El Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió desde el pasado 10 de diciembre 4.015 cédulas de identidad en la población de Tumeremo, cercana a la Guayana Esequiba, informó este sábado el organismo.

Este operativo del Saime se realiza tras el decreto presidencial ordenado por mandato del referendo sobre el Esequibo para poblar el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que el país se disputa con Guyana.

Una nota de prensa se explica que “un total de 4.015 documentos de identidad” fueron emitidos “durante la jornada especial” con la que el Ejecutivo Nacional busca ofrecer la nacionalidad venezolana a quienes residen en el área bajo pleito, controlada por Georgetown.

La jornada ha atendido a más de 30 sectores del municipio Sifontes, fronterizo con la Guayana Esequiba, “así como a seis unidades educativas, lo que ha beneficiado a las comunidades indígenas de la región”, dice el escrito.

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Sin embargo, el Saime se para por motivo de festividades navideñas y Año Nuevo y prevé retomar este trabajo el próximo 8 de enero “para continuar con la renovación del documento, así como la cedulación por primera vez” en esta localidad del estado amazónico Bolívar, también limítrofe con Brasil, recogió la agencia EFE.

A través de Instagram, la institución compartió varias fotografías y videos que dan cuenta de la entrega de cédulas en esta ciudad minera, en la que, provisionalmente, se asentarán las instancias de poder.

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Desde el pasado jueves #28Oct dos contingentes militares de envergadura, bajo el mandato de Nicolás Maduro, tomaron la población de Tumeremo, en el estado Bolívar, para realizar allanamientos, patrullaje y tratar de tomar el control de dicha zona minera.

Así lo denunció la organización no gubernamental FundaRedes, quienes en las redes sociales dieron detalles sobre la movilización militar.

«Este 28 de octubre una gran cantidad de tanques, volquetes, helicópteros y un gran número de efectivos militares en la zona, luego de que un contingente militar bélico de la FANB habría empezado a militarizar la localidad de Tumeremo en la tarde del jueves 27 de octubre», dice FundaRedes.

Este 28 de octubre una gran cantidad de tanques, volquetes, helicópteros y un gran número de efectivos militares en la zona, luego de que un contingente militar bélico de la FANB habría empezado a militarizar la localidad de Tumeremo en la tarde del jueves 27 de octubre pic.twitter.com/nI0sV1DW70

Según la organización, los mineros que en días pasados denunciaron actos irregulares cometidos por militares y policías en la zona, han sido abordados por los uniformados y supuestamente han sido amedrentados.

«Se registran denuncias de allanamientos y atropellos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado sin la debida orden judicial, al mismo tiempo se presume que 30 mineros de la localidad de Imataca habrían sido detenidos, desconociéndose su paradero», explica FundaRedes.

Aunado a los anteriores hechos que evidencian abuso de poder, aviones de combate de la FANB sobrevuelan Tumeremo e ingresan de tanquetas de guerra a esta población, con el fin de desplazar a mineros artesanales de estas zonas auríferas, vulnerando sus derechos fundamentales pic.twitter.com/I7fk1euPeN

Dicen que han llegado equipos anti motines, tanquetas, tanques de guerra, camiones, helicópteros y hasta aviones caza tipo Sukhoi, además de diversos pelotones de militares, quienes mantiene el control de la población.

Según FundaRedes, entre el 17 y 19 de octubre, mineros de Imataca, zona cercana a Tumeremo, denunciaron que fueron víctimas de robos y atropellos por parte de uniformados de la FANB.

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«Situación que obligó al desplazamiento de más de 1.000 mineros. Al menos 200 se encuentran refugiados en zonas montañosas aproximadamente a 10 horas de Imataca, encontrándose mujeres y niños sin condiciones para resguardarse de las hostilidades de un terreno de este tipo», manifiesta FundaRedes.

La administración de Nicolás Maduro estaría en la zona llevando a cabo el operativo Autana 2022, con el fin de atacar a grupos irregulares en la zona, pero según los afectados, han atropellado a mineros legales y población civil.

En cumplimiento de su misión, #FANB no permitirá que grupos terroristas armados asociados al narcotráfico y trata de personas, socaven, destruyan y causen daños irreparables al ambiente ecológico en las Reservas Forestales Venezolanas. pic.twitter.com/qWYagScnHz

Mineros de La Bullita, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, se quejan porque efectivos del Ejército les roban la comida y el oro.

Denunciaron, a través del Correo del Caroní, que esto ocurre desde hace una semana, en un puesto de control del Ejército instalado en una zona ubicada a cuatro horas de Tumeremo.

Los trabajadores de la mina defienden que están legales, porque pagan una “Ley de Arrime al Estado”. Es una especie de impuesto a la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Dicen que, aun as, les quitan el fruto de su trabajo sin ninguna explicación.

La comunidad señala que los militares instalaron la alcabala en la zona de El Candado 7 de septiembre -a una hora de La Bullita. Supuestamente llegaron para movilizar una retroexcavadora que estaba en el sitio.

“No se dedicaron a eso, sino a robarnos, y apuntarnos con sus armas. Aquí hay personas de muchos lugares, y da mucha tristeza lo que está pasando con estos militares”, contó Robinson García, oriundo de Caracas. Él tiene seis años trabajando en la extracción del oro.

Indicó que es imposible trabajar si el Ejército les quita la mitad de la mercancía, la mayoría alimentos, que llevan a la zona aurífera. La Bullita queda a unas cuatro horas del pueblo de Tumeremo, capital de Sifontes. Normalmente trabajan en la zona unas 500 personas, pero durante la pandemia, solo se han quedado 200.

“Sabemos que ellos tienen que comer pero esto no es justo que nos quiten más de la mitad de la comida. Hoy me tenía que llegar una comida, y de una caja de aceite me dejaron tres. De una caja de mantequilla, me dejaron cuatro, y de una caja de harina PAN, solo me dejaron 10”, denunció vía WhatsApp.

El sistema legal de la minería en la zona, desde la instalación del Arco Minero del Orinoco en 2016, funciona así: los pequeños mineros se organizan en compañías. Son una especie de cooperativa, trabajan la tierra y el material aurífero extraído es procesado en molinos, y el lodo (donde está más del 70% del materia aurífero) es vendido y recuperado por las plantas procesadoras instaladas por el Gobierno, en un régimen mixto cuya transparencia es bastante opaco.

El eslabón más débil de la cadena de producción, de la cual sobrevive en parte el régimen de Maduro, son los miles de mineros que se han desplazado al sur del estado Bolívar para sobrevivir a la hiperinflación y la emergencia humanitaria.

El Plan de Arrime, al menos en la zona de Los Candados, establece que quienes trabajan con batea deben pagar un gramo mensual, encuentren oro o no. Quienes tienen barrancos, pagan hasta 17 gramas. Las camionetas Toyota pagan 10 gramas. Las motos, entre 2 y 3 gramas de oro, y los propietarios de maquinarias pagan entre 80 y 100 gramas mensuales. Mientras que las bodegas pequeñas pagan entre 15 y 17 gramas, haya o no producción en la mina.

Esta especie de impuesto, hasta ahora no público, hace que para miles de mineros sea imposible entrar a la mina al no tener garantías de poder producir por la escasez de gasolina y el resto de los insumos.

García destacó que la indignación de la comunidad crece. Hace cuatro meses una alcabala similar se apostó en la entrada de la mina. “No tengo palabras para expresar lo que significa que le quiten a nuestro pueblo, a nuestra gente, el sustento que tanto trabajo le ha costado”.

Ronmarín Iriarte, quien tiene siete años trabajando en la zona minera, indicó que hoy día la producción es menor porque no hay gasolina y están trabajando con bateas, minería artesanal. Desde hace cinco meses las maquinarías están paradas, dijo, porque no les dejan pasar combustible.

“¿Cómo hacemos nosotros para pagar? Tengo cinco meses sin salir de la mina porque, como estamos parados, no es posible salir porque si salgo… ¿cómo entro? No nos van a dejar pasar si no pagamos”.

Iriarte calificó de “arruina” el “plan de arrime” que les impone la Corporación Venezolana de Minería. “Antes trabajábamos más tranquilas, porque solamente estaba el punto de control. Ahora lo que quieren es exprimir todo. Cónchale, eso es injusto. Quisiera que se enterara el mundo, el presidente, porque imagino que él no está enterado de lo que está sucediendo aquí”.

Iriarte condenó que se les quiera calificar de delincuentes. “Aquí lo que hay son familias, hasta niños, porque ustedes saben la situación del país. Esto es la única forma de sustentar las necesidades de nuestra familia”.

Roselyn Salazar también denunció que fue robada por funcionarios del Ejército. “Empezaron a revisarme los papeles, y cuando me di cuenta me quitaron el saquito de comida que traía”.

El gobierno de Nicolás Maduro reconoce en el Plan Sectorial Minero 2019-2025, aprobado en junio de 2019, que en el área de la pequeña minería predomina “la precarización de las condiciones de vida” de los mineros y de las comunidades aledañas al ejercicio de esa actividad.

La extorsión también se ha extendido a los motorizados, denunció García. Para dejarlos pasar a la mina, aseguró, les exigen una grama de oro, y les quitan el combustible.

Amado Hernández, uno de los motorizados, expuso que la única opción que tienen es denunciar a los medios de comunicación porque los funcionarios no les han atendido los reclamos. “Nosotros nos consideramos una base fundamental de la economía del país, porque nosotros aportamos al Estado y lo que sale de aquí va a la economía de Tumeremo, y varias familias”.