La Policía de Colombia junto con la INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía General y el apoyo del Servicio de Seguridad Diplomático de los Estados Unidos, detuvieron a Bibiana Díaz Méndez, de nacionalidad colombiana, de 60 años de edad, por el delito de tráfico de migrantes.

La capturada era la encargada de la modificación y/o alteración de información en los formularios I-20 y DS-160 de las personas que querían aplicar a la visa de turismo o visa de estudiante F1.

Asimismo, es la dueña de una Agencia de Viajes, donde habría tramitado masivamente casi 500 visas de estudiante F1, cobrando un valor por niño de 460 dólares, por adulto hasta 1.380 dólares y adicionalmente para adelantamiento de citas 130 dólares, con información falsa y utilizando el nombre de un Instituto localizado en los Estados Unidos.

Bibiana Díaz, en la documentación que realizaba para los trámites incluía información irregular para su aprobación, mediante ajustes a los perfiles socio-económicos, faltando a la verdad y haciendo incurrir en el error al oficial consular al momento de aprobar la visa.

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Asimismo, de acuerdo con las labores investigativas adelantadas se logró evidenciar que esta delincuente se encargaría de alterar extractos bancarios para soportar ingresos superiores, con el fin de generar supuesta estabilidad económica alta de los solicitantes de visa para costear los estudios en los Estados Unidos, reseña la Policía en una nota.

La embajada de los Estados Unidos de América, de acuerdo al proceso investigativo que llevó a cabo la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, revisará todos los trámites adelantados por esta Agencia, con el fin de verificar la legalidad de la información aportada para la obtención de la Visa Americana, de no cumplir con la normatividad exigida, serán revocadas.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Colombia, entidad que la presentó por el delito de tráfico de migrantes ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento de captura, y profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad domiciliaria en su lugar de residencia, allanándose a los cargos.

? CAPTURADA@PoliciaColombia capturó a una colombiana de 60 años de edad, por el delito de tráfico de migrantes.La mujer, dueña de una agencia de viajes, habría tramitado masivamente casi 500 visas de estudiante F1, con información falsa.? Vía @1Yasminvelasco pic.twitter.com/zMmP8DWqCY

Siete personas, entre ellas una funcionaria del Ministerio de Defensa, fueron imputadas por la justicia de Uruguay luego de que las autoridades policiales del departamento de Artigas (norte) desmantelaran una red en la que eran explotadas 28 venezolanos.

Según destaca la prensa local, se trata de una organización que a través de WhatsApp les ofrecía a los ciudadanos trabajo en las canteras, en el que eran obligados a cumplir más horas de lo establecido por ley, así como las condiciones precarias de vivienda en el mismo lugar de trabajo, reseña la agencia Efe.

Además, a las víctimas, a las que se les ofrecían grandes cantidades de dinero como retribución por su trabajo, solo recibían 150 dólares mensuales y se les retenían sus documentos de viaje.

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La fiscal Sabrina Massafierro logró que las siete personas, entre las que también destaca una psicóloga venezolana, tuvieran medidas cautelares de arresto domiciliario, con el uso de dispositivo electrónico, por 120 días.

Además, fijar domicilio, no salir del país y entregar los documentos de viaje y la prohibición de acercamiento por un radio de 500 metros o comunicación con las víctimas.

En tanto, el ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, señaló a través de la red social X que la funcionaria implicada en este caso no ocupa un cargo de confianza dentro de la cartera.

“Caso de Artigas de trata de personas- la funcionaria involucrada es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Min Def. presupuestada. No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía.”, indicó.

La Policía española desarticuló una banda criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos y rescató a 21 personas que habían llegado a España desde Colombia de forma irregular y que eran explotadas laboralmente en la región de Valencia, en una situación similar a la esclavitud.

Según informó a EFE este jueves la Policía, detuvieron a cinco personas de origen colombiano de entre 21 y 50 años como presuntos miembros de esta red criminal.

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Las indagaciones empezaron el pasado mes de noviembre, tras sospechar los agentes que los responsables de una empresa del sector textil ubicada en un municipio de Valencia podían estar utilizando la empresa como tapadera para explotar a personas que habían llegado a España engañadas, con la promesa de encontrar trabajo y regularizar su estancia en el país.

Los agentes averiguaron que los detenidos organizaban reuniones de captación en Colombia en las que ofrecían trabajo legal en España, sufragando los gastos de viaje y alojamiento hasta comenzar a trabajar.

Pero una vez en España las víctimas eran obligadas a trabajar sin descanso, pagando un alquiler en viviendas compartidas en condiciones infrahumanas, y debían además asumir la deuda originada por los gastos del viaje.

La situación se veía agravada por las amenazas de muerte que los miembros de la organización dirigían hacia los familiares de las víctimas en Colombia, lo que aumentaba su temor y su vulnerabilidad.

Las 21 personas rescatadas se encontraban en una «situación de vulnerabilidad y explotación similar a la esclavitud»

Las fuerzas españolas de seguridad desmantelaron una red de trata de migrantes. Detuvieron a diez personas de varias nacionalidades por la explotación sexual de una treintena de mujeres sudamericanas. Entre estas destacan cinco migrantes venezolanas.

Los operativos se llevaron a cabo en viviendas en La Coruña, Denia, Toledo y Álava. Las tenían encerradas y obligadas a consumir cocaína, señala el parte policial reseñado por la agencia Efe.

La Guardia Civil española informó que en el operativo liberaron cinco víctimas venezolanas, que eran forzadas a prostituirse.

Los detenidos son cinco hombres y cinco mujeres: cuatro de nacionalidad dominicana, tres venezolanas, dos españolas y una colombiana. Son los presuntos integrantes de la organización delictiva, dedicados a captar a las victimas, su traslado y control.

Se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y blanqueo de capitales. Además de pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública.

En varios registros domiciliarios hallaron numerosos comprobantes de envíos de dinero a otros países y cocaína.

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La operación comenzó por otra anterior desarrollada en Toledo. Era una casa donde localizaron, entre otras, una víctima venezolana, a la que los agentes convencieron de que denunciase.

La mujer, con un pasado «muy duro», según fuentes consultadas por EFE, desconfiaba y tenía mucho miedo a la organización que la explotaba. La amenazaban con represalias contra sus familiares en Venezuela.

Finalmente, los agentes la convencieron con un argumento: su denuncia podía ayudar a otras mujeres a salir de esa situación. Así que se decidió. Era octubre de 2019 y la Guardia Civil comenzó a investigar a la red criminal.

Los explotadores publicaban anuncios (más de 3.000) de servicios sexuales en diferentes páginas de internet. Parte desde República Dominicana.

El número total de víctimas detectadas y controladas por la red desmantelada asciende a más de treinta mujeres de varias nacionalidades de Sudamérica, todas ellas en clara situación de necesidad y vulnerabilidad.

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A finales de julio, se supo de una operación coordinada por Interpol contra el tráfico de migrantes culminó con la detención de 286 sospechosos de trata de personas en todo el mundo. Además de las detenciones, rescataron a cientos de víctimas, gran parte de ellas de Líbano y Venezuela.

Interpol informó que en la Operación Liberterra, efectuada entre el 5 y 9 de julio, participaron 47 países. En ese lapso se produjeron alrededor de 500.000 inspecciones en aduanas y aeropuertos. También en puntos de riesgo identificados por los servicios de inteligencia e investigación.

«La operación permitió además rescatar a 430 personas víctimas del tráfico de personas e identificar a 4.000 migrantes en situación irregular originarios de 74 países. Muchos de ellos presentaban necesidades de asistencia médica, psicológica o domicilio y fueron asistidos por los servicios de protección», reseñó Efe.

«Entre las víctimas había menores y niñas que habían sufrido explotación sexual, especialmente en Líbano y Venezuela», agrega.

Una operación coordinada por Interpol contra el tráfico de migrantes se ha saldado con la detención de 286 sospechosos de trata de personas en todo el mundo. Además de las detenciones, rescataron a cientos de víctimas, gran parte de ellas de Líbano y Venezuela.

Interpol informó que en la Operación Liberterra, efectuada entre el 5 y 9 de julio, participaron 47 países. En ese lapso se produjeron alrededor de 500.000 inspecciones en aduanas y aeropuertos. También en puntos de riesgo identificados por los servicios de inteligencia e investigación.

«La operación permitió además rescatar a 430 personas víctimas del tráfico de personas e identificar a 4.000 migrantes en situación irregular originarios de 74 países. Muchos de ellos presentaban necesidades de asistencia médica, psicológica o domicilio y fueron asistidos por los servicios de protección», reseñó Efe.

«Entre las víctimas había menores y niñas que habían sufrido explotación sexual, especialmente en Líbano y Venezuela», agrega.

Interpol detalló que esta investigación ha permitido lanzar otras 60 pesquisas transnacionales. Así como requisar documentos falsos utilizados para proponer a estas personas el traspaso de fronteras.

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En Colombia, la operación sirvió para desmantelar dos organizaciones criminales distintas con 22 arrestos. Una de ellas dedicada a llevar cubanos y haitianos desde Ecuador a Colombia y otra para enviar migrantes a Estados Unidos.

La Operación Liberterra permitió también desmantelar una organización criminal en España. La misma traficaba con migrantes procedentes de Argelia. Además de una falsa agencia de viajes en Ecuador, donde hubo ocho arrestos, o un grupo de traficantes marítimos en Argelia.

«Los traficantes, centrados en los márgenes del beneficio, facilitaron el paso de los migrantes sin tener en cuenta su seguridad y bienestar», detalla Interpol en su nota.

A algunos fugitivos procedentes de Brasil, Colombia, Panamá y Curazao los buscaban por tráfico de drogas, violaciones, robos y blanqueo de dinero.