El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, le salió al paso a las recientes acusaciones en su contra a través de sus redes sociales este miércoles.

Uribe Vélez ha sido acusado de nuevo por la Fiscalía de Colombia por el delito de presunta manipulación de testigos en los casos que se siguen en su contra y su hermano Mario Uribe, por los presuntos nexos y negociaciones con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Uribe Vélez ha dicho que no existe ninguna prueba que pueda dar fe de los señalamientos de la Fiscalía, por lo que considera que esto es un juicio político, que buscar alivianarle el terreno a Gustavo Petro, para aprobar dos leyes (el acuerdo de paz total o la ley de punto final), con la que el Gobierno podría otorgarle el perdón a grupos subversivos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

«Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia».

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«Esta manipulación en contra de mi persona da señales de ser parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final, entonces que le perdonen a los delincuentes como lo hicieron con las Farc y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido, con todo esto coincide la traída de Mancuso a quien yo extradité», dijo Uribe Vélez.

El pasado martes la Fiscalía de la Nación presentó un escrito de 13 páginas, en contra del expresidente Uribe Vélez y su hermano Santiago, así como también contra el abogado de ambos, Diego Cadena, por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal.

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«Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos, y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos o que no correspondían a la realidad», dice parte del comunicado de la Fiscalía.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió este jueves a la Corte Suprema de Justicia que levante la reserva del proceso por el que le ordenaron detención domiciliaria y que haga público todo el expediente de su caso. Según alega este «se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública».

En una carta, el abogado del exmandatario, Jaime Granados, explicó que la información filtrada está «descontextualizada» y sólo hace «énfasis en las pruebas en contra» de Uribe en el caso que le sigue la Corte por presunto fraude procesal y soborno de testigos, mientras que no tiene en cuenta «decenas de pruebas contundentes a favor».

«Álvaro Uribe Vélez (…) solicita por intermedio mío, de la manera más respetuosa y acomedida, que se levante la reserva sumarial de todo el proceso en su contra. Esto con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder». Añadió el letrado.

El pasado martes, al ordenar la detención domiciliaria de Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, la Corte Suprema argumentó que lo hizo «con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia. Respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran» al hoy senador.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al hoy senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA). En esa época él preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

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Sin embargo, el magistrado del caso, José Luis Barceló, no sólo archivó la demanda contra Cepeda sino que le abrió una investigación al expresidente también por supuesta manipulación de testigos.

Para Granados, la solicitud a la Corte de hacer público el expediente solo busca «aportar la mayor transparencia posible a este caso, que por su connotación política se ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver» con la instancia jurídica.

«Si bien la reserva sumarial está establecida en la ley, la Constitución (…) avalaría su inaplicación cuando se generan violaciones a los derechos fundamentales, lo cual se compagina con los estándares de información pública establecidos a nivel interamericano por las propias corporaciones de justicia», añadió.