Un privado de libertad que se encontraba en la sede de los tribunales, en Barquisimeto, estado Lara, bajo custodia bajo funcionarios del Estado, falleció luego de una caída que sufrió desde el segundo piso del Edificio Nacional, como se le conoce a la sede del Circuito Judicial de la entidad.

La ONG, Una Ventana a la Libertad, informó que la víctima es la décima que pierde la vida, este año, estando en custodia del Estado.

Se trata de José de los Santos González Yánez, quien fue detenido en Duaca, capital del municipio Crespo, el jueves 18 de julio de 2024 tras ser señalado como presunto abusador sexual.

A este hombre de 46 años lo trasladaron el viernes al tribunal correspondiente para que el fiscal del Ministerio Público lo presentara ante el juez e iniciara su proceso penal. 

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Durante la mañana del viernes 19 de julio, González Yánez fue trasladado por los funcionarios policiales y luego subieron hasta el segundo piso.

En la espera de la audiencia, el privado de libertad logró zafarse de la custodia y por uno de los grandes ventanales que tiene el Edificio Nacional saltó y cayó a la acera que se ubica en la carrera 16 esquina calle 24 del centro de Barquisimeto.

El hombre cayó a pocos metros de una de las ventanillas de presentación de personas con medidas cautelares que se encuentra en el exterior de la sede de tribunales. 

Esas grandes ventanas del Edificio Nacional la mayoría del tiempo se encuentran abiertas pues adentro de la sede no hay aire acondicionado en los pasillos y, como sucede a diario desde hace decenas de años, los presos se asoman por allí para ver el exterior o saludar y comunicarse con sus familiares. 

González Yánez vestía un pantalón marrón, chemise de rayas y unas chancletas tipo Crocs.

Apenas cayó al piso, se le veía una herida abierta y con fractura en su pie izquierdo. Según testigos, el reo casi no se podía mover y permanecía inmóvil hasta que llegaron sus policías custodios que de inmediato contactaron al Servicios de Emergencias 911 que minutos después arribaron con una ambulancia y en camilla, lo trasladaron a la emergencia del hospital central Antonio María Pineda. 

En horas de la noche, González Yánez falleció por politraumatismos causados en la caída además de un derrame interno que le dejó el impacto en el suelo.

Extraoficialmente se conocieron dos versiones de la causa del suceso: la primera apunta a un intento de fuga mientras que la otra es la del suicidio. 

Según el registro que lleva Una Ventana a la Libertad (UVL) en el estado Lara, González Yánez es el privado de libertad número 10 que fallece en el 2024; segundo de manera violenta.

Un caso muy parecido sucedió en febrero del año 2023 pero en uno de los pisos del hospital central.

Julio César Pineda Flores, un privado de libertad del Cicpc de Carora que estaba recluido en el hospital recibiendo tratamiento por distinta patologías, falleció luego de caer al piso desde una de las grandes ventanas que tiene el centro de salud.

Este preso antes de su muerte estaba siendo investigado por violación y abuso sexual además de que tenía antecedentes por aprovechamiento de vehículo automotor proveniente del delito de robo.

Un bebé de un año de edad fue abusado y asesinado por su propio padre, quien cumplía una condena por abuso de menores en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

La información fue anunciada por la organización no gubernamental Una Ventana a La Libertad, órgano que identifica al abusador de menores como Enrique Antonio Soto Colmenares de 24 años de edad, quien el pasado 14 de diciembre habría cometido el hecho.

Según la información extraoficial, la actual pareja de Soto Colmenares, Karelis Grymayry Arcilla Montilla, habría decidido llevar al niño a la visita conyugal, para celebrar su primer año de vida, junto a su padre en una zona recreativa del centro penitenciario de Aragua.

La mujer habría decidido dejar al menor bajo cuidado de su padre mientras realizaba algunas compras.

Fue el momento que aprovechó Soto Colmenares, según UVL, para abusar de la pequeña víctima.

Karelis Arcilla al volver de las compras para la celebraciónd el cumpleaños del niño, encontró a la criatura ensangrentada, desmayada y con dificultad para respirar

Al parecer, un compañero de celda se percató del hecho y de inmediato todo el penal estuvo en cuenta de lo sucedido.

El niño fue trasladado hasta el ambulatorio San Francisco de Asis, ubicado en el municipio Zamora del estado Aragua, pero posterior a su ingreso y debido a los golpes recibidos falleció.

Soto Colmenares estaba detenido desde hace seis meses por haber abusado sexualmente de un menor de edad. El hombre supuestamente habría amenazado de muerte a la madre del niño, si esta abría la boca o comentaba algo al respecto.

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La investigación del suceso fue iniciada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) organismo que detuvo de inmediato a la madre del pequeño, por ser cómplice en el infanticidio. Actualmente se encuentra tras las rejas de la policía científica.

Una Ventana a la Libertad informa que después de conocido el hecho, los presos de Tocorón procedieron a golpear de manera considerable a Soto Colmenares, quien minutos después de la paliza murió.

Por otra parte, la audiencia en contra de la madre de la víctima, Karelis Arcilla Montilla, no se ha llevado a cabo, pero las autoridades evalúan el traslado de la mujer al anexo femenino en Tocorón, ya que al parecer ya ha sido sentenciada por las propias presas.

Familiares de Pablo Cárdenas, empresario que se encontraba tras las rejas tras ser acusado en el 2016 por el traslado de 359 kilos de droga hacia República Dominicana en una «narcoavioneta», denunciaron que el reo murió por diversas afecciones médicas este #21Jun, las cuales no fueron atendidas.

La denuncia se hizo pública a través de la Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad, ONG dedicada al problema carcelario, quienes aseveran que en los últimos meses han muerto unos once presos en el estado Lara; todos por condiciones médicas por las que esperaban resoluciones humanitarias para atender sus padecimientos, pero nunca llegaron.

Mariaelena Meléndez, esposa de Pablo Cárdenas, comentó que desde hace tres meses el reo entró en una fase crítica. Según la ONG, «varias enfermedades se encontraban en fase de metástasis según diagnóstico médico que le hicieron a finales de mayo de 2022. En detalle, tenía adenocarcinoma metastásico de pleura, derrame pleural en el pulmón derecho metastásico, nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho, plastrón ganglionar en región cervical derecha, múltiples agrandamientos de ganglios linfáticos en el pecho y abdominales, infección de piel y partes blandas en los glúteos, hipertensión arterial e hiperalbuminemia».

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El pasado 21 de junio, Cárdenas fue trasladado desde su actual centro de reclusión, en la Fénix del estado Lara, al hospital universitario Antonio María Pineda, en la ciudad de Barquisimeto.

«A las 3 de la tarde nos avisaron desde Fénix que sería trasladado al hospital central. Me pidieron una bombona de oxígeno y que buscara una ambulancia que tuvimos que pagar con nuestro dinero. Llegó aquí y a la hora murió», dijo Meléndez quien señala directamente a las autoridades carcelarias de Lara, ya que dice que los abogados defensores, desde que conocieron las afecciones de Cárdenas, han solicitado una serie de medidas humanitarias para atender al paciente y ninguna fue concedida.

Según Una Ventana a la Libertad, Cárdenas sería el segundo recluso, de los once detenidos por el hecho, que muere tras las rejas sin atención médica.

El primero fue José Humberto Hernández Rodríguez, un hombre de 68 años de edad, quien en marzo del 2021 falleció después de sufrir tuberculosis y no ser atendido.

También se encontraba en la cárcel Fénix y los familiares indicaron en su momento que solicitaron varias medidas, incluso, tenía una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero igual no lo atendieron.

En el 2016 fueron detenidas doce personas, entre ellas Cárdenas y Hernández Rodríguez, por su presunta relación al envío de una avioneta con 359 kilos de drogas, que fueron incautados en el aeropuerto de La Romana en República Dominicana.

Pablo Cárdenas fue acusado como autor intelectual del envío. Los familiares dicen que los hoy fallecidos eran personas inocentes, que fueron injustamente encarceladas.

La organización Una Ventana a la Libertad, informó que la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas, como la tuberculosis y el VIH, siguen siendo los principales problemas en los calabozos policiales del país.

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Según el último informe presentado por la organización, entre octubre de 2021 y marzo de 2022 murieron al menos 18 privados de libertad en comisarías ubicadas en siete regiones de Venezuela que cuentan con un hacinamiento mayor al 200 por ciento.

Del total de la población penitenciaria investigada (8.266 reclusos en 151 Centros de Detención Preventivas), se contabilizaron 554 casos de desnutrición (6,7 %), 207 de tuberculosis (2,5 %), 45 con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (0,6 %) y 24 con COVID-19 (0,3 %).

Las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad son deplorables. Según el estudio de los 151 calabozos policiales estudiados, solo 59 cuentan con servicio de agua potable (39 %).

Además, 67 con baños (44 %) y 90 con servicio de recolección de basura (59,6 %), según nota de prensa.

Estas condiciones están lejos de ser solventadas, debido a que las condiciones de estos espacios, capacitados para albergar reclusos por lapsos de 48 horas, no son las más adecuadas.

Bajo estas condiciones, los privados de libertad quedan expuestos a estas enfermedades.

Gracias al trabajo en conjunto de Una Ventana a la Libertad y la organización Proyecto Once Trece, se han logrado realizar jornadas médicas en varios estados de Venezuela.

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, un total de 527 reclusos los evaluaron en siete jornadas médicas.

Estas se realizaron en el Área Metropolitana de Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta y Zulia.

Entre las enfermedades detectadas, destacan casos de hipertensión, enfermedades de la piel, enfermedades crónicas y respiratorias, como tuberculosis y casos positivos de VIH en las pruebas rápidas.

Los reclusos evaluados también recibieron atención primaria y parte de los medicamentos que requieren.

A través de la ONG Una Ventana a la Libertad, se conoció de una nueva disposición del ministerio de Asuntos Penitenciarios. Se trata una serie de recaudos para trasladar a los presos, desde las comisarías, hasta los penales.

Lo que llama la atención y lo rechaza la ONG, es que son objetos que las familias de los privados deben comprar, cuando el Estado debería proveerlos.

“Los objetos o productos exigidos a los familiares resultan tan costosos que casi ningún familiar puede adquirirlos. En consecuencia, el detenido o detenida no puede optar a ser trasladado”, alerta la organización.

Agrega que ponen a los familiares es una disyuntiva. “En caso de permanecer en los calabozos policiales (los presos) seguirán padeciendo las calamidades que se presentan en estos lugares”.

Vale aclarar que los traslados a los penales se ordenan cuando los privados de libertad ya tienen una sentencia.De acuerdo a la información emanada del ministerio, para hacer efectivo el traslado, los presos deben tener “un kit”.

Sus familias deben proveerlos de una colchoneta de goma espuma sin resorte, dos juegos de sábanas blancas o azules. Además de tres uniformes (mono y franela).

De paso, en el caso de los uniformes, exigen que sean de colores. Para jóvenes adultos y procesados masculinos, azul celeste. Para penados masculinos, amarillo, para procesadas femeninas, verde manzana. Mientras que, para penadas femeninas, color fucsia. Y todos deben tener zapatos negros sin trenzas (tipo Cross).

Junto con esto, también deben contar con una toalla y un kit de aseo personal con jabón de baño, papel higiénico, pasta dental, cepillo dental y desodorante.

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Por otro lado, el ministerio exige que el expediente del privado de libertad contenga varios documentos. Debe tener la Cédula de identidad laminada vigente, sin deterioro, planilla única de reseña decadactilar (modelo R-13-R-9), certificada por el SAIME.A ello se suma el acta policial, un auto de medida judicial privativa de libertad o boleta de encarcelación. Además, tienen que presentar el acta de derecho del imputado y el examen médico forense.

En caso de ser penado, debe contar con el auto de ejecución de la pena y si el preso tiene varias causas, los expedientes deben ser individuales.

Para las mujeres, los recaudos agregan una prueba de embarazo, de no más de 24 horas. Así como una prueba de COVID-19, igualmente de no más de un día de vigencia.

La ONG ratificó que los familiares no pueden con los cotos de estos requisitos. Citó el ejemplo de lo que ocurre en el estado Aragua, donde se otorgaron 292 cupos en diversos centros penitenciarios. “Los familiares aseguran que no pueden costear los trámites”, señala UVL.

“Los familiares de los presos también se quejan porque los traslados, por lo general, se hacen a penitenciarías que quedan muy lejos de su lugar de residencia. En consecuencia, no podrán visitar más al detenido o detenida”, alerta.

UVL indica que aquellos reclusos denominados “los sufridos”, porque no tienen familiares que los visiten, no podrán a estos traslados.

Un hombre señalado en un expediente por homicidio y que estaba detenido en la sede municipal Dabajuro, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el estado Falcón, logró fugarse por la puerta principal de dicha sede policial.

El hecho se conoció este #04Ene cuando en un pase de revista el jefe que recibía la guardia se percata que Francisco Javier Piña Leal, hombre detenido desde julio de 2019, no se encontraba en el recinto policial.

Peña Leal no se encontraba en el área común de presos, aparentemente, después de que el CICPC atendiera una solicitud humanitaria, ya que el detenido presentaba problemas renales.

En su momento, la organización no gubernamental de Derechos Humanos, Una Ventana a la Libertad, hizo una petición de medida humanitaria para el detenido. Su estado de salud estaba comprometido, por ende, necesitaba una operación urgente. El estado de salud, según la ONG, fue avalado por médicos forenses.

Al revisar los videos de seguridad, la guardia que recibe pudo percatarse que Peña Leal aprovechó un descuido de los detectives. Cuando la oficialía estaba sin supervisión el hombre salió por la puerta principal de la sede municipal del CICPC.

De manera extraoficial se pudo conocer que por este hecho la Inspectoría del CICPC abrió una averiguación. Los investigados son un detective jefe, quien era el responsable de la guardia. También están señalados dos detectives encargados de la seguridad al momento del escape.

Sobre Piña Leal se pudo conocer que el mismo no dormía en el área común de presos, sino en un dormitorio de la comisaría.

Vale acotar que debido a la fuga en el estado Falcón los diversos organismos de seguridad se activaron y se encuentran tras la pista de Piña Leal.

Nadie sabe cómo sucedió pero ocho peligrosos reos se escaparon del Centro de Detención Preventiva del Cicpc Guasdualito, municipio Páez en el estado Apure, y ahora los buscan hasta debajo de las piedras.

La ONG Una Ventana a la Libertad informó que los reclusos abrieron un túnel en el baño del retén.

Aseguran que el hecho ocurrió pasado las 4:00 de la madrugada del pasado 6 de noviembre.

Cuando el uniformado de guardia pasó la revista, se encontró con el hueco y la ausencia de los ocho delincuentes.

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Funcionarios del Cicpc solicitaron la colaboración de la ciudadanía de Guasdualito para dar con el paradero de estos delincuentes.

Según la UVL los fugados están identificados como Raúl Alejandro Fernández Avilán (24), detenido en este recinto desde el 13 de abril del año 2018, por los delitos de homicidio calificado.

Edixon Diosmar Izarra Vergara de 24 años de edad y José Leonardo Gómez Vergara de 29, presos por los delitos de secuestro y robo.

Carlos Mauricio Melgarejo (32) y José Luis Pérez Herrera (20), ambos con casi tres años presos por los delitos de abuso sexual y homicidio calificado.

Ezequiel Josué Carrillo Moreno (18), nueve meses encerrado por robo agravado y homicidio calificado, Dilson Rafael Laya Álvarez (19) y Jhony Schwarzergger Gallardo (19) por robo agravado y lesiones, hurto agravado y calificado.

Como una fantasía calificó la ONG Una Ventana a la Libertad, la fallida pretensión de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial de acabar con el hacinamiento en los calabozos policiales en 60 días.

Para la ONG el trabajo de la mencionada instancia «ha sido improvisado y con una composición humana que no garantiza su éxito».

“Es una fantasía, en 60 días solo lograron atender a 21,80% de la población penitenciaria recluida en los centros de detención preventiva”, indica el documento.

Tras realizar un exhaustivo seguimiento al trabajo emprendido por la llamada “Comisión para la Reforma del Poder Judicial”; Una Ventana a la Libertad emitió una conclusión al terminar el plazo acordado por la comisión.

“No hubo ninguna revolución en los centros de detención preventiva que se mantienen en su gran mayoría hacinados, nada se estremeció ni sacudió profundamente en el Sistema de Justicia de Venezuela. Seguiremos atentamente los pasos que continúe dando en los calabozos hacinados del país, la comisión para la Reforma del Poder Judicial en Venezuela, y en las etapas siguientes”.

Es por ello que su más reciente informe, denominado “60 días de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial. ¿Acabar el Hacinamiento?”, la ONG índica en el tiempo estipulado por la instancia apenas había visitado los centros de detención preventiva de solo 12 estados del país.

De acuerdo a la investigación, pasados los 60 días de trabajo se había logrado atender el caso de 7.614 privados y privadas de libertad; es decir, el 16,66% de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.

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La ONG explica que hasta el 21 de agosto de 2021 la Comisión para la Reforma del Poder Judicial logró 6.529 libertades, plenas o condicionales (entre ellas 75 mujeres) y trasladó a centros penitenciarios a 1.085 reclusos (entre ellas 28 mujeres).

UVL prosigue el análisis indicando que, cumplido el lapso, la referida comisión siguió trabajando y desde el 22 hasta el 3 de agosto, al otorgar 256 libertades plenas y condicionales (entre ellas ninguna mujer) y trasladó a 576 detenidos a varias penitenciarias del país. En este renglón figuran 4 mujeres. En este periodo la comisión visitó solo 9 estados del país.

La sumatoria indica que hasta el 31 de agosto la Comisión para la Revolución Judicial había atendido solo a 8.446 personas detenidas (entre libertades y traslados), es decir, el 21,80% de la población penitenciaria recluida en calabozos policiales.

“Muy lejos de acabar con el hacinamiento”, advierte la organización no gubernamental que coordina el abogado Carlos Nieto Palma.

Explican que además de visitar los centros de detención preventiva, la comisión integrada por diputados y funcionarios del Poder Judicial y de la Defensoría Pública, entre otros organismos gubernamentales, también hicieron acto de presencia en algunas prisiones de los estados Táchira, Lara, Monagas y Zulia.

En el Informe Especial elaborado por UVL se indica que del 21 de junio hasta el 31 de agosto, los miembros de la comisión solo visitaron 332 (66,4%) de los más de 500 calabozos policiales que hay en todo el territorio nacional.  

El mencionado documento fue elaborado tomando en cuenta el contenido de las “alertas”, instrumento de recopilación de información, diarias que emiten los 25 investigadores que trabajan para Una Ventana a la Libertad en los 23 estados del país.

Toda información recabada por UVL está disponible en su sitio web.

Por complicaciones en su estado de salud murió, el sábado 11 de septiembre de 2021, el recluso Yusser Eurupides Escandela Prado, de 36 años.

El sujeto estaba recluido en los calabozos de la Delegación San Francisco del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en el sector San Francisco, municipio San Francisco del estado Zulia.

De acuerdo a los funcionarios, Escandela padeció un shock séptico punto de partida enteral; plastrón apendicular; apendicitis aguda e irritación peritional.

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Escandela estaba detenido desde febrero de 2021 por el delito de abuso sexual a un niño.

Según los oficiales, Escandela tenía un registro de acuerdo al oficio número 065-08, de fecha 21-04-08, ante el Juzgado Militar Décimo Cuarto de Control de Guasdualito, estado Apure, por el delito de Deserción.

También estuvo detenido en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, desde octubre de 2016 hasta marzo de 2020, por el delito de violación, donde le fue otorgada la libertad por una medida humanitaria.

Con información Una Ventana a la Libertad

Desde que comenzaron las liberaciones de presos, como parte de la labor de la Comisión para la Revolución Penitenciaria, la situación de los privados de libertad en el país no es la mejor. Tanto, que todavía hay demasiado retardo procesal.

Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a La Libertad, explicó que aún existe 70% de la población penitenciaria afectada por el retardo.

En entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias, el activista detalló que la finalidad principal de esta comisión, es «eliminar el retardo procesal». También «deshacinar los centros de detención preventiva que son espacios donde los reclusos deberían estar en un lapso no mayor de 48 horas. Lamentablemente, en Venezuela se han convertido en cárceles permanentes».

Sin embargo, Nieto recalcó que el hecho de aplicar este procedimiento no significa que los liberados «tengan una sentencia definitivamente firme. Por lo tanto no saben si son culpables o inocentes».

Precisó que este proceso ya cumple 90 días de desarrollo y ciertamente se ha procedido a la liberación masiva de privados de libertad. «Pero vemos que es un proceso desorganizado, no hay criterios definidos de quiénes son las personas que deben salir en libertad y quiénes no».

Las puestas en libertad colectivas más recientes son las del Retén del Marite, en Maracaibo. También el de Cabimas, ambos ubicados en el estado Zulia.

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Nieto Palma dice que estos procesos contradicen la Constitución «que dice que tienen que ser hechos en libertad».

En este sentido, opinó que si bien «este es un derecho que tiene la población reclusa, causa impacto que en un día liberen a 259 reclusos del retén de Cabimas». «Se espera que liberen a 100 más, sigue siendo un trabajo pendiente de esta comisión ponerse al día con el retardo procesal que lleva muchos años en Venezuela», dijo.

Alertó sobre el proceso de estigmatización que pesará sobre la mayoría de los liberados mediante estos procedimientos. «La gente ve que quien está saliendo es un delincuente, un ladrón, un asesino, un violador», alertó.

Por esta razón, considera que el Estado debe cumplir con preceptos constitucionales como «la asistencia post penitenciaria para estos reclusos, como conseguir un trabajo. También otros beneficios que se pueden otorgar luego de haber pasado toda una vida, meses y años dentro de una cárcel. Es volverse a acostumbrar a estar en libertad y hay que recordar que a muchos de ellos sus familiares los han abandonado».

En este caso insiste en la responsabilidad que tienen las instituciones nacionales de «evitar que estos ciudadanos que salen nuevamente a la vida en libertad vuelvan a delinquir».

Dijo que «el problema se presenta que cuando se sale de la cárcel y no tienes ninguna opción de trabajo, de generar ingresos, y sales de un recinto que ha podido ser un centro de reeducación para los privados de libertad, y más bien son universidades del delito. Así, es probable que vuelva a delinquir».

La ONG no tiene una cifra de personas liberadas a través de este mecanismo. Pero «desde UVL trabajan en una data que les permita precisar esta cantidad. No obstante, creemos que ha sido liberada alrededor del 20% de la población penitenciaria».

Ruth Dávila, la madre de Ángel David Dávila Marcano de 15 años de edad, denunció la detención de su hijo el pasado miércoles 16 de junio, en la población de Amuay, municipio Los Taques del estado Falcón.

Describe que su hijo transportaba en una carrucha latas que había recogido en un botadero de basura de la localidad.

Denuncia que el procedimiento de detención fue viciado.

Además, no ha tenido acceso a las visitas y su foto detenido fue publicada por la Guardia Nacional en sus redes sociales y medios de comunicación.

En nota de prensa de la Guardia Nacional, se asegura que «fue detenido un carruchero con considerable material estratégico de la empresa filial de PDVSA, Astillero Naval Venezolano»

Por su parte la madre desmiente la información. “Mi hijo no llevaba todo eso que le ponen en la foto».

Asegura que «estando nosotros en el comando, preguntando por él, llegó una camioneta con todos esos objetos que después le pusieron en la foto».

Adiciona que no ha podido verlo, que su hijo carga la misma ropa desde el miércoles y que no sabe si está bien.

Dávila certifica que su hijo es un joven es estudiante de segundo año y de buen comportamiento.

También que debido a la pandemia de la covid-19, el adolescente sale a pescar en Amuay.

Asimismo que recupera objetos del botadero que puede restaurar para después venderlos.

“Mi hijo no es ningún delincuente y tampoco es responsable de lo que se le acusa”, dijo.

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Ángel David Dávila Marcano de 15 años de edad, cumplen este sábado tres días de la detención.

La audiencia de presentación del caso se haría este sábado 19 en los tribunales de Punto Fijo.

Por su parte la comunidad pesquera de Amuay hizo una caminata en la localidad para apoyar la liberación del joven que además práctica fútbol sala en el club municipal.

La denuncia esta siendo acompañada por la ONG Una Ventana a la Libertad.

De los 32 presos muertos en los centros penitenciarios observados por la organización Una Ventana a la Libertad, 24 decesos son por tuberculosis y ocurrieron en el estado Zulia.

Familiares denuncian que hay retraso o no se les da atención médica.

De acuerdo al más reciente informe presentado por UVL, se trata de “veinticuatro (24) internos que murieron de tuberculosis, 3 de VIH, 3 por complicaciones respiratorias, 1 por afección gastrointestinal y 1 por un infarto”.

Detalla el documento que “las cifras pudieran ser mayores, pero no se realizan diagnósticos médicos ni ofrecen cifras oficiales”.

La mayoría de los decesos se registró en el estado Zulia, específicamente en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de Cabimas, lugar donde los cadáveres son colocados en plena calle para llamar la atención de las autoridades.

De acuerdo con UVL y sus investigaciones: “No hay condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad”.

Al tiempo que advierte que solo en el estado Zulia “hay condiciones parciales para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad”.

“La organización comprobó que esto ocurre porque en la zona existen diversas iniciativas de grupos religiosos y organizaciones sociales que asisten a los privados de libertad a través de la dotación de alimentos”.

En los 111 centros penitenciarios evaluados hay un total, al cierre de abril, de 156 reclusos con tuberculosis.

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Uno de los casos que refiere el informe es de un recluso del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia.

En este centro muy cerca de “las tanquillas de aguas servidas y la basura, se complicó Juan Carlos López (37), los oficiales lo sacaron inconsciente y quejumbroso”.

“A los pocos minutos de su ingreso, en el Hospital Dr. Adolfo D’Empire, falleció”, describe el informe.

“Su deceso estremeció a quienes, sin alimentos, atención médica ni medicinas sobreviven. De un momento a otro ese podría ser, también, su final”.

Las cifras que maneja UVL se desprenden de un trabajo que realiza un grupo de investigadores.

En el informe detallan que se trata de un barómetro de 22 preguntas con cuatro temas fundamentales para tener un panorama más completo.

Estos temas son el derecho a la vida y condiciones de los centros para garantizar derecho a la salud.

Así como el acceso a servicios de salud, higiene y alimentación y presencia de enfermedades infecto contagiosas.

Un grupo de familiares de los privados de libertad que permanecen en los calabozos de la Policía del municipio Guaicaipuro, ubicado en Los Teques, denunciaron irregularidades que atentan contra los Derechos Humanos de los más de 60 detenidos.

Marina Guevara, es tía de un privado de libertad. Señaló que los reclusos cuando son trasladados al tribunal para las audiencias, les cobran montos excesivos por beneficios, así lo informó Una Ventana a la Libertad.

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Agregó que deben pagar en los tribunales para poder realizar las audiencias y son los uniformados que no los trasladan a tiempo.

Según la fuente, pierden el dinero y el cupo en los tribunales para poder agilizar las causas.

“En ocasiones no se le permiten las visitas ni le reciben las comidas”, afirman.

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Además, están ingresando a muchos privados de libertad sin ningún tipo de chequeo de salud o prueba del COVID-19.

«Ponen en riesgo de contagio a todos los que allí se encuentran».

Hay quienes debían acudir a tribunales en Caracas, pero no los pueden trasladar porque no hay transporte.

La boleta llega con una semana de anticipación y no se toman acciones previas, aseguran familiares.

Fuente UVL-Miranda

La organización Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó el informe del segundo semestre de 2020, donde destaca que la principal causa de muerte de presos en los centros de detención preventivas son las enfermedades con un total de 143 fallecimientos.

Del total de 208 muertes, 143 son por enfermedades, lo que representa 68,75%. Además, “15 detenidos murieron en riñas, cinco en motines y tres por otras causas”.

Cinco enfermedades acaban con la vida de los reclusos en los centros penitenciarios, 87 por ciento son por tuberculosis con 86 casos.

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Mientras que 13 privados de libertad fallecieron en el último semestre del año 2020 por desnutrición.

Por problemas respiratorios se reportaron 12 muertes, problemas cardiacos, con ocho fallecidos y tuberculosis y desnutrición juntas con cinco casos.

“Los datos nos hablan de que en realidad hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los cinco que también presentaron desnutrición», según nota de prensa.

«La tuberculosis es la verdadera pandemia en los centros de detención de prevención”, agrega el informe.

Según el documento publicado en su página web, el segundo lugar lo ocupa las muertes por fuga con 42 fallecimientos, 20,19% del total.

“Estas muertes están básicamente relacionadas al proceso de recaptura que los funcionarios siempre refieren como enfrentamiento”, destaca.

Los registros de UVL, indican que murió solo el 17, 28 % del número de fugados.

Esto significa que «la mayoría logró permanecer en libertad, aunque su vida esté permanentemente en riesgo”.

“La sobrevivencia en los calabozos policiales, que se convirtieron en las nuevas cárceles del siglo XXI, depende de los familiares de la población reclusa, quienes, pese a las limitantes de la cuarentena, a la escasez de combustible y a la falta de dinero en efectivo para movilizarse en transporte público, hicieron peripecias para llevarles alimento a sus privados de libertad”, agrega.

Para finales del año 2020 el problema de hacinamiento en los centros de detención preventiva, aumentó de 207 a 221, “llegando al 80,95% de los 273 calabozos cubiertos por el monitoreo en 19 estados del país”.

Asimismo, Una Ventana a la Libertad confirmó en esos 19 estados que en estos centros estaban detenidos “22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22%), para un total de 24.218″.

El cupo total disponible en esos centros era de 7.457.

“En estos espacios se siguen acumulando hombres, mujeres e incluso adolescentes, muchos de los cuales han cumplido años a la espera de un cupo de traslado a un centro penitenciario y, algunos, hasta cumplen el tiempo de su sentencia”.

Consideran que el uso y abuso de estos calabozos como cárceles de larga estadía, “una violación” a los detenidos.  

“En más del 60 % de las muertes que se registraron en estos retenes policiales se debieron a enfermedades prevenibles y tratables”, agregó.

La madrugada de este miércoles se fugaron 14 reclusos que se encontraban en el destacamento 113, tercera compañía de la Guardia Nacional Bolivariana en Mene Grande, estado Zulia.

La información la confirmó la organización defensora de los Derechos Humanos, Ventana a la Libertad en su cuenta en Twitter.

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Aseguran que organismos de seguridad se encuentran desplegados en toda la entidad para capturar a los delincuentes.

También publicaron una lista de los 14 reclusos fugados de Mene Grande.

1) Melvis Jose Molina

2) Gustavo Adolfo Artiga Montilla

3) Johan José Bastidas Guariguan

4) Wilfreso Jose Castillo Suarez

5) Francisco Emilio Bustos Medina

6) Luis Alberto Camarillo Villalobos

7) Jean Carlos Valero Mejias

8) Luis Antonio Lopez Medina

9) Kevin Enrique Perez

10) Yovanny Antonio Arraez Machado

11) Jonathan Jose Pastran Noguera

12) Jose ramon Coronel Reyes

13) Oswaldo Alberto Pastran nogura

14) Luis Felipe Madueño González

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre el hecho que se registró en las últimas horas.

#EnDesarrollo 14 reclusos detenidos en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana en Mene Grande, estado #Zulia, se fugaron este miércoles #9Dic . Organismos de seguridad se despliegan para su captura. #UVLObserva pic.twitter.com/ySKQMFuJKU

El coordinador general de la Asociación Civil, Una Ventana a la Libertad (UVL), Carlos Nieto Palma, denunció la paralización de la justicia, como consecuencia de la Resolución 005-2020 de la Sala Plena el Tribunal Supremo de Justicia del régimen, emitida el 12 de julio, la cual agrava el retardo procesal y aumenta el caos penitenciario en el país.

El abogado advirtió, en nota de prensa, que la decisión, además, aumentará significativamente el hacinamiento en los recintos penitenciarios, incluyendo los centros de detención preventiva, y traerá como consecuencia, entre otras cosas, más brotes de enfermedades contagiosas como tuberculosis, paludismo y escabiosis.

“Esto aumentará el caos en nuestras cárceles y centros de detención preventiva, desde el pasado 16 de marzo de 2020, cuando se decretó la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19), la justicia en Venezuela se encuentra paralizada”, precisó.

Informes en cuarentena

A la luz de este período de distanciamiento social y cuarentena, Una Ventana a la Libertad ha realizado dos informes en torno al estado de salud en el cual se encuentran los internos de los centros de retención preventiva del Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira.

De acuerdo a la investigación solo en el mes de mayo, 5 privados de libertad murieron por causas vinculadas con condiciones de salud, se determinó además que 188 internos padecen de tuberculosis, 10 tienen VIH y 941 presentan desnutrición aguda. En este período el hacinamiento alcanzó 218,10%.

El informe denominado, “Radiografía de la Salud en los centros de detención preventiva del Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira”, destaca que 3 privados de libertad fallecieron durante este mes: uno de tuberculosis, otro de un paro cardio-respiratorio y el tercero de fractura craneal al caer de un tercer piso cuando se encontraba en un centro de detención preventiva.

“A todo esto debemos sumarle la paralización de la justicia. Los procesos judiciales se encuentran paralizados desde hace 4 meses, ahora con esta nueva Resolución del TSJ se suma un mes más de retardo procesal”, señaló Nieto Palma.

El Coordinador General de UVL destacó que si se mantiene el cronograma, el viernes 14 de agosto comenzarán las vacaciones judiciales las cuales se extenderán hasta el próximo 15 de septiembre.

“En conclusión la justicia penal venezolana estará paralizada por 6 meses o más”, dijo.

El abogado recordó que en la actualidad, aun cuando no hay cifras oficiales, las ONG dedicadas a monitorear los derechos humanos de los privados de libertad, llevan un registro aproximado de 110 mil hombres y mujeres que estarían recluidos en cárceles venezolanas.

“Setenta por ciento (70%) de estas personas aun no han recibido sentencia definitivamente firma, son procesados, es decir, si se mantiene la medida muchos de estos privados de libertad no recibirán tratamiento procesal cuando les corresponde y sus causas presentarán un retardo que impactará negativamente en su condición física y emocional”, indicó Nieto Palma.

Contenido de la resolución

El pasado 12 de julio la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Resolución No. 005-2020 mediante la cual “Resuelve” lo siguiente: “Se prorroga por 30 días el plazo establecido en la Resolución 004-2020, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 12 de junio de 2020. En consecuencia ningún tribunal despachará  desde el 12 de julio hasta el 12 de agosto de 2020, ambas fechas inclusive”.

La decisión agrega: “Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos jurisdiccionales  tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes”.

El máximo tribunal del país alega que persisten las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela debido a la pandemia COVID-19.