A partir de este viernes 15 de mayo está vigente el mecanismo de emisión de salvoconductos en línea habilitado por la Cancillería.

La información la dio a conocer el viceministro para Estados Unidos y Europa, Oliver Blanco, en sus redes sociales, donde colocó el vínculo a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la cual  los interesados pueden cumplir con los requisitos para obtener el salvoconducto.

Se recuerda que los salvoconductos son documentos que habilitan para aquellos venezolanos en el exterior que necesiten regresar al país sin un pasaporte vigente.

 Se trata del   “Portal Ciudadano”, donde se puede ingresar haciendo un registro de usuario y contraseña.

Este sistema entrará plenamente en funcionamiento a partir del próximo 1 de junio.

Hasta hace un tiempo, la petición de salvoconductos se hacía en los consulados y embajadas venezolanas en el exterior.

Asimismo, se supo que este Documento de Viaje Electrónico tendrá un costo de 60 dólares y contará con plataforma de pago en línea. 

Niños, niñas y adolescentes estarán exentos del pago correspondiente.

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Entre los requisitos destacan una copia del pasaporte o cédula venezolana, fotografía tipo carnet, boleto aéreo y, en casos de pérdida o robo del pasaporte, la denuncia policial respectiva.

Mientras que para los menores de edad también se solicitarán documentos de los representantes y autorizaciones de viaje cuando corresponda.

El ministerio aclaró que el documento solo tendrá validez para ingresar a territorio venezolano y no funcionará como pasaporte ni permitirá viajar a terceros países.

El Ministerio de Salud de Colombia informó este martes que vacunarán contra el coronavirus a cerca de un millón de migrantes venezolanos indocumentados.

También harán lo mismo con inmigrantes de otras naciones.

Tal medida cobija a los migrantes «que viven en Colombia, así no tengan documento de identidad expedido por el gobierno», indicó el Ministerio, reseñó la agencia AFP.

«Para lograr la inmunidad de rebaño es necesario vacunar a la mayor cantidad de personas que habitan en el territorio nacional», detalló Gerson Bermont, funcionario del MinSalud colombiano.

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En Colombia hay 1,7 millones de venezolanos, de los cuales 980.000 están de forma irregular.

Bermont explicó que quienes no tengan «vocación de permanencia o sean migrantes pendulares y transitorios quedan excluidos de este beneficio».

Las autoridades locales tendrán que censar a cada indocumentado bajo su jurisdicción.

Además de registrar toda la información en el portal web Mi Vacuna.

Este portal posee los datos de los que pueden beneficiarse de la campaña de inoculación.

Colombia ya comenzó a inmunizar mayores de 15 años.

Más de 14 millones de personas ya tienen su esquema completo según las dosis recomendadas por los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Moderna y Sinovac.

Según cifras de las Naciones Unidas, existen 5,4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales menos de la mitad posee documentos.

Los venezolanos indocumentados que han residido ilegalmente en Curazao durante más de un año y cumplen con ciertas condiciones podrán solicitar un permiso de residencia temporal.

El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa, este miércoles por el ministro de Justicia de Curazao, Quincy Girigorie.

El Gobierno del territorio autónomo de los Países Bajos otorgará un permiso a los inmigrantes indocumentados bajo ciertas condiciones, aunque no especificó el periodo de dicha autorización.

Las autoridades destacaron que la decisión es por razones humanitarias. «El permiso va dirigido a personas que ingresaron a Curazao ilegalmente antes del 13 de marzo del año pasado», indicó.

Se estima que estas personas «ahora tienen un trabajo y, por ejemplo, también hijos que van a la escuela».

Según Girigorie, los inmigrantes ilegales pueden contribuir a la sociedad de forma legal, informó La Verdad, al citar un cable de EFE.

Es por ello que el Gobierno de Curazao, con una población de poco más de 160 mil habitantes, toma esa iniciativa.

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«Esto significa, entre otras cosas, que pueden empezar a pagar impuestos. También deben poder asegurarse para recibir atención médica», indicó el ministro.

Girigorie apuntó que al menos nueve mil viven ilegalmente en Curazao, aunque no dio la cifra de cuántos de estos son ciudadanos venezolanos, reseñó el portal La Verdad.

Aclaró el funcionario que no todo el mundo es elegible para un permiso de residencia.

Estima que, probablemente, serán entre tres mil y cuatro mil personas las que cumplan los requisitos.

La población de Curazao posee pasaporte de los Países Bajos y disfruta de los mismos derechos que los ciudadanos de la Unión Europea.

La imagen de 87 migrantes, la mayoría venezolanos indocumentados, subiendo a un avión militar de Chile para ser devueltos a su país hace dos semanas consolidó un giro en la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, que genera un clima hostil hacia los indocumentados.

Con un Chile que no supera la crisis social de 2019 y en medio de la pandemia de coronavirus, las autoridades endurecieron su discurso migratorio, otrora solidario y receptivo al trabajador extranjero.

Aunque las autoridades chilenas celebren que desde la deportación de febrero bajaron en 92% los ingresos clandestinos por la frontera con Bolivia, el drama sigue con un flujo migratorio que genera hostilidad entre los chilenos.

Muchos ciudadanos de origen venezolano sin papeles reciben insultos. Se les niega ayuda en la ruta de altura y clima duro o en las ciudades cerca de la frontera.

La búsqueda de rutas cada vez más inhóspitas por parte de los «caminantes» obedece a fronteras militarizadas. también a restricciones que imperan en la mayoría de los países de Sudamérica por la pandemia.

«Durante la pandemia han coexistido discursos públicos acogedores de la población migrante y discursos que la estigmatizan», explicó a la AFP Felipe Gonzáles Morales. Él es Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Recuerda que la estigmatización puede producirse no solo en el discurso. También «a través de otras acciones, tales como expulsiones llevadas a cabo con aspaviento y con connotaciones criminalizadoras de los migrantes».

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Los venezolanos que caminan a Chile, de todas las edades, pero muchos tienen entre 18 y 26 años. Son blanco de un rechazo abierto desde que deportaron a los migrantes con bragas blancas.

En esos días cruzaron hasta duplicar la población de la localidad fronteriza de Colchane, y fueron más de 3.8000 en una semana. Locales denunciaron robos de casas humildes del altiplano chileno y también a camioneros que viajan hacia la frontera con Bolivia.

Entre los caminantes hay familias, muchas mujeres con bebés en brazos, y «los malandros de siempre». Ellos mismos los reconocen, acusan y lamentan que dañen su reputación. 

«Ha habido muchos que llegan y entran así no más a las casas y piden un poco prepotentes», lamenta Hugo González. Él vive en un pueblo de Huara, un pueblo del desierto de Atacama.

Dos días después de la mediática deportación, el canciller chileno Andrés Allamand anunció que las vacunas contra la COVID-19 serían solo para chilenos y residentes legales, algo que rectificó en horas el mismo Gobierno. 

«Deben estar muy desesperados para llegar con sus niños en brazos por esos lugares, pero Chile no está bien, no tenemos cómo atenderlos. No nos van a alcanzar las vacunas», dijo a la AFP Pedro Pérez, ingeniero minero de 44 años, haciéndose eco de un comentario que se repite.

Desde principios de la década de 2000 los venezolanos empezaron a emigrar a Chile. Pero el aislamiento geográfico los obligaba a viajar solo en avión, con documentos para empezar una nueva vida. Entonces eran en su mayoría profesionales.

La comunidad está ahora presente en todos los rubros laborales en Chile.

A partir de 2016, los migrantes venezolanos empezaron a llegar en autobuses y el incremento ha sido explosivo.

Desde el segundo semestre de 2020 empezaron a ingresar ilegalmente por decenas. Luego cientos y en enero miles caminando al costado de las fronteras cerradas.

«El incremento de las restricciones en la mayoría de los Estados sudamericanos en relación con la movilidad venía desde antes de la pandemia y se ha agudizado durante esta», apunta González Morales.

El 22 de febrero de 2019 el presidente Piñera decía a los opositores al gobierno venezolano en Cúcuta (Colombia): «No puede haber nada más cruel que un gobierno que le niega y cierra los caminos a la ayuda humanitaria que su pueblo tanto necesita». 

Pocos meses después, Chile anunció la creación de una Visa de Responsabilidad Democrática (VRD) para los venezolanos.

Casi un año más tarde, sin embargo, a muchos de los que obtuvieron la VRD se les negó su renovación. Todo so pena de una multa o deportación, según testimonios confirmados por AFP.

«Qué diferencia con la actitud del Gobierno de Chile, que acaba de expulsar a muchos venezolanos. Olvida la generosidad con que la Venezuela democrática recibió a los chilenos que huían de la dictadura de Pinochet», escribió el Nobel peruano Mario Vargas Llosa.

Según datos de Relaciones Exteriores, hasta diciembre pasado se otorgaron 21% de las 164.908 solicitudes de VRD realizadas por venezolanos desde 2018.

«Hay un doble estándar porque la tribuna internacional frente al mundo, la Autoridad hace una declaración muy potente, muy clara (Piñera en Cúcuta) y a nivel local le hace una zancadilla y les impide la utilización precisamente de la Ley de Refugio», señala Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del SJM.

Piñera reafirmó en enero que su gobierno busca poner orden y combatir la inmigración ilegal para impedir el ingreso de personas que no cumplan las leyes ni «contribuyan al desarrollo de Chile».