La Policía Nacional española, en el marco de la «Operación Tinta», detuvo  a 15 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a captar y trasladar mujeres desde Sudamérica, principalmente Venezuela y Colombia para su explotación sexual en diversos domicilios habilitados como casas prostíbulo ubicadas en diferentes localidades del Campo de Gibraltar.

Según la Policía Nacional, en una nota, el operativo, en el que participaron más de 50 agentes, incluyó entradas y registros en las localidades de Algeciras, Los Barrios, San Roque y Barcelona, permitiendo la liberación de 15 víctimas que eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, indica que la organización había constituido un entramado empresarial creando agencias de viajes falsas para gestionar el traslado de las mujeres desde Sudamérica hasta España. 

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Una vez en territorio nacional, las víctimas eran recogidas y trasladadas directamente a los chalets utilizados como casas de citas, donde contraían una deuda económica que debían saldar mediante la prostitución.

Estas viviendas funcionaban como verdaderos establecimientos abiertos al público, con actividades de alterne, máquinas tragaperras y un sistema de timbres para avisar a las mujeres cuando llegaban los clientes, a los que debían presentarse para ser elegidas.

Las víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, de entre 18 y 22 años, procedentes de Venezuela y Colombia y con graves situaciones económicas y familiares, lo que las convertía en presas fáciles para ser captadas bajo falsas promesas de trabajo y una vida mejor en España.

Con información de Europa Press

La Policía española desarticuló una banda criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos y rescató a 21 personas que habían llegado a España desde Colombia de forma irregular y que eran explotadas laboralmente en la región de Valencia, en una situación similar a la esclavitud.

Según informó a EFE este jueves la Policía, detuvieron a cinco personas de origen colombiano de entre 21 y 50 años como presuntos miembros de esta red criminal.

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Las indagaciones empezaron el pasado mes de noviembre, tras sospechar los agentes que los responsables de una empresa del sector textil ubicada en un municipio de Valencia podían estar utilizando la empresa como tapadera para explotar a personas que habían llegado a España engañadas, con la promesa de encontrar trabajo y regularizar su estancia en el país.

Los agentes averiguaron que los detenidos organizaban reuniones de captación en Colombia en las que ofrecían trabajo legal en España, sufragando los gastos de viaje y alojamiento hasta comenzar a trabajar.

Pero una vez en España las víctimas eran obligadas a trabajar sin descanso, pagando un alquiler en viviendas compartidas en condiciones infrahumanas, y debían además asumir la deuda originada por los gastos del viaje.

La situación se veía agravada por las amenazas de muerte que los miembros de la organización dirigían hacia los familiares de las víctimas en Colombia, lo que aumentaba su temor y su vulnerabilidad.

Las 21 personas rescatadas se encontraban en una «situación de vulnerabilidad y explotación similar a la esclavitud»

Una mujer de nacionalidad venezolana, apodada «Pitufina», resultó detenida en un operativo conjunto de la Policía Nacional de España y de la Guardia Civil, por liderar una organización criminal dedicada a la trata de mujeres y su explotación sexual.

Tras tres años de vigilancia discreta, las autoridades lograron desmantelar lo que podría considerarse el mayor local dedicado a la prostitución en la capital española, ubicado el tranquilo distrito de Salamanca, en un aparente chalet de lujo.

Durante el operativo 12 víctimas resultaron liberadas de su confinamiento en el sótano de ese domicilio.

«El espacio donde debían dormir las mujeres hacinadas no tenía ventanas y estaba en condiciones insalubres. Las víctimas se promocionaban en páginas de internet, donde mostraban sus fotografías para ofrecer servicios sexuales», detalló una nota de prensa de las autoridades españolas.

Incluso entre las víctimas se encontraba una persona con discapacidad intelectual, agrega la información.

Bajo el control de «Pitufina» y sus hijas, apodadas «las mamis», las víctimas eran forzadas a someterse y hacer lo que les ordenaban sus captores.

En el inmueble donde se explotaba a las víctimas también se traficaban estupefacientes. Las mujeres eran obligabas a transportar estas drogas cuando tenían salidas al exterior, según reseñó Vozpopuli.

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De acuerdo con las autoridades españolas, los miembros de la organización criminal captaban a mujeres de países de Suramérica.

«Mediante engaño, y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, les prometían trabajos dignos y bien remunerados. La red criminal se hacía cargo de todos los trámites y gastos necesarios para que accedieran a España», precisó la Policía Nacional de España.

«Una vez que las víctimas se encontraban en España, eran informadas que habían contraído una deuda económica con la organización, que llegaba a triplicar los gastos reales del viaje y que debería de ser abonada con el ejercicio de la prostitución», añade el texto.

En el operativo realizado en dos inmuebles decomisaron 30.000 euros, 30 gramos de cocaína, 13 gramos de marihuana y documentación relacionada con las actividades que investigan.

Fueron privados de libertad el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Luis Eduardo Gutiérrez Moreno (37) y el taxista Cesar Augusto Guevara Alejo (49) por la presunta responsabilidad en la trata de tres adolescentes de 14, 15 y 16 y una mujer de 19 años de edad.

La detención se hizo a solicitud del Ministerio Público (MP).

El hecho fue detectado el 26 de julio, luego de una denuncia interpuesta por la madre de una de las víctimas ante el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Los Teques.

Detalla el MP que la progenitora les informó a los funcionarios que su hija y sus amigas habían contactado a unas personas por Facebook para un viaje al exterior.

Igualmente, informó a los policías que una prima de una de las desaparecidas le comunicó que se encontraban en un hotel, en Caracas.

Ante tales circunstancias, se conformó una comisión del Cicpc, la cual se trasladó  al lugar y rescató a las víctimas.

Luego de labores de investigación, se corroboró que el sargento de la GNB y el taxista eran los encargados de trasladar a las jóvenes a la frontera colombo-venezolana para posteriormente embarcarlas con rumbo a Perú, donde serían objeto de una red de prostitución.

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Ambos hombres fueron aprehendidos el mismo día de la denuncia en la avenida Bertorelli Cisneros de Los Teques.

En la audiencia de presentación, las Fiscalías 2° y 12° de esa jurisdicción imputaron a los hombres por tratas de mujeres, niñas y adolescentes, y asociación.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representación fiscal, el Tribunal 6º de Control de Miranda dictó la referida privativa de libertad contra de Gutiérrez Moreno y Guevara Alejo, quienes se encuentran recluidos en el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en Guatire.

Veinte mujeres obligadas a prostituirse fueron liberadas por la policía española.

Los uniformados detuvieron a 34 personas que pertenecían a una red de trata de personas que captaba con engaños a colombianas.

Los detenidos están acusados de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

Efe dio a conocer declaraciones de la Policía, donde se afirma que la organización las forzaba a prostituirse durante jornadas maratonianas, con una fuerte vigilancia a través de un sistema oculto de cámaras de grabación, y las obligaba a vender drogas entre los clientes.

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La operación policial «Muralla» incluyó registros en varios puntos del sur de España, como Málaga, en los que fueron intervenidos unos 82.000 euros en efectivo, 600 gramos de hachís, varias dosis de cocaína, un coche robado, armas prohibidas, cámaras de grabación, teléfonos móviles y documentación fraudulenta, según un comunicado de la Policía.

La investigación comenzó en 2021 ante la sospecha de que una banda de españoles y sudamericanos captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, mediante falsas promesas laborales, que eran engañadas en su país de origen y ya en España les reclamaban una deuda por el pago del viaje, que obligaban a saldar ejerciendo la prostitución.

“La red criminal anunciaba a las víctimas en páginas web y gestionaba centros de llamadas para conectar a las víctimas con clientes en varios países europeos”, dijo Europol.

Daniela Echeverry Gómez, era una patrullera de la Policía Nacional en Cartagena, acaba de ser enviada a la cárcel, junto con Bertha Ramírez Torres –venezolana–, acusadas por inducción a la prostitución a menores de edad y trata de personas en Cartagena.

La Procuraduría y la Fiscalía solicitaron una medida de aseguramiento para ambas mujeres en un centro carcelario, la que fue concedida por el juez durante la audiencia. 

Las denuncias que permitieron que se adelantara el proceso de investigación en contra de esta uniformada, se conocieron el 13 de mayo, y en las que se identificó que podría estar operando en la zona de Cholón y en las Islas del Rosario, zona insular de Cartagena.

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La captura de esta policía de 27 años aconteció en el municipio de Cravo Norte (Arauca) y, según el comandante de la Policía de Cartagena, coronel Wilson Parada, hacía parte de una red que se dedicaba a la explotación sexual en esa ciudad y su rol era el de agente corruptora.

Además, explicó Parada, también “inducía a otras funcionarias de la institución para que ejercieran la prostitución, no solo al interior, sino externamente”.

Por esta razón, la Fiscalía le imputará a la mujer –que trabajaba en la División de Infancia y Adolescencia de Cartagena– el delito de trata de personas.

Según el ente investigador, Echeverry se valía de su puesto para fomentar el tráfico de mujeres jóvenes en lugares turísticos de la ciudad “Heróica” como Islas del Rosario y Barú. La mayoría de las personas que la denunciaron eran extranjeras o del centro del país.

Echeverry, quien hacía parte del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena –y llevaba cinco años en la institución–, fue detenida por sus propios compañeros el pasado 18 de diciembre en Cravo Norte, Arauca, y ese mismo día, además, fue dejada disposición de la Fiscalía y recluida en la cárcel para mujeres de El Buen Pastor en Bogotá.

«Los Extranjeros» era una banda dedicada a engañar hermosas y necesitadas mujeres, prometiéndoles trabajos en España, pero los delincuentes convertían a sus víctimas en prostitutas.

En Testigo directo tenemos el testimonio de «Sol» una persona que vivió en carne propia este flagelo.

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Junto a la policía colombiana reconstruimos las rutas de la trata de mujeres.

Exclusivo reportaje ¡Imperdible! que pueden ver aquí:

Las autoridades de Panamá lograron rescatar con vida a seis posibles víctimas de trata de personas y capturaron a un hombre de nacionalidad colombiana, que presuntamente está vinculado a este hecho.

Según información del Ministerio de Seguridad de Panamá, el rescate se produjo ayer domingo 14 de agosto, a través de la Operación Galaxy, que realizó la Policía y funcionarios de la Fiscalía de Crimen Organizado del Ministerio Público de este país.

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La directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública, Dayra Campos, quien estaba en el sector de Vía Argentina cuando se realizaba la diligencia, explicó que la operación Galaxy, desarrollada por la Fiscalía de Crimen Organizado y la Policía Nacional, es parte del eje de persecución del delito y es muy importante para Panamá porque se logra el rescate de seis posibles víctimas, todas de nacionalidad colombiana, en la modalidad de explotación sexual.

Campos afirmó que en lo que va de este 2022, las víctimas rescatadas de este flagelo son mujeres y niñas  y que la nacionalidad colombiana representa el 29% de las personas condenadas por este delito.

Comunicado: https://www.minseg.gob.pa/2022/08/autoridades-de-panama-rescatan-a-seis-posibles-victimas-de-trata-de-personas/

La directora Campos también calificó como muy positivo el trabajo que realizan los estamentos de seguridad en el desarrollo de detecciones tempranas de una posible víctima, tal como ha sucedido en este caso que  se dio con el rescate de unas de las jóvenes, que se encontraba deambulando en condiciones físicas que denotaban que, presuntamente, estaba bajo los efectos de alguna sustancia que la desorientó.

Este domingo, el portal web Armado Info publicó un trabajo sobre la trata de personas que ocurre en trinidad y Tobago debido a las venezolanas que salen desesperadas de su país en busca de oportunidades.

En su investigación se basaron en las estadísticas de la Universidad Católica Andrés Bello, condensa que la pobreza en Venezuela está por encima del 90%.

Esto explica por qué más de cinco millones de venezolanos han abandonado su país en busca de oportunidades en otros países.

En su reportaje destacan que las mujeres, principalmente en Trinidad y Tobago son tratadas como mercancía sexual.

Esto coincide con el reportaje que Impacto Venezuela realizó hace unos meses, mujeres que vivieron en ese país lo certificaron mediante sus testimonios

Por su parte, Armando Info resaltó específicamente el caso de Lilia, quien no imaginó que una solicitud de amistad en Facebook daría inicio a su pesadilla.

Era una adolescente que residía en Maturín cuando una chica de su edad le ofreció amistad por Facebook.

Luego comenzaron a verse en el liceo donde estudiaba, la invitaba a fiestas y a otros espacios sociales junto a sus amigas.

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Cuatro meses después le ofreció empleo “recogiendo botellas en un restaurante” para ganar “un buen dinero”.

Un anzuelo irresistible, en medio de la crisis venezolana y, sin saber cómo, Lilia terminó engañada, como rehén de una red de explotación sexual en Trinidad y Tobago.

Leer el trabajo completo de Armando Info aquí

 El comité de derechos de las mujeres de la ONU pidió a los gobiernos que adopten medidas para eliminar la trata de mujeres y niñas. El organismo hizo especial énfasis en el uso de las redes sociales para reclutar víctimas. Sobre todo desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

«Las mujeres y las niñas siguen siendo las principales víctimas de la trata en todo el mundo». Así lo establece en su recomendación general el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Alerta sobre «el desarrollo de redes sociales y aplicaciones de chat para obtener fácil acceso a las víctimas». Agrega que esto pasa «cuando los traficantes no pueden utilizar formas más tradicionales de reclutar mujeres y niñas para la explotación sexual. Todo durante los encierros por la COVID-19, lo cual es «alarmante», dijo el Comité.

«La pandemia ha revelado la urgente necesidad de abordar el uso de la tecnología digital en y contra la trata”, dijo Dalia Leinarte, miembro del comité.

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La CEDAW pidió a las empresas de mensajería y redes sociales que establezcan controles relevantes para mitigar el riesgo. Pidió no exponer a mujeres y niñas a la trata y la explotación sexual. También solicitó a estas empresas que utilizaran sus macrodatos para identificar a los traficantes. “Combatir la trata también implica desalentar la demanda”, enfatizó Leinarte.

Los expertos instaron a los gobiernos a abordar las causas fundamentales que empujan a las mujeres y las niñas a situaciones vulnerables. 

«Estos problemas fundamentales radican en la discriminación basada en el sexo. Esto incluye las injusticias socioeconómicas en los países de origen. También las políticas migratorias con sesgo de género y los sistemas de asilo en países extranjeros», añade el exhorto del comité.

«La trata es un delito de género, estrechamente vinculado a la explotación sexual», dijo Leinarte. Agregó que «los Estados partes deben crear las condiciones adecuadas para garantizar que las mujeres y las niñas estén libres del peligro de la trata».

El Comité pidió políticas públicas para brindar autonomía e igualdad de acceso a las mujeres a la educación y las oportunidades laborales. 

También instó a un marco de migración segura sensible al género para proteger a las mujeres y niñas migrantes. Subrayó la importancia de contar con sistemas integrales de protección y asistencia para ayudar a las mujeres y niñas desplazadas en conflictos y emergencias.