Alexandra Muñoz Motato pasó 10 años como habitante de calle, una década en la que fue consumidora de drogas y hasta llegó a buscar el alimento entre la basura.

Un día tomó la decisión de cambiar el rumbo de su vida y fue mediante la Secretaría de Bienestar Social de Cali que empezó su camino de resocialización.

Hoy en día se puede decir que esta mujer logró salir del mundo de las drogas, y vive feliz con su hijita.

Ahora acompaña a otras personas que también buscan dejar de ser habitantes de calle y encontrar un nuevo futuro.

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Otra buena noticia, dada por Caracol, es que Alexandra ya ingresó a la universidad. 

“Con el poder de Dios y con la ayuda de todas las personas que me rodean, he podido iniciar un proceso. Cada día me voy superando más, voy cumpliendo poco a poco mis metas”, afirmó ésta guerrera.

Según la Secretaría de Bienestar Social de Cali, en estos momentos hay 4.749 personas habitantes de calle en la ciudad.

Casi 90 gremios universitarios y ONG rechazaron la imposición de la administración de Nicolás Maduro de pagar el salario al personal de las casas de estudios superiores a través del “Sistema Patria”.

En el portal Aula Abierta publicaron el escrito, donde explican que el sábado 6 de marzo se difundió la información. Mediante la plataforma Telegran, un vocero de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), habría hecho el anunico.

Aunque los rectores de las casas de estudios superior no han recibido un comunicado oficial, ratifican que esta acción vulnera la autonomía universitaria.

La posibilidad de que paguen los sueldos de esta forma, es «un nuevo episodio de la política de Estado dirigida a vulnerar la autonomía universitaria». También «la libertad académica en Venezuela», destaca el documento. .

Dice el escrito que los rectores de la Asociación Venezolana de Rectores (AVERU) tuvieron conocimiento de la medida «identificada con las siglas OPP-PAF-2021”.

Al parecer, «a partir de la primera quincena de marzo del año 2021, los pagos de sueldos y salarios de todo el personal de la universidad y sus entes adscritos se realizará mediante el “Sistema Patria”.

También se les «requería a las Universidades públicas remitir a OPSU las listas de las nóminas del personal». Debían pasarlas en archivo a un correo electrónico del organismo el 8 de marzo 2021″. Todo “a los fines de garantizar el procesamiento de los mismos pagos”.

El comunicado expresa que si se cumple esta medida, se viola «la potestad exclusiva de organizar, administrar y disponer de su patrimonio», a las casas de estudios.

Alertan que esto «agrava la práctica de asfixia presupuestaria inducida por el Estado en contra de las universidades desde el 2008.

Recuerdan que esta situación es la causa de que «las principales casas de estudios enfrenten hasta 99% del déficit requerido para su funcionamiento».

De igual manera, «la supuesta decisión carece de cualquier elemento de legalidad. La forma en que se da a conocer la orden no cumple con las normas de los actos administrativos de la administración pública».

Adicionalmente, existen preocupaciones en torno a los signos distintivos del “Sistema Patria”. Dice los gremios que los mismos «sugieren afiliación política e ideológica con el gobierno. Esto permite inferir su utilización como un mecanismo de control social similar al carnet de la patria y que se extiende al sistema educativo universitario».

En consecuencia, «la centralización a través de este mecanismo como único medio de pago para salarios y beneficios laborales, vislumbraría efectos discriminatorios. Esto, en los casos de personas que no deseen inscribirse en dicho sistema, debido a vicios de sesgo ideológico».

En la misma línea, «la imposición de este sistema implicaría otros riesgos para los derechos humanos de los universitarios. Bajo esta nueva modalidad, las universidades perderían la posibilidad de monitorear y garantizar los derechos laborales de los profesores y demás personal.