El alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams anunció un despliegue para ayudar a los migrantes a ir a estados más cálidos y otros a Canadá.

Cabe recordar que la ciudad de Nueva York recibió autobuses de migrantes provenientes de Texas y Miami; y fueron tantos los que llegaron que se declararon en emergencia humanitaria.

Activaron refugios, y hoteles para prestar apoyo a los migrantes, en su mayoría venezolanos, sin embargo, los fondos no fueron suficientes para atenderlo.

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Adams reveló que hay migrantes que fueron enviados a su ciudad, pero que en realidad querían llegar a otra parte.

“Algunos quieren ir a Canadá, otros quieren ir a estados más cálidos y estamos ahí para ellos mientras continúan avanzando en la búsqueda de este sueño”.

De acuerdo con The New York Post hay migrantes que se encuentran en Nueva York, pero no quieren estar en la Gran Manzana.

Justamente a estos migrantes “se les está dando boletos gratis a Plattsburgh que se encuentra a unas 20 millas al sur de la frontera con Canadá”.

Al llegar a Plattsburghtaxis para que los lleven a Quebec.

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Se pudo conocer que el lunes por la noche salió un segundo autobús repleto de destino a Canadá y se espera que continúen los envíos de solicitantes de asilo.

Un venezolano, citado por EFE indicó el motivo de esta nueva migración. “Me voy porque dejé tres hijos en otro país (Bolivia) y acá el proceso migratorio es lento, se demora mucho y un abogado cobra $10,000 dólares para que te llegue un permiso de trabajo y el Seguro Social”.

Además “ni siquiera te garantiza nada. Un asistente jurídico es más barato pero no puede defenderte en una corte”, agregó.

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Migrantes venezolanos llegados recientemente a Nueva York duermen hace dos días en la calle, pese al frío invernal, en protesta por haber sido desalojados del hotel en Manhattan que les servía de refugio, para ser enviados a otro albergue que según ellos no reúne las condiciones para vivir.

«Allí no hay calefacción y está haciendo frío, los colchones se hunden, las camas están muy pegadas y no sabes a quién tienes al lado; no hay dónde guardar las pertenencias y tienes que cruzar la calle para bañarte y hacer fila», denunciaron a EFE varios inmigrantes, algunos de los cuales han pasado previamente por otros albergues proporcionados por la Alcaldía.

Casetas de campaña, maletas, ropa, cobijas o bicicletas son las pertenencias de estos airados inmigrantes, todos hombres, frente al hotel Watson, en la conocida zona de Hell’s Kitchen, donde han vivido por varios meses tras su llegada a Nueva York, muchos enviados a la ciudad en autobuses por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

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Migrant standoff. Single adult male asylum seekers are being moved from the Watson Hotel to the Brooklyn Cruise Terminal so migrant families with children can move in here. But advocates asked migrants not to board buses. Then a tent city popped up overnight. 1/2 pic.twitter.com/wDzquClCxo

Varios venezolanos dijeron a EFE que el pasado martes, para su sorpresa, fueron notificados por la administración del hotel, en una hoja que les pasaron por debajo de la puerta de su habitación, que debían dejar el lugar entre el 28 y el 31 de enero. Dos días después se colocó una lista pública con el número de identificación que se les asignó y el día y hora en que debían dejar el hotel.

La Alcaldía comenzó a enviar autobuses para recogerles, como ocurrió hoy, y llevarles a su nuevo destino en el terminal para cruceros en Brooklyn, convertido en un refugio temporal para hombres solteros. El hotel Watson, ahora desalojado, será usado para albergar familias con niños.

La ciudad ha recibido en los últimos meses unos 42.000 inmigrantes que han sido ubicados en albergues que han terminado llenos, lo que obligó a la Alcaldía a alojarlos en hoteles.

Una mesa con café caliente, frutas y otros refrigerios están en una mesa también en la acera, aportados por activistas que les apoyan y ayudan con la traducción.

Según los datos del Departamento de Seguridad Nacional de DHS el número de migrantes indocumentados, entre ellos venezolanos, en la frontera sur con México podría descender a un 97% si se compara enero con el mes de diciembre.

Así se desprende de la información publicada el miércoles por la DHS, en la que revelan datos preliminares del mes de enero, tras la aplicación de las expulsiones aceleradas bajo el  Título 42 y el Título 8.

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Como se recordará, el domingo entró en vigencia el plan que permite expulsar de inmediato a México, a migrantes de Venezuela y otros 3 países si carecen de una aprobación previa, tal como lo estipula el nuevo plan migratorio.

El gobierno de Biden anunció la ampliación de un programa que permitirá la entrada a EE.UU. de hasta 30,000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití cada mes.

Con esta medida se expande el plan que había lanzado en octubre para conceder visados humanitarios a venezolanos.

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Según la DHS la tendencia es a qué enero podría ser uno de los meses más bajo en cuanto a la detención de inmigrantes indocumentados.

Esta afirmación se hace sobre la base de comparar los datos de la semana del 11 de diciembre, cuando cada día se realizaban 3.317 detenciones; mientras que en enero ocurrieron apenas 115 arrestos por día, reseña La Opnión.

Estos datos se basan en la experiencia de la DHS en la frontera sur oeste con México.

Estados Unidos anunció el jueves el lanzamiento de un nuevo programa para recibir refugiados, instando a todos los estadounidenses a patrocinar uno para aumentar el número extremadamente bajo de admisiones en el país.

Por primera vez, cada ciudadano estadounidense podrá patrocinar directamente la recepción en el país de un refugiado, sin pasar por una asociación u ONG.

Un experto asegura que “Los inmigrantes cubanos, haitianos nicaragüenses y venezolanos califican» para el programa de refugiados y para el parole, ya que se trata de dos programas distintos.

«El Cuerpo de Bienvenida representa la mayor innovación en la recepción de refugiados en las últimas cuatro décadas», dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado. 

Durante el primer año, el objetivo es movilizar hasta 10.000 estadounidenses para acoger a unos 5.000 refugiados. 

Los ciudadanos que deseen patrocinar a un refugiado deberán pasar extensos controles de seguridad y proporcionar pruebas de sus capacidades de financiación.

No se prevé ningún incentivo económico para estos patrocinadores, que deberán demostrar que disponen de 2.275 dólares durante tres meses para la compra de ropa y otros artículos de primera necesidad. 

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El presidente Joe Biden fijó en 125.000 el número de refugiados que Estados Unidos puede acoger cada año fiscal (de octubre a octubre), rompiendo con los recortes realizados por el expresidente Donald Trump. 

Pero Estados Unidos está lejos de la marca. En los primeros tres meses del año fiscal 2023, solo 6.750 refugiados fueron admitidos para establecerse en Estados Unidos, un país construido sobre la inmigración, según cifras del Departamento de Estado.

El proyecto piloto, abierto a refugiados «de todo el mundo», está inspirado en programas similares en Canadá y amplía los ya establecidos de manera temporal para refugiados afganos, ucranianos, venezolanos, nicaragüenses y cubanos, dijo un alto diplomático bajo condición de anonimato.

«La diferencia aquí es que el programa se aplicará a refugiados de todos los países del mundo y está dirigido a su asentamiento permanente en Estados Unidos», agregó el funcionario.

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De acuerdo con la regla publicada por el gobierno, el programa detalla que, además de organizaciones de ayuda a inmigrantes autorizados (agencias de reasentamiento) que ya patrocinan refugiados, “ cinco o más estadounidenses podrán formar un grupo y también cumplir este papel” (de patrocinadores).

La norma explica que los interesados podrán presentar una solicitud para patrocinar refugiados por su cuenta, quienes se establecerán en Estados Unidos “y serán responsables de recaudar sus propios recursos para ayudarlos durante los primeros tres meses”.

La asistencia incluirá diversos aspectos, desde encontrarles un lugar para vivir hasta inscribir a los niños de edad escolar en escuelas.

El gobierno busca que, al término de una primera fase, el programa se consolide y el patrocinio privado se convierta en modelo para recibir refugiados dentro de un sistema de inmigración ordenado.

El Departamento de Estado (DOS)  dijo que en la primera fase los patrocinadores privados que participen en el ‘Cuerpo de Bienvenida’ serán emparejados con refugiados cuyos casos ya hayan sido aprobados para reasentamiento bajo el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos (USRAP).

El gobierno dijo que el DOS comenzará a facilitar encuentros entre patrocinadores privados y refugiados que lleguen, dentro de los primeros seis meses de 2023.

La segunda fase del programa se lanzará a mediados de 2023. El reglamento indica que, en esta etapa, los patrocinadores privados podrán identificar a los refugiados, esperar que sean referidos al USRAP y reasentados. “Y apoyar a los refugiados que hayan identificado”, explica.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) explica que el estatus de refugiado (o asilo) se le puede otorgar a las personas “que han sufrido persecución o que temen que se les persiga por razones de raza, religión, nacionalidad, y/o por pertenecer a un cierto grupo social u opinión política”.

En particular, el estatus de refugiado es una forma de protección que puede otorgárseles a las personas que satisfacen la definición de refugiados y que constituyen una inquietud humanitaria especial para los Estados Unidos. Generalmente, los refugiados son personas que están fuera de sus países que no pueden o no están dispuestos a volver allí porque temen daños personales graves.

USCIS señala además que, según las leyes de Estados Unidos, un refugiado es una persona que:

Un refugiado no incluye alguien que haya ordenado, incitado, ayudado, o participado de ninguna otra manera en la persecución de alguna persona por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política, o por pertenecer a un cierto grupo social.

El grupo de organizaciones que participa y dirige el programa de refugiados lo integran:

Ellos trabajarán con los patrocinadores privados en las siguientes áreas:

El DOS dijo que en la ampliación del programa de bienvenida a refugiados también podrán participar organizaciones e instituciones comunitarias.

Un extranjero que solicita el estatus de refugiado en Estados Unidos sea a través de una embajada estadounidense, un consulado o una entidad internacional de ayuda a refugiados, debe recibir primero un referido al Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos (USRAP) para recibir consideración como refugiado.

Si tiene un referido, recibirá ayuda para llenar su solicitud. Luego de eso, un funcionario de USCIS le entrevistará en el extranjero para determinar si es elegible para reasentamiento como refugiado.

USCIS explica que su caso puede incluir a su cónyuge, sus hijos (no casados y menores de 21 años) y, en ciertas circunstancias limitadas, otros miembros de su familia. Tam bien puede incluir a su pareja del mismo sexo en su solicitud siempre y cuando usted y su cónyuge estén legalmente casados.

El gobierno advierte que, por lo general, USCIS toma en consideración la ley del lugar en que se llevó a cabo el matrimonio al determinar si el matrimonio es válido para propósitos de la ley de inmigración.

Las parejas del mismo sexo que no estén casados, pero que están cualificados para tener acceso al programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos bajo una de las tres prioridades de procesamiento designadas mundialmente, puede que sus casos sean asociados de manera que puedan ser entrevistados al mismo tiempo, y, si USCIS los aprueba, reasentarse en la misma área geográfica en Estados Unidos.

El reglamento aclara que el solicitante de refugio no tiene que pagar una tarifa para solicitar estatus de refugiado. Y que la información que proporcione no se le divulgará a su país de origen.

Las prioridades actuales dentro del programa de reasentamiento de refugiados son:

USCIS explica que, según las leyes de inmigración, los refugiados, al igual que los asilados, pueden o califican para solicitar el estatus de residente legal permanente (LPR) después que han estado físicamente presentes en Estados Unidos durante al menos un año (365 días).

El denominado “ajuste de estatus” se hace por medio del formulario I-485 (Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus).

Para poder ser elegible para obtener una green card o tarjeta verde en calidad de refugiado, usted debe cumplir con los siguientes requisitos:

Abogados consultados por Univision Noticias advierten que los refugiados que cometen crímenes o faltas que los conviertan en inadmisibles no califican para la residencia y pueden, incluso perder el estatus y sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

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“Técnicamente la ampliación del programa cubre a cualquier país donde haya refugiados, incluyendo Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela”, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

“No excluye a estos países que el gobierno los incluyó en otro programa humanitario”.

“El programa de perdón humanitario para esos cuatro países les da una entrada y una permanencia por dos años y un permiso de trabajo. Al término de ese plazo, si no regularizan su permanencia por cualquier vía legal disponible, deben irse de estados Unidos”, dice el abogado José Guerrero.

A su vez, Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, señala que la ampliación del programa de refugiados se debe a que el año pasado no se usó la cuota de 125,000 aprobada por la Casa Blanca.

Sólo utilizaron unas 25,000 a través de organizaciones patrocinadoras. “Los inmigrantes cubanos, haitianos nicaragüenses y venezolanos califican para ambos programas. La diferencia es que los refugiados, al término de un año de haber ingresado, califican automáticamente para la green card o tarjeta verde”.

Con información AFP- Univisión

Desolados y frustrados, cientos de venezolanos que languidecen en la frontera de México lloraron la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el lunes de mantener las restricciones migratorias en el sur del país norteamericano.

«Es una gran tristeza saber que no podemos pasar», dijo Edward Acevedo, de 41 años, a los pies del muro que separa a la mexicana Ciudad Juárez de la estadounidense El Paso. 

«Hemos pasado por la selva, por hambre y frío. [Son] muchas calamidades», agregó el hombre que duerme junto a decenas de compatriotas en un refugio improvisado en la casa de un pastor en Juárez. 

«¡Somos seres humanos! ¡Somos de carne y hueso! ¿cómo le explicamos eso a los jueces y a los gobernadores?», irrumpió a su lado Juan Delgado, de 38 años, vistiendo apenas un sweater que mal le protege del despiadado frío de casi 0ºC.

La crisis de la nación caribeña gobernada por Nicolás Maduro ha llevado a millones de venezolanos a migrar. En los últimos meses, miles enfrentaron la selva del Darién y atravesaron varios países de Centro América en precarias condiciones para tocar a las puertas de Estados Unidos en busca de asilo. 

Con el flujo en ascenso, Washington lanzó en octubre un programa humanitario con 24.000 cupos ofrecidos a los venezolanos que se postularan desde su país. En paralelo, y en un intento de cortar la cadena migratoria, Estados Unidos les cerró el acceso por su frontera sur bajo el título 42, medida sanitaria vigente desde 2020 en el marco de la pandemia del covid.

Miles, a mitad de camino, no desistieron. Volver, muchos repiten, no es una alternativa. 

«El salario en Venezuela son 20 dólares, y con eso compro dos pollos, ¿cómo se puede vivir así? es miseria», explica Acevedo que dejó a su esposa e hija. 

El título 42 que cierra los puertos de entrada a los solicitantes de asilo trastocó la frontera sur de Estados Unidos. 

Con la pandemia dando tregua, los flujos migratorios se restablecieron, y quienes buscan asilo aprovechan las brechas que consiguen en el muro que se extiende por más de 3.000 km a lo largo de California, Arizona, Nuevo México y Texas. 

La mayoría se entrega a las autoridades fronterizas. A algunos se les permite quedarse para defender su pedido de asilo, pero otros son enviados a sus países o a México debido a la medida que el gobierno de Joe Biden intenta desactivar.

Una decisión judicial había ordenado la expiración del título 42 a partir del 21 de diciembre, pero este lunes la Corte Suprema lo mantuvo en pie temporalmente, acogiendo un pedido de gobernadores republicanos contrarios a la migración. 

La fecha era aguardada con ansias por miles de venezolanos en México. 

«Era la ilusión de salir adelante de todos los venezolanos que estamos aquí», dijo Ángel Colmenares que rompió en llanto al enterarse del fallo. 

«¿Por qué no nos dan una oportunidad?», insistió Juan Delgado. «Nos tratan como delincuentes y sólo queremos trabajar».

#ULTIMAHORA: Corte Suprema de Justicia de #Usa detiene por el momento eliminación del Título 42 en frontera con #Mexico, a petición de 19 estados republicanos. Departamento de Justicia tiene que responder ahora. Se preveé que cuando acabe Título 42 crisis en frontera empeore pic.twitter.com/LCayhp5q0r

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Las condiciones en las cuales los venezolanos subsisten en México sirven de referencia del nivel del desespero. Se calientan en hogueras en basureros, se asean donde y cómo pueden, y muchos duermen en las calles.

Con filas de migrantes de otras ciudadanías extendiéndose por horas a las puertas de Estados Unidos y al margen de las frías aguas del Río Grande, los venezolanos se rebuscan vendiendo cobijas, guantes y pedazos de pizza. 

Cruzan el río con niños a los hombros y encienden fogatas a cambio de propinas que por día suman más que un mes de trabajo en su país.

Pero después que la noche aprieta, la mayoría se recoge. «La gente de los cárteles nos para», cuenta un venezolano que dice haber perdido así el rastro de compañeros del refugio. «Algunos no vuelven nunca más». 

«Y cuando no son los cárteles, son los de la migra, esos son peores», dijo el mismo hombre que no da su nombre por miedo a represalias.

«Uno denuncia y nada, nosotros somos los olvidados, a nosotros nadie nos quiere. Estorbamos a donde vamos». 

Este desespero, dicen algunos, es lo que los motiva a cruzar de forma ilegal en pequeños huecos a lo largo de la reja de casi diez metros de altura en Estados Unidos. 

«No nos van a dejar entrar y no puedo esperar más», dijo un venezolano que atravesó un pequeño hueco en el que apenas cabía su cuerpo. «A mi esposa la está matando un tumor, necesito dinero para las medicinas», dijo el joven que se persignó apenas pisó suelo estadounidense. 

Otros cuatro venezolanos entraron por los mismos agujeros en un plazo de diez minutos este lunes. En seguida corrieron El Paso adentro. 

Pero otros insisten en querer cruzar de forma legal, y por eso cuestionan el revés judicial.

«Uno anda emigrando con ese sueño, todos tenemos ese sueño de salir adelante», contó en Ciudad Juárez Manuel Bolívar, de 20 años. «Están jugando con las emociones de los migrantes que hemos luchado para llegar hasta aquí».

Un nuevo autobús con 41 inmigrantes llegó la madrugada de este jueves a Washington desde Texas, a las puertas de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris.

Se trata de un total de 11 niños y 30 adultos, la mayoría procedentes de Venezuela, que llegaron a las 6.15 hora local (10.15 GMT) al Observatorio Naval, la residencia oficial de Harris, a bordo de un autobús enviados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

El hecho ocurre a dos meses de las elecciones de medio mandato, donde la inmigración planea ser una de las armas arrojadizas de la campaña, reseña EFE.

Exhaustos, con poca ropa pese al frío matutino y con chancletas de plástico (al llegar a EE.UU. les quitan los zapatos), descendieron del autobús sin saber bien lo que les espera.

Dos noches y un día, 36 horas de viaje, es lo que tardaron en llegar a la capital estadounidense, en uno más de los traslados que Abbott y otros gobernadores republicanos llevan promoviendo desde abril pasado para protestar por la política migratoria de Joe Biden.

En autobuses o incluso en aviones, trasladan a los inmigrantes desde sus estados hasta ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York y Washington con un único objetivo: ganar titulares.

Aunque durante meses estuvieron llegando a lugares preparados para recibirlos, como la terminal de trenes y autobuses Union Station, desde el pasado 15 de septiembre los vehículos llegan directamente a la casa de Harris.

Así lo confirmó a Efe Tatiana Laborde, coordinadora del grupo SAMU First Response en Estados Unidos, la principal ONG que les está ofreciendo asistencia.

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Un nuevo bus con migrantes llegó a las afueras de la residencia de Kamala Harris en Washington. Los migrantes dijeron ser de Venezuela y Ecuador.pic.twitter.com/7DXrkdGLy0

Esta práctica cruel e interesada, parte de una campaña política, dificulta aún más el último trayecto de un viaje de penurias, pues los migrantes son dejados en plena calle y tienen que ser trasladados luego a la mencionada estación para darles asistencia.

Aunque el 15 de septiembre, cuando llegó el primer autobús a casa de Harris, les tomó completamente desprevenidos, ahora ya saben cómo funciona el particular sistema y un grupo de SAMU esperaba esta madrugada a los migrantes, para acomodarlos en un nuevo autobús y trasladarlos a la estación.

A bordo del bus que llegó esta madrugada viajaban Rocío y su marido, con sus dos hijos, de 18 meses y 5 años. Son originarios de la ciudad venezolana de Barquisimeto y han dejado a otro niño más mayor con la madre de ella, cuentan a Efe minutos después de bajarse del vehículo.

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Tardaron dos meses y medio en llegar a Estados Unidos y «por la ayuda de Dios» no sufrieron ningún traspié de los que cuentan miles de migrantes que viajan cada día y sufren robos, palizas, violaciones, extorsiones o secuestros. «Solo en México nos fue mal, los de Migración nos agarraron varias veces y nos hicieron retroceder parte del camino», cuenta Rocío.

De lo más duro, explica su esposo, fue cruzar la selva del Darién, tapón de unión de las Américas, que separa Panamá de Colombia, donde «muchos niños morían». También el dormir en la calle con los dos pequeños. Migraron, como la mayoría de los que viajan, por la situación actual del país gobernado por Nicolás Maduro, donde «no hay comida ni trabajo».

Al llegar a Union Station, los trabajadores y voluntarios de SAMU les dan comida y les toman los datos. «Se les hace un cuestionario para saber de dónde son, a dónde van y si tienen familiares. Una vez se pinta la imagen del bus comenzamos a ayudarlos con el transporte y si van a Nueva York, por ejemplo, se les compran billetes de autobús», explica Laborde.

Y a los que deciden quedarse en Washington, un porcentaje que va en aumento (al principio era del 10 % y ahora del 22 %, calcula), se les deriva a refugios públicos o a un centro que opera la propia SAMU, con capacidad para 50 personas.

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Desde abril, cuenta, han atendido a unas 3.830 personas, sin contar a los que llegaron hoy, ni a los que llegaron ayer, procedentes de Arizona, y han dado cama a unas 1.000, que se quedan entre tres y cuatro noches.

Una vez en el refugio son derivados a los programas de asistencia que lleva a cabo el Gobierno local para facilitar el comienzo de una de las partes más complejas del viaje, sostenerse económicamente en un país donde la vivienda o la lista de la compra no son precisamente baratas.

Programas que solo ofrecen alojamiento y alimentación un tiempo, pues no pueden ayudar a los migrantes a conseguir trabajos, ya que su situación en el país es irregular.

Aunque muchos llegan a reencontrarse con familiares, otros como Rocío y su familia no conocen a nadie. Viajarán hoy en autobús a Nueva York porque allí los derivaron las autoridades migratorias de Texas, una ciudad de la que solo conocen lo que han visto en las películas.

«Lo que se encuentran aquí puede ser mucho mejor de lo que tengan, pero no es tan fácil como lo piensan. Muchos de ellos, y nos pasa una y otra vez, llegan pensando que lo de los papeles no es tan difícil y ese es el primer choque, porque muy pocos los consiguen», agrega Laborde.

Pero a Rocío y su marido nada les quita hoy las caras de ilusión al ver las bóvedas de la Union Station y «lo bonito que es Estados Unidos» y confían poder seguir repitiendo una frase a la que se aferran: «Gracias a dios, todas las puertas se nos abrieron grandes».

En todas las crisis los más afectados siempre son los más vulnerables, y en el caso de la migración venezolana hacia los Estados Unidos hay un rosario de calamidades a la que ahora se le suma la contienda electoral del próximo mes de noviembre.

La crisis migratoria en la frontera de México- Estados Unidos reúne a personas de varias nacionalidades, con la singularidad que este año la cifra de venezolanos se ha incrementado exponencialmente. Hecho que ha sido utilizado en los últimos meses como una herramienta política.

La situación, que ya había sido denunciada por alcaldes y gobernadores republicanos, el jueves se desató alarmas, ya que en una acción temeraria, los gobernadores de Texas y Florida enviaron a grupos de migrantes, en su mayoría venezolanos, a la casa de la vicepresidente Kamala Harris y a una lujosa isla de Massachusetts.

Alfredo Rojas, especialista en escenarios electorales, hace un análisis para Impacto Venezuela sobre el tono político que tiene la migración venezolana y latinoamericana en Estados Unidos.

“La cuestión de fondo es que las opiniones de los estadounidenses sobre la inmigración son muy partidistas. Es uno de los asuntos que los divide. Por eso es uno de los problemas más importantes que mencionan entre los que enfrenta el país y por eso también es un tema que hace parte de las campañas electorales, como es el caso ahora ante las próximas elecciones de medio término. La mayoría de los estadounidenses, 4 de cada 10, quieren que se reduzca la migración, de los cuales dos tercios son republicanos”.

Y es que le tema están complejo que divide opiniones a lo interno de los partidos republicanos y demócratas.

Rojas explicó que este asunto “divide a los líderes demócratas y republicanos al interior de sus propios partidos, entre facciones de moderados y radicales en cada lado. No extraña entonces que esto esté enfrentando actualmente a los gobernadores de Texas y Florida, tanto con la Casa Blanca como con los gobernadores demócratas de varios estados a donde están enviando los inmigrantes que entran o están ilegalmente en sus territorios. Más que legal, ya esta es una discusión moral”.

Al hacer profundizar un poco más del complejo tema, Rojas sostiene que “se está deshumanizando la migración en Estados Unidos, mayoritariamente de venezolanos en este caso, y se está cosificando a los inmigrantes”.

Para Alfredo Rojas se trata de un tema espinoso en el que los mayores afectados son los más vulnerables. ”Los republicanos acusan al presidente Biden de abrir, no controlar ni asegurar las fronteras y de usar la cuestión migratoria como un instrumento de presión electoral, y, al mismo tiempo, los dos gobernadores republicanos de Texas y Florida usan a los inmigrantes para ejecutar sus políticas en la materia y ganar apoyos sacándolos de sus estados y enviándolos a otros en manos demócratas. En medio de la tensión, los inmigrantes se llevan la peor parte del fuego cruzado».

Desde que asumió el control de la Casa Blanca en enero del 2021, el gobierno de Joe Biden ha tomado medidas para desarmar la política migratoria de ‘tolerancia cero’, pero veinte meses después el panorama en la Corte de Inmigración (EOIR) es inquietante pues hay una cascada récord de solicitudes de asilo, entre ellas de venezolanos.

La razón no es otra que el gobierno ha admitido más de 1 millón de nuevos solicitantes de asilo, los que se suma a los 1,2 millones que había en enero de 2021, cuando Biden asumió el cargo, reseña un trabajo publicado por Univisión.

Mientras que NYT, destaca que  desde enero de 2021 más de un millón de inmigrantes indocumentado a los que se les ha permitido ingresar al país temporalmente después de cruzar la frontera, forman parte de una cascada récord de migración irregular en todo el mundo.

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Esta misma semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en una reunión que sostuvieron, que no iba a permitir el maltrato a los migrantes y si eran de nacionalidad mexicana menos.

A esto se le suma que en varias oportunidades, López Obrador ha hecho un llamado público a los gobernadores y actores políticos norteamericanos a que no inmiscuyan a los migrantes en el tema electoral.

Pero ayer se sumaron más voces, entre ellas la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean- Pierre que no dudó en calificar estos traslados como actos “vergonzosos” y crueles hacia los migrantes.

Los migrantes, en su mayoría venezolanos y entre los que hay niños, llegaron el miércoles 14 de septiembre a Martha’s Vineyard, un bastión demócrata y mítico lugar de vacaciones para la élite política del país. Habían sido trasladados en aviones desde Texas pero en vuelos que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, dijo haber organizado.

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Este jueves se conoció por medio de imágenes difundidas por Fox News, que el gobernador, Greg Abbott, que además es pionero de esta iniciativa y también en campaña por su reelección, envió dos autobuses de migrantes cerca de la residencia de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

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La ola de migrantes que llega a Estados Unidos y que han sido trasladados a Washington, Nueva York, Chicago y más recientemente Martha’s Vineyard, ha sido calificado como un cruel juego político por parte de la Casa Blanca

«Es una maniobra política fría y premeditada», calificó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el traslado de migrantes, en su mayoría venezolanos, en autobús y avión a Washington y a una exclusiva isla en el noreste de Estados Unidos.

Jean-Pierre acusó a pesos pesados de la derecha estadounidense de utilizar a los migrantes como «peones» en el ajedrez político, de una manera «cruel»; esto en clara referencia los gobernadores de Texas, Arizona y más recientemente de Florida que adelantan este tipo de acciones racistas.

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Piden investigarlos

El demócrata Gavin Newsom, solicitó este jueves al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar el envío de migrantes en autobuses y aviones por todo el país por parte de sus homólogos republicanos de Florida, Ron DeSantis, y Texas, Greg Abbott.

What @GovRonDeSantis and @GregAbbott_TX are doing isn’t clever, it’s cruel.I’m formally requesting the DOJ begin an immediate investigation into these inhumane efforts to use kids as political pawns. pic.twitter.com/x2sBa06nSw

Un desafortunado incidente ocurrido el pasado miércoles en el refugio Bedford-Atlantic Armory de Brooklyn, dejó a un migrante venezolano golpeado y a un oficial de policial suspendido.

La información fue dada a conocer por la radio 1010 WINS y replicada por medios locales, entre ellos El Diario de NYC.

Las primeras imágenes se conocieron a través del Twitter de Immigrant Coalition, en las que se  muestran al joven inmigrante Meiver Martínez, de 21 años, gritándole furioso al policía y pateando un casillero cercano.

Un policía de uno de los refugios para personas sin hogar más notorios de NYC fue suspendido luego de ser captado en un video golpeando la cara de un inmigrante venezolano solicitante de asilo, dijeron las autoridades.

Ayer se conoció que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) de la ciudad suspendió al oficial, del cual se desconoce su identidad.

"The officer, from the Department of Homeless Services police, was caught on video striking a 21-year-old Venezuelan migrant in the face."https://t.co/Q3zUBs3DFg https://t.co/pnPuR3QD1S

En un comunicado citado por New York Post, un portavoz del DSS asegura que “Proteger la salud y la seguridad de nuestros usuarios y personal es nuestra principal prioridad en todo momento y no toleramos ningún tipo de violencia o mala conducta contra nuestros clientes”.

“Después de una revisión preliminar de este incidente, estamos tomando medidas inmediatas para suspender al oficial del DHSPD (Policía del Departamento para Personas sin Hogar) involucrado mientras completamos una investigación completa”, agrega.

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, envía miles de migrantes en autobuses a NYC, Washington y más recientemente a Chicago; lo que le ha valido duras críticas por parte de los gobernadores demócratas.

Al ser cuestionado por sus acciones, Abbott esgrime que  «están experimentando una fracción del impacto desastroso que la crisis fronteriza ha causado en Texas. Los alcaldes demócratas deberían dejar de atacar a Texas por asegurar la frontera y exigir que Joe Biden haga su trabajo».

La acción del gobernador de Texas, Greg Abbot de enviar a miles de migrantes en autobuses para Nueva York y Whashington, fue  tachada de «fomentar el odio antiinmigración y antilatinos».

Así lo denunció el comisionado de Inmigración de la alcaldía neoyorquina, Manuel Castro, quien además remarcó que el envío de inmigrantes de Texas a Nueva York sin coordinación alguna está causando «una crisis extremista de extrema derecha».

“En estos envíos por autobús priman muy por encima de otras comunidades los inmigrantes venezolanos, llegados a Estados Unidos tras largos viajes que les supone atravesar varios países donde con frecuencia son sometidos a secuestros o violencia sexual, entre otros atropellos”, reseña EFE.

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Cabe destacar que la alcaldía de Nueva York, está enfrascada en una agria polémica con el gobierno texano por los envíos de este último de miles de inmigrantes en autobuses hacia Nueva York, reseña EFE.

La alcaldía neoyorquina asegura que desde abril han llegado desde Texas 7 mil 600 inmigrantes a la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, no detallan cuántos de ellos llegaron por sus medios y cuántos forman parte de los envíos organizados por Abbot desde el pasado 5 de agosto.

El comisionado de Inmigración de la alcaldía neoyorquina, el mexicano-estadounidense Manuel Castro, dijo que los inmigrantes enviados desde Texas son casi todos solicitantes de asilo y gozan de libertad de movimientos mientras dura su proceso migratorio.

Aunque le proceso migratorio puede tardar años, el comisionado afirma que por la condición que tienen no pueden tratarlos como indocumentados o de ilegales.

Castro ratificó su posición de la semana pasada, en torno a que Abbot «usa a seres humanos con fines políticos». A juicio del comisionado «es una línea que nunca se debe cruzar».

Por su parte, el gobernador Abbot no esconde que el propósito de estos envíos de inmigrantes es repartir la carga migratoria.

Uno de los argumentos del Abbot es que “no debe recaer solo en Texas, y si ha elegido Washington en los pasados meses y ahora Nueva York es por estar gobernadas ambas ciudades por alcaldes progresistas”.

El gobierno texano envía autobuses sin coordinación con Nueva York, y ha prohibido incluso a los choferes dar información a las autoridades neoyorquinas sobre los viajes y las horas previstas de llegada, que son conocidos de forma informal por las llamadas de los propios inmigrantes.

Un total de 323.000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos podrían verse beneficiados en caso de que el presidente de EE.UU. Joe Biden acepte la solicitud de extender el plazo para otorgar TPS, que hicieran más de 190 organizaciones.

 Fue este jueves cuando la coalición de organizaciones solicitó al Gobierno del presidente Joe Biden que extienda más allá de septiembre próximo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Se trata de una coalición conformada por esas organizaciones civiles y proinmigrantes locales y nacionales, que pidió en una carta enviada a Biden una extensión de 18 meses.El argumento central de la solicitud es “que las condiciones en Venezuela han empeorado y además señalando demoras en los trámites a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)”, cita EFE.

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Como se recordará en marzo de 2021 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) designó a Venezuela, por 18 meses, como país dentro del programa migratorio TPS.

Bajo este programa, Estados Unidos otorga permiso de estancia y trabajo temporal a personas oriundas de naciones donde hay desastres naturales o violencia.

Justamente este plazo vence en septiembre próximo y USCIS tiene pendiente el trámite de 202.219 venezolanos que han solicitado ese amparo, según las organizaciones reunidas en la TPS-DED Administrative Advocacy Coalition.

Según Adelys Ferro, directora del Caucus Venezolano Estadounidense, “la crisis actual en Venezuela ha impactado a millones, llevando a una de las peores crisis humanitaria en este hemisferio y en el mundo”.

Los atrasos en los trámites “han causado un impacto grave en los venezolanos a quienes se les niegan recursos esenciales, cuidado de la salud y licencia de conducir, y (ellos) sufren debido al desempleo prolongado y el temor de la deportación”, subrayó.

Aunque las autoridades, ni los medios de prensa precisaron la nacionalidad de los fallecidos, si indicaron que entre los 8 heridos se encuentran 6 venezolanos, dos de ellos heridos de gravedad.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo, luego que  la vagoneta en la que se desplazaban, los migrantes, de Monterrey a Monclova, impactará de frente con un vehículo. El accidente de se registró en el kilómetro 54 de la carretera.

Al lugar acudieron efectivos de protección civil de Ramos Arizpe, y de la Guardia Nacional,  para realizar las indagatorias correspondientes, confirmaron el fallecimiento de dos personas en el lugar.  Entre las víctimas se cuentan el conductor del vehículo modelo Aveo y un pasajero de la vagoneta.

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El personal paramédico  encontró a varias personas sobre la vialidad, una de ellas, identificada como Abigail Rodríguez, de 25 años, originaria de Venezuela.

 Rodríguez sufrió fracturas en ambas piernas, además de un traumatismo en el cráneo, por lo que fue trasladada de urgencia a Cruz Roja en Saltillo.

Mientras que Karen Castaño, de treinta años de edad, también venezolana, fue trasladada en código rojo, al sufrir una fractura expuesta de tibia y peroné, además de una probable fractura de tórax.

De igual manera, un joven de 21 años, originario del estado de Oaxaca, identificado como Carlos Antonio Flores, fue trasladado en código amarillo al Hospital General de Saltillo, al resultar con una fractura expuesta de tibia.

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Las otras cuatro personas también venezolanas  fueron trasladadas a instituciones médicas por las lesiones que sufrieron tras el accidente.

Se trata de Jhonatan Silva de 35 años, María José Ovalles de 26 años, Gerson Jesús Pérez de 38 años y  Cristopher José Pérez de 37 años, según un reporte de Milenio.

La versión de prensa indica que al parecer el conductor del vehículo modelo Aveo habría invadido el carril contrario impactándose de frente con la mini van que los migrantes habían rentado para poder llegar a la ciudad de Piedras Negras.

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Hace casi dos meses que Gilberto Rodríguez dejó a su mujer y a sus dos hijos pequeños en Caracas e inició junto a su perro «Negro» una azarosa caminata hacia el norte por ocho países.

Ha dormido en la calle, ha evadido delincuentes y ha tenido que pagar sobornos a policías guatemaltecos corruptos, pero nada le ha robado la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Antes de llegar al río Bravo, si consigue alcanzar la última frontera sin que la policía mexicana lo detenga y lo deporte, debe atravesar otro río en la frontera entre Guatemala y México, el Suchiate.

Con su perro mestizo en brazos, paga poco más de un dólar para subirse a una balsa hecha de cámaras de neumáticos y tablas.

En 10 minutos, ha llegado a México.

«Tenemos una situación muy crítica con la economía allá [en Venezuela] y nos toca salir corriendo. No alcanza para nada el sueldo, todo tú lo compras en dólares y lo que te pagan en bolívares no te rinde nada», explica este joven delgado de 27 años en Ciudad Tecún Umán, en el suroeste de Guatemala, antes de cruzar el río.

Gilberto y su perro han atravesado a pie la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Luego Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala hasta alcanzar México.

Estados Unidos, su destino final, está a punto de levantar el título 42, un decreto aprobado en 2020 durante el gobierno de Donald Trump que permite expulsar de inmediato por la pandemia a los migrantes detenidos al ingresar al país.

Se prevé que la decisión del gobierno de Joe Biden de levantar el Título 42 genere un gran flujo de migrantes que buscan empleo y huyen de la pobreza y la violencia.

Pero al igual que Gilberto, la gran mayoría de quienes cruzan el río Suchiate no saben lo que es el Título 42, ni que está a punto de rescindirse.

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Contrariamente a meses anteriores, cuando se agolpaban multitudes de migrantes esta frontera, ahora el flujo es pequeño. En las carreteras la policía guatemalteca sube constantemente a los buses para verificar la identidad de los viajeros.

El flujo migratorio por Guatemala llega en «grupos pequeños» que no demoran en pasar a México, comenta Alejandra Godínez, de la Oficina de Atención al Migrante en Ciudad Tecún Umán.

«Se disipan en varios grupos y luego ya se agrupan del lado mexicano», agrega Godínez.

«Lo están haciendo en plan hormiga», explica Rubén Méndez, alcalde de Ayutla, municipio donde se encuentra Tecún Umán. Asegura que los operativos son un disuasivo para que los migrantes no intenten formar nuevas caravanas como las que solían salir de Honduras, principalmente desde 2018.

Entre enero y mayo, Guatemala ha expulsado a unas 303 personas de Honduras, El Salvador y Nicaragua que no cumplieron los requisitos migratorios y sanitarios requeridos por la pandemia.

También ha expulsado a 69 venezolanos y a 165 cubanos, además de a otras 86 personas de diferentes nacionalidades.

La última caravana de unos 500 migrantes fue disuelta en enero, apenas entró en suelo guatemalteco. Un año antes, un éxodo de unas 7.000 personas fue contenido a bastonazos y gases lacrimógenos.

Gilberto, con la mochila al hombro, cuenta que en algunos tramos de Guatemala los uniformados le exigieron dinero para permitirle continuar.

«La vaina [asunto] está con los policías que nos quitan la plata», dice.

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Con su pequeño perro mestizo de dos años y pelaje oscuro, Gilberto ha sorteado varios peligros.

«En la selva del Darién veníamos con unas mujeres y las violaron, a nosotros nos robaron los teléfonos», cuenta sobre este tramo del camino donde abundan las bandas criminales.

En el camino, mascota y amo han sobrevivido de la caridad y compartido el mismo plato. También han dormido en la calle, pues algunos refugios no permiten animales.

Un día antes de embarcarse en el río, Gilberto, «Negro» y otros nueve caminantes hacen escala en la Casa del Migrante, una organización humanitaria que tiene un local en esta frontera. Allí se alimentan.

«Hemos venido entre montañas, ríos, quebradas, (y) la policía robándonos», relata Moisés Ayerdi, un nicaragüense de 25 años que dice huir de la pobreza y de la represión en su país, donde dejó a su esposa e hija de tres años.

Todos quieren conseguir trabajo en Estados Unidos para enviar dinero a sus familias, y luego financiarles el viaje para reunificarse.

La rústica embarcación sobre el Suchiate es empujada por un hombre con una larga vara. Ni bien tocan la ribera del lado mexicano, «Negro» salta de los brazos de su amo y se adelanta en el sendero.

Ya no solo es un perro, también «es un migrante», dice Gilberto sin dejar de sonreír.

Siete migrantes centroamericanos y suramericanos, entre ellos algunos venezolanos, que salieron este viernes en caravana desde la ciudad mexicana de Tapachula, frontera con Guatemala, se cosieron los labios con aguja e hilo para de esa forma presionar a las autoridades con la emisión de documentos de estancia legal.

Además, los migrantes avisaron que a partir de este momento, cada hora un grupo de personas al interior de la caravana, segunda en lo que va del año, replicará la acción.

El venezolano Edwin Camacho advirtió que van a mantener su protesta de suturarse los labios hasta que tengan eco sus peticiones de obtener su estatus legal en el país y si no lo consiguen seguirán con esa práctica.

«No queremos problemas y violencia, únicamente queremos que nos den el paso a nosotros», expresó Camacho a EFE.

En tanto, su compatriota Matías González, oriundo de Venezuela, pidió al Gobierno de México que les ayude a avanzar porque su objetivo no es quedarse en el país.

«Nosotros pedimos un salvoconducto para salir de la ciudad, ya que ha sido complicado seguir nuestro camino (hacia Estados Unidos)», apuntó a EFE.

Previo a esta acción, integrantes de la caravana migrante se declararon en huelga de hambre al llegar a la comunidad de Álvaro Obregón, tras enfrentarse en dos ocasiones con agentes de la Guardia Nacional (GN) y el personal de migración en la ciudad de Tapachula.

Las autoridades federales detuvieron a cerca de 200 migrantes entre ellos, niños y mujeres embarazadas segmentando a esta caravana.

La situación es crítica ya que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) mantienen un retén en la entrada principal de la comunidad para evitar que salgan de este poblado.

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Tras llegar a la comunidad, los migrantes se resguardaron en la iglesia del lugar donde, dijeron, se mantendrán el tiempo que sea necesario; mientras que las autoridades llevaron a cabo recorridos y operativos para buscar y asegurar a los extranjeros que se mantienen escondidos en los alrededores de esta comunidad.

Alexander, un migrante de Venezuela, indicó que las autoridades migratorias los golpearon para detenerlos y pidió que los dejen avanzar ya que migrar no es un delito.

«Nosotros ya no queremos más violencia, lo único que pedimos es pasar libremente», expuso.

Este viernes, centenares de migrantes salieron caminando desde la fronteriza ciudad mexicana de Tapachula con el afán de llegar a la Ciudad de México para regularizar su situación migratoria; pero al avanzar unos kilómetros chocaron con las autoridades federales.

Este nuevo convoy, llamado por su cercanía con la Semana Santa «viacrucis migrante», partió alrededor de las 07.00 hora local (13.00 GMT) de esta ciudad del suroriental estado de Chiapas fronteriza con Guatemala en la que miles de migrantes llevan semanas e incluso meses varados.

El contingente, formado por hombres, mujeres y niños, tomó sus maletas y emprendió su salida por las calles de la ciudad hasta la carretera costera de Chiapas para enfilar rumbo a la capital, a más de mil kilómetros.

La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021; que terminó el 30 de septiembre.

México deportó a más de 114 mil extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131 mil 448 solicitudes de refugio en 2021. De estos peticionarios, más de 51 mil son haitianos.

Esta es la segunda caravana migrante del año, tras un primer contingente de unas 500 personas que salió en enero pasado pero apenas avanzó unos 20 kilómetros ante la presión de las autoridades.

El septiembre del año pasado, las autoridades mexicanas frustraron el avance de cuatro caravanas de migrantes que salieron precisamente desde Tapachula.

Entonces, varias agencias de la ONU y ONG criticaron el uso de la fuerza en los operativos para desintegrar dichas caravanas.

Otra caravana, que caminó durante más de un mes, llegó a la Ciudad de México a mediados de diciembre.

Un venezolano de origen zuliano radicado en Texas encontró la muerte, este viernes al caer de un séptimo piso en una construcción donde trabajaba como obrero.

Se trata de Alexander Uzcategui, de 42 años, quien murió la mañana de este viernes, mientras laboraba como obrero en un edificio, según el testimonio que ofreció un familiar.

Uzcátegui residía con un primo y una tía por parte de padre también venezolanos, dejó tres hijos mayores.

Se pudo conocer que  la víctima había llegado en enero a Estado Unidos, justo antes que comenzaran a pedirle visa a los migrantes.

En Venezuela el hombre se desempañaba como efectivo del Cpbez y  vivía en el barrio La Pastora de la parroquia Cilicio Acosta de Maracaibo, reseña Noticias Al Día.

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La migración masiva fue lo que motivó a los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menendez solicitar al gobierno de EE.UU. renueve el Estatus de Protección Temporal (TPS), para evitar «una sentencia de muerte» a los venezolanos que han huido del país.

El TPS impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país; hasta ahora se ha utilizado en casos de catástrofes naturales, conflictos armados y otras circunstancias extraordinarias.

Es por ello que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menendez, y el republicano Marco Rubio enviaron una carta al secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas; en ella solicitan que prolongue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que expira en septiembre.

El texto destaca:  «Le escribimos para solicitarle respetuosamente que vuelva a designar a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS). Extender esta designación es absolutamente esencial para los venezolanos elegibles que se encuentran actualmente en los Estados Unidos; y que no pueden regresar a su tierra natal debido a las terribles condiciones en ese país».

Para evitar «una sentencia de muerte» a los venezolanos que han huido del país, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menendez solicitaron al gobierno de EE.UU. renueve el Estatus de Protección Temporal (TPS).

El TPS impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país; hasta ahora se ha utilizado en casos de catástrofes naturales, conflictos armados y otras circunstancias extraordinarias.

Es por ello que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menendez, y el republicano Marco Rubio enviaron una carta al secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas; en ella solicitan que prolongue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que expira en septiembre.

El texto destaca:  «Le escribimos para solicitarle respetuosamente que vuelva a designar a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS). Extender esta designación es absolutamente esencial para los venezolanos elegibles que se encuentran actualmente en los Estados Unidos; y que no pueden regresar a su tierra natal debido a las terribles condiciones en ese país».

Los senadores alertan que «la designación de Venezuela expirará en menos de seis meses; pero los factores sobre el terreno en Venezuela que llevaron a la designación solo se han deteriorado desde 2021. Bajo la brutalidad, la incompetencia y la mala gestión deliberada del régimen de Maduro, Venezuela no es segura para el ciudadano común».

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Ambos senadores piden 18 meses adicionales de TPS para los venezolanos; esto debido a «la campaña en curso del régimen (del presidente Nicolás) Maduro de violencia legitimada por el Estado contra el pueblo de Venezuela y la crisis humanitaria presente en el país».

«De lo contrario, resultaría en una sentencia de muerte muy real para innumerables de venezolanos que han huido de su país», se lee en la carta.

La crisis migratoria venezolana es la segunda más grande del mundo; según las cifras que maneja Acnur y David Smolansky,  comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis migratoria venezolana.

Situación que pone «a prueba los sistemas de protección social en toda la región», añaden Menendez y Rubio; quienes acusan al gobierno de Maduro de usar los alimentos «como arma de control social y político».

Son más de 6 millones de personas las que  han huido de Venezuela, de las cuales más del 80% a otros países latinoamericanos y el Caribe.

Con información AFP- Agencias

Sin poder devolverlos a su país de origen y de acuerdo a una polémica norma, Estados Unidos comenzó a deportar a venezolanos a Colombia.

A los primeros dos inmigrantes originarios de Venezuela que estaban bajo su custodia y que antiguamente habían residido en Colombia los deportaron el 27 de enero. Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, en inglés) a través de un comunicado enviado a BBC Mundo.

El DHS precisó que la deportación se produjo con base en el Título 42. Esta es una política instaurada por la Administración de Donald Trump (2017-2021) y mantenida por la de Joe Biden. La misma permite expulsar rápidamente a migrantes por la pandemia de COVID-19.

Y añadió que el gobierno estadounidense espera que los vuelos con venezolanos que anteriormente residieron en el país latinoamericano se realicen «de manera regular». Los mismos deben estar operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

La agencia «se compromete a garantizar que cada migrante encontrado sea procesado de manera segura, ordenada y humana», añade el comunicado oficial.

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El gobierno colombiano, a través de la oficina de Migración, confirmó la llegada de los ciudadanos venezolanos expulsados el 27 de enero.

«Estos extranjeros, quienes llegaron con su documentación en regla, habían salido del territorio nacional rumbo a México y posteriormente cruzando de manera irregular hacia los Estados Unidos». Así lo dijo un vocero de Migración Colombia a la agencia de noticias AFP.

En su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. subrayaba que la decisión de deportar a venezolanos a territorio colombiano se tomó tras «mantener conversaciones con Colombia».

En relación con esto, medios colombianos informaron que en diciembre ambos gobiernos habían mantenido conversaciones para explorar esa posibilidad. Pero la canciller colombiana —y vicepresidenta—, Marta Lucía Ramírez, aseguró que no había un acuerdo sobre el tema con EE.UU.

«No hemos firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para recibir a 6.000 venezolanos deportados como lo señalan algunos medios», le dijo a la cadena Blu Radio.

«Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos, que han llegado con colombianos, de manera irregular, los vayan a deportar. Si son colombianos, depórtelos, si son venezolanos, que hacen parte del Estatuto de Protección Temporal, y ya no quieren vivir en Colombia, pues lo analizaremos», agregó.

Colombia ha sido el gran receptor de la migración venezolana debido a la crisis económica que ha golpeado al país vecino en la última década. Alberga a más de 1,7 millones de venezolanos.

Pero el creciente flujo de venezolanos que salen de su país también tiene otros destinos.

En diciembre, las autoridades estadounidenses encontraron a venezolanos cruzando la frontera mexicana de forma ilegal en casi 25.000 ocasiones. Es la segunda nacionalidad después de los mexicanos. La cifra fue más del doble que la de solo tres meses antes y muy superior a las cerca de 200 del año anterior.

Y desde que rompiera relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro, los funcionarios de migración estadounidenses no tienen forma de procesar las deportaciones de venezolanos a su país de origen.

La embajada de Venezuela en Estados Unidos exhortó al gobierno de EE.UU. a que permita que «los migrantes venezolanos puedan presentar su solicitud de asilo».

Asimismo, advirtió de que la imposición de mayores restricciones para los venezolanos «solo profundizará la crisis. Alerta que acrecentará negocios ilegales como la trata y tráfico de personas».

Tal como apunta el DHS en su comunicado, las deportaciones de venezolanos a Colombia se están llevando a cabo siguiendo las indicaciones del llamado Título 42.

Se trata de una excepción a la ley de salud del país. La misma permite restringir la entrada de extranjeros por vía terrestre por motivos sanitarios (incluso para quienes tienen visa).

La norma data de 1940 y establecía que si algún médico certificado por el gobierno determinaba que una persona presentaba un riesgo de introducir una enfermedad contagiosa en el país, esta persona debía ser expulsada de inmediato.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, ha mantenido la política migratoria de su antecesor, Donald Trump.

Esa decisión después pasó a ser competencia exclusiva de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Pero en marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump lo reactivó en el contexto de la pandemia. Despertando la polémica porque la norma restringía el derecho a buscar asilo en el país.

Y en septiembre del año pasado la radio estadounidense NPR reportó que el gobierno de Joe Biden había solicitado ante una corte mantener el Título 42 activo. Lo hizo para temas migratorios con el fin de «ralentizar la expansión de la COVID-19 en el país».

Olga Byrne, directora de asuntos migratorios del Comité Internacional de Rescate, critica la medida.

«A pesar de los compromisos anunciados por la administración de Estados Unidos en los primeros 100 días, las políticas dañinas como el Título 42 siguen vigentes», señaló este martes en un comunicado.

«Las expulsiones por Título 42 privan a los solicitantes de asilo del debido proceso. En cambio, los envían de regreso a condiciones peligrosas, similares, si no peores, a aquellas de las que escaparon. En ciertos casos, los envían a terceros países, como Colombia, que durante años han dado un paso adelante para recibir a los solicitantes de asilo venezolanos».

Los venezolanos se han convertido en la segunda nacionalidad, detrás de los mexicanos, que buscan cruzar la frontera sur de EE.UU. Esto, de acuerdo a datos de las propias autoridades estadounidenses.

Los venezolanos suelen viajar hasta Mexicali, en México, y de ahí intentan cruzar por el paso de Yuma.

El pasado septiembre, la ONU confirmó que cerca de seis millones de venezolanos habían salido del país en los últimos años. Muchos de ellos señalaron que habían emigrado por causa de la crisis económica que atraviesa el país sudamericano.

Colombia, el principal receptor de esa migración, activó un ambicioso plan de naturalización de los migrantes venezolanos, que se estima es de millón y medio de personas.

Pese a no se tiene una cifra exacta de ciudadanos venezolanos que hayan sido deportados a Colombia; ni tampoco se conoce con precisión la fecha en la que habrían iniciado tales deportaciones, este lunes Iván Duque confirmó que sí están recibiendo a los deportados.

Según la prensa colombiana todavía están a la espera de que el Gobierno ofrezca detalles del manejo que se le esta dando a la expulsión de venezolanos por parte de EE.UU..

Duque, reconoció este lunes que desde Estados Unidos se han deportado ciudadanos venezolanos hacia Colombia.

«Las deportaciones se están tratando de personas que tenían un estatus migratorio en nuestro país y que, aprovechando ese estatus, trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos, por eso están siendo deportados. Muy importante decir que ninguna de esas personas tenía Estatus de Protección Temporal, sino que tenían el estatus migratorio anterior», explicó.

El mandatario, al igual la canciller y el vicepresidente, aclaró que no se trata de personas que tengan el actual Estatuto Temporal de Protección al Migrante, sino de ciudadanos regularizados bajo la normatividad anterior.

Advirtió que «ninguna de las personas que hoy tiene el Estatus de Protección Temporal o que ya recibió esa tarjeta, está incluido dentro de ese grupo deportaciones».

La prensa colombiana refiere que según Duque, EE.UU. está implementando el Título 42, una política migratoria que se ejecutó en el gobierno de Donald Trump la cual permite expulsiones de manera inmediata.

En diciembre de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que se estaba estudiando la posibilidad de aceptar la deportación desde Estados Unidos, de ciudadanos venezolanos regularizados. La discusión se centró, en su momento, en que aplicaría para quienes fueron retenidos queriendo cruzar de manera irregular hacia ese país.

Pese a que en su momento Cancillería señaló que no se había establecido el número de ciudadanos que serían deportados; al tiempo que negó que esto ocurriera en los meses de enero y febrero de 2022, medios extranjeros aseguran que las deportaciones ya habrían empezado; sin embargo, no se tiene una cifra exacta de los ciudadanos que habrían llegado a Colombia.

Ante esta nueva crisis migratoria el presidente Duque hizo un llamado a los países receptores de migrantes venezolanos a actuar con solidaridad; recordando que son personas que huyen de la difícil situación humanitaria que se vive en ese país.

“Yo espero que otros países del mundo también puedan seguir con el ejemplo que ha dado Colombia; porque son personas que están huyendo del oprobio, de la mayor violación flagrante Derechos Humanos que haya visto el continente en mucho tiempo”, agregó.

También llamó a las grandes potencias a ser generosos con los venezolanos. “Nosotros colaboramos con las autoridades norteamericanas en estos casos; pero también hago un llamado a que todos los países y esencialmente a los países más poderosos, a que en el caso los venezolanos también puedan ser generosos”.

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La comunidad venezolana en Colombina se ubica en cerca de 1,8 millones de migrantes. Recientemente más de 50.000 migrantes venezolanos recibieron el Permiso por Protección Temporal (PPT) durante la jornada de entrega masiva del documento en Bogotá.

Y ya con  243.000 migrantes venezolanos que tienen en su poder el documento y están aprobados otros 500.000 permisos.

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó este martes que el Gobierno de su país haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para recibir a venezolanos deportados.

Ramírez se refirió así a la información publicada por medios de comunicación que adelantan que Colombia y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para devolver a venezolanos que habían tratado de acceder al país ilegalmente.

En este sentido, la vicepresidenta aseguró que se trata de afirmaciones «que no son ciertas». «Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados», afirmó en una entrevista con la cadena Blu Radio.

«Estados Unidos nos ha planteado la posibilidad de que algunos venezolanos que han llegado con colombianos de manera irregular al país los vayan a deportar», indicó.

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Desde Bogotá han trasladado a Washington que «si son colombianos», sí los pueden deportar. Pero que en el caso de ciudadanos venezolanos que ya estaban en el Estatuto de Protección Temporal, serán analizados «caso por caso», reseñó Efe.

«Si están bajo el estatuto de protección, pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten. No los podemos obligar a vivir en nuestro país», aseveró la vicepresidenta.

Ramírez confirmó que la semana pasada se deportó a un grupo de colombianos entre los que también había dos venezolanos. Pero, sus casos se están estudiando individualmente para valorar la situación.

CNN publicó este lunes un artículo en el cual citó a dos funcionarios no identificados del Gobierno estadounidense según los cuales el Ejecutivo que dirige Joe Biden estaría enviando a Colombia a ciudadanos venezolanos en busca de asilo en EE.UU. que en algún momento residieron en ese país.

De acuerdo con el canal de televisión, la Administración Biden habría emprendido esta política ante la imposibilidad de retornar a los inmigrantes a Venezuela.

A través de la frontera con México, unos 13.500 venezolanos están llegando a los Estados Unidos de manera ilegal mensualmente.

Así lo destaca Alexis Martínez, representante de la Organización No Gubernamental Hermanos de la Calle, durante una entrevista con la cadena radial Unión Radio.

Martínez indica que el ingreso mensual de venezolanos a EE.UU. es registrado rápidamente por las autoridades de Inmigración de la nación norteamericana, quienes una vez que hacen el censo a los connacionales, los dejan en libertad, pero con un «grillete».

El representante de la ONG explica también, que debido a la entrada de manera ilegal, los migrantes deben firmar una carta de devolución voluntaria, la cual debe cumplirse en un lapso de un año, si su condición migratoria no tiene avances.

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Dice Martínez que a muchos de ellos no les hacen la entrevista de «Temor Creible», la cual consiste en un interrogatorio de parte de las autoridades migratorias, para filtrar a los indocumentados, que posiblemente llegan a los Estados Unidos huyendo de una persecución política o por huir de la violencia.

Alexis Martínez considera que la situación de la diáspora venezolana ya superó a la crisis Siria, uno de los mayores éxodos de los últimos años.

Ya fuera del país hay aproximadamente siete millones de connacionales. En el caso específico de los Estados Unidos, dice que el pasado año fiscal, contabilizaron 107 mil venezolanos que llegaron a Norteamérica. Con esta cifra mensual, fácilmente los números serán mayores.

Agrega que la cifra mensual también puede tener variaciones, pero normalmente son de tipo ascendente.

El representante de la Fundación Hermanos de la Calle, que en un principio se encarga de personas en situación de calle, dice que los venezolanos que deciden entrar de manera ilegal a los Estados Unidos por la vía terrestre, tienen que atravesar una serie de situaciones que ponen en riesgo su vida y la de quienes los acompañan.

Deben lidiar con el tráfico de personas, enfrentarse a la Trata de Blancas, los raptos para la prostitución de mujeres son casi que a diarios. A los niños que llevan consigo se los quieren quitar, entre otras cosas.

Martínez quiso hacer énfasis en que los venezolanos deben tener claro que al ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos, pierden el derecho de solicitar la figura del «refugio» ante las autoridades migratorias.

La mañana del lunes Zoranllilis Cadena Cambar salió a trabajar como de costumbre en el Doral, al sur de la Florida; allí desempeñaba como doméstica. Ese día salió a pasear al perro de la familia; inocente de lo que ocurría al retornar  a la casa.

Zoranllilis jamás imaginó que una discusión con su pareja, sería el detonante para perder la vida. El estremecedor hecho tiene consternado al sur de la Florida.

“Maté a mi esposa y estoy aquí para entregarme”. Mientras pronunciaba esas palabras, Luis Manuel Romero Moran le ponía fin a un episodio violento que está estremeciendo a todo el sur de la Florida, reseña Infobae.

Esta trágica historia comienza muy temprano en la mañana del lunes. Romero Moran siguió a su esposa, Zoranllilis Cadena Cambar, durante varios minutos en el barrio de Doral, muy cerca del aeropuerto internacional de Miami, mientras ella paseaba un perro de la familia para la que trabajaba como empleada doméstica.

 Una vez que la mujer, de 41 años, ingresó en la vivienda ubicada en la intersección de la calle 72 del noroeste y la avenida 109, en el condado de Miami Dade, el hombre, de 46 años, se lanzó sobre ella, la ahorcó con una cremallera hasta matarla y luego se escapó del lugar.

Alrededor de las 9 de la mañana, uno de los residentes de la vivienda regresó al hogar y encontró el cuerpo sin vida de Cadena Cambar. De inmediato alertó a la policía de Doral.

Desde un primer momento el esposo de la víctima fue sospechoso en el caso, pero los oficiales casi no tuvieron tiempo de buscarlo porque él mismo se entregaría minutos más tarde.

Según el relato del agresor documentado por la policía en el reporte del caso, Romero Moran se retiró aturdido de la vivienda de Doral en la que mató a su esposa.

Tras desvariar por unos minutos llamó a unos familiares y les confesó lo que había hecho. Acto seguido decidió entregarse a las autoridades.

Romero Moran, oriundo de Venezuela y residente de Miami, se presentó en la estación de policía del medio oeste de Miami Dade y confesó.

Tal como detalla el reporte, el hombre había discutido verbalmente con su esposa la noche anterior, y allí fue cuando decidió que la mataría al día siguiente.

De inmediato Romero Moran quedó detenido y fue trasladado a la prisión Turner Guilford Knight, al oeste del condado Miami Dade.

Tras su declaración se presume que se trató de un crimen premeditado, agravado por el vínculo, con lo cual enfrentaría una posible condena de varias décadas en prisión.

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Las autoridades no han dado más información acerca de la pareja, pero allegados que prefirieron mantenerse en el anonimato confirmaron que ambos inmigraron al sur de la Florida desde Venezuela y que llevaban al menos una década casados.

Cadena Cambar es oriunda de Machiques y en Miami, además había trabajado como agente de bienes raíces.

Según se desprende de las redes sociales, sería madre de tres menores de edad, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

La confesión de Romero Moran ha acortado los tiempos del proceso, pero difícilmente le sirva en términos legales para lograr una pena más leve.