Que las trochas dejarían de existir fue solo una ilusión de quienes viven en la frontera, pues la reapertura no dejó paso a vehículos particulares ni a transporte público

Defensores de Derechos Humanos señalan que impedir el libre tránsito violan leyes internacionales de Venezuela y Colombia y de acuerdos mundiales.

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Walter Márquez, alto Comisionado de DDHH, exige a ambos gobiernos cumplir con el compromiso de apertura total de la frontera.

Para que todos los derechos se cumplan, senadores de Colombia y diputados de Venezuela se comprometieron a trabajar conjuntamente para acompañar a los habitantes en 5 encuentros que realizaran para escuchar las voces de los ciudadanos que viven en frontera.

Al menos 300 gandolas con productos pasan sin control por las llamadas trochas en la frontera de Venezuela con Colombia.

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, asegura que eso siempre ha existido y que solo esperan que ambos presidentes, Nicolás Maduro y Gustavo Petro se pongan de acuerdo para la reapertura de la frontera.

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“La frontera no ha estado cerrada totalmente es una frontera viva dinámica, no vengan a descubrir el agua tibia de que aquí hay trochas”, dijo.

Reiteró que cuando se abra el paso en frontera, el que utilice las trochas “estará en actividad ilegal y le caerá todo el peso de la ley”.

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Dos hombres, uno venezolano y otro extranjero, los mataron a tiros en la trocha “La Escuelita”, Boca de Grita en el municipio García de Hevia, estado Táchira.

Los hombres están identificados como Jordan Andrey Hernández Salcedo de 25 años y Jonaiver Jesús Mora Croquer, de 19 años.

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Se pudo conocer que ambos eran obreros y que sus cuerpos se hallaron con varios impactos de bala, reseño La Prensa de Táchira.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de La Fría, hizo el levantamiento de los cadáveres e iniciaron las investigaciones.

Ambos cuerpos los trasladaron a la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, donde se espera que familiares hagan el reconocimiento.

“Operación Muralla”, así se llama la estrategia del Gobierno de Colombia para controlar el paso por las trochas. La medida se toma ante la desbandada migratoria por la frontera entre Cúcuta, San Antonio del Táchira y Ureña.

“Este es un trabajo especial que estamos haciendo en el área metropolitana, denominado Operación Muralla. Va en coordinación y en apoyo a la Policía en las trochas”. La afirmación la hizo el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, Ilvar González.

La operación forma parte del plan “Frontera Segura y Regulada” de las autoridades del departamento Norte de Santander. Todo para evitar la migración ilegal y los delitos en esos pasos.

“Es hacer que llegue la legalidad (…) sacar de la zona a esos agentes generadores de violencia en estas áreas», dijo. Todo con la finalidad de «dar tranquilidad a los nortesantandereanos”, añadió.

La Parada, un caserío ubicado en Cúcuta, otra vez se ha convertido en un hervidero de gente. Cientos de personas llegan pese a que el paso está cerrado desde hace meses, publicó Efe.

El cruce de venezolanos hacia Colombia disminuyó notablemente por la cuarentena. Pero aumentó en las últimas semanas por las trochas y pone en aprietos a las autoridades.

Los organismos humanitarios multiplican sus esfuerzos en La Parada para tratar de atenderlos a todos. Quieren evitar que la multitud propague la pandemia.

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Los delitos en la frontera

“Las autoridades verifican las diferentes trochas por donde hay personas pasando pendularmente. Especialmente con contrabando de combustible”. Así informó el general Ramiro Castrillón, comandante de la Región Número 5 de la Policía.

“Nuestra tarea es verificar precisamente que esto no suceda debido a los controles que se están haciendo. Lo que verificamos en este momento es que no haya personas transitando de un lado para el otro. Garantizamos la seguridad y todo el apoyo que se requiere para evitar un contagio masivo”, expresó.

A pesar de las restricciones sanitarias por la covid-19, centenares de venezolanos intentan regresar a su país a diario y otros buscan la manera de salir hacia Colombia ante el deterioro de la situación en el país.

Según las autoridades de Norte de Santander, los migrantes que llegan a Cúcuta son atendidos en un campamento instalado en el puente internacional de Tiendita.

Migración Colombia señala que, con corte al 30 de julio, en el país había 1,7 millones de venezolanos, de los cuales 195.079 están radicados en Norte de Santander.

En este momento en el sector fronterizo de #VillaDelRosario, se despliegan uniformados de la Policía y Ejército Nacional bajo la estrategia Plan Frontera Segura y Regulada, con la que se busca fortalecer en más de 900 efectivos de la Fuerza Pública, los pasos informales…??? pic.twitter.com/xnm16cu4rS

«Sin éxito», así califica el Vicepresidente de Comunicacón del régimen de Nicolás Maduro los intentos de Venezuela para negociar con Colombia el control del ingreso irregular de ciudadanos por la frontera terrestre en medio de la pandemia por COVID-19.

Jorge Rodríguez manifestó este miércoles, previó a que confirmara que era portador del coronavirus, que «dialogar con Colombia para resguardar la frontera ha sido difícil».

El funcionario denunció que en varias ocasiones, el Gobierno de Venezuela ha tratado de negociar con el Gobierno de Colombia con el cual rompió relaciones diplomáticas en febrero de 2019, para establecer un diálogo que evite el ingreso sin control de personas que puedan estar afectadas por el COVID-19.

Denunció que ante la falta de respuesta de Colombia, Venezuela ha hecho lo posible por resguardar los más de 2.000 kilómetros cuadrados de frontera terrestre que comunican los dos países.

Además, detalló que en los últimos cinco meses 76.984 ciudadanos han ingresado por las fronteras con Colombia y Brasil, de los cuales 5.740 han resultado positivos a los test de COVID-19.

Migración Colombia, a través de su director Juan Francisco Espinosa, ha dicho en reiteradas ocasiones que las autoridades migratorias, en conjunto con la Policía, la Fiscalía colombiana y el Ministerio de Salud realizan presencia en la frontera.

«Tenemos un despliegue logístico de autoridades de salud, tránsito, la Policía, Migracion Colombia y los mandatarios regionales para proteger la frontera en los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander».

El funcionario colombiano también confirmó que desde la frontera con ese país han retornado a Venezuela 97 mil ciudadanos venezolanos, y que a quienes han transportado hasta la frontera tienen la prueba negativa para COVID-19.

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Concluyó que Venezuela no cuenta en este momento con las garantías sociales ni económicas para garantizar el retorno de sus nacionales.

A medida que los migrantes venezolanos regresan de Colombia, en medio de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, se encuentran con que no pueden ingresar libremente al país, porque el régimen les ha acusado de «bioterroristas» por usarlos caminos irregulares. Mientras, los grupos criminales se aprovechan de la situación.

En las últimas semanas las autoridades han detenido a cerca de 200 personas por cruzar ilegalmente la frontera entre Colombia y Venezuela, en medio de la declarada “guerra a los trocheros”, anunciada por Nicolas Maduro.

Mientras tanto, por los caminos ilegales conocidos también como “trochas”, continúan movilizándose personas y mercancías entre ambos países, en medio de la noche, mientras grupos armados vigilan los caminos, publicó el portal InSight Crime que cita a un contrabandista que frecuenta las trochas.

Los esfuerzos por detener el tráfico de migrantes y la vigilancia a los pasos ilegales son encabezados por el llamado “protector” del Táchira, Freddy Bernal, quien, emulando a maduro, también ha declarado la «guerra a los trocheros’.

Más de mil venezolanos esperan cerca de los puentes internacionales para entrar al país de manera legal. Es la única vía que tienen, pues los grupos criminales no les permiten atravesar las trochas, a menos de que puedan pagar por ello.

La prohibición del paso a los migrantes, y expresamente a todo aquel que viaje con maletas o con niños pequeños, es parte del acuerdo entre las autoridades venezolanas y los grupos criminales para poder operar, según señaló el portal, citando al medio colombiano La Opinión.

Aunque algunos migrantes han pasado a Venezuela tras pagar altas sumas de dinero, tanto a funcionarios como los grupos que controlan las trochas, la mayoría no cuentan con recursos económicos para asegurar el paso y deben someterse al sistema de entrada, que acumula denuncias de condiciones precarias, hacinamiento y alto peligro de contagio de coronavirus.

En la última semana, Nicolás Maduro ha dirigido su discurso en contra de los migrantes, a quienes consideró como “bioterroristas” y pidió acusar por ataque biológico a quienes transiten los pasos fronterizos. No hay evidencia que relacione la propagación del virus con los migrantes retornados.

La mayoría de los pasos ilegales fronterizos continúan operando, pero bajo la oscuridad de la noche. Un contrabandista que compra mercancías en Cúcuta para revender en Táchira explicó a InSight Crime que las personas solo tienen permitido atravesar las trochas durante la madrugada, para lo que tienen que pagar tarifas que, dependiendo de la mercancía que traen y lugar de paso, pueden ir desde 10.000 hasta 50.000 pesos colombianos (entre US$3 y $14), o incluso más si se pasan vehículos o grandes cantidades de mercancías.

El dinero parece no solo ir a los grupos criminales que cobran en las trochas, sino también para los militares venezolanos aliados a los grupos criminales que custodian las entradas, según comentó el contrabandista. En ocasiones, dice, ha tenido que pagar también a policías colombianos que están apostados del otro lado de los pasos.

El flujo de personas que existe desde marzo pasado, cuando comenzaron los controles por el coronavirus, se ha mantenido constante.

Con un posible aumento de venezolanos que tratan de llegar al país, las dinámicas en la frontera ante las medidas por coronavirus han empeorado, lo que parece dejar a los migrantes a merced de los grupos criminales y las fuerzas armadas de Venezuela.

Desde que fue nombrado “protector” de Táchira en 2018 por Maduro, Freddy Bernal se ha convertido en el hombre clave en la persecución de los migrantes durante la pandemia.

Bernal ha señalado a los migrantes que cruzan ilegalmente como una amenaza y ha dicho que los traficantes de personas serán castigados hasta diez años de cárcel. Otros funcionarios han llamado a los migrantes que cruzan las trochas como “fascistas”, “golpistas disfrazados” y “armas biológicas”.

El 22 de julio, Bernal anunció que 36 traficantes y 209 migrantes habían sido arrestados sin especificar en que período fueron capturados.

La represión, sin embargo, parecer ser selectiva. Las autoridades venezolanas han apuntado principalmente a las trochas bajo el control de la banda paramilitar y narcotraficante colombiana Los Rastrojos, según señaló a InSight Crime un experto en temas de la frontera colombo-venezolana, quien pidió anonimato por motivos de seguridad.

Bernal, se supone, está enfrascado en una vendetta personal contra Los Rastrojos, que controlan parte del contrabando y el tráfico de migrantes en Táchira. Junto a miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Bernal también publica constantemente en su cuenta de Twitter sobre los arrestos y redadas exitosas contra el grupo.

Sin embargo, Bernal no ha mostrado el mismo entusiasmo al perseguir otros grupos. En el pasado, InSight Crime informó sobre los intentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de apoderarse de las trochas en Táchira que controlan Los Rastrojos. Según el investigador Miguel Morffe, el gobierno venezolano ha ayudado activamente a estos grupos a cambio de un porcentaje de sus ganancias ilícitas.

“Veo en esta reconfiguración de poderes, el control social que ha querido ejercer el gobierno venezolano en la frontera […] además ha facilitado el resguardo y la actuación de la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc”,explicó Morffe al periódico La Opinión.

Bernal ha sido vinculado a ambos grupos. En septiembre de 2019, el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, dijo en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que Bernal fue responsable de ayudar al ELN a desarrollar sus operaciones en Venezuela.

Las autoridades colombianas están siguiendo todos los controles para evitar que migrantes usen los pasos ilegales o trochas para llegar a territorio venezolanos. Son unas 1.000 personas que a diario transitan y se exponen a los peligros. Al menos 40 cadáveres con heridas de balas se han encontrado tanto en territorio de Colombia como de Venezuela.  

En entrevista exclusiva para Mesa de Análisis, Víctor Bautista, director de Frontera en el Norte de Santander, insiste a los migrantes venezolanos no usar las trochas, sus vidas corren peligros porque son territorios donde transitan los grupos irregulares.

“Los grupos irregulares demuestran tener más fuerzas en esas zonas y lo que hemos hecho es pedir a nuestras fuerzas públicas más control y recomendarles a los migrantes no usar esos lugares que son peligrosos”, dijo.

Dijo que allí también están los denominados “Coyotes” actuando y “evitamos por todos los medios la trata de personas”.  

Se refirió a la forma despectiva como el régimen de Nicolás Maduro considera a los migrantes venezolanos armas biológicas y aseguró que en Colombia se siguen todos los controles sanitarios para evitar que personas contagiadas con el Covid-19 salgan del territorio a Venezuela.

“Los migrantes son seres humanos que están tratando de volver a circunstancias más seguras, pero corren el riesgo que corremos todos con el incremento de la pandemia en esas zonas”.

Razón por la cual en Colombia se creó el Centro Sanitario de Admisión, donde más de 6 mil venezolanos son recibidos, atendidos, y con todos los controles sanitarios.

“Hemos sido muy responsables y los que cruzan la frontera es porque ya han pasado nuestros controles y llegan a manos de las autoridades migratorias de Venezuela”.

Bautista no niega que la frontera tiene problemas muy complejos con la cantidad de migrantes que llegan de otros países  y es por esa razón que el Gobierno de Iván Duque tomó la decisión de no recibir transportes con migrantes hasta finales de julio.

“Estamos tratando que los que están ya aquí en la zona puedan pasar la frontera cn todas las medidas sanitarias para mantener al Covid-19 lo más bajo posible”, dijo.

El fiscal del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó de la detención de 36 personas que supuestamente conforman una red de tráfico de connacionales por las llamadas “trochas ilegales” en las zonas fronterizas “para burlar el cerco sanitario establecido para evitar la propagación del Covid-19 en el país”.

“En el marco de las medidas de control establecidas para combatir la pandemia Covid-19, grupos de delincuencia organizada de Colombia se han dedicado a captar connacionales provenientes de países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, con la finalidad de ingresarlos a territorio venezolano por pasos irregulares y burlar los protocolos de ingreso”, dijo en rueda de prensa Saab.

Informó, además, que fueron ubicados e inutilizados varios de estos pasos ilegales en los municipios fronterizos: Pedro María Ureña, Simón Bolívar, Rafael Urdaneta, Ayacucho y García de Hevia, todos pertenecientes al estado Táchira.

 “Algunos han sido detenidos cruzando a pie, otros han pasado con vehículos, algunas personas pagan para que las pasen cargadas hasta territorio venezolano”, añadió.

De las 36 detenciones, 13 se encuentran privados de libertad por pertenecer a estas mafias; mientras que 23 tienen medida cautelar sustitutiva, por tratarse de personas que regresaban al país de forma ilegal.

Los privados de libertad responden a los nombres de: Joel Chávez, Andrés Chávez, Zoraida Andrade de Chávez, Francia Suárez, Luis Torcates, Franklin José Piñero, Franklin Antonio Piñero, Alberto Ramos, Jhon Puerta, Jesús Centeno, Giovanny Jiménez, Yonathan Aquino y David García, a quienes se les imputan los delitos de: tráfico ilegal de personas, instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de epidemia, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, favorecimiento bélico, corrupción entre particulares y asociación para delinquir.

Los 13 privados de libertad por estos casos, serán enviados el Centro Penitenciario de Oriente, en El Dorado.

Según Saab a Venezuela por los pasos fronterizos han regresado 65 mil 967 connacionales con controles migratorios, de los cuales asegura han resultado positivo a la prueba de Covid-19, 3 mil 660 personas.

Calificó como “irresponsables” al gobierno de Colombia por no controlar los pasos ilegales en la frontera, que según estimaciones de las autoridades venezolanas “entre 30 mil y 50 mil migrantes han retornado”, utilizando esos pasos administrados por paramilitares colombianos y “portadores del coronavirus”, lo que ha ocasionado “la proliferación del virus en 10 estados y 40 municipios del país”.