Desde hace varios años, los ministerios, Banco Central de Venezuela y demás organismos públicos ocultan las cifras económicas y de desarrollo social del país, lo cual es perjudicial, puesto que, entre otros elementos, las empresas no pueden hacer sus proyecciones de crecimiento, sin tener a mano datos como el Producto Interno Bruto.

Esta es la razón de un comunicado público, suscrito por casi 70 personas, la mayoría economistas, como José Guerra, donde exigen a la administración de Nicolás Maduro publicar estas cifras «actualizadas, las cuales son elementos fundamentales para el análisis de la situación económica y social de Venezuela».

El llamado es «a las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV), al Ministerio de Finanzas, a PDVSA y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE)», para «la publicación de las cifras actualizadas que les competen».

En la misiva sostiene que en el caso del BCV, «la información relativa al PIB y la balanza de pagos se dejó de publicar el primer semestre de 2019».

Recientemente, el presidente del BCV, Calixto Ortega, prometió que «en los próximos días» publicarían las cifras relacionadas con el PIB y el crecimiento de algunos sectores, opuesto que solamente dio a conocer los porcentajes, sin decir que rubros habían aumentado.

También critican al Ministerio de Energía y Petróleo por no publicar cifras desde el 2016, por lo que los expertos se ven obligados a acudir a la información de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Al Ministerio de Finanzas, igualmente le piden que actualice las cifras de gestión fiscal que no publica desde el 2009 y al INE, le cuestionan que los últimos datos sobre pobreza son del 2015.

«Esta situación conforma un cuadro de opacidad, falta de transparencia y desacato a la Constitución, la cual establece el derecho de los venezolanos a una información veraz y oportuna», alerta el comunicado.

Según las únicas cifras reveladas por el BCV destacan que la actividad económica creció 14,65 % y 19,07 % en el tercer y cuarto trimestre de 2021.

Mientras que en los tres primeros meses de 2022 aumentó 17,04 %, y entre abril y junio 18,7 %.

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En un informe de la ONG Transparencia Venezuela, se alerta que desde hace muchos años, en Venezuela «se ha dado forma a la cultura del secreto dentro de la administración pública, negando el derecho de los ciudadanos de acceso a la información para conocer en detalle el manejo que se le da a los recursos del Estado y la forma en que se toman las decisiones que de manera directa o indirecta incidirán en su calidad de vida».

La ONG recuerda el artículo 57 de la Constitución que indica que “se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

Igualmente, denuncia que «la falta de transparencia dentro de las acciones de la administración pública, en los últimos años se convirtieron en una especie de norma».

Y remata indicando que por ello, a lo largo de estos años de gobiernos chavistas, hay un conjunto de leyes y normas que establecen «el secreto», acerca de la información.

Transparencia hizo una recopilación y determinó que de «217 leyes, 42 promueven el secreto de información, junto a 11 decretos (de un total de 251), es decir que de un diverso de 475 instrumentos legales 60 contienen disposiciones sobre opacidad».

La organización alerta que «todo esto se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción, el despilfarro de los recursos del Estado y la instauración de una cultura de funcionarios públicos que actúen contrario a lo establecido en la Constitución».

El Grupo de Trabajo Contra la Impunidad en Venezuela, encabezado por la ONG, Transparencia, envió una nueva carta a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que manifiesta su preocupación por el abordaje que realiza el organismo sobre el tema de la corrupción en el país y sus devastadores efectos en la calidad de vida de los ciudadanos.

La agrupación alerta que, en el informe presentado el 2 de julio de 2020, «no se analiza el espectro de consecuencias corrosivas que la corrupción genera sobre los derechos humanos y el Estado de derecho, así como las amenazas que representa a la seguridad humana en Venezuela».

En el texto, dice la ONG, «solo se hace una ligera referencia a la corrupción, en cambio, se hacen 12 menciones a las sanciones internacionales y sus efectos en el país».

“En los últimos 20 años, la corrupción en Venezuela se ha exacerbado de forma exponencial.  Estudios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional alertan sobre una pérdida de más de US$ 350.000 millones en este período», denuncia la misiva.

Agrega que «la justicia venezolana se ha negado a investigar y procesar dichas alegaciones y estas se encuentran en un contexto de total impunidad (…) A pesar de todo esto, el informe de su Oficina no incluye datos sobre la envergadura de la corrupción en el país y se limita a mencionar, en una oportunidad, la corrupción del sector petrolero”.

Las preocupaciones señaladas en la carta fueron compartidas con la oficina de la Alta Comisionada previamente. El 4 de julio de 2019 el mismo grupo de trabajo envió una carta dirigida a Bachelet sobre la temática. 

El grupo de trabajo reiteró «su intención de dialogar con Bachelet o sus representantes sobre las preocupaciones señaladas, así como explorar formas de colaboración para un trabajo futuro».