La ONG Transparencia Venezuela publicó un informe donde menciona el entramado legal que ha permitido instaurar mecanismos de represión en el país desde el 2014.

En el escrito, la organización denuncia que estas leyes “han permitido la consolidación de mecanismos represivos, reducen el espacio cívico, limitan el trabajo humanitario, restringen libertades fundamentales, concentran poder en el Ejecutivo, legalizan la opacidad en la gestión pública, debilitan el Estado de derecho, dificultan la recuperación económica y mantienen un alto riesgo de corrupción con gran impacto negativo en la vida de la gente”.

El documento, denominado: «Necesidad de derogar marco normativo restrictivo en Venezuela», destaca que las normas carecen de base constitucional sólida, contradicen estándares internacionales y son incompatibles con una democracia plural.

Advierte que el uso de conceptos vagos como «odio», «seguridad nacional», «bloqueo» o «fascismo» facilita la penalización de la disidencia y la labor de la sociedad civil.

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 La Ley de Fiscalización de ONG, conocida como la Ley Antisociedad, que impone una avalancha de trámites que hace inviable la operación de organizaciones civiles. 

Hasta junio de 2025, solo tres organizaciones de las 101 consultadas habían logrado inscribirse en el nuevo registro.

La Ley contra el Odio, que establece penas de hasta 20 años de prisión por expresiones ambiguamente definidas y permite el cierre de medios de comunicación, generando autocensura sistemática. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Maduro en 2017, un órgano que el informe considera incompetente para legislar.

La Ley Bolívar, que castiga con hasta 30 años de cárcel e inhabilitación de hasta 60 años para cargos públicos a quienes promuevan, apoyen o participen en la adopción de sanciones contra el régimen venezolano. También permite la extinción de dominio de los bienes de los señalados.

La Ley Antibloqueo, que autoriza al Ejecutivo a clasificar como reservada información sobre contratos y operaciones económicas, permite celebrar acuerdos con empresas sin divulgar sus condiciones y elimina el control parlamentario y fiscal. También fue aprobada por la ANC.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, que en la práctica no protege el derecho al acceso a la información, sino que lo limita al omitir el alcance del término «información pública» y no crear un órgano garante ni sanciones por incumplimiento.

La Ley de Precios Acordados, que impone controles administrativos que eliminan márgenes de ganancia reales, genera escasez e incentiva la informalidad y los mercados negros. Fue también aprobada por la ANC.

La Ley de IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras), que penaliza el uso de divisas, genera cargas fiscales desproporcionadas sin distinción de tamaño empresarial y ha forzado el cierre de empresas y la disminución de empleo formal.

La Ley de Pensiones, que crea cargas fiscales adicionales de hasta el 15% sobre el sector privado sin articulación con el sistema de seguridad social, afecta a empresas cerradas y sin personal, y cuya recaudación se desconoce porque la Ley de Presupuesto no se publica desde 2017.

El Régimen de Control Cambiario, vigente desde 2003, que ha generado distorsiones económicas, impedido el libre acceso a divisas y facilitado esquemas de corrupción que han ocasionado daños patrimoniales multimillonarios.

El informe argumenta que la derogación de estas normas es jurídicamente viable, no crea vacíos legales y es indispensable para restaurar la separación de poderes, garantizar libertades individuales y cívicas, reabrir el espacio democrático, fortalecer el Estado de derecho, incentivar la inversión y armonizar la legislación venezolana con los estándares democráticos internacionales. Varias de estas leyes contradicen recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la ONU, la OCDE, el GAFI y la Convención de Palermo.

Transparencia Venezuela concluye que «la derogación de estas normas es clave para una transición institucional, económica y democrática sostenible e íntegra de Venezuela» y que debe ser una Asamblea Nacional elegida en un proceso libre con plenas garantías la que se ocupe de crear y reformar las leyes que el país necesita.

Con información de nota de prensa

 “Las exigencias en materia petrolera de Estados Unidos a las autoridades venezolanas, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, requieren que se atiendan las debilidades institucionales de nuestro país para que la necesaria inversión y ampliación de socios se den en el marco de condiciones claras, transparentes, competitivas, equitativas y, fundamentalmente, sin cláusulas de confidencialidad, con criterios en los que prevalezca la decisión de los venezolanos”.

La petición la hizo la ONG, Transparencia Venezuela a raíz de la caída de Nicolás Maduro y de los anuncios de Estados Unidos acerca de la recuperación de la industria petrolera del país.

En comunicado, la ONG recordó que “en 2021 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que Venezuela requería, para un plan mínimo de recuperación económica de un año, la cantidad de 39.325 millones de dólares, una cifra que con toda seguridad se ha elevado”.

Asimismo, destaca que, según “Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Rice University’s Baker Institute, Venezuela tiene el potencial de multiplicar por cuatro o por cinco la producción actual de petróleo. Sin embargo, eso requiere más de una década de inversión constante de un monto que excede los USD 100.000 millones”, puntualiza.

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Aunque no se conoce aún la dirección que tomará la nueva situación a partir de la captura de Nicolás Maduro, Transparencia Venezuela recuerda las condiciones necesarias para que las inversiones tengan efectos constructivos:

1. Definir con claridad las condiciones y los procesos para la inversión extranjera y nacional, garantizando competitividad, trato equitativo, estabilidad en las reglas, respeto de los derechos de propiedad, capacidad para convertir y transferir divisas dentro y fuera del país, transferencia tecnológica, protección frente al incumplimiento de contratos, transparencia, simplificación y celeridad en todos los trámites que deben realizarse.

2. Crear y publicar un Registro de Inversiones Extranjeras en formato de datos abiertos, que incluya todos los elementos de la inversión: identificación del beneficiario final (beneficial ownership), sector, proyectos, montos, origen de los fondos, propósitos, socios, declaración de intereses, participación pública o privada, contratos, lapsos de realización, etc.

3. Garantizar contrataciones públicas competitivas y divulgación completa de contratos, licencias y titularidad beneficiaria, alineados con los estándares de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas en el caso del sector minero (EITI por sus siglas en inglés) y la Alianza de Contratación Abierta. Prohibir sin excepciones las cláusulas de confidencialidad en toda contratación pública.

4. Transparentar todos los acuerdos y compromisos en vigor suscritos por el Estado venezolano con gobiernos foráneos, inversionistas privados extranjeros o nacionales.

5. Reformar la normativa vigente en materia de inversión extranjera (Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de Nº 41.310 del 29 de diciembre de 2017): eliminar restricciones, desincentivos, trámites excesivos, control de la responsabilidad social y el monopolio del Estado sobre sectores estratégicos.

6. Definir criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para las empresas en sintonía con los estándares internacionales como la Iniciativa Global de Reportes (GRI), el Consejo de Estándares de Divulgación Climática y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

7. Separar claramente las responsabilidades del Estado venezolano como promotor de inversiones, empresario y regulador en órganos distintos, para impedir la confusión de roles, conflictos de interés, débiles restricciones presupuestarias, mercados asimétricos y desviaciones de poder.

8. Mejorar la gobernanza de las empresas propiedad del Estado que garanticen la racionalidad de la propiedad pública de la empresa, el rol del Estado como propietario, prácticas de integridad, la divulgación de sus relaciones con partes interesadas, la autonomía de injerencias partidistas, la rendición de cuentas y la responsabilidad de sus autoridades.

9. Derogar la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que establece la concentración de poder en el presidente/a y actuaciones secretas, lo que elimina la separación de poderes y las garantías de transparencia y rendición de cuentas.

Frente a las necesidades de inversión y ampliación de socios en las relaciones económicas internacionales de Venezuela, la ONG cree que “es necesario recordar que la llegada de capitales puede tener efectos corrosivos o efectos constructivos”.

Alerta que, “si los acuerdos se establecen de forma opaca; si aprovechan vacíos legales y debilidades de gobernanza existentes en el país receptor; si alimentan los intereses de las élites y sus aliados; si no se conocen los contratos u acuerdos; si no se cumple con las obligaciones tributarias y de negocios y si permiten que las empresas evadan criterios sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo, tendrán efectos corrosivos como ha ocurrido con China y Rusia”.

Préstamos

Transparencia Venezuela destaca que “en Venezuela, entre 2005 y 2017 entraron por préstamos e inversiones extranjeras más de USD 90.000 millones que no se tradujeron en bienestar para la población ni en crecimiento sostenible”.

Denuncia que estos recursos “se transformaron en capitales corrosivos que multiplicaron la deuda sin beneficio para los venezolanos, alimentaron la corrupción y fortalecieron el control autoritario de los pocos con acceso al poder político”.

Advierte que “en la actualidad hay serias debilidades de gobernanza por la ausencia de contrapesos, del secreto como política de Estado y un marco jurídico diseñado para el abuso de quien ejerce el poder. Petróleos de Venezuela y el Ministerio de Hidrocarburos han estado y siguen estando capturados”, dijo.

La activista y directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas,  hizo un llamado urgente a profundizar la cooperación internacional para investigar y sancionar “la   corrupción transnacional” vinculada al Gobierno.

De Freitas hizo la denuncia en el marco del Encuentro Internacional “Contrarrestando los ilícitos y la corrupción venezolana”, celebrado durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN), en Argentina.

Durante su intervención, De Freitas expuso cifras sobre el alcance de las economías ilícitas en Venezuela y dijo que solo en 2024, el narcotráfico movilizó más de 8.200 millones de dólares, el contrabando de oro alcanzó los 3.200 millones, y la trata interna de personas generó al menos 2.500 millones de dólares. 

Estos montos superan ampliamente el presupuesto nacional, lo que evidencia —según la experta— la simbiosis entre crimen organizado y estructuras del Estado venezolano.

“La relación entre el crimen organizado y el Estado ha llegado a tal punto que no se distingue dónde termina uno y comienza el otro”, afirmó. 

De Freitas denunció que en Venezuela no se investigan los casos de corrupción relevantes, y que 178 causas de gran corrupción vinculadas al chavismo están siendo procesadas en sistemas judiciales de 30 países, ante la inacción del Ministerio Público venezolano.

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  De Freitas denunció que la corrupción en Venezuela goza de impunidad y al respecto se preguntó: "¿Qué está haciendo el Estado para contrarrestar estas economías ilícitas? Mucha propaganda”. 

"Salen algunos militares por la playa corriendo en cámara lenta y descubren un bulto”, dijo.

Denunció que se ha desmantelado la capacidad de investigación. "Le quitaron la capacidad de investigación al CICPC y se la entregaron a la Guardia Nacional, que es la responsable de perseguir a los narcotraficantes. Se rompe así la posibilidad de que haya independencia en las investigaciones”, lamentó.

Con información de Newsweek.com.ar

En su más reciente informe, la organización civil Transparencia Venezuela, detalla cómo se han venido desarrollando las economías ilícitas bajo la impunidad y la desatención del Ministerio Público, a quien señala de ocultar cifras de criminalidad y gestión en el país. Además, resalta los presuntos nexos y actuaciones de altos mandos del gobierno venezolano en dichas actividades.

Se trata del más reciente informe de la ONG Transparencia Venezuela “Economías ilícitas” bajo el manto de la impunidad; que informa sobre los niveles de inacción por parte del ministerio público ante actividades ilícitas que han ido en aumento en el país.

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Narcotráfico, contrabando y extracción ilegal de oro figuran como los principales delitos que azotan al país, dejando fuertes afectaciones en el aparato social y económico.

Investigaciones realizadas por instituciones tanto nacionales como internacionales han documentado que dichas actividades se han realizado bajo el conocimiento y presunto consentimiento de funcionarios públicos a la orden del ejecutivo chavista.

Transparencia Venezuela también destaca que la incapacidad de Venezuela para detectar, castigar y prevenir estos actos está asociada en primer lugar a la falta de independencia judicial y a la poca transparencia gubernamental. Lo que ubica a Venezuela en el cuarto puesto de los países con mayor impunidad en el mundo, según el índice de capacidad para combatir la corrupción de 2022.

El informe revela que estas actividades ilícitas dejarían alrededor de 9 mil millones de dólares, lo que además termina resultando en un incentivo para no aplicar las leyes.

Además de que el Ministerio Público no presenta informes de gestión en contra de grupos criminales y mucho menos estudios o estadísticas de las gestiones públicas que se hacen el país.

Estudios también señalan el apoyo de organizaciones armadas de otros países, como por ejemplo el ELN de Colombia, o la internacionalización de grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua, que en conjunto expanden estas economías ilícitas.

La organización revela que más de 60 mil millones de dólares han sido objeto de corrupción y no existen investigaciones al respecto, lo que constituye un evidente caso de complicidad por organismos oficiales.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, manifestó que no solo en Venezuela se investigan las tramas de corrupción de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) o de Corporación Venezolana de Guayana (CVG), sino que fuera del país también hay casos abiertos, por malos manejos de recursos o lavado de activos.

Son tantos que en la ONG han logrado contabilizar 26.

«Transparencia Venezuela tiene graficado cómo operaron algunos funcionarios en las tramas de corrupción, pero aún hay un horizonte totalmente desconocido porque hay tantos casos abiertos que siguen siendo investigados por la comunidad internacional: la organización cuenta 26 países», dijo, en entrevista con Radio fe y Alegría.

La ONG, en un trabajo especial, revelo hace algunos días que «hay involucrados más de 42 mil millones de dólares del patrimonio público venezolano en 127 casos de presunta corrupción».

Pero, «la verdadera cantidad de dinero saqueada no se tiene, pues no se sabe dónde está, si está en efectivo, en qué banco o quién lo tiene».

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“Desde el 2000 estamos hablando de casos horribles que hablan de mucho dinero, además de temas sensibles: medicamentos y alimentos. Me acuerdo de Pdval. ¿Por qué se perdieron 160.000 kilos de comida en los puertos de Venezuela comprados con Cadivi?”, se preguntó. “Eso tiene que ver con una estructura creada de gran corrupción donde hay absoluta impunidad y un monopolio del Gobierno”, agregó.

“Hablamos de que no hay separación entre los contralores, la Asamblea, la Contraloría General de la República, ni los gestores”, expresó.

Denunció que «desde el 2010 en Venezuela no hay transparencia porque no se publica nada sobre los gastos e ingresos del país, lo cual debe hacerse porque está estipulado en la ley venezolana. Y, como no se hace, se crea un monstruo que incentiva la corrupción”.

“La corrupción venezolana ha llegado hasta la música. A cualquier sector que uno vea”, aseveró.

Para la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, la ciudadanía debe estar «muy pendiente» del destino de los recursos que se desbloquearán, en el marco del Acuerdo Social firmado entre el oficialismo y la oposición en México.

En entrevista con Radio Fe y Alegría, De Freitas alertó, además, que los venezolanos tienen «derecho a acceder a la mayor información posible acerca de lo que se haga con el fondo».

Pero, aclaró que esos 3.000 millones de dólares no son suficientes para resolver los problemas derivados de fallas en los servicios de salud y electricidad, por ejemplo.

«No es ni de lejos suficiente. Esa cifra, que puede llegar a ser de 3 mil millones de dólares, va a poder atender una minúscula parte de las necesidades que hay en el país. Sin embargo, es una ayuda y tenemos que estar conscientes de que, como no hay dinero para todo, hay que invertirlo de la mejor manera”, recomendó.

Lamentó que sean demasiados problemas que atender, como que «muchas personas necesitan alimentos para pasar el día, a lo que se agregan las múltiples carencias como la recuperación de los hospitales y del sistema eléctrico».

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De Freitas señaló que aun cuando el fondo será gerenciado por las Naciones Unidas, que cuenta con “procesos más confiables que los que hay en el país”, y será vigilado internacionalmente para usarlos de forma efectiva, se necesita transparencia.

Por lo tanto, desde Transparencia Venezuela proponen que se publique cada paso que tenga que ver con el fondo, que haya un mecanismo de contraloría social a través del cual ciudadanos puedan hacer seguimiento; también un mecanismo donde puedan presentar observaciones, comentarios y denuncias que se le den respuesta.

“Los fondos son de los venezolanos y tenemos el derecho de acceder a la mayor información de lo que se haga con ellos”, expresó.

No obstante, consideró que es una oportunidad para que muchos puedan mejorar un poco su calidad de vida y recordó que es un proceso que tardará alrededor de tres años, comenzando a ejecutarse a partir del próximo año.

Manifestó que deben consultar a expertos en el tema eléctrico, que son quienes saben en qué áreas es primordial invertir primero para alcanzar cambios sustanciales y tienen información global.

“Hay que hacer un ejercicio colectivo de composición y atención a los grupos más vulnerables”, dijo, mencionando a Zulia y a los Andes como los que más sufren por el deterioro del sistema eléctrico.

«La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino. Además de diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó».

El anterior es un párrafo del informe que, en octubre del 2021, publicó la ONG Transparencia Venezuela, tras las denuncias acerca de los «manejos opacos» de los recursos del Estado, en manos del interinato.

Impacto Venezuela cree necesario publicar este informe, debido a que este jueves, la Asamblea Nacional de Juan Guaidó aprobó recursos por el orden de los 50 millones de dólares. El dinero está «destinado al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de Casos de Riesgo Vital para este año 2022».

No obstante, los dirigentes opositores que anunciaron esta medida, no informaron de dónde sale el dinero. Tampoco dijeron en qué se gastará realmente. De hecho, fuentes opositoras que pidieron mantener su identidad en reserva, manifestaron que «hay gran hermetismo» al respecto.

Transparencia Venezuela está convencida de que «urge un cambio en la manera como se vienen gestionando los recursos públicos. No solo por parte de Nicolás Maduro sino también por el gobierno Interino. Además de una investigación integral sobre las denuncias formuladas», acerca del manejo opaco de ese dinero.

La ONG alertó en el informe mencionado que «la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos en la gestión pública introducen amenazas serias a los intereses del bien común». También «quebranta la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Por esta razón, las recientes denuncias que se han hecho sobre el incumplimiento de las responsabilidades del Gobierno interino de Venezuela son de suma preocupación».

Resalta también que esa opacidad «pone en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República».

Ello «constituye una falta inaceptable y un incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución». Este estatuto es un instrumento que aprobó la propia Asamblea Nacional electa en 2015.

La ONG recordó las denuncias acerca de «malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta».

Lamenta que en este caso «la Asamblea Nacional (del 2015) no presentó un informe concluyente que exigiera la aplicación de procesos y procedimientos de transparencia. Además de la contraloría y rendición de cuentas que eliminen las irregularidades administrativas» cometidas.

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Transparencia Venezuela enfatizó sus llamados de alerta en torno a la Procuraduría Especial y al Fondo de Litigios

Recuerda que «una de las situaciones más delicadas en el desempeño del Gobierno interino» la hizo pública el Procurador Especial de la República, Enrique Sánchez Falcón.

Este «funcionario» se quejó porque la AN del 2015 «no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos”. Lo hizo en relación con el «petitorio de los presupuestos requeridos para la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero».

El juicio sobre los Bonos Pdvsa 2020, es otro de los casos que Transparencia destacó como con irregularidades.

Lo hizo porque para el 2021 no se había resuelto el caso satisfactoriamente, a pesar de que «en octubre de 2019, la AN electa en 2015 autorizó a la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa el uso del “dinero disponible a su favor en Estados Unidos hasta por dos millones de dólares”.

Los recursos serían para «el pago de honorarios profesionales asociados a la defensa legal de sus activos. Luego, en enero de 2020, Juan Guaidó solicitó a la AN ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares».

En efecto, «el Fondo de Litigio tenía autorización para gastar 24 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, luego de solicitudes hechas por la Procuraduría Especial, la AN reconoció deudas por pagar hasta octubre de 2020. Las mismas eran de aproximadamente 18,7 millones de dólares».

Posteriormente, la Junta Administradora ad hoc del BCV mostró, en su informe de gestión presentado el 28 de julio 2021, desembolsos para el Fondo de Litigios a mayo 2021. Los recursos eran por 10,1 millones de dólares del total de los 18,7 millones aprobados. Es decir que para julio 2021 quedaban 8,6 millones de dólares por ejecutar para honrar deudas de 2020.

La opinión pública desconoce, «a la fecha, la posición y explicación de la Comisión Delegada o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre la alerta del Procurador. Esta opacidad no es materia de reserva o confidencialidad. No se trata de conocer las estrategias legales de la defensa de la República y sus activos en el extranjero. Se trata de la provisión de recursos financieros para el pago de honorarios y servicios legales».

La Transparencia cree que la AN «compromete su responsabilidad jurídica y política al no aprobar los recursos para esta importante tarea y para la apertura de investigaciones de la Procuraduría Especial».

Luego de 13 años de la expropiación de la trasnacional minera Crystallex, en 2021 un tribunal estadounidense ordenó la venta de las acciones de Citgo a favor de la empresa canadiense.

Por otro lado, en 2017 Nicolás Maduro había ofrecido 51,1% de las acciones de Citgo como garantía de pago por los Bonos Pdvsa 2020, sin la autorización de la Asamblea Nacional.

Ambos procedimientos están paralizados luego de que la administración de Donald Trump en Estados Unidos impidiera en octubre de 2019 negociar las acciones de Citgo.

Es preciso recordar que Nicolás Maduro también ofreció 49% de las acciones de Citgo a la petrolera de Rusia, Rosneft, como garantía frente a un préstamo a Pdvsa en el año 2016.

El ex Procurador Especial José Ignacio Hernández señaló, en una declaración a la Voz de América sobre el caso Citgo, que hay “más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan. Cada vez la situación se complica más porque los acreedores de Venezuela han venido esperando, al menos, desde el año 2017”.

Juan Guaidó designó en 2019 una junta administradora ad hoc para Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., filial de Pequiven y productora de fertilizantes en Colombia.

Un año después, el senador colombiano José David Name instó al gobierno de Iván Duque a intervenir la empresa porque había indicios de corrupción. Esto, los cuales fueron desestimados luego de la rendición de cuentas en julio de 2020.

Sin embargo, no se atendió la denuncia del ex embajador de Guaidó en ese país, Humberto Calderón Berti, sobre la intromisión de representantes de partidos políticos de la alianza opositora en el manejo de la empresa de fertilizantes, ni se emitió un informe al respecto.

La decisión de la Superintendencia de Sociedades, y las diferentes y contradictorias fuentes de información sobre la gestión de la empresa muestran el riesgo de la opacidad en la gestión pública ligada al Gobierno Interino.

La Superintendencia de Sociedades, mediante resolución No. 301-004466 del 20 de agosto de 2021, tomó la decisión administrativa de control de Monómeros.

Sobre esta decisión, la Junta Directiva Ad hoc de Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., señaló que ejercería los recursos legales para revocar la medida. Esto provocó la renuncia de su presidenta, Carmen Elisa Hernández.

No obstante, ni la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional ni su Junta Directiva han aclarado los hechos que motivan la medida administrativa de control.

Sin embargo, el Gobierno interino emitió un comunicado el 15 de septiembre informando sobre la medida de reestructuración y auditoría.

Rendición de Cuentas del Fondo de Liberación, de la Junta Administradora Ad hoc del Banco Central de Venezuela, de la Procuraduría Especial y de las Juntas Administradoras de las empresas Pdvsa, Pequiven, CVG y Bandes

Los días 21, 23 y 28 de julio de 2021, se realizaron actos de rendición de cuentas ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015 de estos organismos.

No obstante, y aunque Transparencia reconoció la disposición de los responsables de estas áreas de la gestión pública, se advierte lo siguiente:

Los documentos presentados corresponden a la gestión de algunas de las instancias vinculadas al Gobierno interino. «Aún no conocemos las rendiciones del Contralor Especial, del Consejo Nacional de Defensa Judicial y de la propia Presidencia»·

El Consejo de Administración del Gasto, responsable del Fondo de Liberación, no publicó el informe exhaustivo. El mismo debería contener «los datos de la administración financiera en formato abierto. Tampoco fue posible visualizar con claridad por problemas técnicos durante la sesión virtual en la que se hizo la exposición el 21 de julio».

En la rendición se explicó, sobre las funciones del Consejo, los desafíos y los logros en la ejecución de recursos ($61.1 millones de los $80 millones presupuestados en 2020).

Sin embargo, no se detallaron las fuentes de ingreso ni las fechas exactas en las que se tuvo la disponibilidad de los recursos. No presentaron los gastos según la clasificación funcional (o sectorial) ni por partidas del clasificador presupuestario vigente».

Aunque hubo rendición de cuentas de la Junta Administradora Ad Hoc de Pdvsa, «esta información no está disponible, salvo los datos de Citgo en su portal Web».

La Junta Administradora Ad Hoc de Pequiven, presentó algunos indicadores de gestión de la empresa Monómeros. «Pero, tampoco fue publicada la presentación ni el informe con soportes de los datos expuestos».

Las escuetas rendiciones de CVG y Bandes no se acompañaron de presentaciones ni están disponibles los documentos de soporte respectivos.

La Junta Administradora Ad hoc del BCV mostró información sobre sus responsabilidades con relación a la administración y custodia de los fondos de la República en el extranjero.

«Se muestra información de las cuentas generales de los recursos en custodia, los acuerdos de préstamos a la República para los fondos. Se muestra lo que efectivamente se ha transferido y la ejecución de recursos en litigios del BCV».

Sin embargo, «no se explican las diferencias entre lo acordado y lo efectivamente ejecutado. En la página oficial del ente, aunque se publica el movimiento de los fondos, la información está muy agregada. No está disponible en formato editable».

La presentación hecha por la oficina del Procurador Especial es un poco más exhaustiva. Muestra información financiera y no financiera de los distintos procesos judiciales llevados a cabo. Además de los logros alcanzados y un balance de los gastos causados, pagados y la deuda actua.

Transparencia Venezuela había exhortado a los responsables del Fondo para la Liberación de Venezuela de la obligatoriedad de la rendición de cuentas.

Se suman a las debilidades en las rendiciones, «la omisión o falta de publicación de la memoria de gestión y resultados de la Comisión Presidencial de Relaciones Exteriores. Esto incluye a los representantes diplomáticos en el exterior, así como los magistrados en el exilio».

«La Asamblea Nacional, a la que el Fondo para la Liberación le asignó 14 millones de dólares, también está en deuda con la transparencia en la administración de estos recursos», dice Transparencia.

Ni el portal de la Asamblea Nacional ni el del gobierno interino contienen información pública y datos de gestión.

No hay registro público de contratos autorizados por el Gobierno interino, ni es posible auditar a las comisiones de la AN ni a las presidenciales. Son deficientes respecto a “oportunidad, calidad, utilidad y transparencia de los contenidos”.

La ONG de alerta que «la opacidad constituye un riesgo de posibles conflictos de interés, de discrecionalidad, de abuso y de corrupción».

Agrega que «la opacidad es la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático». En este, «los activos e intereses públicos no son propiedad de los gobernantes, quienes no pueden decidir libremente sobre ellos. Deben responder a instituciones y a ciudadanos».

«El Gobierno interino debe entender la urgencia y necesidad que tiene el país de contar con un organismo de control, con capacidad para prevenir irregularidades. La falta de capacidad conlleva riesgos de corrupción y pérdidas por ineficiencias», insistió la ONG en sus recomendaciones.

Luego de más de dos años de gestionar recursos públicos, «se debe encontrar mecanismos para rendir cuentas de calidad y divulgar la información pública».

Dice que se debe superar «el argumento de cuidar a los beneficiarios de represalias de Maduro o exponer los recursos a los acreedores. La opacidad por seguridad no se puede seguir usando, mientras no se ha fortalecido un sistema de contraloría independiente».

Ya está todo listo para que se active El Guachiman Electoral. Esta alianza conformada por la Organización No Gubernamental Transparencia Venezuela y otros tiene al aire su plataforma digital Dilo Aquí, donde los ciudadanos podrán denunciar cualquier irregularidad que perciban en las elecciones regionales de este #21Nov.

Transparencia Venezuela, junto a jóvenes activistas de la Coalición Anticorrupción, Voto Joven y la alianza de medios de comunicación, estarán activos en dicha alianza, para monitorear el proceso electoral que busca elegir autoridades regionales y municipales en todo el país.

Vale acotar que no es la primera vez que la ONG y sus aliados participan con Dilo Aquí en actividades de tal relevancia en el país. 

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Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 183, cualquier ciudadano puede denunciar los hechos ilícitos o las faltas que estén revistas en la norma.

Por ello, Transparencia Venezuela pone a disposición de todos los venezolanos la aplicación Dilo Aquí, para recoger sus testimonios sobre la jornada electoral.

Además de la plataforma Dilo Aquí, Transparencia Venezuela tendrá personal habilitado para atender las denuncias también a través del 0412-3122629.

El número también servirá para ofrecer asesoria y acompañamiento jurídico gratuito para los denunciantes, dodne se resguardará la identidad de los denunciantes.

La ONG Transparencia Venezuela presentó el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 que señala que nuestra nación se encuentra entre las tres más corruptas del mundo. Y no contentos con eso, Venezuela tiene la peor disposición para combatir el flagelo incentivado desde los gobiernos de turno. Primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro.

Según el informe, la puntuación obtenida por Venezuela es de 0,28 sobre 3 puntos, lo que equivale a un cumplimiento de apenas 9,3%. Es la calificación más baja de la región. Mientras que Perú obtuvo el registro más alto (1,84) y Nicaragua, con 0,41, se ubicó como el segundo más bajo, después de Venezuela.

En la elaboración del informe participaron organizaciones de la sociedad civil de 19 países americanos. En el documento de 67 páginas, se establece que Venezuela tiene el peor promedio general en el seguimiento del Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC).

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«Transparencia Venezuela ha registrado más de 236 casos de corrupción durante dos décadas de chavismo. De esos casos, solo se conoce la cantidad de dinero público comprometido en 114 casos, que supera los $ 52.000 millones. «La mayoríainvolucran a Pdvsa», señala el escrito.

Destaca que esa cantidad «es solo una aproximación a la suma que fue presuntamente malversada durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El monto equivale a ocho veces las reservas internacionales de Venezuela (BCV, enero 2020) y a dos años de ingresos por exportaciones de petróleo ($45.810 millones correspondientes a 2018 y 2019)».

El caso del control de cambio impuesto desde el 2003, también ha sido una fuente constante de corrupción.

“El control de divisas originó un diferencial cambiario de tal magnitud que favoreció a quienes tuvieron acceso al dólar preferencial, que con pocos bolívares obtenían muchos dólares para hacerse con bienes o revender”, explica el informe.

Recuerda que solo a partir de 2018 se inició la flexibilización del control de divisas con la derogación de la Ley de Ilícitos Cambiarios.

Asimismo, la administración de turno alimenta la corrupción con el control de precios.

“Otro de los incentivos ha sido el control de precios vigente desde 2003. El gobierno decide a qué monto deben venderse bienes básicos como alimentos, artículos de higiene y medicinas. Los montos suelen ser tan bajos que propician el contrabando y la aparición de mercados negros”, agrega el documento.

Transparencia señala que «la corrupción con fondos públicos venezolanos traspasó las fronteras de nuestro país. Para legalizar las grandes sumas de dinero y bienes, producto de la corrupción, se han construido redes internacionales. Las mismas involucran gobiernos, empresas y otros grupos foráneos.

Igualmente, denuncia que el país padece por los pésimos servicios de agua, electricidad y salud, entre otros, cuyas fallas también son producto de la corrupción.

«Venezuela padece las penurias de un servicio eléctrico deficiente, que pasó de registrar cerca de 52 interrupciones en 2004 a tener más de 18.000 en 2018. Esta última cifra de acuerdo con el Comité de Afectados por los Apagones. Solo en marzo de 2019 ocurrieron cuatro de los apagones más grandes en la historia del país. Más de 90% del territorio quedó a oscuras, y algunas zonas sumaron más de 100 horas sin servicio».

En 2020, «hubo 157.719 apagones en Venezuela, según el registro del Comité de Afectados por los Apagones. A principios de enero del 2021, al menos 11 estados de Venezuela sufrieron una falla eléctrica, reportaron los usuarios en redes sociales».

En el sector salud, «hay historias de casos de corrupción que nunca han sido investigadas, como la supuesta construcción o remodelación de seis hospitales que ordenó Chávez. Las mismas no se ejecutaron pese a que se destinó dinero para ello».

También «destacan las compras de medicinas vencidas denunciadas hasta por la Contraloría General de la República. El impacto sobre la salud ha sido terrible. Hay madres venezolanas que deben recorrer todo el país en autobús para cruzar la frontera con Colombia y poder vacunar a sus hijos, ante la falta de vacunas», enfatiza.

Para leer el informe entre en el siguiente enlace

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2021/10/Informe-Venezuela_ES.pdf

Transparencia Venezuela (TV) exigió a la administración de Nicolás Maduro que informe sobre el origen de los recursos para el pago de las vacunas contra la COVID-del mecanismo Covax.

“Remitimos formalmente esta comunicación a Delcy Rodríguez. Esto, por considerar de vital importancia que se acabe con la opacidad en todo lo referente a la adquisición de las vacunas», dice una carta publicada por la ONG”.

Son 59,2 millones de francos suizos destinados a la compra de 11.374.000 de dosis disponibles. Este dinero equivale a 119,9 millones de dólares. «Pero no se especificó de dónde provinieron los fondos», señala Transparencia en referencia a Anuncio que hizo Delcy Rodríguez la semana pasada.

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“Los funcionarios también omitieron el origen de los otros casi 60 millones de dólares que deben cancelarse posteriormente», aagregó.

En la carta, TV también pide «información sobre las personas que participaron en los acuerdos». Así como «el plan de distribución y acceso» a las vacunas. Además de «los controles, mecanismos y los entes encargados de llevar un registro de las dosis aplicadas».

“Esta solicitud de información está sustentada en los artículos 28, 51 y 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establecen el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a información pública, de dirigir peticiones a las autoridades para conocer asuntos de interés público y de ejercer control de la gestión pública”, resalta Transparencia.

 «No hay datos oficiales». Esta es la respuesta más repetida a cualquier pregunta sobre Venezuela. No se sabe la cifra (oficial) de casi nada. Pero ese «casi» excluye cada día más asuntos, mientras se extiende un manto de opacidad cada vez más denso. La consecuencia es la impunidad y un caldo de cultivo para la corrupción.

La afirmación la hizo la directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas. Para citar un ejemplo sobre la opacidad, mencionó cómo han circulado partes y vídeos acerca de combates de las Fuerzas Armadas con la guerrilla colombiana. Sin embargo, «no se obtiene ni una sola declaración oficial».

Mientras que, del otro lado, «cuando se filtra un vídeo de un guerrillero en armas y dialogando con militares venezolanos, el único dato parcial lo obtiene el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Pero, hasta la fecha, no hay ni un solo dato del Ministerio de Defensa», publicó la agencia Efe.

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En contra de esa opacidad constante, Transparencia Venezuela pugna por sacar adelante sus investigaciones. De Freitas señala que las mismas, al menos, dificultan la corrupción.

«Todos los días hay un dato que desaparece, datos que parecen vitales. Hay más posibilidades de más corrupción», explica.

Esa escasez de información oficial lo abarca todo. Desde el presupuesto nacional, que Maduro no publica, a la producción petrolera.

«Lo que es legal es la opacidad», subraya de Freitas. Detalla que Venezuela está «entre los últimos países del mundo» en calidad de acceso a la información.

En su opinión, esa falta de datos favorece «a los que tienen oportunidad de tener esa información, que son los pocos que están cerca del Gobierno», y «tienen oportunidad de hacer negocios».

El resultado es evidente: «corrupción descarada, absoluta y sin cortapisas».

Para Transparencia, como para la mayoría de periodistas en Venezuela, buscar información oficial es enfrentarse a una puerta cerrada.

La escasez afecta incluso a la vida cotidiana de cualquier persona, en situaciones que parecen extremadamente estrambóticas. Un incidente en el Metro de Caracas obliga a los ciudadanos a bajarse de los vagones y los vídeos inundan las redes sociales.

Al día siguiente, el usuario revisa las plataformas oficiales de un servicio básico. Dicen que el servicio está restituido y piden no replicar noticias que causen confusión. Es decir, que nadie replique lo que sucede en los túneles.

«No hay democracia sin que los ciudadanos sepan lo que está pasando en su Estado porque la democracia, principalmente, significa que son los ciudadanos lo dueños del Estado y que el Gobierno (…) está trabajando para el bienestar y el bien común de la ciudadanía»; subraya de Freitas.

Por eso, sostiene que los venezolanos, «como ciudadanos», no tienen país porque no tienen «información de cómo es ese país».

La ONG Transparencia Venezuela (TV) desarrolló una investigación sobre las Empresas Propiedad del Estado (EPE). En el trabajo denominado, Empresas Propiedad del Estado III, determinó que el régimen es propietario actualmente de 706 empresas.

Se trata del cuatro año consecutivo en el cual TV se dedica a ampliar la búsqueda y conocer cuántas empresas del Estado hay. Además de determinar el volumen histórico de producción, las autoridades y su nivel de autonomía e independencia.

Asimismo, la ONG investigó acerca de cuáles son los riesgos de corrupción a las que estas empresas se exponen. Igualmente, indica cuál es el peso del factor político en su conducción y su impacto en el desarrollo económico del país. También en la calidad de vida de los venezolanos.

«Transparencia Venezuela logró identificar 706 compañías en las que el Estado venezolano es el dueño absoluto o tiene alguna participación accionaria. La mayoría de las sociedades están creadas, expropiadas, nacionalizadas o confiscadas. Esto ocurrió entre las gestiones de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro». Ellos «convirtieron al Estado en el gran empresario. Toco con el propósito de implementar su modelo de control e implantar el llamado Socialismo del Siglo XXI», señala TV en el estudio.

De las 706 EPE identificadas hasta ahora, 597 son nacionales y 109 son internacionales. Las compañías están repartidas en los sectores manufactura, agroalimentario, hidrocarburos e instituciones financieras. «Tienen resultados desfavorables para la economía venezolana», señala la ONG.

Transparencia pudo actualizar las denuncias sobre irregularidades en las estatales del sector alimentación. Igualmente, el papel de los fondos extrapresupuestarios en el descalabro económico del país. También alerta sobre los posibles beneficios que obtuvo el poder central con la destrucción de estas compañías.

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La investigación logró identificar, por ejemplo, las máximas autoridades de 260 EPE, de las cuales, al menos 96 están en manos de militares (activos y retirados). «Esto deja en evidencia el peso de los uniformados en el sector económico del país», destaca TV.

Además, revela los fondos destinados al Ministerio para la Defensa en las últimas dos décadas. Analiza los distintos entes adscritos al despacho, 38 en total. «La mayoría de los cuales no tiene nada que ver con la seguridad y defensa de la nación».

Sobre las empresas estatales del sector alimentación hay denuncias por el uso irregular del dinero. El estudio, señala, por ejemplo, que hay más de 50 investigaciones sobre gran corrupción en el sector alimentación. Estas averiguaciones están en manos de organismos oficiales de varios países, el Parlamento y reconocidos medios de comunicación.

Los casos analizados dan cuenta de al menos 17 mecanismos de corrupción que ocurren con frecuencia en el sector agroalimentario. Van desde la asignación de millonarios contratos a dedo, por parte de las máximas autoridades del Estado. Y llega hasta el desvío de los alimentos asignados a las EPE por cuenta de los empleados.

El texto hace un recuento de los mil millonarios recursos recibidos por el Fonden de parte de BCV y Pdvsa. Presenta una lista de 20 grandes proyectos financiados por este fondo. Determina que los mismos o se concluyeron ni aportaron los beneficios prometidos a la población.

Transparencia publica un informe que analiza los beneficios obtenidos por Chávez y Maduro con la destrucción de las empresas estatales. El documento concluye sobre la intención del gobierno central de destruir las compañías, desde 1999.

El informe destaca que el mal manejo de las estatales le permitió al gobierno central contar con los fondos para mantener la autodenominada “Revolución Bolivariana”.

Del análisis continuo sobre las EPE en Venezuela destaca la inmensa opacidad que las rodea y la pobreza en el resultado de sus gestiones.

Para ver el informe completo haga click en el siguiente enlace: