La detención de dos venezolanos en un control policial ubicado en la zona de Gosieweg, Willemstad, provocó la indignación de representantes de la comunidad venezolana en Curazao, que exigen al gobierno de la isla que tome medidas para evitar el maltrato, la discriminación y la persecución contra los migrantes.

“Los discursos del gobierno de integrar a nuestra comunidad en la vida social de Curazao, no dejan de ser un engaño reiterado y demuestran la poca importancia que se le da a la grave situación que vivimos los venezolanos en la isla”, denunció a través de una carta pública Natalia Josefina Molina Rodríguez, miembro de la diáspora criolla en Willemstad.

A través del portal Crónicas del Caribe, se supo que en operativo policial efectuado este 27 de junio, detuvieron a un venezolano llamado Ramón Antonio Mavo Pérez, de 40 años, albañil y líder de una organización deportiva local.

Mavo Pérez fue capturado en su lugar de trabajo junto con otros migrantes. La esposa de Pérez, Yulimar del Carmen Palencia Gutiérrez, de 39 años, está en un centro de reclusión desde hace siete meses, luego de que tratara de ingresar a la isla en un lancha que zarpó desde el estado Falcón.

Molina Rodríguez destaca que estos dos venezolanos ahora privados de libertad “tienen derecho a la información y a aplicar para una protección como en cualquier país del mundo, sin tener que pasar por un proceso administrativo y judicial que atropella y decide automáticamente deportarlos sin considerar sus argumentos y su situación de inmigrantes o refugiados”.

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Amnistía Internacional señaló en febrero de este año que las autoridades de Curazao “continúan negando protección a las personas venezolanas, entre ellas niños y niñas, y las siguen deteniendo automáticamente en condiciones inhumanas”.

Aunque en su informe Amnistía Internacional reconoce que la administración del primer ministro Gilmar Pik Pisas ha dado “pequeños pasos para mejorar la situación de los derechos humanos de los venezolanos que buscan protección”, apunta que “sigue siendo difícil acceder a este procedimiento porque las autoridades no garantizan el acceso a la información y a la asistencia jurídica, especialmente a las personas detenidas por motivos de inmigración”.

La Unión Panamericana y del Caribe por los Derechos Humanos (Pacuhr, por sus siglas en inglés) manifestó en abril su preocupación ante la posibilidad de que la reapertura de las fronteras con Curazao y Aruba, “pudiese generar aprehensiones masivas y expulsiones de venezolanos en situación migratoria irregular, constituyendo una inobservancia del Ordenamiento Jurídico Internacional”.

“¿Hasta cuándo hay que demostrar que la mayoría de nuestra comunidad huimos de un país en crisis y que buscamos mejor calidad de vida y tranquilidad en otros territorios?”, pregunta en su carta Molina Rodríguez.

Condena el hecho de que medios de comunicación y voceros oficiales de Curazao tachen de “ilegales” a estos ciudadanos, pues el término solo contribuye con la estigmatización de los venezolanos radicados en la isla.

“¿Hasta cuándo tenemos que sentirnos como delincuentes en las calles por el solo hecho de ser venezolanos y no tener residencia legal, lo cual también es producto de las lamentables políticas públicas en materia de inmigración, en donde pocos venezolanos han logrado obtener un estatus migratorio que les garantice esa tranquilidad a ellos y a sus familias?”, prosigue Molina Rodríguez en su misiva.

Ante la ausencia de un marco legal sólido y políticas públicas que ofrezcan garantías a estas personas, subraya que “nuestros jóvenes, mujeres y hombres son explotados en puestos de trabajo por más de 10 horas al día sin poseer ningún tipo de beneficio social”; al tiempo que “nuestros niños en las escuelas viven atemorizados junto a sus padres por no tener seguridad jurídica en cuanto a documentación legal que los respalde”.

“¡Basta ya del doble discurso y la mentira de integrar a nuestra comunidad y hacer todo lo contrario con estas detenciones arbitrarias que vulneran el derecho al libre tránsito y a la libertad de nuestros hermanos venezolanos!”, protesta Molina Rodríguez, quien demanda la liberación de los venezolanos detenidos y que se les respete “su derecho a un proceso de solicitud de asilo como dictan las leyes internacionales”.

Por último Molina Rodríguez solicita a los gobiernos de Curazao y Países Bajos, así como a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (Acnur), trabajar de forma mancomunada en la definición de políticas públicas “que beneficien, apoyen y protejan a nuestra comunidad”, y reformar las leyes migratorias con la finalidad de cesar el hostigamiento contra los migrantes.

El secretario de Estado de los Países Bajos, Raymond Knops, informó que el país europeo ha aportado millones a Curazao; esto en función de mejorar la situación y el trato que se le da a los indocumentados; pero hay reportes de distintas organizaciones humanitarias que indican que la situación no ha mejorado.

Es por ello que los Países Bajos retirará el apoyo financiero que otorga a Curazao para abordar el flujo de personas indocumentadas;y los potenciales refugiados que llegan desde Venezuela, reseña el portal Noticias Curazao.

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Cita un informe de Amnistía Internacional,  en el cual indica que los fondos provenientes de los Países Bajos se han estado utilizando solo para mejorar la capacidad de detención y expulsión de venezolanos; y muy poco -o nada- se ha hecho para mejorar las condiciones de los que llegan a la isla huyendo de la profunda crisis que atraviesa su país.

Yara Boff Tonella, de Amnistía Internacional, expresó su satisfacción tras conocer el pronunciamiento.

«Estamos contentos con este paso, porque es la primera vez que Países Bajos realmente reconoce que los derechos de los refugiados venezolanos están siendo violados en los cuarteles del Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK)», cita Noticias Curazao.

Boff Tonella, indicó que muchos venezolanos siguen viviendo con el temor de ser detenidos y deportados.

«Todavía tenemos preocupaciones serias sobre los procedimientos de protección que siguen siendo inadecuados. Muchos venezolanos todavía no saben cómo acceder a estos procedimientos», agregó.

Para finalizar aseguró : «Seguiremos presionando a Curazao y a Países Bajos para que los venezolanos puedan tener protección».

Debido a que aún no se ha concretado su deportación a Venezuela, 33 migrantes venezolanos que están encarcelados en Curazao, se declararon en huelga de hambre. Se trata de 22 hombres y 11 mujeres, quienes comenzaron su protesta el 24 de diciembre.

El retraso en el traslado de los migrantes detenidos ocurre luego de la decisión de la administración de Nicolás Maduro de suspender los vuelos humanitarios programados para el 21 y 22 de diciembre.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) tomó esta medida. Lo hizo luego de que  Delcy Rodríguez denunciara el 13 de diciembre que el Reino de los Países Bajos le impidió trasladarse a La Haya, recordó el portal Crónicas del Caribe.

En una carta pública, suscrita por los 33 venezolanos, recuerdan que están presos en la cárcel Barak di Ilegal desde el 22 de noviembre.

“Nuestras condiciones en esta prisión son deplorables e inhumanas. Hacinados más de 40 individuos en celdas destinadas solo a 20 personas, muchos de nosotros dormimos en el suelo en sucias colchonetas, sin sábanas», describen.

Dice que están «rodeados de zancudos, con baños repletos de aguas estancadas y malolientes”.

Los migrantes apuntan que, debido a las pésimas condiciones de la prisión, están presentando enfermedades de la piel. Lo que es todavía más grave: los encerraron con “elementos que han cometido delitos graves (de otras nacionalidades)». Esta situación pone «en riesgo nuestra seguridad, pues no somos delincuentes. Somos migrantes, todos trabajadores, padres de familia, y ya hemos sido víctimas de varios ataques por parte de los otros reclusos».

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Desesperados por la situación que atraviesan, los 33 venezolanos solicitan a los gobiernos de Curazao y los Países Bajos que actúen rápidamente. Poden que se haga posible el retorno al país. Sin embargo, la suspensión de los vuelos humanitarios es responsabilidad de Caracas.

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A través de un comunicado publicado el 23 de diciembre, el gobierno de Curazao informó que está en contacto con la cónsul general de Venezuela, Marisol Gutiérrez. Expresó que “se mantiene a la espera de una pronta autorización de los vuelos concernientes por parte de las autoridades venezolanas”.

En el texto destacaron: “La cónsul general de Venezuela indicó que en el marco de la nueva variante ómicron, del coronavirus, el gobierno de Venezuela ha decidido implementar nuevas exigencias para los viajeros. Estas exigencias todavía no son oficiales y tampoco han sido comunicadas oficialmente. El gobierno de Curazao se ha encargado de que los pasajeros cumplan con todos los requisitos vigentes para poder viajar de regreso a su tierra natal”.

En un mensaje previo, Willemstad había resaltado que “casi 300 venezolanos no han podido llegar a su país. Se encuentran desamparados” por la suspensión de los vuelos humanitarios.

Para atender a los pasajeros varados, el Consulado activó un refugio en las instalaciones de la refinería Isla, pero que solo tiene capacidad para 80 personas.

“La cónsul general dio a conocer que asume su responsabilidad de brindar asistencia a los pasajeros que quedaron varados y de informar a las personas concernientes sobre los desarrollos. La cónsul también indicó que esto implica ciertos retos. El gobierno de Curazao ha ofrecido su ayuda y ha compartido información de tal forma que la cónsul general pueda acudir y trabajar junto a varias organizaciones locales en función de proteger y mantener informados a los pasajeros”, resaltaron las autoridades curazoleñas.

Las autoridades de Curazao esperan que los venezolanos varados en la isla lleguen este fin de semana de vuelta a Venezuela.

“El gobierno de Curazao, a través de los canales diplomáticos como nuestra embajada en Caracas, se mantendrá haciendo todo lo que sea posible para lograr la pronta autorización de estos vuelos. Espera que los pasajeros puedan ser transportados este fin de semana de vuelta a su país”. Así lo dice un comunicado emitido por el gobierno de esa nación.

Este jueves, varios representantes de distintos ministerios de la isla se reunieron con funcionarios del Consulado General de Venezuela. Lo hicieron para discutir la autorización de vuelos por parte de las autoridades venezolanas, informó El Nacional.

Aseguraron que se han encargado de que los migrantes cumplan con todos los requisitos para poder viajar de regreso a Venezuela.

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«El gobierno de Venezuela, por medio de la Cónsul General, reconoce su responsabilidad para con los pasajeros. La Cónsul General dio a conocer que asume su responsabilidad de brindar asistencia a los pasajeros que quedaron varados y de informar a las personas concernientes sobre los desarrollos”, señala el escrito.

Miembros de la ONG Venex Curazao denunciaron que aunque los vuelos usados por los ciudadanos varados tenían la denominación de «humanitarios» no son gratuitos. Los venezolanos pagaron 700 florines por los boletos (unos 388 dólares).

Aseguraron que el Ministerio de Justicia, el Consulado de Venezuela en Curazao y Laser Airlines hicieron todo lo posible para lograr que se dieran los vuelos.

Nicolás Maduro es responsable por la suspensión de los vuelos humanitarios que partirían esta semana desde Curazao a Venezuela. La información la dio a conocer el Gobierno de Willemstad que señala que “casi 300 venezolanos no han podido llegar a su país y se encuentran desamparados”.

“Lamentablemente, a última hora, el gobierno de Venezuela no autorizó los vuelos pautados para los días 21 y 22 de diciembre de 2021”, subraya el texto oficial. Agrega: “Una cantidad de pasajeros que vinieron desde Bonaire y los de Curazao, casi 300 venezolanos, no han podido llegar a su país y se encuentran desamparados”.

Representantes de los migrantes varados y miembros de la fundación Venex Curazao, tenían previsto reunirse con la cónsul Marisol Gutiérrez para evaluar la situación y buscar posibles soluciones.

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A pesar de la denominación de “humanitario”, los emigrantes tuvieron que pagar 700 florines por los boletos (388 dólares). Así como el importe para las pruebas PCR exigidas para salir de esa isla, y también en el aeropuerto de entrada a Venezuela.

“Son venezolanos que vendieron o entregaron todo. Solo tenían lo que llevaban en sus maletas. Algunos vinieron de Bonaire, y no conocen a nadie aquí”, afirmó Jennifer Sifontes, presidenta de Venex Curazao.

Sifontes y un grupo de voluntarios venezolanos procuraron hasta horas de la noche del martes 22 de diciembre algún alojamiento y alimentación para los más necesitados, indicó el portal Crónicas del Caribe. Recordó que, por medidas de bioseguridad, los pasajeros no pudieron pernoctar en el terminal aéreo.

“Nos queremos ir (…) Queremos volver a nuestro país”, afirmaron algunos de ellos en un video tomado por activistas de derechos humanos.

Según el director de la Unión Panamericana y Caribeña para los Derechos Humanos José Antonio Oropeza, los vuelos de Laser pautados para el martes fueron suspendidos. Lo hicieron cuando ya las autoridades migratorias curazoleñas y la aerolínea habían ultimado todos los detalles.

Sostuvo que la decisión la tomó a última hora, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Lo hizo en “represalia” por la negativa del Reino de los Países Bajos de permitir el viaje a La Haya de Delcy Rodríguez. Ella pretendía reunirse con representantes de la Corte Penal Internacional. La situación de esta funcionaria venezolana fue conocida el 13 de diciembre.

El miércoles en la mañana, los venezolanos que intentaban retornar a su país volvieron a los alrededores del aeropuerto internacional Hato de Willemstad. Según Oropeza, se hacían gestiones a través de la Cancillería del Reino de los Países Bajos para que la suspensión no se prolongara.

La representante de Venex Curazao indicó que algunos emigrantes tuvieron que obtener permisos especiales para poder volver a su país, debido a que sus pasaportes habían expirado, se habían extraviado o iban con niños sin documentación. Cada documento costó 50 dólares.

Según Oropeza, la prolongación de esta situación puede “exacerbar los ánimos” de los venezolanos, y ocasionar un desbordamiento de la capacidad del gobierno curazoleño, ya disminuida como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.

“Este es un impasse que se debe resolver por vía diplomática”, afirmó.

Indicó que las autoridades de la isla hacen todo lo posible para atender el problema. Sin embargo, descartó que en este caso puedan llevar a cabo el traslado por vía marítima, como sucedió en julio desde Trinidad.

Yara Boff Tonella, investigadora de Amnistía Internacional, viajó la semana pasada a Curazao y Aruba, con el propósito de monitorear la situación de los migrantes venezolanos en esas islas. La visita la hizo junto a colegas del Consejo neerlandés de Refugiados.

“Pudimos reunirnos con organizaciones locales de Derechos Humanos, con venezolanos y con representantes del gobierno de Aruba. Pero no con las autoridades que están a cargo de lo que ocurre en Curazao, lo cual fue decepcionante”, se quejó Yara Boff.

En entrevista con el portal, Crónicas del Caribe, la activista reveló que mantuvieron un encuentro con la vicegobernadora de Curazao. Pero, el primer ministro, Gilmar Pisas, quien también ocupa la cartera de Justicia, no atendió sus solicitudes para reunirse.

“Buscamos reunirnos con el primer ministro, pero desde su oficina nos dijeron que estaba enfermo. Sin embargo, durante la semana que duró la misión vimos que dio ruedas de prensa y que estuvo activo en los medios”, comentó Boff.

“Sabemos que nuestro informe fue muy crítico con la actuación de las autoridades de Curazao. Pero creemos que un diálogo es necesario para mejorar la situación de los migrantes y corregir las violaciones a los Derechos Humanos que hemos detectado”, destacó.

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La investigadora también reveló que las autoridades de Willemstad les negaron acceso a los centros donde mantienen recluidos a los venezolanos sin papeles. Ellos llegan a la isla cruzando las costas del estado Falcón.

No obstante, los encuentros que mantuvieron con organizaciones locales de Derechos Humanos y con venezolanos les permitió corroborar las denuncias de la organización. Se trata del informe “Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao”, publicado en octubre pasado, se mantienen intactas.

“Lo que oímos es que las condiciones en los centros de detención siguen estando igual. Es decir, continúa el hacinamiento y los detenidos siguen sin recibir insumos básicos», dijo la activista.

«Por su parte, en lo referente al Procedimiento de Protección para Refugiados la situación también es igual. Hasta ahora ningún venezolano o extranjero que haya pedido protección la ha recibido. La misma situación ocurre en Aruba, donde también hay un procedimiento similar”, explicó.

Pese a la actitud de las autoridades curazoleñas, Boff reiteró que no cejarán en sus esfuerzos por establecer canales de comunicación con el Ejecutivo insular.

“Posiblemente, la próxima intentamos contactar a miembros del Parlamento de Curazao para tratar de establecer ese diálogo. Seguiremos esforzándonos en buscar ese diálogo, porque estamos muy preocupados por la situación de los venezolanos y confirmamos que es una situación muy urgente”, declaró.

La misión no solo se limitó a Curazao, sino que se extendió a Aruba, donde estuvieron un día. Allí sí lograron mantener contactos con responsables de esa isla. “Las autoridades de Aruba fueron inteligentes y prefirieron hablar con nosotros, porque saben que si nos ignoran es peor, porque seguiremos yendo”, dijo.

Boff admitió que en Amnistía Internacional evalúan la posibilidad de analizar el impacto de la crisis migratoria venezolana en esta otra isla del Caribe neerlandés. “Sin embargo, no tenemos claro cómo trabajaremos, si mediante la promoción o investigaciones”, dijo.   

En Curazao se calcula que viven en situación migratoria irregular unos 17.000 venezolanos. Esto representa más de 10% de la población del país autónomo de los Países Bajos.