El Parlamento  informó este viernes sobre la postulación de 561 personas para los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma de ley con la que el Gobierno busca cambiar el sistema judicial.

Entre los candidatos está la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton -quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015-, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Luis Emilio Rondón González, exrector de la institución, según la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN – Parlamento) en Telegram.

Esto no es raro en Venezuela. Hay casos como el de la actual magistrada del TSJ, Tania D'Amelio, quien primero fue diputada de la AN y luego rectora del CNE. 

Así mismo, el Comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura.

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Lea también: Comité de Postulaciones publica lista de preseleccionados a cargos para el Poder Judicial: son m

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes -Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social- por tres.

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

En mayo, Rodríguez dijo que -en un primer análisis- encontraron tres grandes desafíos al sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».

Con información de Efe

La aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha sido más restrictiva de lo que muchos esperaban. A pesar de que su objetivo declarado es promover la reconciliación nacional y facilitar la reintegración de procesados o condenados por razones políticas, centenares de personas todavía permanecen privadas de libertad. 

Según cifras recientes de Foro Penal, más de 400 personas continúan detenidas por motivos políticos.

Sin embargo, según la ONG, Acceso a la Justicia,  dos recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parecen abrir tímidamente el camino hacia una interpretación progresiva de la ley.

 Tanto la Sala Constitucional como la Sala de Casación Penal han optado por soluciones que facilitan el acceso a los beneficios de la amnistía, en consonancia con el artículo 5 de la propia ley, que ordena resolver cualquier duda interpretativa de la manera que más favorezca la protección y garantía de los derechos humanos.

Lea también: Cuestionan aumento de los magistrados del TSJ: NO RESUELVE LA CRISIS EN LA JUSTICIA 

La primera decisión relevante fue la sentencia n.° 517 de la Sala Constitucional del 13 de mayo de 2026, mediante la cual se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre el economista Alejandro Grisanti. 

La Sala dejó sin efecto la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar y gravar bienes y el bloqueo de cuentas bancarias que decretó el 11 de abril de 2019, mediante sentencia n.º 74.

Lo más importante de la decisión del 13 de mayo no fue solo el levantamiento de las medidas cautelares, sino que la Sala Constitucional se declaró competente para conocer una solicitud relacionada con la Ley de Amnistía, aun cuando su competencia no está prevista expresamente en la norma. 

Para justificarlo, sostuvo que: «la amnistía puede instituirse entonces, como una respuesta normativa orientada a la clausura de litigios sociales y al fortalecimiento de la cohesión nacional. La amnistía prevista constituye un mecanismo de alivio jurídico y reencuentro civil, fundamentado en la igualdad ante la ley y la justicia transicional. El texto se supedita a la supremacía constitucional, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la convivencia democrática».

Asimismo, la Sala reconoció que los hechos atribuidos a Grisanti podían encuadrarse dentro del numeral 8 del artículo 8 de la Ley de Amnistía, referido a actuaciones relacionadas con la Asamblea Nacional del período 2016-2021 y el desconocimiento de instituciones y autoridades públicas.

No obstante, el TSJ no concedió la amnistía. La decisión se limitó a revocar las medidas cautelares dictadas en 2019 contra Grisanti y remitir el asunto al Ministerio Público (MP) para que este evaluara la procedencia de la amnistía dentro de la investigación penal correspondiente.

. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que posteriormente el MP y el tribunal penal competente decreten formalmente la amnistía y el correspondiente sobreseimiento.

Aunque el beneficio otorgado fue parcial, la decisión tiene relevancia porque crea una vía procesal que no existía claramente hasta ahora y reconoce de manera expresa que la amnistía es una materia de interés general susceptible de ser examinada por la Sala Constitucional.

La segunda decisión provino de la Sala de Casación Penal mediante la sentencia n.° 346 del 2 de junio de 2026.

En esta oportunidad, la Sala advirtió la existencia de un vacío legal en el artículo 12 de la Ley de Amnistía. La norma establece la posibilidad de impugnar determinadas decisiones relacionadas con la amnistía, pero no indica cuál es el órgano competente para conocer de los recursos cuando la decisión impugnada ha sido dictada por una Corte de Apelaciones actuando en primera instancia en casos en los que hay condena conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley.

Ante esa omisión, la Sala Penal consideró que una interpretación literal de la ley podía dejar sin protección el derecho a la tutela judicial efectiva y al doble grado de jurisdicción. Por ello decidió asumir excepcionalmente la competencia para conocer estos recursos de apelación, integrando el ordenamiento jurídico a fin de evitar que los solicitantes de amnistía quedaran sin posibilidad de revisión judicial.

La decisión es especialmente relevante, porque garantiza que una negativa de amnistía dictada por una Corte de Apelaciones no sea definitiva e inapelable por simple silencio del legislador.

Ambas decisiones tienen un denominador común: frente a vacíos o dudas interpretativas, el TSJ optó por soluciones que favorecen el acceso a los beneficios de la Ley de Amnistía.

En el caso Grisanti, la Sala Constitucional reconoció una competencia que no estaba prevista expresamente para tramitar una solicitud relacionada con la amnistía. En el caso de la Sala Penal, esta llenó un vacío legal para garantizar el derecho a recurrir de quienes vean rechazada una solicitud de este tenor.

Estas interpretaciones parecen ajustarse al principio establecido en el artículo 5 de la Ley de Amnistía, según el cual cualquier duda sobre su interpretación o aplicación debe resolverse en el sentido más favorable a la protección de los derechos humanos.

Aunque todavía es pronto para afirmar que existe un cambio definitivo en la forma como se está aplicando la ley, ambas decisiones constituyen señales positivas que podrían facilitar que más personas puedan acceder efectivamente a los beneficios previstos por el legislador.

El secretario general del MAS, Felipe Mujica, planteó que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia debe abrir paso a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, como parte de los cambios institucionales necesarios para recuperar la autonomía de los poderes públicos.

Mujica valoró la prórroga otorgada al proceso de postulaciones para magistrados del TSJ, inicialmente previsto para concluir el pasado fin de semana, al considerar que permitirá una mayor participación de aspirantes. 

En ese sentido, sostuvo que la conformación del máximo tribunal debe responder a criterios de capacidad, experiencia y pluralidad.

El dirigente recordó que recientemente fueron designadas nuevas autoridades en la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, procesos que el MAS calificó como plurales.

 Manifestó que el mismo criterio prevalezca en las próximas renovaciones institucionales, incluida la eventual designación de un nuevo (CNE).

"La recuperación de la autonomía de los poderes públicos es una condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el funcionamiento independiente de las instituciones del Estado", afirmó.

La incertidumbre económica 

En materia económica, advirtió que la incertidumbre continúa siendo una de las principales preocupaciones de los venezolanos.

 Aunque reconoció las expectativas existentes en torno al sector petrolero y su posible impacto sobre la economía nacional, señaló que la recuperación requerirá tiempo y medidas estructurales.

Indicó que entre los desafíos prioritarios se encuentra la reactivación del sistema financiero, con una banca capaz de operar plenamente mediante el otorgamiento de créditos, el financiamiento de proyectos productivos y el respaldo a la actividad empresarial. 

Asimismo, subrayó que la recuperación económica debe traducirse en mejores salarios y condiciones de vida para los trabajadores.

Mujica destacó que empresarios, gremios y representantes del sector bancario han coincidido en la necesidad de impulsar medidas que permitan modernizar y fortalecer el sistema financiero venezolano, afectado por años de restricciones y limitaciones operativas.

En el ámbito internacional, el dirigente del MAS saludó la realización de las elecciones presidenciales en Perú y destacó la importancia de la alternabilidad democrática, independientemente del resultado de los comicios.

"La posibilidad de que distintas fuerzas políticas accedan al poder mediante el voto constituye una característica fundamental de las democracias modernas y Venezuela debe avanzar hacia un escenario donde los ciudadanos decidan libremente quiénes gobiernan el país", sentenció.

Finalmente, Mujica reiteró la solicitud de que se esclarezcan las razones por las cuales le fue retirada al MAS su tarjeta electoral en 2024, al igual que a los partidos Puente y Unión y Progreso.

 Recalcó que la participación de todas las organizaciones políticas es esencial para fortalecer las garantías democráticas en futuros procesos electorales.

Con información de nota de prensa 

La ONG Acceso a la Justicia exhortó este viernes a la Asamblea Nacional (AN) a elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con las reglas claras y de cara al país.

Por ello pidió que el Parlamento publique las reglas, cronograma, así como los criterios de evaluación para la elección de los jueces.

“Sin estos elementos, el proceso corre el riesgo de reproducir prácticas opacas que han caracterizado las designaciones anteriores”, señaló la organización en una nopta en su web.

A su juicio, la ausencia de información oficial sobre las vacantes que hay en el TSJ y las condiciones del proceso de selección debilita la confianza en una instancia fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia y el Estado de derecho.

“La correcta conformación del máximo juzgado no solo tiene implicaciones institucionales, sino que incide directamente en la garantía del acceso a la justicia y en la tutela judicial efectiva”, añadió.

Ante esto, pidió al Parlamento publicar las reglas del proceso, el cronograma, los criterios de evaluación y los mecanismos de participación ciudadana.

La organización no gubernamental sostuvo que el proceso para renovar a los magistrados del TSJ abre una nueva etapa institucional que, “lejos de estar marcada por la transparencia y la independencia judicial, vuelve a generar dudas sobre ambos aspectos, esenciales para garantizar una administración de justicia imparcial e idónea”.

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas a postularse hasta el próximo 6 de junio a los cargos de magistrados del TSJ, que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma en la ley con la que el Gobierno busca cambiar el sistema judicial.

Lea también: ESCUDO DE IMPUNIDAD: Macabra ruta del crimen de Yulixa Toloza 

La AN sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros 12 que siguen ejerciendo en la corte.

En un mensaje en Telegram, el órgano legislativo informó también sobre la apertura del proceso para nuevos inspectores del Supremo, así como para el cargo de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por diez miembros de la sociedad civil y 11 diputados, se instaló el pasado 20 de mayo para comenzar a organizar el proceso de evaluación de candidaturas de magistrados.

El presidente de la comisión, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, estimó entonces que el proceso completo se tome 45 días, aproximadamente, aunque afirmó que “puede ser menos”, lo que dependerá, agregó, del desarrollo de la fase de impugnaciones.

Con información de EFE

Luego de  la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de parte de la Asamblea Nacional (AN), el Comité de Postulaciones Judiciales tomará la norma cambiada como base para designar a los nuevos magistrados.

 El anuncio lo hizo el diputado Félix Freites, miembro de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales, quien informó que se espera la publicación del cronograma oficial de postulaciones para los próximos días.

Adelantó que "eso tardará alrededor de unos 60 días, 80 días para completar el proceso" de selección de los magistrados.

 La reforma de la ley se hizo en el artículo 8, que permite llevar de 20 a  32 el número de magistrados del TSJ. De manera que cada sala tendrá 5 magistrados, menos la Sala Constitucional, que tendrá 7. “Esta modificación busca optimizar los procesos judiciales y la arquitectura institucional del máximo tribunal”, dijo.

Freites precisó que actualmente se encuentra activa una Comisión Preliminar, la cual tiene la tarea de designar a los representantes de la sociedad civil.

Lea también: AN sanciona la reforma de la Ley del TSJ para aumentar a 32 el número de magistrados

"Se elegirán 10 personas de la sociedad civil, que junto a los 11 diputados de la AN conformarán el Comité de Postulaciones de 21 integrantes que deben definir un cronograma", detalló.

En entrevista para Unión Radio, enfatizó en la necesidad de seleccionar magistrados y jueces basados en su formación académica y trayectoria profesional, porque hay más de 2.000 jueces provisionales que ejercen sin haber pasado por concursos de oposición.

“Necesitamos refrescar el poder judicial y, sobre todo, hay que entender cuál es el problema de fondo en el sistema de justicia. Avanzar hacia un perfil de magistrados que pueda comenzar esta reestructuración con bases sólidas, con jueces con credenciales, trayectoria y bases que garanticen el acceso a la justicia como establece la Constitución”, puntualizó Freites.

La "tercera ola" del chavismo ejecuta un movimiento sísmico en el TSJ.

 Bajo la excusa de la celeridad procesal, la reforma judicial oculta una purga política: el desmantelamiento de la herencia de Nicolás Maduro para instaurar el dominio absoluto del clan Rodríguez. 

No se trata de cuántos exmagistrados hay, sino de a quién responden las nuevas sillas del poder.

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

Lea también: AN sanciona la reforma de la Ley del TSJ para aumentar a 32 el número de magistrados

El abogado y activista por los derechos humanos, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, cuestionó el aumento del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32.

Considera que es una respuesta insuficiente ante la crisis  estructural que tiene la administración de justicia en el país.

Entrevistado por Unión Radio, Daniels sostiene que el problema no es la cantidad de magistrados sel TSJ, sino los tribunales de instancia y las fiscalías.

Informó que hay fiscales y jueces que enfrentan cargas de hasta tres mil casos cada uno.

Dijo que desde el año 2017, el sistema de justicia no publica las sentencias y prohíbe el acceso de la prensa a las audiencias.

“Que se permita que las sentencias de los tribunales penales se publiquen, porque la gente tiene el derecho a saber cual es el contenido a la decisión que hay en su contra”, pidió.

Con información de Unión Radio.

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN)  sancionó en la sesión de este martes la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La reforma se hizo puntualmente para cambiar el artículo 8 que establece la cantidad de magistrados que deben conformar el máximo tribunal.

Es así como de ahora en adelante, el TSJ pasa a estar conformado por 32 magistrados.

De esta forma, la Sala Constitucional pasa a contar con 7 magistrados y las demás salas con 5.

En el debate, diputados de la oposición intentaron hacer propuestas para hacer otros cambios, pero el presidente de AN, Jorge Rodríguez, recordó que el reglamento interior del cuerpo establece que la segunda discusión se hace sobre la base del proyecto presentado y de los artículos discutidos en la consulta.

Una vez sancionada la reforma de la ley, solamente se espera por su promulgación de parte del Ejecutivo.

Está reforma se aprobó paralelamente al proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Una vez que esta instancia comience a funcionar, trabajará para elegir a los magistrados que llenarán las vacantes de aquellos que se jubilaron en el TSJ y también para completar el número de jueces hasta llegar a 32, con sus respectivos suplentes.

  La transición en Venezuela no solo enfrenta resistencia política y militar. El verdadero muro sigue siendo el Tribunal Supremo de Justicia, un sistema señalado de blindar al chavismo, bloquear investigaciones y garantizar control institucional. 

La nueva reestructuración impulsada por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, revela una disputa interna por el poder judicial, donde magistrados ligados a Nicolás Maduro y Cilia Flores comienzan a ser reemplazados por figuras cercanas al nuevo núcleo político dominante.

Mientras se habla de transición, el chavismo reorganiza el TSJ para mantener el control sobre elecciones, investigaciones y decisiones constitucionales.  

Esto es Venezuela en profundidad.

Lea también: Caso de Víctor Hugo Quero "es una aberración", denuncia el director para las Américas de HRW 

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN), aprobó este martes, en primera discusión, una reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La propuesta fue presentada por la directiva del Parlamento y al respecto, el presidente, Jorge Rodríguez, argumentó que la reforma se debe al anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acerca de la reforma del sistema de justicia.

Rodríguez dijo que la reforma es muy puntual y se trata del artículo 8 que establece la conformación del máximo tribunal.

Específicamente, explicó Rodríguez, la reforma es para aumentar el número de magistrados de 20 a 32, de manera que cada sala tenga 5 magistrados y la Sala Constitucional 7.

Según Rodríguez, con  esta forma se logrará que la justicia sea más expedita.

El diputado opositor  José Gregorio Correa apoyó la propuesta y la consideró útil. 

Argumentó que, además de esta reforma, también se requiere un cambio en la inspectoría de tribunales, “para hacer una mejor justicia”.

Mientras que el diputado Tomás Guanipa, de la fracción de la Libertad, salvó el voto porque el proyecto les fue entregado una hora antes de que comenzara la sesión, por lo que consideró que fue muy poco tiempo para conocer el contenido del proyecto.

Rodríguez rebatió los argumentos de Guanipa y dijo que no van a caer en las provocaciones para “no recaer en la mentira y el enfrentamiento”.

Cabe recordar que antes del 2022 el TSJ tenía 32 magistrados y se hizo una reforma para reducirlos a 20, con el mismo argumento de hacer que la justicia "sea más ágil y oportuna".

Este cambio se hace en medio del proceso que la misma AN ha comenzado para cubrir las vacantes que hay en el TSJ, producto de las jubilaciones de varios magistrados.

Si la ley se sanciona en la próxima sesión, entraría en vigencia de una vez, por lo que el Comité de Postulaciones Judiciales tendría que designar la cantidad de magistrados principales y suplentes que hacen falta para completar los 32.

La directiva del TSJ fue designada este lunes y la magistrada Caryslia Rodríguez fue ratificada en el cargo de presidenta.

De esta forma, Rodríguez ha pasado de ser la presidenta del TSJ del madurismo a una de las principales del Poder Judicial en el rodrigato.

Asimismo, el TSJ incorporó a los suplentes para cubrir las vacantes por las jubilaciones aprobadas recientemente.

Te contamos más en nuestro  canal de YouTube.

Lea también: TSJ elige directiva e incorpora suplentes mientras culmina el proceso iniciado por la AN

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) efectuó este lunes la incorporación de los magistrados suplentes para ocupar las vacantes generadas por las jubilaciones recientemente aprobadas. 

Todo ello, en espera de la culminación del proceso que lleva actualmente el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional.

Así lo dio a conocer el TSJ en su cuenta en Instagram, donde  informó que también  designó a la junta directiva y conformó las diferentes salas que lo componen.

En este sentido, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, fue ratificada como presidenta del Tribunal, mientras que el magistrado Elias Rubén Bittar Escalona es el primer vicepresidente y Tania D’ Amelio Cardiet la segunda vicepresidenta.

Lea también: AN inicia entrevistas a los aspirantes al Comité de Postulaciones Judiciales 

 Sala Constitucional:Presidenta: Tania D’ Amelio CardietVicepresidenta: Lourdes Suárez AndersonIntegrantes: Michel Adriana Velásquez GrilletJanette Trinidad Córdova Castro Anabel Hernández

 Sala Político Administrativa:Presidente: Jaime Jesús Báez Jiménez Vicepresidente: Juan Pablo Torres Integrante:Luis Emilio Rondón

 Sala Electoral Presidenta: Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez Vicepresidenta: Fanny Beatriz Márquez CorderoIntegrante: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta

 Sala de Casación Civil:Presidente: Emilio Antonio Ramos González Vicepresidente: José Luis Gutiérrez ParraIntegrante: Jacqueline Sosa

  Sala de Casación PenalPresidenta: Carmen Marisela Castro GilllyVicepresidenta: Grisell López QuinteroIntegrante: Eulalia Coromoto Guerrero Rivero

  Sala de Casación SocialPresidente: Elías Rubén Bittar EscalonaVicepresidenta: Eneida Alexandra Moreno PérezIntegrante: Edelio González

El proceso de refrescamiento que viene experimentando el Estado luego de la operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela el pasado 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, continúa. 

Tras los cambios de rostros en el Ministerio Público y la Defensoría, ahora le toca el turno al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La Asamblea Nacional dio el primer paso para adelantar los “cambios” en el TSJ y designó al Comité Preliminar de Postulaciones Judiciales, instancia que luego debería, de acuerdo al mandato constitucional, escoger a los miembros de la sociedad civil—cuyas postulaciones se recibirán hasta el 1 de mayo— que participarán en el proceso de evaluar las candidaturas de los aspirantes a magistrados y presentar una lista a los diputados para su elección.

¿Pero si hace apenas cuatro años se nombró al actual TSJ, por qué los diputados vuelven a fijar su mirada en el organismo judicial?

La ONG Transparencia Venezuela responde a esta pregunta.

“Por distintas circunstancias: o por jubilación, renuncia o por ‘destacamiento’ en otras responsabilidades, hay algunas plazas vacantes entre los magistrados principales y suplentes del TSJ”, anunció el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Además de las ocho jubilaciones anunciadas este abril de 27 de abril (Elsa Gómez, Maikel Moreno, Edgar Gavidia, Luis Damiani Bustillos, Henry Timaure, Carmen Alves, Malaquías Gil y Juan Carlos Hidalgo Pandares), Transparencia Venezuela detectó al menos cuatro vacantes claras:

En la sala que se encarga de interpretar la Constitución hay dos vacantes absolutas desde hace más de un año. Se trata de las sillas que ocupaban los magistrados Gladys Gutiérrez y Calixto Ortega.

Gladys Gutiérrez, quien llegó a ser presidenta de la Sala y del TSJ en dos ocasiones, colgó la toga en abril de 2024, cuando fue designada embajadora en España. En un principio, el máximo juzgado le otorgó una “licencia” para desempeñar sus funciones, según se lee en la sentencia número 208 de mayo de ese año.

 En octubre de ese mismo año, en otro fallo, el número 213, se le había otorgado el “beneficio de jubilación”, incorporando a la suplente Janette Trinidad Córdova Castro.

Antes de la salida de Gutiérrez se produjo la de su compañero de Sala, Calixto Ortega. Apenas tres meses después de haber sido reelegido como magistrado por la Asamblea Nacional, el funcionario fue designado embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI) y también se le otorgó una “licencia”.

Para cubrir la ausencia de Ortega, fue convocada la abogada Michel Adriana Velásquez Grillet. Y aunque Ortega dejó su puesto en La Haya (Países Bajos) a principios de 2024, jamás se reincorporó a la Sala Constitucional.

La salida de la magistrada Bárbara César Siero se produjo bajo un manto de opacidad. Pese a ocupar, para inicios de 2024, la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa, la funcionaria de repente desapareció de escena. No se le vio en el acto de apertura judicial de ese año y no volvió a firmar ninguna sentencia.

No fue sino hasta abril de 2024 que la Sala, en una serie de fallos, informó que “el 13 de marzo del presente año se incorpora el magistrado Suplente Emilio Ramos González por la falta absoluta de la magistrada Bárbara Gabriela César Siero”. No se aclaró si la falta absoluta de César Siero fue producto de su renuncia o jubilación.

La situación de César Siero dentro del TSJ era un misterio desde que, en enero de 2024, se conoció que dos de sus hermanos, el teniente coronel (Ej.) Guillermo Enrique César Siero y el mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero, fueron detenidos a finales de 2023 por su presunta vinculación con las tramas conspirativas que las autoridades aseguraron haber neutralizado.

Los militares fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un acto realizado el pasado 23 de enero de 2024 en el complejo militar Fuerte Tiuna, por estar “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, todo lo cual representa actos de traición a la patria”, precisó el entonces Ministerio para la Defensa, Vladimir Padrino López.

La última vacante registrada es la de Carlos Alexis Castillo, quien el pasado 18 de marzo fue designado ministro del Trabajo por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. 

En la sentencia número 158, la instancia anunció que la doctora Eneida Alexandra Moreno Pérez “tomó posesión del cargo de magistrada” para suplir la falta temporal del ahora ministro. Sin embargo, el nombre de Castillo fue incorporado entre los exmiembros del TSJ en la sección de “histórico de magistrados” de la página web del organismo, lo cual deja entrever que su vacante es considerada ausencia absoluta.

Las sorpresivas jubilaciones de varios magistrados, conocidas extraoficialmente, han provocado una serie de situaciones inusuales. Por un lado, las vacantes en el TSJ que el Parlamento debe cubrir ascenderían ya a 12, es decir, más de la mitad del organismo judicial.

Además, en las salas Constitucional, Penal, Civil y Social, la mayoría de sus integrantes serán magistrados suplentes (tres de cinco en el caso de la Constitucional y dos de tres en el caso de la Penal, Civil y de la Social).

En la Sala Político-Administrativa, la presidencia ha recaído temporalmente en un suplente, Emilio Ramos González, debido a la jubilación de los hasta ahora principales: Malaquías Gil y Juan Carlos Hidalgo Pandares.

La Sala Electoral es la única instancia del TSJ donde no se han producido peticiones de retiro, por lo que ha trascendido. Esta instancia fue la que, mediante un cuestionado proceso, avaló la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Tal como lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la  Asamblea Nacional (AN) anunció este viernes la apertura del proceso  para escoger a los integrantes que conformarán el Comité de Postulaciones Judiciales.

La convocatoria se hace sobre la base del artículo 270 de la Constitución y en los artículos 64, 65, 67 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Cabe recordar que el Comité de Postulaciones Judiciales está conformado por 11 diputados de la AN y 10 integrantes de la sociedad civil, quienes posteriormente tendrán la potestad de seleccionar a los magistrados del TSJ.

Según el aviso oficial, difundido por redes sociales, portales web y medios de comunicación, el llamado lo hizo la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales que quedó instalada esta semana en la AN.

La AN invita a diferentes sectores de la sociedad a presentar sus postulaciones, ya sea por iniciativa propia o mediante respaldo de organizaciones y gremios.

Lea también: AN inicia proceso para el nombramiento de nuevos magistrados del TSJ

1.  Ser venezolano o venezolana.

2. Tener reconocida honorabilidad y prestigio en el ejercicio profesional o de sus funciones.Ser mayor de 35 años de edad.

3. No haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme.

4. No haber recibido sanciones administrativas firmes conforme a la legislación vigente.

Documentos exigidos

Los interesados deberán consignar una carpeta con la documentación requerida:

 1. Carta de postulación.2. Carta de aceptación de la postulación (si aplica).3. Copia ampliada de la cédula de identidad.4. Copia de títulos académicos.5. Fotografía reciente tamaño carnet.6. Síntesis curricular.7. Fechas y lugar de recepción

  La recepción de documentos se realizará desde este 24 de abril hasta el viernes 1 de mayo de 2026, en horario comprendido entre 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

Quienes deseen participar en el proceso deberán entregar los recaudos en la sede administrativa del Poder Legislativo, ubicada en la esquina de Pajaritos, en el centro de Caracas.

La plenaria de la Asamblea Nacional comenzará este martes con el proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Según consta en el orden del día de la sesión de este 21 de abril, se prevé el nombramiento de los diputados que integrarán la Comisión Preliminar encargada de avanzar en la designación del Comité de Postulaciones Judiciales. 

Lea también: MP investigará denuncias de irregularidades y suspensión de visitas en Yare III 

Se trata de un procedimiento establecido en el artículo 270 de la Constitución  y el artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), en su reforma de 2022, establece que el Comité de Postulaciones Judiciales está compuesto por 21 miembros: 11 diputados y 10 representantes de otros sectores de la sociedad, elegidos por la Asamblea Nacional. 

De manera extraoficial se ha conocido que este procedimiento comenzará debido a que al menos 12 de los 22 magistrados del TSJ deben jubilarse.

Delcy Rodríguez anunció el fin de semana que a Venezuela va a llegar “una nueva justicia” que supuestamente no criminalice a los pobres.

Pero, ¿realmente es así?

Por el momento, lo que se sabe es que al menos 12 magistrados del TSJ se van “a jubilar”.

¿Purga en el TSJ?

Lea también: TSJ declara constitucional Decreto de Emergencia Económica emitido por Delcy Rodríguez

Este viernes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró como constitucional  el Decreto de Estado de Emergencia Económica dictado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

A través de la sentencia N.º 0515, con fecha del 16 de abril de 2026, el máximo tribunal determinó la constitucionalidad del Decreto 5.314. La medida establece el Estado de Emergencia en todo el territorio nacional por un lapso de 60 días, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Con esta declaración de constitucionalidad,  el Ejecutivo nacional queda facultado para ejecutar acciones extraordinarias,  en materia fiscal, cambiaria, tributaria y de regulación económica durante los próximos 60 días.

El TSJ ordenó la publicación íntegra de la sentencia en la Gaceta Oficial y su difusión en los canales electrónicos del Poder Judicial.

Lea también: "DE POBRES A MAGNATES": HIJOS DE CILIA FLORES - Venezuela sin filtro 

Este es el resumen de la sentencia:

Procedimiento: Constitucionalidad de leyPartes: PRESIDENTA (E) DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. DRA. DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZDecisión: Esta Sala es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto N.° 5.314, dictado por la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días. Declara la CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N° 5.314, dictado por la Presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días y ORDENA la PUBLICACIÓN de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional que declara: La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto N.° 5.314, dictado por la Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.Ponente: Ponencia Conjunta

Decenas de profesores, trabajadores y jubilados acudieron al  Tribunal Supremo Justicia (TSJ) para exigir una respuesta a la demanda introducida en la Sala Constitucional sobre la omisión en materia de aumento salarial.

El recurso presentado  busca  establecer mecanismos que permitan un ajuste salarial acorde al costo de la vida y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores 

Uno de los voceros de los manifestantes, Dick Guanique, integrante del Comité Ejecutivo de la CTV recordó que el recurso fue presentado el pasado 2 de febrero.

“Ellos tenían cinco días para dar respuesta y han pasado dos meses y todavía no nos han respondido. Hemos venido a exigirle al TSJ que diga qué ha pasado. Necesitamos una respuesta porque van cuatro años sin un aumento salarial”, dijo.

Los asistentes a la concentración señalaron que la situación se ha vuelto insostenible.

 "Los salarios actuales no cubren necesidades básicas como alimentación, transporte y salud. No se trata de un aumento, se trata de dignidad”, dijeron.

Igualmente, advirtieron que las acciones de calle van a seguir, así como la presión  a las instituciones, “hasta obtener una respuesta del TSJ".

En una sentencia conjunta, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Minas, sancionada la semana pasada por la Asamblea Nacional.

Se trata de una norma que contiene 131 artículos y que tiene  “por objeto regular lo relativo a las minas, la gestión de los recursos minerales existentes en el territorio nacional y la actividad minera”.

Los magistrados ponentes de la sala, luego de revisar la ley, determinaron, “de manera diáfana, que la ley en cuestión reviste la naturaleza de una norma “marco” o “cuadro” que sirve de base ineludible para el desarrollo de otras leyes, configurándose así el cuarto supuesto previsto en el citado artículo 203 constitucional”.

Agrega que “este carácter se materializa al articularse de forma armónica con el numeral 16 del artículo 156 de la Constitución, el cual reserva a la competencia exclusiva del Poder Público Nacional el régimen y administración de las minas”.

Lea también: NO BASTA con la LEY: Venezuela enfrenta el poder de la minería ilegal y los grupos armados

Igualmente, sostiene que “aunado a lo anterior, esta Sala Constitucional constata que la referida ley converge paralelamente en el tercer supuesto contenido en el artículo 203 de la Constitución, toda vez que está dirigida a desarrollar material y jurídicamente derechos y garantías constitucionales de innegable trascendencia, tanto en su dimensión ambiental como socioeconómica”.

En materia ambiental, destaca que la ley  “desarrolla plenamente los postulados contenidos en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución, relativos a la obligación del Estado y la sociedad de proteger el ambiente, la ordenación del territorio y la exigencia sine qua non de estudios de impacto ambiental y sociocultural frente a actividades susceptibles de generar daños ecológicos”.

Una vez hechas estas consideraciones, la Sala declara la constitucionalidad de la norma, la cual será entregada a la Presidencia de la República para su promulgación.

 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la “constitucionalidad” de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos sancionada la semana pasada por la Asamblea Nacional (AN).

En su sentencia, publicada el 27 de marzo, la sala se declara competente para dirimir el tema y declara que la norma cumple con los requisitos para ser una ley orgánica.

La ley  “por objeto establecer la base normativa y la habilitación a la Administración Pública para ejecutar ágil y eficazmente los mecanismos necesarios que permitan una mayor celeridad y la optimización de las gestiones y trámites administrativos, a los fines de disminuir los plazos de tramitación y respuesta de las y los ciudadanos a sus solicitudes y peticiones dirigidas a la Administración Pública”, señala el artículo 1 del instrumento legal.

Lea también: Parlamento sanciona la Ley de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos 

En la sentencia, la Sala Constitucional  estima “pertinente destacar que el instrumento normativo sometido a control previo de constitucionalidad no constituye una regulación aislada o meramente instrumental de la actividad administrativa, sino que, por el contrario, se erige como una respuesta estructural del legislador frente a una realidad históricamente caracterizada por la excesiva burocratización, la dilación indebida y la ineficiencia en la tramitación de los asuntos sometidos al conocimiento de la Administración Pública, lo cual incide de manera directa en el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos”.

Igualmente, la Sala Constitucional observa que la Ley Orgánica en referencia recoge  principios que establecen que ”los trámites administrativos deben regirse, entre otros, por la celeridad, la simplicidad, la eficacia y la eficiencia, lo que evidencia una clara correspondencia entre el contenido de la ley y el mandato constitucional … reforzando así su carácter de norma de desarrollo directo del Texto Fundamental".