Funcionarios policiales en el estado Táchira está tras la pista de varias bandas de traficantes de personas que operan entre Colombia y Venezuela.

Según el diario La Nación, la investigación comenzó tras la detención de cuatro sujetos, tres venezolanos y un chileno. La aprehensión ocurrió hace unos días, en el puesto de control de Vega de Aza, en San Josecito, municipio Torbes.

Al momento de la detención se supo que los tres venezolanos traían a Venezuela al chileno, desde Colombia, a quien le cobraron “honorarios” en dólares.

Fuentes policiales citadas por el diario señalan que al chileno lo ingresaron a través de las trochas de la frontera. Al parecer, lo llevaban hasta el centro del país, donde tiene familiares y amigos, y para lo cual estaba pagando en dólares.

La fuente dijo que siguen la pista a los tres venezolanos, porque forman parte de un grupo estructurado de delincuencia organizada conocido como “Los Habilidosos”. La banda se dedica a traficar personas desde y hacia Colombia.

«Exigen el pago de fuertes cantidades de dinero a personas interesadas en ingresar a Colombia y desarrollar actividades de tipo laboral», señala el informante.

Están vinculados a las mafias que en el lado colombiano se dedican a la explotación sexual de mujeres venezolanas. Las obligan a ejercer la prostitución y trabajar en la producción de pornografía y otras actividades consideradas como trabajo forzado.

Agregó que estas organizaciones están operando en ambos sentidos y cuentan con suficiente logística para tratar de evadir las operaciones policiales.

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«Ellos utilizan diferentes métodos para contactar a menores de edad a través de las redes sociales. Les prometen trabajar en el mundo del espectáculo y modelaje, para lo cual recibirán formación de manera gratuita», dijo la fuente.

Destacó que «muchas de sus víctimas son adolescentes, en edades comprendidas entre los quince y 17 años. Las convencen para viajar sin la autorización de sus padres. Los grupos delictivos las trasladan a la frontera y las sacan del país por los caminos irregulares. Las entregan a las mafias colombianas que las retienen contra su voluntad, despojándolas de sus celulares y evitando que establezcan contacto con familiares o amigos».

Asimismo, se supo que en Valencia, Maracay y Barquisimeto se ha logrado el arresto de al menos diez sujetos que se dedican al traslado de menores hacia San Antonio del Táchira y Ureña para pasarlos luego a Colombia.

El traslado lo realizan con complicidad de algunos autobuseros y la participación de personas que han pretendido asumir la representación de los viajeros.Estos son casos delicados, que se deben seguir con gran cautela, primero porque se encuentra en riesgo la integridad física de la persona trasladada y, segundo, porque involucra a niños, niñas y adolescentes, en calidad de víctimas.

Durante las investigaciones se han detectado al menos siete bandas organizadas dedicadas al tráfico de personas y se está trabajando, junto a la fiscalía, en el desmantelamiento total de las mismas y la captura de sus integrantes.

Estados Unidos mantuvo este jueves a Nicaragua, Venezuela, China y Cuba en su «lista negra» de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas.

El Departamento de Estado emitió un nuevo informe en el que advirtió los problemas en países como Israel o Arabia Saudí.

«Este crimen es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad humana», recalcó Antony Blinken, secretario de Estado.

Aseveró, que el tráfico de personas tiene «un peso desproporcionado» sobre quienes «son objeto de opresión por otras injusticias».

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Advirtió de que la pandemia “agudizó” los problemas entre los más vulnerables.

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó las «atroces» acciones de China contra los uigures y otras minorías musulmanas en la provincia de Xinjiang.

Aseguró que al oeste del país, casi un millón de personas son objeto de trabajos forzosos.

La lista, de un total de 17 países, la completan:

Afganistán, Argelia, Myanmar, Comoras, Eritrea, Guinea-Bisseau, Irán, Corea del Norte, Malasia, Rusia, Sudán del Sur, Siria y Turkmenistán.

La inclusión en la «lista negra» puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial para los países sancionados.

También la exclusión de préstamos de instituciones, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esto podría suceder si así lo decide el presidente de EE.UU., Joe Biden.

Sobre Cuba, el informe destacó el «patrón gubernamental de aprovecharse de los programas de exportación de trabajadores”.

Con sólidas señales de trabajos forzados, particularmente en su programa de misiones médicas al extranjero.

Respecto a Nicaragua, el Departamento de Estado apuntó que el gobierno nicaragüense «continúa restando importancia a la gravedad del tráfico de personas en el país”.

Pese a los informes de la sociedad civil sobre un aumento en las víctimas en 2020.

Y en el caso de Venezuela, alertó de que las «autoridades ofrecen apoyo y un ambiente permisivo del que grupos armados no estatales se aprovechan».

Entre las que se encuentran organizaciones ilegales colombianas.

Estas reclutan y emplean niños soldados para el conflicto armado y el tráfico sexual mientras operan en territorio venezolano con impunidad.

El reporte también señala problemas en países considerados tradicionales aliados de EE.UU.

Por ejemplo Israel, donde según el informe los esfuerzos de las autoridades para frenar el tráfico de personas «no son serios ni sostenidos».

 En Arabia Saudí, señala que no respeta los «estándares mínimos de protección» para los trabajadores extranjeros, muchos de ellos víctimas de este crimen.

Como Ramón Rodriguez Guerrero, de nacionalidad venezolana, fue identificado el hombre detenido en el barrio Siete de Agosto, en Bogotá, por presuntamente traficar con migrantes.

El diario El Tiempo refirió que este hombre era vigilado por manejar un alto movimiento de ciudadanos venezolanos en el sector.

Oficiales de inteligencia colombianos le seguían los pasos hace meses y establecieron que Rodríguez se movía con documentación falsa.

En efecto, al ser requerido, juró ser colombiano pero no pudo siquiera cantar la primera estrofa del himno nacional, cuando se le requirió.

Fuentes de inteligencia le dijeron a El Tiempo que es allegado a una política de Venezuela y que, al parecer, tenía nexos con venezolanos que situaban en puestos callejeros.

Además, que también había obtenido un pasaporte de manera fraudulenta, con el cual viajaba a Panamá, según él, a adelantar reuniones de negocios.

Se estableció que en su vivienda de Bogotá alojaba a varios ciudadanos venezolanos que ingresaban irregularmente y que ubicaba en puestos de ventas de perros calientes.

La captura fue realizada en un trabajo interangencial entre la Policía Judicial de Migración Colombia, el Ejército, la Policía y la Regional Andina de Migración Colombia.

Tras varias verificaciones se estableció que habría obtenido ciudadanía colombiana de forma fraudulenta, a través de la obtención de un registro civil irregular tramitado en el Municipio de Puerto Rondon.

El documento fue anulado por la Dirección Nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional, mediante Resolución 4528 del 24 de junio de 2020.

La funcionaria que le expidió el documento falso ya está presa desde 2018 por expedir un registro a un ciudadano israelí vinculado al narcotráfico.

Un dato que ha llamado la atención y que inicialmente parecía un error es que el acta del registro civil que se usó como base de su identidad falsa data de 1889.

Además, que el detenido ingresó a Colombia desde 2014, que una de sus parientes sería diputada suplente en Venezuela y que testigos dicen que en su casa también se han alojado militares de ese país.

La Registraduría investiga otros casos en donde la misma registradora está involucrada.

? Cae venezolano en el sector del 7 de Agosto, en Bogotá. Autoridades rastrean red de tráfico de personas. Los detalles, vía @Uinvestigativa ► https://t.co/WxTei6vnmi pic.twitter.com/1PvimB5IUA

Por el tráfico de trata de personas y asociación para delinquir en Puerto Ordaz, estado Bolívar, fueron privados de libertad 11 hombres y una mujer.

La orden de detención fue emitida por el Tribunal Segundo en Funciones de Control, Audiencia y Medidas con competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar.

Según nota de prensa, los delitos de tráfico de niños, niñas y adolescentes, tráfico ilegal de personas y asociación fueron cometidos contra 68 víctimas: tres adolescentes de sexo masculino, una adolescente de sexo femenino, dos niñas y dos niños, 42 adultas y 18 adultos. 

“La medida del referido juzgado recayó sobre los ciudadanos Teófilo Ramon Zabaleta, Adrián Rafael Cova, Oswaldo Pérez Mata, José Gregorio Medina, Wilmer Devi González, Jesus Vicente Medina, Ángel Daniel Marcano, Julián Alberto Barrera, Nicolás Eduardo Marín, Wilson Valderrey Cooper y Henry Jesus Moya, así como sobre la ciudadana Anneris José Suarez”.

Se conoció que los 11 hombres y la mujer fueron detenidos por una comisión de efectivos de la Armada Bolivariana que realizaba control de tráfico fluvial en el río Orinoco, y logró avistar una embarcación tipo chimana con 39 personas a bordo, quienes informaron que iban a salir de aguas territoriales venezolanas con destino a la República de Trinidad y Tobago.

Una vez realizado el transbordo del personal femenino y de los niños y adolescentes, la comisión de la Armada Bolivariana continuó el tránsito hacia el sector de Pueblo Blanco, donde se encontraban otras 50 personas en un refugio, las cuales esperaban de igual forma ser trasladadas a la mencionada nación insular.