Este lunes, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Jorge Quino, dejó sin efecto la imputación y orden de aprehensión contra el exmandatario, Evo Morales.

Recordó que los cargos que se le imputaban al exmandatario boliviano eran, sedición y terrorismo.

Las autoridades judiciales declararon procedente un recurso de acción de libertad interpuesto por la defensa de Morales.

Consideraron que se vulneraron derechos fundamentales del exmandatario, como el de la defensa, dijo Quino, en entrevista con Unitel.

Citaron a Morales a una audiencia el 27 de octubre. Sin embargo, la defensa alegó que el expresidente no recibió ninguna citación ni notificación.

Ya que,  la notificación la hicieron por que edictos, acción que se realiza cuando no se conoce el domicilio del acusado y el mismo estaría dentro del país.

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En ese sentido, Quino, excusó a Morales, porque lo habían citado mediante edictos cuando las autoridades sabían que no se encontraba en el país.

Añadió que el juez advirtió «ese error que cometieron los fiscales que conocían el caso»

Por ello, dispuso, dejar  sin efecto la imputación y el mandamiento de aprehensión.

Este fallo a favor de Morales ahora pasará al Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se deberá ratificar o rechazar la decisión asumida por el tribunal paceño.

Fiscalía investiga al líder del MAS por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y financiación al terrorismo.

Por ello, pidieron su detención preventiva a consecuencia de un audio que se remonta a noviembre de 2019.

Allí, Morales reveló estar en contacto con el dirigente Faustino Yucra, con el que habría coordinado el cerco a las ciudades para dejarlas sin alimentos.

26 privados de libertad, recluidos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Chuparín, están liberados, luego de un operativo del «Plan Cayapa Judicial»,

Este operativo se realizó durante la semana del 19 al 23 de este mes de octubre.

En la jornada legal llevada a cabo en los Tribunales de la ciudad de Barcelona, están verificados y atendidos 36 casos.

Todos estos casos reposan en el centro de prevención porteño, logrando dejar en libertad plena a 25 masculinos y una femenina.

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El director de la policía, comisionado agregado, José Bellorín, aseguró que este plan tiene como objeto fundamental, atender a los detenidos en materia jurídica y acelerar el retardo procesal.

Así mismo, agregó que para la realización de esta jornada, los detenidos contaron con la presencia de equipos evaluadores que se encargaron de verificar el tiempo de detención que lleva cada privado.

Además, su comportamiento y si cumple con actividades de rehabilitación, que los ayude a redimir la pena.

Los Padres, al ser dejados por la mamá de sus hijos o surgir una separación, en venganza, las alejan de sus pequeños. El tribunal ni siquiera les otorga la posibilidad de volver a compartir con ellos. Expedientes falsos, pruebas amañadas y mucho dinero de por medio.

El poder y el abuso solo tienen medio paso de distancia. Desde hace varios años se ha hecho evidente que el sistema judicial en Venezuela está viciado, a cambio de fuertes cantidades de dinero varios hombres compran la conciencia de algunos jueces para alejar a los niños de sus madres, aún sin pruebas que justifiquen esta decisión.

La periodista Karla Salcedo Flores, de Impacto Venezuela, lleva al menos tres años investigando sin descanso estos casos, para evidenciar la corrupción dentro del sistema judicial en la Ley Orgánica Para Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA).

En esta oportunidad, junto a Esteninf Olivarez le dan una ventana a Daniela Montañez para que denuncie su desgarradora historia. El 16 de mayo del 2020 comenzó un calvario para ella, cuando permitió que su hijo Lorenzo paseara junto a su padre unas horas, a partir de allí no pudo verlo más.

La jueza Carrasco bajo una trama de pruebas inconsistentes, dictaminó que Lorenzo de cuatro años, está en “peligro de muerte”. Impacto Venezuela pudo ingresar al hogar de Daniela Montañez, una casa que está impregnada del olor y la identidad del niño por todos lados. Las paredes tienen su sello, pues su madre le permite pintarlas, ya que es lo que más le gusta.

“Para la LOPNA, la psiquis de un niño o de un adolescente es un billete verde”, denuncia Montañez, quien no tiene miedo y llegará hasta las últimas consecuencias por recuperar a su hijo.

Otra madre que pidió no revelar su identidad por miedo a represalias, denunció que la LOPNA es el único tribunal de Venezuela que puede dar en adopción a niños venezolanos. Esa competencia la han utilizado para dar en adopción a niños que han sido vilmente separados de sus madres.

“No se imaginan cuánto pagan en el extranjero por adoptar. Grecia es un país que en sus leyes no permite que los niños al cumplir la mayoría de edad busquen a sus padres, no les queda forma de averiguar cuando sean mayores”, dijo.

Madres desamparadas claman justicia divina ante un sistema judicial completamente viciado por una red de corrupción.

Este martes fue trasladado a tribunbales el politólogo Nicmer Evans, luego de más de 12 horas desde que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo detuvieron.

Martha Cambero, esposa de Evans, quien es director del portal Punto de Corte, informó que lo trasladaron desde la sede de Dgcim hasta el Palacio de Justicia.

“Ellos accedieron al apartamento donde estaban personas de la tercera edad y mi hijo de 6 años. Revisaron la casa, su interés eran los equipos electrónicos que se llevaron. Nos quitaron el wifi”, declaró Cambero.

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“Hasta ese momento era solo una orden de allanamiento, pero me decían que yo tenía que saber dónde estaba mi esposo», manifestó.

Cambero alertó que no ha podido ver a su esposo, quien es hipertenso y que necesita continuar con su tratamiento. “Al igual que ustedes, yo me enteré de la aprehensión por su video en Instagram. Como les digo, no sabía dónde estaba mi esposo», expresó.

Cambero también denunció que los abogados no han podido acceder a los expedientes de Evans y que las autoridades no han suministrado ningún tipo de información relacionada con la detención.

Evans fue detenido por supuesta instigación al odio.

A solicitud del Ministerio Público el juicio que se le sigue al exsecretario nacional del partido revolucionario Tupamaro, José Pinto, fue radicado en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Así se conoció a través de la sentencia número 48 emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la cual fue publicada el pasado 3 de julio.

La radicación está establecida en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal y se aprueba cuando se trata de un hecho de conmoción, tal como lo plateó la Fiscalía en este caso.

Desde el pasado 30 de junio el también ex diputado al Consejo Legislativo de Vargas se encuentra en la sede del Bloque de Búsqueda y Aprehensiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Parque Carabobo, Caracas, a pesar de que el Tribunal Cuarto de Control (que lleva su caso) había ordenado que fuera llevado a la sede de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc.

Pinto fue privado de libertad mientras sigue su juicio por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles o innobles en grado de coautor, agavillamiento y privación ilegítima de libertad.

El líder Tupamaro está detenido desde el pasado 14 de junio en Los Corales, Caraballeda, por su responsabilidad en el homicidio del adolescente de 16 años George Soto Berroterán y de las lesiones causadas a Juan Romero. Ambos pescadores que trabajaban para él.

Por este caso también fueron capturados en Baruta, Miranda, el pasado 1 de julio los carniceros Pedro José Tovar Acosta, de 42 años y Edgar Jesús Aranguren, de 46, quienes habrían participado en la brutal golpiza que el 23 de mayo propinaron a ambas víctimas. Su audiencia de presentación fue diferida para este 11 de julio.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), alertó que la periodista Luisa Mimi Arriaga, detenida la noche de este jueves en su casa, será presentada hoy (viernes) en tribunales.  

A través de la red social Twitter, la institución gremial conoció que Arriaga pasó la noche en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en la avenida Urdaneta, “desde donde la trasladaron en la mañana para hacerle exámenes forenses”.

El SNTP también informó que la madre de la periodista y coordinadora de 800Noticias pudo verla antes de ser trasladada a medicina forense.

La noche de este jueves, funcionarios del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron la vivienda y se llevaron detenida a la periodista.

La detención de Arriaga ocurre “días después de que en una cuenta anónima se le responsabilizara de publicaciones en otra cuenta anónima en redes sociales”, según el ente gremial.

Ayudado por dos jóvenes y con la misma arrogancia que lo caracteriza, fue trasladado el líder de Tupamaro, José Tomás Pinto Marrero, de la sede del Cicpc en Vargas al Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control, donde se realiza la audiencia de presentación por estar supuestamente involucrado en el asesinato de un adolescente.

«¡Venceremos, nojoda!», fueron las palabras que pronunció José Pinto al salir de la sede del Cicpc Vargas, ayudado por dos funcionarios. Las imágenes del líder de Tupamaro fueron captadas en exclusiva para Impacto Venezuela por nuestra corresponsal en la entidad, Amy Torres.

Última hora ⚠️ • ¡Venceremos nojoda! A su salida de la sede del Cicpc La Guaira José Pinto, secretario general de Tupamaro, gritó: ¡venceremos nojoda! • • Vía @amyytorres @impactove ? #Vargas #LaGuaira #tupamaros

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Pinto de 67 años de edad fue privado de libertad junto a sus escoltas José Fidel Blanco, Jesús Sánchez y Jesús Ibarra por su presunta responsabilidad en el homicidio del adolescente George Soto Berroterán de 16 años.

Durante el allanamiento a su propiedad  se le incautó un arma de fuego, tipo pistola, Browning, calibre 9 mm, seriales V56093; dos teléfonos celulares; tres cajas de cartuchos calibre 12; tres cajas de balas; cinco cargadores para armas de fuego; una caja de balas calibre 6.35 mm, entre otros elementos.

A Pinto se le imputará por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de coautor, privación ilegítima de libertad y agavillamiento.

Según las investigaciones realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el pasado  23 de mayo en la noche, el secretario nacional de Tupamaro dio instrucciones a sus escoltas para que agredieran a Juan Romero hasta que este admitiera haberse apropiado de mercancía y dinero producto de la faena pesquera.

Los escoltas sometieron y golpearon a Juan Romero con sus armas y exigieron al resto de los pescadores que también lo golpearan; entre ellos al adolescente George Soto Berroterán, quien se negó a hacerlo. Mientras los escoltas y dos pescadores agredían al adolescente, Juan Romero logró escapar y se internó en la montaña.

En las pruebas técnicas se determinó que la osamenta hallada en los terrenos de Pinto correspondía a la del adolescente, y que presentaba en el cráneo un orificio producido por el paso de un proyectil disparado por un arma de fuego.

Para este miércoles está prevista la presentación ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Vargas de José Tomás Pinto Marrero, de 67 años, secretario nacional de partido revolucionario Tupamaro.

Se conoció que siguen las investigaciones que hasta ahora han logrado dar con varios elementos de interés criminalístico. Además de las tres órdenes de aprehensión que pesan sobre José Fidel Blanco, Jesús Sánchez y Jesús Ibarra, todos escoltas de Pinto, otros dos de sus trabajadores también son investigados. Se trata de Edgar Añanguren y Jesús Briceño.

Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de La Guaira también trabajan para dar con el paradero de los tres pescadores que el pasado 23 de mayo también le propinaron una brutal golpiza junto con los escoltas de Pinto a Juan Romero y el adolescente George Soto Berroterán, que lamentablemente fue asesinado.

Pese a que no han sido plenamente identificados, estos pescadores -que están prófugos de la justicia- son conocidos como “Xavier Macuto”, “Adonis Cachete” y “Jesusito”.

Sobre la captura del también diputado al Consejo Legislativo de Vargas, practicada la mañana del pasado lunes, quedó descartada la información que circuló a través de las redes sociales sobre un presunto enfrentamiento ocurrido en Los Corales, según testimonios de vecinos de Los Corales, en Caraballeda.

A Pinto se le incautó un arma de fuego, tipo pistola, Browning, calibre 9 mm, seriales V56093; dos teléfonos celulares; tres cajas de cartuchos calibre 12; tres cajas de balas; cinco cargadores para armas de fuego; una caja de balas calibre 6.35 mm, entre otros elementos.

Homicidio intencional calificado con alevosía y motivos fútiles e innobles en grado de coautor es el delito que se le imputará a Pinto, así como privación ilegítima de libertad y agavillamiento.

Este lunes fueron presentados ante tribunales cuatro funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) por su participación en el asesinato de cinco ciudadanos, entre ellos un escolta de la ministra de asuntos penitenciarios de Maduro, Iris Varela.

Según el Fiscal General del régimen, Tarek William  Saab, los funcionarios identificados como Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar, fueron imputados por la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Todo esto luego que se demostrara que en horas de la madrugada del pasado jueves, los funcionarios en comisión de servicio ingresaron al sector El Limón de la Carretera Vieja Caracas – La Guaira y sometieran a Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez mientras dormían.

Según Saab, los uniformados sacaron a las víctimas de sus casas y los trasladaron hasta una zona boscosa, donde posteriormente las ajusticiaron.

Luego del hecho los funcionarios simularon un supuesto enfrentamiento y levantaron actas policiales con una versión viciada de lo ocurrido.

Sin embargo, familiares y vecinos, que presenciaron los crímenes, acudieron al Ministerio Público y denunciaron el hecho.

La Fiscalía inició las investigaciones y luego de recopilar evidencias de interés criminalístico pudieron constatar que se trató de una mala actuación policial, donde además quedó expuesto el uso excesivo de la fuerza y la violación de los derechos humanos de las cinco personas asesinadas.

La organización Espacio Público, informó que la periodista y productora del Circuito FM Center, Carol Romero, fue trasladada a tribunales.

La información la suministró la organización a través de sus redes sociales, donde aseguran que los familiares de Romero esperan su llegada.

Carol Romero fue detenida y desaparecida este jueves por efectivos de la Guardia Nacional, mientras cubría una protesta por gasolina en el Kilómetro 7 del Junquito.

Sus familiares denunciaron que Romero fue golpeada fuertemente e inmovilizada por los militares y además, pretenden acusarla de agresión a la autoridad.

#DenunciaEP | Trasladaron a Tribunales a la periodista Carol Romero este #5jun 11:51 amFamiliares se mantienen a la espera en el lugar. https://t.co/VKLa97igi2

#AlertaSNTP | 12:38 PM confirmamos que Carol Romero, colega periodista, se encuentra en los tribunales esperando audiencia de presentación. Exigimos su libertad plena #5Jun pic.twitter.com/3lr1QFKIha