«Las unidades rusas no se están retirando, sino que están reposicionándose», aseguró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Según el jefe de la Alianza transatlántica, el presidente ruso, Vladimir Putin, pretende «reforzar su ofensiva en el Donbás»; la región del este de Ucrania controlada ya en gran parte por los separatistas prorrusos. «Manteniendo la presión sobre Kiev y otras ciudades».

Habrá «más ataques, con más sufrimiento», agregó.

El general ucraniano Pavlo «Maestro» consideró igualmente que las tropas rusas «se están reagrupando para atacar y enviar un máximo de fuerzas» al sur y el este, en declaraciones a la AFP en Járkov.

La agencia nuclear de Ucrania, Energoatom, indicó que las tropas rusas que el 24 de febrero tomaron la central de Chernóbil se habían retirado del lugar; escenario en 1986 de la peor catástrofe nuclear civil de la historia.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se dijo «un poco escéptico»; sobre la intención anunciada esta semana por Rusia de retirarse de ciertas zonas de Ucrania para concentrar sus esfuerzos en el este.

Pero según un alto funcionario de defensa estadounidense. Incluso si eso ocurriera podría abrir la puerta a un «conflicto más largo y prolongado»; dado que los ucranianos «conocen muy bien el territorio» y «tienen muchas fuerzas ahí».

Putin anunció el jueves que los países «hostiles», incluyendo los de la Unión Europea (UE); deberán tener cuentas en rublos y que «los pagos del gas que se entregará desde mañana, 1º de abril, se harán desde esas cuentas».

El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, afirmó que los miembros de la UE seguirán pagando el gas ruso en euros y dólares; porque eso es lo que «está escrito en los contratos».

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire; dijo que Alemania y Francia se están «preparando» a un eventual corte de las importaciones de gas ruso; tras entrevistarse en Berlín con su homólogo germano, Robert Habeck.

Rusia prohibió además el ingreso en su territorio a los «máximos dirigentes» de la UE y a la mayoría de los eurodiputados; en represalia por las sanciones que enfrenta por la invasión de Ucrania.

Horas después de ese anuncio, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo en Twitter estar «camino a Kiev». Lo que la convertiría en el primer dirigente de una institución comunitaria en acudir a la capital ucraniana desde la guerra.

Estados Unidos, por su lado, anunció nuevas sanciones contra Rusia, apuntando esta vez al sector tecnológico, incluyendo al mayor fabricante ruso de semiconductores.

Desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero; 4 millones de ucranianos han huido del país y 6,5 millones se han convertido en desplazados internos, según la ONU.

«Nos confrontamos a las realidades de una crisis humanitaria masiva; que crece a cada segundo», alertó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Las autoridades ucranianas intentan organizar la evacuación de Mariúpol (sureste), donde 160.000 civiles permanecen bloqueados y sometidos desde fines de febrero al asedio y los bombardeos del ejército ruso.

El gobierno ucraniano anunció el envío de 45 autobuses para tratar de proceder a esa operación, que se realizaría por corredores humanitarios.

Las personas que lograron salir de Mariúpol y las oenegés describieron condiciones de vida catastróficas, con civiles atrincherados en sótanos, privados de agua, comida y comunicaciones, y cadáveres esparcidos por las calles.

El jefe de la diplomacia turca, Mevlüt Cavusoglu, anunció discusiones sobre un posible encuentro entre el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el ucraniano, Dmitro Kuleba, «en una o dos semanas». Turquía podría acoger esa reunión.

El negociador jefe de Ucrania, David Arakhamia, dijo el miércoles que las conversaciones en línea con la delegación rusa se reanudarían el viernes.

En Rusia, la popularidad de Putin subió 12 puntos respecto a febrero, con un 83% de opiniones favorables, según un sondeo del instituto independiente ruso Levada, el primero desde el inicio de la ofensiva en Ucrania.

Biden dijo que Putin podría estar «aislado» y haber ordenado el «arresto domiciliario» de algunos asesores, aunque admitió no tener pruebas irrefutables de ello.

El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, consideró el miércoles preocupante el escaso conocimiento de Rusia por parte de los dirigentes estadounidenses.

En Estados Unidos «no entienden al presidente Putin, no entienden el mecanismo de toma de decisiones, no entienden nuestro trabajo», declaró.

Las bolsas europeas cerraron el jueves en baja y Wall Street operaba con pérdidas, bajo el impacto de las medidas rusas sobre el gas.

La guerra entre dos grandes productores de materias primas y las sanciones internacionales pusieron a los mercados bajo tensión, con una inflación cada vez más pronunciada en los países industriales, de 6,4% interanual en Estados Unidos y de 4,5% en Francia, según datos divulgados este jueves.

Biden anunció la liberación de un millón de barriles por día de las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos durante seis meses, para «aliviar» la carga económica de los hogares.

Según las proyecciones del BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo), la economía de Rusia se hundirá un 10% este año y la de Ucrania un 20%.

Ucrania cosechó el año pasado 106 millones de toneladas de cereales, un récord, pero este año la cifra será «de 25% a 50%» inferior, «en un pronóstico optimista», dijo a la AFP en Kiev el ministro ucraniano de Agricultura, Mykola Solsky.

El impacto de la guerra «también tiene el potencial de generar una gran crisis en América Latina», afirmó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en declaraciones a la AFP en París.

Si se opta por subsidiar los combustibles, por ejemplo, esto podría aumentar la presión sobre la deuda pública en países de la región, lo que podría «también acercarlos a una crisis», explicó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió el martes al Senado que autorice el envío de tropas para apoyar a los territorios separatistas prorrusos  del este de Ucrania; después de haber reconocido su independencia.

El viceministro de Defensa ruso, Nikolái Pankov, leyó la petición del jefe de Estado ante la cámara alta, reunida en sesión extraordinaria.

El argumento fue que «en las fronteras de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se ha desplegado un ejército [ucraniano] de 60.000 hombres y blindados pesados».

Pankov también esgrimió que «No tenemos otra opción».  «Debemos defender a los habitantes de estos jóvenes estados. Les pido que apoyen la propuesta del Presidente», afirmó.

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A pocas horas de la solicitud,  el Senado ruso autorizó el martes al presidente Vladimir Putin a desplegar tropas en el extranjero para apoyar a los territorios separatistas prorrusos de Ucrania.

Tras un rápido debate, el Consejo de la Federación aprobó por unanimidad de 153 votos la solicitud presentada poco antes por Putin.

Rusia ha desplegado unos 150.000 soldados en las fronteras de Ucrania, lo que hace temer una invasión a gran escala, reseña AFP.

La solicitud se basa en los acuerdos de asistencia mutua con los separatistas ratificados el martes.

Estos acuerdos, de una duración de diez años, crean «la base jurídica para la presencia» en esos territorios «de las unidades militares rusas necesarias para mantener la paz en la región y garantizar la seguridad duradera de las partes», según una nota explicativa que los acompaña.

Los documentos «establecen las obligaciones de las partes de prestarse asistencia mutua si una de las partes es objeto de un ataque» y «prevén la protección conjunta» de las fronteras.

Por su parte, los ministros de Exteriores del G7 expresaron este martes su pleno apoyo a Ucrania, después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara enviar tropas de apoyo a las dos regiones separatistas prorrusas del este ucraniano.

La ministra británica Liz Truss tuiteó que los ministros del G7; con los que mantuvo una conversación telefónica, coincidieron en que Rusia violó sus obligaciones internacionales.

 «Nuestro apoyo es inquebrantable a la integridad territorial de Ucrania», añadió.

El Consejo de Estado de Colombia tumbó el fallo que emitió en julio pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esa sentencia prohibía las actividades de las tropas del Ejército de los Estados Unidos en territorio de ese país.

De esta forma, el presidente Iván Duque ya no tendrá que dar explicaciones por permitir esa actividad, publicó Noticias Caracol.

Desde que llegaron los militares norteamericanos a Colombia , el debate no ha parado. Hace unas horas el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió un incidente de desacato contra Duque.

Lo hizo por incumplir la tutela que ordenaba suspender “los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional. Todo mientras el Senado de la República define el punto anterior”.

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El incidente de desacato interpuesto por Iván Cepeda y 16 congresistas más le daba al presidente tres días para que se pronunciara. Pero este sábado el Consejo de Estado la dejó sin efecto.

El fallo es en respuesta a la apelación que presentó la Presidencia de la República. La misma indica que los senadores que presentaron la acción de tutela se equivocaron en el procedimiento.

«Los accionantes no acreditaron que agotaron ante las mesas directivas del Senado ni a través de los canales dispuestos para la protección de los derechos de oposición el derecho a la participación, cuya solicitud de protección trasladaron al juez de tutela», indica el pronunciamiento del Consejo de Estado.

Además, el alto tribunal expone que se tuvo en cuenta los registros oficiales del Senado en donde verificó que sí se agendó el tema en sesiones, como también que se citó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que informara al respecto

Un tribunal ordenó al Gobierno de Iván Duque suspender las actividades de una brigada del ejército estadunidense, que llegó al país en junio para apoyar la lucha contra el narcotráfico y una operación antidrogas en el Caribe que apunta al gobierno venezolano.

La orden establece que se «suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de esa brigada militar en el territorio nacional», reseñan agencias de noticias.

Se trata de la respuesta a un recurso de protección interpuesto por un grupo de congresistas opositores al gobierno de Duque.

Las operaciones deberán detenerse mientras el Senado debate si autoriza o no las actividades y presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, como lo establece la Constitución y lo reivindicaban los parlamentarios que acudieron a la justicia, destaca el fallo.

Además, dispone que el presidente entregue a la cámara alta «toda la información» sobre el ingreso, llegada y permanencia del medio centenar de unidades especiales del contingente Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, en inglés).

Se desconocen las actividades que ha ejecutado la SFAB desde su arribo a principios de junio, aunque el gobierno asegura que ejercen un rol de asesoramiento y apoyo.

El fallo de primera instancia puede impugnarse ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el gobierno lo refutará. «La cooperación internacional es fundamental para fortalecer la lucha contra el narcotráfico», dijo en un audio enviado a periodistas.

La oposición al mandatario colombiano en el Congreso rechazó la llegada de las tropas estadunidenses desde que los gobiernos de Duque y Donald Trump hicieron el anuncio, a finales de mayo.

Los congresistas lo consideraron una «violación a la soberanía» y a las funciones del Senado, así como un potencial detonante para un conflicto bélico con Venezuela, con el que Colombia comparte dos mil 200 kilómetros de frontera.

«Me complace enormemente que la justicia en Colombia restaure nuestros derechos y nuestra soberanía (…) Esperamos que el Congreso esté a la altura y que niegue esa presencia invasora y hostil en nuestro territorio», dijo el senador izquierdista Iván Cepeda, uno de los impulsores de la acción judicial.

Bogotá y Washington aseguran que los militares estadounidenses se limitan a asesorar y apoyar acciones contra el tráfico de drogas, ejecutadas únicamente por las fuerzas armadas colombianas. Por ello, el gobierno local argumenta que la llegada de la brigada no debía ser autorizada por el Senado.