Luego de más de dos semanas desde que fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN), este jueves fue publicada en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que permitirá la renovación completa del sistema  judicial en Venezuela.

La reforma fue publicada  en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 7.074, con fecha del 15 de septiembre de 2026.

Esta reforma fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 1 de septiembre y modifica, entre otros aspectos, la composición y el mecanismo de designación del Comité de Postulaciones Judiciales, que se encarga del proceso de selección de los magistrados del TSJ.

Según el artículo 65, el Comité estará integrado por 23 miembros, cuya designación deberá contar con el respaldo de las dos terceras partes de los integrantes de la plenaria de la Asamblea Nacional.

Se trata de 11 diputados y 12 representantes postulados por distintos sectores de la sociedad.

En primer lugar, la Asamblea Nacional deberá conformar una Comisión Preliminar integrada por los 11 parlamentarios, que tienen que convocar a los ciudadanos para completar la entidad.

 Esta convocatoria deberá difundirse a través de la página web y las redes sociales del Parlamento, así como mediante al menos tres publicaciones en tres diarios de circulación nacional.

El texto establece que la Comisión Preliminar tendrá la responsabilidad de recibir, preseleccionar y presentar ante la plenaria las postulaciones, bajo un procedimiento definido como público y transparente. Además, deberá garantizar la paridad de género y la participación de grupos discriminados, marginados o vulnerables.

Una vez instalado formalmente el Comité de Postulaciones Judiciales, los 11 integrantes de la Comisión Preliminar pasarán a formar parte de este organismo, cuyo período de funcionamiento será de dos años.

 La reforma del sistema de justicia forma parte de los acuerdos de la primera ronda de conversaciones enre la AN del 2015 y la actual.

 La tarde de este martes,  la Asamblea Nacional (AN) sancionó por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Se trata de uno de los acuerdos de la mesa de diálogo y que se enmarca en el proceso de transformación del sistema de justicia  convocado por la presidenta, Delcy Rodríguez.

La reforma parcial busca regular la estructura, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Entre los principales cambios destaca la reestructuración del Comité de Postulaciones a 23 integrantes, conformado por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil.

 La reforma del TSJ empieza a moverse después de semanas de presión y como producto del proceso de diálogo entre el parlamento actual y la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, pero el primer paso se da con letras pequeñas: el chavismo deja claro que el legislativo que controla marcará el compás de estas modificaciones.  

Más en nuestro canal de YouTube.

Como estaba previsto en los acuerdos de la mesa de diálogo, la Asamblea Nacional inició la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, con miras a la reforma del sistema judicial. 

El proyecto, aprobado en primera discusión, contempla la reforma del artículo 65 de la ley, para aumentar a 23 el número de integrantes del Comité de Postulaciones. 

De estos 23, 12 representarán a la sociedad civil y 11 serán diputados. El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, destacó que este proceso de reforma del sistema judicial ya se había iniciado antes de la mesa de diálogo. 

También destacó que en Venezuela siempre ha privado la característica del diálogo para resolver problemas. 

"Si algo ha caracterizado los gobiernos existentes desde 1999 hasta la fecha, ha sido el talante y el proceso del diálogo constructivo". 

Igualmente, felicitó que estas conversaciones con la oposición se estén dando entre venezolanos. Por otro lado, se refirió a otro aspecto del acuerdo firmado el 12 de agosto, en relación con el oro venezolano en Londres. 

"Si conseguimos, como esperamos hacerlo, recuperar el oro ilegítima e indebidamente retenido en Gran Bretaña, ese dinero íntegro irá para atender a las víctimas del doblete sísmico y las necesidades de la población", dijo.

Este es el proyecto aprobado en primera discusión.

civil

Se acerca la segunda ronda de negociaciones en Venezuela, pero la gran promesa sobre reformar el TSJ y el sistema judicial avanza a paso de morrocoy, sin que se conozca algún progreso o adelanto por parte del chavismo o de la Asamblea Nacional 2015. la demora abre sospechas sobre si hay una voluntad real de avanzar en la transición. 

Más información en nuestro canal de YouTube.

El dirigente opositor Omar González Moreno propuso acelerar la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y rectores del Consejo Nacional Electoral, mediante un mecanismo excepcional y transitorio, en lugar de someter al país a un procedimiento ordinario que podría prolongarse hasta seis meses.

“Venezuela está en una emergencia institucional. No podemos perder medio año discutiendo nombramientos mientras permanecen intactas las estructuras que durante años convirtieron la justicia y el voto en instrumentos del poder. Se necesitan soluciones inmediatas, excepcionales y estrictamente temporales”, afirmó.

González Moreno sostuvo que el objetivo no debe ser designar ahora autoridades para largos períodos constitucionales, sino establecer un TSJ y un CNE provisionales, independientes y con funciones claramente delimitadas, capaces de ofrecer las garantías indispensables para avanzar hacia una elección presidencial y un verdadero cambio de gobierno.

“No se trata de sustituir unas cuotas por otras ni de repartirse el TSJ y el CNE entre partidos. Eso sería repetir los mismos vicios que destruyeron nuestras instituciones. Los nombramientos definitivos deben corresponder a una Venezuela plenamente democrática, con un nuevo gobierno y poderes públicos legítimos”, enfatizó.

Lea también: Jorge Rodríguez destituye a Antonio Ecarri de la presidencia del grupo de amistad con EE. UU.

El dirigente político advirtió que utilizar procedimientos concebidos para tiempos de normalidad en medio de una transición extraordinaria puede convertirse en una maniobra para retrasar el cambio.

“Seis meses en las actuales circunstancias son una eternidad. Cada semana de demora beneficia a quienes quieren eternizarse en el poder. La transición necesita velocidad, reglas claras y una fecha cierta para que los venezolanos puedan decidir quién los gobierna”, señaló.

González Moreno insistió en que las autoridades temporales tendrían una misión concreta: garantizar independencia judicial, recuperar condiciones electorales y despejar el camino hacia una elección presidencial libre, transparente y verificable.

“Primero hay que abrir las compuertas de la democracia. Después, un nuevo gobierno legítimo deberá encabezar, conforme a la Constitución, la reconstrucción definitiva del TSJ, del CNE y del resto de las instituciones. Venezuela no puede cambiar de gobierno con los mismos guardianes del viejo régimen custodiando la justicia y las elecciones”, exclamó.

Nota de prensa

En las últimas dos décadas, el Estado venezolano ha desarrollado una política de intervención sobre las universidades públicas, orientada a controlar el sistema de educación superior. Este proceso tuvo como uno de sus primeros hitos la creación de la Misión Sucre, en 2003, y posteriormente de la Misión Alma Mater, en 2009. Bajo este modelo se consolidó progresivamente un sistema paralelo de instituciones de educación superior, caracterizado por una fuerte dependencia del Ejecutivo Nacional y, según las denuncias documentadas, por prácticas de adoctrinamiento y control político, según revela el Informe «El sistema paralelo universitario en Venezuela 2003-2019» del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA.

Desde Aula Abierta hemos denunciado en los últimos años la implementación de esta política de Estado dirigida a intervenir y debilitar la autonomía de la universidad pública venezolana, así como la creación y expansión de un sistema paralelo de carácter intervencionista que ha pretendido cooptar progresivamente el sistema de educación superior del país. 

Esta situación alcanza ámbitos fundamentales del Estado en los que la universidad desempeña un papel determinante, particularmente en la formación y acreditación de profesionales que posteriormente participan en procesos de alta relevancia nacional como lo es la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Ante el proceso de revisión de aspirantes a ser magistrados del TSJ, resulta fundamental examinar las credenciales de cada candidato, las universidades que certificaron su formación, los programas académicos cursados y las instituciones o actores que respaldaron sus postulaciones. 

Es clave la revisión exhaustiva de las provenientes de universidades públicas, distinguiendo si son emitidas por universidades autónomas como UCV, ULA, LUZ, UC, USB, UCLA, o si provienen de universidades experimentales o del sistema paralelo universitario que ha sido recurrentemente denunciado como una estrategia de control político del sistema de educación superior en el país por parte del Ejecutivo Nacional.

 Este análisis permite identificar posibles vínculos entre la intervención estatal en la educación superior y la conformación de instituciones fundamentales de justicia en el país, lo cual es clave para la reconstrucción democrática e institucionalidad de Venezuela.

El sistema paralelo de educación superior creado a partir de la Misión Sucre y posteriormente ampliado con la Misión Alma Mater consolidó un modelo universitario dependiente del Ejecutivo Nacional y sin autonomía, bajo el argumento de ampliar el acceso a la educación superior. Sin embargo, desde Aula Abierta se ha documentado que este modelo ha favorecido la imposición de un pensamiento único, limitando el pluralismo y propiciando espacios de proselitismo y adoctrinamiento político dentro de las instituciones.

Desde 2010, Aula Abierta ha registrado al menos 50 decisiones judiciales que afectan estos derechos, de las cuales aproximadamente el 74 % suspendieron procesos electorales de autoridades, órganos de gobierno y cogobierno universitario, o intervinieron en sus normas internas. Un caso emblemático fue la sentencia N.º 0324 de la Sala Constitucional del TSJ, de 2019, que modificó las reglas de elección universitaria y, según el análisis de Aula Abierta, vulneró la autonomía consagrada en el artículo 109 de la Constitución.

El panorama nacional evidencia la dimensión de esta política de intervención. Ante la opacidad de la información pública, Aula Abierta y otras instituciones de la sociedad civil y universitarias han realizado esfuerzos extraordinarios por recabar información. De las 86 universidades públicas identificadas, al menos 5 son autónomas; 31 forman parte del sistema paralelo creado mediante las Misiones Sucre y Alma Mater; y 50 son experimentales, de las cuales, hemos recibido denuncias sobre que, al menos 30 han sido intervenidas por el Gobierno nacional. Esta configuración refleja un proceso sostenido de debilitamiento de la autonomía universitaria y de las condiciones necesarias para garantizar la libertad académica, el pensamiento plural y el debate democrático en la educación superior.

El informe Intervencionismo del Poder Ejecutivo en las universidades venezolanas (2003-2022) de Aula Abierta revela que en la región Andes, se cuenta con al menos 11 universidades públicas, de las cuales 1 es pública autónoma, 5 pertenecen al sistema universitario paralelo y 5 son experimentales y se encuentran, según denuncias recibidas, intervenidas por el gobierno nacional, entre éstas: 1) Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (UNEFA) 2) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez 3) Universidad Nacional Experimental del Táchira 4) Universidad Nacional Experimental del Sur del Lago «Jesús María Semprún» 5) Universidad Nacional Abierta.

En Occidente, se tiene un total de 19 universidades públicas, de las cuales 2 son públicas autónomas, 8 pertenecen al sistema universitario paralelo y 9 son experimentales, sin embargo, para el momento de la elaboración del informe se recibieron denuncias que al menos 6 de ellas se encuentran intervenidas por el Estado venezolano, entre éstas: 1) Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) 2) Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB) 3) Universidad Nacional Experimental Sur Del Lago Jesús María Semprún (UNESUR) 4) Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) 5) Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) 6) Universidad Nacional Abierta (UNA)

Ante la posible designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), surge una interrogante fundamental: ¿qué formación reciben quienes aspiran a ejercer funciones de tan alta responsabilidad pública? El proceso de designación involucra a la universidad desde su génesis, tanto por la formación y acreditación académica de los postulantes como por la participación de actores universitarios en sus postulaciones. Por ello, valorar las credenciales de cada candidato exige conocer su trayectoria académica, los programas cursados, las instituciones que otorgaron sus títulos y el contexto en el que fueron obtenidos.

Este análisis debe plantearse desde criterios objetivos y sin descalificar a ninguna institución. Al mismo tiempo, resulta legítimo formular preguntas sobre los estándares de formación y acreditación: ¿cómo debe valorarse un título de pregrado o doctorado proveniente de una institución cuya oferta académica, escolaridad presencial, sede física o programas de estudio no son verificables?; ¿deben evaluarse bajo los mismos criterios las credenciales de un candidato formado en una institución del sistema paralelo y las de otro que haya cursado durante años distintos programas en universidades autónomas como la UCV, LUZ, ULA, USB, UC, UCLA, entre otras?

Más que cuestionar el origen institucional de un título, el debate exige establecer criterios transparentes y verificables para valorar la idoneidad académica de quienes aspiran a integrar el máximo órgano de justicia. En consecuencia, resulta clave examinar de manera individual las universidades que acreditaron a cada postulante, la trayectoria y características de los programas cursados, su formación académica y la institución o actores universitarios que respaldaron su postulación. Solo así podrá determinarse si existen estándares adecuados para garantizar la excelencia, independencia y legitimidad de quienes ejercerán funciones fundamentales del Poder Público. Este ejercicio es clave para fortalecer la democracia y avanzar hacia la reinstitucionalización de Venezuela, mediante instituciones públicas sólidas e independientes.

Con información de Aula Abierta

LA MESA DE NEGOCIACIÓN ENTRA EN UNA NUEVA FASE SOBRE GARANTÍAS POLÍTICAS Y CIVILES PREVISTAS PARA SEPTIEMBRE, PERO EL CHAVISMO YA SALIÓ A DISPUTAR EL RELATO DEL PRIMER ACUERDO. 

DIOSDADO CABELLO ASEGURA QUE LA REFORMA DEL SISTEMA JUDICIAL FUE UNA PROPUESTA DEL OFICIALISMO “DESDE HACE MUCHO TIEMPO”, MIENTRAS DINORAH FIGUERA HABLA DE UNA RUTA QUE INCLUYE TSJ, CNE, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y GARANTÍAS PARA TODOS LOS VENEZOLANOS. 

LA NEGOCIACIÓN AVANZA, PERO TAMBIÉN EMPIEZA LA PELEA POR QUIÉN CAPITALIZA SUS RESULTADOS.

Más en nuestro canal de YouTube.

La primera fase de la negociación entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la oposición termina con dos anuncios de alto voltaje político: usar los activos venezolanos congelados en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto y renovar completamente el TSJ chavista. 

Puntos sensibles y de interés para quienes controlan la justicia y buscan el dinero bloqueado por sanciones. 

El Tribunal Supremo de Justicia, reunido en Sala Constitucional, determinó que está apegado a la Carta Magna el decreto 7.066 mediante el cual la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declara el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional por 60 días.

El resumen de la sentencia fue publicado este martes en el sitio web del TSJ.

A continuación el documento:

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó la devolución de los bienes embargados a la empresa estadounidense Halliburton de Venezuela S.A. y autorizó el reinicio de sus operaciones productivas en el país, en una decisión que busca reactivar activos considerados estratégicos para la industria petrolera nacional.

La medida fue adoptada por la Sala de Casación Social del máximo tribunal, luego de admitir un recurso de avocamiento relacionado con varios procesos judiciales que se seguían en tribunales laborales de Cabimas, estado Zulia. Esos casos estaban vinculados con demandas interpuestas por extrabajadores de la compañía para reclamar prestaciones sociales y otros beneficios laborales.

 Como parte de la decisión, el TSJ ordenó que el depositario judicial entregue a Halliburton los bienes muebles e inmuebles que habían sido objeto de embargo, permitiendo que la empresa los administre nuevamente bajo la figura de depositaria con facultades de uso, goce y disfrute.

El fallo establece que dichos activos podrán ser utilizados para reactivar las operaciones de la compañía en Venezuela, al considerar que su infraestructura y equipos son fundamentales para la prestación de servicios especializados al sector de hidrocarburos.

En la sentencia, los magistrados sostienen que los bienes de Halliburton poseen un carácter «estratégico y crítico para la industria de hidrocarburos», razón por la cual consideran prioritario mantener la empresa en funcionamiento y preservar su capacidad operativa.

Además, el tribunal designó un veedor judicial que tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la medida, elaborar un inventario de los activos y presentar informes periódicos sobre la ejecución de la decisión. Asimismo, comisionó al Circuito Judicial del Trabajo del estado Zulia para concretar la entrega de los bienes a la empresa.

La decisión judicial se produce en un contexto en el que Halliburton ha manifestado interés en retomar plenamente sus actividades en Venezuela, luego de reducir significativamente sus operaciones en 2020 debido al endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra el sector petrolero venezolano. En los últimos meses, la compañía había expresado que estaba preparada para regresar al país una vez existieran condiciones legales, comerciales y de pago que ofrecieran mayor seguridad para sus inversiones.

La devolución de los activos y la autorización para reanudar operaciones podrían facilitar ese proceso, en medio de los esfuerzos por incrementar la producción petrolera venezolana y atraer nuevamente a empresas internacionales de servicios energéticos.

Aunque la sentencia permite la recuperación de los bienes embargados y el reinicio de actividades, los procesos laborales que dieron origen a los litigios continúan formando parte del expediente judicial, mientras el veedor designado deberá garantizar que se cumplan las condiciones establecidas por el TSJ.

Con información de TSJ y Últimas Noticias

El Parlamento  informó este viernes sobre la postulación de 561 personas para los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma de ley con la que el Gobierno busca cambiar el sistema judicial.

Entre los candidatos está la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton -quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015-, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Luis Emilio Rondón González, exrector de la institución, según la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN – Parlamento) en Telegram.

Esto no es raro en Venezuela. Hay casos como el de la actual magistrada del TSJ, Tania D'Amelio, quien primero fue diputada de la AN y luego rectora del CNE. 

Así mismo, el Comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura.

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Lea también: Comité de Postulaciones publica lista de preseleccionados a cargos para el Poder Judicial: son m

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes -Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social- por tres.

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

En mayo, Rodríguez dijo que -en un primer análisis- encontraron tres grandes desafíos al sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».

Con información de Efe

La aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha sido más restrictiva de lo que muchos esperaban. A pesar de que su objetivo declarado es promover la reconciliación nacional y facilitar la reintegración de procesados o condenados por razones políticas, centenares de personas todavía permanecen privadas de libertad. 

Según cifras recientes de Foro Penal, más de 400 personas continúan detenidas por motivos políticos.

Sin embargo, según la ONG, Acceso a la Justicia,  dos recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parecen abrir tímidamente el camino hacia una interpretación progresiva de la ley.

 Tanto la Sala Constitucional como la Sala de Casación Penal han optado por soluciones que facilitan el acceso a los beneficios de la amnistía, en consonancia con el artículo 5 de la propia ley, que ordena resolver cualquier duda interpretativa de la manera que más favorezca la protección y garantía de los derechos humanos.

Lea también: Cuestionan aumento de los magistrados del TSJ: NO RESUELVE LA CRISIS EN LA JUSTICIA 

La primera decisión relevante fue la sentencia n.° 517 de la Sala Constitucional del 13 de mayo de 2026, mediante la cual se levantaron las medidas cautelares que pesaban sobre el economista Alejandro Grisanti. 

La Sala dejó sin efecto la prohibición de salida del país, la prohibición de enajenar y gravar bienes y el bloqueo de cuentas bancarias que decretó el 11 de abril de 2019, mediante sentencia n.º 74.

Lo más importante de la decisión del 13 de mayo no fue solo el levantamiento de las medidas cautelares, sino que la Sala Constitucional se declaró competente para conocer una solicitud relacionada con la Ley de Amnistía, aun cuando su competencia no está prevista expresamente en la norma. 

Para justificarlo, sostuvo que: «la amnistía puede instituirse entonces, como una respuesta normativa orientada a la clausura de litigios sociales y al fortalecimiento de la cohesión nacional. La amnistía prevista constituye un mecanismo de alivio jurídico y reencuentro civil, fundamentado en la igualdad ante la ley y la justicia transicional. El texto se supedita a la supremacía constitucional, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la convivencia democrática».

Asimismo, la Sala reconoció que los hechos atribuidos a Grisanti podían encuadrarse dentro del numeral 8 del artículo 8 de la Ley de Amnistía, referido a actuaciones relacionadas con la Asamblea Nacional del período 2016-2021 y el desconocimiento de instituciones y autoridades públicas.

No obstante, el TSJ no concedió la amnistía. La decisión se limitó a revocar las medidas cautelares dictadas en 2019 contra Grisanti y remitir el asunto al Ministerio Público (MP) para que este evaluara la procedencia de la amnistía dentro de la investigación penal correspondiente.

. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de que posteriormente el MP y el tribunal penal competente decreten formalmente la amnistía y el correspondiente sobreseimiento.

Aunque el beneficio otorgado fue parcial, la decisión tiene relevancia porque crea una vía procesal que no existía claramente hasta ahora y reconoce de manera expresa que la amnistía es una materia de interés general susceptible de ser examinada por la Sala Constitucional.

La segunda decisión provino de la Sala de Casación Penal mediante la sentencia n.° 346 del 2 de junio de 2026.

En esta oportunidad, la Sala advirtió la existencia de un vacío legal en el artículo 12 de la Ley de Amnistía. La norma establece la posibilidad de impugnar determinadas decisiones relacionadas con la amnistía, pero no indica cuál es el órgano competente para conocer de los recursos cuando la decisión impugnada ha sido dictada por una Corte de Apelaciones actuando en primera instancia en casos en los que hay condena conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley.

Ante esa omisión, la Sala Penal consideró que una interpretación literal de la ley podía dejar sin protección el derecho a la tutela judicial efectiva y al doble grado de jurisdicción. Por ello decidió asumir excepcionalmente la competencia para conocer estos recursos de apelación, integrando el ordenamiento jurídico a fin de evitar que los solicitantes de amnistía quedaran sin posibilidad de revisión judicial.

La decisión es especialmente relevante, porque garantiza que una negativa de amnistía dictada por una Corte de Apelaciones no sea definitiva e inapelable por simple silencio del legislador.

Ambas decisiones tienen un denominador común: frente a vacíos o dudas interpretativas, el TSJ optó por soluciones que favorecen el acceso a los beneficios de la Ley de Amnistía.

En el caso Grisanti, la Sala Constitucional reconoció una competencia que no estaba prevista expresamente para tramitar una solicitud relacionada con la amnistía. En el caso de la Sala Penal, esta llenó un vacío legal para garantizar el derecho a recurrir de quienes vean rechazada una solicitud de este tenor.

Estas interpretaciones parecen ajustarse al principio establecido en el artículo 5 de la Ley de Amnistía, según el cual cualquier duda sobre su interpretación o aplicación debe resolverse en el sentido más favorable a la protección de los derechos humanos.

Aunque todavía es pronto para afirmar que existe un cambio definitivo en la forma como se está aplicando la ley, ambas decisiones constituyen señales positivas que podrían facilitar que más personas puedan acceder efectivamente a los beneficios previstos por el legislador.

El secretario general del MAS, Felipe Mujica, planteó que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia debe abrir paso a la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, como parte de los cambios institucionales necesarios para recuperar la autonomía de los poderes públicos.

Mujica valoró la prórroga otorgada al proceso de postulaciones para magistrados del TSJ, inicialmente previsto para concluir el pasado fin de semana, al considerar que permitirá una mayor participación de aspirantes. 

En ese sentido, sostuvo que la conformación del máximo tribunal debe responder a criterios de capacidad, experiencia y pluralidad.

El dirigente recordó que recientemente fueron designadas nuevas autoridades en la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, procesos que el MAS calificó como plurales.

 Manifestó que el mismo criterio prevalezca en las próximas renovaciones institucionales, incluida la eventual designación de un nuevo (CNE).

"La recuperación de la autonomía de los poderes públicos es una condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el funcionamiento independiente de las instituciones del Estado", afirmó.

La incertidumbre económica 

En materia económica, advirtió que la incertidumbre continúa siendo una de las principales preocupaciones de los venezolanos.

 Aunque reconoció las expectativas existentes en torno al sector petrolero y su posible impacto sobre la economía nacional, señaló que la recuperación requerirá tiempo y medidas estructurales.

Indicó que entre los desafíos prioritarios se encuentra la reactivación del sistema financiero, con una banca capaz de operar plenamente mediante el otorgamiento de créditos, el financiamiento de proyectos productivos y el respaldo a la actividad empresarial. 

Asimismo, subrayó que la recuperación económica debe traducirse en mejores salarios y condiciones de vida para los trabajadores.

Mujica destacó que empresarios, gremios y representantes del sector bancario han coincidido en la necesidad de impulsar medidas que permitan modernizar y fortalecer el sistema financiero venezolano, afectado por años de restricciones y limitaciones operativas.

En el ámbito internacional, el dirigente del MAS saludó la realización de las elecciones presidenciales en Perú y destacó la importancia de la alternabilidad democrática, independientemente del resultado de los comicios.

"La posibilidad de que distintas fuerzas políticas accedan al poder mediante el voto constituye una característica fundamental de las democracias modernas y Venezuela debe avanzar hacia un escenario donde los ciudadanos decidan libremente quiénes gobiernan el país", sentenció.

Finalmente, Mujica reiteró la solicitud de que se esclarezcan las razones por las cuales le fue retirada al MAS su tarjeta electoral en 2024, al igual que a los partidos Puente y Unión y Progreso.

 Recalcó que la participación de todas las organizaciones políticas es esencial para fortalecer las garantías democráticas en futuros procesos electorales.

Con información de nota de prensa 

La ONG Acceso a la Justicia exhortó este viernes a la Asamblea Nacional (AN) a elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con las reglas claras y de cara al país.

Por ello pidió que el Parlamento publique las reglas, cronograma, así como los criterios de evaluación para la elección de los jueces.

“Sin estos elementos, el proceso corre el riesgo de reproducir prácticas opacas que han caracterizado las designaciones anteriores”, señaló la organización en una nopta en su web.

A su juicio, la ausencia de información oficial sobre las vacantes que hay en el TSJ y las condiciones del proceso de selección debilita la confianza en una instancia fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia y el Estado de derecho.

“La correcta conformación del máximo juzgado no solo tiene implicaciones institucionales, sino que incide directamente en la garantía del acceso a la justicia y en la tutela judicial efectiva”, añadió.

Ante esto, pidió al Parlamento publicar las reglas del proceso, el cronograma, los criterios de evaluación y los mecanismos de participación ciudadana.

La organización no gubernamental sostuvo que el proceso para renovar a los magistrados del TSJ abre una nueva etapa institucional que, “lejos de estar marcada por la transparencia y la independencia judicial, vuelve a generar dudas sobre ambos aspectos, esenciales para garantizar una administración de justicia imparcial e idónea”.

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas a postularse hasta el próximo 6 de junio a los cargos de magistrados del TSJ, que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma en la ley con la que el Gobierno busca cambiar el sistema judicial.

Lea también: ESCUDO DE IMPUNIDAD: Macabra ruta del crimen de Yulixa Toloza 

La AN sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros 12 que siguen ejerciendo en la corte.

En un mensaje en Telegram, el órgano legislativo informó también sobre la apertura del proceso para nuevos inspectores del Supremo, así como para el cargo de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por diez miembros de la sociedad civil y 11 diputados, se instaló el pasado 20 de mayo para comenzar a organizar el proceso de evaluación de candidaturas de magistrados.

El presidente de la comisión, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, estimó entonces que el proceso completo se tome 45 días, aproximadamente, aunque afirmó que “puede ser menos”, lo que dependerá, agregó, del desarrollo de la fase de impugnaciones.

Con información de EFE

Luego de  la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de parte de la Asamblea Nacional (AN), el Comité de Postulaciones Judiciales tomará la norma cambiada como base para designar a los nuevos magistrados.

 El anuncio lo hizo el diputado Félix Freites, miembro de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales, quien informó que se espera la publicación del cronograma oficial de postulaciones para los próximos días.

Adelantó que "eso tardará alrededor de unos 60 días, 80 días para completar el proceso" de selección de los magistrados.

 La reforma de la ley se hizo en el artículo 8, que permite llevar de 20 a  32 el número de magistrados del TSJ. De manera que cada sala tendrá 5 magistrados, menos la Sala Constitucional, que tendrá 7. “Esta modificación busca optimizar los procesos judiciales y la arquitectura institucional del máximo tribunal”, dijo.

Freites precisó que actualmente se encuentra activa una Comisión Preliminar, la cual tiene la tarea de designar a los representantes de la sociedad civil.

Lea también: AN sanciona la reforma de la Ley del TSJ para aumentar a 32 el número de magistrados

"Se elegirán 10 personas de la sociedad civil, que junto a los 11 diputados de la AN conformarán el Comité de Postulaciones de 21 integrantes que deben definir un cronograma", detalló.

En entrevista para Unión Radio, enfatizó en la necesidad de seleccionar magistrados y jueces basados en su formación académica y trayectoria profesional, porque hay más de 2.000 jueces provisionales que ejercen sin haber pasado por concursos de oposición.

“Necesitamos refrescar el poder judicial y, sobre todo, hay que entender cuál es el problema de fondo en el sistema de justicia. Avanzar hacia un perfil de magistrados que pueda comenzar esta reestructuración con bases sólidas, con jueces con credenciales, trayectoria y bases que garanticen el acceso a la justicia como establece la Constitución”, puntualizó Freites.

La "tercera ola" del chavismo ejecuta un movimiento sísmico en el TSJ.

 Bajo la excusa de la celeridad procesal, la reforma judicial oculta una purga política: el desmantelamiento de la herencia de Nicolás Maduro para instaurar el dominio absoluto del clan Rodríguez. 

No se trata de cuántos exmagistrados hay, sino de a quién responden las nuevas sillas del poder.

Te contamos más en nuestro canal de YouTube.

Lea también: AN sanciona la reforma de la Ley del TSJ para aumentar a 32 el número de magistrados

El abogado y activista por los derechos humanos, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, cuestionó el aumento del número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a 32.

Considera que es una respuesta insuficiente ante la crisis  estructural que tiene la administración de justicia en el país.

Entrevistado por Unión Radio, Daniels sostiene que el problema no es la cantidad de magistrados sel TSJ, sino los tribunales de instancia y las fiscalías.

Informó que hay fiscales y jueces que enfrentan cargas de hasta tres mil casos cada uno.

Dijo que desde el año 2017, el sistema de justicia no publica las sentencias y prohíbe el acceso de la prensa a las audiencias.

“Que se permita que las sentencias de los tribunales penales se publiquen, porque la gente tiene el derecho a saber cual es el contenido a la decisión que hay en su contra”, pidió.

Con información de Unión Radio.

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN)  sancionó en la sesión de este martes la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

La reforma se hizo puntualmente para cambiar el artículo 8 que establece la cantidad de magistrados que deben conformar el máximo tribunal.

Es así como de ahora en adelante, el TSJ pasa a estar conformado por 32 magistrados.

De esta forma, la Sala Constitucional pasa a contar con 7 magistrados y las demás salas con 5.

En el debate, diputados de la oposición intentaron hacer propuestas para hacer otros cambios, pero el presidente de AN, Jorge Rodríguez, recordó que el reglamento interior del cuerpo establece que la segunda discusión se hace sobre la base del proyecto presentado y de los artículos discutidos en la consulta.

Una vez sancionada la reforma de la ley, solamente se espera por su promulgación de parte del Ejecutivo.

Está reforma se aprobó paralelamente al proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Una vez que esta instancia comience a funcionar, trabajará para elegir a los magistrados que llenarán las vacantes de aquellos que se jubilaron en el TSJ y también para completar el número de jueces hasta llegar a 32, con sus respectivos suplentes.

  La transición en Venezuela no solo enfrenta resistencia política y militar. El verdadero muro sigue siendo el Tribunal Supremo de Justicia, un sistema señalado de blindar al chavismo, bloquear investigaciones y garantizar control institucional. 

La nueva reestructuración impulsada por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, revela una disputa interna por el poder judicial, donde magistrados ligados a Nicolás Maduro y Cilia Flores comienzan a ser reemplazados por figuras cercanas al nuevo núcleo político dominante.

Mientras se habla de transición, el chavismo reorganiza el TSJ para mantener el control sobre elecciones, investigaciones y decisiones constitucionales.  

Esto es Venezuela en profundidad.

Lea también: Caso de Víctor Hugo Quero "es una aberración", denuncia el director para las Américas de HRW