Las fuerzas españolas de seguridad detuvieron en Murcia a 22 personas acusadas de explotación sexual en dos prostíbulos. En ellos había de 19 mujeres procedentes de Venezuela, Colombia, Brasil y Panamá, quienes fueron liberadas.

Según informó este miércoles la Policía, las mujeres vivían amenazadas de manera permanente, en situación de semiesclavitud, y se les retenía el pasaporte para evitar que huyeran.

La Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales recibió una denuncia anónima de una víctima de esta banda que era explotada en una vivienda donde se ejercía la prostitución.

La organización desmantelada había pagado el viaje a esas mujeres desde los países de origen.

De esta manera las obligaban a pagar a una «deuda» ejerciendo la prostitución, pero que nunca dejaba de crecer.

Una vez en España, eran trasladadas a un prostíbulo de la localidad murciana de Alcantarilla o de la propia ciudad de Murcia.

Allí las alojaban y las controlaban otras mujeres conocidas como «mamis», que les prohibían salir solas a la calle o media hora como mucho.

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A esos locales acudían también personas con el fin único de adquirir estupefacientes; la principal investigada se encargaba de preparar las dosis, en tanto que las ‘mamis’ la vendían entre los clientes del prostíbulo, reseña Efe

En la operación policial se han intervenido 4.500 euros (4.800 dólares), 30 gramos de cocaína rosa, conocida como ‘tusi’, y marihuana, además de fármacos para aumentar la actividad sexual y cinco vehículos.

La Policía localizó a otras cuatro mujeres que habían escapado de uno de los prostíbulos, y que manifestaron que una mujer brasileña fue la que las llevó a España con condiciones engañosas.

De los detenidos, siete ingresaron ya en prisión provisional y el resto está en libertad con cargos.

Están acusados de delitos relativos a la trata de seres humanos, prostitución, tráfico de drogas, contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

A través de la ONG Equilibrium se ha conocido que las migrantes venezolanas se encuentran entre las más vulnerables del mundo, lo cual tiene relación con el aumento de la salida de más personas desde Venezuela a países de América Latina o Europa, debido a la crisis.

«La ausencia de oportunidades en sus países de origen y las mayores restricciones a la movilidad humana hacia países con mayores oportunidades de subsistencia o desarrollo, colocan a las migrantes en una situación frágil», señala la organización.

Alerta que «fácilmente pueden ser captadas por tratantes que hacen ofertas de trabajo con supuestos beneficios que van más allá de los promedios regulares del mercado. Y es que si se busca sobrevivir, la persona verá una alternativa en esas ofertas», sin medir los peligros.

Agrega que «las principales víctimas de este delito son las mujeres y las niñas. En Sudamérica, la cifra de mujeres supera 80% de las víctimas, la mayoría provenientes de países de la región».

Desde 2016 y 2017 creció en 50% el número de mujeres venezolanas rescatadas de redes de trata. Acnur estima que 2% de las mujeres venezolanas en el exterior con entre 15 y 49 años son sobrevivientes de violencia sexual.

La Policía de España desarticuló una banda que prostituía a mujeres procedentes de Venezuela. Se trata de una pareja, también de venezolanos. Ellos explotaban sexualmente a las chicas, en apartamentos de citas en Albacete. Las llamaban «las mamis».

La agencia Efe informó que la policía liberó a seis mujeres. También detuvo a cuatro personas, entre ellas el matrimonio que lideraba la organización.

Las averiguaciones comenzaron tras recibir una comunicación de Interpol Caracas. Allí se informaba de la existencia de una organización criminal asentada en España. Se dedicaban a la explotación sexual de jóvenes que viajaron a ese país.

Es así como, en Albacete, detectaron a la organización que captaba a mujeres que vivían en una situación precaria en Venezuela. Les ofrecían un puesto de trabajo en España para hacer labores domésticas.

Sin embargo, cuando las mujeres llegaban a España, la oferta de trabajo era falsa. Tenían la obligación de devolver la deuda contraída por el viaje a través de la prostitución.

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La policía informó que mantenían calladas a las muchachas mediante el uso de la violencia y las amenazas de muerte hacia ellas y sus familiares. Ellas ejercían la prostitución en apartamentos en Albacete y bajo un duro control. Las forzaban a estar disponibles las 24 horas del día, incluso durante el confinamiento por la COVID-19.

La organización criminal ofrecía los servicios sexuales mediante anuncios en Internet. Usaban imágenes reales de las mujeres. Mientras que las citas con los clientes las concertaban por teléfono.

Además, los investigadores determinaron que el matrimonio incrementaba los beneficios de su «negocio» con la venta de estupefacientes a los clientes. También usaban tarjetas de crédito clonadas o sustraídas para comprar los billetes de avión con los que viajaban las mujeres desde Venezuela.