Un Mundo Sin Mordaza, ratificó su apoyo a la Consulta Popular cómo mecanismo cívico para rechazar el fraude electoral convocado por Nicolás Maduro.

La ONG destacó que apoya en aras de contribuir a la lucha por la restitución del hilo constitucional y el Estado de Derecho en Venezuela.

También para lograr el cese de la crisis humanitaria compleja que afecta a los venezolanos la principal razón del éxodo masivo de 5.4 millones de venezolanos.

De igual manera exigió a la presidencia interina liderada por Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, resultados y respuestas al pueblo venezolano.

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Un Mundo Sin Mordaza aseguró que los ciudadanos esperan la pronta libertad de Venezuela.  

Ante esto, publicaron  las siguientes interrogantes planteadas a las autoridades:

“Esperamos que esto permita una mayor claridad ante la incertidumbre que agobia a los venezolanos en torno a la situación socio-política y continuaremos poniendo nuestro esfuerzo en que ello se cumpla”, señaló.

La ONG Un Mundo Sin Mordaza junto a organizaciones de venezolanos en el exterior advirtieron que las elecciones del 6D violan los principios democráticos establecidos en la Constitución.

La organización asegura que este proceso  es “fraudulento” y está  “viciado de irregularidades que vulneran el derecho al voto libre de los venezolanos”.

Rodrigo Diamanti, manifestó el sentir de la migración venezolana en rechazo al proceso convocado por autoridades ilegítimas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“En Venezuela se plantea realizar una votación ilegítima de la misma naturaleza de las que se ha venido haciendo desde 2017 con la Constituyente”, dijo.

Según Diamanti, este proceso viola los artículos 296, 298, 186 y 63 de la Constitución.

«No puede llamarse elección porque no cumple los requisitos mínimos del acto de “elegir”, apenas podría denominarse votación”.

Asimismo, denunció que el CNE, usurpando funciones, allanó el camino para darle fachada legal a una votación con la que pretenden robar el Parlamento.

Llaman a la comunidad internacional a no avalar un proceso que no cuenta con las garantías democráticas mínimas para considerarlo una elección.

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“Alertamos a la comunidad internacional y al mundo de este fraude que está próximo a ocurrir en Venezuela. Es un proceso ilegal y sus resultados no debe ser reconocidos”.

“Consideramos que la AN elegida en 2015 seguirá vigente hasta tanto se cuenten con las debidas condiciones electorales”, manifestó.

Igualmente anunciaron su apoyo apoya la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, pues “representa un ejercicio de pluralismo, de participación y protagonismo”.

Un Mundo Sin Mordaza asegura que durante la pandemia de COVID-19 se acentuaron los ataques, violaciones y restricciones contra periodistas, medios y ciudadanos en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

La organización que defiende los derechos humanos, publicó el informe sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela en el primer semestre del año 2020.

Desde enero a julio de 2020 Un Mundo Sin Mordaza documentó 281 casos, registrados por Espacio Público, en los cuales se determinaron  623 violaciones a la libertad de expresión.

Estas violaciones, según el documento, vinculadas al contexto de la pandemia y el decreto de Estado de alarma, lo cual ha servido a las autoridades para hacer uso excesivo del poder.

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Indica que aumentaron las detenciones arbitrarias; 48 periodistas, reporteros gráficos, trabajadores de prensa, sector salud y ciudadanos fueron detenidos, en su mayoría por la Guardia Nacional.

La censura aplicada por la dictadura de Nicolás Maduro  a través de Conatel también estuvo a la orden del día; 13 emisoras de radio y 2 programas televisivos están fuera del aire.

Además, 4 canales de televisión sufrieron una suspensión temporal, 17 páginas web y redes sociales están bloqueadas y un servicio de televisión por satélite que cesó sus operaciones en el país.

También se registraron 75 casos de intimidación, amenazas, hostigamientos y agresiones contra los trabajadores de la prensa.

Estas consistieron en  persecución, retención de equipos y  golpes, que afectaron directamente a más de 188 personas.

Los actos los perpetraron funcionarios de organismos de seguridad, colectivos armados y adeptos al régimen.

Sobre el cierre de DirecTV, la ONG denunció que el Estado venezolano ha violentado de forma sistemática las obligaciones específicas desarrolladas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de Libertad de expresión.

Entre ellos, el pluralismo, protección a periodistas, prevención de declaraciones estigmatizantes y la obligación de adoptar las disposiciones en su derecho interno.

Un Mundo Sin Mordaza responsabilizó al régimen de contribuir indirecta y progresivamente al cese de operaciones de DirecTV en el país.

Esta situación, vulneró el desarrollo del acceso a la información a casi la mitad de la población nacional, 13 millones de usuarios.

El cierre de la empresa vino luego de reiteradas intromisiones para la prestación de su servicio.

Entre ellas, órdenes de sacar de su parrilla de programación a determinados canales informativos por transmitir informaciones que no agradaron a personajes del régimen.

7 canales internacionales están fuera de la parrilla de programación desde 2014.