Al filo de la medianoche y a puñaladas murió un migrante venezolano, oriundo de Delta Amacuro, a manos de desconocidos en Trinidad y Tobago.

Versiones de prensa indican que probablemente fue otro paisano quien le quitó la vida, ya que la víctima vivía con lugareños y otros venezolanos.

La víctima quedó identificada como Steven Hernández, de 26 años, quien fue asesinado a puñaladas en Salacca Drive, Roystonia, Couva, alrededor de las 12:01 am del domingo.

Destacan que Hernández se había mudado recientemente al área y se pudo conocer que tenía viviendo tres años en Trinidad y Tobago.

El portal Newsday  contactó a un hombre, que se negó a dar su nombre, quien indicó que Hernández vivía en una casa de madera del sector.

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El cuerpo del venezolano fue hallado entre árboles y arbustos del sector Salacca Drive, Roystonia, Couva según indicó el testigo. Mientras que una mujer interrogada por la prensa se limitó a decir que la víctima no era su familia, esto para referir que no lo conocía.

Otro residente citado por Newday  dijo que la víctima era uno de varios venezolanos que vivían en el área y que no molestaban a nadie.

El hombre que habló en condición de anonimato relató que el sábado por la noche Hernández y otros venezolanos de la zona estaban bebiendo y se desató una discusión entre ellos.

El testigo presume  cree que Hernández fue perseguido hasta los arbustos donde más tarde se encontró su cuerpo.

La versión de prensa indica que la casa de madera en la que vivía Hernández está ubicada en un terreno  donde hay otra casa de concreto más grande que parecía estar ocupada por lugareños y venezolanos.

Los periodistas quisieron conversar con los ocupantes de la casa de concreto, pero ninguno quiso hablar sobre Hernández o el incidente.

Las investigaciones continuarán a los fines de determinar las responsabilidades del caso.

El sábado en la tarde fue la última vez que vieron con vida a  Álvaro Darío Coba Carrión, oriundo de Tucupita, estado Delta Amacuro.

Se pudo conocer que emigró a Trinidad y Tobago hace tres años buscando un mejor futuro; pero la tragedia lo alcanzó.

Fue el domingo pasado cuando hallaron el  cuerpo decapitado de Cova Carrión, flotando en una playa conocida como Toco en Trinidad y Tobago.

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Se pudo conocer que el reconocimiento del cadáver lo hizo Wilmer Call, su hermano; quien a pesar que la víctima se encontraba decapitado, supo que se trataba de su familiar debido a un tatuaje en la espalda.

Según relató Call al periódico local Newsday,  Cova Carrión fue visto con vida por última vez el sábado, cerca de su vivienda en un sector trinitario conocido como Valencia, cita El Nacional.

“Un amigo lo vio el sábado por la tarde. Ese mismo día mi hermano habló por teléfono con varios familiares en Venezuela», explicó.

También agregó que el lunes se enteró “de un cuerpo encontrado en una playa de Toco, pero nunca pensé que fuera mi hermano. Cuando vi su cuerpo supe de inmediato que era mi hermano (por el tatuaje)”.

“Mi hermano tenía dos niños y una niña. Llevaba tatuado en la espalda el nombre de su hija: Leonora Isabel», detalló.

Ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, prometió llevar a cabo todas las diligencias para esclarecer el caso del asesinato del niño venezolano en manos de la Guardia Costera de la isla caribeña.

Muy a pesar de los diversos señalamientos que han sido públicos y notorios por venezolanos inmigrantes en la isla y tras enviar unas palabras de condolencias a la familia de niño, Rowley expresó que la investigación sobre lo ocurrido está en proceso.

«Las personas venezolanas en nuestro territorio se encuentran protegidas por nuestras leyes. La trata de personas, el crimen organizado y la explotación de personas venezolanas es de extrema preocupación para Trinidad y Tobago. Estamos profundamente preocupados por las personas de Venezuela que arriesgan sus vidas y la de otros para llegar a nuestro país», dijo Rowley.

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Días antes, Rowley habría manifestado abiertamente su apoyo a la Guardia Costera, al decir que los funcionarios actuaron ajustados a las leyes de la isla.

A principios de semana la oposición venezolana se movilizó de manera considerable para solicitar acciones en contra del premier Rowley.

Por una parte, solicitaron que se investigará de manera contundente lo ocurrido. Pidieron que desde la AN del 2015 se elevara una carta de protesta.

Otros solicitaron al canciller de la administración de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, que en forma de protesta llamara a consulta al embajador de Venezuela en Trinidad, además de declarar «Persona Non Grata» a Rowley.

Como se recordará a principios del mes de febrero se conoció la noticia de que un navío de la Guardia Costera de Trinidad disparó contra una embarcación de bandera venezolana. La misma llevaba inmigrantes ilegales. Entre los pasajeros estaba un bebé quien junto a su madre fueron baleados por la Guardia Costera.

A la mujer le salvaron la vida, pero el niño murió de manera instantánea.

La oposición venezolana se movió este #15Feb para solicitar una respuesta tanto nacional como internacional, con el caso del niño venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago.

El líder opositor Juan Guaidó, sostuvo una reunión con representantes de la Asamblea Nacional 2015, en donde solicitaron declarar «Persona Non Grata» al Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, tras sus declaraciones sobre el incidente en donde la Guardia Costera de la isla disparó contra una embarcación llena de venezolanos inmigrantes, en donde falleció un niño y su mamá resultó mal herida.

#15Feb¡EXPULSEN AL EMBAJADOR! Ante el asesinato de un bebé migrante venezolano, y el mal trato a los connacionales, Jorge Barragán de la Alianza del Lápiz exigió al canciller Félix Placencia que expulse al embajador trinitense en Venezuela.Vía @milmanrique @ImpactoVE ? pic.twitter.com/pQJp1Wyer2

Para la diputada de la AN 2015 Olivia Lozano, las declaraciones del premier Rowley son una «peligrosa y repulsiva apología del delito».

«Se podrían interpretar como parte de su política de Estado contra los desprotegidos migrantes venezolanos… Esto pone en el tapete la necesidad de darle el estatus de refugiados a los venezolanos», dice Lozano, quien agrega que Trinidad y Tobago cometió una violación al derecho internacional humanitario.

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Por otra parte, el también diputado de la AN 2015, Omar González, dijo que «es un ataque a la esencia de nuestro país, debemos estar conscientes que tenemos un enemigo frente a nuestras costas. El primer ministro Keith Rowley es un enemigo del pueblo venezolano».

Por su parte, representantes de la organización alianza del Lápiz, solicitaron un pronunciamiento considerable del canciller de la administración de Nicolás Maduro, Félix Plasencia.

Jorge Barragán, miembro de la organización, solicita además de que a Rowley lo declaren «Persona Non Grata», que el embajador de Venezuela en la isla lo llamen a consulta y se expulse por la vía diplomática al representante de Trinidad en Venezuela.

Como se recordará, El mundo conoció la noticia del asesinato del menor de edad, quien junto a su madre fue baleado por la Guardia Costera de Trinidad cuando navegaban en una lancha repleta de inmigrantes venezolanos.

Las declaraciones del primer ministro trinitario a través de sus redes sociales están catalogadas como una defensa de la Guardia Costera. Rowley dijo que los funcionarios cumplían órdenes «razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales».

Un hombre y dos mujeres fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana, después de comprobarse su participación en una red de prostitución.

Fuentes militares indican que el hombre trabaja con dos mujeres, que son las que logran embaucar a las adolescentes. Prometen llevarlas hasta Trinidad y Tobago por trabajo, pero al llegar a la isla son sometidas a trabajar como esclavas sexuales.

Se pudo conocer que dos jóvenes menores de edad viajaban con el hombre y las dos mujeres en un vehículo desde Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar y tenía como destino la ciudad de Tucupita, en el estado Delta Amacuro, este fin de semana.

En la alcabala de la GNB de Santa Rosalía, en Cabruta, estado Bolívar, a los efectivos militares les llamó la tensión de los viajeros. Por ello proceden a hacer un interrogatorio.

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Al tener suficientes indicios de que algo no estaba bien con estas personas, la GNB realizó una inspección de sus teléfonos. Allí encontraron las conexiones y los datos incriminatorios, que relacionan al hombre y a las dos mujeres con una red de prostitución.

Las autoridades policiales en Delta Amacuro, Bolívar y gran parte del oriente del país, se encuentran activas ante la Trata de Personas.

Debido a la posibilidad de navegar desde Delta Amacuro en lanchas hacia Trinidad y Tobago, las mafias de la prostitución han llevado a menores de edad y adolescentes bajo un engaño hasta la isla.

Les han ofrecido trabajo y prosperidad, pero al llegar a la isla caribeña la realidad es otra.

Son varios los procedimientos que han llevado a cabo los organismos de seguridad en esta zona. Han impedido que mujeres, niños y niñas sean llevados de manera ilegal hasta Trinidad.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, reafirmó que su país aplicará la ley a los venezolanos que entren ilegalmente en ese territorio. Dijo que harán esto porque, hace tiempo, concluyó el proceso de registro para trabajar y vivir para quienes llegaron de forma irregular.

Hinds señaló, en una conferencia de prensa divulgada este domingo, en la que se abordaron las quejas de padres venezolanos. Estos denunciaron las trabas para que sus hijos ingresen al sistema educativo local. El ministro insistió en que una vez terminó la regularización de venezolanos, estos tendrán que someterse a la ley.

El funcionario aseguró que su Gobierno no tiene planes especiales para los inmigrantes venezolanos. Ninguno más allá de que se atengan a la normativa vigente, reseñó Efe.

Las autoridades de Trinidad y Tobago repatriaron en julio a más de 650 venezolanos, por encontrarse en situación irregular.

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En mayo de 2019, cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el Gobierno de Trinidad y Tobago que les permitió trabajar y vivir legalmente.

«Ofrecimos registro a los venezolanos y demás nacionales de otros países que estaban aquí en 2018», recordó.

Sostuvo que quienes no aprovecharon la oportunidad o llegaron al país posteriormente se encontraban «fuera de esa protección». Por eso los tratarán «según estipula la ley».

«La política es clara, aquellas personas que están legalmente aquí no tendrán problemas. Pero los que no lo están se atendrán a las leyes de inmigración», sostuvo el ministro.

Sobre la denuncia de que a ninguno de los niños venezolanos en edad escolar registrados se les permitió inscribirse en el sistema educativo local, Hinds dijo que estaba al tanto del asunto.

Cuando se le preguntó si los niños necesitarían autorización de su agencia para ingresar al sistema escolar, respondió que cualquier cosa que el Ministerio de Seguridad Nacional pueda hacer de acuerdo con la política del Gobierno la llevará a cabo.

En 2019, el Gobierno pidió a la Asociación de Juntas de Educación que preparara a los niños venezolanos en edad escolar para ingresar al sistema local.

Desde entonces, al menos 100 niños han cumplido los criterios establecidos por el Gobierno. Por eso, los prepararon para ingresar a las escuelas primarias.

Pero el proceso está paralizado a la espera de la aprobación del Ministerio de Seguridad Nacional. Esperan los permisos para acceder a las escuelas.

El fin de semana deportaron a más de 150 venezolanos que entraron de forma irregular en Trinidad y Tobago. Esto pasó luego de soportar condiciones inhumanas. Así lo denunciaron este martes, en conferencia de prensa, activistas de derechos humanos.

Yesenia González, miembro de una de esas ONG en Trinidad y Tobago, señaló que entre los deportados hay 25 niños y varias mujeres. Lo enviaron de vuelta a Venezuela en condiciones que catalogó de inhumanas.

«La mayoría habían sido detenidos tratando de entrar en Trinidad y Tobago de forma irregular», dijo.

González indicó que 32 de los deportados llegaron en las últimas semanas y los detuvieron luego de entrar al país por Mayaro, un municipio de la costa este de la isla de Trinidad.

«Las autoridades detuvieron a estas personas en una comisaría que no estaba en condiciones para atenderlos, especialmente a niños y mujeres», sostuvo la activista.

Posteriormente, llevaron al grupo al helipuerto de Chaguaramas, donde permanecieron varios días. Allí estaban hasta que los regresaron a Venezuela.

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Entre los deportados se encontraban varias personas detenidas en diversos operativos policiales.

González dijo sentirse decepcionada y sorprendida. «No hay avances en las denuncias de violaciones de derechos humanos contra los inmigrantes venezolanos», denunció.

Dijo que, hace unos meses, plantearon la necesidad de evaluar las formas y condiciones en las que se trata a los inmigrantes detenidos. Esto se acordó en una reunión entre representantes de la comunidad  venezolana en Trinidad y Tobago y el ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds.

«No existen lugares adecuados para atender a los niños que huyen con sus padres de los problemas de su país», denunció.

«No son delincuentes comunes que deban estar encerrados en una celda. Merecen un mejor trato como seres humanos y evaluar sus casos», argumentó.

Este caso ha sido tratado de forma muy opaca por las autoridades de Trinidad y Tobago. Por ello se sabe poco sobre el proceso de repatriación, excepto que un barco debía llevar a los deportados al puerto de Güiria.

Los colectivos venezolanos en Trinidad y Tobago señalaron la poca colaboración de Hinds para informar sobre la deportación de este grupo.

Los venezolanos han estado acudiendo en masa durante los últimos meses a la vecina Trinidad y Tobago. Huyen de la inestabilidad política y social del país, recordó Efe.

Las autoridades de Trinidad y Tobago repatriaron el pasado julio a más de 650 venezolanos a su país.

En mayo de 2019, cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el Gobierno que les permitió trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago.

Una nueva ola de migraciones ilegales vía marítima se reportan en los últimos días. En menos de 48 horas se reportaron al menos 63 venezolanos tratando de entrar a las islas vecinas.

La primera alerta ocurrió cuando la policía de Aruba detuvo a 24 personas, incluidas 4 mujeres que pagaron sus cupos en un peñero para llegar a la isla.

En pocas horas autoridades de Trinidad informaron sobre la detención esta vez de 39 venezolanos intentando infructuosamente ingresar a ese país.

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Un total de 39 ciudadanos venezolanos fueron capturados este miércoles, 1 de septiembre, mientras pretendían de entrar de forma irregular a Trinidad y Tobago.

Así lo informó a través de un comunicado la policía de ese país, quienes destalla que entre los migrantes venezolanos están incluidos 9 mujeres y 12 niños.

A todos los detuvieron luego de que agentes de la policía recibieron información que los condujo al suroeste de la isla de Trinidad, en concreto a la localidad de Chaguaramas.

Allí, los migrantes se habían refugiado en un establecimiento hotelero, citó EFE.

La policía indicó que cuando los agentes de las fuerzas del orden trataron de detener a los venezolanos, estos salieron corriendo en distintas direcciones.

Para lograr la detención de los 39 migrantes, hubo una persecución por parte de la policía.

Contrabando

Al grupo lo procesaron, durante el registro, se comprobó que portaban gran cantidad de artículos de contrabando.

Se trata de productos como varias marcas de alcohol, cigarrillos y alimentos, entre otros.

Los migrantes se encuentran en cuarentena para evitar contagios por el Covid-19.

Quedan a la espera de que sean repatriados a Venezuela.

Los venezolanos han estado acudiendo en masa a la vecina Trinidad y Tobago, coincidiendo con la inestabilidad política y social en su país de origen.

Las autoridades de Trinidad y Tobago repatriaron en julio a más de 650 venezolanos.

En mayo de 2019, cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el gobierno trinitario que les permitió trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago.

En los meses previos al verano, varias familias venezolanas informaron a través de las redes sociales que habían sido desalojadas de sus hogares por no hacer frente a los alquileres.

Además, cientos de venezolanos se pusieron en contacto con organizaciones sociales para pedir comida ante la falta de recursos.

Con información de EFE

Cientos de venezolanos en Trinidad y Tobago están golpeados por el desempleo y la imposibilidad de pagar la renta. Por ello, las autoridades de ese país los repatriarán a mediados del próximo mes. La crisis desatada por la COVID-19 no da para más y los más afectados son los más vulnerables.

El Gobierno del país caribeño informó que se llevan a cabo los preparativos para la salida del país de estos migrantes venezolanos. Se trata de una operación coordinada con Caracas, reseñó la agencia Efe.

Rebrotes de contagios de la COVID-19 y 817 muertes desde el inicio de la pandemia han causado graves problemas económicos en Trinidad y Tobago. Los mismos repercutieron en los venezolanos en forma de desempleo y la imposibilidad de hacer frente a sus gastos, en primer lugar el alquiler de vivienda.

Funcionarios de la embajada de Venezuela en Puerto España confirmaron que a mediados de julio, un barco llegará a Trinidad y Tobago para regresar a los venezolanos a casa.

Según la nota, la embajada calcula que unas 700 personas podrán volver a Venezuela en ese viaje.

Este será el segundo viaje de repatriación de venezolanos en 2021. Esto, después de que el 27 de febrero un vuelo entre el aeropuerto de Piarco y Caracas transportara a 95 personas, incluidos tres niños.

La embajada de Venezuela en Puerto España cuenta con un listado de miles de personas que quieren regresar. Pero esas solicitudes deben aprobarse.

La ONG por La Casita de Arima cuenta además con otra lista de 1.200 solicitudes.

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Según Efe, los dos gobiernos ya han hecho los arreglos para dotar a los venezolanos de los permisos necesarios para el viaje.

Los pasajeros serán transportados en un ferry venezolano que normalmente cubre rutas nacionales.

Las autoridades están evaluando las condiciones del barco y los protocolos de seguridad e higiene, según la embajada venezolana.

El ferry partirá de uno de los principales puertos de Trinidad y Tobago que todavía está por determinar. Luego llegará a otro en el oriente de Venezuela, que tampoco se conoce aún, aunque Cumaná o Puerto La Cruz son posibles destinos.

Las autoridades venezolanas indicaron que existe la posibilidad de que el barco llegue a Trinidad y Tobago con pruebas rápidas para la COVID-19, para todos los viajeros.

Habrá un área de aislamiento a bordo y, al llegar a Venezuela, las autoridades de salud harán cumplir un protocolo de seguridad.

Las personas interesadas en regresar a Venezuela pueden seguir registrándose en la embajada. Tienen que esperar una llamada para confirmar que fueron seleccionadas.

En mayo de 2019, cerca de 16.500 ciudadanos venezolanos cumplieron con un proceso de registro impuesto por el Gobierno. Esto les permitió trabajar y vivir legalmente en Trinidad y Tobago.

En los últimos meses, varias familias venezolanas informaron a través de las redes sociales que habían sido desalojadas de sus hogares por no hacer frente a los alquileres.

Además, cientos de venezolanos se han puesto en contacto con organizaciones sociales para pedir comida ante la falta de recursos.

Para este martes está prevista la apertura de una oficina especial para colectar información sobre el estatus de venezolanos en situación de vulnerabilidad en Trinidad y Tobago.

La información la dio a conocer la gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández. La funcionaria explicó que la idea es levantar una base de datos de todos los venezolanos que quieran regresar al país.

Hernández aclaró que para lograr esa base de datos los familiares de esos venezolanos en Trinidad deben aportar dar la información ante la Procuraduría de la entidad.

La información se facilitará a la embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago para gestionar la posibilidad de un retorno.

«Los familiares deben ofrecer información sobre dónde están y cómo viven», insistió.

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Entre tanto, desde esa nación se reporta que los migrantes venezolanos están sufriendo los estragos del aumento de casos de COVID-19.

Las restricciones emitidas por las autoridades castigan aún más a los venezolanos que intentan sobrevivir en ese país. La denuncia la hicieron las ONG que trabajan para ayudar a las familias de inmigrantes en situación vulnerable.

«La disminución de puestos de trabajo se traduce en una falta de ingresos para los venezolanos que luchan cada día para cubrir alquiler y comida», señalan.

En las últimas semanas, unas 90 familias venezolanas se inscribieron para recibir asistencia alimentaria. Esto, debido a que los jefes de las mismas no tienen ingresos.

Las ONG señalan que otra consecuencia de la pandemia es que no están recibiendo la misma ayuda que en el 2020.

Por ello piden a empresarios y otras organizaciones que sigan contribuyendo para ayudar a la comunidad de inmigrantes.

Alertan sobre el riesgo de que estas familias sean desalojadas de las casas que ocupan por no poder pagar el alquiler.

Este domingo condenaron a 17 venezolanos en Trinidad y Tobago. Les impusieron penas de 14 días a seis semanas de cárcel por entrar ilegalmente a ese país. También por violar el reglamento de salud pública.

La Policía de Trinidad y Tobago informó en un comunicado que los condenados comparecieron en un tribunal local este 4 de abril.

Se conoció que a los guías del grupo, Eliomar Daniel Malalu Sotollio y Johanson José Jaimez Carpios, les acusaron adicionalmente por ayudar e incitar a los demás a entrar ilegalmente en el país. También por por conducir un vehículo de motor sin el permiso correspondiente, informó Efe.

Agentes de la División Sudoeste de la Policía de Trinidad y Tobago arrestaron al grupo el 21 de marzo.

Ese día, los policías realizaban una labor de patrulla en la localidad de Siparia, al sur de la isla de Trinidad.

Durante la patrulla detuvieron un automóvil modelo Toyota Corolla verde conducido por Sotollio y un Nissan Tiida con Carpios al volante.

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Había cinco hombres, cuatro mujeres y dos bebés entre los dos vehículos. Los arrestaron después de que no pudieron proporcionar evidencia del ingreso legal al país.

Con base en la información recibida, los agentes se dirigieron por la carretera número 1 de Siparia. Allí encontraron al resto de venezolanos, quienes tampoco pudieron aportar pruebas de su entrada legal.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que repatriaron a 178 o ciudadanos venezolanos. Todos partieron en un barco desde el helipuerto de Chaguaramas, con el consentimiento de las autoridades venezolanas.

Las autoridades de Trinidad y Tobago repatriarán a 120 ciudadanos venezolanos que permanecían en el territorio caribeño en situación irregular. Ellos querían volver a casa.

Medios locales recogieron la información de familiares de los venezolanos que van a ser deportados. Puerto España recientemente concedió un permiso de seis días hábiles adicionales para regularizar los permisos de permanencia.

Esa ampliación estaba dirigida a 16.523 venezolanos que recibieron un permiso del Gobierno de Trinidad y Tobago en 2019. El mismo les permitía vivir y trabajar en el país caribeño.

Pero este beneficio no era para quienes llegaron posteriormente o bien no se incluyeron en el proceso de regularización, informó Efe.

Un funcionario gubernamental señaló a Efe que entre los que serán repatriados a Venezuela figuran varios niños. Pero no dio a conocer el número exacto.

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El barco que transportará a los venezolanos tiene previsto partir del puerto de Chaguaramas. Lo hace así, con el consentimiento de las autoridades venezolanas, desde finales de 2020.

Familiares de los repatriados dijeron que algunos tienen prisa por regresar. Muchos han estado esperando el viaje desde noviembre pasado.

El pasado 27 de febrero, un vuelo de repatriación humanitaria desde el aeropuerto de Piarco (isla de Trinidad) a Caracas, organizado por el gobierno venezolano, llevó a 96 venezolanos a país.

Desde entonces, la embajada de Venezuela en Puerto España ha seguido recibiendo solicitudes para un próximo vuelo de repatriación.

El Gobierno de Trinidad y Tobago concedió a finales de marzo 6 días hábiles adicionales a los venezolanos que viven en el país. Era para los que no habían completado todavía los datos necesarios para actualizar sus permisos de residencia.

El proceso inicialmente estaba establecido para el período del 8 al 26 de marzo. Solo se aplicó a los venezolanos con ya tarjetas de registro.

Varias organizaciones locales ayudaron a los venezolanos a organizar sus documentos. Especialmente después de los primeros días en los que se quejaron del complejo formulario de solicitud y el temor de ser deportados.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se sumó a las ayudas a los inmigrantes.

La llegada de venezolanos al país no cesa y alcanzó especial notoriedad con la muerte de unos 30 ciudadanos que salieron desde el estado Sucre, el 6 de diciembre del 2020.

El número de venezolanos que actualiza sus datos en el registro de Trinidad y Tobago comenzó a declinar. Esto después de unas primeras jornadas de alta actividad. Este registro permite que los migrantes puedan vivir y trabajar legalmente en el país caribeño

Activistas que ayudan a los inmigrantes informaron de que el coste del trámite el temor a ser deportados son las causas de la baja.

El proceso de actualización de datos de los venezolanos comenzó el 8 de marzo y se extenderá hasta el próximo 26.

Además, permitirá a los 16.500 venezolanos que se habían registrado inicialmente en 2019 actualizar sus tarjetas.

El ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, anunció que el proceso actual se extenderá por 19 días.

Varios activistas que trabajan con venezolanos destacaron su escepticismo sobre que algunas personas vuelvan a registrarse. «Hay temor a ser enviados de vuelta a casa», afirmaron, según una nota de Efe.

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Josel Gómez, un trabajador de la construcción proveniente de Caracas, dijo: «Hago el mismo trabajo que en Venezuela. La vida es dura aquí, pero puedo ganar dinero», dijo Gómez, padre de un niño pequeño.

Jackie Carraoom, cuidadora de una familia en Puerto España, también dijo que se había presentado para volver a registrarse.

En Frederick Street, Miguel Sánchez, Marielys Ferman y su pequeña hija, Mariangel viven en Cunupia. Acudieron a una oficina gubernamental para completar el proceso.

Sánchez explicó que trabaja en la construcción y que Trinidad y Tobago es un buen lugar para vivir.

El activista Pradeep Cassiram dijo por su parte que había animado a unas diez o quince personas a volver a registrarse, pero que el proceso es muy lento.

«Tienen miedo de ser deportados. Muy pocos venezolanos quieren volver a registrarse», dijo.

El padre Christian Pereira, párroco de la iglesia de San Benito en La Romaine, señaló que si el Gobierno quiere ayudar a los inmigrantes deben ser más considerados con las formas.

«Es un documento de cinco páginas que se debe redactar en inglés. Hemos estado descargando los formularios, ya que algunos de ellos no tienen computadora», subrayó Pereira.

El ciudadano John Clarke, que acogió en su casa a venezolanos que huían de su país, dijo que el proceso de actualización de datos no será tan exitoso como el inicial debido a que algunos familiares y amigos de los inscritos fueron enviados de regreso a casa.

Clarke dijo además que dejó de aceptar nuevos venezolanos debido a la covid-19.

Los trámites de actualización de datos se pueden completar en las oficinas gubernamentales de Henry Street, Knox Street y San Fernando en Trinidad, además de en el Agricola Building en Tobago.

El Gobierno de Trinidad y Tobago comenzó en mayo de 2019 la tarea de registro de los ciudadanos venezolanos que permanecen en ese territorio para que obtengan un permiso de estadía formal.

El proceso de registro estuvo abierto a cualquier ciudadano venezolano que residiera en ese territorio legalmente, como visitante o ilegalmente.

Los venezolanos, junto con el resto de inmigrantes que residen en Trinidad y Tobago, recibirán las vacunas contra la COVID-19. Así lo anunció el primer ministro del país caribeño, Keith Rowley.

Rowley hizo el anuncio en una conferencia junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«En Trinidad y Tobago tenemos un número bastante significativo de inmigrantes dentro de nuestras fronteras. Reconocemos la naturaleza del problema», señaló Rowley.

«Solo tendremos éxito en proteger a nuestra población si todos dentro de nuestra frontera reciben el mismo tipo de tratamiento. Tener una población inmigrante que no está cubierta sería mantener a un grupo con el virus de forma permanente», señaló Rowley.

El primer ministro resaltó el esfuerzo de Trinidad y Tobago para rastrear contagiados. Así quieren identificar a las personas contagiadas, sean inmigrantes o no. De esta forma se garantizará que sean tratadas adecuadamente para que no sufran y representen una amenaza.

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«Tenemos que mirar por todos. Afortunadamente, hemos tenido niveles relativamente bajos de propagación. No hemos tenido un número preocupante dentro de esa población en particular. Por ello no estamos separando y discriminando a las personas», subrayó.

Ghebreyesus, por su parte, elogió a Rowley por su liderazgo en la lucha contra la pandemia, informó la agencia Efe.

Dijo además que el «enemigo invisible» del virus no puede ser derrotado sin solidaridad.

«También me gustaría reconocer que Trinidad y Tobago, su país, lo ha hecho muy bien en esta pandemia y esto se debe a su liderazgo, incluso sin vacunas utilizando soluciones simples de salud pública podemos ver por su propia experiencia que este virus se puede controlar», dijo Ghebreyesus.

La Policía de Trinidad y Tobago detuvo a diez inmigrantes venezolanos. La detención ocurrió después de la persecución de un vehículo a alta velocidad en el que se trasladaban en las cercanías de la capital, Puerto España. Esto tras entrar ilegalmente en el país.

La Policía informó este jueves de que el incidente se registró el miércoles. Ocurrió cuando una patrulla de las fuerzas del orden observó un vehículo conducido a alta velocidad y de forma temeraria.

Agentes de la Policía iniciaron una persecución de casi cuarenta minutos sin éxito. Finalmente, encontraron el vehículo abandonado, publicó la agencia Efe.

Tras registrar el área, la Policía encontró a los venezolanos, cuatro adultos y seis niños. Estaban escondidos en unos arbustos cercanos.

El conductor del vehículo, cuya nacionalidad no revelaron no ha sido localizado hasta el momento.

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El mando policial señaló que a los detenidos los registraron y trasladaron a un hospital cercano. Allí los examinaron médicamente de acuerdo con los protocolos establecidos por la autoridades locales para la COVID-19.

Dos de los detenidos están en el Hospital General de San Fernando para una revisión más profunda.

El resto de los venezolanos detenidos estaban en la comisaría de Santa Flora. Este es el paso previo a su traslado a la base de la Guardia Costera en el Helipuerto de Chaguaramas.

La Policía registró el automóvil abandonado y se tomaron medidas para encontrar al propietario, según detalló la Policía.

La llegada de venezolanos a territorio de Trinidad y Tobago ha aumentado en las últimas fechas.

El último caso destacado es el de un grupo de 27 venezolanos -incluidos 16 menores- que llegaron ilegalmente por Santa Flora.

Diez días después de su detención, los venezolanos fueron escoltados fuera de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera del país caribeño, aunque finalmente regresarían para ser conducidos al Helipuerto de Chaguaramas.

En conferencia de prensa el funcionario indicó que a los venezolanos que ya están registrados se les pedirá que rellenen unos formularios para actualizar la información  antes de que se les entreguen nuevas tarjetas.

«No va a ser igual a la vez anterior, por supuesto, porque estamos sufriendo una pandemia. Vamos a desarrollar un sistema adecuado”, indicó.

“Ordené que se lleve a cabo el proceso rápido», agregó.

Venezuela y su población en los últimos meses se convirtieron en un asunto prioritario tanto para Trinidad y Tobago como para otros países de la región como Guyana.

 El ministro de Seguridad Nacional señaló que quien no estuviera registrado antes no podrá realizar este proceso.

«Es una actualización de datos y al final entregaremos nuevas tarjetas para esas personas», explicó.

Young destacó además que algunos venezolanos habían abandonado el sistema de registro y abandonado Trinidad y Tobago.

También se refirió a la queja de algunos venezolanos inscritos de que no podían recoger sus tarjetas cuando acudían a la División de Inmigración.

Sobre el particular Young respondió que se produjeron tarjetas para todos los inscritos, pero que es posible que se haya producido algún error.

Rechazó las afirmaciones de que volver a entregar datos era demasiado engorroso a la luz de que algunos no habían recibido todavía sus tarjetas.

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«Lo que se hace ahora es brindar la oportunidad para aquellos que estaban registrados y que pueden no haber recibido sus tarjetas”, indicó.

Tenemos esos registros originales y ahora podrán completar sus formularios actualizados y recibirán sus nuevas tarjetas dijo para finalizar.

Informó La Verdad que el Gobierno de Trinidad y Tobago comenzó en mayo de 2019 la tarea de registro de los ciudadanos venezolanos que permanecen en ese territorio para que obtengan un permiso de estadía formal.

El proceso de registro estuvo abierto a cualquier ciudadano venezolano que residiera en ese territorio legalmente, como visitante o ilegalmente.

El proceso de registro permitió a los venezolanos permanecer en Trinidad y Tobago con el derecho a trabajar y protegidos por las leyes locales contra los abusos de los empleadores, especialmente en relación con el salario mínimo.

Una disputa doméstica se volvió mortal la noche de Año Nuevo en Trinidad y Tobago. Tres venezolanos golpearon hasta morir a un hombre de 42 años, luego que este maltratara a su pareja, también venezolana.

La policía dijo que Aarif Mohammed tuvo una discusión con su pareja, en su casa de Charlieville, sector Chaguanas en St. James. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 pm del viernes 1 de enero, según el diario Newsday.

Durante la discusión, según los informes, Mohammed golpeó a la mujer. Ella salió de la casa y se dirigió al hogar de su familia ubicado en Macoya Extension, sector Tunapuna.

Los investigadores dijeron que Mohammed persiguió a la mujer e iba armado. No obstante, los tres parientes lo enfrentaron.

Durante la reyerta, según los informes, Mohammed le cortó en la mano a uno de los hombres, pero finalmente fue golpeado y atado.

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Mohammed perdió el conocimiento antes de que llegara la policía.

Se supo que los mismos atacantes habrían llamado a las autoridades. La policía llevó a Mohammed al Complejo de Ciencias Médicas Eric Williams, Mt Hope, donde lo declararon muerto a su llegada.

Los tres hombres, de 20, 24 y 49 años, fueron arrestados. Los oficiales de homicidios, Región II, continúan investigando. La policía aún no ha clasificado el hecho como un asesinato. Se esperará una autopsia que está programada para esta semana, en el Centro de Ciencias Forenses, en St. James.

Nueve de los 16 menores venezolanos detenidos en Chaguaramas, en Trinidad y Tobago, pudieron pasar el Fin de Año con sus familias. Aunque los siete restantes, incluido un bebé de cuatro meses, permanecieron bajo custodia junto con varios adultos.

Medios locales informan que los nueve niños pudieron estar junto a familiares que se encuentran legalmente en Trinidad . Pero solamente pudieron estar con ellos una hora el 31 de diciembre, cerca del momento del cambio de año.

La abogada Nafeesa Mohammed, defensora de la DD.HH pidió que los niños que quedan detenidos fueran liberados.

«Necesitan protección, no persecución. El asunto ya está ante los tribunales. Pero hasta que no se decida por qué no liberarlos. El Estado tiene los poderes y la autoridad para hacerlo», subrayó Mohammed.

«Pueden ponerlos bajo órdenes de supervisión. Hay muchas vías abiertas para ellos», sostuvo, según la agencia Efe.

Los 16 niños y 11 adultos entraron ilegalmente en Trinidad y Tobago el 17 de noviembre. El grupo fue arrestado y llevado a la comisaría de la localidad de Erin. Allí pasaron cinco noches en prisión.

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El 22 de noviembre los deportaron de TT y luego, tras la ola de críticas, los devolvieron a la isla. Desde ese momento permanecen en el helipuerto Chaguaramas.

«Llevan detenidos más de un mes. Si bien muchos de nosotros pasamos la Navidad con familias y seres queridos, ellos estaban al cuidado del Estado», dijo la abogada.

Mohammed aseguró haber identificado a los padres de los niños y a los familiares más cercanos. También las direcciones y los permisos registrados legalmente.

Mohammed señaló que se otorgaron mandatos judiciales a todos los niños para que no fueran sacados de la jurisdicción hasta la audiencia y la determinación de los tribunales.

«No son criminales, no tienen que estar tras las rejas, están bajo control militar y eso es contrario a la Ley de Autoridad y todos los principios del interés superior. Estoy conmocionada por la forma tan distorsionada en que se mira el asunto cuando estamos hablando de niños», agregó.

Un juez del Tribunal Superior de Trinidad y Tobago determinó que nueve venezolanos, cuatro adultos y cinco niños, no serán deportados. Esto es por el momento, mientras continúa la conmoción por la muerte de al menos 23 migrantes que huyeron de Venezuela el 6 de diciembre.

Medios locales informan que la decisión es del juez Ricky Rahim. Él accedió a la solicitud presentada en nombre de los venezolanos que eran parte de un grupo de 25. Ellos entraron de forma irregular en Trinidad y Tobago el 24 de noviembre, publicó la agencia Efe.

Los 25 estaban en cuarentena en las instalaciones del helipuerto de Chaguaramas. Es una región de Trinidad y Tobago que tiene límites marítimos con Venezuela.

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La mayoría de los venezolanos tenía órdenes de varios jueces que impedían su deportación durante la cuarentena que finalizó el martes.

Los familiares de los niños expresaron temor por la suerte de éstos una vez finalizado el período de cuarentena.

Las solicitudes para los nueve se realizaron porque no estaban cubiertos por órdenes previas de otros jueces, como sí ocurría con el resto del grupo de 25 venezolanos.

Las órdenes de cuarentena para el grupo estipulaban que tenían que permanecer en el helipuerto de Chaguaramas.

Hay dudas sobre si los venezolanos seguirán detenidos y dónde y bajo qué autoridad.

Por otro lado, el pasado 1 de diciembre, el juez Frank Seepersad desestimó la solicitud presentada en nombre de una niña en la que se solicitaban medidas cautelares para evitar que las autoridades la deportaran hasta que el tribunal determinara su reclamación constitucional.

Actualmente se encuentra también en cuarentena en el helipuerto de Chaguaramas.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a otros seis niños venezolanos que habían entrado en Trinidad y Tobago hace semanas.