Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército, preso político de Nicolás Maduro, comenzó este martes una huelga de hambre. Lo hace para denunciar que sufre «tratos crueles inhumanos y degradantes», según una carta difundida por la ONG Justicia Venezolana.

A través de la misiva, solicitó que diversas organizaciones visiten «la casa de los sueños», nombre con el que se refieren a las celdas de castigo.

Su petición se dirige expresamente a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. También al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al encargado de negocios de la UE y al nuncio apostólico de la Santa Sede.

Marín Chaparro dijo que el objetivo es que verifiquen «los tratos crueles inhumanos y degradantes» a los que someten a los militares presos.

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También reclamó que una comisión de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo verifique «la misma situación». Y pide que se eleve la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Esto «por el uso sistemático de torturas y tratos crueles».

El teniente coronel también reclama «la eliminación de la casa de los sueños». Calificó estos recintos como «depósitos de seres humanos, centros de torturas y violaciones a los derechos fundamentales».

Solicitó la liberación «de todos los presos políticos» con «verdaderos indultos que se respeten». Exigió que se incluya una comitiva de presos políticos en los diálogos entre el Gobierno y la oposición.

Según los datos difundidos por la organización Justicia Venezolana, en Venezuela hay 252 militares procesados por razones políticas.

Las torturas y los tratos crueles, condenados por leyes internacionales, siguen siendo el método usado por los organismos de seguridad del régimen para infundir miedo en quienes piensan diferente. Como consecuencia, más de 70 personas han muerto por esta práctica amparada por Nicolás Maduro.

La denuncia la hizo el comisionado por la defensa de los Derechos Humanos, Humberto Prado, quien estuvo acompañado en una rueda de prensa online, por el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio. Esta rueda de prensa fue «saboteada por el régimen», denunció denunció el Centro de Comunicación Nacional.

“La tortura persiste en Venezuela y tan solo en 2019 los casos incrementaron en más del 526%”, denunció Humberto Prado, mientras que Vecchio, aseguró que “Nicolás Maduro y sus torturadores deben responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra los venezolanos”.

El encuentro se hizo para conmemorar el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. En este contexto, Prado resaltó como los represores en Venezuela han hecho de esta una práctica común.

“Desde la llegada de Maduro, en 2013, han muerto 72 personas a causa de torturas en Venezuela, de acuerdo a cifras de la ONG PROVEA que también señalan que entre enero y diciembre de 2019 los casos de tortura incrementaron en 526.6% en comparación con el año anterior. Los cuerpos de seguridad CICPC, DGCIM y PNB han tenido mayor participación en estos delitos que se han ejecutado en establecimientos oficiales de detención o en zonas militares”, afirmó Prado.

Por su parte, Carlos Vecchio recordó la muerte del «capitán Rafael Acosta Arévalo, los concejales Fernando Albán y Carlos García, y Rodolfo González (El Aviador), quienes son solo algunas de las víctimas fatales de Nicolás Maduro y su práctica de la tortura como política terrorista Estado para sostenerse en el poder”.

Prado detalló que, Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática del régimen: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Mientras que el Instituto Casla afirma que en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.

Denunció que «en algunos casos los funcionarios han realizado estas prácticas en centros clandestinos de detención o zonas militares», egún testimonios de las víctimas.

Prado señaló la importancia de investigar los casos de torturas y sancionar a sus responsables. “En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado investigue, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar”.

Recordó que según las leyes internacionales «toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción”.

En este sentido, dijo que «el régimen de Maduro tiene compromisos pendientes con la prohibición de la tortura. Entre ellos, la necesidad de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La ratificación de este instrumento permitiría que órganos independientes de índole nacional e internacional realicen visitas periódicas, no anunciadas y sin restricciones, a todo tipo de establecimientos en los que existen personas privadas de libertad”.

Mientras que Vecchio citó «el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, donde se han confirmado persistentemente las terribles violaciones de DDHH en Venezuela, por lo que Maduro debe responder ante la justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el pueblo venezolano».