De acuerdo al más reciente informe elaborado por la ONG, Una Ventana a la Libertad (UVL), durante el año 2023, los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad, es decir, bajo custodia del Estado venezolano, siguen muriendo de complicaciones respiratorias, tuberculosis, desnutrición, cáncer e infartos, entre otras enfermedades.

A través del Informe Anual, la ONG indicó que al menos 17 personas, recluidas en centros de detención preventiva o retenes policiales, fallecieron por razones de salud: 8 durante el primer semestre y 9 durante el segundo semestre 2023.

Durante este periodo falleció otro detenido que se había fugado y fue recapturado.

La organización llama la atención sobre la violencia autoinfligida y destaca que en el año 2023 se registraron 5 casos de suicidios dentro de algunos calabozos policiales.

“La cifra de suicidios es tan alarmante que podemos compararla con la de los casos de tuberculosis”, se lee en el informe reseñado en una nota de la UVL.

La investigación revela también que un privado de libertad, recluido en un calabozo policial, murió luego de recibir un golpe en el abdomen.

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En cuanto a las cárceles, prisiones o internados judiciales la situación de precariedad es similar.

UVL logró registrar la muerte de 19 hombres en estos lugares: Complicaciones pulmonares/ respiratorias (7), Hemorragia digestiva (1), Meningitis (1), Paludismo (1), Tuberculosis (8) y Tumor cerebral (1). A esta cantidad hay que sumarle el fallecimiento de tres mujeres: tuberculosis (1), cáncer (1) y desnutrición (1).

“La mayor parte de estas enfermedades pueden ser controladas o erradicadas, pero el hacinamiento, la falta de ventilación en las celdas y la ausencia de enfermerías acentúa e incrementa la aparición de estas dolencias”, indica el documento.

La tuberculosis, enfermedad infectocontagiosa que persiste entre la población reclusa venezolana, cobra fuerza y se expande con facilidad por el nivel de hacinamiento, porque las celdas no tienen suficiente ventilación, porque en estos lugares escasea el agua potable, porque los presos no son expuestos con frecuencia a la luz solar y porque los enfermos conviven con los sanos.

Este informe anual de Una Ventana a la Libertad se denomina: “Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela 2023”.

El equipo que lo realizó está conformado por Carlos Nieto Palma (Director General), Magaly Huggins (Coordinadora de Investigación), Carol Carrero (Coordinadora Operativa) y 26 investigadores, todos periodistas, con amplia experiencia en la fuente penitenciaria y derechos humanos.

Desde hace 8 años Una Ventana a la Libertad investiga, de manera exclusiva, la situación de los hombres y mujeres que se encuentran recluidos en los centros de detención preventiva del país, también llamados retenes o calabozos policiales.

Este informe es el número 19 que esta Asociación Civil realiza sobre este importante tema.

El año 2022 culminó con un total de 16.837 personas detenidas en calabozos policiales: 15.280 hombres (90,7%) y 1.557 mujeres (9,3%). Este año cerró con un hacinamiento de 176,2%.

Durante el año 2023, Una Ventana a la Libertad logró monitorear la situación de la siguiente cantidad de calabozos policiales a nivel nacional: Primer semestre: 282 y Segundo semestre: 293.

La organización indica que al evaluar detenidamente la situación en estos lugares determinó que al cierre del año 2023 el hacinamiento en los centros de detención preventiva alcanzó la cifra de 189,31%.

Agrega que la población penal en estos lugares, convertidos en las nuevas cárceles del siglo XXI, es la siguiente: Primer semestre 2023. Población masculina: 20.886 detenidos para una capacidad instalada de 10.842 cupos. Hacinamiento de 192,64%. Segundo semestre 2023. Población masculina: 17.481 detenidos para una capacidad instalada de 9.234 cupos. Hacinamiento de 189,31%.

Año 2023. Población femenina, Primer semestre: 1.773 detenidas, Segundo semestre: 2.028, para una capacidad instalada de 213 cupos. Hacinamiento de 832,39%.

A manera de ejemplo: En el Distrito Capital (Caracas) la capacidad instalada es de 1.053 cupos y el 2023 cerró con 3.036 detenidos (a), lo que se traduce en un hacinamiento del 288,59% y en el estado Zulia la capacidad instalada es de 930 cupos y el año 2023 cerró con 2.473 detenidos (as) alcanzando un hacinamiento de 265,91%.

UVL recuerda que el 21 de junio de 2021 se creó la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, la cual debía resolver en 60 días el grave problema de hacinamiento existente en los calabozos policiales del país. Pasados tres años la organización considera que el mandato no ha cumplido con el objetivo que se planteó.

Destaca que en el año 2021 fueron liberados 6.390 detenidos (2,35% ) y fueron trasladados 2.066 (2.43%). “Los datos numéricos parecen grandes, pero los porcentajes dicen lo contrario”, indica el informe.

La organización considera que el año 2022 fue el más exitoso en este sentido: liberados 7.930 (9.15%) y trasladados 2.871 (4,78%) y en el año 2023 los índices bajaron significativamente: liberados 453 detenidos (2,59%) y trasladados 479 (2,74%).

“El gobierno obtuvo lo que buscaba, es decir, propaganda, imagen pública nacional e internacional, pero eso no resolvió el problema de hacinamiento en los retenes policiales”, precisa el documento.

Agrega que el llamado Plan Cayapa tampoco cumplió con las expectativas anunciadas.

Una vez más Una Ventana a la Libertad destaca en su informe anual que la tuberculosis encabeza el problema más grave de salud que presentan los privados de libertad en Venezuela.

Al detallar las enfermedades que padecen los presos y presas en Venezuela la organización explicó lo siguiente:

Primer semestre 2023: TBC: hombres 318 casos, mujeres 14 casos, Escabiosis (sarna): hombres 660 casos, mujeres 43 casos, Gripe: hombres 1019 casos, mujeres 33 casos, Covid 19: hombres 17 casos, mujeres 2 casos, VIH-SIDA: hombres 44 casos, mujeres 1 caso, para un total de 2.151 personas enfermas.

Segundo trimestre 2023: TBC: hombres 338 casos, mujeres 15 casos, Escabiosis (sarna): hombres 572 casos, mujeres 21 casos, Gripe: hombres 803, mujeres 50 casos, Covid 19: hombres 5 casos, mujeres 0 casos, VIH-SIDA: hombres 50 casos, mujeres 2 casos, para un total de 1.856 personas enfermas.

La investigación indica que en los retenes policiales también existen otros trastornos de salud como cáncer de mama, Accidentes Cerebro Vasculares, Esquizofrenia, hipertensión, parálisis cerebral, tumores cerebrales, complicaciones respiratorias/pulmonares, infecciones bacterianas y mastitis.

La falta de baños, la existencia de letrinas improvisadas y la acumulación de heces fecales y basura dentro de las celdas contribuye a que los detenidos se enfermen con frecuencia. Es obvio que dentro de estos lugares hay todo tipo de animales rastreros además de moscas, zancudos y cucarachas.

“El aseo urbano puede tardar hasta una semana en llegar lo que facilita la putrefacción de los residuos biológicos”, precisa el informe.

UVL destaca que al cierre del 2023, 2.028 mujeres se encontraban recluidas en centros de detención preventiva. Agrega que solo existen 12 calabozos policiales a nivel nacional exclusivos para ellas, 74 exclusivos para hombres y el resto, es decir, 207 retenes son mixtos.

“Solo en 3 centros de detención preventiva, a nivel nacional, se les entrega papel toilette y toallas sanitarias a las mujeres detenidas”, refleja la investigación.

La organización llama la atención sobre el hecho de que las mujeres no tienen derecho a recibir visitas conyugales, sin embargo, algunas de ellas están embarazadas. “O ingresan embarazadas o fueron embarazadas durante su estadía en el calabozo policial”, indican los investigadores.

Explica UVL que por lo general a las mujeres detenidas se les ubica en precarias oficinas convertidas en celdas, cuando ingresan o quedan embarazadas no se les presta atención médica adecuada y solo se les traslada a un centro asistencial cuando se presenta el alumbramiento.

“En los calabozos policiales hay más espacios para la población LGBTIQ+ que para las mujeres”, indica el informe.

Por cierto, la familia de los detenidos (víctimas por parentesco) son los únicos responsables de la sobrevivencia de todos los detenidos y detenidas.

Madres, esposas, hermanas y concubinas son las que suministran alimentos preparados, alimentos para preparar, ropa, calzados, agua potable, productos de aseo personas, productos de limpieza para las celdas y hasta pagan los traslados en carros particulares cuando el detenido (a) debe ir a un centro asistencial.

Una Ventana a la libertad considera que la grave situación penitenciaria del país se mantiene debido a que todas las normas a cumplir requieren, para su ejecución, la existencia de un gobierno democrático.

“Aquí está el problema, los privados de libertad sobreviven no solo al hacinamiento y a las pésimas condiciones de reclusión sino al colapso de la democracia y de toda su institucionalidad”, aseguran.

A manera de reflexión final la organización sugiere la convocatoria de expertos (as) en políticas públicas penitenciarias, que se cumpla el debido proceso y poner fin a la violación de los derechos humanos de las personas detenidas o presas y sus familiares.

Durante el primer semestre de este año 2022 al menos 62 reclusos que estaban detenidos en calabozos policiales en Venezuela murieron, según un informe de Una Ventana a la Libertad, que muestra que al igual que el año pasado  la principal causa de muerte en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela, son las enfermedades.

Del total de las defunciones, 55 fueron por complicaciones en la salud con tuberculosis, desnutrición, COVID-19, infartos, bronquitis, convulsiones, insuficiencia renal y Accidentes Cerebrovasculares (ACV), indica la nota de prensa.

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El resto de las defunciones confirmadas entre enero y junio del año en curso corresponden a riñas, con cuatro casos, muertos por fuga y recaptura, con dos casos y un recluso fallecido por abuso de funcionario.

Los investigadores de UVL monitorearon 335 calabozos policiales en toda Venezuela, en los cuales se determinó que 347 privados de libertad tienen tuberculosis.

Mientras que 1.116 reclusos tienen escabiosis; 1.075 detenidos han presentado gripe; 33 personas han tenido COVID-19 y 53 internos tienen VIH.

Como en periodos estudiados anteriormente por el equipo de Una Ventana a la Libertad, el hacinamiento es una de las principales razones de la propagación de las enfermedades.

En las prisiones preventivas, se registró un 156,54 % hacinamiento, pues 16.778 reclusos estaban detenidos en espacios que tienen capacidad de albergar a 10.718 personas por un lapso de 48 horas mientras son presentadas en tribunales.

Sumado a las enfermedades y el hacinamiento, en el primer semestre de 2022 se registraron al menos 373 casos de extorsión por parte de funcionarios policiales encargados de la custodia en los CDP.

Este delito se cometió de la siguiente manera: en 108 comisarías los efectivos cobraron dinero para permitir el ingreso de medicamentos y en 75 calabozos se cobró para permitir el ingreso de alimentos.

Mientras que en 89 CDP se solicitó dinero para traslados ante emergencia de salud y en 101 prisiones preventivas pidieron dinero para traslados a tribunales con boleta autorizada por Fiscalía.

Este informe del primer semestre de 2022 de Una Ventana a la Libertad destaca que es importante fijarse en el tipo de delito que ha cometido esta población reclusa como causa de ingreso; robos / hurtos (259 o 19.26%) y homicidios (208 o 15.46%), mantienen las cifras más significativas.

Uno de los datos más resaltante es que  continúan siendo altas las cifras de violencia de género (204 o 15.17%) y abuso infantil (154 o 11.60%). Por violencia de género hubo una disminución de dos casos.

Aunque las cifras no son exactas, debido a las limitantes que muchas veces se presentan para encontrar la información, las causas de ingreso se confirmaron de la siguiente manera: homicidios: 208; robos / hurtos: 259; secuestros: 139; extorsiones: 189; violencia de género: 204; abuso infantil: 156; tenencia / distribución de drogas: 190.

Como en periodos anteriores, se confirmó que la violación de los derechos humanos fundamentales de las personas detenidas se mantiene.

El Estado sigue sin asumir su responsabilidad por la vida y calidad de vida de estas personas. El debido proceso continúa casi totalmente detenido, victimizando más a quienes están en los Centros de Detención Preventiva.

Con información Una Ventana a la Libertad