos, que “se han cobrado la vida de decenas de miles de estadounidenses y han tenido un impacto negativo en la economía de Estados Unidos“, asegura un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

El objetivo de Biden es modernizar la lucha contra las organizaciones de narcotráfico, para adaptarla a los desafíos del siglo XXI.

“En el pasado, estas organizaciones generalmente tenían estructuras más jerárquicas de estilo capo, con líderes y cadenas de mando claramente identificados, pero se han vuelto cada vez más difusas y descentralizadas“, afirman funcionarios gubernamentales. Y las personas que facilitan sus actividades “a menudo ni siquiera están asociadas de forma informal con los líderes de las redes de narcotráfico“, añaden.

El tráfico de drogas actual ya no depende de los cultivos ni requiere una gran superficie, sino de sustancias sintéticas y de precursores químicos, y los cárteles operan de una manera más descentralizada, lo que dificulta la capacidad de sancionar a los narcotraficantes, reconoce.

Las nuevas herramientas apuntan a cualquier extranjero involucrado en narcotráfico, independientemente de si está vinculado a un capo o cartel, y contra todo aquel que, a sabiendas, reciba bienes derivados de estas actividades.

La guerra contra las drogas es un tema recurrente en Estados Unidos desde hace décadas, con resultados desiguales frente a un negocio que mueve miles de millones de dólares.

La Fiscalía General de Colombia, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, desmanteló una banda criminal, vinculada presuntamente con traficantes venezolanos.

En un comunicado, la fiscalía colombiana informó que obtuvo «material probatorio suficiente que daría cuenta de la existencia de una organización criminal señalada de mover altas sumas de dinero producto del envío de clorhidrato de cocaína a Venezuela».

«El estupefaciente salía de los Llanos Orientales y era entregado a un red denominada por las agencias internacionales como «Cartel de los Soles» que sería la encargada de ponerlo en países de Centroamérica y en Estados Unidos», indica el boletín.

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De acuerdo con las investigaciones realizada en el país vecino, «los pagos por los cargamentos eran recibidos en hoteles y sitios exclusivos ubicados en Medellín».

Destaca que «gracias a la articulación de capacidades de la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional, seis de los presuntos integrantes de esta estructura criminal fueron identificados y capturados en el sector de El Poblado y el centro de Medellín».

En el procedimiento «los investigadores incautaron algo más de 1.800 millones de pesos, 2.150 tarjetas bancarias, 2.320 facturas de retiro de dinero, 2 computadores, 2 máquinas para contar dinero, 4 celulares y 4 maletas de empresas de domicilios que, supuestamente, eran utilizadas para ocultar el dinero y transportarlos sin generar sospechas de las autoridades».

Entre los detenidos se encuentra tres de nacionalidad venezolana, dos colombianos y un español. Fueron presentados ante un juez de control de garantías de Medellín, quien legalizó las capturas y los procedimientos».

Se conoció que «un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputa a estas seis personas por el delito de lavado de activos. Entre los procesados está el señalado cabecilla de la red, un hombre de 66 años, de nacionalidad española y pasaporte venezolano».