La Policía Nacional de España desarticuló una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual que operaba en ese país y que captaba a sus víctimas en Venezuela. 

Las autoridades policiales de esa nación detuvieron a dos de los cabecillas de la banda, quienes son de origen venezolano, en la localidad de Ponferrada.

Según  fuentes policiales, la denominada Operación Cherry, que se ha saldado con cinco detenciones, se inició el pasado 10 de abril en Oviedo cuando una ciudadana alertó del posible cautiverio de una joven venezolana que fue localizada en el domicilio donde permanecía retenida bajo vigilancia de cámaras y era obligada a ejercer la prostitución para costear una deuda impuesta de 10.000 euros.

 En esa primera fase se logró la detención de una mujer de origen brasileño que era la encargada del control directo de la víctima en la vivienda y, dada la dimensión transnacional de la red, la Policía contó con la colaboración de Interpol, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) y de las Consejerías de Interior de Venezuela y la Agregaduría de Interior en Chile.

Esta coordinación permitió identificar a los líderes del grupo criminal, dos varones venezolanos que gestionaban la captación en origen y la logística del viaje, que están considerados muy peligrosos debido a sus antecedentes y a su destreza en el manejo de armas de fuego.

Ambos fueron detenidos el pasado 8 de mayo en un domicilio de Ponferrada y, tras pasar a disposición judicial, han ingresado en prisión.

Además, en un operativo conjunto con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, se localizó en esa comunidad a otras dos mujeres, también de origen venezolano, que eran las encargadas del traslado, alojamiento y control de las víctimas en territorio español y también se encuentran ya en prisión.

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La colaboración del CICPC permitió proteger a la familia de la víctima en Venezuela, que había recibido amenazas de muerte de los detenidos, y el respaldo de la policía chilena posibilitó confirmar que uno de los detenidos era buscado por las autoridades de ese país al tener una notificación de Interpol por hechos similares cometidos en 2021, la explotación de menores venezolanas con el mismo modus operandi que en España.

Con información de Efe.

 La justicia dominicana dictó este lunes 15 años de prisión contra tres venezolanos acusados de integrar una red de trata de personas desmantelada en 2024, informó la fiscalía en un comunicado.

La organización criminal cayó en un allanamiento de las autoridades a una instalación en la que fueron rescatadas tres mujeres de nacionalidad colombiana.

Las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales y a vender drogas a sus clientes, según el Ministerio Público.

"Se trata de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenaza para la seguridad nacional", declaró Yoanna Bejarán, procuradora de la fiscalía, citada en el texto.

Según el expediente, esta red se dedicaba a ofrecer oportunidades de empleo a mujeres que, al llegar al país, eran obligadas a pagar con servicios sexuales deudas de miles de dólares.

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Los servicios sexuales eran ofrecidos mediante un catálogo digital distribuido por el servicio de mensajería de WhatsApp.

La fiscalía ordenó también una compensación de 500.000 pesos dominicanos (más de USD 8.000) para las víctimas.

La trata de personas es un delito común en República Dominicana, sobre todo en las zonas de mucho turismo.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas identificó a 136 víctimas en República Dominicana en 2024. Del total, 123 fueron explotadas sexualmente, incluidas 12 niñas.

Con información de AFP

Seis mujeres víctimas de trata y explotación sexual procedentes de América Latina han sido liberadas en Roquetas de Mar (sur de España) y ocho sospechosos de pertenecer a la red que las captaba han sido detenidos, informó este jueves la Guardia Civil.

Las mujeres, principalmente de Colombia y Venezuela, eran dirigidas a la localidad citada cuando llegaban a España y desde allí eran llevadas a varias ciudades para ser explotadas sexualmente.

 Los ocho arrestados están acusados de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal. Cuatro ingresarán en prisión provisional.

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Supuestamente, el grupo ejercía un control constante sobre las víctimas: en algunas ocasiones las acompañaban personalmente, mientras que en otras les daban instrucciones precisas con teléfonos celulares sobre los lugares a los que debían dirigirse, sus hospedajes o funciones.

La investigación, que continúa abierta, comenzó en octubre de 2024 gracias a que algunos ciudadanos de Roquetas de Mar alertaron a las fuerzas de seguridad sobre la posible existencia de este grupo criminal.

Tras confirmar los hechos, se desplegó un dispositivo que incluyó registros en domicilios de los presuntos criminales, donde los agentes localizaron pruebas e indicios relevantes de actividad delictiva.

Con información de  EFE

Ocho personas fueron detenidas por pertenecer a una red que se dedicaba a captar personas en Colombia y traerlas irregularmente a España, para luego cobrarles grandes sumas de dinero, informó este lunes la Policía Nacional española.

"Al menos 22 personas habrían entrado en España de esta manera", indicó la policía en un comunicado.

La red, asentada en la ciudad andaluza de Sevilla, captaba en Colombia a "personas en situación de extrema necesidad", a las que ofrecía traer a España "para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración", explicó el comunicado.

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La organización entregaba pasajes de avión a las víctimas, tanto hombres como mujeres, a las que pedía hacerse pasar por turistas al llegar a España, donde les conseguía empleo.

Posteriormente, les informaba de que tenían una deuda de entre 4.000 y 5.000 euros (entre 4.700 y 5.800 dólares) con la red, que además se quedaba con parte del dinero que ganaban, según la policía.

Si no podían pagar, "la organización criminal recurría a amenazas directas contras sus familias en Colombia", varias de las cuales "se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias", agregó el comunicado.

La policía no detalló la nacionalidad de los ocho detenidos, entre los que figuraban los cabecillas de la red.

Con información de AFP

Funcionarios del Cicpc, adscritos a la delegación municipal Punta de Piedras, en el estado Nueva Esparta, logran la detención de Yaneidys Alejandra Guaramato Moreno (31), en el sector El Yaque, del mencionado sector.

El director del organismo, Douglas Rico, informó en su cuenta en Instagram, que tras ser ubicada y verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se determinó que la mujer “se encuentra requerida por el Tribunal 11° en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por trata de personas en la modalidad de captación y facilitadora con fines de explotación sexual”.

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Ahondando las pesquisas, se conoció que la detenida, se encargaba de la captación de niñas y jóvenes, quienes eran trasladadas de manera irregular desde la ciudad de Caracas hasta el estado Sucre, para, finalmente, ser enviadas de manera ilícita a la Isla de Trinidad y Tobago.

Guaramato quedó a la orden del Ministerio Público.

 La policía española anunció este jueves que desmanteló una red criminal que traficaba menores inmigrantes desde las islas Canarias hasta Francia, en una operación que se saldó con once detenidos.

"La organización contaba con logística en Marruecos para el traslado" de los menores hasta el archipiélago atlántico español, y "contactos en Costa de Marfil para el envío de documentación falsificada" que servía para obtener papeles irregulares para los jóvenes y llevarlos hasta Francia, explicó la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación comenzó tras la desaparición de trece menores de un centro de acogida en la isla de Lanzarote y de otro más de un centro en Gran Canaria, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

En ese último mes, los agentes detuvieron a una persona de nacionalidad mauritana cuando intentaba embarcar en un avión hacia Madrid con tres menores de edad sin autorización del centro de acogida donde habían estado albergados, según señaló la policía.

Uno de los menores, una joven, resultó ser mayor de edad, y fue detenida junto con el otro adulto.

Los investigadores realizaron dos registros domiciliarios en Lanzarote, en los que confiscaron numerosos documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo perteneciente a la red.

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En total, la policía arrestó a once personas, nueve de ellas en Lanzarote, una en Gran Canaria y otra en Madrid.

Cuatro de ellas fueron puestas en prisión provisional, sospechosos de varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas y pornografía infantil, detalló la policía.

Las autoridades mantienen abierta la investigación hasta tanto sean hallados todos los menores desaparecidos, agregó el comunicado.

España es uno de los tres principales puntos de entrada para migrantes irregulares en Europa, junto con Italia y Grecia.

Las islas Canarias, ubicadas en el Atlántico frente a la costa noroeste de África, son una importante puerta de entrada para la migración irregular hacia España.

Casi 47,000 migrantes llegaron al archipiélago el año pasado, estableciendo un récord por segundo año consecutivo, aunque las llegadas han disminuido este año.

Con información de AFP

En Cali (Valle del Cauca) y Pereira (Risaralda), una pareja de ciudadanos venezolanos y un colombiano presuntamente captaban a mujeres y les prometían ayuda económica y logística para salir del país y viajar a Oriente Medio. 

La Fiscalía de Colombia informó que, en por lo menos tres casos, ocurridos entre julio de 2023 y octubre de 2025, las jóvenes que creyeron en los ofrecimientos, llegaron a Baréin donde fueron sometidas a malos tratos y a realizar actividades de tipo sexual.

Los extranjeros, identificados como Keila Eddymar Strubinger Pelayo y Wluender Sneylbert Araque Rojas, y Enrique Quijano Ramírez, fueron capturados por unidades de la Dijin de la Policía Nacional en Cali. 

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos los presentó ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los imputó por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir agravado, cargos que no aceptaron.

Los procesados serían los encargados de contactar a las víctimas y comprometerse a asumir el costo de sus tiquetes aéreos, visados y desplazamientos para garantizar su traslado a Emiratos Árabes. 

Sin embargo, las mujeres en realidad volaban a Baréin, donde otros señalados integrantes de la red las despojaban de sus pasaportes, sometían a malos tratos y les imponían una deuda de 10.000 dólares, la cual debían cubrir ejerciendo servicios sexuales. 

Todo esto ocurría en medio de amenazas de ser denunciadas ante las autoridades de ese país para que las capturaran y procesaran por prostitución.

Por disposición del juez de control de garantías, los ciudadanos extranjeros permanecerán en centro carcelario; mientras que Quijano Ramírez deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Con información de Fiscalía de Colombia

María, madre de dos hijos, viajó al otro lado del mundo desde su Venezuela natal en busca de una vida mejor. Pero la engañaron para prostituirse y terminó encerrada varios meses en un centro de detención de Albania.

La venezolana, de 38 años, es una de las muchas mujeres que cada año acaban siendo víctimas de redes criminales internacionales, que les ofrecen una manera de entrar Europa y ganar mucho dinero dedicándose a la prostitución.

Esta semana, la policía internacional desmanteló una red "altamente organizada" que explotaba a más de 50 mujeres como María, que testificó para AFP con un nombre modificado para protegerse.

Según Europol, la policía arrestó a 17 supuestos traficantes el miércoles, que habían traído a mujeres latinoamericanas a Albania y Croacia.

Las mujeres acabaron atrapadas como trabajadoras sexuales ilegales en Albania o explotadas en otros países europeos.

"Me prometieron el paraíso, pero acabé en el infierno", dijo María a la AFP, en un apartamento de Tirana que alquila una asociación de ayuda a víctimas de trata de seres humanos.

El experto en crimen organizado Fabrice Rizzoli recordó que el colapso económico y social de Albania en los años 1990, tras décadas de aislamiento durante la dictadura comunista, fue el caldo de cultivo para una de las mafias más famosas del mundo.

Los clanes albaneses, especializados en tráfico de seres humanos y de heroína, se aliaron con la mafia calabresa "para extender prostitutas por las calles de Milán y de su región", explicó Rizzoli.

Desde que se metió en el tráfico de cocaína en los años 2000, la mafia albanesa se implantó en América Latina, indicó el especialista.

Pero con el aumento del turismo, Albania se ha convertido en un país de destino para varias bandas criminales, que traen mujeres al país balcánico, donde la prostitución es ilegal.

Fortalecidos por el alcance global de la cibercriminalidad, las redes están utilizando Albania como punto de tránsito para explotar a mujeres de otras partes del mundo.

Según Europol, las redadas del miércoles sacaron a la luz el modelo que suelen usar muchas de esas "agencias" para controlar cada detalle: "desde el reclutamiento hasta la recaudación del dinero", incluyendo centralitas de llamadas que negocian los precios directamente con los clientes.

"Las mujeres no tienen nada que decir ni ningún derecho a la hora de decidir los precios o para decir que no a determinadas prácticas", declaró Nenad Naca, encargado de trata de personas en Europol.

Los investigadores también arrestaron a un hombre en Colombia, sospechoso de dirigir la red y de quedarse con casi la mitad de las ganancias generadas por esa actividad ilegal, a miles de kilómetros del lugar en el que la mayoría de las mujeres estaban siendo explotadas.

"Como todas las redes de crimen organizado, esto se ha vuelto digital e internacional. Esas centralitas pueden estar en cualquier sitio", advirtió Naca.

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Muchas de las mujeres atrapadas en la prostitución ilegal de Albania tienen demasiado miedo de acudir a las autoridades, debido a las amenazas de los criminales, que las manipulan.

Cualquiera que ejerza la prostitución en Albania, si no es considerado una víctima de trata, se expone a hasta 3 años de prisión.

Algunas de las víctimas, como María, ni siquiera saben cuando llegan a Albania que ser trabajadora sexual en ese país es ilegal.

Pero tras su llegada, los miembros de la red abusan de ellas, les quitan buena parte de lo que ganan y las fuerzan a permanecer en el país.

"Ahora, la violencia es menos visible que antes porque los criminales han entendido que los seres humanos con los que trafican -- que para ellos no son seres humanos, simplemente una mercancía -- pierden valor si están visiblemente heridas", apuntó Naca.

A veces, las redes amenazan a los familiares de las mujeres o muestran videos de otras chicas recibiendo palizas, a modo de advertencia de lo que puede ocurrirles "si desobedecen", explicó.

María viajó a Albania a finales de noviembre, convencida por unos amigos de que así podría ayudar a su familia a pagar las facturas.

Fue arrestada cinco días después con otras seis mujeres latinoamericanas.

"No sabíamos que era ilegal", dijo, visiblemente consternada después de haber estado siete meses detenida, a espera de juicio.

"Si no, no hubiéramos venido".

Entre fotos eróticas, aplicaciones de ligue y mensajes de clientes encontrados en los celulares de María y de las otras mujeres, la policía también vio el número de una mujer que supuestamente actuaba como proxeneta.

Según una de las mujeres, Ana -- otro seudónimo, por seguridad -- se trata del número de la mujer que las trajo desde Colombia.

Ana, de 32 años, afirmó que esa mujer buscaba clientes, fijaba las citas y organizaba la gestión de los apartamentos. A cambio, se quedaba con la mitad de las ganancias, supuestamente para sufragar los gastos del viaje a Albania.

En los primeros seis meses de 2025, la policía albanesa abrió 108 investigaciones por presunta prostitución, que condujeron a operaciones en salones de masaje, bares y hoteles.

Los agentes identificaron a al menos 37 personas extranjeras sospechosas de delitos relacionados con la trata de seres humanos y diez potenciales víctimas de explotación sexual.

A esas mujeres, en general procedentes de entornos muy pobres, las organizaciones criminales las convencen de viajar a Albania con la promesa de dinero rápido, indicó la comisaria Geranda Gjeta, de la unidad antitrata de seres humanos de Tirana.

"Acaban siendo víctimas de estafas y amenazas de estos criminales, que envían videos a sus familias o amenazas de muerte", explicó Gjeta.

Bajo esa presión, la mayoría de las mujeres asumen toda la responsabilidad cuando son detenidas, por el miedo a las represalias de sus proxenetas, señaló Brikena Puka, que dirige el centro de ayuda para víctimas Vatra.

"Desde hace varios meses, el número de víctimas extranjeras de trata para explotación sexual que necesitan nuestra ayuda ha ido en aumento", afirmó Puka.

Según Nenad, la policía también ha constatado un incremento de víctimas y sospechosos en América Latina.

Ana y María fueron liberadas de prisión y residen en una vivienda segura facilitada por Vatra, a la espera de que la policía les devuelva sus pasaportes para poder irse de Albania.

Ana, que en su República Dominicana natal lo tenía muy difícil para sacar adelante a sus hijos y su familia, llegó a Albania desde España.

Cuando vivía en Barcelona, una red contactó con ella y una mujer le ofreció trabajo como escort, que más tarde fue detenida y acusada de proxenetismo.

"La prostitución, lo hacemos por necesidad", aseguró Ana.

"Lo vemos como algo rápido y fácil. Pero no es verdad. No solo nos maltratan, sino que también nos obligan a dar el 50% de lo que ganamos con nuestro cuerpo a los proxenetas", dijo, tratando de contener las lágrimas.

A principios de septiembre, once ciudadanos extranjeros, entre ellos seis mujeres, estaban detenidos a espera de juicio en Albania, acusados de tráfico de personas y proxenetismo, según las autoridades penitenciarias.

"Albania fue en otro tiempo un país de origen de chicas y mujeres albanesas con las que se traficaba", explicó Gjeta.

"Hoy hacemos frente a otra situación: un fenómeno criminal internacional cuyas víctimas son mujeres de África, Asia y América Latina", agregó.

Según la policía albanesa, hay grupos criminales bien organizados que dirigen la red desde el extranjero, con el apoyo de contactos locales que gestionan la logística en el terreno.

Las fuerzas de seguridad hacen frente a un reto "transnacional", pues las víctimas muchas veces llegan con visados -- y a veces con documentos falsificados -- antes de ser reubicadas en otros países europeos, apuntó Gjeta.

Albania también está investigando varias páginas web alojadas en el extranjero que se utilizan para proteger a los clientes de las fuerzas de seguridad.

Malka Marcovich, activista por los derechos de las mujeres, afirmó que la tecnología está facilitando la aparición de un "proxenetismo internacional".

"Al pasar de país en país, de continente en continente, se está volviendo cada vez más difícil procesar a los traficantes", indicó Marcovich.

"La venta a gran escala de cuerpos de mujeres es mucho más lucrativa que el tráfico de drogas", señaló.

Con información de AFP

Estados Unidos degradó el lunes a Brasil y Sudáfrica, dos países con tensas relaciones bilaterales con el gobierno de Donald Trump, en un informe sobre los esfuerzos para combatir la trata de personas.

El informe anual del Departamento de Estado, el primero desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, puso a las dos potencias del bloque emergente de economías BRICS en una lista de vigilancia, un paso antes de una lista negra, que puede acarrear sanciones.

Los países que permanecen en la lista negra ("Nivel 3") incluyen principalmente adversarios de Estados Unidos como China, Rusia y Venezuela, pero también Camboya, donde el informe acusó a funcionarios del gobierno de ser cómplices en estafas de trabajo forzado en línea.

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En Sudáfrica, "el gobierno identificó menos víctimas, investigó menos casos e inició menos juicios", dijo el gobierno en el informe, utilizando un lenguaje similar para Brasil.

Brasil no ha completado ningún juicio de acuerdo a la legislación contra la trata de personas de 2016, a pesar de que decenas de miles de personas son víctimas, según reza el informe.

El gobierno conservador de Trump ha minimizado la importancia de los derechos humanos en otros asuntos, ya que considera que el tema puede ser utilizado contra países hostiles pero no debería interferir con las prioridades de Estados Unidos con gobiernos amigos.

Trump ha impuesto aranceles punitivos a Brasil y sanciones contra el juez clave en el juicio al expresidente de Jair Bolsonaro, aliado ideológico de Trump, condenado a 27 años de prisión por conspiración para llevar a cabo un golpe tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

En cuanto a Sudáfrica, Trump ha acusado al gobierno post-apartheid, criticado internacionalmente por su corrupción, de perseguir a los agricultores blancos.

Con información de AFP

“Venezuela dejó de ser un país de tránsito para ser un país de captación de mujeres para las redes de trata de personas”, alertó Aimee Zambrano Ortiz, antropóloga y fundadora del Monitor de Femicidios de la ONG UTOPIX.

Ratificó que este delito es “una forma grave de violencia de género que afecta a Venezuela y opera en múltiples continentes”.

Explicó en entrevista con el Circuito Éxitos, informó que “la trata de personas específicamente de niñas, adolescentes y mujeres está tipificada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ampara a las mujeres y adolescentes frente a las múltiples formas de violencia que pudieran estar sufriendo”.

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Indicó que el “tráfico de personas tiene que ver con el tema de la movilidad, y la trata tiene que ver con la explotación como tal de estas personas y entrarían también grupos paramilitares y bandas de redes delincuenciales”.

Agregó que “lo más común en nuestro país tiene que ver precisamente con   explotación sexual. Estas redes están en el exterior, sobre todo en países fronterizos como Colombia, Ecuador, Perú, también en países de Europa, como España, pero también hay redes internas”, denunció.

Advirtió que “hay casos donde hay sobre todo adolescentes o mujeres en vulnerabilidad que terminan siendo esclavizadas, puede ser en entornos urbanos, pero también se han visto casos dentro, donde son las minas”, expresó.

Los venezolanos enfrentan una alta vulnerabilidad frente a la trata de personas, debido a que unos 7,5 millones han salido del país por múltiples causas, entre ellas la crisis económica y social,  usando muchas veces rutas extremadamente peligrosas como vías de escape.

La advertencia la hizo Gabriela Buada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano, quien explica que los países con altos flujos migratorios son los más expuestos a este delito.

En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, a experta citó datos expuestos en el Seminario sobre Trata de Personas celebrado en julio en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Allí se supo, por ejemplo, que más de 4.700 mujeres, niñas y adolescentes venezolanas fueron rescatadas de redes de tráfico humano entre 2019 y 2023.

“Los tratantes suelen captar a sus víctimas mediante ofertas de trabajo engañosas y las explotan con fines económicos de diversas maneras desde trabajo sexual, explotación laboral y minería ilegal, hasta mendicidad forzada, matrimonios tempranos, producción de contenido sexual para su comercialización y hasta extracción de órganos”, dijo.

Buada agregó que los grupos más susceptibles suelen ser las mujeres, personas mayores, integrantes de la comunidad LGTBIQ+, así como niños, niñas y adolescentes que cruzan las fronteras, sin la compañía de sus padres.

También indicó que cifras  del Informe Mundial sobre Trata de Personas de 2024 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “más del 80 % de las víctimas detectadas en 2022 en Centroamérica y el Caribe fueron mujeres, niñas y adolescentes”.

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  Lucha contra la trata

Insistió en que los gobiernos, especialmente los receptores de migrantes, deben implementar políticas públicas y legislaciones más firmes y específicas para combatir este delito, mientras que los comunicadores tienen la responsabilidad de visibilizar el problema y evitar su normalización.

La ONU indicó que entre 2020 y 2023 se detectaron más de 200 mil víctimas de trata en el mundo, aunque se estima que las cifras reales son mucho mayores.

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de concienciar sobre esta problemática y promover la protección de los derechos de las víctimas.

Con información de Radio Fe y Alegría

La Fiscalía General de Colombia judicializó a tres presuntos integrantes de una redtrasnacional de tráfico de migrantes, que desde octubre de 2024 estaría dedicada amovilizar ilegalmente a personas que llegaban a Medellín, utilizando el archipiélago de SanAndrés y Providencia como punto de partida para que posteriormente llegaran aCentroamérica y Norteamérica.

Se trata de Jamer Antonio Álvarez, Maythee Kiara Gordon Restrepo, y Karina del CarmenMarsiglia Zambrano, a quienes un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizadales imputó los delitos de tráfico de migrantes, secuestro simple, cohecho por dar u ofrecer,circulación y uso de efecto oficial de sello falsificado y concierto para delinquir.

La Fiscalía estableció que Álvarez Sierra, señalado cabecilla de la red, sería el encargado decoordinar y supervisar toda la logística relacionada con el tráfico de migrantes, para estomanipulaba los procesos migratorios, incluyendo el estampado de sellos falsos enpasaportes en Medellín.

Este hombre, al parecer, ofrecía incentivos económicos a funcionarios públicos para evadirlos controles y mantenía comunicación con otros integrantes de la organizacióndelincuencial para ajustar vuelos y rutas, alertando sobre posibles operativos.

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Por su parte, Marsiglia Zambrano presuntamente gestionaba el alojamiento y lamanutención de los migrantes en el archipiélago, planificando escalas aéreas, transbordosy coordinando la logística necesaria.

Con respecto a Gordon Restrepo, se encargaría de comprar y modificar los tiquetes aéreospara facilitar que los migrantes llegaran a San Andrés sin levantar sospechas. 

Bajo el alias de Luisa González, también ordenaba la distribución de alimentos y la retención de las víctimas, quienes permanecían encerradas con candado durante su traslado. 

Carmen Marsiglia aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y los otros dos procesados no; a todos les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad. 

Las capturas se llevaron a cabo en operativos de allanamiento y registro en San Andrés, en coordinación con la Policía Nacional adscrita a la Embajada de Estados Unidos. Esta información se pública por interés general.

La Guardia Civil informó este martes que liberó a 162 mujeres sudamericanas que eran explotadas sexualmente en España, en una operación en la que arrestó a 37 miembros de la organización criminal que las captaba y las obligaba a prostituirse.

La red "se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano tanto en España como en sus propios países", quienes estaban "en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajo", para obligarlas "a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones de la geografía española", explicó la Guardia Civil en un comunicado.

Las mujeres eran llevadas a locales comerciales con "apariencia de legalidad", donde debían "estar disponibles permanentemente" para atender a clientes, explicó el cuerpo de seguridad.

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Liberadas 162 mujeres víctimas de una red de explotación sexual en varias provincias de España. La organización se dedicaba a captar a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajos https://t.co/qrAajFjls8 pic.twitter.com/L0j3cT40Yn

Allí también vivían, en "condiciones de habitabilidad lamentables" y vigiladas "las 24 horas del día", según la Guardia Civil.

Los agentes realizaron registros en 39 inmuebles en total en varias provincias, entre ellas Valencia, Barcelona y Málaga, logrando liberar a las 162 mujeres.

En total, la Guardia Civil detuvo a 37 personas detenidas, incluidos los once máximos responsables de la organización.

Nueve de los arrestados ingresaron en prisión provisional, agregó la Guardia Civil.

Con información de AFP

Funcionarios del Cicpc en el estado Carabobo detuvieron a un sujeto implicado en presunta trata de personas.

El director del organismo, Douglas Rico, informó que la captura se hizo tras «un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Valencia».

El detenido fue identificado como Jackson Alexander de Sousa Pinto (21), a quien aprehendieron en la Urbanización Bello Monte, parroquia Rafael Urdaneta, de la capital carabobeña.

Las investigaciones iniciaron cuando la madre de una joven de 20 años, detectó que su hija, poseía un pasaporte vigente, optando por preguntarle de donde lo había obtenido. Ella le informó que Jackson, le ofreció irse a trabajar a España.

Al ahondar en el trabajo de investigación, se determinó que Jackson, les había realizado el ofrecimiento a dos jóvenes, costeándoles los pasaportes y el pasaje hacia Tenerife, en las Islas Canarias.

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Sin embargo, al notar que las jóvenes decidieron no viajar, las mantenía amenazadas con que debían pagar 700 dólares estadounidenses, por los gastos que había realizado por ellas.

Tras la investigación, se coordinó una entrega controlada y se materializó su detención del sujeto, cuando se encontraba a bordo de una motocicleta.

Asimismo, se conoció que Jackson operaba junto a una mujer, aun por detener, quien es la encargada de patrocinar los gastos logísticos hasta su destino final, cuando reciben a las víctimas y son sometidas a explotación sexual.

Las fuerzas españolas de seguridad liberaron a 28 mujeres, la mayoría colombianas, que eran explotadas sexualmente en un club de la localidad de Fuente de Piedra (provincia de Málaga, sur), en una operación con siete detenidos.

Entre las afectadas hay ocho víctimas de trata de seres humanos, informó la Policía este jueves, en reseña de Efe.

Los arrestados están investigados por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra el derecho de los trabajadores, agresión sexual, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

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La investigación se llevó a cabo con la cooperación y coordinación internacional con la Policía Nacional de Colombia, lo que permitió seguir la pista de varias de las mujeres prostituidas desde Sudamérica hasta llegar donde eran explotadas en España.

El lugar, con apariencia de hotel con sala de fiesta, se había convertido en lo más parecido a una «cárcel», según la Policía, para estas mujeres, endeudadas con la trama y amenazadas.

La red tenía alcance internacional, con una rama española y otra colombiana, cuyos miembros se dedicaban de manera concertada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos conexos.

Los agentes del caso constataron que las víctimas eran forzadas a ejercer la prostitución en jornadas interminables, sin importar que estuvieran enfermas o incluso con la menstruación.

Además, eran aleccionadas para ofrecer a los clientes sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales, fomentando su consumo a cambio de una contraprestación.

Las autoridades españolas han bloqueado cuentas bancarias y bienes por valor de 2,3 millones de euros, han intervenido tres vehículos, 133.482 euros en efectivo y varias armas.

Agentes de la Policía Nacional de España desarticularon una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos para su explotación sexual, en pisos prostíbulos ubicados en el sur de la isla de Tenerife.

Según la Policía, en el lugar identificaron a un total de 36 mujeres explotadas y de ellas ocho han sido liberadas.

La investigación comenzó en el año 2024 tras declarar una víctima que alertaba de la existencia de una organización criminal que se dedicaba a traficar con mujeres de Colombia a España y posteriormente explotarlas sexualmente en pisos prostíbulo ubicados en la zona sur de la isla de Tenerife.

Así, en la investigación, los policías comprobaron que la organización criminal estaba dirigida por un clan familiar compuesto por cinco ciudadanos de origen venezolano.

Estas personas se dedicaban a la captación y tráfico ilegal de mujeres colombianas muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, para explotarlas sexualmente en viviendas de alquiler vacacional.

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Las mujeres, en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, eran captadas en Colombia por parte de una colaboradora del clan familiar, quien se encargaba de convencer a las víctimas para venir a España a través de «falsas promesas de ganar mucho dinero ejerciendo la prostitución en unas condiciones que diferían mucho de la realidad».

De esta forma, una vez que las víctimas aceptaban la oferta, el grupo criminal compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta Tenerife, haciendo escala en Madrid, y les gestionaba un seguro de viaje, así como una reserva de hotel ficticia.

Además, antes de viajar a España eran aleccionadas para simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y recibían una cantidad de dinero en efectivo para justificar los medios económicos suficientes para el cruce de la frontera.

Los integrantes del clan familiar recibían a las víctimas en el aeropuerto de Tenerife Norte, les retiraban el dinero en efectivo que previamente les habían enviado y les trasladaban en vehículo directamente hasta alguno de los pisos prostíbulo donde comenzarían a ejercer la prostitución hasta saldar las deudas contraídas.

Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, con dos supuestas horas de descanso diarias que no se cumplían, ya que si aparecía un cliente eran obligadas a regresar al piso.

El entramado les obligaba a fotografiarse semanalmente para publicar anuncios en internet y si acudía un cliente al piso prostíbulo tenían que presentarse en ropa interior para que este pudiera elegir con la que mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente, independientemente de su higiene y su estado de embriaguez.

Las mujeres pernoctaban en habitaciones compartidas, en las que realizaban los servicios sexuales y eran obligadas a realizarlos estando enfermas, incluso teniendo infecciones venéreas, y si la enfermedad se lo impedía, eran expulsadas del piso aunque no dispusieran de dinero ni de ningún sitio al que acudir.

El grupo criminal ejercía un férreo control sobre las víctimas a través de cámaras de videovigilancia instaladas en los propios pisos y recaudaba íntegramente los beneficios generados por cada una de ellas, quedándose con el 100 por 100 hasta saldar la deuda inicial contraída.

No obstante, en algunos casos las víctimas llegaron a abonar cantidades cercanas a 9.000 euros, lo que suponía tres veces la deuda pactada.

Si bien, algunas de las víctimas consiguieron huir del calvario al que estaban sometidas, aunque la organización criminal les amenazaba a través de mensajería instantánea en sus teléfonos particulares con atentar contra su integridad o la de sus familiares en sus países de origen.

Por otro lado, el clan familiar investigado también se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes, bebidas alcohólicas y medicamentos para aumentar la potencia sexual.

Además, con el fin de estar más activas y trabajar más, complacer al cliente y obtener mayores beneficios, la organización criminal obligaba a las mujeres a consumir sustancias estupefacientes con los clientes si éstos lo solicitaban.

Las investigaciones realizadas por los agentes constataron que el entramado también se dedicaba al blanqueo de capitales y al fraude a las administraciones públicas, además de incrementar su patrimonio en España y en Venezuela mediante compras de bienes muebles e inmuebles.

La operación policial concluyó con la detención de nueve personas en la isla de Tenerife, decretándose el ingreso en prisión de los cinco principales responsables.

También se realizaron cinco entradas y registros, decretándose la clausura de dos pisos prostíbulos, donde se intervinieron más de 100.000 euros en efectivo, tres vehículos, 14 terminales móviles y diversas sustancias estupefacientes (cocaína y tusi), y gran cantidad de documentación incriminatoria.

También se procedió al bloqueo de 19 cuentas bancarias utilizadas por la organización criminal para recaudar los beneficios obtenidos.

La policía española anunció este domingo que desmanteló una red de trata que habría explotado a más de 1000 mujeres en el último año, la mayor parte de ellas colombianas y venezolanas.

«Las víctimas, principalmente de origen sudamericano, eran engañadas desde su país para venir a España mediante falsas ofertas de trabajo», indicó la policía en un comunicado, en el que explicó que logró rescatar a 48 mujeres.

La operación se saldó con la detención de 48 personas pertenecientes a la red, casi todas ellas en la provincia valenciana de Alicante, entre ellos sus tres líderes, «dos mujeres de origen colombiano y un ciudadano español», detalló el comunicado.

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Las mujeres eran reclutadas en sus países de origen, «principalmente Colombia y Venezuela, con falsas ofertas de trabajo» en el sector de limpieza o estética, y al llegar a España «las víctimas eran trasladadas a los clubes para ser explotadas sexualmente», según la policía.

Las víctimas «eran obligadas a trabajar a cualquier hora del día», mientras eran controladas a través de sistemas de videovigilancia por miembros de la red, que solo las dejaban «salir dos horas», abundó el texto.

«Se estima que el entramado habría explotado a más de 1000 mujeres en el último año», agregó.

Del casi medio centenar de detenidos, seis fueron puestos en prisión provisional.

⛓️‍? DESMANTELAN RED DE TRATA EN ESPAÑA48 mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas por la policía española pic.twitter.com/gEK0Ktw4iR

Durante la transmisión de su programa “Cicpc al Día”, el director general nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, resaltó que, tras un trabajo exhaustivo, se logró la desarticulación de organizaciones dedicadas a la trata de personas.

Las bandas operaban desde Perú, Ecuador, Trinidad y Tobago, Colombia y España, «las cuales engañaban a mujeres venezolanas para llevarlas a estos países y someterlas al trabajo forzado de la esclavitud sexual», informó Rico.

Asimismo, destacó que el Cicpc logró el rescate de la ciudadana Adriana Pómez, de 22 años de edad, y Mayreli Oropeza, de 19 años de edad, quienes estaban a punto de abordar un avión hacia España.

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Por este hecho, se encuentra detenida una mujer de 19 años que tiene vínculos con un agente en España y otros venezolanos que se encuentran en el país europeo.

Por otro lado, el comisario informó que en los últimos 49 días, «han sido detenidas un total de mil 937 personas en flagrancia y por órdenes de aprehensión, gracias al trabajo diario de los hombres y mujeres de este cuerpo en fusión popular, militar y policial».

La justicia de Aruba condenó a seis y siete años de prisión a dos hombres originarios del estado Falcón, por la muerte de tres primos que salieron en una lancha sin nombre y sin matrícula desde la orilla de Tumatey, en la península de Paraguaná, el 10 de diciembre de 2023.

Los cuerpos de las víctimas mortales fueron localizados entre las rocas en Vader Piet, en la isla arubeña, informó el portal Crónicas del Caribe.

La audiencia se realizó el 10 de enero de 2025; es decir, un año y un mes después de la muerte de Alexandra Patricia Lugo Pérez, de 19 años, y sus primos José Lugo, de 20 años, y María Virginia Martínez, de 24 años, quienes eran habitantes de Las Cumaraguas en la península de Paraguaná.

Los tres jóvenes se subieron a una lancha para ingresar de forma clandestina a Aruba.

De manera extraoficial, se conoció que el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia en la causa contra Yendry Rodríguez Garcés, alias “Cunino”, y Emilio José Díaz Sánchez, alias “Yito”, dos falconianos también oriundos de Las Cumaraguas. Sin embargo, según las investigaciones, hay otras cuatro personas en fuga por este caso.

El Ministerio Público de Aruba acusó a Rodríguez Garcés y a Díaz Sánchez por los delitos de trata de personas y por el hecho de que tres o más personas murieron en el mar.

La Fiscalía arubeña solicitó siete años de prisión para ambos, señalando que alias “Cunino” tenía una función importante en la organización del viaje, al tiempo que alias “Yito” era el capitán de la embarcación.

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El juez consideró que hay pruebas suficientes que indican que estos dos individuos están involucrados en la trata de personas y que, de alguna u otra forma, hicieron una contribución significativa al tráfico con dinero y consejos sobre qué tipo de embarcación usar para el traslado.

Durante la audiencia, el juez no encontró indicios de que los condenados tuvieran la intención de quitarle la vida a estas tres personas. También estableció que incurrieron en este ilícito con el objetivo de ganar dinero.

En su condición de organizador del viaje, “Cunino”, sentenciado a siete años de prisión, aportó información a las autoridades para la investigación sobre la trata de personas, ofreciendo detalles acerca del tipo de embarcación que suelen usar y el envío de dinero desde la isla para poder viajar con un capitán de confianza.

“Yito” recibió una pena de seis años de prisión por haber decidido tomar la embarcación, que no era apta para realizar el viaje.

Los primeros cuerpos fueron encontrados en la madrugada del 11 de diciembre de 2023.

Falconianos que estaban cerca de la zona del hallazgo aseguran haber visto los cadáveres de las dos mujeres. “Alexandra estaba degollada y María con golpes en la cara y la cabeza. A los días apareció el cuerpo de José y estaba sin dientes, arrancados. Esperábamos que les realizaran autopsia, pero no lo hicieron”, comentó un nativo de los pueblos de Paraguaná que está en Aruba.

Los familiares de Alexandra Patricia Lugo Pérez y José Lugo aceptaron cremar los cuerpos. Pudieron proceder gracias al apoyo de una fundación de la isla, que pagó en total 6 mil dólares para hacer el trámite y poder repatriar las cenizas, que llegaron a mediados de 2024 por vía marítima a Las Cumaraguas.

Las Cumaraguas es un pueblo vecino del Cabo San Román, el punto más septentrional de América del Sur y desde donde se pueden ver las luces de la isla de Aruba y escuchar sus emisoras.

El intercambio de personas ha sido histórico, incluso existía un comercio de frutas, verduras y pescado que mermó por el cierre de fronteras decretado en 2019. En la isla de Aruba hay unas 17 mil personas de nacionalidad venezolana, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron rescatar a tres víctimas de un red de trata de personas que operaba por Facebook.

El procedimiento que ejecutaron agentes de la División de Investigaciones de Trata de Personas y la Delegación Municipal Tucupita, en Amazonas, informó el director del Cicpc, Douglas Rico.

Reveló que las víctimas fueron dos mujeres de 25 años y una bebé de 1 año y 4 meses.

Las investigaciones de los sabuesos del Cicpc permitieron el arresto de Andy José Soto (26) y Dayarli Aurimar Martínez Landaeta (31).

Lo funcionarios habrían sido alertados sobre unas de las víctimas que había sido contactada a través de la red social Facebook, donde le ofrecían trabajos en la isla de Trinidad y Tobago.

Además de los detenidos, estaría también implicado un taxista que está en fuga y que trasladaba a las víctimas.

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La verificación en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) arrojó que Soto presentaba registros por uso de documento falsos o alterados.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público.