"El pronunciamiento del Departamento de Estado reafirma la importancia de transformar el Tribunal Supremo de Justicia. Venezuela necesita una justicia independiente, al servicio de la Constitución y sin venganza”.

Así lo manifestó Juan Miguel Matheus, integrante del equipo opositor encargado de abordar los asuntos judiciales en la mesa de negociación, quien destacó el apoyo de Estados Unidos a este proceso.

De hecho, destacó la posición del secretario de Estado, Marco Rubio, quien insistió en la necesidad de impulsar reformas institucionales antes de avanzar hacia una nueva convocatoria electoral.

La reforma del sistema de justicia forma parte de los compromisos asumidos por las partes en el diálogo auspiciado por Estados Unidos. Entre los puntos planteados figura la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos nuevos integrantes, según el calendario difundido por el Comité de Postulaciones Judiciales, deberán ser designados el 11 de diciembre.

El debate sobre las condiciones para una transición política también incluye el calendario electoral. La líder opositora María Corina Machado ha insistido en la necesidad de establecer cuanto antes una fecha para las elecciones presidenciales e incluso ha planteado que se celebren en julio de 2027. Washington ha evitado fijar fecha y mantiene el énfasis en la reconstrucción de las instituciones como paso previo a una convocatoria electoral.

Matheus sostuvo que las conversaciones en curso representan una oportunidad para modificar el funcionamiento de la justicia venezolana y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

“Los avances de la mesa de conversaciones abren una oportunidad histórica para recuperar la independencia judicial”, afirmó el dirigente opositor. También respaldó el planteamiento de Rubio sobre “la importancia de transformar el Tribunal Supremo de Justicia para garantizar una democracia duradera”.

El diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015 insistió en que el país necesita “un TSJ libre, independiente y al servicio de la Constitución”. A su juicio, el máximo tribunal debe garantizar los derechos ciudadanos y actuar sin responder a intereses políticos.

“Un tribunal que garantice los derechos de todos, haga justicia sin venganza y contribuya a la reconciliación nacional. La confianza en la justicia será fundamental para reconstruir el país”, señaló el especialista en derecho constitucional.

Las declaraciones de Matheus se dan en momento de cuestionamientos al papel que ha desempeñado el TSJ durante los últimos años. La oposición y organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la falta de independencia del organismo y su actuación en decisiones de alto impacto político. Entre ellas figura la ratificación en 2024 de la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que las autoridades no publicaron los resultados desglosados por mesa ni las actas que respaldaran el anuncio.

Con miras al proceso de renovación judicial, Matheus invitó a profesionales que cumplan con las condiciones constitucionales a participar en la selección de magistrados.

“Todos los venezolanos honestos, capaces y comprometidos con el Estado de derecho que cumplan los requisitos constitucionales a postularse como magistrados”, expresó.

El Tribunal Supremo de Justicia está integrado por 32 magistrados principales y sus respectivos suplentes. La designación de sus nuevos integrantes forma parte de las reformas institucionales que se discuten en el proceso de negociación.

Con información de Infobae y El Nacional

El proceso para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia entra en terreno minado. Raquel Sánchez, miembro del comité de postulaciones judiciales, alerta sobre presuntas irregularidades que buscan validar candidaturas anuladas y limitar el acceso a los expedientes. Una advertencia que enciende las alarmas sobre la transparencia y legalidad del proceso. 

 Raquel Sánchez, abogada y coordinadora de Foro Penal Táchira e integrante del Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), alertó este miércoles que e «hay algunas personas que quieren vulnerar ya la ley» en el proceso para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sánchez se refirió  a que se pretende que los candidatos a magistrados del TSJ inscritos en el proceso realizado en mayo, que fue anulado, repitan ahora sin tener que formalizar nuevamente su postulación.

«Si vamos a seguir en esa tónica de estar violentando la ley que está y no hacerla cumplir, pues no estamos haciendo absolutamente nada», afirmó en una entrevista en Venevisión.

«Ese es un tema bastante discutido dentro de lo que es el Comité, por cuanto desde un principio de la primera sesión se nos habló de que existían unas carpetas, es decir, unas postulaciones que se habían realizado en el proceso anterior, cosa con la que no estuve de acuerdo en mi particular, porque considero que son postulaciones que provienen de otro proceso que fue anulado y que fue anterior la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Esto para mí no es el deber ser», dijo.

Explicó que en el CPJ hubo una votación en la cual ella y otros dos miembros del comité salvaron su voto y se opusieron a esta irregularidad. «No estamos de acuerdo con ello«, subrayó.

 Sánchez alertó que habría la intención de impedir que todos los miembros del comité puedan revisar los expedientes de todos los postulados.

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«Pareciera que hay la intención de limitar el acceso a todos los miembros del comité de esas carpetas, la totalidad de la carpeta; o sea, que por razones de tiempo, supuestamente, entonces van a ser distribuidas. No estamos de acuerdo algunos de los miembros del comité que, simplemente, queremos tener el alcance total de la revisión de todas las carpetas, porque precisamente esa es nuestra función allí», dijo.

También dijo que la sociedad civil pidió sistematizar el proceso de postulaciones con un mecanismo digital al que accedan todos los miembros del comité, para que en tiempo real puedan ir revisando los perfiles de los inscritos, pero los miembros chavistas del CPJ se negaron.

«Hemos solicitado que así como una persona se inscribe a través online en una universidad que adjunta todo lo que son los anexos curriculares a través de un PDF, pues que se cree un correo electrónico, que se cree un mecanismo para que sea de más fácil acceso y que exista la posibilidad de tener un banco de datos donde tengamos acceso todos los miembros de los comités para que no tengamos la limitación de tener acceso a unas postulaciones y a otras no. Eso se nos negó», denunció.

FInalmente, cuestionó esta decisión, recordando que «estamos eligiendo servidores públicos y el pueblo necesita hacer la contraloría de esos servidores públicos que van a quedar en el Tribunal supremo de justicia».

Preocupante. La abogada @Raquelysc, miembro de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, advierte que el chavismo pretende que los candidatos a magistrados del TSJ inscritos en el proceso de mayo (que fue anulado) repitan ahora, impidiendo que todos los miembros del comité revisen sus expedientes para verificar que cumplen con los requisitos. Informó que ella y otros dos integrantes del comité salvaron su voto y se opusieron a esta irregularidad. También denunció que el chavismo se negó a sistematizar/digitalizar el proceso y decidió hacerlo de forma manual, lo que retrasa el trabajo e impide a todos los miembros del comité acceder en tiempo real a la información de quienes se postulan. Además, alertó que en el comité "hay algunas personas que ya quieren vulnerar la ley".

En sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se suprimieron los juzgados especiales con competencia en terrorismo a nivel nacional y se transfirieron los casos que llevaban a los tribunales de control ordinarios de todo el país.

La medida firmada por la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, busca evitar dilaciones indebidas, el uso excesivo de la figura penal de terrorismo y garantizar el debido proceso.

La sentencia ordena la disolución formal de cuatro tribunales específicos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas: los juzgados 30°, 49°, 52° y 13° en Funciones de Control, que hasta la fecha actuaban como tribunales especiales primero, segundo, tercero y cuarto contra el terrorismo.

 Una Comisión Judicial del TSJ fue facultada para notificar el cese inmediato de las funciones jurisdiccionales de los jueces adscritos a dichas salas.

De esta forma, la sustanciación, conocimiento y fallo de las causas abiertas bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo serán asumidos de forma distribuida y equitativa por los juzgados de control estadales en los distintos circuitos judiciales del país, aplicándose las reglas ordinarias del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Los procesos que incluyan operaciones encubiertas, entregas controladas o interceptaciones telefónicas activas no se transferirán de inmediato; los tribunales suprimidos mantendrán competencia temporal por un lapso no mayor a 15 días hábiles para concluir las diligencias urgentes.

Las actuaciones confidenciales serán custodiadas en cuadernos separados y sellados, y la entrega de los expedientes a los jueces ordinarios asignados mediante sistema aleatorio automatizado se realizará en persona y de forma inmediata. La resolución entró en vigencia con su aprobación en el Salón de Sesiones el 13 de octubre de 2026 y fue instruida su publicación oficial en Gaceta.

 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia conjunta, admitió la reforma de la Ley contra el odio que remitió la Asamblea Nacional.

"Esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer y decidir la presente iniciativa legislativa remitida a los fines de ejercer el control previo de constitucionalidad", dice el resumen de la sentencia publicada en la página web del máximo tribunal. 

Agrega que decide "la conformidad constitucional  de la iniciativa de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con correspondiente exposición de motivos, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3 de la Ley Constitucional que Regula la Vigencia de los Actos Emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, así como su respectivo proyecto, presentado por la ciudadana Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y remitida por el Diputado Jorge Rodríguez en su condición de Presidente de la Asamblea Nacional el 13 de octubre de 2026".

 Y finalmente, señala que "todo ello a fin de que se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación ante la Asamblea Nacional".

Washington ha apretado el acelerador para renovar el Tribunal Supremo de Venezuela. Es su primer gran propósito democratizador en el país y la primera gran tarea de la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el Gobierno de Delcy Rodríguez, que vuelve a reunirse este miércoles. 

El objetivo es tener un nuevo tribunal en diciembre, pero, más allá del esbozo que Estados Unidos publicó la semana pasada, aún no se conocen los cronogramas, los perfiles que se buscan, los procedimientos para impugnar ni cómo participará la sociedad civil en un proceso crucial para un país que, se supone, camina hacia una transición democrática, publicó El País.

El nuevo supremo de Venezuela se escogerá en un proceso inédito. Estados Unidos está impulsando el regreso de Venezuela a la institucionalidad mediante un procedimiento que se desarrolla al margen de la Constitución. El camino se ha construido desde el Departamento de Estado, que vigila de cerca las conversaciones en la mesa de diálogo.

 Este proceso de renovación sustituye al que el chavismo había puesto en marcha meses antes en la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, el mismo que hoy encabeza la negociación por parte del oficialismo. 

Aquel procedimiento tenía vicios evidentes, como el cambio de las reglas del juego a mitad de camino. No se sabía cuántos magistrados se iban a elegir y luego se modificó la ley para aumentar el número de miembros de las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pasó de 20 a 32 magistrados, con lo que aumentaron las vacantes. Antes de los terremotos de junio se habían presentado más de 500 postulaciones para optar a una plaza. No se ha dicho qué pasará con las credenciales que ya habían sido admitidas.

El Departamento de Estado anunció la mesa en plena emergencia por los terremotos y su primer acuerdo fue el de renovar por completo el Supremo. Desde entonces, el diseño se ha ido conociendo por entregas. La semana pasada, tras reunirse con Dinorah Figuera, representante de la oposición en el diálogo, Washington informó de que la mesa había designado una comisión de siete juristas para verificar las credenciales de los aspirantes. Ese consejo asesor aplicará el primer filtro, pero todavía no se sabe con qué criterios, y de la lista que apruebe saldrán los 32 nuevos magistrados.

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La otra pieza del engranaje, el Comité de Postulaciones, terminará de conformarse esta semana. A los 11 diputados que ya lo integran, con mayoría chavista, se sumarán 12 miembros de la sociedad civil, sin que se hayan precisado sus características, ni los tiempos, ni los detalles del procedimiento. Tampoco se conoce el baremo con el que se evaluará a los aspirantes a magistrado. “La comisión verificadora de credenciales abre una oportunidad, pero debe estar regida por la transparencia”, advirtió la abogada Magaly Vásquez en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello. “Es necesario saber con claridad y anterioridad sus atribuciones y que, una vez empiecen la convocatoria y la selección, no se cambien las reglas del juego”.

Entre juristas y defensores de derechos humanos crece la preocupación por la premura con que las partes quieren cerrar un proceso lleno de cabos sueltos y que, además, servirá de molde para el siguiente: el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, incluido en la agenda de la mesa. Lo que está en juego es una verdadera transición política, y por eso cada paso se mira con cautela y la confianza en el proceso no se da por descontada.

En foros y encuentros se duda de que pueda transformarse el oscuro laberinto del poder judicial, convertido en parte del aparato represivo del chavismo, donde todos los jueces son provisorios, no tienen estabilidad en su carrera y trabajan bajo fuertes presiones. Las recientes denuncias de la exmagistrada Bárbara César Siero, que asegura haber sido coaccionada con el secuestro de sus familiares para firmar sentencias que inhabilitaban a políticos opositores (entre ellas la de María Corina Machado), han dejado al descubierto la falta de independencia de los tribunales y el tamaño del desafío que implica esta reforma. Hasta el diputado Pablo Pérez, vicepresidente de forma preliminar del Comité de Postulaciones, lo reconoció hace unos días: “Aparte del problema de las cuotas partidistas que se han usado en los poderes, también tenemos las tribus judiciales”.

Los defensores de derechos humanos también han lanzado advertencias. “No va a haber un cambio o una transición política si no se cumple con unos mínimos estándares democráticos para su seguimiento. Los ciudadanos no tenemos información clara del proceso”, señaló la activista Debora Van Berkel, de la ONG Ideas por la Democracia, en un encuentro entre defensores este martes.

El dilema, plantean desde distintos sectores, es cómo puede el ciudadano escrutar un proceso que Estados Unidos controla con celo. “La renovación del poder judicial entra dentro del reordenamiento político e institucional, pero nos hace falta para que los poderes públicos sean realmente independientes y sean útiles a los ciudadanos”, apuntó Óscar Murillo, director de Provea, que también subrayó el contexto en que se produce: “Venezuela está en una situación crecientemente fáctica, está fuera de la Constitución. Y estamos aquí porque queremos volver a la Constitución. Hay un segundo elemento, que es la gran influencia de un actor clave, Estados Unidos, que puede decir que está conforme con los plazos que se están dando, que no necesariamente son los de la gente”.

Con información de El País

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Bárbara César Siero, rompió el silencio y denunció que sus familiares fueron detenidos y utilizados como mecanismo de presión para obligarla a firmar decisiones que mantuvieron las inhabilitaciones de María Corina Machado y otros dirigentes opositores. su testimonio señala a funcionarios del TSJ, al entonces fiscal general Tarek William Saab y a otros actores del aparato judicial y militar.  

Luego de más de dos semanas desde que fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN), este jueves fue publicada en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permitirá la renovación completa del sistema  judicial en Venezuela.

La reforma fue publicada  en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 7.074, con fecha del 15 de septiembre de 2026.

Esta reforma fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 1 de septiembre y modifica, entre otros aspectos, la composición y el mecanismo de designación del Comité de Postulaciones Judiciales, que se encarga del proceso de selección de los magistrados del TSJ.

Según el artículo 65, el Comité estará integrado por 23 miembros, cuya designación deberá contar con el respaldo de las dos terceras partes de los integrantes de la plenaria de la Asamblea Nacional.

Se trata de 11 diputados y 12 representantes postulados por distintos sectores de la sociedad.

En primer lugar, la Asamblea Nacional deberá conformar una Comisión Preliminar integrada por los 11 parlamentarios, que tienen que convocar a los ciudadanos para completar la entidad.

 Esta convocatoria deberá difundirse a través de la página web y las redes sociales del Parlamento, así como mediante al menos tres publicaciones en tres diarios de circulación nacional.

El texto establece que la Comisión Preliminar tendrá la responsabilidad de recibir, preseleccionar y presentar ante la plenaria las postulaciones, bajo un procedimiento definido como público y transparente. Además, deberá garantizar la paridad de género y la participación de grupos discriminados, marginados o vulnerables.

Una vez instalado formalmente el Comité de Postulaciones Judiciales, los 11 integrantes de la Comisión Preliminar pasarán a formar parte de este organismo, cuyo período de funcionamiento será de dos años.

 La reforma del sistema de justicia forma parte de los acuerdos de la primera ronda de conversaciones enre la AN del 2015 y la actual.

 La tarde de este martes,  la Asamblea Nacional (AN) sancionó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Se trata de uno de los acuerdos de la mesa de diálogo y que se enmarca en el proceso de transformación del sistema de justicia  convocado por la presidenta, Delcy Rodríguez.

La reforma parcial busca regular la estructura, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Entre los principales cambios destaca la reestructuración del Comité de Postulaciones a 23 integrantes, conformado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

 La reforma del TSJ empieza a moverse después de semanas de presión y como producto del proceso de diálogo entre el parlamento actual y la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, pero el primer paso se da con letras pequeñas: el chavismo deja claro que el legislativo que controla marcará el compás de estas modificaciones.  

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Como estaba previsto en los acuerdos de la mesa de diálogo, la Asamblea Nacional inició la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con miras a la reforma del sistema judicial. 

El proyecto, aprobado en primera discusión, contempla la reforma del artículo 65 de la ley, para aumentar a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones. 

De estos 23, 12 representarán a la sociedad civil y 11 serán diputados. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, destacó que este proceso de reforma del sistema judicial ya se había iniciado antes de la mesa de diálogo. 

También destacó que en Venezuela siempre ha privado la característica del diálogo para resolver problemas. 

"Si algo ha caracterizado los gobiernos existentes desde 1999 hasta la fecha, ha sido el talante y el proceso del diálogo constructivo". 

Igualmente, felicitó que estas conversaciones con la oposición se estén dando entre venezolanos. Por otro lado, se refirió a otro aspecto del acuerdo firmado el 12 de agosto, en relación con el oro venezolano en Londres. 

"Si conseguimos, como esperamos hacerlo, recuperar el oro ilegítima e indebidamente retenido en Gran Bretaña, ese dinero íntegro irá para atender a las víctimas del doblete sísmico y las necesidades de la población", dijo.

Este es el proyecto aprobado en primera discusión.

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Se acerca la segunda ronda de negociaciones en Venezuela, pero la gran promesa sobre reformar el TSJ y el sistema judicial avanza a paso de morrocoy, sin que se conozca algún progreso o adelanto por parte del chavismo o de la Asamblea Nacional 2015. la demora abre sospechas sobre si hay una voluntad real de avanzar en la transición. 

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El dirigente opositor Omar González Moreno propuso acelerar la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y rectores del Consejo Nacional Electoral, mediante un mecanismo excepcional y transitorio, en lugar de someter al país a un procedimiento ordinario que podría prolongarse hasta seis meses.

“Venezuela está en una emergencia institucional. No podemos perder medio año discutiendo nombramientos mientras permanecen intactas las estructuras que durante años convirtieron la justicia y el voto en instrumentos del poder. Se necesitan soluciones inmediatas, excepcionales y estrictamente temporales”, afirmó.

González Moreno sostuvo que el objetivo no debe ser designar ahora autoridades para largos períodos constitucionales, sino establecer un TSJ y un CNE provisionales, independientes y con funciones claramente delimitadas, capaces de ofrecer las garantías indispensables para avanzar hacia una elección presidencial y un verdadero cambio de gobierno.

“No se trata de sustituir unas cuotas por otras ni de repartirse el TSJ y el CNE entre partidos. Eso sería repetir los mismos vicios que destruyeron nuestras instituciones. Los nombramientos definitivos deben corresponder a una Venezuela plenamente democrática, con un nuevo gobierno y poderes públicos legítimos”, enfatizó.

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El dirigente político advirtió que utilizar procedimientos concebidos para tiempos de normalidad en medio de una transición extraordinaria puede convertirse en una maniobra para retrasar el cambio.

“Seis meses en las actuales circunstancias son una eternidad. Cada semana de demora beneficia a quienes quieren eternizarse en el poder. La transición necesita velocidad, reglas claras y una fecha cierta para que los venezolanos puedan decidir quién los gobierna”, señaló.

González Moreno insistió en que las autoridades temporales tendrían una misión concreta: garantizar independencia judicial, recuperar condiciones electorales y despejar el camino hacia una elección presidencial libre, transparente y verificable.

“Primero hay que abrir las compuertas de la democracia. Después, un nuevo gobierno legítimo deberá encabezar, conforme a la Constitución, la reconstrucción definitiva del TSJ, del CNE y del resto de las instituciones. Venezuela no puede cambiar de gobierno con los mismos guardianes del viejo régimen custodiando la justicia y las elecciones”, exclamó.

Nota de prensa

En las últimas dos décadas, el Estado venezolano ha desarrollado una política de intervención sobre las universidades públicas, orientada a controlar el sistema de educación superior. Este proceso tuvo como uno de sus primeros hitos la creación de la Misión Sucre, en 2003, y posteriormente de la Misión Alma Mater, en 2009. Bajo este modelo se consolidó progresivamente un sistema paralelo de instituciones de educación superior, caracterizado por una fuerte dependencia del Ejecutivo Nacional y, según las denuncias documentadas, por prácticas de adoctrinamiento y control político, según revela el Informe «El sistema paralelo universitario en Venezuela 2003-2019» del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA.

Desde Aula Abierta hemos denunciado en los últimos años la implementación de esta política de Estado dirigida a intervenir y debilitar la autonomía de la universidad pública venezolana, así como la creación y expansión de un sistema paralelo de carácter intervencionista que ha pretendido cooptar progresivamente el sistema de educación superior del país. 

Esta situación alcanza ámbitos fundamentales del Estado en los que la universidad desempeña un papel determinante, particularmente en la formación y acreditación de profesionales que posteriormente participan en procesos de alta relevancia nacional como lo es la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ante el proceso de revisión de aspirantes a ser magistrados del TSJ, resulta fundamental examinar las credenciales de cada candidato, las universidades que certificaron su formación, los programas académicos cursados y las instituciones o actores que respaldaron sus postulaciones. 

Es clave la revisión exhaustiva de las provenientes de universidades públicas, distinguiendo si son emitidas por universidades autónomas como UCV, ULA, LUZ, UC, USB, UCLA, o si provienen de universidades experimentales o del sistema paralelo universitario que ha sido recurrentemente denunciado como una estrategia de control político del sistema de educación superior en el país por parte del Ejecutivo Nacional.

 Este análisis permite identificar posibles vínculos entre la intervención estatal en la educación superior y la conformación de instituciones fundamentales de justicia en el país, lo cual es clave para la reconstrucción democrática e institucionalidad de Venezuela.

El sistema paralelo de educación superior creado a partir de la Misión Sucre y posteriormente ampliado con la Misión Alma Mater consolidó un modelo universitario dependiente del Ejecutivo Nacional y sin autonomía, bajo el argumento de ampliar el acceso a la educación superior. Sin embargo, desde Aula Abierta se ha documentado que este modelo ha favorecido la imposición de un pensamiento único, limitando el pluralismo y propiciando espacios de proselitismo y adoctrinamiento político dentro de las instituciones.

Desde 2010, Aula Abierta ha registrado al menos 50 decisiones judiciales que afectan estos derechos, de las cuales aproximadamente el 74 % suspendieron procesos electorales de autoridades, órganos de gobierno y cogobierno universitario, o intervinieron en sus normas internas. Un caso emblemático fue la sentencia N.º 0324 de la Sala Constitucional del TSJ, de 2019, que modificó las reglas de elección universitaria y, según el análisis de Aula Abierta, vulneró la autonomía consagrada en el artículo 109 de la Constitución.

El panorama nacional evidencia la dimensión de esta política de intervención. Ante la opacidad de la información pública, Aula Abierta y otras instituciones de la sociedad civil y universitarias han realizado esfuerzos extraordinarios por recabar información. De las 86 universidades públicas identificadas, al menos 5 son autónomas; 31 forman parte del sistema paralelo creado mediante las Misiones Sucre y Alma Mater; y 50 son experimentales, de las cuales, hemos recibido denuncias sobre que, al menos 30 han sido intervenidas por el Gobierno nacional. Esta configuración refleja un proceso sostenido de debilitamiento de la autonomía universitaria y de las condiciones necesarias para garantizar la libertad académica, el pensamiento plural y el debate democrático en la educación superior.

El informe Intervencionismo del Poder Ejecutivo en las universidades venezolanas (2003-2022) de Aula Abierta revela que en la región Andes, se cuenta con al menos 11 universidades públicas, de las cuales 1 es pública autónoma, 5 pertenecen al sistema universitario paralelo y 5 son experimentales y se encuentran, según denuncias recibidas, intervenidas por el gobierno nacional, entre éstas: 1) Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (UNEFA) 2) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 3) Universidad Nacional Experimental del Táchira 4) Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago «Jesús María Semprún» 5) Universidad Nacional Abierta.

En Occidente, se tiene un total de 19 universidades públicas, de las cuales 2 son públicas autónomas, 8 pertenecen al sistema universitario paralelo y 9 son experimentales, sin embargo, para el momento de la elaboración del informe se recibieron denuncias que al menos 6 de ellas se encuentran intervenidas por el Estado venezolano, entre éstas: 1) Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) 2) Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) 3) Universidad Nacional Experimental Sur Del Lago Jesús María Semprún (UNESUR) 4) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) 5) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) 6) Universidad Nacional Abierta (UNA)

Ante la posible designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), surge una interrogante fundamental: ¿qué formación reciben quienes aspiran a ejercer funciones de tan alta responsabilidad pública? El proceso de designación involucra a la universidad desde su génesis, tanto por la formación y acreditación académica de los postulantes como por la participación de actores universitarios en sus postulaciones. Por ello, valorar las credenciales de cada candidato exige conocer su trayectoria académica, los programas cursados, las instituciones que otorgaron sus títulos y el contexto en el que fueron obtenidos.

Este análisis debe plantearse desde criterios objetivos y sin descalificar a ninguna institución. Al mismo tiempo, resulta legítimo formular preguntas sobre los estándares de formación y acreditación: ¿cómo debe valorarse un título de pregrado o doctorado proveniente de una institución cuya oferta académica, escolaridad presencial, sede física o programas de estudio no son verificables?; ¿deben evaluarse bajo los mismos criterios las credenciales de un candidato formado en una institución del sistema paralelo y las de otro que haya cursado durante años distintos programas en universidades autónomas como la UCV, LUZ, ULA, USB, UC, UCLA, entre otras?

Más que cuestionar el origen institucional de un título, el debate exige establecer criterios transparentes y verificables para valorar la idoneidad académica de quienes aspiran a integrar el máximo órgano de justicia. En consecuencia, resulta clave examinar de manera individual las universidades que acreditaron a cada postulante, la trayectoria y características de los programas cursados, su formación académica y la institución o actores universitarios que respaldaron su postulación. Solo así podrá determinarse si existen estándares adecuados para garantizar la excelencia, independencia y legitimidad de quienes ejercerán funciones fundamentales del Poder Público. Este ejercicio es clave para fortalecer la democracia y avanzar hacia la reinstitucionalización de Venezuela, mediante instituciones públicas sólidas e independientes.

Con información de Aula Abierta

LA MESA DE NEGOCIACIÓN ENTRA EN UNA NUEVA FASE SOBRE GARANTÍAS POLÍTICAS Y CIVILES PREVISTAS PARA SEPTIEMBRE, PERO EL CHAVISMO YA SALIÓ A DISPUTAR EL RELATO DEL PRIMER ACUERDO. 

DIOSDADO CABELLO ASEGURA QUE LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL FUE UNA PROPUESTA DEL OFICIALISMO “DESDE HACE MUCHO TIEMPO”, MIENTRAS DINORAH FIGUERA HABLA DE UNA RUTA QUE INCLUYE TSJ, CNE, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y GARANTÍAS PARA TODOS LOS VENEZOLANOS. 

LA NEGOCIACIÓN AVANZA, PERO TAMBIÉN EMPIEZA LA PELEA POR QUIÉN CAPITALIZA SUS RESULTADOS.

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La primera fase de la negociación entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la oposición termina con dos anuncios de alto voltaje político: usar los activos venezolanos congelados en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto y renovar completamente el TSJ chavista. 

Puntos sensibles y de interés para quienes controlan la justicia y buscan el dinero bloqueado por sanciones. 

El Tribunal Supremo de Justicia, reunido en Sala Constitucional, determinó que está apegado a la Carta Magna el decreto 7.066 mediante el cual la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por 60 días.

El resumen de la sentencia fue publicado este martes en el sitio web del TSJ.

A continuación el documento:

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó la devolución de los bienes embargados a la empresa estadounidense Halliburton de Venezuela S.A. y autorizó el reinicio de sus operaciones productivas en el país, en una decisión que busca reactivar activos considerados estratégicos para la industria petrolera nacional.

La medida fue adoptada por la Sala de Casación Social del máximo tribunal, luego de admitir un recurso de avocamiento relacionado con varios procesos judiciales que se seguían en tribunales laborales de Cabimas, estado Zulia. Esos casos estaban vinculados con demandas interpuestas por extrabajadores de la compañía para reclamar prestaciones sociales y otros beneficios laborales.

 Como parte de la decisión, el TSJ ordenó que el depositario judicial entregue a Halliburton los bienes muebles e inmuebles que habían sido objeto de embargo, permitiendo que la empresa los administre nuevamente bajo la figura de depositaria con facultades de uso, goce y disfrute.

El fallo establece que dichos activos podrán ser utilizados para reactivar las operaciones de la compañía en Venezuela, al considerar que su infraestructura y equipos son fundamentales para la prestación de servicios especializados al sector de hidrocarburos.

En la sentencia, los magistrados sostienen que los bienes de Halliburton poseen un carácter «estratégico y crítico para la industria de hidrocarburos», razón por la cual consideran prioritario mantener la empresa en funcionamiento y preservar su capacidad operativa.

Además, el tribunal designó un veedor judicial que tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la medida, elaborar un inventario de los activos y presentar informes periódicos sobre la ejecución de la decisión. Asimismo, comisionó al Circuito Judicial del Trabajo del estado Zulia para concretar la entrega de los bienes a la empresa.

La decisión judicial se produce en un contexto en el que Halliburton ha manifestado interés en retomar plenamente sus actividades en Venezuela, luego de reducir significativamente sus operaciones en 2020 debido al endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el sector petrolero venezolano. En los últimos meses, la compañía había expresado que estaba preparada para regresar al país una vez existieran condiciones legales, comerciales y de pago que ofrecieran mayor seguridad para sus inversiones.

La devolución de los activos y la autorización para reanudar operaciones podrían facilitar ese proceso, en medio de los esfuerzos por incrementar la producción petrolera venezolana y atraer nuevamente a empresas internacionales de servicios energéticos.

Aunque la sentencia permite la recuperación de los bienes embargados y el reinicio de actividades, los procesos laborales que dieron origen a los litigios continúan formando parte del expediente judicial, mientras el veedor designado deberá garantizar que se cumplan las condiciones establecidas por el TSJ.

Con información de TSJ y Últimas Noticias

El Parlamento  informó este viernes sobre la postulación de 561 personas para los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma de ley con la que el Gobierno busca cambiar el sistema judicial.

Entre los candidatos está la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton -quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015-, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Luis Emilio Rondón González, exrector de la institución, según la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN – Parlamento) en Telegram.

Esto no es raro en Venezuela. Hay casos como el de la actual magistrada del TSJ, Tania D'Amelio, quien primero fue diputada de la AN y luego rectora del CNE. 

Así mismo, el Comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura.

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

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Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes -Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social- por tres.

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

En mayo, Rodríguez dijo que -en un primer análisis- encontraron tres grandes desafíos al sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».

Con información de Efe

La aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha sido más restrictiva de lo que muchos esperaban. A pesar de que su objetivo declarado es promover la reconciliación nacional y facilitar la reintegración de procesados o condenados por razones políticas, centenares de personas todavía permanecen privadas de libertad. 

Según cifras recientes de Foro Penal, más de 400 personas continúan detenidas por motivos políticos.

Sin embargo, según la ONG, Acceso a la Justicia,  dos recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parecen abrir tímidamente el camino hacia una interpretación progresiva de la ley.

 Tanto la Sala Constitucional como la Sala de Casación Penal han optado por soluciones que facilitan el acceso a los beneficios de la amnistía, en consonancia con el artículo 5 de la propia ley, que ordena resolver cualquier duda interpretativa de la manera que más favorezca la protección y garantía de los derechos humanos.

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La primera decisión relevante fue la sentencia n.° 517 de la Sala Constitucional del 13 de mayo de 2026, mediante la cual se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre el economista Alejandro Grisanti. 

La Sala dejó sin efecto la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar y gravar bienes y el bloqueo de cuentas bancarias que decretó el 11 de abril de 2019, mediante sentencia n.º 74.

Lo más importante de la decisión del 13 de mayo no fue solo el levantamiento de las medidas cautelares, sino que la Sala Constitucional se declaró competente para conocer una solicitud relacionada con la Ley de Amnistía, aun cuando su competencia no está prevista expresamente en la norma. 

Para justificarlo, sostuvo que: «la amnistía puede instituirse entonces, como una respuesta normativa orientada a la clausura de litigios sociales y al fortalecimiento de la cohesión nacional. La amnistía prevista constituye un mecanismo de alivio jurídico y reencuentro civil, fundamentado en la igualdad ante la ley y la justicia transicional. El texto se supedita a la supremacía constitucional, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la convivencia democrática».

Asimismo, la Sala reconoció que los hechos atribuidos a Grisanti podían encuadrarse dentro del numeral 8 del artículo 8 de la Ley de Amnistía, referido a actuaciones relacionadas con la Asamblea Nacional del período 2016-2021 y el desconocimiento de instituciones y autoridades públicas.

No obstante, el TSJ no concedió la amnistía. La decisión se limitó a revocar las medidas cautelares dictadas en 2019 contra Grisanti y remitir el asunto al Ministerio Público (MP) para que este evaluara la procedencia de la amnistía dentro de la investigación penal correspondiente.

. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que posteriormente el MP y el tribunal penal competente decreten formalmente la amnistía y el correspondiente sobreseimiento.

Aunque el beneficio otorgado fue parcial, la decisión tiene relevancia porque crea una vía procesal que no existía claramente hasta ahora y reconoce de manera expresa que la amnistía es una materia de interés general susceptible de ser examinada por la Sala Constitucional.

La segunda decisión provino de la Sala de Casación Penal mediante la sentencia n.° 346 del 2 de junio de 2026.

En esta oportunidad, la Sala advirtió la existencia de un vacío legal en el artículo 12 de la Ley de Amnistía. La norma establece la posibilidad de impugnar determinadas decisiones relacionadas con la amnistía, pero no indica cuál es el órgano competente para conocer de los recursos cuando la decisión impugnada ha sido dictada por una Corte de Apelaciones actuando en primera instancia en casos en los que hay condena conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley.

Ante esa omisión, la Sala Penal consideró que una interpretación literal de la ley podía dejar sin protección el derecho a la tutela judicial efectiva y al doble grado de jurisdicción. Por ello decidió asumir excepcionalmente la competencia para conocer estos recursos de apelación, integrando el ordenamiento jurídico a fin de evitar que los solicitantes de amnistía quedaran sin posibilidad de revisión judicial.

La decisión es especialmente relevante, porque garantiza que una negativa de amnistía dictada por una Corte de Apelaciones no sea definitiva e inapelable por simple silencio del legislador.

Ambas decisiones tienen un denominador común: frente a vacíos o dudas interpretativas, el TSJ optó por soluciones que favorecen el acceso a los beneficios de la Ley de Amnistía.

En el caso Grisanti, la Sala Constitucional reconoció una competencia que no estaba prevista expresamente para tramitar una solicitud relacionada con la amnistía. En el caso de la Sala Penal, esta llenó un vacío legal para garantizar el derecho a recurrir de quienes vean rechazada una solicitud de este tenor.

Estas interpretaciones parecen ajustarse al principio establecido en el artículo 5 de la Ley de Amnistía, según el cual cualquier duda sobre su interpretación o aplicación debe resolverse en el sentido más favorable a la protección de los derechos humanos.

Aunque todavía es pronto para afirmar que existe un cambio definitivo en la forma como se está aplicando la ley, ambas decisiones constituyen señales positivas que podrían facilitar que más personas puedan acceder efectivamente a los beneficios previstos por el legislador.