La justicia francesa condenó este viernes a hasta 10 años de prisión a 13 miembros de una red que obligaba a prostituirse a mujeres que reclutaban en Colombia con la promesa de un empleo en la limpieza o en la hostelería.

La organización alojaba a las jóvenes en apartamentos y hoteles alquilados en el sur de Francia y en España, les confiscaba sus pasaportes y las obligaba a pagar un "derecho de entrada" de 1.500 euros (1.719 dólares).

Las mujeres debían firmar además un "reglamento interior" que preveía un régimen de castigos y multas, y estaban obligadas a pagar por todo: alimentos, preservativos e incluso cocaína rosa que la red les alentaba a consumir.

Por estos hechos, un tribunal de Marsella, en el sureste de Francia, condenó a 13 personas, entre ellas seis colombianos, a penas de entre dos años de prisión condicional hasta 10 años de cárcel.

La mayor condena fue para el líder de la red, Alejandro Lara Quesada, un hombre de 38 años que fue expulsado en 2007 de la Legión Extranjera francesa y que, durante el juicio, aseguró que las mujeres eran "tratadas como princesas".

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"Quieren hacernos creer en el Paradise Club, donde las chicas supuestamente tendrían libertad de elección, pero la realidad es que solo recuperan migajas y son tratadas como mercancía", sostuvo el miércoles la fiscal.

Según el testimonio de las víctimas, varios hombres las vigilaban en los apartamentos y cuando salían a la calle. Algunas denunciaron actos de violencia e incluso una violación por miembros de la red.

AFP

La Fiscalía General española alerta de un aumento del 57,9 % en las víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral, y la mayoría son mujeres latinoamericanas, sobre todo colombianas y venezolanas.

El Ministerio Público atribuye el aumento, “en buena parte”, a la capacidad de las redes criminales de captar “con más facilidad” a un número mayor de víctimas con las tecnologías de la comunicación.

 En el informe anual de 2025 presentado esta semana, la Fiscalía precisa que el número total de víctimas potenciales llegó ese año a 1.246 (en 2024 se detectaron 789), de las que 875 fueron identificadas formalmente como tales y 371 están en riesgo grave de serlo.

De todas ellas, se detectaron 442 víctimas de trata sexual (416 en 2024), y otras 362 en grave riesgo. También se han localizado 384 víctimas de trata laboral (un 54,84 % más que un año antes).

Otras 23 víctimas fueron halladas en situaciones de trata mixta para explotación o servidumbre laboral y sexual, y el resto para otras actividades y fines como cuatro casos de matrimonios forzados de mujeres menores de edad.El documento añade que Internet se emplea frecuentemente para el anuncio de los servicios de las mujeres mediante imágenes de contenido sexual cuya difusión puede ser utilizada igualmente como amenaza para presionarlas.

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En cuanto a las nacionalidades de las mujeres explotadas sexualmente, la Fiscalía explica que la preponderancia de nigerianas y rumanas de hace unos años ha dado paso a una “apabullante mayoría” de latinoamericanas, principalmente colombianas y venezolanas, que suponen el 54,5 % del total.

Las víctimas han podido ejercer la prostitución anteriormente en los países de origen, y/o ser conocedoras de que esa es la actividad que van a desarrollar en España, pero son engañadas en cuanto a las condiciones “de abuso, coacción y explotación” a las que son sometidas finalmente.

Estas características, según el Ministerio Público, suponen un “obstáculo” tanto para identificar a las víctimas como para perseguir el delito.

Los delincuentes saben que traer a estas mujeres les facilita la impunidad, pues es “más probable” que las autoridades judiciales no den verosimilitud a sus denuncias y testimonios y no sean procesados, o resulten absueltos.

Asimismo, la Fiscalía indica que España, además de ser lugar de destino de la explotación de víctimas de trata, se utiliza como país de tránsito hacia otros del resto de Europa (Francia, Alemania, Países Bajos y Malta, entre otros).

El informe fiscal destaca que la trata con fines de explotación sexual sigue siendo la principal (el 73 %) y con víctimas mayoritariamente mujeres, aunque están “aflorando” casos de explotación laboral (13,9 % de los supuestos), con los hombres como víctimas principales.

Es una explotación detectada particularmente en la agricultura y la ganadería y el servicio doméstico, además de hostelería y restauración, limpieza, construcción y talleres y salones de masajes y estética, entre otros sectores, según reportó EFE.

Con información de Efe

Autoridades de Perú detuvieron, de manera preliminar, a doce personas, entre ellas ciudadanos peruanos y venezolanos, acusadas de integrar una red criminal de explotación sexual de mujeres, entre ellas menores de edad, en las cercanías del centro histórico de Lima, informaron fuentes oficiales.

La operación se realizó a pedido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, contra una banda denominada Los Piratas, que presuntamente explotaba a unas ochenta mujeres, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

 La intervención comprendió el allanamiento de nueve hospedajes, dos hostales y el domicilio de un investigado en los distritos de Cercado de Lima y San Martín de Porres, y también permitió el rescate de dos menores de edad, de dieciséis y diecisiete años.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada, a cargo de la fiscal provincial Evelyn Taboada, la presunta banda criminal operaba en el jirón Zepita, la avenida Alfonso Ugarte y el pasaje Larrabure, todas calles ubicadas en los límites del centro histórico de la capital peruana.

Durante el operativo se incautó un automóvil, dispositivos electrónicos, computadoras portátiles, y se ordenó la visualización del contenido de los teléfonos móviles de los detenidos, el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones.

El Ministerio Público señaló que esta banda supuestamente operaba desde julio de 2025 «mediante la captación y traslado», desde una «casa de acogida» ubicada en el distrito de San Martín de Porres, de mujeres y menores de edad a las que cobraba cupos y «multas» a cambio de asegurar su presencia en la zona.

Entre los detenidos figuran personas investigadas por presuntamente ocuparse del cobro de cupos, la seguridad y administración en los hospedajes, acciones de vigilancia y recepción de dinero, entre otros.

Además, a los capturados se les acusa de estar involucrados «en la lucha contra una banda rival por el control del territorio y dos presuntos homicidios, producto de los enfrentamientos».

Al respecto, el teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Manuel Lozada, declaró a medios locales que se investiga si Los Piratas son una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Lozada, quien dirigió la operación policial, señaló que cada una de las víctimas de la red de explotación sexual debía pagar a la banda unos seiscientos soles semanales (unos 180 dólares).

EFE

Agentes españoles detuvieron a quince personas y liberaron a quince víctimas de trata, con nacionalidad colombiana y venezolana, en una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil, en la que desarticularon dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en la provincia de Sevilla (sur).

 Según informaron ambos cuerpos de seguridad, las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, vivían hacinadas en condiciones insalubres, eran captadas principalmente en Sudamérica para ser prostituidas en España.

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Al llegar a su destino, las mujeres estaban obligadas a permanecer bajo el control de la organización las 24 horas del día debido a la supuesta deuda de 7.000 euros que habían contraído con la red criminal.

Los responsables realizaban fotografías de contenido sexual a las víctimas y ponían anuncios en su nombre en plataformas digitales bajo identidades ficticias.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 15 personas y liberado a 15 víctimas de trata en una operación en la que han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en la provincia de Sevilla. Las víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana, que vivían hacinadas en condiciones insalubres, eran captadas principalmente en Sudamérica, han informado la Guardia Civil y la Policía Nacional en una nota de prensa conjunta. EFE/ Guardia Civil 

La operación permitió bloquear 15 cuentas bancarias con un saldo conjunto superior a 30.000 euros y tres inmuebles supuestamente utilizados para ocultar los beneficios obtenidos con la actividad ilícita.

Los 15 detenidos son investigados por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, y tráfico de drogas.

También por ilícitos relativos a la prostitución, y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores.

EFE

Europol anunció la detención de más de 1.000 personas en una operación mundial contra la trata de personas con fines de explotación sexual, así como de actividades delictivas y mendicidad forzada.

América Latina figura entre las principales regiones de origen de las posibles víctimas identificadas durante la operación, detalló la agencia policial europea en un comunicado.

De acuerdo con el organismo, la mayoría procedían de Colombia, Argentina y Venezuela, junto con Nepal y Moldavia.

Muchas de las víctimas habían sido trasladadas de un país a otro e incluso entre continentes, lo que, según la agencia, "pone de manifiesto la dimensión mundial de las redes de trata de seres humanos".

"Europol apoyó una operación mundial contra la trata de seres humanos llevada a cabo por 59 países, que permitió identificar a 2.070 posibles víctimas y detener a 1.024 sospechosos, de los cuales 334 son sospechosos de trata de seres humanos", detalla Europol.

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El operativo tuvo lugar en junio y movilizó a más de 40.000 agentes de 59 países.

La gran mayoría de las víctimas son mujeres adultas, de las cuales el 64,2% fueron víctimas de trata con fines de explotación sexual, señaló Europol, que participó en la operación junto con Frontex e Interpol.

Entre las víctimas menores de edad, la explotación sexual fue el principal fin de la trata, al afectar al 86,4% de los casos identificados.

"La protección de las víctimas puede ser especialmente compleja en muchos de estos casos, ya que a menudo los responsables de la explotación son miembros de su propia familia", señaló Europol.

Con información de AFP

Nueve presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de migrantes por la frontera con Panamá fueron imputados en Colombia acusados de lavar cerca de 100.000 millones de pesos (unos 29,1 millones de dólares) obtenidos de esa actividad ilícita, informó este martes la Fiscalía.

La red criminal es acusada de facilitar la salida irregular de más de 800.000 migrantes por el golfo de Urabá, en el noroeste del país, mediante supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales que servían como fachada para coordinar el traslado de extranjeros hacia Centroamérica, según la investigación.

 Según datos de la Defensoría del Pueblo, tan solo en 2023, más de 520.000 migrantes pasaron por el Tapón del Darién, en la frontera selvática de Colombia con Panamá, y en 2024, último año antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, endureciera la política migratoria, cruzaron la frontera más de 400.000 personas.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

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La Fiscalía informó que la organización operaba principalmente desde las localidades de Necoclí, en el departamento de Antioquia, y Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó, departamento fronterizo con Panamá.

Desde esos lugares se organizaba el transporte marítimo de migrantes procedentes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.

Las autoridades identificaron ingresos superiores a 100.000 millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo investigado y buena parte de esos recursos fue obtenida incluso durante la pandemia, cuando las actividades turísticas estaban suspendidas, añadió la Fiscalía.

La investigación determinó que el dinero presuntamente era ocultado mediante diversas maniobras de lavado de activos, entre ellas transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas como fachada, la compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas de dinero, conocidas como «pitufeo».

El tráfico de migrantes por el Tapón del Darién se convirtió en uno de los negocios ilícitos más lucrativos de la región durante los últimos años, impulsado por el éxodo de miles de personas que buscaban llegar a Estados Unidos.

La ruta, considerada una de las más peligrosas del mundo por los riesgos naturales y la presencia de grupos criminales, fue utilizada por cientos de miles de migrantes de distintas nacionalidades, lo que favoreció la aparición de redes dedicadas al transporte irregular de personas, la extorsión y otras actividades ilegales asociadas.

Con información de EFE

La Policía Nacional de España desarticuló una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en ese país y que captaba a sus víctimas en Venezuela. 

Las autoridades policiales de esa nación detuvieron a dos de los cabecillas de la banda, quienes son de origen venezolano, en la localidad de Ponferrada.

Según  fuentes policiales, la denominada Operación Cherry, que se ha saldado con cinco detenciones, se inició el pasado 10 de abril en Oviedo cuando una ciudadana alertó del posible cautiverio de una joven venezolana que fue localizada en el domicilio donde permanecía retenida bajo vigilancia de cámaras y era obligada a ejercer la prostitución para costear una deuda impuesta de 10.000 euros.

 En esa primera fase se logró la detención de una mujer de origen brasileño que era la encargada del control directo de la víctima en la vivienda y, dada la dimensión transnacional de la red, la Policía contó con la colaboración de Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) y de las Consejerías de Interior de Venezuela y la Agregaduría de Interior en Chile.

Esta coordinación permitió identificar a los líderes del grupo criminal, dos varones venezolanos que gestionaban la captación en origen y la logística del viaje, que están considerados muy peligrosos debido a sus antecedentes y a su destreza en el manejo de armas de fuego.

Ambos fueron detenidos el pasado 8 de mayo en un domicilio de Ponferrada y, tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión.

Además, en un operativo conjunto con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, se localizó en esa comunidad a otras dos mujeres, también de origen venezolano, que eran las encargadas del traslado, alojamiento y control de las víctimas en territorio español y también se encuentran ya en prisión.

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La colaboración del CICPC permitió proteger a la familia de la víctima en Venezuela, que había recibido amenazas de muerte de los detenidos, y el respaldo de la policía chilena posibilitó confirmar que uno de los detenidos era buscado por las autoridades de ese país al tener una notificación de Interpol por hechos similares cometidos en 2021, la explotación de menores venezolanas con el mismo modus operandi que en España.

Con información de Efe.

 La justicia dominicana dictó este lunes 15 años de prisión contra tres venezolanos acusados de integrar una red de trata de personas desmantelada en 2024, informó la fiscalía en un comunicado.

La organización criminal cayó en un allanamiento de las autoridades a una instalación en la que fueron rescatadas tres mujeres de nacionalidad colombiana.

Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales y a vender drogas a sus clientes, según el Ministerio Público.

"Se trata de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenaza para la seguridad nacional", declaró Yoanna Bejarán, procuradora de la fiscalía, citada en el texto.

Según el expediente, esta red se dedicaba a ofrecer oportunidades de empleo a mujeres que, al llegar al país, eran obligadas a pagar con servicios sexuales deudas de miles de dólares.

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Los servicios sexuales eran ofrecidos mediante un catálogo digital distribuido por el servicio de mensajería de WhatsApp.

La fiscalía ordenó también una compensación de 500.000 pesos dominicanos (más de USD 8.000) para las víctimas.

La trata de personas es un delito común en República Dominicana, sobre todo en las zonas de mucho turismo.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas identificó a 136 víctimas en República Dominicana en 2024. Del total, 123 fueron explotadas sexualmente, incluidas 12 niñas.

Con información de AFP

Seis mujeres víctimas de trata y explotación sexual procedentes de América Latina han sido liberadas en Roquetas de Mar (sur de España) y ocho sospechosos de pertenecer a la red que las captaba han sido detenidos, informó este jueves la Guardia Civil.

Las mujeres, principalmente de Colombia y Venezuela, eran dirigidas a la localidad citada cuando llegaban a España y desde allí eran llevadas a varias ciudades para ser explotadas sexualmente.

 Los ocho arrestados están acusados de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal. Cuatro ingresarán en prisión provisional.

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Supuestamente, el grupo ejercía un control constante sobre las víctimas: en algunas ocasiones las acompañaban personalmente, mientras que en otras les daban instrucciones precisas con teléfonos celulares sobre los lugares a los que debían dirigirse, sus hospedajes o funciones.

La investigación, que continúa abierta, comenzó en octubre de 2024 gracias a que algunos ciudadanos de Roquetas de Mar alertaron a las fuerzas de seguridad sobre la posible existencia de este grupo criminal.

Tras confirmar los hechos, se desplegó un dispositivo que incluyó registros en domicilios de los presuntos criminales, donde los agentes localizaron pruebas e indicios relevantes de actividad delictiva.

Con información de  EFE

Ocho personas fueron detenidas por pertenecer a una red que se dedicaba a captar personas en Colombia y traerlas irregularmente a España, para luego cobrarles grandes sumas de dinero, informó este lunes la Policía Nacional española.

"Al menos 22 personas habrían entrado en España de esta manera", indicó la policía en un comunicado.

La red, asentada en la ciudad andaluza de Sevilla, captaba en Colombia a "personas en situación de extrema necesidad", a las que ofrecía traer a España "para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración", explicó el comunicado.

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La organización entregaba pasajes de avión a las víctimas, tanto hombres como mujeres, a las que pedía hacerse pasar por turistas al llegar a España, donde les conseguía empleo.

Posteriormente, les informaba de que tenían una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros (entre 4.700 y 5.800 dólares) con la red, que además se quedaba con parte del dinero que ganaban, según la policía.

Si no podían pagar, "la organización criminal recurría a amenazas directas contras sus familias en Colombia", varias de las cuales "se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias", agregó el comunicado.

La policía no detalló la nacionalidad de los ocho detenidos, entre los que figuraban los cabecillas de la red.

Con información de AFP

Funcionarios del Cicpc, adscritos a la delegación municipal Punta de Piedras, en el estado Nueva Esparta, logran la detención de Yaneidys Alejandra Guaramato Moreno (31), en el sector El Yaque, del mencionado sector.

El director del organismo, Douglas Rico, informó en su cuenta en Instagram, que tras ser ubicada y verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se determinó que la mujer “se encuentra requerida por el Tribunal 11° en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por trata de personas en la modalidad de captación y facilitadora con fines de explotación sexual”.

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Ahondando las pesquisas, se conoció que la detenida, se encargaba de la captación de niñas y jóvenes, quienes eran trasladadas de manera irregular desde la ciudad de Caracas hasta el estado Sucre, para, finalmente, ser enviadas de manera ilícita a la Isla de Trinidad y Tobago.

Guaramato quedó a la orden del Ministerio Público.

 La policía española anunció este jueves que desmanteló una red criminal que traficaba menores inmigrantes desde las islas Canarias hasta Francia, en una operación que se saldó con once detenidos.

"La organización contaba con logística en Marruecos para el traslado" de los menores hasta el archipiélago atlántico español, y "contactos en Costa de Marfil para el envío de documentación falsificada" que servía para obtener papeles irregulares para los jóvenes y llevarlos hasta Francia, explicó la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación comenzó tras la desaparición de trece menores de un centro de acogida en la isla de Lanzarote y de otro más de un centro en Gran Canaria, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

En ese último mes, los agentes detuvieron a una persona de nacionalidad mauritana cuando intentaba embarcar en un avión hacia Madrid con tres menores de edad sin autorización del centro de acogida donde habían estado albergados, según señaló la policía.

Uno de los menores, una joven, resultó ser mayor de edad, y fue detenida junto con el otro adulto.

Los investigadores realizaron dos registros domiciliarios en Lanzarote, en los que confiscaron numerosos documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo perteneciente a la red.

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En total, la policía arrestó a once personas, nueve de ellas en Lanzarote, una en Gran Canaria y otra en Madrid.

Cuatro de ellas fueron puestas en prisión provisional, sospechosos de varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas y pornografía infantil, detalló la policía.

Las autoridades mantienen abierta la investigación hasta tanto sean hallados todos los menores desaparecidos, agregó el comunicado.

España es uno de los tres principales puntos de entrada para migrantes irregulares en Europa, junto con Italia y Grecia.

Las islas Canarias, ubicadas en el Atlántico frente a la costa noroeste de África, son una importante puerta de entrada para la migración irregular hacia España.

Casi 47,000 migrantes llegaron al archipiélago el año pasado, estableciendo un récord por segundo año consecutivo, aunque las llegadas han disminuido este año.

Con información de AFP

En Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), una pareja de ciudadanos venezolanos y un colombiano presuntamente captaban a mujeres y les prometían ayuda económica y logística para salir del país y viajar a Oriente Medio. 

La Fiscalía de Colombia informó que, en por lo menos tres casos, ocurridos entre julio de 2023 y octubre de 2025, las jóvenes que creyeron en los ofrecimientos, llegaron a Baréin donde fueron sometidas a malos tratos y a realizar actividades de tipo sexual.

Los extranjeros, identificados como Keila Eddymar Strubinger Pelayo y Wluender Sneylbert Araque Rojas, y Enrique Quijano Ramírez, fueron capturados por unidades de la Dijin de la Policía Nacional en Cali. 

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los imputó por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado, cargos que no aceptaron.

Los procesados serían los encargados de contactar a las víctimas y comprometerse a asumir el costo de sus tiquetes aéreos, visados y desplazamientos para garantizar su traslado a Emiratos Árabes. 

Sin embargo, las mujeres en realidad volaban a Baréin, donde otros señalados integrantes de la red las despojaban de sus pasaportes, sometían a malos tratos y les imponían una deuda de 10.000 dólares, la cual debían cubrir ejerciendo servicios sexuales. 

Todo esto ocurría en medio de amenazas de ser denunciadas ante las autoridades de ese país para que las capturaran y procesaran por prostitución.

Por disposición del juez de control de garantías, los ciudadanos extranjeros permanecerán en centro carcelario; mientras que Quijano Ramírez deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Con información de Fiscalía de Colombia

María, madre de dos hijos, viajó al otro lado del mundo desde su Venezuela natal en busca de una vida mejor. Pero la engañaron para prostituirse y terminó encerrada varios meses en un centro de detención de Albania.

La venezolana, de 38 años, es una de las muchas mujeres que cada año acaban siendo víctimas de redes criminales internacionales, que les ofrecen una manera de entrar Europa y ganar mucho dinero dedicándose a la prostitución.

Esta semana, la policía internacional desmanteló una red "altamente organizada" que explotaba a más de 50 mujeres como María, que testificó para AFP con un nombre modificado para protegerse.

Según Europol, la policía arrestó a 17 supuestos traficantes el miércoles, que habían traído a mujeres latinoamericanas a Albania y Croacia.

Las mujeres acabaron atrapadas como trabajadoras sexuales ilegales en Albania o explotadas en otros países europeos.

"Me prometieron el paraíso, pero acabé en el infierno", dijo María a la AFP, en un apartamento de Tirana que alquila una asociación de ayuda a víctimas de trata de seres humanos.

El experto en crimen organizado Fabrice Rizzoli recordó que el colapso económico y social de Albania en los años 1990, tras décadas de aislamiento durante la dictadura comunista, fue el caldo de cultivo para una de las mafias más famosas del mundo.

Los clanes albaneses, especializados en tráfico de seres humanos y de heroína, se aliaron con la mafia calabresa "para extender prostitutas por las calles de Milán y de su región", explicó Rizzoli.

Desde que se metió en el tráfico de cocaína en los años 2000, la mafia albanesa se implantó en América Latina, indicó el especialista.

Pero con el aumento del turismo, Albania se ha convertido en un país de destino para varias bandas criminales, que traen mujeres al país balcánico, donde la prostitución es ilegal.

Fortalecidos por el alcance global de la cibercriminalidad, las redes están utilizando Albania como punto de tránsito para explotar a mujeres de otras partes del mundo.

Según Europol, las redadas del miércoles sacaron a la luz el modelo que suelen usar muchas de esas "agencias" para controlar cada detalle: "desde el reclutamiento hasta la recaudación del dinero", incluyendo centralitas de llamadas que negocian los precios directamente con los clientes.

"Las mujeres no tienen nada que decir ni ningún derecho a la hora de decidir los precios o para decir que no a determinadas prácticas", declaró Nenad Naca, encargado de trata de personas en Europol.

Los investigadores también arrestaron a un hombre en Colombia, sospechoso de dirigir la red y de quedarse con casi la mitad de las ganancias generadas por esa actividad ilegal, a miles de kilómetros del lugar en el que la mayoría de las mujeres estaban siendo explotadas.

"Como todas las redes de crimen organizado, esto se ha vuelto digital e internacional. Esas centralitas pueden estar en cualquier sitio", advirtió Naca.

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Muchas de las mujeres atrapadas en la prostitución ilegal de Albania tienen demasiado miedo de acudir a las autoridades, debido a las amenazas de los criminales, que las manipulan.

Cualquiera que ejerza la prostitución en Albania, si no es considerado una víctima de trata, se expone a hasta 3 años de prisión.

Algunas de las víctimas, como María, ni siquiera saben cuando llegan a Albania que ser trabajadora sexual en ese país es ilegal.

Pero tras su llegada, los miembros de la red abusan de ellas, les quitan buena parte de lo que ganan y las fuerzan a permanecer en el país.

"Ahora, la violencia es menos visible que antes porque los criminales han entendido que los seres humanos con los que trafican -- que para ellos no son seres humanos, simplemente una mercancía -- pierden valor si están visiblemente heridas", apuntó Naca.

A veces, las redes amenazan a los familiares de las mujeres o muestran videos de otras chicas recibiendo palizas, a modo de advertencia de lo que puede ocurrirles "si desobedecen", explicó.

María viajó a Albania a finales de noviembre, convencida por unos amigos de que así podría ayudar a su familia a pagar las facturas.

Fue arrestada cinco días después con otras seis mujeres latinoamericanas.

"No sabíamos que era ilegal", dijo, visiblemente consternada después de haber estado siete meses detenida, a espera de juicio.

"Si no, no hubiéramos venido".

Entre fotos eróticas, aplicaciones de ligue y mensajes de clientes encontrados en los celulares de María y de las otras mujeres, la policía también vio el número de una mujer que supuestamente actuaba como proxeneta.

Según una de las mujeres, Ana -- otro seudónimo, por seguridad -- se trata del número de la mujer que las trajo desde Colombia.

Ana, de 32 años, afirmó que esa mujer buscaba clientes, fijaba las citas y organizaba la gestión de los apartamentos. A cambio, se quedaba con la mitad de las ganancias, supuestamente para sufragar los gastos del viaje a Albania.

En los primeros seis meses de 2025, la policía albanesa abrió 108 investigaciones por presunta prostitución, que condujeron a operaciones en salones de masaje, bares y hoteles.

Los agentes identificaron a al menos 37 personas extranjeras sospechosas de delitos relacionados con la trata de seres humanos y diez potenciales víctimas de explotación sexual.

A esas mujeres, en general procedentes de entornos muy pobres, las organizaciones criminales las convencen de viajar a Albania con la promesa de dinero rápido, indicó la comisaria Geranda Gjeta, de la unidad antitrata de seres humanos de Tirana.

"Acaban siendo víctimas de estafas y amenazas de estos criminales, que envían videos a sus familias o amenazas de muerte", explicó Gjeta.

Bajo esa presión, la mayoría de las mujeres asumen toda la responsabilidad cuando son detenidas, por el miedo a las represalias de sus proxenetas, señaló Brikena Puka, que dirige el centro de ayuda para víctimas Vatra.

"Desde hace varios meses, el número de víctimas extranjeras de trata para explotación sexual que necesitan nuestra ayuda ha ido en aumento", afirmó Puka.

Según Nenad, la policía también ha constatado un incremento de víctimas y sospechosos en América Latina.

Ana y María fueron liberadas de prisión y residen en una vivienda segura facilitada por Vatra, a la espera de que la policía les devuelva sus pasaportes para poder irse de Albania.

Ana, que en su República Dominicana natal lo tenía muy difícil para sacar adelante a sus hijos y su familia, llegó a Albania desde España.

Cuando vivía en Barcelona, una red contactó con ella y una mujer le ofreció trabajo como escort, que más tarde fue detenida y acusada de proxenetismo.

"La prostitución, lo hacemos por necesidad", aseguró Ana.

"Lo vemos como algo rápido y fácil. Pero no es verdad. No solo nos maltratan, sino que también nos obligan a dar el 50% de lo que ganamos con nuestro cuerpo a los proxenetas", dijo, tratando de contener las lágrimas.

A principios de septiembre, once ciudadanos extranjeros, entre ellos seis mujeres, estaban detenidos a espera de juicio en Albania, acusados de tráfico de personas y proxenetismo, según las autoridades penitenciarias.

"Albania fue en otro tiempo un país de origen de chicas y mujeres albanesas con las que se traficaba", explicó Gjeta.

"Hoy hacemos frente a otra situación: un fenómeno criminal internacional cuyas víctimas son mujeres de África, Asia y América Latina", agregó.

Según la policía albanesa, hay grupos criminales bien organizados que dirigen la red desde el extranjero, con el apoyo de contactos locales que gestionan la logística en el terreno.

Las fuerzas de seguridad hacen frente a un reto "transnacional", pues las víctimas muchas veces llegan con visados -- y a veces con documentos falsificados -- antes de ser reubicadas en otros países europeos, apuntó Gjeta.

Albania también está investigando varias páginas web alojadas en el extranjero que se utilizan para proteger a los clientes de las fuerzas de seguridad.

Malka Marcovich, activista por los derechos de las mujeres, afirmó que la tecnología está facilitando la aparición de un "proxenetismo internacional".

"Al pasar de país en país, de continente en continente, se está volviendo cada vez más difícil procesar a los traficantes", indicó Marcovich.

"La venta a gran escala de cuerpos de mujeres es mucho más lucrativa que el tráfico de drogas", señaló.

Con información de AFP

Estados Unidos degradó el lunes a Brasil y Sudáfrica, dos países con tensas relaciones bilaterales con el gobierno de Donald Trump, en un informe sobre los esfuerzos para combatir la trata de personas.

El informe anual del Departamento de Estado, el primero desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, puso a las dos potencias del bloque emergente de economías BRICS en una lista de vigilancia, un paso antes de una lista negra, que puede acarrear sanciones.

Los países que permanecen en la lista negra ("Nivel 3") incluyen principalmente adversarios de Estados Unidos como China, Rusia y Venezuela, pero también Camboya, donde el informe acusó a funcionarios del gobierno de ser cómplices en estafas de trabajo forzado en línea.

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En Sudáfrica, "el gobierno identificó menos víctimas, investigó menos casos e inició menos juicios", dijo el gobierno en el informe, utilizando un lenguaje similar para Brasil.

Brasil no ha completado ningún juicio de acuerdo a la legislación contra la trata de personas de 2016, a pesar de que decenas de miles de personas son víctimas, según reza el informe.

El gobierno conservador de Trump ha minimizado la importancia de los derechos humanos en otros asuntos, ya que considera que el tema puede ser utilizado contra países hostiles pero no debería interferir con las prioridades de Estados Unidos con gobiernos amigos.

Trump ha impuesto aranceles punitivos a Brasil y sanciones contra el juez clave en el juicio al expresidente de Jair Bolsonaro, aliado ideológico de Trump, condenado a 27 años de prisión por conspiración para llevar a cabo un golpe tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

En cuanto a Sudáfrica, Trump ha acusado al gobierno post-apartheid, criticado internacionalmente por su corrupción, de perseguir a los agricultores blancos.

Con información de AFP

“Venezuela dejó de ser un país de tránsito para ser un país de captación de mujeres para las redes de trata de personas”, alertó Aimee Zambrano Ortiz, antropóloga y fundadora del Monitor de Femicidios de la ONG UTOPIX.

Ratificó que este delito es “una forma grave de violencia de género que afecta a Venezuela y opera en múltiples continentes”.

Explicó en entrevista con el Circuito Éxitos, informó que “la trata de personas específicamente de niñas, adolescentes y mujeres está tipificada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ampara a las mujeres y adolescentes frente a las múltiples formas de violencia que pudieran estar sufriendo”.

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Indicó que el “tráfico de personas tiene que ver con el tema de la movilidad, y la trata tiene que ver con la explotación como tal de estas personas y entrarían también grupos paramilitares y bandas de redes delincuenciales”.

Agregó que “lo más común en nuestro país tiene que ver precisamente con   explotación sexual. Estas redes están en el exterior, sobre todo en países fronterizos como Colombia, Ecuador, Perú, también en países de Europa, como España, pero también hay redes internas”, denunció.

Advirtió que “hay casos donde hay sobre todo adolescentes o mujeres en vulnerabilidad que terminan siendo esclavizadas, puede ser en entornos urbanos, pero también se han visto casos dentro, donde son las minas”, expresó.

Los venezolanos enfrentan una alta vulnerabilidad frente a la trata de personas, debido a que unos 7,5 millones han salido del país por múltiples causas, entre ellas la crisis económica y social,  usando muchas veces rutas extremadamente peligrosas como vías de escape.

La advertencia la hizo Gabriela Buada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano, quien explica que los países con altos flujos migratorios son los más expuestos a este delito.

En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, a experta citó datos expuestos en el Seminario sobre Trata de Personas celebrado en julio en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Allí se supo, por ejemplo, que más de 4.700 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas fueron rescatadas de redes de tráfico humano entre 2019 y 2023.

“Los tratantes suelen captar a sus víctimas mediante ofertas de trabajo engañosas y las explotan con fines económicos de diversas maneras desde trabajo sexual, explotación laboral y minería ilegal, hasta mendicidad forzada, matrimonios tempranos, producción de contenido sexual para su comercialización y hasta extracción de órganos”, dijo.

Buada agregó que los grupos más susceptibles suelen ser las mujeres, personas mayores, integrantes de la comunidad LGTBIQ+, así como niños, niñas y adolescentes que cruzan las fronteras, sin la compañía de sus padres.

También indicó que cifras  del Informe Mundial sobre Trata de Personas de 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “más del 80 % de las víctimas detectadas en 2022 en Centroamérica y el Caribe fueron mujeres, niñas y adolescentes”.

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  Lucha contra la trata

Insistió en que los gobiernos, especialmente los receptores de migrantes, deben implementar políticas públicas y legislaciones más firmes y específicas para combatir este delito, mientras que los comunicadores tienen la responsabilidad de visibilizar el problema y evitar su normalización.

La ONU indicó que entre 2020 y 2023 se detectaron más de 200 mil víctimas de trata en el mundo, aunque se estima que las cifras reales son mucho mayores.

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de concienciar sobre esta problemática y promover la protección de los derechos de las víctimas.

Con información de Radio Fe y Alegría

La Fiscalía General de Colombia judicializó a tres presuntos integrantes de una redtrasnacional de tráfico de migrantes, que desde octubre de 2024 estaría dedicada amovilizar ilegalmente a personas que llegaban a Medellín, utilizando el archipiélago de SanAndrés y Providencia como punto de partida para que posteriormente llegaran aCentroamérica y Norteamérica.

Se trata de Jamer Antonio Álvarez, Maythee Kiara Gordon Restrepo, y Karina del CarmenMarsiglia Zambrano, a quienes un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizadales imputó los delitos de tráfico de migrantes, secuestro simple, cohecho por dar u ofrecer,circulación y uso de efecto oficial de sello falsificado y concierto para delinquir.

La Fiscalía estableció que Álvarez Sierra, señalado cabecilla de la red, sería el encargado decoordinar y supervisar toda la logística relacionada con el tráfico de migrantes, para estomanipulaba los procesos migratorios, incluyendo el estampado de sellos falsos enpasaportes en Medellín.

Este hombre, al parecer, ofrecía incentivos económicos a funcionarios públicos para evadirlos controles y mantenía comunicación con otros integrantes de la organizacióndelincuencial para ajustar vuelos y rutas, alertando sobre posibles operativos.

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Por su parte, Marsiglia Zambrano presuntamente gestionaba el alojamiento y lamanutención de los migrantes en el archipiélago, planificando escalas aéreas, transbordosy coordinando la logística necesaria.

Con respecto a Gordon Restrepo, se encargaría de comprar y modificar los tiquetes aéreospara facilitar que los migrantes llegaran a San Andrés sin levantar sospechas. 

Bajo el alias de Luisa González, también ordenaba la distribución de alimentos y la retención de las víctimas, quienes permanecían encerradas con candado durante su traslado. 

Carmen Marsiglia aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y los otros dos procesados no; a todos les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad. 

Las capturas se llevaron a cabo en operativos de allanamiento y registro en San Andrés, en coordinación con la Policía Nacional adscrita a la Embajada de Estados Unidos. Esta información se pública por interés general.

La Guardia Civil informó este martes que liberó a 162 mujeres sudamericanas que eran explotadas sexualmente en España, en una operación en la que arrestó a 37 miembros de la organización criminal que las captaba y las obligaba a prostituirse.

La red "se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano tanto en España como en sus propios países", quienes estaban "en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajo", para obligarlas "a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones de la geografía española", explicó la Guardia Civil en un comunicado.

Las mujeres eran llevadas a locales comerciales con "apariencia de legalidad", donde debían "estar disponibles permanentemente" para atender a clientes, explicó el cuerpo de seguridad.

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Liberadas 162 mujeres víctimas de una red de explotación sexual en varias provincias de España. La organización se dedicaba a captar a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajos https://t.co/qrAajFjls8 pic.twitter.com/L0j3cT40Yn

Allí también vivían, en "condiciones de habitabilidad lamentables" y vigiladas "las 24 horas del día", según la Guardia Civil.

Los agentes realizaron registros en 39 inmuebles en total en varias provincias, entre ellas Valencia, Barcelona y Málaga, logrando liberar a las 162 mujeres.

En total, la Guardia Civil detuvo a 37 personas detenidas, incluidos los once máximos responsables de la organización.

Nueve de los arrestados ingresaron en prisión provisional, agregó la Guardia Civil.

Con información de AFP

Funcionarios del Cicpc en el estado Carabobo detuvieron a un sujeto implicado en presunta trata de personas.

El director del organismo, Douglas Rico, informó que la captura se hizo tras «un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Valencia».

El detenido fue identificado como Jackson Alexander de Sousa Pinto (21), a quien aprehendieron en la Urbanización Bello Monte, parroquia Rafael Urdaneta, de la capital carabobeña.

Las investigaciones iniciaron cuando la madre de una joven de 20 años, detectó que su hija, poseía un pasaporte vigente, optando por preguntarle de donde lo había obtenido. Ella le informó que Jackson, le ofreció irse a trabajar a España.

Al ahondar en el trabajo de investigación, se determinó que Jackson, les había realizado el ofrecimiento a dos jóvenes, costeándoles los pasaportes y el pasaje hacia Tenerife, en las Islas Canarias.

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Sin embargo, al notar que las jóvenes decidieron no viajar, las mantenía amenazadas con que debían pagar 700 dólares estadounidenses, por los gastos que había realizado por ellas.

Tras la investigación, se coordinó una entrega controlada y se materializó su detención del sujeto, cuando se encontraba a bordo de una motocicleta.

Asimismo, se conoció que Jackson operaba junto a una mujer, aun por detener, quien es la encargada de patrocinar los gastos logísticos hasta su destino final, cuando reciben a las víctimas y son sometidas a explotación sexual.