El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un recluso de la tercera edad, por presunta falta de atención médica, en el penal de  Uribana, en el estado Lara.

Se trata de “Rosqui Norberto Escalon, de 71 años de edad, privado de libertad en el Centro Penitenciario David Viloria, Uribana Lara", quien según la ONG "murió bajo condiciones de absoluta crueldad”. 

En su cuenta en X, el observatorio contó que “desde el viernes 17 de abril el septuagenario presentaba graves padecimientos de salud, que obligaron su traslado al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Sin embargo, fue devuelto al penal ese mismo fin de semana sin haber alcanzado una estabilización real”.

El  OVP señala que “este martes de abril su estado empeoró. Fue trasladado nuevamente de emergencia, pero testigos denuncian que los funcionarios que lo custodiaban pidieron al personal médico para que le dieran el alta inmediata, ignorando su evidente fragilidad y la urgencia de su cuadro clínico”.

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Agrega que “Rosqui murió en el trayecto de regreso a la cárcel. La desatención médica del régimen de Delcy Rodríguez se cobró una vida más”, denunció.​Por otro lado, el observatorio denuncia que, “incluso tras su muerte, la dignidad humana de Rosqui fue pisoteada. Los funcionarios  ingresaron el cadáver al hospital, lo dejaron abandonado en el piso del centro asistencial y se retiraron tras entregar los datos. Una falta total de protocolo y respeto a los DD. HH”.

La ONG recordó que "la cárcel de Uribana posee medidas provisionales otorgadas por la @CorteIDH. El régimen venezolano ignora sus compromisos internacionales y permite que las cárceles sean espacios de muerte".

Por ello, desde el OVP exigen  “una investigación exhaustiva sobre esta nueva muerte bajo custodia del Estado, que suma tres privados de libertad fallecidos en un lapso de 48 horas”.

Estas muertes se suman a las otras 5 que el Ministerio Público informó que ocurrieron durante un motín en la cárcel de Yare III.

🚨 FALLECE RECLUSO TRAS PRESUNTA DESATENCIÓN MÉDICA EN URIBANA@oveprisiones denunció la muerte de Rosqui Escalona (71) en el Centro Penitenciario David Viloria, en Barquisimeto.Aseguran que fue trasladado 2 veces a un hospital sin estabilización y murió en el retorno al penal pic.twitter.com/7PWLfkRvxa

El sistema penitenciario venezolano suma una nueva víctima a su lamentable lista de fallecidos por la negligencia y la desidia del Estado, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La semana pasada se registró el deceso de Henry Pastor Cristancho Becerra, de  53 años de edad, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, ubicado en el estado Lara.

A esta tragedia se suma la absoluta opacidad de información por parte de las autoridades penitenciarias.

Se pudo conocer, gracias a las denuncias de fuentes internas de la prisión, que el recluso se encontraba con problemas de salud desde hacía días; sin embargo, hasta la fecha se desconoce la verdadera causa clínica de su muerte debido al hermetismo oficial.

"Como lamentablemente ya es una práctica común para este régimen, las muertes bajo custodia del Estado no son investigadas con la debida diligencia, negando a los familiares su derecho a la verdad y perpetuando un ciclo de impunidad", denunció el OVP.

Agrega que "el deceso de este privado de libertad es el reflejo de la grave crisis humanitaria que azota a los recintos carcelarios del país".

Familiares de los privados de libertad han relatado al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que las condiciones de reclusión en Uribana son inhumanas y degradantes.

Actualmente, los reclusos sobreviven a diario con una dieta basada única y exclusivamente en harinas, sin la ingesta de ningún tipo de proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales.

Esta alimentación deficiente ha provocado cuadros de desnutrición severa y pérdida de peso en gran parte de la población penal.

A esta hambruna sistemática se le suma el colapso total del derecho a la salud.

Dentro del penal es prácticamente inexistente la atención médica oportuna, no se cuenta con médicos generales, mucho menos con personal especializado, ni con los insumos básicos para diagnosticar o tratar enfermedades.

En el caso de Cristancho, el deterioro de su salud fue ignorado en la prisión, y la falta de asistencia médica se convirtió en una condena a muerte que pudo haberse evitado.

Es de recordar que la cárcel de Uribana se encuentra bajo medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), desde el 2 de febrero del 2007. Una medida que tiene 19 años siendo ignorada por el Gobierno.

"Desde OVP hemos exigido reiteradamente al Estado venezolano que adopte las acciones necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad personal de los reclusos en este recinto y no hemos obtenido respuesta alguna".

"Garantizar la vida de quienes se encuentran bajo la custodia del Estado no es una opción o un favor, sino una obligación constitucional e internacional. Mientras desde el régimen continúen ocultando la realidad e ignorando estas medidas de protección, las cárceles seguirán funcionando como depósitos de seres humanos donde imperan el hambre, el abandono y la muerte sin responsables", concluye el observatorio.

Con el sonido de dos helicópteros sobrevolando la zona, amanecieron los presos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, y de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara.

El ruido también despertó a los habitantes de la parroquia Tamaca, al norte de Barquisimeto, en el estado Lara.

Simultáneamente, el lugar se llenó de vehículos militares y policiales: tanquetas, camiones y autobuses repletos de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El despliegue masivo marcó el inicio de una operación de gran envergadura en ambos centros penitenciarios, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Ambos penales fueron tomados por completo, a lo largo de kilómetro y medio se dispusieron al menos cuatro alcabalas, se restringió en su totalidad el paso vehicular y parcialmente el peatonal.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo confirmar que la toma empezó en el penal de Uribana, a las 6:15 de la mañana, donde al menos 1.744 privados de libertad fueron sacados de sus módulos y llevados al área conocida como “El Campito” para ejecutar una exhaustiva requisa. La misma operación fue efectuada en la cárcel de Fénix, donde la población penal es de al menos 2.400 presos.

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La movilización masiva de efectivos y vehículos generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información.

Sin embargo, los funcionarios apostados en las alcabalas les ordenaron retirarse y se negaron a ofrecer detalles sobre lo que estaba ocurriendo. La falta de información oficial aumentó la preocupación y el desconcierto entre los allegados.

Mientras se realizaban las requisas, comenzó a llegar un lote de autobuses Encava, que se estacionaron en las afueras del penal Fénix Lara.

Se contabilizaron al menos once vehículos, lo que incrementó la angustia de los familiares, temerosos de que se estuvieran organizando traslados.

“Tuve a mi hijo más de cinco años en El Dorado, y cuando al fin lo regresan a Lara, ahora lo quieren trasladar de nuevo. No aguanto otro traslado. Es mucho sufrimiento cuando están en otro estado, porque muchas veces no conseguimos pasajes para viajar, y ellos quedan a la deriva, sin recibir visitas”, expresó una madre angustiada.

Entre los familiares también se encontraban mujeres de la tercera edad, sentadas en las inmediaciones, esperando noticias y rezando para que los traslados no se llevaran a cabo. “A los guaros no los quieren en ningún penal. Esperamos que no se los lleven”, comentaban con preocupación, mientras intentaban mantener la esperanza.

Al final de la tarde de este viernes 29 de noviembre, familiares reportaron que al menos siete autobuses salieron con personas a bordo, y algunos detenidos se asomaron para sacar sus manos. Sin embargo, se desconoce el destino al que están siendo trasladados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) considera inhumano que, durante operativos de esta magnitud, no exista un protocolo claro para brindar información y atención oportuna a los familiares de los privados de libertad. La falta de comunicación los mantiene en un estado constante de angustia, sin saber nada sobre las condiciones físicas de sus seres queridos, especialmente en penales, con numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.

Denuncia que «la opacidad informativa por parte del Estado sigue siendo alarmante. Horas después de la toma de dos penales importantes en Lara y a una semana de un operativo similar en El Rodeo, estado Miranda, no se ha ofrecido ninguna información transparente sobre lo sucedido».

La ONG denuncia que también ha recibido reportes de que desde el interior de ambos centros penitenciarios continúan registrándose un número significativo de llamadas extorsivas, así como la ejecución de otros delitos.

«Desde el OVP no nos oponemos a las requisas y revisiones minuciosas, necesarias para garantizar el control dentro de los penales. Sin embargo, exigimos que estos procedimientos se lleven a cabo respetando la integridad y los derechos humanos de cada recluso. Además, una vez finalizados, es imperativo que se informe a los familiares sobre lo sucedido».

Por último, «consideramos fundamental que el Ministerio para el Servicio Penitenciario presente ante la Asamblea Nacional un protocolo o reglamento específico para regular las inspecciones, revisiones y requisas en los establecimientos carcelarios. Este instrumento debe abordar cinco puntos clave: el establecimiento en sí, la población reclusa, los funcionarios penitenciarios, los familiares de los reclusos y la Guardia Nacional».

Actualmente, el Código Orgánico Penitenciario (COPE) establece de manera muy general la normativa sobre las requisas personales, pero en la práctica, lo dispuesto en el artículo 96 no se cumple de forma efectiva. Por ello, es necesario contar con un instrumento normativo claro y detallado que garantice la correcta aplicación de estos procedimientos y promueva la dignidad y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.

Familiares de los presos del centro penitenciario de Uribana, en el estado Lara piden ayuda. Los reos se encuentran en una situación lamentable a causa de la desnutrición y las enfermedades.

Los parientes denunciaron que los reos solo «comen agua de auyama sin ningún tipo de proteínas». Esto ha generado cuadros de desnutrición severa y en consecuencia su salud está afectada.

Los allegados piden al Servicio Penitenciario que permita el ingreso de alimentos para mejorar la condición de privados de libertad.

No es la primera vez que se denuncia una situación de este tipo en ese centro penitenciario. La tuberculosis y desnutrición, unido a la pandemia ha hecho mella en la población penal, no solo de recinto, sino del restos de los reclusorios en la entidad.

En el 2020 murieron 59 privados de libertad, de ellos 52 fallecieron por enfermedades. La tuberculosis es la más mortal y la principal causa de muertes, lo cual empeora con la desnutrición. La insuficiencia respiratoria y obstrucción intestinal son otros padecimientos de los reos.

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Los familiares han hecho denuncias reiteradas al respecto, pero las autoridades no escuchan. También exigen celeridad en los procesos judiciales de manera tal que muchos presos que ya cumplieron condena puedan salir.

Por otra parte informaron que dentro de la cárcel David Viloria abundan las enfermedades repuntando la tuberculosis como consecuencia de la desnutrición, le sigue el VIH entre otras.

A propósito de la situación de las cárceles, Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dijo: «si tengo una población desnutrida cualquier enfermedad los va a hacer presa fácil, durante la pandemia el acceso a alimentos ha sido muy limitado para los privados».

La ministra de Servicio Penitenciario de la administración de Nicolás Maduro, Mirelys Contreras, aseguró este jueves que la situación en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, se encuentra bajo control, tras el motín de este miércoles.

«En vista de los hechos presentados en el día de ayer en el C.P. Sgto. David Viloria del estado Lara, cumplo con informar que se encuentra bajo control”, escribió en su cuenta en Twitter.

Informó que se llevó a cabo una requisa extraordinaria, con el apoyo del M/G General de la GNB Fabio Zavarse.

Los familiares de los privados de libertad de Uribana, se apostaron este jueves en las afueras del recinto.

Exigieron información sobre los heridos en el motín que se registró este miércoles en horas de la tarde.

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Los familiares de los presidiarios, exigen la presencia de la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.

 Piden la presencia de la autoridad para que funcionarios del penal faciliten la información de los heridos en el motín.

«Exigimos la presencia de Carmen Meléndez, y del director del circuito, Luis Ramón, que se acerque también que nosotros somos compatriotas”, expresaron.

“Los que están ahí, también son sus compatriotas, y a ellos nadie los comprenden”, dijo uno de los familiares.

Alertó que muchos de los reclusos están enfermos, pasando hambre, con hepatitis y tuberculosis».

Según los familiares de los privados de libertad, la reyerta se realizó por un conflicto entre los internos.

Varios de los reclusos resultaron heridos de bala en las manos y en las piernas.

Hasta el momento, se conoce un solo fallecido y un herido a causa de este motín.

En vista de los hechos presentados en el día de ayer en el C.P. Sgto. David Viloria del estado Lara, cumplo con informar que se encuentra bajo control y en este momento se está llevando a cabo una requisa extraordinaria, con el apoyo del M/G General de la GNB Fabio Zavarse. pic.twitter.com/ozkLVFhScF

Desde que las presas del Anexo Femenino de Uribana en el estado Lara se alzaron por falta de agua, lo que han recibido de los funcionarios es “golpes y maltratos”.

Asi lo denuncian los familiares, quienes aseguran que el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) las maltratan, además de tener a 12 de las presas castigadas en el área “Tigrito”.

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«A las privadas de libertad las maltratan, las golpean y hasta cortan. Ellas no son animales, necesitamos ayuda», claman las madres de varias internas.

En comunicación con la Prensa de Lara, uno de los familiares dijo que “El Chiki, el Portu y Parranda, son los que le hacen la vida imposible a esas mujeres, esta semana las golpearon fuertemente y ya no sabemos a quién acudir”.

Exigió respeto para las reclusas y se preguntó: “¿Dónde quedan los derechos humanos de ella?”.

Además, solicitan que el Ministerio de Servicios Peninteciarios castigue a los funcionarios que se meten en las celdas a cualquier hora para maltratar y vejar a las mujeres que cumplen condena en Uribana.