La plenaria de la Asamblea Nacional (AN), aprobó este martes, en primera discusión, una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La propuesta fue presentada por la directiva del Parlamento y al respecto, el presidente, Jorge Rodríguez, argumentó que la reforma se debe al anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acerca de la reforma del sistema de justicia.

Rodríguez dijo que la reforma es muy puntual y se trata del artículo 8 que establece la conformación del máximo tribunal.

Específicamente, explicó Rodríguez, la reforma es para aumentar el número de magistrados de 20 a 32, de manera que cada sala tenga 5 magistrados y la Sala Constitucional 7.

Según Rodríguez, con  esta forma se logrará que la justicia sea más expedita.

El diputado opositor  José Gregorio Correa apoyó la propuesta y la consideró útil. 

Argumentó que, además de esta reforma, también se requiere un cambio en la inspectoría de tribunales, “para hacer una mejor justicia”.

Mientras que el diputado Tomás Guanipa, de la fracción de la Libertad, salvó el voto porque el proyecto les fue entregado una hora antes de que comenzara la sesión, por lo que consideró que fue muy poco tiempo para conocer el contenido del proyecto.

Rodríguez rebatió los argumentos de Guanipa y dijo que no van a caer en las provocaciones para “no recaer en la mentira y el enfrentamiento”.

Cabe recordar que antes del 2022 el TSJ tenía 32 magistrados y se hizo una reforma para reducirlos a 20, con el mismo argumento de hacer que la justicia "sea más ágil y oportuna".

Este cambio se hace en medio del proceso que la misma AN ha comenzado para cubrir las vacantes que hay en el TSJ, producto de las jubilaciones de varios magistrados.

Si la ley se sanciona en la próxima sesión, entraría en vigencia de una vez, por lo que el Comité de Postulaciones Judiciales tendría que designar la cantidad de magistrados principales y suplentes que hacen falta para completar los 32.

La directiva del TSJ fue designada este lunes y la magistrada Caryslia Rodríguez fue ratificada en el cargo de presidenta.

De esta forma, Rodríguez ha pasado de ser la presidenta del TSJ del madurismo a una de las principales del Poder Judicial en el rodrigato.

Asimismo, el TSJ incorporó a los suplentes para cubrir las vacantes por las jubilaciones aprobadas recientemente.

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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) efectuó este lunes la incorporación de los magistrados suplentes para ocupar las vacantes generadas por las jubilaciones recientemente aprobadas. 

Todo ello, en espera de la culminación del proceso que lleva actualmente el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

Así lo dio a conocer el TSJ en su cuenta en Instagram, donde  informó que también  designó a la junta directiva y conformó las diferentes salas que lo componen.

En este sentido, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, fue ratificada como presidenta del Tribunal, mientras que el magistrado Elias Rubén Bittar Escalona es el primer vicepresidente y Tania D’ Amelio Cardiet la segunda vicepresidenta.

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 Sala Constitucional:Presidenta: Tania D’ Amelio CardietVicepresidenta: Lourdes Suárez AndersonIntegrantes: Michel Adriana Velásquez GrilletJanette Trinidad Córdova Castro Anabel Hernández

 Sala Político Administrativa:Presidente: Jaime Jesús Báez Jiménez Vicepresidente: Juan Pablo Torres Integrante:Luis Emilio Rondón

 Sala Electoral Presidenta: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez Vicepresidenta: Fanny Beatriz Márquez CorderoIntegrante: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta

 Sala de Casación Civil:Presidente: Emilio Antonio Ramos González Vicepresidente: José Luis Gutiérrez ParraIntegrante: Jacqueline Sosa

  Sala de Casación PenalPresidenta: Carmen Marisela Castro GilllyVicepresidenta: Grisell López QuinteroIntegrante: Eulalia Coromoto Guerrero Rivero

  Sala de Casación SocialPresidente: Elías Rubén Bittar EscalonaVicepresidenta: Eneida Alexandra Moreno PérezIntegrante: Edelio González

El proceso de refrescamiento que viene experimentando el Estado luego de la operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela el pasado 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, continúa. 

Tras los cambios de rostros en el Ministerio Público y la Defensoría, ahora le toca el turno al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Asamblea Nacional dio el primer paso para adelantar los “cambios” en el TSJ y designó al Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales, instancia que luego debería, de acuerdo al mandato constitucional, escoger a los miembros de la sociedad civil—cuyas postulaciones se recibirán hasta el 1 de mayo— que participarán en el proceso de evaluar las candidaturas de los aspirantes a magistrados y presentar una lista a los diputados para su elección.

¿Pero si hace apenas cuatro años se nombró al actual TSJ, por qué los diputados vuelven a fijar su mirada en el organismo judicial?

La ONG Transparencia Venezuela responde a esta pregunta.

“Por distintas circunstancias: o por jubilación, renuncia o por ‘destacamiento’ en otras responsabilidades, hay algunas plazas vacantes entre los magistrados principales y suplentes del TSJ”, anunció el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además de las ocho jubilaciones anunciadas este abril de 27 de abril (Elsa Gómez, Maikel Moreno, Edgar Gavidia, Luis Damiani Bustillos, Henry Timaure, Carmen Alves, Malaquías Gil y Juan Carlos Hidalgo Pandares), Transparencia Venezuela detectó al menos cuatro vacantes claras:

En la sala que se encarga de interpretar la Constitución hay dos vacantes absolutas desde hace más de un año. Se trata de las sillas que ocupaban los magistrados Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega.

Gladys Gutiérrez, quien llegó a ser presidenta de la Sala y del TSJ en dos ocasiones, colgó la toga en abril de 2024, cuando fue designada embajadora en España. En un principio, el máximo juzgado le otorgó una “licencia” para desempeñar sus funciones, según se lee en la sentencia número 208 de mayo de ese año.

 En octubre de ese mismo año, en otro fallo, el número 213, se le había otorgado el “beneficio de jubilación”, incorporando a la suplente Janette Trinidad Córdova Castro.

Antes de la salida de Gutiérrez se produjo la de su compañero de Sala, Calixto Ortega. Apenas tres meses después de haber sido reelegido como magistrado por la Asamblea Nacional, el funcionario fue designado embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI) y también se le otorgó una “licencia”.

Para cubrir la ausencia de Ortega, fue convocada la abogada Michel Adriana Velásquez Grillet. Y aunque Ortega dejó su puesto en La Haya (Países Bajos) a principios de 2024, jamás se reincorporó a la Sala Constitucional.

La salida de la magistrada Bárbara César Siero se produjo bajo un manto de opacidad. Pese a ocupar, para inicios de 2024, la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa, la funcionaria de repente desapareció de escena. No se le vio en el acto de apertura judicial de ese año y no volvió a firmar ninguna sentencia.

No fue sino hasta abril de 2024 que la Sala, en una serie de fallos, informó que “el 13 de marzo del presente año se incorpora el magistrado Suplente Emilio Ramos González por la falta absoluta de la magistrada Bárbara Gabriela César Siero”. No se aclaró si la falta absoluta de César Siero fue producto de su renuncia o jubilación.

La situación de César Siero dentro del TSJ era un misterio desde que, en enero de 2024, se conoció que dos de sus hermanos, el teniente coronel (Ej.) Guillermo Enrique César Siero y el mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero, fueron detenidos a finales de 2023 por su presunta vinculación con las tramas conspirativas que las autoridades aseguraron haber neutralizado.

Los militares fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un acto realizado el pasado 23 de enero de 2024 en el complejo militar Fuerte Tiuna, por estar “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, todo lo cual representa actos de traición a la patria”, precisó el entonces Ministerio para la Defensa, Vladimir Padrino López.

La última vacante registrada es la de Carlos Alexis Castillo, quien el pasado 18 de marzo fue designado ministro del Trabajo por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. 

En la sentencia número 158, la instancia anunció que la doctora Eneida Alexandra Moreno Pérez “tomó posesión del cargo de magistrada” para suplir la falta temporal del ahora ministro. Sin embargo, el nombre de Castillo fue incorporado entre los exmiembros del TSJ en la sección de “histórico de magistrados” de la página web del organismo, lo cual deja entrever que su vacante es considerada ausencia absoluta.

Las sorpresivas jubilaciones de varios magistrados, conocidas extraoficialmente, han provocado una serie de situaciones inusuales. Por un lado, las vacantes en el TSJ que el Parlamento debe cubrir ascenderían ya a 12, es decir, más de la mitad del organismo judicial.

Además, en las salas Constitucional, Penal, Civil y Social, la mayoría de sus integrantes serán magistrados suplentes (tres de cinco en el caso de la Constitucional y dos de tres en el caso de la Penal, Civil y de la Social).

En la Sala Político-Administrativa, la presidencia ha recaído temporalmente en un suplente, Emilio Ramos González, debido a la jubilación de los hasta ahora principales: Malaquías Gil y Juan Carlos Hidalgo Pandares.

La Sala Electoral es la única instancia del TSJ donde no se han producido peticiones de retiro, por lo que ha trascendido. Esta instancia fue la que, mediante un cuestionado proceso, avaló la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Tal como lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la  Asamblea Nacional (AN) anunció este viernes la apertura del proceso  para escoger a los integrantes que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales.

La convocatoria se hace sobre la base del artículo 270 de la Constitución y en los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Cabe recordar que el Comité de Postulaciones Judiciales está conformado por 11 diputados de la AN y 10 integrantes de la sociedad civil, quienes posteriormente tendrán la potestad de seleccionar a los magistrados del TSJ.

Según el aviso oficial, difundido por redes sociales, portales web y medios de comunicación, el llamado lo hizo la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales que quedó instalada esta semana en la AN.

La AN invita a diferentes sectores de la sociedad a presentar sus postulaciones, ya sea por iniciativa propia o mediante respaldo de organizaciones y gremios.

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1.  Ser venezolano o venezolana.

2. Tener reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio profesional o de sus funciones.Ser mayor de 35 años de edad.

3. No haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme.

4. No haber recibido sanciones administrativas firmes conforme a la legislación vigente.

Documentos exigidos

Los interesados deberán consignar una carpeta con la documentación requerida:

 1. Carta de postulación.2. Carta de aceptación de la postulación (si aplica).3. Copia ampliada de la cédula de identidad.4. Copia de títulos académicos.5. Fotografía reciente tamaño carnet.6. Síntesis curricular.7. Fechas y lugar de recepción

  La recepción de documentos se realizará desde este 24 de abril hasta el viernes 1 de mayo de 2026, en horario comprendido entre 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

Quienes deseen participar en el proceso deberán entregar los recaudos en la sede administrativa del Poder Legislativo, ubicada en la esquina de Pajaritos, en el centro de Caracas.

La plenaria de la Asamblea Nacional comenzará este martes con el proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Según consta en el orden del día de la sesión de este 21 de abril, se prevé el nombramiento de los diputados que integrarán la Comisión Preliminar encargada de avanzar en la designación del Comité de Postulaciones Judiciales. 

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Se trata de un procedimiento establecido en el artículo 270 de la Constitución  y el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), en su reforma de 2022, establece que el Comité de Postulaciones Judiciales está compuesto por 21 miembros: 11 diputados y 10 representantes de otros sectores de la sociedad, elegidos por la Asamblea Nacional. 

De manera extraoficial se ha conocido que este procedimiento comenzará debido a que al menos 12 de los 22 magistrados del TSJ deben jubilarse.

Delcy Rodríguez anunció el fin de semana que a Venezuela va a llegar “una nueva justicia” que supuestamente no criminalice a los pobres.

Pero, ¿realmente es así?

Por el momento, lo que se sabe es que al menos 12 magistrados del TSJ se van “a jubilar”.

¿Purga en el TSJ?

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Este viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró como constitucional  el Decreto de Estado de Emergencia Económica dictado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A través de la sentencia N.º 0515, con fecha del 16 de abril de 2026, el máximo tribunal determinó la constitucionalidad del Decreto 5.314. La medida establece el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional por un lapso de 60 días, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Con esta declaración de constitucionalidad,  el Ejecutivo nacional queda facultado para ejecutar acciones extraordinarias,  en materia fiscal, cambiaria, tributaria y de regulación económica durante los próximos 60 días.

El TSJ ordenó la publicación íntegra de la sentencia en la Gaceta Oficial y su difusión en los canales electrónicos del Poder Judicial.

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Este es el resumen de la sentencia:

Procedimiento: Constitucionalidad de leyPartes: PRESIDENTA (E) DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DRA. DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZDecisión: Esta Sala es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto N.° 5.314, dictado por la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días. Declara la CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 5.314, dictado por la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días y ORDENA la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional que declara: La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N.° 5.314, dictado por la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.Ponente: Ponencia Conjunta

Decenas de profesores, trabajadores y jubilados acudieron al  Tribunal Supremo Justicia (TSJ) para exigir una respuesta a la demanda introducida en la Sala Constitucional sobre la omisión en materia de aumento salarial.

El recurso presentado  busca  establecer mecanismos que permitan un ajuste salarial acorde al costo de la vida y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores 

Uno de los voceros de los manifestantes, Dick Guanique, integrante del Comité Ejecutivo de la CTV recordó que el recurso fue presentado el pasado 2 de febrero.

“Ellos tenían cinco días para dar respuesta y han pasado dos meses y todavía no nos han respondido. Hemos venido a exigirle al TSJ que diga qué ha pasado. Necesitamos una respuesta porque van cuatro años sin un aumento salarial”, dijo.

Los asistentes a la concentración señalaron que la situación se ha vuelto insostenible.

 "Los salarios actuales no cubren necesidades básicas como alimentación, transporte y salud. No se trata de un aumento, se trata de dignidad”, dijeron.

Igualmente, advirtieron que las acciones de calle van a seguir, así como la presión  a las instituciones, “hasta obtener una respuesta del TSJ".

En una sentencia conjunta, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Minas, sancionada la semana pasada por la Asamblea Nacional.

Se trata de una norma que contiene 131 artículos y que tiene  “por objeto regular lo relativo a las minas, la gestión de los recursos minerales existentes en el territorio nacional y la actividad minera”.

Los magistrados ponentes de la sala, luego de revisar la ley, determinaron, “de manera diáfana, que la ley en cuestión reviste la naturaleza de una norma “marco” o “cuadro” que sirve de base ineludible para el desarrollo de otras leyes, configurándose así el cuarto supuesto previsto en el citado artículo 203 constitucional”.

Agrega que “este carácter se materializa al articularse de forma armónica con el numeral 16 del artículo 156 de la Constitución, el cual reserva a la competencia exclusiva del Poder Público Nacional el régimen y administración de las minas”.

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Igualmente, sostiene que “aunado a lo anterior, esta Sala Constitucional constata que la referida ley converge paralelamente en el tercer supuesto contenido en el artículo 203 de la Constitución, toda vez que está dirigida a desarrollar material y jurídicamente derechos y garantías constitucionales de innegable trascendencia, tanto en su dimensión ambiental como socioeconómica”.

En materia ambiental, destaca que la ley  “desarrolla plenamente los postulados contenidos en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución, relativos a la obligación del Estado y la sociedad de proteger el ambiente, la ordenación del territorio y la exigencia sine qua non de estudios de impacto ambiental y sociocultural frente a actividades susceptibles de generar daños ecológicos”.

Una vez hechas estas consideraciones, la Sala declara la constitucionalidad de la norma, la cual será entregada a la Presidencia de la República para su promulgación.

 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la “constitucionalidad” de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos sancionada la semana pasada por la Asamblea Nacional (AN).

En su sentencia, publicada el 27 de marzo, la sala se declara competente para dirimir el tema y declara que la norma cumple con los requisitos para ser una ley orgánica.

La ley  “por objeto establecer la base normativa y la habilitación a la Administración Pública para ejecutar ágil y eficazmente los mecanismos necesarios que permitan una mayor celeridad y la optimización de las gestiones y trámites administrativos, a los fines de disminuir los plazos de tramitación y respuesta de las y los ciudadanos a sus solicitudes y peticiones dirigidas a la Administración Pública”, señala el artículo 1 del instrumento legal.

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En la sentencia, la Sala Constitucional  estima “pertinente destacar que el instrumento normativo sometido a control previo de constitucionalidad no constituye una regulación aislada o meramente instrumental de la actividad administrativa, sino que, por el contrario, se erige como una respuesta estructural del legislador frente a una realidad históricamente caracterizada por la excesiva burocratización, la dilación indebida y la ineficiencia en la tramitación de los asuntos sometidos al conocimiento de la Administración Pública, lo cual incide de manera directa en el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos”.

Igualmente, la Sala Constitucional observa que la Ley Orgánica en referencia recoge  principios que establecen que ”los trámites administrativos deben regirse, entre otros, por la celeridad, la simplicidad, la eficacia y la eficiencia, lo que evidencia una clara correspondencia entre el contenido de la ley y el mandato constitucional … reforzando así su carácter de norma de desarrollo directo del Texto Fundamental".

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, junto a la magistrada Elsa Gómez presidenta de la Sala de Casación Penal y la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Carolina Molinos, realizaron un recorrido por los tribunales del Palacio de Justicia para garantizar la aplicación célere de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. 

Durante el despliegue en los juzgados de Juicio y Control, las autoridades verificaron personalmente que los procesos se ejecuten bajo los principios de eficiencia y celeridad procesal, asegurando una atención directa en las sedes judiciales.

Durante la inspección, la magistrada Rodríguez resaltó que el Poder Judicial trabaja arduamente para ofrecer respuestas expeditas en los casos que cumplen con los requisitos legales para ser amnistiados. 

Esta labor busca adaptar el sistema de justicia a las necesidades actuales de la población, fortaleciendo la operatividad de los servidores públicos y asegurando que el beneficio de amnistía llegue a sus destinatarios de forma oportuna. La presencia de la alta directiva en los tribunales pretende dinamizar la gestión administrativa y judicial en materia penal.

Estas acciones forman parte de un plan de seguimiento institucional diseñado para consolidar la paz y la convivencia ciudadana a través del derecho. 

Con esta iniciativa, el máximo tribunal del país ratifica su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Justicia, promoviendo soluciones jurídicas que contribuyan a la estabilidad nacional.

 El despliegue continuará en diversas instancias para supervisar que el cumplimiento de la normativa se realice con transparencia y estricto apego a la legalidad vigente.

Con información de prensa TSJ 

La noche de este sábado 3 de enero, luego de que el presidente Nicolás Maduro fuera "extraído" por parte de las fuerzas militares de EE. UU., junto con su esposa, Cilia Flores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez debe asumir el cargo de “presidenta encargada”.

Llama la atención que esta sala, para tomar esta decisión, anunció que interpretó los artículos 234 y 239 de la Constitución, que establecen las faltas temporales del presidente de la república y las atribuciones de la vicepresidencia, respectivamente.

Pero, no interpretó el artículo 233 de la Carta Magna, donde se habla del procedimiento que se debe seguir cuando ocurre la falta absoluta del presidente de la República, durante los primeros cuatro años de su Gobierno, lo que deriva en la realización de nuevas elecciones.

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En este sentido, la instancia explica: “esta Sala fundamenta su competencia y procede de oficio a interpretar los preceptos constitucionales aplicables, con el fin de aclarar y disipar cualquier incertidumbre jurídica, con el objeto de establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional, en este momento trascendental del país”.

Agrega que “este hecho, público y notorio, acaecido el 3 de enero de 2026,  configura  una  situación excepcional,  atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, generando una situación que requiere certeza constitucional debido a la máxima gravedad que amenaza la estabilidad del Estado, la seguridad de la Nación y la efectividad del ordenamiento jurídico”.

Hace esto, en vista de que a juicio de los magistrados no se ha producido ninguno de los preceptos establecidos en la Constitución para determinar una “falta absoluta”, como son : renuncia, destitución o muerte.

“Es por ello que, esta Sala ha considerado indispensable dictar, en el marco de una actuación cautelar urgente y preventiva, una medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la Nación, sin que ello implique  decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta), ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación en procedimientos posteriores”.

La sentencia de la sala agrega que  “existen elementos que indican la configuración de una situación de imposibilidad del Presidente, contemplada genéricamente en el artículo 234 de la CRBV, y estima igualmente esta Sala que la Constitución en su artículo 239.8 atribuye al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del Presidente”.

Igualmente, destaca que “en el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la Nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ponencia conjunta, decidió la aplicación del artículo 234 de la Constitución, con la finalidad de que Delcy Rodríguez sea la presidenta encargada de Venezuela.

La sala  precisó que en vista de “la agresión extranjera suscitada este sábado, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela, así como el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores” , esta instancia del TSJ, estima necesario efectuar una interpretación de los artículos 234 y 239 de la Carta Magna.

 Esto, con la finalidad de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación.

El artículo 234 establece el régimen a seguir con las faltas temporales  del presidente.

“Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional hasta por noventa días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, dice el dispositivo constitucional.

A través de una sentencia fechada el 25 de agosto, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), decretó una medida preventiva a favor de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran retenidos en Estados Unido, como consecuencia de la   política migratoria del presidente  Donald Trump.

La medida de la sala dice, expresamente, que se ordena  “el retorno asistido de manera inmediata de los niños, niñas y adolescentes de una manera segura y sana a la República Bolivariana de Venezuela”.

Argumenta que se toma la decisión, “visto el interés superior, así como la prioridad absoluta de los niños, niñas y adolescentes (…), su derecho a la vida, a su salud, la salud física y mental, concatenado con su derecho a ser criados en su familia de origen, con sus familiares de origen, derecho a la lactancia materna, derecho a la obtención de documentos de identidad e identificación correspondientes, a la relación materno filial que debe ser garantizada en todo momento, ya que el desprendimiento abrupto de los mencionados niños, niñas y adolescentes de sus progenitoras generaría un trauma psico-bio-social, en el desarrollo efectivo y sano de los niños, niñas y adolescentes”.

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La sentencia fue dictada por los magistrados Edgar Gavidia Rodríguez, Carlos Castillo Ascanio y Elías Bittar Escalona.

De esta manera, la Sala responde   a una solicitud interpuesta   por ocho madres, un papá, tres abuelas y una tía de niños y adolescentes que se encuentran retenidos en Estados Unidos. 

Se trata, puntualmente, de  27 niños y adolescentes, cuyos familiares acudieron al TSJ para solicitar una actuación respecto a la situación de los menores que "se encuentran retenidos ilegalmente sin su familia en los Estados Unidos de América…’’.

La sentencia también dice que "el desprendimiento abrupto de los mencionados niños, niñas y adolescentes de sus progenitoras generaría un trauma psico-bio-social, en el desarrollo efectivo y sano…’’.

Asimismo, la medida otorga a los trece representantes la custodia de los niños según corresponda a cada familiar.

Los magistrados ordenaron notificar y remitir copia de la sentencia a la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri de Saab, a fin de que ella informe a la Sala Social, en el caso de que se conozca del traslado de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de lograr la entrega efectiva de ellos a sus abuelos y progenitores.

Un grupo de mujeres, familiares de personas detenidas en el contexto de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, exigió este martes una reunión con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, para que revise los casos de estos detenidos porque, alegan, no ha habido excarcelaciones desde marzo pasado.

 «Estamos en una vigilia pidiendo una audiencia con la directora del TSJ para que nos atienda y nos dé respuesta de los casos, qué ha pasado, debido a que no ha habido liberaciones desde el mes de marzo», explicó Luisa Barrio desde las afueras del TSJ.

Barrio indicó que habían llegado a un acuerdo con Rodríguez de reunirse y posteriormente retirarse de las inmediaciones del Supremo, pero, dijo, no fueron atendidos.

«Se mantiene la vigilia hasta que nos atienda, que revise los casos, que revise todos los casos porque hay muchas personas que no han revisado, hay personas con patologías, todavía quedan mujeres, todavía quedan en comandos (policiales), todavía quedan en (la cárcel de) Tocorón», agregó.

Asimismo, advirtió que hay al menos 100 presos en la cárcel de Tocorón,  con enfermedades, principalmente, problemas respiratorios, de tensión, del estómago, abscesos y dengue.

Barrio añadió que hay detenidos, sin precisar cifras, que están siendo medicados porque «se han intentado quitar la vida, tienen cuadros depresivos».

La ONG  Foro Penal computa 807 presos políticos en Venezuela, tras 55 excarcelaciones y nueve arrestos recientes, como parte de lo que denunciado como «puerta giratoria», es decir, «unos salen de la cárcel pero otros entran», según un balance difundido este martes.

Del total, hay 712 hombres y 95 mujeres, y cuatro son adolescentes, con edades de los 14 a los 17 años, indicó Foro Penal en X.

El 18 de julio, el Gobierno venezolano liberó a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses como parte de una negociación con Estados Unidos que incluyó el retorno al país caribeño de los 252 migrantes que estuvieron detenidos en El Salvador desde marzo, cuando fueron deportados por la nación norteamericana.

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🚨 ATAQUE DURANTE VIGILIA EN EL TSJ@_Provea denunció que pasadas las 11 p.m. del 5Ago, "colectivos paramilitares" agredieron a madres y activistas frente al TSJ. Fueron golpeadas, robadas y sus carpas destruidas"Denunciamos la ausencia de resguardo a la manifestación", dijo pic.twitter.com/CiznQMJad3

La vigilia

Debido a la ausencia de respuestas por parte de las autoridades del Poder Judicial, activistas y familiares hicieron una en vigilia a las puertas del TSJ demandando la libertad de los presos políticos.

«No nos vamos sin nada, que baje la Magistrada». dijeron las madres.

Atacados

Sin embargo, a través de las redes sociales, se supo que la vigilia fue atacada tanto por militares como por afectos al chavismo.

Las madres fueron atacadas con objetos contundentes y patadas por parte de miembros de un "colectivo" paramilitar.

Las carpas que habían levantado frente al TSJ fueron destrozadas y muchas manifestantes fueron víctimas de robos y otras agresiones.

“Denunciamos que la ausencia de resguardo a la manifestación, por parte de los organismos de seguridad, pudo haber propiciado este nuevo ataque a la protesta social”, publicó la ONG Provea.

“Con la ausencia de atención demostrada por las autoridades del TSJ y la falta de resguardo a los manifestantes pacíficos, por parte de los agentes de la fuerza pública, las autoridades revictimizan a quienes tienen bastante tiempo denunciado serios abusos”, denunciaron.

Con el objetivo de hacer seguimiento de las elecciones municipales que se celebrarán este domingo 27 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) activó una Sala Situacional en su sede en la avenida Baralt, en el centro de Caracas

Durante la actividad, la titular del Poder Judicial,   Caryslia Rodríguez, resaltó que estos comicios son de gran trascendencia porque es “el poder local es el poder más cercano a la gente, y nosotros… Tenemos dos trabajos importantes; uno, orientar y canalizar cualquier inquietud con respecto a los comicios. Dos, ir a votar”, dijo al magistrada.

Paralelamente, se instaló otra sala situacional, en la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), en Chacao, y el trabajo conjunto se realizará con la Inspectoría General de los Tribunales (IGT) y la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), para el levantamiento y seguimiento de la data nacional durante la jornada electoral.

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🗳️ SEGUIMIENTO ELECTORAL EN EL TSJEl Tribunal Supremo de Justicia activó una Sala Situacional en su sede de la avenida Baralt, Caracas, para hacer seguimiento a las elecciones municipales del domingo 27 de julio. pic.twitter.com/w8q8K4e4zu

Esta actividad contó con la presencia del primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Social, Magistrado Edgar Gavidia Rodríguez; la segunda vicepresidenta del TSJ, presidenta de la Sala Constitucional y coordinadora nacional de Justicia de Paz Comunal y Relaciones con el Poder Popular, Magistrada Tania D’Amelio Cardiet; y la presidenta de la Sala de Casación Penal, Magistrada Elsa Gómez.

Este 27 de julio los venezolanos inscritos en el Registro Electoral escogerán a sus representantes en los 2.806 cargos, distribuidos en 335 alcaldes y 2.471 concejales principales e igual número de suplentes.

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Este miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció, a través de su cuenta de Instagram, la constitucionalidad de la Ley Orgánica del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones, 2025-2031.

De acuerdo con la publicación, la Sala Constitucional del máximo tribunal toma la decisión de conformidad con el artículo 203 de la Constitución de Venezuela y en su carácter de “órgano garante de la supremacía constitucional, responsable de verificar que las leyes orgánicas cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución, asegurando su coherencia con el marco jurídico nacional”.

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La publicación resalta que “esta importante Ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) contiene los lineamientos estratégicos que guiarán el rumbo de Venezuela en los próximos años, abordando áreas clave como la modernización económica, la seguridad y defensa del territorio, la transformación social y política, el ecosocialismo y la geopolítica de la paz”.

Su aprobación representa un paso fundamental para consolidar un modelo de desarrollo basado en la participación ciudadana protagónica y la planificación estratégica de las políticas públicas.

La Sala Constitucional Político-Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exigieron a las autoridades de Estados Unidos que facilite el regreso de la niña Maikelys Espinoza, separada de sus padres cuando eran deportados a Venezuela.

Las salas, emitieron la sentencia número 129, correspondiente al expediente 25-196.

En esta decisión, se ordena a la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos (EE.UU.) «el retorno inmediato de la niña Maikelys Espinoza, quien se encuentra actualmente secuestrada por ese país», señala una nota de VTV.

El fallo establece que se debe garantizar el retorno seguro y sano de la menor a Venezuela.

Además, se ordena notificar y remitir copia certificada de la decisión al Ministerio Público, así como a la Oficina de Relaciones Consulares de Venezuela.

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Todo esto, con el objetivo de que se respeten los derechos de la familia venezolana y se cumplan las leyes internacionales.

Asimismo, el TSJ se declara competente para conocer el caso de Maikelys.

En virtud de los tratados y convenios ratificados por Venezuela, la Sala enfatiza en «la prioridad absoluta del interés superior de la niña», decretando medidas preventivas para la reunificación familiar con su madre, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, quien reside en territorio venezolano.

Finalmente, la Sala Constitucional del TSJ le otorga la custodia de la niña a su madre, reconociendo así el derecho inherente a la patria potestad.

Reafirma el compromiso de Venezuela con la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.

Con información de VTV

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), confirmó que la dirección nacional del partido Acción Democrática (AD) está dirigida por Rubén Antonio Limas Telles, como presidente ejecutivo, y José Bernabé Gutiérrez Parra, como secretario general.

De está forma se confirma que quedaron fuera del partido los dirigentes encabezados por Henry Ramos Allup.

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La aclaratoria está contenida en la sentencia número 0578 redactada por la magistrada Tania D’Amelio Cardiet, en sentencia publicada el 30 de abril.

La decisión es la respuesta a una solicitud de ampliación de la sentencia 1.189 dictada por la Sala Constitucional el 15 de diciembre de 2022.

En esa sentencia los magistrados dejaron constancia que la mesa directiva de AD designado por el máximo tribunal el 15 de junio de 2020 cumplió las misiones que le encomendaron; es decir, realizar consultas con el objeto de actualizar y modificar los estatutos de dicha organización, y celebrar la elección de sus autoridades internas.

Con información de web TSJ y Últimas Noticias