La capital de Colombia sufrió otra noche de tensiones entre encapuchados violentos y el Esmad en lo corrido de este recién 2022.

Los últimos acontecimientos ocurrieron en Molinos, sur de Bogotá, en la noche de ayer, cuando manifestantes tomaron las calles de dicho sector para protestar por el incremento de la tarifa de Transmilenio, anunciada por la alcaldía de Bogotá.

Por este motivo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hizo presencia para contener la protesta que, como ha sido usual en los eventos del anterior paro nacional, degradó en choques liderados por encapuchados, quienes se enfrentaron con piedras y bombas molotov contra los agentes del orden.

Los enfrentamientos amainaron después de las 11:00 p.m. pero dejaron una significativa afectación a la movilidad en el punto de la Avenida Caracas con calle 51 sur.

El mayor general Eliécer Camacho Jiménez, Comandante Policía Metropolitana de Bogotá, entregó reporte de los hechos acontecidos en Molinos en primeras horas de este 6 de enero.

El uniformado señaló que una menor de 14 años, quien se encontraba en el lugar de los hechos, acompañada de una mayor, la cual se encontraba desplazándose a pie por el bloqueo al carril del articulado, recibió un impacto de objeto contundente.

El general destacó que efectivos del Esmad auxiliaron a la menor para luego conducirla a centro asistencial en donde se recupera de la herida, producto de los choques ocurridos en Molinos.

El vandalismo ha sido uno de los problemas más presentados en este año, especialmente por cuenta de los desórdenes provocados en el marco del paro nacional, muchos achacaron estos actos a la protesta social, y, de hecho, los mismos le restaron legitimidad a la misma.

Y ya está a punto de convertirse en ley se un proyecto para sancionar el vandalismo, pero esto ha sido considerado por muchos como una manera de criminalizar la protesta social, este proyecto presentado por el gobierno colombiano busca fortalecer la seguridad ciudadana.

El proyecto aboga porque los reincidentes no salgan tan fácil a las calles, pues los jueces se encuentran maniatados para evitar esto, justamente por la no existencia de leyes más fuertes y claras frente al vandalismo.

Esta ley busca evitar que casos como los que se han presentado con jóvenes que han incendiado buses y acabado con el mobiliario de las ciudades terminen en penas laxas o simplemente que no haya castigo para ellos.

El proyecto de ley pretende que se impongan penas más severas para todas aquellas personas que destruyan bienes públicos o que interrumpan las acciones legítimas de la Fuerza Pública.

“Este proyecto de ley lo que hace es criminalizar la protesta, lo que hace es permitir una judicialización, un aumento de penas”, así se refirió al representante María José Pizarro, hija del excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, asesinado en 1990.

El representante del Centro Democrático Christian Garcés apuntó que “Aquí tenemos que fortalecer el actuar de nuestras instituciones, de nuestras autoridades para garantizar la protesta”.

“Este es el último coletazo de la bestia, se sienten acorralados, perdieron, están aterrorizados y están tan aterrorizados que traen discursos refritos que conocemos de memoria. Por un lado… ah, la institucionalidad, la legalidad, la gente de bien. Bien paracos y bien narcos varios de ellos. Y por el otro lado, los vándalos, los malos, los descamisados”, aseguró el representante en la cámara del partido verde Inti Asprilla en medio de un debate que subía de tono y se tornaba acalorado.

Lea también: Iván Duque anuncia reforma de la policía tras protestas en Colombia

Al proyecto aún le resta un debate en las sesiones extraordinarias del Senado de la República y también se está discutiendo la reglamentación de las armas no letales, pues con ellas se cometen gran parte de los asaltos en nuestro país, debido a que no existe una reglamentación de diferencie entre su tenencia y su autorización de uso.

El vandalismo fue el protagonista del paro nacional, y la oposición dice que el gobierno colombiano distrajo la atención de la población convirtiendo a los desmanes en el centro de atención del paro nacional, restándole importancia a las razones por las que se protestaba.

Un joven detenido por los ataques al CAI de Engativa en Bogotá durante las protestas que se escenifican en Colombia, confesó que por marchar y participar en actos violentos con la policía les pagan hasta $70.000.

“Le pagamos $70.000 y vaya y cásqueles a los policías, no. Son $70.000 por manifestarse, ir a marchas y ese tema”, señaló el detenido.

En ese ataque a la estación de policías de Engativa, se detuvieron a tres jóvenes de 20, 21 y 22 años, reseñó Noticias Caracol.

Durante los interrogatorios, uno de ellos indicó que las ofertas llegan por redes sociales y que desconoce quién consigna el dinero del pago.

Lea también: ¿Hasta cuándo? Vuelven los disturbios a calles de Bogotá

El comandante de la estación, mayor Miguel Rojas Rubio, dijo que los jóvenes reconocieron haber cometido un error.

Indicó que uno de ellos confirmó  “que efectivamente les habían cancelado una suma de $70.000 para acudir a estas marchas”.

Los jóvenes siguen detenidos y deberán responder por la agresión a los uniformados y los daños al CAI de Engativá.

Asimismo, colaborar en la investigación para establecer quiénes ponen el capital para pagar por la participación en protestas que terminan en violencia.